Nayib Bukele: “El Estado soy yo” ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?

Las elecciones legislativas, municipales y a diputados del Parlamento Centroamericano del 28 de febrero han configurado en El Salvador un nuevo mapa político dominado por Nayib Bukele y su equipo, en donde la oposición tradicional tendrá un papel irrelevante. Ocurrieron en medio de una transición autoritaria acelerada por la pandemia, el ascenso del militarismo y la excepción como normalidad. Y abren perspectivas inciertas en el horizonte nacional.

Danilo Miranda

NUEVAS IDEAS: UNA VICTORIA ARRASADORA

Los resultados favorecieron ampliamente al oficialismo. Los votos le dieron la mayoría legislativa al partido Nuevas Ideas del Presidente Nayib Bukele. Y sumando los votos del aliado que le sirvió de vehículo para su candidatura en las presidenciales de 2019, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ambos tendrán la mayoría calificada. Nuevas Ideas también afianzó su control territorial al ganar la mayoría de municipios del país.

Desde la legislatura 1985-1988 ningún partido había obtenido mayoría en la Asamblea y cada gobierno se veía obligado a impulsar las leyes con el apoyo de un socio parlamentario. Ahora, con sus 55 disputados, Nuevas Ideas supera cómodamente la mayoría absoluta de 43 y podrá legislar sin necesitar ese apoyo. Sólo necesitaba un voto adicional de los 56 que requiere la mayoría calificada, y se lo servirá en bandeja de plata alguno de los 6 diputados que obtuvo su aliado GANA, que se promovió electoralmente como “el partido del presidente Bukele”. Tampoco sería extraño que diputados de ARENA decidan declararse partidarios de Bukele, como ya venía ocurriendo en los dos años de la legislatura precedente a estas elecciones.

La mayoría calificada le permite a Nayib Bukele control total en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, cargos que podría usar para perseguir a sus enemigos políticos, como ya ha dejado entrever. Con la mayoría puede también contratar préstamos y hacer reformas estructurales. Además, tiene en sus manos la posibilidad de suspender las garantías constitucionales y gobernar bajo un régimen de excepción, lo que no logró cuando llegó la pandemia.

Antes de las elecciones, el Vicepresidente Félix Ulloa estaba ya a cargo de una comisión que estudia reformas constitucionales, entre las cuales podría estar la expansión del rol político de los militares. También el Presidente podría convocar una Constituyente y promulgar una nueva Constitución, que entre otras cosas le permitiera reelegirse.

El triunfo de Bukele y el de su partido fue la crónica de una muerte anunciada para los partidos tradicionales. El sistema de partidos sucumbió. ARENA y el FMLN son hoy irrelevantes en el nuevo mapa legislativo: ARENA pasó de tener 37 diputados a contar con 14. El FMLN salió peor: apenas pudo conseguir 4 escaños. Es todo lo que queda de quienes gobernaron el país durante tres décadas alternándose como primera fuerza política del país.

Los partidos más antiguos, el PCN (1961-1979) y el PDC (1985-1989), que también estuvieron al frente del Ejecutivo como partidos bisagra de ARENA durante sus veinte años de gobierno, resultaron insignificantes: 3 diputados entre ambos.

Los nuevos partidos, Vamos y Nuestro Tiempo, no obtuvieron más que un único diputado cada uno. Sólo la diputada de Vamos es realmente una “outsider”, ya que el diputado ganador de Nuestro Tiempo fue diputado de ARENA, que se ha reciclado con una nueva camiseta “tejida” por él mismo.

En las elecciones municipales, Nuevas Ideas presidirá más de la mitad de los municipios del país, incluyendo casi todos los que pertenecen a la populosa Área Metropolitana: San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Ilopango, Mejicanos y San Marcos. También serán sus alcaldes quienes estén al frente de la totalidad de las cabeceras departamentales. Las dos más importantes Santa Ana y San Miguel, se las repartieron entre Nuevas Ideas (Santa Ana), mientras San Miguel estará en manos de Will Salgado, de GANA, aliado de Nuevas Ideas.

Nuevas Ideas gobernará a la mayoría de la población, que reside en las áreas urbanas, donde también se concentra la riqueza. Una notable excepción fue Antiguo Cuscatlán, un municipio de alto índice de desarrollo humano, gobernado desde 1988 por la alcaldesa Milagro Navas, convirtiéndolo en un bastión inexpugnable de ARENA.

La oposición gobernará municipios relativamente pequeños, sin mayor importancia económica y con grandes problemas, que requerirán sin duda transferencias de recursos desde el gobierno nacional, el que como estrategia de desgaste ya se los venía congelando.

UNA MUY DESIGUAL CAMPAÑA ELECTORAL

No se puede hablar de que estos resultados arrasadores fueron el resultado de elecciones competitivas si se tiene en cuenta la asimetría de recursos tan desmedida a favor de Nuevas Ideas, en control del aparato estatal. Aunque tampoco se puede argumentar que Nuevas Ideas obtuvo la victoria exclusiva o principalmente por esa desigualdad.

El presidente Bukele y sus funcionarios violaron la Constitución al aprovecharse de sus cargos para hacer una campaña partidaria. ¿Es algo nuevo en El Salvador? No, aunque es necesario señalar que en esta ocasión ocurrió de forma abierta y sin ningún cuidado por las formas.

La campaña fue permanente, sin respetar los plazos legales. Bukele inauguró obras con enorme publicidad dentro de los treinta días en que lo prohíbe la legislación electoral. No se ciñó al silencio electoral y el mismo día de las elecciones pidió el voto para su proyecto. Los paquetes de alimentos del programa gubernamental de emergencia se repartían abiertamente desde las sedes de Nuevas Ideas para favorecer las candidaturas partidarias. Y el nuevo medio estatal, “Diario El Salvador”, se puso al servicio del oficialismo como ya lo estaban las estatales Radio Nacional y Televisión de El Salvador. A estos medios se añadieron los que son administrados por el gobierno como resultado de procesos de extinción de frecuencias contra implicados en delitos, como las radios del expresidente Elías Antonio Saca y otros.

Se estimó que más de dos terceras partes del total de gastos de las campañas electorales fueron de Nuevas Ideas, mientras se privaba a los demás partidos del financiamiento público establecido por la ley como un adelanto que el erario debe entregarles, monto conocido como “deuda política”.

Durante la campaña, el hecho más grave ocurrió el 31 de enero, cuando agentes estatales emboscaron a militantes del FMLN que venían de un mitin y asesinaron a dos de ellos. El victimario, policía y jefe de seguridad del Ministro de Salud, murió a los pocos días en circunstancias sospechosas. Bukele no condenó el hecho ni exigió una investigación, sino que afirmó sin pruebas que había sido un autoatentado de la oposición para dañarlo electoralmente. La Policía, conocida por alterar escenas de crímenes cometidos por sus agentes, intentó manipular los hechos. Aun cuando el asesinato del 31 de enero no haya sido ordenado “desde arriba”, sí parece consecuencia de un sistemático discurso de odio promovido desde las redes digitales del gobierno, que incluyen alusiones verbales, imágenes y mensajes sobre la eliminación física de “los mismos de siempre”. Poco después del crimen, miembros de Nuevas Ideas aparecieron en las redes en un video bailando alrededor de un ataúd cubierto con la bandera del FMLN.

1992 – LA ESPERANZA DE LA PAZ: JUSTICIA Y DEMOCRACIA

¿Cómo llegamos hasta aquí? Es necesario hacer memoria, aunque muy sintéticamente, de lo ocurrido en este país desde el triunfalismo que provocaron los acuerdos de paz de 1992 hasta la llegada de Nayib Bukele al gobierno.

Los acuerdos de paz firmados en enero de 1992 dieron esperanzas a un país que llevaba dos décadas de intensa violencia política, incluidos los doce años de guerra civil abierta entre el FMLN y las fuerzas gubernamentales financiadas por el gobierno de Estados Unidos. El conflicto dejó decenas de miles de muertos, innumerables desaparecidos y un enorme flujo de personas refugiadas y desplazadas.

El complicado proceso de negociación culminó cuando la guerrilla abandonó las armas y se convirtió en un partido político legalmente constituido. En el otro bando, la Fuerza Armada fue reducida y depurada: se desmontaron los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía de Hacienda, responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Y se delimitó el rol de los militares a la defensa del territorio y la soberanía. Para las tareas de seguridad pública se creó la Policía Nacional Civil (PNC). También nacieron, como resultado de los acuerdos de paz, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que sustituyó al cuestionado Consejo Central de Elecciones.

La aspiración generalizada era doble: superar la impunidad y democratizar el país. La aspiración por la justicia quedó truncada muy pronto cuando se decretó una amnistía absoluta e incondicional. La democratización fue mínima, reduciéndose a lo electoral. Y en toda la sociedad siguieron presentes comportamientos y valores autoritarios.

Al mismo tiempo que el país abrazaba la paz, se impulsaron reformas neoliberales: privatizaciones, liberalización de la economía y una fiscalidad regresiva. En 2001 El Salvador perdió su soberanía monetaria al dolarizar su economía.

Todas estas medidas, impulsadas por los gobiernos de ARENA, el partido del gran capital, tuvieron un impacto profundo en el país. Los problemas sociales más graves no se resolvieron y se fueron enquistando en el tejido social y las pandillas o maras y otras formas de violencia extrema hicieron de El Salvador uno de los países con tasas de homicidios y feminicidios de las más altas del mundo.

A la migración por razones socioeconómicas se añadió el éxodo de las personas que buscaban en otros países refugio, huyendo de la violencia. Y aumentaron las víctimas del desplazamiento forzado provocado por actores estatales y no estatales. El crimen organizado y una corrupción sistémica completaron el trágico lienzo.

2009 – LA ESPERANZA EN EL FMLN: UN CAMBIO SOCIAL

En 2009 la llegada del FMLN al gobierno alentó una esperanza de cambio en la conducción del país. Atreviéndose a formular programas sociales en medio de la crisis financiera global de 2008, el primer gobierno del FMLN parecía ir a contracorriente de la fanática austeridad impuesta tras los veinte años del neoliberalismo ortodoxo de ARENA, que apenas dejaba margen para el asistencialismo.

Pero la esperanza se desvaneció pronto. Había sido un espejismo. Y si bien la buena aceptación de los necesarios programas sociales hizo que la población le diera en las elecciones de 2014 un voto de confianza al FMLN para continuar en el gobierno, su segunda administración no sólo no abordó los problemas estructurales del país, sino que terminó gobernando como sus predecesores en diversas arenas.

Uno de esos ámbitos fue el de la seguridad. Los gobiernos de Francisco Flores (1999-2004), procesado por lavado de dinero y fallecido en 2016, y el de Elías Antonio Saca (2004-2009), preso por corrupción, se habían destacado por la demagogia punitiva contra las maras implementando medidas como la Mano Dura y la Súper Mano Dura, que terminaron fortaleciendo a estos grupos criminales y elevando drásticamente los niveles de violencia. Después de ellos, el gobierno del FMLN, teniendo al frente a Mauricio Funes (2009-2014) aumentó la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública argumentando razones excepcionales, y nombró militares al frente del Ministerio de Seguridad y de la PNC, una decisión que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional.

La otra gran apuesta de la administración Funes fue la llamada “tregua” entre las principales pandillas, auspiciada por el gobierno con negociaciones bajo la mesa que incluían beneficios para los líderes de estos grupos. El proceso mostró el control territorial que tenían las pandillas y su capacidad de interlocución y chantaje sobre los principales actores políticos.

El gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) también impulsó “medidas extraordinarias”, que en la práctica derivaron en ejecuciones extrajudiciales y en una degradación total de la PNC, involucrada en diversos crímenes desde su fundación. En el segundo período de gobierno del FMLN su impunidad fue quedando cada vez más de manifiesto. Además, Sánchez Cerén siguió empleando a la institución castrense para labores ajenas a su misión y eso abrió de par en par las puertas para una militarización de la seguridad pública a gran escala tras su salida del gobierno.

FALTA DE DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN
EN EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS

Durante la postguerra, la democracia salvadoreña no solo no logró consolidarse, sino que permaneció contaminada por rasgos autoritarios cada vez más evidentes.

Los partidos políticos se resistieron por todos los medios a adoptar mecanismos de democracia interna hasta que se vieron forzados por la Corte Suprema de Justicia a aceptar una ley de partidos políticos que no siempre estuvieron dispuestos a respetar. Ante la enorme exclusión política de las mujeres fue necesario imponer una cuota de género que aceptaron a regañadientes y que cumplen al mínimo.

Sistemáticamente se cerraron a rendir cuentas sobre el origen de su financiamiento hasta que la ley los obligó a revelar sus fuentes. Y cuando empezaron a informar lo hicieron siempre buscando evitar ser específicos, al punto que casi todos fueron sancionados por violar las disposiciones de transparencia electoral. En general, entre sus principales donantes ha tenido un enorme peso el gran capital, al que después han retribuido ampliamente desde el poder, entregando así al país a la dirección de facto del sector privado.

El dinero de la corrupción pública ha comprado decisiones en la Asamblea Legislativa, tal como quedó revelado en las declaraciones del expresidente Saca y en conversaciones que salieron a la luz entre él y su sucesor, Funes. Quedó así demostrado el por qué diputados de ARENA se desprendieron de ese partido para formar GANA con el propósito de apoyar las iniciativas legislativas de los gobiernos del FMLN y así superar el bloqueo arenero.

Aunque los indicadores ya estaban ahí, el declive del sistema de partidos fue imperceptible hasta que llegó el colapso. Desde hace varios años, los estudios de cultura política demostraban que tanto los partidos políticos como la Asamblea Legislativa se encontraban entre las instituciones con más baja credibilidad, mientras que la Fuerza Armada y las iglesias gozaban de enorme confianza entre la población. También señalaban un significativo apoyo de sectores de la población a salidas autoritarias. El éxito electoral del “manodurismo” y un lenguaje político donde se hablaba de la “eliminación” de pandilleros fue apenas una muestra, cuando ya se había vuelto común la idea de que los derechos humanos protegen a los delincuentes y existía un apoyo generalizado a las medidas autoritarias y de excepción si dan resultados.

EL INDETENIBLE ASCENSO DE NAYIB BUKELE

En este contexto emergió la figura de Nayib Bukele. Pese a que se vendió como un “outsider”, llegó al poder cuando ya tenía una carrera política de varios años en el FMLN, partido que le dio respaldo simbólico y jugosos contratos gubernamentales.

Hijo de un reconocido empresario, Bukele inició su carrera política como alcalde del FMLN en el pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán. Con un discurso trivial, a veces con tonalidades de izquierda, incluso disfrazándose como defensor de la igualdad y crítico del neoliberalismo, se fue haciendo camino como un político nuevo, fresco, en abierto contraste con la avejentada dirección de su partido, compuesta principalmente por excomandantes guerrilleros muy reticentes a cualquier cambio, caracterizados por un liderazgo vertical, anacrónico y fosilizado.

Su oportunidad de oro llegó cuando el FMLN lo postuló como alcalde de San Salvador, la misma plataforma que había impulsado antes las candidaturas presidenciales de exalcaldes capitalinos: José Napoléon Duarte, Armando Calderón Sol, Héctor Silva y Norman Quijano.

A golpe de imagen, como empresario del negocio de la publicidad, y a través del dominio de las redes sociales, una esfera que los viejos políticos no daban muestras de entender, catapultó su figura como “presidenciable”, reforzado por las encuestas y los medios de comunicación, que ya para entonces lo colocaban como el político con mayor aceptación en el país.

En la capital, actuó como un alcalde “cool” que conectaba con la juventud montándose en una tendencia “light” de hacer política: organizó cacerías de pokemones y se vinculó a gente de la farándula para montar espectáculos donde él era protagonista, como cuando se subió a los juegos mecánicos en las festividades patronales de la ciudad. Desde la alcaldía se dedicó a atacar al FMLN aprovechando las evidentes debilidades que el partido había demostrado en su conducción y durante el gobierno de Sánchez Cerén.

Las fisuras que abrió terminaron con su expulsión del FMLN. Y lo que en otros casos hubiera significado la muerte política del expulsado, en su caso selló la muerte del partido que lo expulsaba. Enfrentado a los medios tradicionales, hasta ese momento omnipotentes en la política salvadoreña, Bukele anunció en un Facebook Live que se postularía a la Presidencia de la República y formaría un movimiento político para asumirla.

EL IMPARABLE DECLIVE DEL FMLN

Mientras todo esto ocurría, el gobierno del FMLN llegaba a su fin sin mucha claridad sobre el camino a seguir. Los otrora exitosos programas sociales navegaban a la deriva, algunos de ellos desfinanciados. La crisis de violencia no cesaba pese a que el gobierno se esforzaba por negar fenómenos evidentes como los desplazamientos, las ejecuciones extrajudiciales, la fuerza social y criminal de las pandillas y los casos de corrupción, como los que involucran al expresidente Funes, hoy aliado de Daniel Ortega en Nicaragua, en donde se refugió para no enfrentar la justicia.

En materia económica, la pérdida de rumbo del FMLN en el gobierno era clara en decisiones como la promoción de zonas económicas especiales como solución al problema de la falta de empleo y de desarrollo. Las defendían a capa y espada, aun cuando otorgan privilegios laborales y fiscales al capital, en menoscabo de los trabajadores y del medioambiente, dando vía libre a los empresarios para explotar las personas y los recursos sin grandes trabas. Apoyaron una reforma a las pensiones que mantuvo a grandes rasgos el estatus de las Administradoras de Fondos de Pensiones y aprobaron un impuesto de carácter regresivo a las telecomunicaciones.

Todas estas decisiones tenían que ser aplaudidas so pena de acusar a las voces críticas de “hacerle el juego a la derecha”. Así fue cómo se fueron diluyendo en el imaginario colectivo las diferencias entre el proyecto del FMLN y el de ARENA. Y fue así como el FMLN facilitó a sus adversarios la victoria en las elecciones legislativas y municipales de 2018.

A pesar de que ya en 2015 el FMLN había sufrido un revés electoral preocupante, no quiso tomar las decisiones radicales que requería para evitar su colapso. En aquellas elecciones insistió en llevar como candidatos a diputados a figuras desgastadas que no generaban ninguna credibilidad en el electorado, viejos dirigentes que querían imponerse pero no contaban con respaldo y parecían no entender el momento político. La demagogia punitiva impulsada desde el gobierno terminó beneficiando a partidos como GANA, que se había hecho experto en vociferar a favor de la pena de muerte y la eliminación física de los pandilleros.

El resultado electoral de 2015 dejó a ARENA como la principal fuerza política legislativa, a pesar de una historia plagada de corrupción y de fracasos en el gobierno. También revalidó su dominio en la capital. A pesar de esta ventaja, su suerte también estaba echada, aunque era menos evidente que la del FMLN.

2019 – VICTORIA PRESIDENCIAL ARRASADORA

Al acercarse las elecciones presidenciales de 2019, Nayib Bukele llamó primero al abstencionismo con mayor éxito del que habían tenido otras iniciativas similares. Aprovechando estar fuera de cualquier cargo de elección popular tuvo espacio y tiempo para atacar por todos los flancos al corrupto sistema político y Nuevas Ideas cuadruplicó el número de firmas necesarias para inscribirse como partido. Ya para entonces era el adversario a vencer.

Tenía razones. Hasta entonces el sistema de partidos había funcionado como un cartel que mantenía a los mismos jugadores, haciendo difícil que salieran los tradicionales -el PCN y el PDC, con más de medio siglo de existencia habían revivido a pesar de no haber superado el umbral mínimo hacía algunos años-, a la vez que se limitaba la entrada de nuevos contendientes. Y GANA había nacido desde dentro, tras una escisión de ARENA que aportó bases y estructuras a la nueva organización, promovida y financiada por el expresidente Saca.

El sistema de partidos tenía poca fluidez de oferta y aunque con cierta estabilidad, adolecía de mucha manipulación de las instituciones representativas y arrastraba severos problemas de corrupción. Y aunque la clase política tradicional subestimó el apoyo popular que podía conseguir Nayib Bukele más allá de las redes sociales, su ascenso fue meteórico.

Si bien su naciente movimiento político no fue inscrito a tiempo para competir en las elecciones con su bandera, entendió que aquel era su momento político y buscó un partido-taxi para alcanzar sus aspiraciones. El primero en ofrecerse fue Cambio Democrático (CD), considerado en el pasado como progresista, pero después ocupado por políticos oportunistas que vieron su gran ocasión prestándose a ser el vehículo de quien era favorito en las encuestas. Finalmente, fue GANA quien cumplió esa función. Cambió su color naranja por el azul celeste de Nuevas Ideas y asumió la golondrina que simbolizaba el proyecto de Bukele. Quedó así todo dispuesto para la liza por la Presidencia de la República.

En las elecciones presidenciales de 2019 ARENA apostó para candidato por el hijo de un prominente empresario y el FMLN por un excanciller. Cualquier duda sobre el verdadero apoyo a Bukele, que sus críticos limitaban al ámbito digital, quedó sepultada en febrero, cuando arrasó en primera vuelta, sacando más de veinte puntos de ventaja sobre el candidato de ARENA y cuarenta sobre un alicaído FMLN, que perdió más de un millón de votos respecto a la última elección presidencial.

El sistema de partidos había colapsado, aunque los politólogos y los propios políticos, escépticos todavía, consideraban que era necesario esperar a las elecciones legislativas y municipales de 2021 para reconocer el fenómeno, aun cuando la evidencia extra electoral había mostrado ya claramente un declive irreversible.

EL BUKELATO EN EL GOBIERNO: MILITARISMO Y PANDEMIA

Como Presidente electo, Nayib Bukele se desmarcó de los matices progresistas de su discurso temprano. Su presentación en sociedad a nivel internacional tuvo lugar en uno de los tanques de pensamiento más conservadores de Estados Unidos, The Heritage Foundation.

Su discurso allí encajó muy bien en la narrativa dominante de sus anfitriones: habló sin ambages de que estaba a favor de un Estado mínimo y de la libre empresa, palabras coherentes con las libertades que su gobierno otorga a las corporaciones privadas para violentar derechos laborales y explotar libremente el ecosistema. Dos ejemplos emblemáticos son su Ministro de Medioambiente, que da permisos a diestra y siniestra para proyectos depredadores argumentando que “no se puede detener el desarrollo”; y el titular de la cartera de Trabajo, que no movió un dedo tras el despido de cientos de trabajadoras de la fábrica Florenzi, al no cumplir con ellas las obligaciones patronales.

La ideología de Bukele dista mucho de ser definida. Como en todo populista, se le encuentran muchas contradicciones y ambigüedades de carácter ideológico. Una de sus características claras es la personalidad autoritaria y el uso político que hace de las fuerzas de seguridad como sostén no sólo de su gestión, también, por los vientos que soplan, de todo un proyecto en construcción. Su gobierno encuentra fácilmente apoyo en la cultura política y social salvadoreña, atravesada de rasgos autoritarios en la práctica cotidiana y en las instituciones. Aunque el caldo de cultivo del autoritarismo ya estaba ahí, dos procesos lo calentaron más con Bukele: la escalada militarista y la pandemia.

Desde sus primeros meses, Nayib Bukele apostó al aumento de soldados para enfrentar la violencia y la inseguridad ciudadana. Anunció su ultrasecreto Plan de Control Territorial de nueve fases y desplegó a las fuerzas de seguridad para recuperar los territorios en manos de las pandillas. Los homicidios descendieron pronto y significativamente, lo que Bukele presenta como su mayor logro. Sin embargo, este plan es opaco, no se puede evaluar de manera independiente y especialistas en seguridad e investigaciones periodísticas afirman que la verdadera causa del descenso de los homicidios es una nueva negociación del gobierno con las principales pandillas del país.

La propaganda usada para reclutar soldados ha enaltecido los valores militares y la centralidad de la institución castrense en el país es cada vez más evidente. La primera gran crisis que enfrentó el gobierno -por las tuberías de San Salvador el agua salía con color café y mal olor- la quiso resolver con un publicitado envío de tropas a los pozos y otras instalaciones de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados para “protegerlos”, pero la razón terminó siendo biológica: unas algas eran las responsables de alterar la calidad del agua.

En sintonía con esta concepción de los problemas sociales, el presupuesto que el Ejecutivo presentó para su aprobación en la Asamblea Legislativa presentaba reducciones en renglones como la gestión del agua, mientras incorporaba aumentos para tres áreas clave del proyecto de Bukele: Fuerza Armada, Organismo de Inteligencia del Estado y publicidad gubernamental.

FEBRERO 2020 – ¿UN GOLPE DE ESTADO?

Muy pronto, el discurso de Bukele se tornó más beligerante en contra de la oposición, con una exigencia permanente de fondos adicionales para policías y militares, alegando que los diputados estaban aliados con las maras y por eso se oponían a su plan estrella. La fase tres de su plan, 109 millones de un préstamo para el equipamiento tecnológico del aparato militar, presentó problemas de transparencia y los diputados exigieron más información, sobre todo en un momento álgido, porque el director de centros penales fue captado viajando en un avión privado, presumiblemente pagado por contratistas de seguridad.

La virulencia del enfrentamiento cobró tintes dramáticos en febrero de 2020, cuando Bukele convocó a los diputados a reunirse el domingo 9 en una sesión extraordinaria para discutir este préstamo. Si no lo hacían, dijo, estarían rompiendo el orden constitucional. Paralelamente, los violentos agitadores del oficialismo montaron una campaña para destituir a los diputados que no acudieran, argumentando con el “derecho a la insurrección” consagrado en la Constitución.

Ya para entonces, el lenguaje de las redes sociales oficialistas incluía el uso sistemático de la apología del delito y clamaba por la eliminación de las “ratas”. El repertorio de la agresión verbal abarcaba insultos a mujeres periodistas o de la oposición, amenazas de muerte contra los críticos, fabricación de noticias falsas, campañas de difamación, entre otras prácticas, operadas por reconocidos propagandistas, youtubers, bots y ejércitos de troles.

El 8 de febrero, líderes militares en traje de campaña ofrecieron en una conferencia de prensa su respaldo incondicional a su comandante general Nayib Bukele. El día 9 la Asamblea Legislativa amaneció cercada por militares y en las azoteas cercanas desplegaron a francotiradores. Buses con empleados públicos empezaron a llegar ante lo que parecía un mitin en las afueras de la Asamblea. Parecía que ese día se daría un golpe de Estado contra el Poder Legislativo. A la hora anunciada, apareció Bukele. Después de hablar a sus seguidores entró al Salón Azul donde sesionan los diputados, mientras soldados fuertemente armados ocupaban el recinto y rodeaban las curules vacías. Apenas un puñado de diputados había acudido. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, Bukele inauguró la sesión después de orar. Al salir volvió a hablar a la gente ahí reunida desde una tarima repleta de soldados, y les dijo que había hablado con Dios, quien le pidió paciencia.

Ante la inconformidad del público, que exigía el golpe de Estado contra el Legislativo, insistió en la paciencia y anunció un ultimátum de una semana para los diputados so pena de destituirlos. No se produjo el golpe y optó por esperar a las elecciones de 2021. La grave disrupción al orden constitucional quedó impune y sus cabecillas permanecen en sus cargos.

LA PANDEMIA,
ESCENARIO PARA CONSOLIDAR SU ESTRATEGIA

Muy poco después de estos hechos sobrevino la pandemia, que permitió la ampliación de los poderes presidenciales y la excepción como normalidad política.

El gobierno impuso una cuarentena obligatoria implementada por las fuerzas de seguridad que abundaron en abusos y arbitrariedades. Los criterios castrenses se impusieron en distintas acciones, como el cerco “sanitario” ordenado por Bukele en el municipio costero de La Libertad. Poco o nada tuvo el cerco de blanco y mucho de verde olivo y dejó a la población del puerto sin posibilidad de obtener alimentos y medicinas.

Otra medida fue llevar a miles de personas a centros de internamiento masivo llamados “de contención”, con el riesgo evidente de un contagio debido al hacinamiento y a las condiciones de insalubridad. Debido a su carácter ilegal y arbitrario -hubo personas detenidas bajo el pretexto de violar la cuarentena que fueron llevadas a bartolinas como cualquier reo- se interpusieron recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió prohibir al presidente y a las fuerzas de seguridad privar de la libertad con internamiento forzoso a las personas si no había evidencia de que presentaran síntomas o fueran un riesgo para los demás. La resolución permitió al mandatario catalogar a la Sala como parte de los “mismos de siempre” que no le dejan actuar y acusar a los magistrados de querer cometer un “genocidio”.

La pandemia llevó al Presidente a exigir gobernar mediante decretos ejecutivos, pese a que están por debajo de las leyes secundarias y de la Constitución. Ante cada freno jurisprudencial a sus intenciones, el Ejecutivo emitía nuevos decretos que la Sala calificaba de inconstitucionales.

Como el mandatario se quejaba continuamente de que no lo dejaban combatir la pandemia, la Sala respondía que el código de salud permitía la emisión de protocolos sanitarios para combatirla, siempre y cuando no se limitaran o suspendieran derechos fundamentales, señalando que cualquier legislación era facultad de la Asamblea Legislativa.

En una de las virulentas cadenas de radio y televisión que Bukele usaba para arremeter contra “los amigos del virus” y “enemigos del pueblo” -donde cabían según el caso los otros poderes del Estado, organizaciones sociales, universidades, comunidad médica y científica-, dijo amenazante que “hubiera fusilado a todos los magistrados de la Sala si fuera de verdad un dictador: salvar mil vidas a cambio de cinco”. A los legisladores les llamaba “delincuentes” y se negaba a obedecer las resoluciones jurisprudenciales que ordenaban la colaboración entre los poderes públicos para afrontar la crisis sanitaria. La pandemia fue el escenario perfecto para llevar a su cénit el esquema amigo-enemigo de su estrategia narrativa.

Derivada de la crisis que sobrevino por el prolongado encierro en un país con preponderancia del sector informal, el gobierno inició la compra, nada transparente, de toneladas de alimentos procedentes del exterior, a una escala tal que amenazó la ya erosionada soberanía alimentaria del país. Al igual que otras compras gubernamentales adquiridas de manera irregular, esa importación masiva la hizo saltándose todos los controles. La distribución de los alimentos fue militarizada, y ya en campaña electoral, usada como propaganda por los candidatos oficialistas.

ANTE ENORMES DESAFÍOS

Son enormes los desafíos que tienen ante semejante panorama no sólo la oposición, también las fuerzas sociales críticas que reivindican diversas causas en procesos de resistencia y lucha. Los movimientos ecologistas enfrentan a un gobierno depredador que otorga permisos ambientales irresponsables “porque no se puede detener el desarrollo”. Las feministas, a un oficialismo repleto de figuras abiertamente misóginas. Los periodistas, a un enorme aparato propagandístico y recurrentes restricciones al ejercicio de un periodismo independiente.

Con respecto a los poderes fácticos, puede que cambien sus formas de relación con el gobierno. A un reconocido empresario, el Ejecutivo le envió todo el aparato institucional del Estado, el laboral, el sanitario y otros, con el fin de intimidarlo. Otro ha sido definido como el financiador de la oposición, incluso de los periódicos extranjeros críticos con Bukele. Otros grandes empresarios prefieren callar y seguir haciendo negocios. Los representantes de linajes que se han considerado a sí mismos como dueños del país incluso se reunieron con Bukele durante la pandemia sin intermediación de cámaras o gremiales, siguiendo la tradicional “política del picaporte”, el acceso directo al gobernante.

Los gigantes inmobiliarios y agroindustriales seguirán destruyendo el medioambiente sin grandes trabas. Las corporaciones globales y otros inversionistas extranjeros tienen poco de qué preocuparse en este paraíso de la mano de obra barata y de la evasión y elusión fiscal. Si las condiciones no les favorecen, suspenderán sus operaciones y se irán, como las maquilas que de un día para otro han cerrado impunemente, sin responder a quienes les proveyeron la fuerza de trabajo que generó sus riquezas.

¿Y WASHINGTON…?

Queda aún por ver el papel de Estados Unidos. Bukele se mostró como un aliado incondicional de Donald Trump. Como otros autócratas centroamericanos, siguió sus dictados y militarizó la frontera para evitar la emigración. Si bien los demócratas han expresado su preocupación por El Salvador y Joseph Biden suspendió el acuerdo del tercer país seguro, el mandatario salvadoreño ha menospreciado cartas de los senadores demócratas. Y dio una entrevista a un periodista de extrema derecha de Fox News, el medio que apoyó a Trump durante su mandato.

Hasta hoy, Washington parece continuar con la línea dura en sus intereses con respecto a migración y a seguridad. Ya Biden dijo: “Puedo decirles claramente que no vengan”. Militares salvadoreños detuvieron a un grupo de personas en la frontera para enviarle un mensaje a la nueva administración. Y la embajada estadounidense aprovechó para comunicar: “Continuamos trabajando con El Salvador para que los salvadoreños construyan su futuro en su propio país”. Posiblemente siga fluyendo la cooperación militar con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y se siga fortaleciendo el aparato represivo con algunos dólares extras para programas de “soft power”.

¿UNA LARGA NOCHE AUTORITARIA?

El Bukelato sale envalentonado de las urnas y el nuevo gobierno ha sido bendecido por la OEA y por otros amantes de las formas procedimentales de la democracia. Pero el país tiene por delante una crisis de enorme calado: social, económica, fiscal, hídrica, alimentaria…

Con un poder político absoluto, y con total margen de maniobra para decidir cualquier cosa, será difícil culpar a la oposición por obstaculizar al gobierno. Sin embargo, pareciera que la estrategia de atizar permanentemente el conflicto y construir amenazas reales o ficticias es inherente a políticos como Bukele.

¿Logrará impulsar su agenda en medio de las restricciones estructurales nacionales e internacionales? ¿Quiénes serán los nuevos enemigos? ¿Se perpetuará en el poder? ¿Estamos ante el inicio de una larga noche autoritaria? ¿Surgirán alternativas viables de carácter democrático y social en el corto o mediano plazo? De momento, hay más preguntas que respuestas.

POLITÓLOGO. PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS DE LA LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS DE EL SALVADOR.

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