Nicaragua
En espera esperanzada hasta hallar una salida
El aparato represivo de la dictadura
se intensificó en el tercer aniversario de la Rebelión de Abril.
Y Ortega, emplazado por la comunidad internacional
para garantizar condiciones para elecciones creíbles en el mes de mayo,
respondió anunciando unas reformas electorales
que preparan lo que sería una auténtica farsa.
La oposición azul y blanco celebró Abril con actos de resistencia
y dio primeros pasos
hacia la conformación de una alianza electoral unitaria.
¿Celebraremos esa alianza en mayo?
Equipo Envío
A tres años del Despertar de la Conciencia que significó Abril, un sinnúmero de señales de resistencia, de coraje y de valor, ratificaron que la determinación de la oposición azul y blanco sigue viva y con el mismo objetivo: lograr un cambio de rumbo en Nicaragua. Las elecciones del 7 de noviembre tendrán todo el cariz de un plebiscito entre Ortega y la mayoría social que lo rechaza. Pero no será así: la mayoría y Ortega se medirán en una lid muy desigual, Ortega con todas las ventajas y la mayoría, por primera vez en la historia política del país, lo hará después de entrenarse en debates, entre acuerdos y desacuerdos, dada la pluralidad de visiones que afloró en la insurrección ciudadana de Abril.
A tres años de Abril
En 2019, el primer aniversario de la Rebelión de Abril coincidió con la semana santa. Y aunque para entonces ya las marchas estaban prohibidas, la masiva procesión del viernes santo en Managua y las celebradas en otros departamentos se convirtieron en expresiones colectivas de memoria por los asesinados y de reclamos de justicia.
El segundo aniversario coincidió con el inicio de la pandemia y las medidas de autoconfinamiento orientadas por los médicos independientes -no por el régimen, que promovió aglomeraciones- limitaron las expresiones públicas de conmemoración.
En este tercer aniversario, a pesar del rebrote de la pandemia, hubo en buena parte del territorio nacional muestras, pequeñas pero inspiradoras, para recordarnos que la llama de Abril no se apaga. Y esta vez los azul y blanco no conmemoraban sólo a los asesinados, también rechazaban el proyecto de reformas electorales que Ortega propuso el 12 de abril.
Con responsabilidad acuciosa, el Monitoreo Azul y Blanco contabilizó entre el 15 y el 20 de abril 382 incidentes protagonizados por las fuerzas represivas del régimen, que extremaron esos días el estado de sitio de facto que Ortega ha impuesto desde septiembre de 2018.
De los 382 actos represivos documentados, 262 fueron hostigamientos y en el 278 de los casos fueron efectivos policiales los autores de amenazas, asedios, acosos, ataques, detenciones… En el resto de casos, eran civiles que actúan como parapolicías y fanáticos orteguistas.
Opositores reconocidos o potenciales, excarcelados y sus familias experimentaron esa semana casas allanadas y robadas, asedios nocturnos con las sirenas policiales impidiendo dormir, obstaculización armada para salir de sus casas… Hubo edificios y centros comerciales rodeados, barrios de Managua patrullados… En la capital, la dictadura multiplicó el número de antimotines. A pesar de tanto control, por todo el país hubo personas y pequeños grupos enarbolando la bandera, papeletas en postes y árboles reclamando la libertad de los presos políticos, misas en memoria de los asesinados y el #Yonoolvidoabril dominando las redes sociales.
“Con una bala lo resolvemos todo”
Dos casos fueron especialmente emblemáticos. El 20 de abril, en Estelí, la familia y las amistades de Franco Valdivia, 24 años, asesinado ese día de 2018 en el parque central por la certera bala disparada contra su cabeza por un francotirador apostado en el techo de la alcaldía, se disponían a celebrar una misa en la catedral para recordarlo. Grupos de fanáticos orteguistas rodearon el templo para impedirlo y la catedral tuvo que cerrarse para evitar que ingresaran.
Cuando la familia, que ha sufrido a menudo asedios, decidió hacer el rezo en el hogar, un grupo de antimotines irrumpieron en la casa y a empujones arrastraron a la madre, a la hermana y a la esposa de Franco a la patrulla llevándoselas detenidas a la comisaría, en donde las retuvieron por una hora. Como las mujeres hicieron resistencia, fueron pateadas y a causa de las contusiones, la mamá y la hermana de Franco terminaron en el hospital, en donde les recetaron usar collarines cervicales y mantener el brazo derecho en cabestrillo.
Francys Valdivia, la hermana de Franco, es abogada y preside la Asociación Madres de Abril (AMA), reconocida organización que lucha jurídicamente y de varias otras formas para mantener viva la memoria de los asesinados en Abril. En la comisaría, Francys fue desnudada, manoseada y fotografiada por los policías, fotos que la institución envió a las redes sociales orteguistas para que las viralizaran e hicieran escarnio. El jefe de la policía que la capturó le dijo: “Estamos en guerra… Nosotros con una bala lo resolvemos todo”.
“Queremos que vos y tu familia se sientan bien”
El otro caso emblemático fue la detención, en la noche de ese 20 de abril, de Nelson Lorío y de su amigo Balbino Coleman, miembros del Movimiento Campesino. Ambos fueron llevados a El Chipote. Allí los vistieron con el uniforme azul que ponen a los presos y les dijeron que estaban acusados de robarse un auto, aunque ninguno de los dos sabe manejar. Durante 48 horas fueron sometidos a amenazas. Desde su regreso del exilio, Nelson ha sido hostigado frecuentemente.
El 23 de junio de 2018, por las calles de un barrio de Managua, este hombre llevaba a Teyler, su hijito de catorce meses, para dejarlo en casa de sus abuelos cuando la bala de un paramilitar atravesó la cabeza del bebé, que murió en sus brazos.
Mientras estuvo detenido, Nelson fue intimidado por los policías. Le presentaron un informe alterado de lo que le sucedió a su hijo en 2018 y aprovechándose de su pobreza, lo presionaron para que diera otra versión de lo ocurrido. “Ellos me preguntaban que qué quería yo -relató al ser liberado- para que mi familia estuviera bien. Mi respuesta fue directa: Ustedes quieren ofrecerme algo, pero el asesinato y la sangre de mi hijo no están en venta”.
Nelson Lorío no olvida. También es miembro de las Madres de Abril, que luchan con la consigna “Ama la verdad, Ama la justicia, Ama y no olvida”.
Mayo: un plazo y siete reformas
En mayo la dictadura tiene que convocar a las elecciones de noviembre -aún no lo ha hecho-, presentar el calendario electoral y una ley electoral reformada. Está emplazada por la OEA a que esa reforma garantice elecciones creíbles, lo que no ha sucedido en nuestro país desde los comicios presidenciales de 2006, cuando Ortega ganó la presidencia.
En octubre de 2020, la OEA aprobó una resolución que “insta” al gobierno de Nicaragua a hacer siete reformas: “Modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”. “Registro abierto de nuevos partidos políticos”. “Actualización” y “auditoría independiente” del padrón electoral. “Observación electoral internacional independiente”. “Transparencia” en el padrón, en la entrega de cédulas y en “la gestión de los centros de votación”. “Recuento y consolidación transparentes de los resultados y su publicación en tiempo real”. Y procedimientos adecuados para resolver las quejas que haya sobre el proceso y sobre sus resultados.
No hubo maquillaje
Después de dilatar lo más posible la presentación de las reformas a la Ley Electoral, el 12 de abril la Asamblea Nacional, en control del FSLN, presentó finalmente el proyecto de Ortega y convocó a los partidos políticos a presentar sus objeciones y propuestas.
También fueron convocados a presentar nombres para ocupar los cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). Desde el pacto entre Ortega y Alemán, entre el FSLN y el PLC, del año 2000, el CSE aumentó sus miembros -como todas las instituciones estatales, que quedaron repartidas entre liberales y orteguistas- y ahora toca elegir (o reelegir) a 7 magistrados y a 3 suplentes. Hoy, los actuales magistrados son fichas de Ortega todos y tienen años con sus cargos vencidos.
Se esperaba que el régimen presentara un proyecto gatopardista (cambiar algo para no cambiar nada) y todas las especulaciones coincidían en que las reformas que propondría serían “cosméticas” para así sortear la resolución de la OEA de octubre de 2020. Pero no hubo maquillaje.
Las reformas no cumplen con ninguna de las exigencias de la OEA. Y no sólo reiteran los vacíos, trucos y subterfugios que ya había en la ley, sino que los incrementan con ambigüedades que dan espacio a cualquier modalidad de fraude, colocando a la oposición en desventaja total frente al FSLN. “Es una barbarie, una burla”, dijo indignada Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), interpretando el sentir de toda la oposición azul y blanco.
Primeros pasos unitarios: “rechazo categórico”
Además de retar a la comunidad internacional con la grotesca reforma que presentó, Ortega pretende afianzar con este proyecto la estrategia con la que espera imponerse en su tercera reelección consecutiva en las elecciones del 7 de noviembre: desalentando la participación de los votantes (“ya todo está perdido”) y atizando la desunión de las organizaciones opositoras (“¿participamos o nos abstenemos?”). Desde hace meses su ruta es clara: abstención de la población + división entre los azul y blanco.
Sin embargo, en esta ocasión fue tan provocador su proyecto de reformas que contribuyó a que la oposición apareciera por primera vez unida y decidida a plantarle cara a la estrategia de la dictadura.
El 19 de abril, en el aniversario de la insurrección ciudadana, el Grupo Promotor de las Reformas Electorales (GPRE) -nacido después del pacto Ortega-Alemán para reformar los daños que el acuerdo entre los dos caudillos provocó al sistema electoral- acercó a los diez precandidatos a la Presidencia de la República para que se pusieran de acuerdo en un pronunciamiento en el que “rechazan categóricamente” la propuesta gubernamental.
Ese mismo día, la Alianza Ciudadana propuso a la Coalición Nacional y a los partidos, movimientos y sectores a ella integrados firmar un pronunciamiento unitario en el mismo sentido. El 22 de abril las dos plataformas opositoras, Alianza y Coalición, prácticamente toda la oposición azul y blanco en el país -unas 50 expresiones-, los gremios empresariales del COSEP y organizaciones de nicaragüenses en la diáspora, hicieron público un pronunciamiento en el que “unimos nuestras voces” para “exigir” propuestas acordes con la resolución de la OEA, señalando que las del gobierno “profundizan” los problemas que ya tenía el sistema electoral.
El 28 de abril, la misma amplia representación de la oposición azul y blanco escribió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que le expresan un “vehemente llamado para que realicen todas las acciones diplomáticas que estén a su alcance, en el ámbito bilateral y multilateral, para demandar al régimen actual la aprobación de reformas a la Ley Electoral y la elección de magistrados electorales que garanticen el respeto a la voluntad popular”.
Hasta poner punto final a este texto el 30 de abril, estos tres pronunciamientos han sido los primeros importantes pasos hacia la conformación de la alianza electoral unitaria que, con un único candidato, enfrente a Ortega.
Objeciones y propuestas ante una comisión muda
En páginas siguientes reproducimos tres textos: íntegramente el pronunciamiento de los diez precandidatos y el de los dos bloques opositores del 19 y el 22 de abril. Permiten entender por qué la propuesta oficialista da todas las ventajas al FSLN.
El tercer texto que publicamos, más extenso, reproduce íntegramente las propuestas de reforma a la ley electoral que presentó el partido caribeño Yátama, a nombre de la Coalición Nacional, plataforma opositora a la que está integrado Yátama. Este partido, que preside el diputado y líder histórico del pueblo mískito, Brooklyn Rivera, fue llamado a consulta por el Legislativo por tener un escaño parlamentario.
Aunque el partido CxL no tiene escaño parlamentario, y tampoco lo tiene el PRD -ambos en la oposición-, fueron también convocados a presentar sus posiciones el 26 de abril. En términos generales, todas las propuestas de la oposición azul y blanco son coincidentes.
En estos tres documentos, y en la charla que compartió con Envío el integrante del GPRE José Antonio Peraza, que también publicamos, se pueden apreciar en detalle, a la luz de objeciones y propuestas de la oposición, las sombras que sobre los comicios arroja el proyecto oficial.
La comisión legislativa, compuesta totalmente por orteguistas convocó a los 18 partidos con personalidad legal que existen en el país, la mayoría minúsculos y 15 de ellos aliados del FSLN o colaboracionistas con el partido de Ortega.
Al término de la presentación de 25 objeciones y 25 propuestas que hizo CxL a esta comisión, fue muy significativo lo que dijo, molesta y decepcionada, la presidenta de CxL, Kitty Monterrey: “Estuvimos ante una comisión muda”. Explicó que no hicieron ningún comentario a nada de lo que les exponían o proponían -eso mismo hicieron con Yátama y el PRD-, y cuando antes de irse, Monterrey preguntó si habría o no observación electoral internacional, la presidenta de la comisión no supo qué responderle. Lo hizo el diputado Edwin Castro: “Eso ya está en la ley”.
La mudez con que la comisión legislativa recibió objeciones y propuestas de la oposición es una prueba más de que en la dictadura de Ortega todo el Estado es mudo: nadie habla sin permiso y todos hablan solamente repitiendo órdenes y consignas. En Nicaragua, el Parlamento es lo más contrario a un espacio de debate. Es un salón para celebrar efemérides y una caja de resonancia de las “líneas” trazadas por la pareja gobernante.
Madurez vs. Desaliento
Estos silencios y los contenidos de la propuesta oficial, abiertamente favorable al FSLN, pretenden paralizar a la oposición: amilanarla, desalentarla. Por eso resultó muy alentador que la oposición haya acudido al Legislativo, que haya dedicado tiempo y esfuerzos a elaborar detalladamente objeciones y propuestas para dejar clara su capacidad de respuesta y su determinación de participar unida y exigiendo.
El régimen de Ortega busca por todos los medios proyectar ante sus bases, también ante ciertos sectores de la comunidad internacional, que lo que hay hoy en Nicaragua es un gobierno que garantiza estabilidad porque se basa en un partido experimentado y hasta con ideales, que enfrenta a una oposición débil, pagada desde el extranjero, que no es más que un hatajo de “perros y gatos” en pleito constante, un montón de políticos viejos y de advenedizos peleando por un “hueso”.
Lo que realmente hay es un gobierno cuya solidez no se la da ya ni siquiera un caudillo atractivo -Ortega ha dejado de serlo-, mucho menos un partido con ideales, sino un grupo familiar que dicta órdenes dictatoriales y caprichos que se obedecen sin discusión.
A la masa homogénea de seguidores de Ortega, aglutinada por prebendas y por las balas “que lo resuelven todo” se enfrenta hoy un amplio y heterogéneo grupo de mujeres y hombres que se reconocieron en Abril y que están aprendiendo a debatir y a decidir en las peores condiciones y bajo esas balas.
La Renacer Act: otra herramienta de política exterior de Washington
La actitud del régimen insolente, retadora, “un desafío descarado” ante la OEA, como se lee en un editorial de “The Washington Post”, ¿es una respuesta de Ortega a la Ley Renacer?
La Renacer Act, presentada el 25 de marzo en el Senado de Estados Unidos por demócratas y republicanos, legislación que se da por descontado será aprobada muy pronto y por unanimidad, sin trámites ni debates en el Congreso, y que será firmada sin problemas por el Presidente Biden, es el último de los mecanismos de presión que Estados Unidos usará para lograr que Ortega opte por una salida electoral y por elecciones creíbles.
La Ley Renacer inicia con un resumen histórico de la administración Ortega, remontándose al primer fraude en las elecciones municipales de 2008, detalla lo ocurrido a partir de las protestas y la masiva violación de derechos humanos de 2018, y recoge las resoluciones de la OEA desde ese año.
La ley se propone “alinear todas las herramientas de política exterior” de Estados Unidos, con Europa y Canadá, para presionar juntos a Ortega a que garantice “elecciones libres, justas y transparentes”. Para lograrlo, la Renacer Act complementa, endureciéndolo, todo lo ya establecido y puesto en práctica desde diciembre de 2018 por la Nica Act y por la llamada Magnitsky Nica.
Como la Nica Act, la Renacer Act exige a las instituciones financieras internacionales más “restricciones” a la asistencia y préstamos que brinden a la Nicaragua de Ortega, incluyendo el ser más estrictos con los recursos destinados a proyectos para fines humanitarios, como los ya recibidos por Nicaragua con ocasión del paso de los huracanes Eta y Iota por el Caribe en noviembre de 2020.
Como la Magnitsky Nica, la Renacer propone sanciones al propio Daniel Ortega y a más familiares suyos. Y señala como sancionables a miembros del Ejército y de la Policía, a miembros del Poder Electoral y del partido FSLN, que ahora serían sancionados, ya no sólo por actos de corrupción y por violación de derechos humanos, sino por un nuevo motivo: obstaculizar directa o indirectamente unas elecciones libres.
En la sección 7 la Ley Renacer incluye a Nicaragua en la Lista Engel (por el nombre del congresista demócrata que la propuso), aprobada en Washington en diciembre de 2020, que ordena sanciones y el retiro de visado de entrada a Estados Unidos a personas del Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) vinculadas a la corrupción, el lavado de dinero y delitos similares. Al incluir a Nicaragua en la lista, Renacer convierte el triángulo centroamericano en cuadrilátero. La ley ordena elaborar informes clasificados sobre actos de corrupción cometidos por la familia y el gobierno de Ortega.
En la sección 9 la Ley Renacer solicita informes periódicos y clasificados sobre las actividades militares, de inteligencia, políticas y económicas de Rusia en Nicaragua, considerando que amenazan la seguridad de Estados Unidos.
También solicita la ley informes específicos sobre los abusos que cometan las fuerzas armadas del régimen contra medios independientes y contra las comunidades rurales e indígenas de Nicaragua.
La Nica Act tenía vigencia hasta 2023. La Renacer Act es una legislación sin fecha de caducidad.
La fuerza militar y la fuerza del capital
Con su propuesta de reformas electorales, que empeoran la crisis nacional, Ortega desafía a la oposición azul y blanco y a la comunidad internacional, que le ha exigido una ruta opuesta. “El proyecto de Ortega -dijo el economista Edmundo Jarquín- es una invitación a más sanciones internacionales, es leña para el fuego de mañana”.
Diez días después de apilar esa leña, el 23 de abril, en ocasión de un foro sobre cambio climático de los países del ALBA, Ortega volvió a lamentarse de la mala voluntad de quienes lo han sancionado a él, a su familia, a sus funcionarios y a sus empresas, afirmando que “utilizan el recurso que les da la fuerza militar y la fuerza del capital para imponer una política tiránica”.
Hablando de esos “otros” que lo sancionan, hablaba de sí mismo y de las fuerzas que sostienen su tiranía. Lo sostiene la fuerza militar. Se siente “en guerra” y confía en las balas, como le dijo el policía a Francys Valdivia cuando intentaba humillarla en la cárcel. También se alimenta la actitud desafiante de Ortega con la pandemia global, este virus que todavía mantiene al mundo de rodillas y, por eso, menos atento a lo que él hace y deshace en Nicaragua. También envalentona a Ortega “la fuerza del capital”, la del que ha amasado su familia en estos años, y la otra fuerza, la del gran capital nacional, hoy ambiguo y atemorizado por el incierto futuro que le ven en el horizonte.
El temor de las élites políticas y económicas
En julio de 2016 -ya entonces para presionar a Ortega a realizar elecciones libres aquel año-, congresistas demócratas y republicanos presentaron al Congreso la Nica Act. No estaba en la imaginación de nadie que ocurriría la Rebelión de Abril, pero ya habían ocurrido suficientes desmanes políticos con los que Ortega se aseguraba su reelección sin competencia aquel año. Tan “descarados” fueron que llamaron la atención de Washington.
La élite empresarial se estremeció. Y varios de sus miembros, sus representantes o sus delegados iban y venían de Washington, dedicando tiempo y recursos a cabildear contra la aprobación de la Nica Act, que vendría a complicar la relación de Ortega con las instituciones financieras internacionales. Y naturalmente, la economía nacional… y naturalmente, también sus propias economías, en alza en aquel año cuando habían transcurrido ya siete años del modelo “de diálogo y consenso” con Ortega, que tantos privilegios y beneficios les había reportado.
Hoy, la élite política y la élite económica vuelve a Washington y cabildea para impedir que la Renacer Act sea aprobada. Temen que Ortega sea declarado ilegítimo. Temen que Nicaragua caiga en un proceso que lleve al país a una situación de estancamiento similar al que padece la Venezuela de Maduro. Temen algo parecido al colapso que provocó el aislamiento que vivió Nicaragua en los años 80. Temen perder. Temen a Ortega… Temen que Ortega les pase factura por haberse sumado, aunque tímidamente, al proceso de cambios iniciado en Abril. Temen que se las pase por los negocios que con él compartieron. Temen, temen mucho… y nunca el temor es el mejor consejero.
El optimismo oficial y la frágil economía
Después de tres años consecutivos sin crecimiento del PIB, la economía nicaragüense está técnicamente en depresión y en extrema fragilidad ante nuevas crisis como las que podría traer el rebrote de la pandemia, ya iniciado, y la ya anunciada Renacer Act.
La flexibilidad de las instituciones financieras internacionales con Nicaragua tras el paso de los huracanes Eta y Iota por el Caribe Norte, permitió inesperadamente al gobierno oxigenar sus arcas. Y a la vez, envalentonar a Ortega. Los préstamos y donaciones recibidos a finales de 2020 e inicios de 2021 han significado una acumulación de reservas en el Banco Central que, aunque mejoran la macroeconomía del gobierno, no han significado una mejoría en la economía de la mayoría de la población.
A pesar de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario anuncian que Nicaragua tendrá el más bajo crecimiento económico de Centroamérica y proyectan para Nicaragua en 2021 un mínimo crecimiento (0.9% dice el Banco Mundial y 0.2% el FMI), el Ministro de Hacienda Iván Acosta afirma que Nicaragua crecerá este año entre el 2.5% y el 3.5% o incluso más. Lo sustenta en la mejoría que dice experimentará la economía mundial, lo que para Nicaragua significará incremento de remesas, exportaciones y turismo.
Acosta habla de “mejoría” en 2021 porque peor que en 2020, cuando por la pandemia sumada a la crisis política Nicaragua cayó al fondo del barril, todo es o parece mejoría… De todas formas, cabe preguntarse por qué el FMI y el Banco Mundial, que tienen acceso a los mismos datos del Banco Central de Nicaragua que conoce el ministro Acosta, tienen proyecciones de crecimiento económico tan diferentes a las del gobierno.
La respuesta es que Acosta habla propagandísticamente, partidariamente, con las elecciones de noviembre en mente. Acosta ignora, o quiere ignorar, que en los bancos hay actualmente tantos depósitos como temores. Que la banca es cada vez más estricta al conceder préstamos, cuidando su liquidez en previsión de que las elecciones desemboquen en una crisis seria, con fuga de capitales. Ya lo vivieron: en 2018 la fuga de capitales fue aproximadamente del 30% del total de depósitos de toda la banca y tres años de crisis no resuelta ha llevado a los bancos a cerrar 168 de sus sucursales y ventanillas en todo el país.
Ignora Acosta, o necesita ignorar, la realidad de la microeconomía diaria de la mayoría de nicaragüenses sin empleo fijo, pensando en irse del país, rebuscando los tres tiempos diarios de comida. En los hogares la situación es dramática. Desde hace cinco meses sube semanalmente el costo de los combustibles, lo que eleva el costo de la vida, el costo de todo. La canasta básica subió en un año, desde marzo de 2020 a marzo de 2021 en un 12% según datos oficiales y desde la crisis de Abril, también según datos oficiales, se perdieron más de 200 mil empleos formales.
En un contexto de desempleo y de cierre de empresas por tres años de crisis política y más de un año de una crisis sanitaria “con una de las peores actuaciones de salud pública del mundo en respuesta a la pandemia de coronavirus”, como señala “The Washington Post”, la situación no da lugar al optimismo.
El circo y sus dueños: hoy como ayer
La aprobación de la Renacer Act, que empañaría el optimismo oficial, envía un fuerte mensaje bipartidista a Ortega. También, un urgente mensaje al Presidente Biden. Se lee en ese mensaje que envían los congresistas al Presidente que sobre la Nicaragua de Ortega existe un bipartidismo consistente desde hace un lustro, y que el cambio hacia la democracia en Nicaragua no debe dejar de ser prioridad de la nueva administración demócrata.
En febrero, recién llegado a la Casa Blanca Joe Biden, Diálogo Interamericano organizó un encuentro regional para que Centroamérica en conjunto hablara a la nueva administración. Se le pidió que su agenda tuviera un “enfoque regional” que incluyera otros temas, no sólo el de la migración, y que abarcara a todos los países, no sólo a los tres del “triángulo norte”. Se le pidió tener en cuenta los temas ambientales, ya que afectan a toda la región. También, poner en la agenda “la deriva dictatorial en Nicaragua” que también tiene consecuencias regionales. En este evento, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro pidió a Biden que enviara a Nicaragua “una misión de alto nivel” para “negociar con Ortega”.
Naturalmente, Ortega quisiera hablar con Washington. Alguno de sus voceros ha dicho recientemente que “el comandante” nunca negociará con “los monos del circo”, sino con “los dueños del circo”. Pero hasta ahora no hay respuesta, su descrédito internacional crece a la par que crece la represión.
Repite la historia: nunca hablar con los nicaragüenses que lo rechazan, a los que arrogantemente desprecia, sólo con Washington, a quien critica, pero a quienes se somete.
Rememorando la guerra civil de los años 80, Víctor Hugo Tinoco, quien fue expulsado del FSLN en 2005 y quien durante el conflicto era Vicecanciller del gobierno que presidía Ortega, se refirió en una charla con Envío en agosto de 2016 a la actitud que en el FSLN dominó en aquellos años de guerra civil: menosprecio a los adversarios nicaragüenses, que en los años 80 estaban armados y eran “los contras”. Porque ningún opositor tiene razones ni demandas propias, sino que obedece al “imperio”. Arrogancia con “los monos del circo” y continuas reuniones de negociación con los “dueños del circo”.
“¿Lo veía yo así en 1985? -se preguntaba Tinoco en esa charla-. No, yo no lo miraba así. Desde el poder no se ven igual las cosas. Por eso hablo hoy con hermanos nicaragüenses que estuvieron en la acera contraria a la que yo estaba en los años 80. Y no porque ya les perdoné que fueran mercenarios, como les decíamos entonces. Es que no eran mercenarios. Eran nicaragüenses como nosotros, atrapados en el conflicto entre dos potencias y con justos reclamos hacia nosotros”.
Repiten la historia: Ortega y el grupo del FSLN que hoy le sigue parecen no haber aprendido nada de la experiencia que la vida nos regala y no ven nada más allá de su poder.
Las armas del Ejército en la represión de 2018
La administración Biden tiene prioridades globales, pero conoce perfectamente América Latina. El asesor del Partido Demócrata, el jurista nicaragüense Harold Rocha, afirma: “Biden es una persona que parte del diálogo como primer paso para buscar entendimientos y soluciones. Si tiende puentes de diálogo es para buscar salidas, pero para nada con la intención de perder terreno o minimizar las condiciones”.
Esperando mayo y lo que pueda o no salir de esos puentes de diálogo fueron muy significativas las declaraciones que el 19 de abril en un evento celebrado en San José, Costa Rica, promovido por la Fundación Arias, dio a medios nicaragüenses azul y blanco Rafael Solís, quien fuera el operador político más cercano a Ortega en el Poder Judicial durante décadas y quien causó un terremoto político en el régimen y en el FSLN cuando en enero de 2019 renunció a su cargo y a su militancia por lo ocurrido en abril de 2018.
Solís, declarado “traidor” por el FSLN, no dijo nada que no supiéramos. Pero, más allá de sus mensajes, lo significativo fue el mensajero, un testigo cualificado, al que el régimen teme por todo lo que sabe y aún no dice.
De su extensa entrevista de hora y cuarto llamó especialmente la atención lo que Solís dijo de la respuesta armada del régimen a las protestas: “No hubo necesidad de ese exceso de fuerza para provocar la muerte de tantos jóvenes”. De las armas que usaron “la policía y los paramilitares” dijo: “Tengo la percepción de que efectivamente eran armas del Ejército, eso es una cosa muy difícil de negar”. Dijo que él revisó “todos los expedientes de Medicina Legal” de los muertos en las protestas, expedientes que dijo en su mayoría no conoció ni la CIDH ni el GIEI, y “lo que más me impactó fueron los francotiradores tirando directo a la cabeza, al cuello y al corazón… Esto indica que hubo una decisión de asesinar”. Dijo también que cuando comenzaron los juicios contra los manifestantes él recibía órdenes directas de Daniel y de Rosario. “Me decían: que salgan condenados éstos…”; y salían condenados. Y él, como responsable político de la Corte Suprema debía obedecerles…“Todos ustedes saben que todos los poderes del Estado responden a ellos…”
Están a tiempo…
Escuchando sus palabras, pausadas, seguras, ese “testigo protegido” que debe ser hoy Rafael Solís, parecía estarle hablando a Ortega y a Murillo: Los conozco, sé todo lo que hicieron, y todo lo que sé pueden ser pruebas contra ustedes. La ley Renacer es mucho más dura que la Nica Act… Si se mantienen duros va a haber una escalada de durezas y Nicaragua quedará muy aislada… Están a tiempo…
Una semana después, el vocero del Ejército, coronel Álvaro Rivas, rechazó “categóricamente” lo dicho por Solís, negando como “calumniosa” cualquier otra afirmación que implique al Ejército o a su armamento o a sus francotiradores en lo ocurrido en 2018. Reiteró la consigna que afirma que la institución castrense es “el pueblo mismo uniformado”. Y para que no quedara duda de que haya ecos de lo dicho por Solís, repitió otra consigna: “Estamos firmes, cohesionados y fortalecidos alrededor de nuestro comandante en jefe”, Daniel Ortega.
Para quien quiera ampliar información sobre este delicado tema, remitimos a nuestros lectores a la investigación que en tres entregas ha elaborado Expediente Público. Al análisis jurídico y al recuento histórico que hace, este medio digital añade entrevistas confidenciales con oficiales del Ejército hoy en el exilio, testimonios de víctimas y reconstrucción de informes oficiales.
Wilton, el rostro de Nicaragua
Tanteando, ansiando, especulando, deseando… terminamos este caluroso abril. En gran incertidumbre y con temor esperamos mayo. Caminamos hacia noviembre como Wilton, ese niño nica de diez años que un patrullero estadounidense encontró una fría madrugada caminando en la nada del desierto de Texas…
El rostro de Wilton recorrió el mundo. “¿Me puede ayudar…? Me han dejado botado”. Lloroso pero decidido se mostró el chavalo. Era el rostro y el llanto y la decisión de Nicaragua, desde hace tres años caminando un largo desierto, impulsada por los anhelos de libertad y lastrada por el dolor y por los temores de que queden botadas tantas esperanzas. Como él, Nicaragua pidiendo ayuda para encontrar una salida.
Wilton la encontró. Encontró un pedazo de tierra donde vivir y encontró a su madre. No será repatriado como pretendió el régimen queriendo montar una farsa propagandística. No lograron “regresarlo para atrás” como Wilton temió.
Hasta mayo y aún después seguiremos caminando. Con el temor y la incertidumbre de que en noviembre nos regresen “para atrás” y con la esperanza esperanzada de que no será así y encontraremos una salida.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica