Bajo la lupa: los observadores electorales

La ONU y la OEA han ido examinando detalladamente cada paso del proceso electoral. No son los únicos organismos observadores, aunque sí los principales. Hay también más de 20 grupos de observadores de Europa, América Latina, Canadá y Estados Unidos que ya se encuentran en Nicaragua o están a punto de llegar, todos con una lupa en la mano.

Rosa Marina Zelaya

"Los nicaragüenses tienen confianza en ellos mismos. En ningún momento debemos pensar que estas elecciones son supervisadas o supervigiladas, porque esa realidad de la supervisión es parte de la historia negra que tiene Nicaragua. A los observadores internacionales debemos verlos como invitados a presenciar nuestras elecciones y a ser testigos de lo que nosotros estamos celebrando". (Rosa Marina Zelaya, Secretaria del Consejo Supremo Electoral).

Ante un ejército de observadores

Todos los acontecimientos políticos de importancia que han ocurrido en Centroamérica desde agosto de 1987 se pueden enmarcar en el contexto del proceso de paz de Esquipulas, que trajo para Nicaragua la esperanza de una paz negociada después de más de seis años de guerra contrarrevolucionaria. Las elecciones que se celebran en Nicaragua el 25 de febrero no son una excepción.

Durante la cuarta cumbre de los presidentes centroamericanos, celebrada en febrero de 1989 en Costa del Sol, El Salvador, el Presidente Daniel Ortega acordó adelantar al 25 de febrero de 1990 las elecciones presidenciales, originalmente programadas para noviembre de 1990. Acordó también invitar a observar las elecciones a representantes de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Ningún otro país centroamericano se mostró dispuesto a hacer lo mismo, aunque tres de ellos estarían celebrando elecciones en los meses siguientes. A cambio de este y otros compromisos adoptados por Nicaragua, los presidentes centroamericanos se comprometieron a elaborar un plan para la desmovilización de la contra en un período de 90 días.

El Gobierno de Nicaragua es el primer gobierno soberano en el mundo que pide a Naciones Unidas que envíe observadores a sus elecciones. Hasta ahora, las Naciones Unidas habían desarrollado una tarea similar en países en vías de independencia que, por lo general, realizaban sus primeras elecciones para dejar de ser colonias. Aunque la OEA ha observado procesos electorales en toda América Latina, lo normal es que llegue al país el mismo día de las elecciones, observe las votaciones y conteo de los votos y haga una declaración final con valoraciones generales. En Nicaragua, la misión de la OEA es mucho más amplia: desde julio de 1989 hasta febrero de 1990 un grupo de funcionarios de la OEA mantiene una presencia permanente y activa en todas las regiones del país.

Ambas organizaciones, la ONU y la OEA, han ido examinando detalladamente cada paso del proceso electoral. No son los únicos organismos observadores, aunque sí los principales. Junto a ellas hay más de 20 grupos de observadores de Europa, América Latina, Canadá y Estados Unidos que ya se encuentran en Nicaragua o que han decidido venir el día de las elecciones. Algunos de estos grupos son organizaciones que han trabajado en Nicaragua durante muchos años en diversos proyectos, otros estuvieron presentes en las elecciones de 1984 y sólo algunos no habían estado nunca en el país. La mayoría de estos grupos, aunque no todos, tienen experiencia previa en este tipo de tarea electoral.

Los observadores electorales: un freno a la guerra

La Misión de Naciones Unidas para la Verificación Electoral en Nicaragua (ONUVEN) lleva implícito en su nombre uno de los dilemas que presenta la observación internacional del proceso electoral nicaragüense. ¿El papel de los observadores se limita a observar e informar o implica también la verificación, es decir la emisión de un juicio?

Por razones históricas conocidas por la mayoría de los nicaragüenses no fue sencillo para el gobierno tomar la decisión de invitar a los observadores. La dignidad nacional aún se resiente recordando las elecciones llevadas a cabo bajo la "supervigilancia" de los Estados Unidos, estando en una ocasión ocupado el país por marines norteamericanos.

La decisión del gobierno sandinsita de invitar a organismos internacionales a estas elecciones no puede separarse de lo que son "estas" elecciones y fue, implícitamente, una propuesta dirigida a la administración Bush al inicio de su mandato. El gobierno nicaragüense esperaba que el nuevo presidente norteamericano la utilizara como un camino para iniciar gestos y acciones dirigidos a la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua. Antes de la cumbre de Esquipulas IV, el Presidente Ortega había discutido la idea con gobernantes presentes en la toma de posesión del Presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez y éstos apoyaron la iniciativa.

Aunque el gobierno de Estados Unidos no aceptó el adelanto y verificación de las elecciones nicaragüenses como camino para iniciar el cese de su hostilidad contra Nicaragua y en el Acuerdo Bipartidista de marzo decidió mantener con vida a los contras, el Diálogo Nacional, celebrado en agosto entre el gobierno de Nicaragua y los 21 partidos de oposición, en el que se ratificó la invitación a la ONU y la OEA para observar las elecciones, selló el acuerdo presidencial de Costa del Sol. Después, los dirigentes de la alianza pro-norteamericana UNO han reafirmado, no sin cierta renuencia, que respetarán las conclusiones de la ONU y la OEA.

No se ha firmado un acuerdo similar con los Estados Unidos. Y aunque los dirigentes nicaragüenses saben que unas elecciones libres y honestas se han transformado en una prueba para las democracias de todo el mundo, saben igualmente que el gobierno norteamericano se escuda en la democracia para esconder sus aspiraciones intervencionistas. Dado que los contras están prácticamente acabados, el camino para esa intervención estaría para Estados Unidos en el rechazo a la legitimidad del proceso electoral y de sus resultados. Nicaragua espera que la presión internacional impida esto y obligue a los Estados Unidos a respetar los informes y conclusiones de los observadores.

Si la ONU, la OEA y el Consejo de Jefes de Estado Elegidos Libremente declaran unánimemente que las elecciones fueron libres y honestas, a la administración Bush le resultará muy difícil no reconocerlas como válidas. si durante décadas los Estados Unidos tuvieron la última palabra en la política nicaragüense, ahora el gobierno de Nicaragua quiere hacer prevalecer la realidad nacional avalándola con la opinión internacional para así aislar a Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que Nicaragua acude a los organismos internacionales para que el derecho internacional sirva de freno a la agresión imperialista. El fallo de la Corte Internacional de la Haya en 1986, estableciendo que los Estados Unidos había violado la ley internacional patrocinando la guerra contrarrevolucionaria, fue el mayor éxito que la diplomacia nicaragüense alcanzó en este camino.

Hoy, el gobierno de Nicaragua considera que los informes de la ONU y de la OEA -hechos públicos y presentados al Comité Ejecutivo de Esquipulas- legitimarán las elecciones a nivel internacional. Sofía Clark, del Ministerio del Exterior de Nicaragua, declaró a envío: "Un análisis de los pasos que hemos dado demuestra que el gobierno de Nicaragua ha tomado las elecciones muy en serio".

El Consejo Supremo Electoral (CSE), cuatro poder del Estado y máxima autoridad en todo lo referente a las elecciones, es también optimista. "Esta es una gran fiesta cívica -dijo del proceso electoral la secretaria del CSE, Rosa Marina Zelaya- y estamos interesados en que participen y observen todos los que quieran. El objetivo del CSE es realizar unas elecciones iguales a las de 1984: transparentes, honestas, limpias y justas, donde haya una verdadera consolidación de la democracia en Nicaragua".

Todos en Nicaragua suben, sin embargo, que por muy justas y limpias que sean las elecciones, si la administración Bush decide distorsionar los resultados, como parece ser su intención, la guerra de baja intensidad podría continuar. Esa es la encrucijada. está por verse si los costos de tener en las elecciones una presencia internacional de tal magnitud serán compensados con la conquista que será el fin de la guerra que Estados Unidos impuso al país.

Una cuestión de soberanía

El asunto de la observación electoral es fundamentalmente una cuestión de soberanía. Como expresó Rosa Marina Zelaya, a Nicaragua le gustaría que los observadores internacionales vinieran como invitados, "a presenciar nuestras elecciones y a ser testigos de lo que estamos celebrando". Pero el conflictivo contexto internacional y la polarización interna -por una guerra que aún no termina- hacen que eso sea casi imposible. A lo más que se puede aspirar es a que tengan objetividad y respeto y aun eso es difícil si se tienen en cuenta las enraizadas actitudes paternalistas y colonialistas con las que tantos funcionarios del Primer Mundo se acercan a los pueblos del Tercer Mundo.

Las reglas las pone Nicaragua

Las reglas las pone el gobierno de Nicaragua y son claras. Los observadores invitados deben tener experiencia, objetividad e imparcialidad. Se les da absoluta libertad y se les invita que hagan recomendaciones al CSE, aunque el CSE no está obligado a aceptarlas. El CSE no acreditó a todos los grupos que estaban interesados en ser observadores. En junio, un grupo de congresistas norteamericanos propuso que una delegación oficial del gobierno de los Estados Unidos observara todo el proceso electoral, pero el gobierno nicaragüense no aceptó, argumentando que la condición más importante para los observadores electorales debía ser la neutralidad. "No se puede apoyar la guerra contrarrevolucionaria, apoyar a la oposición y pretender ser neutral", dijo a Envío Sofía Clark. Pero el gobierno nicaragüense dejó abierta una puerta: si el gobierno de los Estados Unidos daba señales de distanciarse de la opción militar transfiriendo, por ejemplo, los fondos de la llamada ayuda 'humanitaria' a la contra para su desmovilización, o abandonando la intención de desarrollar operaciones encubiertas para influir en el resultado de las elecciones, Nicaragua correspondería con mayor apertura.

No hubo ninguna de éstas o de otras señales, sino todo lo contrario. El Presidente Bush renovó el embargo económico y la ayuda "humanitaria" para la contrarrevolución fue aprobada nuevamente a principios de noviembre, a pesar de las evidencias sobre violación por los contras de los derechos humanos, sobre sus acciones militares ofensivas y sobre entrega ilegal de fondos a los contras que combaten dentro de Nicaragua. El Congreso aprobó también la suma de 9 millones de dólares para la coalición ultraderechista UNO. Después de estas acciones y a principios de diciembre, el Presidente Bush seleccionó una comisión bipartidista de 12 congresistas presidida por el republicano Richard Lugar para que observara las elecciones nicaragüenses en su nombre. El gobierno de Nicaragua se negó a otorgarles la visa por las razones ya señaladas. "El solo hecho de que el señor Bush haya seleccionado la comisión es suficiente para desacreditarla totalmente", afirmó el Canciller Miguel D'Escoto.

Otros grupos de Estados Unidos han tenido similares problemas por su falta de neutralidad. "Freedom House" fundación derechista con sede en Washington, designó a Antonio Ibarra como su observador. Según funcionarios del gobierno de Nicaragua, Ibarra, ciudadano norteamericano de origen nicaragüense, tiene vínculos directos con la contrarrevolución y por esto no se le acreditó como observador. "Freedom House" no volvió a presentar ninguna otra solicitud. Aunque no existen delegaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, los congresistas norteamericanos sí pueden observar las elecciones a título personal. Para ello reciben pases de cortesías que les permiten entrar a las juntas receptoras de votos mientras se encuentran en Nicaragua.

¿Quiénes son los observadores y qué pueden hacer?

Dos niveles de observación

El primer nivel de observación es el de los observadores oficiales, que son la ONU y la OEA, organizaciones que tienen el respaldo y la autorización de los presidentes centroamericanos. Carácter oficial tiene también el Consejo de Jefes de Estado Libremente Elegidos, encabezado por el ex-presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter. La ONU y la OEA firmaron un acuerdo con el gobierno de Nicaragua, comprometiéndose a enviar informes periódicos al CSE. Ambas misiones gozan de inmunidad diplomática y cuentan con un gran número de observadores y con una considerable infraestructura, lo que les permite realizar la observación electoral de manera adecuada.

"Los observadores de la ONU y de la OEA han recibido un mandato del gobierno de Nicaragua para elaborar informes periódicos en los que evalúen el cumplimiento y el desarrollo del proceso electoral y formulen recomendaciones al gobierno -comenta Sofía Clark-. Los observadores sirven también de garantes para los contras que decidan repatriarse a Nicaragua y dan también garantías a los partidos de oposición de que su seguridad personal estará protegida y de que podrán ejercer sus derechos cívicos a plenitud".

El segundo nivel incluye a todos los otros grupos que han pedido o se les ha ofrecido una invitación para que participen como observadores. Según Sofía Clark, el gobierno de Nicaragua considera que la función primordial de esos grupos es obtener información de las misiones de la ONU y de la OEA para divulgarla en sus respectivas áreas de influencia. La capacidad real de estos grupos y su propia apreciación del papel que juegan en estas elecciones varía enormemente.

Tanto el presidente de Nicaragua como el CSE pueden invitar observadores. Los partidos políticos y otras organizaciones nicaragüenses pueden solicitar al CSE que invite a determinados observadores, pero en la práctica esto no ha sucedido. Aunque el gobierno esperaba que los partidos políticos, especialmente la UNO, invitaran a grupos de observadores de derecha, los partidos, en general, parecen haber aceptado como legítima la observación que garantizan las misiones de la ONU y de la OEA.

Derechos de los observadores

El CSE es quien acredita a las dos categorías de observadores. Todos los observadores tienen estos derechos:

- Entrar a las juntas receptoras de votos y revisar los catálogos y registros electorales.

- Estar presentes en los centros de cómputos nacionales y Regionales.

- Recibir información del CSE y de los Consejos Electorales Regionales.

- Tener acceso a las juntas presentadas al CSE sobre los procedimientos electorales.

- Observar el ejercicios de los derechos políticos.

- Observar el trabajo de los fiscales electorales.

- Abrir oficinas para sus delegaciones.

En 1990 tienen un papel más amplio que en 1984

En las elecciones (presidenciales y legislativas) de 1984 estuvieron presentes el día de las elecciones unos 460 observadores acreditados procedentes de 24 países y más de mil periodistas. Todos los observadores recocieron que el proceso electoral había sido libre y honesto. Sin embargo, los partidos políticos que se abstuvieron -los de la coordinadora democrática, núcleo de la actual UNO- argumentaron, tal como lo hizo la administración Reagan, que toda la campaña previa al día de las elecciones no había sido limpia por "falta de garantías". Aunque Arturo Cruz, candidato a la presidencia por la Coordinadora, declaró dos años después que en realidad su agrupación nunca tuvo intenciones reales de participar en la contienda, su abstencionismo boicoteador dio a Reagan los pretextos que necesitaba para descalificar las elecciones.

En las elecciones de 1990 los observadores se han multiplicado. Sólo la OEA cuenta con 300 observadores. Esta vez, la mayor limitación para os observadores no será otra que el reducido número de hoteles disponibles. El objetivo de tener observadores presentes en el país desde julio de 1989 hasta febrero de 1990, es evitar que algunos partidos políticos y especialmente el gobierno de Estados Unidos, recurran a maniobras con las de 1984.

La ONU y la OEA asisten a todas las actividades relacionadas con las elecciones. Un representante de la OEA estuvo presente en el Diálogo Nacional que tuvo lugar en agosto y tanto la ONU como la OEA enviaron a sus representantes al primer debate televisado que se realizó a mediados de noviembre. Los observadores toman nota de cualquier irregularidad que cometa el gobierno o la oposición en cualquiera de las actividades electorales. En octubre, durante el período de inscripción de los votantes, los observadores tuvieron acceso a todas las juntas de inscripción.

Algunos siguieron todo el proceso en una misma junta, observando desde la tarea de llenar lo papeles el primer día de inscripción hasta la entrega de las listas de registros al Consejo Regional al final de cada jornada. La OEA, que cuenta con el mayor número de observadores, visitó 3,084 juntas, el 70% del total. Otros grupos cubrieron menos locales, pero todos emitieron informes similares en los que manifestaron que las inscripciones se habían desarrollado con normalidad.

Durante el período de la pre-campaña y de la campaña oficial -iniciaba el 4 de diciembre- los observadores pueden participar en las manifestaciones, los debates, las reuniones públicas y las visitas de propaganda casa por casa. El día de las elecciones tendrán pleno acceso a todos los centros de votación y de cómputos.

El CSE y los Consejos Electorales Regionales son los encargados de procesar e investigar cualquier irregularidad en el proceso electoral, aunque ay algunos nicaragüenses que aún creen que los extranjeros pueden resolver mejor los problemas de Nicaragua y por eso dirigen sus quejas a los observadores. Hay otros que consideran a los observadores como participantes activos en el proceso electoral y acuden a ellos en vez de al CSE. El representante de la OEA, Luis Manuel Lizondo, informó a Envío que los observadores de la OEA remiten todas las quejas al Consejo Electoral Regional correspondiente. De acuerdo a la ley electoral, los observadores tienen acceso a todas las quejas recibidas por el CSE y a las medidas tomadas en respuesta a ellas, pero normalmente no investigan las quejas.

La OEA en su primera experiencia

Poco después de que se iniciara el proceso de paz de Esquipulas, la OEA empezó a jugar en él un papel importante. En marzo de 1988, el Secretario General de la OEA, Joao Baena Soares, actuó como testigo en las conversaciones de paz de Sapoá entre los contras y el gobierno de Nicaragua. Desde entonces, Baena Soares ha estado presente en las otras reuniones que siguieron a la de Sapoá. Invitar a la OEA a participar en la observación de las elecciones en Nicaragua fue la conclusión lógica de más de un año de trabajo por la paz en la región de este organismo.

El equipo de la OEA adquirió una flota de vehículos que marcados con las letras OEA y con placa especial se distinguen claramente por donde quiere que circulen. Con su presencia en las calles, en las manifestaciones o en otro tipo de actividades políticas, la OEA busca llamar la atención del pueblo. "Como ésta es la primera vez que la OEA participa en una observación electoral de este tipo, hemos tenido que usar nuestra imaginación y capacidad de adaptación ante una situación prácticamente nueva para nosotros", dice Lizondo.

La OEA calcula que el costo total del proceso de observación ascenderá a 3 millones de dólares, de los cuales 1.5 millones vienen directamente del Congreso norteamericano. La OEA ha observado muchos procesos electorales en toda América Latina, pero hasta ahora no lo había hecho de manera tan minuciosa ni con tantos observadores destacados en un país. Al iniciarse la misión de la OEA se calculaba que unos 150 de sus observadores cubrirían las elecciones, pero durante el período de inscripciones la OEA movilizó a 52 observadores y calcula que para el día de las elecciones contará con unos 300.

Tanto la ONU como la OEA se limitan estrictamente a observar que se cumplan las leyes existentes y emiten sus informes a través de su Secretario General, de acuerdo con el mandato específico que recibieron de los cinco presidentes centroamericanos. Las dos organizaciones mantienen vínculos estrechos y se reúnen semanalmente para intercambiar planes e información y coordinaron sus esfuerzos durante las jornadas de inscripción para así poder cubrir todas las juntas entre las dos misiones. Una diferencia entre sus métodos de trabajo es que la OEA tiene presencia permanente en todas las regiones de Nicaragua mientras que la ONU tiene su sede en Managua y visita el resto del país sólo periódicamente.

El 2 de agosto la OEA emitió su primer informe. En él hace un resumen de todos los hechos relacionados con el proceso electoral desde febrero -la decisión de adelantar las elecciones y de invitar a la OEA y a la ONU, reformas a la ley electoral y a la de medios y creación del Consejo Supremo Electoral-. Desde esta fecha, la OEA ha publicado también un resumen preliminar sobre el período de inscripciones (octubre) y un segundo informe que salió a principios de diciembre.

Los dos informes publicados hasta la fecha hacen una evaluación positiva del proceso electoral. Lizondo, de nacionalidad argentina, comparó lo que ocurre en Nicaragua con lo que sucede en los partidos de fútbol: "Yo diría que lo que he visto hasta ahora no son más que los efectos normales de cualquier tipo de fricción o confrontación provocada por posiciones diferentes. En este caso, se trata de posiciones políticas, en el fútbol de la lealtad a los equipos deportivos".

Cada vez más y más Estados miembros de la OEA están solicitando enviar a sus representantes gubernamentales para que participen en la misión. Argentina, costa Rica, Colombia y Trinidad-Tobago enviaron expertos electorales para el proceso de inscripciones. Uruguay, Perú y Ecuador enviarán a sus representantes. En la primera etapa del proceso electoral, tanto Costa Rica como Venezuela jugaron un papel muy activo en el diseño de las reformas que se hicieron a la Ley Electoral nicaragüense.

Costa Rica se mantiene en contacto con el Consejo Supremo Electoral para diversos asuntos relacionados con el proceso pero Venezuela ha dejado de participar con el interés que mostró al principio. Según funcionarios del gobierno de Nicaragua, cuando se hacían las reformas electorales, los asesores venezolanos presentaron recomendaciones técnicas muy complejas y costosas y aunque el gobierno nicaragüense expresó su disposición de llevar a cabo la mayoría de ellas, observó que su costo iba más allá de sus posibilidades si no recibía ayuda financiera. El gobierno de Venezuela nunca cumplió con sus promesas de apoyar económicamente el proceso electoral, tal vez porque sus propios problemas económicos y políticos -que le llevaron a reprimir brutalmente a la población de Caracas- le obligaron a olvidarlas.

ONU: una sola crítica

La ONU aporta a la observación del proceso electoral nicaragüense una perspectiva única por su experiencia previa en este tipo de trabajo en países que están empezando a surgir como naciones soberanas. En esos países, especialmente en Africa, la ONU ha estado encargada de desarrollar todo el proceso electoral -papel que juega el Consejo Supremo Electoral en Nicaragua-. El haber actuado como Consejo Electoral en otros países facilita a la ONU el entender mejor cómo debe funcionar este organismo y cómo debe resolver los problemas que surgen. "La impresión que tenemos -dice Angélica Hunt, vocera de ONUVEN- es que en Nicaragua están haciendo un trabajo muy profesional y muy imparcial".

Al igual que la OEA, la ONUVEN viaja por todo el país en llamativas camionetas de color blanco con las palabras ONUVEN pintadas en grandes letras azules y antenas para radios de onda corta. Con su sede en Managua, los observadores de la ONU y sus numerosos ayudantes van y vienen a las regiones para tener una visión general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, designó a Elliot Richardson, ex-Procurador General de Estados Unidos, un norteamericano "fuera de toda sospecha", republicano y con actitudes independientes en el caso Watergate, para que fuese su representante personal dentro de ONUVEN. Aunque la misión tiene su sede permanente en Nicaragua, Richardson efectúa visitas periódicas. Después del último día de inscripciones, Richardson informó que a su juicio la presencia de los contras financiados por los Estados Unidos representaban la mayor amenaza al proceso electoral.

El informe de ONUVEN publicado en diciembre es el segundo que emiten sus observadores y es bastante detallado. Abarca el trabajo que realiza el CSE, el período de inscripciones, el desarrollo de la campaña electoral y el uso de los medios de comunicación. Al igual que otros observadores entrevistados por Envío, la impresión general que tiene ONUVEN sobre el proceso electoral es extremadamente positiva. En particular, Hunt destacó el nivel de comunicación que existe entre el Consejo Electoral y los partidos políticos. "Quedamos muy impresionados con el proceso de inscripción, fue una gran hazaña organizativa", comentó. Ella misma visitó las juntas receptoras de votos en las cuatro jornadas de inscripción, afirmando que los problemas que habían notado los observadores de ONUVEN eran atribuibles en su mayoría "a la falta de experiencia".

La única crítica de ONUVEN se dirige a los medios de comunicación. Teniendo en cuenta los cambios en la nueva ley de medios aprobada en abril de 1989, que califican de "avance los medios escritos una "libertad de expresión total", ONUVEN no está satisfecha con el uso que se da a los medios. Tanto los medios -privados opositores o no- como los estatales, y tanto los periódicos como la radio y la televisión fueron criticados. después de que con el comienzo de la campaña se hiciera una revisión del uso de la radio, el informe de diciembre centra su opinión fundamentalmente en la televisión aunque no para censurar el hecho del monopolio estatal de la TV, sino su parcialidad informativa.

"La mera observación de la programación del canal 6 sugiere una saturación en espacios destinados a dar cobertura informativa a los actos de gobierno en los que se mezclan los contenidos y los protagonistas político -gubernamentales y los político- partidista favorables al partido de gobierno.... Ese tipo de uso de los medios estatales no se diferencia demasiado de lo que sucede en situaciones comparables en otros países de la región. Lo que sí vale la pena señalar es que el grado de saturación que se da en el Sistema Sandinista de TV es ciertamente mayor que el observable en otras latitudes". El "Noticiero Sandinista" es criticado por su parcialidad y falta de equilibrio informativo, concluyendo que es "claramente partidario, favoreciendo decididamente al FSLN".

El "Noticiero Independiente" -espacio de la UNO- es igualmente criticado por su parcialismo y su manipulación con "burdas imágenes" de adversario. En el informe se reconoce que todos los medios de comunicación reflejan la polarización política que existe en el país: La ausencia de objetividad llega a extremos difíciles de imaginar. No se trata de sesgos en la inevitable selección de los hechos a transmitir al público, sino de que los mismos hechos son deformados de tal forma que un mismo acontecimiento es irreconocible al seguirse en medios diferentes".

El Consejo de Jefes de Estado elegido libremente

Hace tres años, el ex-presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en coordinación con otros jefes y ex-jefes de Estado, creó el Consejo de Jefes de Estados Elegidos Libremente con sede en el Centro Carter de la ciudad de Atlanta en el Estado de Georgia. Desde entonces, el Consejo tiene como fin promover la democracia y la paz en el hemisferio. Observaron las elecciones en Haití en 1987, el plebiscito chileno de 1988, las recientes elecciones en Panamá, y actualmente observan las elecciones en Nicaragua. Es interesante señalar que el Centro Carter no observará las elecciones de ninguno de los restantes países centroamericanos.

El Consejo nombró a un grupo de 20 miembros para observar las elecciones en Nicaragua, entre ellos a Raúl Alfonsín, ex-presidente de Argentina y a Michael Manley, primer ministro de Jamaica. Entre los políticos norteamericanos que forman parte de la misión observadora están Daniel Evans (ex-senador y gobernador de Washington) y Bruce Babbit (ex-gobernador de Arizona). El grupo es internacional y pluripartidista.

Tanto el Presidente Ortega como el Consejo Supremo Electoral y la alianza opositora UNO invitaron al Consejo a observar las elecciones y su presencia ha sido bien aceptada. Carter visitó personalmente el país en septiembre, acompañado de Raúl Alfonsín. Regresó nuevamente en diciembre. Rafael Caldera, ex-presidente de Venezuela, observó el último día de inscripciones enoctubre. Ene nero llegará otra delegación y todo el grupo de observadores permanecerá en Nicaragua una semana antes y otra después de las elecciones. Además, Jennifer McCoy, representante del Consejo en Managua, mantiene una observación permanente, reuniéndose con líderes políticos, asistiendo a manifestaciones, etc.

Gran parte del financiamiento que recibe el Centro Carter para la observación de las elecciones nicaragüenses proviene del Congreso norteamericano, en una buena proporción a través de la NED. El Consejo no emitirá un informe sino hasta después de las elecciones, aunque al término de cada visita ofrece una conferencia de prensa. A diferencia de la ONU y de la OEA, que fueron convocadas por el gobierno de Nicaragua, fue el Centro Carter quien decidió participar en el proceso electoral. Durante su visita a Nicaragua en septiembre, Jimmy Carter manifestó: "Somos neutrales en cuanto a los partidos políticos y a los candidatos políticos y a los candidatos, pero somos partidarios del proceso democrático".

La representante del Consejo en Managua, Jennifer McCoy señaló a Envío: "Esperamos promover una mayor reconciliación entre los grupos dentro de Nicaragua para superar la polarización y el conflicto que históricamente han existido en el país", añadiendo que el Consejo trata de promover "la solución pacífica al conflicto y también la capacidad para gobernar, cualquiera que sea el resultado de las elecciones".

Se podría pensar que esta intención de participación directa podría comprometer el proceso de observación. Sin embargo, McCoy considera que los dos papeles son complementarios y sostiene que el promover la reconciliación y la democracia sólo puede derivar en un proceso electoral menos polarizado y por lo tanto más justo y honesto. Aunque Carter se ha ganado el respeto de muchos por sus posiciones ante diversas situaciones internacionales y por su capacidad como mediador entre fuerzas opositoras, camina sobre una cuerda floja cuando intenta observar el proceso electoral nicaragüense a la vez que quiere participar en el proceso de reconciliación. Es la primera vez que intenta mediar y emitir un juicio al mismo tiempo y está por verse si logrará resolver las contradicciones que existe entre estos dos papeles.

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El Parlamento Europeo, el Centro para la Democracia, Iniciativas Hemisféricas

Nicaragua ha buscado en Europa los fondos que requiere para respaldar el actual programa de ajustes económicos, pero la mayor parte de ese financiamiento está congelada esperando el resultado de las elecciones. Por eso, es de interés para Nicaragua que los europeos observen el proceso electoral o que acepten las conclusiones de la ONU, pues un juicio positivo del proceso puede contribuir a que Europa se sienta menos presionada por Estados Unidos a limitar su ayuda económica a Nicaragua. En su gira por Europa en abril/89 el Presidente Ortega invitó al Parlamento Europeo a que enviara una delegación oficial de observadores y este aceptó, aunque hasta ahora sólo han llegado delegaciones de partidos o de algunos gobiernos.

Muy pocos de los observadores entre los más de 20 grupos invitados provienen de Europa. Según nos explicó Sofía Clark, esto se debe fundamentalmente a que Europa confía en la misión de las Naciones Unidas. La Fundación Friedrich Ebert, una organización alemana que lleva diez años trabajando en Nicaragua, ha estado coordinando a la mayoría de las delegaciones del Partido Social Demócrata Alemán, de la Internacional Socialista y de otros miembros del Parlamento Europeo. Como esas delegaciones sólo vienen a Nicaragua por cortos períodos de tiempo y no mantienen una presencia permanente en el país, mucha de la información la reciben de las misiones de la ONU y la OEA. Es interesante señalar que la Primera Ministra Británica, Margaret Thatcher, envió a Nicaragua a David Browning como su observador personal. Gran Bretaña parece ser el único país europeo que quiere verificar la evaluación que haga la ONU.

Allan Weinstein, ex-presidente interino de la NED, la misma organización que canalizó 5 millones de fondos del Congreso norteamericano para la democracia en Nicaragua, es quien dirige el Centro para la Democracia con sede en Washington. La AID (Agencia Internacional para el Desarrollo) financia este Centro, que, invitado tanto por el gobierno como por la UNO, fue uno de los primeros en establecerse en Nicaragua y que estuvo presente en calidad de observador en el Diálogo Nacional de agosto/89. Desde un principio, sus actividades han sido sospechosas y los disturbios de Masatepe en diciembre -de los que hablaremos después- vinieron a confirmar algunas dudas. Aquellos que han seguido de cerca la trayectoria del Centro y de su presidente Allan Winstein no se sorprenden de que sus juicios sean tan subjetivos.

Conformada en junio de 1989 por un grupo de especialistas en América Latina, Iniciativas Hemisféricas no tiene oficinas permanentes en Nicaragua, pero ha traído delegaciones a Nicaragua desde junio y prácticamente todos los meses. George Vickers, miembro de IH y profesor de la Universidad de la ciudad de Nueva York, observó las elecciones en El Salvador en marzo/89 y el plebiscito de Chile en 1988. Muchos de los miembros de IH estuvieron en Nicaragua en 1984 observando las elecciones como parte de la delegación de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), cuyo posterior informe, cuidadosamente detallado, recibió poca atención en Estados Unidos.

En sólo seis meses, Iniciativas Hemisféricas ha divulgado una cantidad impresionante de información sobre el proceso electoral nicaragüense. El Senador Christopher Dodd ha distribuido esa información dentro del Senado norteamericano y lo mismo se ha hecho en la Cámara de Representantes.

Los informes de Iniciativas Hemisféricas hacen un resumen conciso de los aspectos más importantes del proceso electoral. El primero, publicado en agosto, abarca desde la formación del Consejo Supremo Electoral hasta las inscripciones. En nuevas ediciones se ha dado a conocer, entre otros asuntos, puntos de vista de la oposición sobre el proceso electoral y datos sobre el financiamiento externo a los partidos opositores.

En su primer informe, Iniciativas Hemisféricas manifiesta que la administración Bush parece estar siguiendo una política de doble cara al promover la unidad de la oposición mientras que al mismo tiempo cuestiona la credibilidad de todo el proceso electoral. En su siguiente informe, publicado en octubre, se dan detalles sobre el financiamiento externo a la oposición, sobre las organizaciones norteamericanas que están entregando fondos y las organizaciones nicaragüenses que los están recibiendo.

Con el ánimo de hacer frente a las contradicciones entre los resultados obtenidos por encuestas hechas por organismos nacionales y las llevadas a cabo por organismos extranjeros, Iniciativas Hemisféricas contrató a Greenberg and Lake, una respetada firma con sede en Washington, para que realizara una encuesta, que no descubrió nada que no hubieran dicho ya otros sondeos nicaragüenses. (De esta encuesta hablamos más ampliamente en el primer artículo de este mismo número).

Otros grupos de observadores

El gobierno canadiense no ha enviado una delegación oficial para que observe las elecciones pero en Canadá se creó el Comité Canadiense para la Paz y la Democracia en Nicaragua, una coalición de organizaciones no gubernamentales -nueve de ellas desarrollan programas en Nicaragua- de grupos vinculados a las Iglesias, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos de solidaridad. Su plan, según informó Scott Eavenson, representante del Comité en Nicaragua es "darle un seguimiento a todo el proceso y distribuir la mayor cantidad posible de información objetiva sobre las elecciones nicaragüenses en todo el Canadá".

Meyer Brownstone, director de Oxfam-Canadá y profesor de la Universidad de Toronto, encabeza el equipo de observadores del Comité canadiense. Brownstone observó también las elecciones de 1984 y en noviembre de 1989 estuvo en Namibia como observador no gubernamental de esas elecciones. Durante el proceso de inscripciones, Brownstone permaneció diez días en Nicaragua y regresará para las elecciones. Otros miembros del Comité vendrán a Nicaragua a lo largo de la campaña.

El primer informe del Comité canadiense, publicado después del período de inscripciones, deja constancia del éxito del proceso y pone énfasis en tres obstáculos que tienen las elecciones: los continuos ataques de la contra, la interferencia de los Estados Unidos en el proceso electoral y la falta de financiamiento para llevar adelante el proceso. Después de las elecciones publicarán un segundo informe. Tres ciudadanos canadienses residentes en Nicaragua recogen toda la información disponible sobre las elecciones y la envían al Comité cada dos semanas. Esa información se distribuye después en el Canadá a 300 grupos receptores.

La participación en el proceso electoral de las Ciudades Hermanas es similar a la del Comité canadiense. Más de 30 ciudades de Estados Unidos hermanadas con ciudades nicaragüenses enviarán delegaciones para que observen las elecciones. Aunque algunos de estos grupos tendrán categoría de observadores, todos podrán visitar las comunidades con las que tienen relaciones. Se espera también que podrán distribuir la información facilitada por la ONU y la OEA en sus respectivas comunidades en los Estados Unidos.

En estas elecciones, ¿hay espacio par ser neutral?

La opinión de casi todos los observadores entrevistados por Envío es que con su tarea están teniendo un impacto positivo en el proceso electoral. Sólo al término de este proceso podrá evaluarse mejor lo positivo o no de este nuevo tipo de "intervención" política.

Muchos asuntos ajenos a las elecciones influencian el trabajo de los observadores y ha habido ocasiones en que algunos observadores que no están acostumbrados a jugar un papel secundario en asuntos internacionales se han excedido de su mandato. En la mayoría de los casos se les ha persuadido para que trabajen en coordinación con el CSE y no por encima de éste. El Centro para la Democracia llegó inclusive a pedir espacios en televisión para promover el voto, respondiéndole el CSE que es el Consejo el que está a cargo de la educación cívica y no es ésta tarea de los observadores.

La cuestión de fondo es si en la polarizada situación que existe entre Estados Unidos y Nicaragua hay espacio para ser un observador imparcial. Las presiones diplomáticas que ejerce el gobierno de los Estados Unidos pueden afectar el trabajo de observación. Durante mucho tiempo, la OEA ha estado dominada por los Estados Unidos, que es también miembro de la organización. Es una realidad que en estos momentos la OEA está ya sujeta a presiones por las valoraciones positivas que ha hecho sobre el electoral nicaragüense. La prensa norteamericana da poco o ningún espacio a los informes de la OEA y a los de la ONU, que informan fundamentalmente sobre el cumplimiento del gobierno de Nicaragua de las leyes existentes en el país.

A pesar de que tanto la ONU como la OEA están haciendo importantes esfuerzos por mantener su objetividad y su neutralidad, hay signos de que cuidan en exceso el pronunciarse en algunos temas delicados, teniendo en cuenta la presión que los Estados Unidos ejerce sobre ellas. Al preguntar a Angélica Hunt (ONU) sobre los efectos del financiamiento, legal o ilegal, por parte del gobierno norteamericano respondió: "Es bienvenido cualquier apoyo económico que fortalezca el proceso democrático".

Otro factor que influye en una eventual falta de neutralidad es el de las fuentes de financiamiento de los organismos observadores. Aunque los miembros del centro Carter son internacionales y pluralistas, su dependencia de los fondos del Congreso norteamericano puede afectar su imparcialidad. En las declaraciones a la prensa del ex-presidente venezolano Rafael Caldera después de observar la última jornada de inscripciones, evitó mencionar directamente la amenaza militar que la contra representó para algunas juntas de inscripción limitándose a decir: "Se nos ha informado que en ciertas partes del país muchas personas no se pudieron inscribir por razones de seguridad u otros motivos". La vocera del centro, Jennifer McCoy, dijo a Envío que una de las preocupaciones del Consejo es que el dinero proveniente de los Estados Unidos entre a Nicaragua de forma legal, pero añadió que sería difícil seguir la pista al dinero que entrara de manera ilegal.

Por otra pare, Iniciativas Hemisféricas y el Comité canadiense, al extender sus actividades para cubrir asuntos que se supone están más allá del mandato de este tipo de misiones, esperan poder arrojar luz sobre las fuerzas externas que podrían distorsionar lo que hasta ahora todos consideran ha sido un proceso relativamente tranquilo. Iniciativas Hemisféricas dice que tiene capacidad para analizar los efectos de la política y de las actividades del gobierno norteamericano en el proceso electoral nicaragüense, precisamente porque no recibe financiamiento ni del gobierno norteamericano ni tampoco del Partido Demócrata o del Republicano de Estados Unidos.

Juicio unánime sobre el Consejo Supremo Electoral

En algunos de los aspectos del proceso electoral todos los observadores están de acuerdo. Es el caso del desarrollo del proceso de inscripciones y el del papel del Consejo Supremo Electoral. Tanto la OEA como el Consejo de Jefes de Estado Elegidos Libremente y la ONUVEN, elogian al CSE por las decisiones que ha tomado, por la forma en que condujo el período de inscripciones y por el caso de renuncias de candidatos. Los informes de ONUVEN de octubre y diciembre dedican una importante sección a la composición y a las actividades del CSE.

Según la ley electoral, tres de los cinco miembros del CSE deben ser del partido en el gobierno y dos de partidos de la oposición. Sin embargo, el Presidente Ortega estableció que designaría una persona notable, sin vínculos con ningún partido político, para que ocupara uno de los lugares que correspondían al FSLN. Después de que fueron designados los cinco miembros, la UNO y el Presidente Bush argumentaron que el miembro del CSE que no es de la UNO -y que pertenece al Partido Conservador Demócrata, al igual que el miembro independiente, Rodolfo Sandino Agüero, que es el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Centroamericana- simpatizaban con los sandinistas y que por esto el Consejo era pro-sandinista en una proporción de 4 a 1.

En respuesta a esa acusación, la ONUVEN analizó las 103 decisiones tomadas por el CSE desde junio hasta el 7 de septiembre, después de investigar las quejas recibidas en ese sentido. La conclusión fue que "las decisiones tomadas demuestran que el Consejo es imparcial y flexible y sus decisiones más parecen beneficiar a los partidos de oposición". A pesar del apoyo total que el CSE recibe de parte de todos los grupos de observadores, la UNO ha continuado cuestionando su independencia. ONUVEN considera que la crítica de la UNO hacia el CSE afecta el proceso electoral y ha apelado a todos los partidos para que apoyen al CSE, aunque esto no ha evitado que la UNO continúe cuestionando la autoridad del Consejo.

Masatepe: un incidente decisivo

La violencia que se desató durante una manifestación de la UNO en Masatepe el domingo 10 de diciembre se convirtió en una prueba para el proceso de observación electoral. Hasta ese día el papel de los observadores se militaba a observar y a hacer comentarios, pero sin tener participación en el proceso electoral. Pero ante el caso de Masatepe los observadores empezaron a jugar un papel más activo. Aunque ninguno de ellos admitió nunca la intención de participar, el incidente en Masatepe demostró lo contrario respecto a algunos.

Según los testigos de los disturbios, la violencia se desató entre unos 10 ó 15 espectadores sandinistas y 200 simpatizantes de la UNO. De los insultos se pasó pronto a arrojar piedras, lo que desembocó en el apuñalamiento de una persona que resultó muerta y en una docena de heridos, dos casas destruidas (la casa de campaña del Frente Sandinista y la de al lado) y un vehículo de Naciones Unidas quemado.

La OEA y el Centro para la Democracia estaban presentes como observadores durante la manifestación. Después de una mayor investigación, la OEA emitió un informe en el que manifestaba que era imposible determinar quién había empezado el incidente, pero que obviamente los actos de violencia habían sido preparados de antemano. El presidente del Centro para la Democracia, Allan Weinstein, acompañado de una delegación compuesta por 12 congresistas norteamericanos que presenciaron los incidentes, viajaron enseguida a Costa Rica donde dieron una conferencia de prensa en el mismo lugar en que celebraba la cumbre de presidentes centroamericanos. Allí afirmaron de manera vehemente que eran los sandinistas quienes habían iniciado el incidente y habían incitado a la violencia, no diciendo que gran parte de la destrucción física la habían causado los jóvenes simpatizantes de la UNO.

Pronto empezaron a conocerse más datos. Entre ellos, que la manifestación había sido adelantada en una semana -algunos sugieren que de manera internacional para que coincidiera tanto con la cumbre presidencial como con la visita de los congresitas-. Estos últimos no perdieron ni un momento para viajar a Costa Rica. La forma acelerada y unilateral con la que acusaron a los sandinistas entró pronto en contradicción con el informe de la OEA, que fue el resultado de una investigación cuidadosa.

La versión del Centro para la Democracia fue descartada en Nicaragua, especialmente después de que la OEA publicó su informe, más detallado. Entonces Winstein, en un esfuerzo por encubrir el informe inicial del Centro, dijo en Managua que no se podía culpar a ninguna de las dos partes. Igualmente, algunos de los congresistas cambiaron su posición inicial. Jimmy Carter, que visitó Nicaragua una semana después del incidente, observó en una conferencia de prensa que uno de los congresistas que se encontraba en Masatepe le había dicho que estaba confundido y le era imposible decir quiénes eran los culpables. Con todo esto, el Centro para la Democracia perdió la credibilidad que alguna vez tuvo ante el gobierno de Nicaragua.

Carter, que tenía pensado viajar a Nicaragua a mediados de diciembre, adelantó su viaja en varios días debido al incidente. Deseoso de jugar un papel activo en el proceso de reconciliación en Nicaragua, Carter se reunió con dirigentes del gobierno de la oposición a nivel regional y nacional para clarificar los hechos y buscar la manera de evitar un incremento de la violencia en el proceso electoral. A raíz de esto, todos los partidos políticos se dieron cita en las oficinas del Consejo Supremo Electoral para firmar un acuerdo que guiara el comportamiento en futuras manifestaciones políticas.

En él se renueva el llamado a la desmovilización de la contra y se señala la prohibición de venta o consumo de alcohol durante las manifestaciones, así como la portación de cualquier tipo de arma en ellas. Al mismo tiempo, se concede a la policía un mayor papel en el control de las manifestaciones. Con desilusión, Carter tuvo que presenciar cómo los representantes de la UNO abandonaban la reunión antes de firmar este acuerdo, impidiéndole así firmar este acuerdo, impidiéndole así el logro de un documento de consenso y de reconciliación. Durante la conferencia de prensa que brindó al día siguiente, y cuando le preguntaron por qué la UNO no había firmado el documento, Carter no quiso admitir que la UNO había abandonado el proceso de negociación.

Estos hechos demostraron la contradicción que existe cuando se quiere ser a la vez observador y negociador de reconciliaciones. Cuando Carter participa en una negociación de reconciliación, pierde la capacidad de hacer comentarios objetivos como observador, porque al criticar el comportamiento de la UNO podría perder su influencia como negociador. Está, sin duda, en una cuerda floja.

Un posible modelo internacional y un gran desafío para todos

La variada constitución de los grupos de observadores demuestra claramente lo peculiar del contexto de las elecciones nicaragüenses. Nicaragua ha abierto sus puertas a la comunidad internacional para que observe sus elecciones, en medio de una guerra y de la agresión de los Estados Unidos, que no han terminado. La flexibilidad y apertura de Nicaragua no tienen paralelo en ningún otro país centroamericano o latinoamericano. Si el balance de la observación electoral resultara positivo, Nicaragua podría ser una vez más modelo político en el continente.

La importante participación de países miembros de la OEA en a misión observadora de este organismo da más relieve al papel de la OEA en el proceso de paz en la región. Esto abre posibilidades para que la OEA juegue un papel similar en otros países de América Latina donde existe una larga historia de elecciones fraudulentas y violentas. El gobierno de Nicaragua considera que éste podría ser un aporte para el proceso democrático de todos los países latinoamericanos. Si la misión de la OEA es exitosa, es posible que puedan elaborarse a partir de ella normas comunes para aplicarse en todos los países por igual, para que no sólo sea Nicaragua quien está bajo la lupa. Las elecciones de Honduras, que tuvieron lugar el 26 de noviembre de 1989, y las de Costa Rica y Guatemala, que se celebrarán en 1990, no reciben la atención internacional que presiona sobre el proceso nicaragüense. Ni siquiera las elecciones de marzo de 1989 en El Salvador tuvieron tal grado de observación internacional.

Angélica Hunt (ONUVEN) declaró a Envío: "Nicaragua es un buen ejemplo de como revalorizar los puntos de partida de la Carta de las Naciones Unidas. Al invitar a la ONU a observar sus elecciones, Nicaragua está invitando a la comunidad internacional. Una apertura similar en otros países podría contribuir de manera significativa a consolidar la democracia".

¿Se convertirá Nicaragua en modelo para otros proyectos de observación electoral o seguirá siendo el país que deberá responder a las normas más exigentes? Si Estados Unidos logra callar la voz de la ONU y de la OEA, podría presentar sus propios "informes" hablando de fraude o de prácticas electorales injustas. Dado que los Estados Unidos no acataron el fallo de la Corte Internacional, que les condena por la ilegalidad de su guerra contrarrevolucionaria, no existe ninguna garantía de que ahora acaten el juicio de la ONU y de otros observadore. Como Estados Unidos proporcionan la mayor parte del presupuesto de la ONU y de la OEA -y es también el país que más dinero les debe-, podrían valerse de eso para ejercer mucha más presión de la que han ejercido hasta ahora. Por todo esto, no es sólo la credibilidad de las elecciones nicaragüenses la que está en juego en este momento. También la credibilidad de importantes organismos internacionales tiene un desafío de importancia cuando los nicaragüenses depositen su voto en urnas por ellos tan observadas.

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