El Salvador
El Informe Moakley: Jesuitas mártires impulsan la paz
En once años de conflictos bélicos es la primera vez que un gobierno de El Salvador acepta negociar sobre la depuración de las Fuerzas Armadas, la reducción del Ejército
y las reformas a la Constitución.
Equipo Envío
En el mes de mayo se produjo en Venezuela un importante avance en el diálogo entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En él se acordó una agenda de trabajo para comenzar negociaciones y conseguir una paz estable en el más breve plazo. Esto implica la anuencia del gobierno salvadoreño para entrar a discutir temas como la depuración de las fuerzas armadas, la redefinición y reducción sustancial del ejército salvadoreño, reformas significativas a la Constitución del país, etc. En once años de conflictos bélicos es la primera vez que un gobierno de El Salvador acepta negociar sobre estos temas. El proceso negociador seguramente será prolongado y no carente de conflictos políticos y militares dentro del pequeño país centroamericano pues, posiblemente, ambas fuerzas buscarán llegar en mejor posición a la mesa de negociaciones. Pero lo que difícilmente puede negarse es que soplan vientos de paz en la patria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
Una cosecha tras la ofensiva de noviembre 1989 Tras esta novedosa negociación se esconde un cambio en el balance de fuerzas de país. Tres parecen ser los factores principales que han incidido en conformar una nueva realidad. El primero de ellos fue la ofensiva lanzada por el FMLN en noviembre. Tras la ofensiva se evidenció que la guerrilla, aún sin poder derrotar el ejército, estaba lejos de poder ser vencida por éste. Al contrario, pese a sus fallas en diversas áreas, el FMLN aparecía proporcionando los mayores golpes en la historia de sus organización, creando dificultades en las estructuras organizativas internas del ejército, y mostrándolo, ante las grandes empresarios salvadoreños, como incapaz. Muchos efectos políticos, morales, psicológicos e ideológico, se siguieron de este hecho en la correlación interna del país.
El segundo factor que incidió en conformar una nueva realidad fue el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana. Ellos fueron el prisma bajo el cual la comunidad internacional pudo comprender la muerte de 70000 salvadoreños y el carácter real de las fuerzas armadas del gobierno de El Salvador. La consternación de la comunidad internacional tuvo impacto en el Congreso de Estados Unidos rompiendo primeramente el bipartidismo que había caracterizado su política hacia El Salvador y haciéndolo variar después, en su conjunto, hacia posiciones más críticas. El informe de la Comisión Moakley que presentamos ahora en Envío es expresión de esta nueva situación. A través del asesinato de los jesuitas, la Comisión Moakley llega a encontrarse con la esencia del ejército salvadoreño. Desde esta lógica pueden explicarse las presiones ejercidas sobre el presidente Cristiani y las concesiones que éste tuvo que hacer en las negociaciones por la paz realizadas en Venezuela el mes de mayo.
ElL tercer factor conformador de una nueva situación en la relación Estados Unidos - El Salvador es la situación internacional. El bloque socialista ha desaparecido y la Unión Soviética afronta graves dificultades internas. Por tanto, difícilmente puede catalogarse a los Movimientos de Liberación Nacional centroamericano como "instrumento de la expansión soviética". Además, en el área centroamericana se produjo, en diciembre/89, la invasión norteamericana a Panamá y, en febrero/90, la derrota electoral de los sandinistas. Esa situación permite a Estados Unidos, aún a los conservadores de Estados Unidos, un mayor margen de acción para a buscar una solución política negociada en El Salvador.
Por la importancia, que el informe Moakley adquiere en este contexto, presentamos su texto íntegro a nuestros lectores. Es una radiografía de El Salvador a través del asesinato de los jesuitas y expresión de un nuevo balance de fuerzas que puede llevar, en el mediano plazo, a la paz justa por la que tanto han dado su vida.
Texto del Informe Moakley"A tempranas horas de la mañana del 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta, fueron brutalmente asesinados en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador, El Salvador. El 6 de diciembre, el presidente de la Cámara de Representantes , Thomas Foley, nombró una Comisión Especial compuesta de 19 miembros de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Joe Moakley, para monitorear la investigación del crimen llevada a cabo por el gobierno de El Salvador y para estudiar asuntos relacionados con el respeto de los derechos humanos y la reforma judicial en El Salvador.
Durante los últimos cuatros meses, la Comisión ha sostenido una serie de reuniones y entrevistas informales con funcionarios de Estados Unidos y de El Salvador, así como con otras personas que tienen conocimiento de la investigación del caso de los jesuitas de asuntos relacionados. Del 11 al 14 de febrero, diez miembros de la Comisión, junto con cinco miembros de la bancada republicana del a Cámara de Representantes, viajaron a El Salvador. Delegaciones compuestas del personal de apoyo de la Comisión viajaron a El Salvador en enero y abril. La Comisión agradece especialmente al Presidente salvadoreño Alfredo Cristiani; al Provincial jesuita P. José María Tojeira; al rector de la UCA, P. Miguel Estrada; al Arzobispo, Monseñor Arturo Rivera Damas; el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, coronel René Emilio Ponce; y al embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Walker, y a su personal de apoyo, por su cortesía y cooperación durante dichas visitas.
La mayor parte de la información presentada en este informe fue obtenida durante entrevistas o reuniones sostenidas con la participación de miembros o personal de apoyo de la Comisión, o a partir de documentos proporcionados a la Comisión por el gobierno salvadoreño, los Departamentos de Estado y de Defensa de Estados Unidos, y otras fuentes. En algunos casos, no se menciona la identidad de los individuos que proporcionaron la información o que hicieron las declaraciones citadas en el informe, para no perjudicar la seguridad personal de dichos individuos, porque el anonimato fue la condición dispuesta para obtener la información, o por ambas razones.
Es importante enfatizar que el mandato de la Comisión abarca la obtención de información relevante a la investigación del caso de los jesuitas y asuntos relacionados, así como la transmisión de dicha información al presidente de la Cámara de Representantes, a otros miembros de la Cámara, y al público en general. Sobra decir que la Comisión, por sí misma, no tiene ni la responsabilidad ni la capacidad de llevar a cabo su propia investigación de los crímenes.
Por otra parte, no le compete a la Comisión recomendar cambios específicos en la política de Estados Unidos hacia El Salvador ni examinar todos los aspectos relacionados con dicha política. Por esa razón, la Comisión no ha estudiado los muchos crímenes perpetrados por la ultraderecha y el FMLN durante los últimos años. Aunque la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidos por el FMLN no forma parte de nuestro mandato, la Comisión está consciente de que la guerrilla ha jugado un papel clave en la violencia que ha agobiado a la sociedad salvadoreña durante la última década. Las acciones del FMLN tales como asesinatos y atentados en contra de dirigentes políticos (incluyendo atentados contra las vidas del Presidente Cristiani y del vicepresidente Merino al principio de la ofensiva de noviembre), secuestros, el uso de minas, sabotaje y el intento de obstaculizar las elecciones, han contribuido en gran medida al estado de miseria en El Salvador.
Como se menciona más adelante, la investigación de los asesinatos cometidos en la Universidad Centroamericana aún no ha terminado. Adicionalmente, la Comisión sigue buscando información acerca de algunos casos recientes que suscitan cuestiones relaciones con el caso de los Jesuitas. Estas incluyen las acusaciones formuladas por César Vielman Joya Martínez, desertor del ejército salvadoreño, sobre la presunta existencia de un escuadrón de la muerte dentro de la Primera Brigada de Infantería durante período 1988-89, así como el asesinato del dirigente político salvadoreño, Dr. Hérctor Oquelí, en Guatemala, en enero de 1990. Por esta razón, este documento no debe ser considerado como el informe final, sino uno provisional, de esta comisión."
Los asesinatos en la UCA: anteecedentes"El asesinato brutal de seis sacerdotes jesuitas, su cocinera, y la hija de ésta, en San Salvador el 16 de noviembre de 1989, no fue un hecho aislado. Para la cúpula militar, los padres jesuitas siempre habían sido objeto de sospechas. Se consideraba, en palabras del Viceministro de Defensa, coronel Orlando Zepeda, que eran "asesores del FMLN" y que su universidad era un "centro de información con tendencia izquierdistas donde se inició cierto concepto de lucha revolucionaria".
Entre las víctimas del 16 de noviembre, el más prominente era el rector de la UCA, P. Ignacio Ellacuría, considerado como uno de los más importantes personajes del país a nivel intelectual y político. Sus enseñanzas habían tenido influencia en las vidas de muchos jóvenes salvadoreños, incluyendo a algunos que llegaron a ser dirigentes del FMLN y otros que se incorporaron a la Fuerza Armada.
En los meses previos a su muerte, el P. Ellacuría había participado activamente en los esfuerzos para iniciar y sostener negociaciones de paz entre el gobierno salvadoreño y los dirigentes del FMLN, y había viajado a Managua en varias ocasiones para hablar con el FMLN.
Según funcionarios de Estados Unidos, por lo menos algunos oficiales militares consideraron estas visitas como acciones no de un hombre interesado en promover la paz, sino de un asesor de los terroristas. Mantuvieron esta valoración a pesar del hecho de que Ellacuría se había vuelto cada vez más crítico del FML.
Los esfuerzos del P. Ellacuría para promover un diálogo sufrieron una serie de reveses a finales de 1989. La reuniones entre el gobierno y el FMLN en México en septiembre, y en San José en octubre, generaron algún grado de optimismo pero ningún avance real. Sin embargo, el optimismo se desvaneció rápidamente después de una ola de terrorismo del estilo "ojo por ojo" que ha azotado a El Salvador durante los últimos años. El FMLN asesinó a la hija del coronel Oscar Casanova Véjar. Alguien, presuntamente de la derecha, detonó una bomba en la casa del dirigente político de oposición, Rubén Zamora. El FLMN atacó las casas de familiares de varios altos oficiales del ejército. Y, finalmente, la sede de la confederación sindical izquierdista FENASTRAS sufrió un atentado dinamitero, con saldo de 9 muerto. En medio de todo esto, el FMLN se retiró de las negociaciones y el 11 de noviembre lanzó la ofensiva más cruenta de toda la guerra.
El asesinato de los jesuitas ocurrió en la quinta noche de dicha ofensiva, en un momento en que el desenlace de los combates estaban lejos de conocerse. El FMLN había establecido y mantenido posiciones en los sectores norte y oriente de la periferia de San Salvador, en barrios y colonias que incluían San Sebastián, Soyapango, Zacamil, Ciudad Delgado y Mejicanos.
El 11 de noviembre, la noche en que se inició la ofensiva, una cadena nacional de radio empezó a transmitir amenazas, las cuales aparentemente provenían de radioescuchas, dirigidas personalmente en contra de individuos que ellos asociaban con la izquierda política, incluyendo al P. Ellacuría y a otro de los jesuitas asesinados, P. Segundo Montes.
Esa misma noche, un grupo de guerrilleros huyó a través del campus de la UCA después de detonar una bomba en el portón para abrirlo.
Dos días más tarde, según el coronel Ponce, la Fuerza Armada recibió información que indicaba que se estaban disparando morteros y ametralladoras desde la UCA. Actuando bajo lineamiento establecidos por el Presidente Cristiani, en los cuales se estipulaba la necesidad de una autorización específica de Alto Mando para entrar a la UCA, una unidad del batallón Atlacatl llegó a la universidad para determinar si los informes eran correctos. Antes de penetrar a las instalaciones, el teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo, del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), se incorporó a la unidad. Los PP. Ellacuría y Montes acompañaron a la unidad durante el cateo, en el cual fueron revisadas aulas así como la residencia de los sacerdotes. No se encontró ninguna evidencia de morteros ni de ametralladoras.
La unidad de Atlacatl que realizó el cateo había llegado a la zona a las 4:00 de la tarde del día 13, siendo ésta una de varias unidades que habían sido asignadas al mando del coronel Guillermo Alfredo Benavides, director del a Escuela Militar. La misión de estas unidades -que provenían no sólo del Atlacatl, sino también de la Policía de Hacienda, la Policía Nacional y varios destacamentos del ejército- era defender lo que el coronel Ponce calificó como "la cabeza militar del país". El sector comprendía la sede del Estado Mayor, del Ministerio de Defensa, la Escuela de Inteligencia, y las casas de altos jefes militares, así como la Escuela Militar y la UCA. Por lo tanto, el área alrededor de la UCA y del complejo militar era una de las más fuertemente custodiadas de la ciudad.
Los jefes militares salvadoreños dijeron a la Comisión que la unidad de comandos del batallón Atlacatl, dirigido por el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, era una de las mejores y más experimentadas unidades de la Fuerza Armada. Tanto el teniente Espinoza como el subteniente Guevara Cerritos, el segundo del curso de preparación de cadetes salvadoreños de Fort Benning Georgia, y el teniente Espinoza también había asistido al curso de oficiales de fuerza especiales de Fort Bragg. El sargento Antonio Ramiro Avalos Vázquez también habían recibido entrenamiento en Fort Benning. Un curso de entrenamiento de fuerzas especiales de 10 días de duración, iniciado el 11 de noviembre, que incluía a toda la unidad, fue interrumpido después de dos días por la ofensiva guerrillera*.
El Alto Mando se reunió el 15 de noviembre, como lo había hecho cada noche desde el inicio de la ofensiva Esa noche, la reunión se inició a eso de las 7:30 pm. Entre los asistentes estaban el Ministro y los dos Viceministros de Defensa; el jefe del Estado Mayor, coronel Ponce; los jefes de los mandos conjuntos; los comandantes de las distintas fuerzas de seguridad; los comandantes de las unidades destacadas en el área metropolitana, incluyendo al coronel Benavides; y un oficial de prensa.
Según los oficiales, presentes en la reunión con los cuales se entrevistó la Comisión, el ambiente era tenso. Existía el temor real de que el esfuerzo guerrillero para desatar una insurrección popular pudiera tener éxito.
Desde el inicio de la ofensiva, había existido una preocupación acerca de la dificultad de desalojar a la guerrilla de las áreas donde vivía una gran cantidad de civiles. Por lo tanto, se habían hecho un esfuerzo para impulsar la evacuación de la población civil de las zonas conflictivas. Esa noche se tomó la decisión de utilizar fuego aéreo pesado contra las posiciones tomadas por el FMLN. Los comandantes de zona recibieron la orden localizar y tomar acciones en contra de los centros de comando guerrilleros ubicados en sus respectivos sectores. El Ministro de Defensa Larios, entre otros dio una charla de motivación, instando a los presentes a responder con fuerza. Al final de la reunión, los jefes militares de tomaron de la mano es invocaron la ayuda de Dios. A eso de las 10:30 pm, se solicitó la presencia del Presidente Cristiani en el Alto Mando, donde el mandatario autorizó personalmente el uso selectivo de fuego aéreo y artillería. La reunión terminó a las 11:00 pm aproximadamente."
La noche del crimen: el Ejército en acción "La siguiente versión sobre el asesinato y los eventos relacionados proviene principalmente de los testimonios proporcionados por quienes participaron en los hechos, según fueron publicados en los procedimientos del Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador el 19 de enero de 1990. Estos testimonios sirvieron de base a las detenciones efectuadas en relación al caso. La comisión hace notar que no se publicó ninguna declaración del coronel Benavides y que éste no ha admitido públicamente ninguna responsabilidad ni culpabilidad.
Según las declaraciones, el coronel Benavides llegó a la Escuela Militar poco después de terminar la reunión en el Alto Mando a las 11:00 pm. Allí se reunió en su oficina con el teniente Yushy Mendoza y Vallecillos (destacado en la Escuela militar), teniente Espinoza y el subteniente Guevara Cerritos, ambos miembros del batallón Atlacatl. Unos 45 minutos antes de dicha reunión, el teniente Espinoza había recibido por radio la orden de reunir a sus tropas en la Escuela Militar.
El coronel Benavides dijo a los tenientes que "...esta es una situación donde son ellos o somos nosotros vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del sector de nosotros tenemos la universidad y ahí está Ellacuría .
Dirigiéndose al teniente Espinoza, prosiguió:"... Vos hiciste el registro y tu gente conoce ese lugar. Usa el mismo dispositivo del día del registro y hay que eliminarlo y no quiero testigos. El teniente Mendoza va a ir con ustedes como el encargado de la operación para que no hayan problemas".
Los tenientes abandonaron la oficina del coronel Benavides y repartieron a sus hombres en dos pick ups Ford color beige para transportarse a la UCA, donde ser reunirían con otras patrullas del Atlacatl. Antes de partir, el teniente Mendoza preguntó si alguno de los hombres sabía usar un fusil AK-47, arma a veces utilizada por el FMLN.
El soldado Oscar Mariano Amaya, Grimaldi respondió que conocía el manejo del arma; entonces el grupo se detuvo durante aproximadamente unos 10 minutos mientras Amaya limpió el fusil. El teniente Espinoza había dicho a Amaya que el objetivo de la misión que iban a cumplir era el de asesinar a "algunos terroristas que encuentran dentro de la UCA".
Poco después de la medianoche, todos los soldados que cupieron dentro de los dos pick ups (entre 20 y 25) se dirigieron a unos edificios abandonados ubicados al lado poniente de la UCA, donde se reunieron con dos patrullas del Atlacatl que antes habían recibido la orden de tomar posiciones cerca de la UCA.
A continuación, el teniente Espinoza dijo a los jefes de patrulla que había recibido orden "desde arriba" para eliminar a los cabecillas intelectuales de la guerrilla, quienes se encontraban dentro de la UCA. Dijo que como señal de retirada se lanzaría una luz de bengala y que posteriormente se haría un simulacro de enfrentamiento. A eso de la 1:00 am, el grupo de 45 a 50 hombres se dirigió a la universidad.
Después de golpear las puertas de la residencia jesuítica, uno de los padres salió y abrió el portón para dejar entrar algunos de los soldados.
Poco después, el P. Martín-Baró acompañó a un soldado para abrir el otro portón. A poca distancia, en una casa pequeña ubicada cerca de la propiedad de los jesuitas, una mujer que hacía limpieza para ellos se encontraba dormida junto con su esposo e hija pequeña cuando la despertaron los ruidos. La mujer, Lucía Cerna, dijo que oyó cuando el P. Martín -Baró dijo a los soldados: "Esta es una injusticia. Ustedes no son más que carroña".
Cinco de los sacerdotes fueron conducidos a un área ubicada un poco arriba de la puerta trasera de la residencia. A los cinco se les obligó a ponerse boca abajo. El teniente Espinoza preguntó al subsargento Antonio Avalos cuándo iba a proceder, lo cual fue interpretado por Avalos como dun orden de matar a los sacerdotes. Por lo tanto, Avalos se acerco a Amaya Grimaldi (el soldado con el AK-47) y le dijo: "Procedamos".
Empezaron a disparar. Avalos asesinó al P. Juan Ramón Moreno y al P. Amado López Quintana con un fusil M-16. Amaya, utilizando el AK-47, disparó contra el P. Ellacuría, el P. Martín -Baró y el P. Montes.
Mientras tanto, el soldado Tomás Zarpate estaba "brindando seguridad" a la cocinera de los jesuitas, la Sra. Elba Julia Ramos, y su hija Celina, de 15 años de edad, quienes habían sido descubiertas por los soldados en un cuarto de huéspedes ubicado al final del edificio donde residían los jesuitas. Al oír una voz de mando diciendo "Ya", seguida por los disparos, Zaparte disparó contra las dos mujeres.
En ese momento, inmediatamente después de los disparos, otros sacerdote, el P. López y López, apareció en la puerta de la residencia. Los soldados le llamaron y éste respondió: "No me maten, no pertenezco a ninguna organización". Luego se volvió a meter a la casa donde fue perseguido por un soldado - hasta ahora no identificado - quien le disparó. Otro soldado, Pérez Vázquez, estaba saliendo del edificio cuando sintió que el P. López le agarró el tobillo. Pérez Vázquez le asestó 4 disparos.
Al salir, Avalos Vargas -apodado "Sapo" y "Satanas" por sus compañeros- pasó en frente al cuarto de huéspedes donde se había disparado contra las dos mujeres y oyó sus pujidos en la oscuridad. Encendió un fósforo y vio a las mujeres tendidas en el suelo, abrazadas. Entonces ordenó al soldado Jorge Alberto Sierra Ascendió que las "rematara". Sierra Ascendió asestó unos 10 disparos contra las mujeres, hasta dejar de oír sus pujidos. (Sierra Ascendió desertó del ejército a finales de diciembre, y actualmente no se conoce su paradero).
Cumplida su misión siniestra, los soldados lanzaron una luz de bengala como les había sido ordenado, como señal de retiro para la unidad. Entonces simularon un enfrentamiento, utilizando una ametralladora M-60, un mortero anti-tanque, el AK-47 y otras armas. Al salir, uno de ellos dio vuelta al rótulo colgado en el portón de atrás de la UCA y escribió: "...El FMLN hizo un ajusticiamiento a los orejas contrarios. Vencer o morir FMLN.
En su testimonio, el teniente Mendoza dijo que vio a un soldado, cuya identidad desconocía, llevando un maletín color café claro. Los jesuitas creen que el maletín contenían 5 mil dólares que había sido entregados al P. Ellacuría algunos días antes en reconocimiento a su trabajo en favor de los derechos humanos.
La unidad se dirigió a continuación a la Escuela Militar, donde los tenientes, después de varios intentos, localizaron al coronel Benavides. El teniente Espinoza le dijo: "...Mi Coronel, no me ha gustado esto que se ha hecho". Benavides le respondió:"...Calmate, no te preocupes. Tenés mi apoyo", a lo cual contestó Espinoza "...Eso espero, mi coronel".
Entre las 5:00 y las 6:00 am. la unidad salió de la Escuela Militar por orden del Alto Mando para reincorporares al cuerpo principal del batallón Atlacatl destacado en la parte norte de la ciudad, cerca de la Primera Brigada."
La investigación: el aspecto técnico"A eso de las 7:00 am, después de levantarse el toque de queda, los cadáveres fueron descubiertos por el padre y esposo de las dos mujeres asesinadas.
A las 8:30 am, la Unidad Especial de Investigación (UEI), bajo la dirección del teniente coronel Rivas, arribó al lugar de los hechos. Aunque el sitio había sido tocado por los jesuitas, vecinos, la prensa y otros, la UEI inició el proceso de recabar pruebas físicas, tomar fotografías, preparar mapas y entrevistar a posibles testigos. Los vecinos confirmaron haber oído disparos y explosiones durante la noche, pero nadie afirmó haber visto los asesinatos.
El 22 de noviembre, 6 días del asesinato, la primera testigo reconocida, la Señora Lucía de Cerna, atestiguó desde la embajada de España que había visto hombres uniformados y había oído disparos cerca del lugar de los hechos durante las primeras horas de la madrugada del 16 de noviembre. El testimonio de la Sra. Cerna y las entrevistas posteriores sostenidas con ella son discutidos más adelante en la sección titulada "La testigo".
Desde el principio, la UEI dirigió sus esfuerzos hacia tres posibles sospechas: el FMLN, la Fuerza Armada, y un escuadrón de la muerte que pudo haber incluido a algunos elementos militares y actuado bajo las instrucciones de alguien de la ultraderecha. Aparte del rótulo dejado en el lugar de los hechos, el uso de un fusil AK-47, y el simulacro de enfrentamiento, la UEI no descubrió ninguna prueba que apuntara a la participación del FMLN.
Las especulaciones acerca de la posible participación del dirigente de ARENA, Roberto D'Aubuisson, crecieron cuando la revista Newswerk publicó un informe atribuido a "fuentes de inteligencia estadounidenses" en el cual se afirmaba que D'Aubuisson había dicho durante una reunión celebrada el día anterior al asesinato que "los jesuitas tienen que irse". Sin embargo, no existe ninguna prueba de que dicha reunión se haya realizado, y D'Aubuisson posteriormente negó haber formulado tal declaración.
La investigación del posible involucramiento militar empezó a paso lento. Según la propia cronología de la UEI, fue hasta el 5 de diciembre, a casi tres semanas del asesinato, que la UEI pidió al Alto Mando una lista de los efectivos que catearon la UCA el 13 de noviembre, y fue hasta el 21 de diciembre que la lista fue entregada. Hasta el 7 de diciembre se pidió confirmar si las municiones encontradas en el lugar del crimen eran del tipo utilizado por la Fuerza Armada. Y fue hasta el 11 de diciembre, a casi cuatro semanas del asesinato, que se solicitó una lista del personal militar asignado al área de la UCA en la noche del crimen.
Sin embargo, para finales de diciembre, la UEI había tomado 385 muestras balísticas y 385 muestras de huella dactilares de los soldados asignados al área de la UCA la noche del asesinato, incluyendo a 45 efectivos de la unidad del batallón Atlacatl que había perpetrado el crimen. Adicionalmente, se había administrado pruebas de polígrafo a 14 personas, 11 de las cuales eran oficiales del ejercito, y se habían tomado 86 declaraciones juradas de parte de elementos militares.
Durante la recolección de las declaraciones juradas, la UEI se dio cuenta de que habían empezado a aparecer discrepancias entre las declaraciones hechas por los miembros de la unidad del Atlacatl. En las versiones que dieron sobre su participación en el cateo autorizado que se efectuó el 13 de noviembre, algunos soldados mencionaron condiciones - como la falta de luz eléctrica - que habían existido el día 15. También se despertaron sospechas cuando el teniente Espinoza maniobró para frustrar, cada vez con distinta excusa, tres intentos de someterlo a la prueba del polígrafo.
El 28 de diciembre, según el teniente coronel Rivas, los expertos en balística notaron alguna similitud entre los cartuchos encontrados en la UCA y los que pertenecían a efectivos del Atlacatl. Se tomó la decisión de efectuar nuevas pruebas utilizando ráfagas en vez de disparos aislados. Los resultados de estas pruebas fueron entregados el 5 de enero, demostrando que el fusil AK-47 utilizado para cometer algunos de los asesinatos coincidía con uno de los cuatro fusiles AK-47 pertenecientes a la Escuela Militar. Sin embargo, no se logró encontrar los fusiles M-16 que fueron utilizados para asesinar a los demás jesuitas y a las dos mujeres.
EL 7 de enero, el Presidente Cristiani anunció en cadena nacional de radio y televisión que la investigación había hallado que la Fuerza Armada era responsable de los asesinatos. También ordenó la detención de 45 miembros del Atlacatl, así como del coronel Benavides y del teniente Mendoza, de la Escuela Militar, para ser interrogados. Al día siguiente, se anunció que una Comisión de Honor de la Fuerza Armada iniciaría la interrogación de los detenidos."
El FBI y la testigo ¿imparciales?"Se ha dado una gran controversia alrededor del testimonio de la Sra. Lucía Barreta de Cerna - la primera testigo en presentar información sobre el asesinato de los jesuitas - y de su tratamiento por parte de quienes la interrogaron.
Resumen de los hechos. En breve, la Sra. de Cerna testimonió que a eso de la 1:00 de la madrugada del 16 de noviembre, el día del asesinato, despertó al oír disparos y vio a 5 hombres, algunos vestidos de uniforme camuflado, de pie frente al portón principal de la residencia de los jesuitas. Oyó otros disparos y la voz del P. Ignacio Martín Baró, quien gritó: "Esta es una injusticia... Ustedes no son más que carroña", no pudo ver los asesinatos directamente, y no pudo identificar los rostros de los hombres que estaban frente al portón ni tampoco las insignias de su uniformes. Los miembros de la Comisión que visitaron El Salvador intentaro reproducir los pasos de la Ser. de Cerna la noche del asesinato, y a nuestro juicio no queda duda de que pudo haber visto y oído lo que dice que vio y oyó aquella noche.
El 23 de noviembre, después de rendir su declaración antes el juez investigador, la Sra. de Cerna y su familia manifestaron su acuerdo con los arreglos hechos por los embajadores de España y Francia para viajar a Miami y quedarse con los jesuitas allí. El embajador Walker, al conocer los arreglos, pidió al embajador de Francia que permitiera la presencia de representantes de la embajada de Estados Unidos y del FBI en el avión militar francés que iba a transportar a la testigo. Según funcionarios de la embajada estadounidense, el objetivo de esta solicitud era "facilitar su entrada a Estados Unidos". No se mencionó a la familia Cerna ni a los jesuitas en San Salvador que los Cerna serían a interrogados en Miami.
Una vez en Miami, los Cerna se encontraron bajo custodia del Departamento de Estado. Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, fueron interrogados largamente por dos agentes, del FBI y por el jefe de la UEI de El Salvador, el teniente coronel Rivas. La única persona a quien se permitió estar presente durante los interrogatorios fue el encargado legal de la embajada de Estados Unidos en San Salvador. A los Cerna no se les preguntó si deseaban tener presente durante los interrogatorios a un abogado, un miembro de la comunidad jesuíta, o alguna otra persona de confianza.
La Sra. de Cerna contó a la Comisión que finalmente cambió su versión porque sintió que los interrogadores no creían su versión original de los hechos. Dijo "Me hipertensión y soy muy nerviosa". Dijo que en cierto momento un agente del FBI se volteó hacia ella, cambió su forma de interrogación y preguntó: "Este Estrada (el nuevo rector de la UCA) ¿es guerrillero o no? "La Sra. de Cerna contestó que no lo era. Sin embargo, dijo que sus interrogadores seguían preguntando las mismas cosas una y otras vez, y "entonces estos hombres me dieron miedo. Ya no tenía confianza. Entonces dije, no señor no sé nada. Ya no me pregunte nada. No sé nada". Finalmente, a la Sra. de Cerna y a su esposo, Jorge Cerna, les fue administrada una serie de pruebas de polígrafo, de las cuales se concluyó que existía engaño de su parte.
La información sobre los interrogatorios llegó rápidamente a El Salvador. El Presidente Cristiani dijo una entrevista de prensa que la Sra. de Cerna había cambiado su versión y que nada había pasado varias pruebas de polígrafo. El Fiscal General emitió una declaración en la cual aseveró que la Sra. de Cerna era ahora "una testigo apoco digna de confianza".
Los miembros de la orden jesuítica y de la jerarquía de la Iglesia Católica de El Salvador se enojaron mucho. Dijeron que se sintiera traicionados y engañados por las acciones del gobierno de Estados Unidos. El 10 de diciembre, el Arzobispo, Monseñor Rivera Damas, acusó públicamente al Departamento de Estados de "lavarle el cerebro" a la Sra. Cerna y de haberla sometido a una "interrogación agresiva y violenta". El 12 de diciembre, el P. José María Trojeira, provincial jesuita para Centroamérica, emitió un comunicado público diciendo: "... En ocasiones hemos sido engañados en aspectos referentes a la investigación. El caso más claro es la manipulación realizada en Estados Unidos en contra de la testigo Lucía Barrera de Cerna.
En efecto, la embajada norteamericana se comprometió a acompañar a la testigo a Miami y entregarla allí a sacerdotes de la Compañía de Jesús. Tal era además el deseo de la testigo. En vez de esto, la testigo fue entregada a policías norteamericanos durante 8 días con el pretexto descuidar su seguridad y sin atender a los deseos manifestados aquí"
En un esfuerzo por llegar a la verdad sobre estas acusaciones, la comisión pidió permiso al FBI para entrevistar a los dos agentes que habían interrogado a los Cerna, y le solicitó al FBI copias de las transcripciones de los interrogatorios. Aunque estas peticiones fueron rechazadas por el FBI, la agencia sí proporcionó una serie de documentos, incluyendo las transcripciones de los interrogatorios, al Subcomité para Derechos Civiles y Constitucionales del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso. Por otra parte, el presidente Moakley de esta Comisión, recibió una copia de una carta fechada el 12 de marzo, dirigida por el director del FBI al presidente de la Conferencia Jesuítica, P. Patrick J. Burns, S.J., en la cual expone la opinión del FBI sobre la interrogación de los Cerna.
La carta dice: "Durante el transcurso de los contactos que sostuvo el FBI con la familia Cerna, ésta fue tratada de manera cordial y profesional... Todas las entrevistas y pruebas de polígrafos fueron consistentes con nuestros procedimientos que rigen las entrevistas directas y fueron conducidas de manera profesional. Durante todas las entrevistas, se tomó mucho cuidado para garantizar que los testigos se sintieran a gusto con el procedimiento de las entrevistas y el ambiente de laoficina... Todas las entrevistas con los testigos se limitaron a las horas de la oficina. por otra parte, durante los fines de semana o durante la hora de almuerzo, miembros del FBI llevaron a la familia Cerna a conocer distintas partes de Miami y a visitar a los jesuitas que conocían. Me siento particularmente preocupado ante las acusaciones de maltrato de los testigos a través de interrogatorios abusivos e incomunicados' por parte de los agentes especiales del FBI. Nuestra investigación concluyó que estas acusaciones no tienen ninguna base en los hechos y contradicen completamente el trato de en los hechos y contradicen completamente el trato verdadero que se les brindó a los Cerna".
El embajador Walker ha afirmado que el objetivo de la interrogación adicional de la Sra. de Cerna en Miami era obtener mayor información que pudiera servir para el proceso legal futuro en torno al caso. La presencia del teniente coronel Rivas, según el embajador, era correcta ya que Rivas era el investigador principal. El embajador Walker sostiene que la Sra. de Cerna fue sometida a las pruebas de polígrafo únicamente después de haber proporcionado 3 versiones distintas de lo que había observado la noche del crimen, pero que el hecho de que la Sra. de Cerna no pasara las pruebas no significa que esté mintiendo. Dijo que la testigo, y que se puede concluir únicamente que no queda claro cuál versión de los hechos que ella proporcionó es la más correcta.
En vista de las declaraciones contradictorias que se han producido y dado que no nos fue permitido revisar las audiocassettes y otros materiales relevantes acerca del trato proporcionado a la familia Cerna, nos es imposible resolver totalmente las discrepancias en las distintas versiones de lo que sucedió en Miami.
Sin embargo, sería razonable creer que la Sra. de Cerna, una mujer de oficio doméstico que padece de hipertensión, con una educación limitada, y sin experiencia en viajes en avión, ni hoteles grandes, ni investigaciones de asesinatos, ni hoteles grandes, ni investigaciones de asesinatos, no del medio sobre lo que observó y lo que no observó. Dado que ella no era una sospechosa del crimen, y dado el carácter espeluznante del asesinato sobre el cual atestiguaba, es preocupante el hecho de que haya sido interrogada durante tiempo, y especialmente el hecho de que junto con su esposo hayan sido sometidos apruebas de polígrafo, todo ello sin que les ofreciera la presencia de un abogado.
La comisión cree también que los funcionarios estadounidenses debieron haber explicado a la Sra. de Cerna y a los jesuitas en San Salvador precisamente qué pensaban hacer en Miami y debieron haber solicitado su cooperación. No existía ninguna razón para pensar que la Sra. de Cerna no estaría dispuesta a cooperar. De hecho, cooperó voluntariamente con las autoridades salvadoreñas y proporcionó una declaración al juez; cumplió con su deber. Un resultado lamentable de esa experiencia es que futuros testigos en éste u otros casos de derechos humanos en El Salvador podrían estar menos dispuestos a presentarse o aceptar las garantías de protección ofrecidas por Estados Unidos.
Aunque la Comisión cree que los funcionarios de Estados Unidos deberían haber actuado con mayor sensibilidad, no podemos concluir que sus acciones fueran abusivas o que constituyeran un plan consciente para desacreditar el testimonio de la Sra. de Cerna. Dado el carácter limitado de lo que la Sra. Cerna pudo ver la noche del asesinato, no habría existido ningún motivo, bajo las circunstancias más cínicas, para que la embajada de Estados Unidos u otras personas más intentaran desacreditar sus declaraciones. El hecho de que la Sra. Cerna nunca aseveró que podía identificar a la unidad militar o los individuos que participaron en el crimen representa una de las ironías de esta controversia."
"Lo hice yo... ¡Ayudame!"Antecedentes - Durante la primera parte de diciembre, existía una relación tensa entre los jesuitas de la UCA y los investigadores de la Fuerza Armada. Esta relación se complicó seriamente a raíz de los sentimientos negativos suscitados por el presunto maltrato de la Sra. de Cerna.
El 19 de diciembre, los investigadores intentaron aliviar la tensiones mediante la realización de una reunión entre dos superiores jesuitas, el P. Tojeira y el P. Estrada y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el coronel Ponce. El coronel Carlos Avilés, un oficial educado por los jesuitas, quien tenía buenas relaciones con éstos y era ex-jefe de la UEI, también participó en la reunión.
Como resultado de dicha reunión, la UEI hizo una presentación ante los jesuitas el 22 de diciembre para informarles sobre los avances de la investigación. Según el teniente coronel Rivas, a raíz de tal presentación surgió un espíritu de plena cooperación entre los jesuitas y el UEI.
Aproximadamente al mismo tiempo, pero antes de la presentación de la UEI ante los jesuitas, ocurrió presuntamente una conversación entre el coronel Avilés y un mayor estadounidense asignado al grupo militar de la embajada de Estados Unidos.
La versión del mayor - La siguiente versión de los hechos está basada principalmente en la declaración jurada del mayor estadounidense, que fue proporcionada al Alto Mando salvadoreño el 3 de enero de 1990, así como en una entrevista sostenida por algunos miembros de esta comisión con el mayor el 22 de marzo. Respetando una petición del Departamento de Defensa de Estados Unidos, no se menciona el nombre del mayor en este documento.
EL coronel Avilés y el mayor trabajan muy de cerca. Su tarea conjunta, entre otras, era la de mejorar la imagen de la Fuerza Armada salvadoreña y desmoralizar a la posición guerrillera. En ambos aspectos, el asesinato de los jesuitas y las subsiguientes sospechas de participación militar representaron un problema serio.
Los dos hablaron frecuentemente del caso. Pero según el mayor, alrededor del 20 de diciembre el coronel Avilés dijo algo que iba mucho más allá de sus conversaciones previas.
Según el mayor, el coronel Avilés les contó que tenía algo qué decir que debería ser utilizado, según sus palabras, sólo " en caso de emergencia". El mayor entendió por esto que la información debía utilizarse si algo le pasara al coronel Avilés y si la investigación no procedía como debía.
El coronel Avilés dijo que su información estaba basada en una conversación que sostuvo con el coronel López y López, quien era amigo suyo y - al igual que el coronel Avilés - ex-jefe de la UEI. A principios de diciembre, el coronel López y López había sido asignado como ayudante al teniente coronel Rivas en el caso de los jesuitas.
Según el coronel Avilés, el coronel Benavides se había acercado al teniente coronel Rivas al inicio de la investigación y le dijo algo como "Lo hice yo... ¿Qué podes hacer para ayudarme?... ¿Qué podemos hacer sobre esto?".
El mayor estadounidense le preguntó al coronel Avilés: "¿Qué quieres decir? ¿Fue Benavides quien asesinó a los jesuitas?".
La respuesta fue que no, que un grupo de operaciones especiales del batallón Atlacatl, dirigido por un teniente, había cometido el hecho. Pero el mayor entendió que el coronel Avilés estaba diciendo que el teniente había actuado bajo órdenes del coronel Benavides.
El mayor preguntó: "¿Quién más lo sabe? ¿Ponce? El coronel Avilés dijo que no lo sabía. Creía que el coronel Ponce había sido enterado por parte del teniente coronel Rivas o del Coronel López y López, pero no estaba seguro. El mayor preguntó por qué no se había arrestado a nadie. La respuesta fue que el coronel Benavides no podía ser arrestado hasta completarse la investigación.
Según el coronel Avilés, el director de la UEI, teniente coronel Rivas, quedó asustado después de su conversación con el coronel Benavides. Por lo tanto, el paso de la investigación se hizo más lentos, lo cual provocó que el coronel López y López entablara una conversación con el teniente coronel Rivas, durante la cual Rivas mencionó su discusión con el coronel Benavides. El coronel López y López posteriormente transmitió esta información al coronel Avilés, quien se lo contó al mayor estadounidense.
Durante los siguientes diez días, el mayor transmitió la parte más importante de lo que sabía a dos individuos, estipulando , de la misma manera que Avilés le había transmitido la información, que se utilizara sólo "en caso de emergencia". Pero no dijo nada a sus superiores de la embajada.
Según el mayor, existieron tres razones por las cuales no presentó su información inmediatamente. En primer lugar, sentía una lealtad fuerte hacia el coronel Avilés, quien había solicitado su discreción. En segundo lugar, creía que las autoridades salvadoreñas estaban comprometidas en encontrar y enjuiciar a los responsables del crimen. Quienes estaban a cargo de la investigación ya tenían la información, entonces era posible que no existiera ninguna necesidad de contársela a alguien más. Los salvadoreños tenían la responsabilidad de darle seguimiento a esa información, y el mayor creía que lo harían . Finalmente, sentía que sería mayor para la Fuerza Armada salvadoreña si quedaba claro que los salvadoreños había solucionado el caso ellos mismos.
Según el mayor, él y el coronel Avilés seguían hablando sobre el caso. Al mayor se le dijo que la investigación iba bien; que un teniente del Atlacatl estaba ateniendo problemas con sus pruebas de polígrafo y que continuamente presentaba excusas para no someterse a ellas; que los cartuchos encontrados en el lugar de los hechos empezaban a corresponder con los proyectiles utilizados por las armas que pertenecían al Atlacatl; y que existían algunas discrepancias en otras declaraciones de dadas por algunos miembros de la unidad de comando.
A pesar de esto, el mayor se sentía preocupado por el hecho de que no se había producido ningún arresto en el caso. Le molestó el hecho de que durante la presentación hecha el 22 de diciembre por la UEI ante los jesuitas, a éstos no se les dijo nada sobre la conversación, y el coronel Avilés le volvió a contestar que no lo sabía.
El 2 de enero, el mayor finalmente confió a su superior inmediato, el coronel William Hunter, su conversión con el coronel Avilés. El coronel Hunter inmediatamente lo fue a contar al jefe del grupo militar estadounidense, el coronel Milton Menjívar.
Sin notificar ni al embajador ni al subdirector de la misión estadounidense en San Salvador, el coronel Menjívar , junto con un funcionario político de la embajada, fue directamente a la oficina del coronel Ponce en el Estado Mayor. Según el coronel Menjívar, el coronel Ponce primero se mostró escéptico, luego decepcionado, y finalmente furioso. Pidió al coronel Menjívar la identidad de la fuente, y el coronel Menjívar le contó la conversación sostenida entre el coronel Avilés y el mayor estadounidense.
El coronel Avilés y el mayor fueron convocados, y se sostuvo una reunión en la oficina del coronel Ponce. Durante la reunión, el coronel Ponce presentó un resumen de las declaraciones relevantes y le pidió una respuesta al coronel Avilés. Este admitió haber discutido el caso con el mayor, pero negó haberle dicho algo sobre una pregunta conversación entre el coronel Benavides y el teniente coronel Rivas. En cierto momento, el coronel Avilés dijo:"Si yo hubiera sabido esto, ¿por qué habría arriesgado mi carrera contándoselo al mayor?".
El mayor volvió a dar su versión, después de lo cual el coronel Ponce dio por terminada la reunión.
Al día siguiente, el coronel Menjívar hizo una presentación ante el Alto Mando sobre las acusaciones, y el subdirector de la misión estadounidense, Jeffrey Dietrich, hizo lo mismo ante el presidente Cristiani. El mayor estadounidense hizo una declaración jurada por escrito, la cual fue presentada, junto con una carta del coronel Menjívar, al Ministro de Defensa Larios y el Alto Mando.
Ese mismo día, un funcionario de la embajada de Estados Unidos informó al teniente coronel Rivas desmintió haber sostenido cualquier conversación con el coronel Benavides en la cual éste hubiera admitido su culpabilidad, y volvió a desmentirlo posteriormente ante los miembros de esta Comisión. El coronel López y López también desmintió haber sostenido con el teniente coronel Rivas o con el coronel Avilés ninguna conversación del carácter mencionado en las declaraciones del mayor estadounidense.
El 5 de enero, el mayor se sometió a una prueba de polígrafo administrada por el FBI. Aproximadamente por el mismo tiempo, el coronel Avilés se sometió a una prueba de polígrafo administrada por las autoridades salvadoreñas. Los resultados manifiestan cierto grado de decepción en ambos casos.
El 6 de enero, el mayor partió para Estados Unidos, donde se ha sometido a pruebas adicionales. La comisión tiene entendido que estas pruebas no han resuelto las inquietudes producidas por la primera prueba de polígrafo.
Al día siguiente, el Presidente Cristiani anunció que la investigación había concluido y que la Fuerza Armada era responsable de los hecho. EL coronel Benavides y los demás acusados fueron detenidos poco después de estas declaraciones.
La versión del coronel Avilés. Esta Comisión no tuvo oportunidad de discutir este asunto con el coronel Avilés hasta el 20 de abril, durante una visita hecha por personal de apoyo de la Comisión a San Salvador. En esta fecha, el coronel Avilés calificó todo el incidente como una "pesadilla" que ha tenido repercusiones graves en su familia y en su carrera profesionales. Dijo que se sentía escandalizado ante las afirmaciones hechas por el mayor estadounidense, y que la única información que había brindado el mayor sobre el caso era que la investigación se había enfocado en el FMLN, la Fuerza Armada y un escuadrón de la muerte derechista como posible culpable. Lamentó que el asunto se haya "politizado", y dijo que temía que la mayoría de los estadounidenses seguramente iba a creer en la palabra de un oficial a estadounidense ante que en la de salvadoreño.
Cuando se le preguntó por qué motivo el mayor estadounidense hubiera querido inventarse semejante historia, el coronel Avilés respondió: "Me gustaría tener una bola de cristal que me ayudara a conocer la respuesta.
Tanto el coronel Avilés como otros altos oficiales militares salvadoreños con quienes se entrevistó la Comisión, desmintieron las versiones públicas en el sentido de que el coronel Avilés había sido "arrestado" o "detenido" como resultado del incidente.
- El teniente coronel Rivas, jefe del UEI, sabía desde las primeras etapas de la investigación que el coronel Benavides y el batallón Atlcatl había participado en el asesinato;
- El coronel Benavides, un alto oficial militar del mismo rango y tanda que los dirigentes de la Fuerza Armada salvadoreña , se acercó al teniente coronel Rivas poco después del crimen buscando garantías de protección;
- Los investigadores, el teniente coronel Rivas y el coronel López y López, así como el ex-investigador coronel Avilés , pudieron haber duda si tenían el apoyo suficiente dentro de la Fuerza Armada y el gobierno salvadoreño para acusar al coronel Benavides;
- A pesar de estas dudas, los investigadores continuaron recabando pruebas que tendían cada día más a implicar a la unidad de comando del batallón Atlacatl;
- El teniente coronel Rivas constituye quizá el testigo más importante en el caso contra el coronel Benavides;
- Dada la cronología de los eventos, no queda claro si la investigación hubiera sido resuelta si el mayor estadounidense no se hubiera presentado con la información.
Esta Comisión cree que el mayor estadounidense está diciendo la verdad. simplemente no es verosímil imaginar que se hubiera inventado un cuento que por casualidad resultaba ser correcto acerca de identidad de los responsables del crimen. Esta premisa se fundamenta en el hecho de que, al presentarse casi dos semanas después del incidente, se dejaba vulnerable a críticas posiblemente serias. Por otro lado, el mayor ni siquiera conocía al coronel Benavides, al coronel López y López o al teniente coronel Rivas, y no tenía ningún motivo personal ni profesional para involucrarlos. Adicionalmente, no existe ninguna prueba en sus declaraciones que contradiga los hechos desconocidos por otras vías.
Al aceptar al validez de la versión del mayor estadounidense, esta Comisión concluye que es probable que lo que el mayor afirma que le contó el coronel Avilés también sea cierto Encontramos poco probable que el coronel Avilés pudiera haber nombrado al coronel Benavides como el culpable si no hubiera tenido conocimiento de la presunta "confesión" del coronel Benavides ante el teniente coronel Rivas.
Tampoco existe ningún motivo por parte del coronel Avilés para haber hecho una afirmación con tanto potencial de riesgo si no tuviera fundamento en la verdad. por otra parte, aun si el coronel Avilés tuviera conocimiento de información que inculpaba directamente al coronel Benavides, ¿por qué inventarse una versión tan complicada?
El coronel Avilés fue educado por los jesuitas y fue el individuo seleccionado para ayudar a conseguir la cooperación de los jesuitas con la investigación. A pesar de sus desmentidos, la Comisión cree que es posible que su preocupación por la posibilidad de un encubrimiento, junto con el peso de lo que sabía, hizo que el coronel Avilés transmitiera la información al mayor estadounidense para ser utilizada "sólo en caso de emergencia".
La evidencia proporcional por las pruebas de polígrafo administrada al mayor estadounidense y al coronel Avilés es totalmente no concluyente. A la Comisión le preocupa el hecho de que, a pesar de la clara importancia de esta incidente, no se haya hecho ningún esfuerzo más allá de las pruebas de polígrafo para descubrir la verdad. El teniente coronel Rivas dijo a la Comisión que no se sometería a una prueba de polígrafo porque está a cargo de la investigación y dicha prueba pondría en entredicho su honor. El coronel López y López dijo simplemente que tal prueba no sería concluyente aunque se sometiera a ella.
Existen dos interrogantes finales, acerca de las cuales la Comisión no puede llegar a ninguna conclusión. En primer lugar, ¿por qué el coronel Benavides habría confesado su culpabilidad ante el teniente coronel Rivas, si es que lo hizo? Fuentes en El Salvador han dicho a la Comisión, pero estas afirmaciones no se han podido confirmar, que el coronel Benavides no tardó en darse cuenta después de asesinato de que su implicación no era ningún secreto dentro de la Fuerza Armada. En todo caso, pudo haber creído que su participación en el crimen no se podría ocultar a los altos oficiales del ejército. Si esto es cierto, habría sido lógico buscar garantías de parte del teniente coronel Rivas o de otro oficial de alto rango de que en todo caso sería protegido de cualquier investigación. Y el hecho es que no se formuló ninguna acusación contra el coronel ni contra la unidad a su cargo hasta después de las declaraciones del mayor estadounidense.
En segundo lugar, ¿hubiera sido detenido el coronel Benavides y los demás acusados si la presunta confesión del coronel no hubiera sido presentada tan directamente por los oficiales estadounidenses a la Fuerza Armada salvadoreña?
Queda claro que la investigación llevada a cabo por la UEI había producido alguna evidencia contra la unidad del batallón Atlacatl antes de los arrestos. En diciembre, la UEI había obtenido el cuaderno de operaciones del coronel Benavides, en el cual se anotó que había ocurrido un enfrentamiento en la UCA la noche del asesinato. Sin embargo, la UEI no reveló este hecho a nadie hasta después de los arrestos, no lo citó como prueba al momento de los arrestos, y nunca cuestionó al coronel Benavides acerca del hecho. La evidencia más contundente mencionada al momento de los arrestos fue la proporcionada por las pruebas balísticas. Sin embargo, los resultados de las pruebas estuvieron disponibles antes de el 15 de enero, esto es, tres días después de haberse presentado el mayor estadounidense con la información.
Aunque la cuestión de si los arrestos habrían tenido lugar si el mayor no hubiera llegado con la información es extremadamente importante, la Comisión no puede llegar a ninguna conclusión al respecto. Al parecer, tampoco aquéllos más directamente implicados en este asunto, esto es, los responsables de la UEI, no están seguros de qué habrían respondido a tal cuestión si la conversión entre el coronel Avilés y el mayor no hubiera tenido lugar."
Después de los arrestos: conclusiones provisionalesLa Comisión de Honor - El presidente Cristiani anunció el 6 de enero que la Fuerza Armada había participado en el crimen. Ese mismo día, nombró una Comisión de Honor de la Fuerza Armada para revisar la evidencia sobre el caso. La Comisión de Honor fue integrada por cinco oficiales salvadoreños de distintos, rangos, encabezada por el general Rafael Antonio Villamariona, comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
EL 7 de enero, al UEI presentó a la Comisión de Honor la evidencia que había recabado en el caso. El 13 de enero, el Presidente Cristiani anunció que se habían formulado cargos en contra de nueve soldados acusados de haber participado en la masacre. No queda claro qué sucedió entre el 7 y el 13 de enero.
Según la cronología de los eventos que fue entregado a la Comisión por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la declaración del Presidente Cristiani se basó en las conclusiones de la Comisión de Honor. El director de la UEI, teniente coronel Rivas, aseveró también que la Comisión de Honor había interrogado a soldados del batallón Atlacatl y que había obtenido confesiones de ellos. Sin embargo, el general Villamariona dijo a esta Comisión que la Comisión de Honor no había obtenido confesiones. Otro miembro de la Comisión de Honor, el coronel Dionisio Machuca, dijo que la comisión de Honor ni siquiera interrogó a los soldados que habían sido detenidos, sino que trató de "motivar a los soldados para que dijeran la verdad".
Los funcionarios salvadoreños y estadounidense s con quienes nos entrevistamos no pudieron explicar cómo el Presidente Cristiani pudo haber anunciado los nombres de las personas acusadas del crimen si los nombres no le hubieran sido brindados por la Comisión de Honor; sin embargo, ésta niega haberlo hecho.
Tampoco queda claro de qué manera los soldados actualmente acusados de la masacre habían sido "motivados" para administrar su participación a través de declaraciones detalladas rendidas en el cuartel de la Policía Nacional el 13 y 14 de enero, inmediatamente después de concluirse la labor de la Comisión de Honor.
No existe ningún registro de ningún tipo acerca de los procedimientos de la Comisión de Honor. Dada la confusión que existe en torno al papel de ésta, el juez Zamora presumiblemente pedirá a sus miembros que presenten y brinden su testimonio en el caso.
La recolección de la evidencia. Las personas arrestadas como resultado de las declaraciones rendidas en el cuartel de la policía Nacional entre el 13 y 14 de enero fueron: el coronel Benavides; los tenientes Espinoza y Cerritos, del batallón Atlacatl; el teniente Mendoza, de la Escuela Militar; y cinco soldados, incluyendo al desertor, Sierra Ascencio.
El 16 de enero, los acusados comparecieron ante el juez Ricardo Zamora para rendir sus declaraciones formales en el caso. El coronel Benavides, acompañado del director de la Guardia Nacional, coronel Juan Carlos Carrillo Schlenker, rindió una declaración de más de dos horas y presuntamente negó todos los cargos.
El 19, el juez Zamora anunció que existían suficientes pruebas para detener de forma provisional a todos los acusados para la siguiente etapa del proceso judicial, conocida como la "etapa investigativa", en la cual se encuentran el caso en este momento.
Durante la etapa investigativa, el juez trata de recabar pruebas para determinar la necesidad de un juicio público. Según los procedimientos judiciales salvadoreños, la etapa investigativa está programada para durar un máximo de 120 días a partir de la detención provisional de los acusados, la cual en este caso se efectuó el 19 de enero. Después de 120 días el debe decidir si el caso se lleva a juicio o se pone en libertad a los detenidos. En la práctica, la etapa investigativa frecuentemente excede los 120 días, y los detenidos guardan prisión hasta que el juez decide sobre el juicio. Por lo tanto, no existe un plazo efectivo dentro del cual debe tomarse una decisión sobre la realización del juicio en el caso de los jesuitas.
A estas alturas, el juez Ricardo Zamora está dirigiendo la investigación del asesinato de los jesuitas, y se ha informado que está entrevistando a unos dos o tres testigos (de una lista de 180) al día. Además de entrevistar a los testigos, el juez tiene el poder de solicitar mayor asistencia investigativa de la UEI y de otros elementos de las fuerzas de seguridad. Para que este sistema funcione adecuadamente, se requiere un alto grado de cooperación entre el juez y quienes tienen capacidad investigativa. Lamentablemente, en este caso no se ha concretizado dicho alto grado de cooperación.
Desde que se efectuaron las detenciones en enero, el juez y el director de la UEI, teniente coronel Rivas, se han reunido una sola vez (a finales de marzo); y dicha reunión fue arreglada por la embajada de Estados unidos. Según el teniente coronel Rivas, al final de la reunión el juez Zamora prometió presentar solicitudes adicionales de información. Hasta la fecha, esto no se ha dado.
Durante los últimos tres meses, la UEI ha emprendido únicamente dos iniciativas con respecto al caso de los jesuitas. A raíz de presiones ejercidas por un senador estadounidense, la UEI está intentando interrogar a las personas que participaron en una reunión de inteligencia militar a las 7:30 de la mañana siguiente al asesinato. Y, a petición del juez, la UEI ha solicitado a la Escuela Militar su cuaderno de control de vehículos en la noche de la masacre. El proceso de interrogación de los asistentes a dicha reunión de inteligencia acaba de iniciarse; los cuadernos de control de vehículos han desaparecido.
Mientras tanto, ni la UEI ni el juez han tomado ninguna acción a raíz de las numerosas sugerencia hechas por la embajada de Estados Unidos y por otros en torno a la interrogación de ciertos individuos en el caso. Por ejemplo, se ha sugerido la interrogación de: 1) individuos que pudieron haber hablado con el coronel Benavides y los demás acusados sobre sus posible participación en la masacre; y 2) oficiales asignados a la Escuela Militar en la noche del 15 al 16 de noviembre, incluyendo a su subdirector, el teniente coronel Camilo Hernández, sobre cualquier información que pudieran poseer sobre los eventos que ocurrieron en la Escuela Militar antes, durante y después de la masacre."
Los problemas que enfrenta la parte acusadoraa. Testimonio de un cómplice - El 21 de marzo, el Presidente Cristiani declaró en una entrevista que no estaba seguro de que el coronel Benavides fuera condenado, y agregó: "Sería triste si lo ponen en libertad porque creo que es culpable en base a la investigación",
Las razones del escepticismo del Presidente Cristiani se puede encontrar en varias características del sistema judicial salvadoreño. Una de las normas de evidencia en El Salvador es que el testimonio de un cómplice no se puede admitir como pureza en contra de otra persona acusada del mismo delito. Esta norma, que ha obstaculizado los procedimientos penales en una serie de casos importantes de derechos humanos que involucraban a elementos militares, no admite el testimonio de un soldado que pudo haber cometido un asesinato para inculpar a quienes le ordenaron hacerlo.
La prohibición del testimonio de un cómplice en el derecho latinoamericano tiene sus orígenes en el deseo de impedir el testimonio "prejuiciado" en la corte, o sea, el testimonio de personas que pudieran ser favorecidas o perjudicadas por el resultado del juicio. Actualmente, la mayoría de los sistemas judiciales latinoamericanos permiten al juez por lo menos alguna flexibilidad en determinar la administración del testimonio de un cómplice, pero éste no es el caso en El Salvador.
En 1986, la Asamblea Legislativa modificó este artículo procesal relativo al testimonio de los cómplices en algunos delitos especiales. En esta ocasión se inicia el proceso judicial en un caso en el cual se acusaba a elementos militares y paramilitares de la derecha de haber secuestrado a civiles adinerados para obtener rescates, haciendo aparecer los secuestros como obra del FMLN. El desarrollo del proceso judicial gozaba del respaldo de algunas de las personas más acomodadas de El Salvador, pero el caso había queda paralizado porque no se admitía el testimonio de un cómplice únicamente en casos de extorsión, narcotráfico y secuestro. Los caso de asesinato y otros delitos ominosos no fueron incluidos en la ley. A pesar de esta reforma, el caso de los secuestros no ha llegado a juicio y, en esta última semana, el juez sobreseyó a todos los imputados, con la excepción de los dos principales acusados.
La parte acusadora en el caso de los jesuitas tendrá que resolver el problema de si existen las pruebas suficientes, aparte de las aportadas por sus cómplices, para que el coronel Benavides llegue a juicio. Actualmente, la evidencia admisible contra el coronel Benavides parece ser circunstancial y consiste únicamente en los hechos siguientes: que él comandaba las tropas destacadas en el sector donde fueron asesinados los jesuitas, que algunos elementos de dicha tropa han confesado haber cometido la masacre, y que existen pruebas materiales que vinculan a estos soldados con el crimen.
El Fiscal General de El Salvador, Dr, Mauricio Eduardo Colorado, dijo a la Comisión que, en su opinión, las pruebas actualmente disponibles no son suficientes para condenar al coronel Benavides. Sin embargo, Viceministro de la Presidencia, Ernesto Altschul, instó a que o concluyéramos que el coronel Benavides sería puesto en libertad por falta de pruebas.
Es posible que el juez Zamora o la UEI puedan descubrir otras pruebas que impliquen al coronel Benavides. En caso contrario, algunos sugieren que se retiren los cargos en contra de uno de los acusados para utilizar su testimonio para forjar una acusación más sólida contra el coronel.
En Estados Unidos, es posible retirar los cargos incluso contra alguien del nivel de Benavides si éste presentara pruebas contundentes de que sus superiores le ordenaron cometer la masacre. Sin embargo, en El Salvador no existe una tradición de este tipo de trato o inmunidad, pero sí existe un precedente par retirar los cargos contra individuos con el nivel mínimo de culpabilidad a cambio de su testimonio en contra de los más culpables. Una opción posible para el juez en este caso podría ser el sobreseimiento, a cambio de su testimonio, de uno de los tres tenientes presentes cuando el coronel Benavides presuntamente dio la orden de la masacre, con tal de que el teniente en cuestión no haya asesinado directamente u ordenado el asesinato de cualquiera de las víctimas.
b. Jurisdicción - Otro posible problema para la parte acusador, sobre todo debido a la demora que causaría, es un recurso presentado por los abogados defensores para trasladar el juicio a un juzgado de Santa Tecla, en cuya jurisdicción se encuentra la UCA. La defensa sostiene que el juzgado actual no tiene jurisdicción porque el juzgado actual no tiene jurisdicción porque el crimen fue cometido en Santa Tecla y no en San Salvador.
A petición del juez Zamora, el Fiscal General Colorado presentó una opinión sobre el recurso, en la cual determinó que el traslado de caso era justificable bajo la ley. A finales de abril, el juez Zamora emitió un dictamen en el cual expresó su desacuerdo con el Fiscal General. Sin embargo, el dictamen del juez Zamora sigue sujeto a una posible apelación ante la Corte suprema de justicia.
Discusión y Conclusiones. Esta Comisión ha llegado a tres conclusiones principales sobre las más recientes etapas de la investigación con relación a los acusados.
En primer lugar, la Comisión espera que el Presidente Cristiani, la Fuerza Armada y el juez Zamora se esfuercen para esclarecer el misterio que rodea las acciones de la Comisión de Honor militar durante la semanas del 7 al 13 de enero. Este período crucial de sospechosos de 45 miembros del batallón Atlacatl más de dos oficiales de la Escuela Militar, a los nueve que fueron detenidos. Toda la información proporcionada a la Comisión de Honor por cualquier soldado involucrado debería estar a la disposición del juez. Al contrario, en este momento no existe ningún registro de las acciones de la Comisión de Honor, y ésta no admite haber recabado ninguna información. Esta afirmación no se pude creer, y en el contexto de una investigación seria es inaceptable.
En segundo lugar, esta Comisión espera que los investigadores, incluyendo tanto el juez como a la UEI, empiecen a trabajar más de cerca y busque activamente nuevas pruebas en contra de los detenidos, incluyendo al coronel Benavides. Dados los obstáculos legales producidos por la inadmisibilidad del testimonio de un cómplice, se requiere un esfuerzo permanente para encontrar pruebas adicionales si se quiere hacer justicia.
Finalmente, esta Comisión espera que los investigadores y acusador en este caso se aprovecharán de cualquier opción existente dentro del Código Penal salvadoreño que les permita formular cargos sólidos contra el coronel Benavides, el oficial de más alto rango acusado en este momento. Específicamente, esto significa considerar el sobreseimiento de uno de los tenientes a cambio de su testimonio en contra del coronel."
¿Hubo otros involucrados?
La investigación avanza"Desde el día de los asesinatos, los superiores jesuitas y otras personas han expresado sus dudas de que un crimen de tal gravedad pudiera haber sido cometido sin el conocimiento y consentimiento de altos oficiales de la Fuerza Armada. El alto Mando, por su parte, ha negado haber ordenado, consentido o encubierto la masacre. Esta Comisión se encuentra sumamente preocupada por falta de esfuerzo serio por parte de los investigadores par determinar si los hechos demuestran la posible participación de elementos militares de más alto nivel."
La necesidad de una investigación más profunda: cuestiones específicas."No habría surgido la necesidad de considerar la posible participación de elementos militares de más alto nivel si hubiera quedado claro, en base a los hechos ya establecidos, por qué, cómo y por quiénes fue tomada la decisión de asesinar a los jesuitas. Sin embargo, en este caso ello no queda claro. Desde el inicio de la investigación ha surgido una serie de cuestiones en torno a esta interrogante, pero éstas no han sido investigadas seriamente. A continuación discutimos algunas de estas cuestiones.
a.- La reunión de Alto Mando - Como lo hemos mencionado anteriormente, una reunión del Alto Mando, a la cual asistió el coronel Benavides, tuvo lugar a partir de las 7:30 pm de la noche del 15 de noviembre.
Según las versiones de algunos de los oficiales que estuvieron presentes en la reunión y con quienes nos entrevistamos, durante la misma no se mencionó el asunto de los jesuitas. Las autoridades salvadoreñas sostienen que, en todo caso, la reunión fue tan grande que es improbable que en ella se tomará o anunciara la decisión de asesinar a los jesuitas. Por otra parte, uno de los asistentes, el coronel Heriberto Hernández, entonces director de la Policía de Hacienda, se sometió posteriormente a una prueba de polígrafo en la cual se le preguntó acerca de una orden para asesinar a los jesuitas y - según funcionarios estadounidenses - no demostró ninguna decepción al negar cualquier conocimiento de tal orden.
A pesar de esto, la Comisión opina que una reunión inmediatamente previa a los asesinatos, que contó con la participación del individuo acusado de haberlos ordenado, tiene una clara importancia para la investigación. Hasta la fecha, ninguno de los participantes en la reunión ha sido obligado a rendir una declaración formal acerca de la reunión ni acerca de cualquier conversación que pudiera haber sostenido con el coronel Benavides antes o después de la misma.
Con relación a esto, la Comisión observa que el coronel retirado Sigifredo Ochoa, alto dirigente del partido ARENA, ha firmado públicamente que una segunda participación del Alto Mando, el coronel Banavides y otras personas con directa responsabilidad operativa en San Salvador. Ni el coronel Ochoa, ni quienes presuntamente participaron en tal reunión, han sido interrogados por los investigadores.
b. La llamada por radio - Presuntamente, el teniente Espinoza fue nombrado por el coronel Benavides par dirigir la operación contra la UCA. Según su propio testimonio, el teniente recibió una orden por radio a las 10:15 pm en el la noche de los asesinatos para reunir a sus tropas en la Escuela Militar. El teniente Espinoza no identificó la fuente de la orden. Esto significa que la llamada por radio fue emitida o bien por el coronel Benavides mientras participaba en la reunión del Alto Mando, ¿lo habrá hecho con el conocimiento o bajo órdenes de otras personas? Si alguien que no fue el coronel Benavides hizo la llamada, ¿quién fue y por qué el teniente Espinoza obedeció las instrucciones.
Hasta la fecha, ni la UEI ni el juez han hecho ningún esfuerzo por investigar esta llamada por radio ni por identificar a la persona que habría hecho.
c. La unidad del batallón Atlacatl -Lla unidad de comando del batallón Atlacatl es una de las unidades mejor entrenadas y más experimentadas de la Fuerza Armada de El Salvador. Hay que preguntar por qué esta unidad fue asignada al Escuela Militar cuando el batallón se encontraba involucrado en fuertes combates contra el FMLN en otras partes de la ciudad. En este contexto, vale la pena mencionar que la primera acción emprendida protesta unidad después de ser asignada a la Escuela Militar la tarde del 13 de noviembre fue el cateo de la UCA. La última acción que realizó, antes de reincorporarse al resto del batallón Atlacatl a eso de las 6:00 am del 16 de enero, fue el asesinato de los jesuitas.
Hasta la fecha, los investigadores no han interrogado a los miembros del Alto Mando sobre quién asignó y reasignó a la unidad y por qué.
d. La inteligencia militar y el cateo de la UCA el 13 de noviembre - La misma unidad acusada de haber cometido el asesinato cateo de la UCA el 13 de noviembre, menos de tres días antes de cometerse la masacre. La UEI tomó declaraciones detalladas a los miembros de la unidad sobre dicho cateo. A pesar de esto ,en ninguna de las declaraciones se mencionó la presencia en el cateo de un oficial de inteligencia llamado teniente Héctor Ulises Cuenca Ocampo. Según las declaraciones posteriores rendidas por el teniente Espinoza, del batallón Atlacatl, su unidad estaba a punto de entrar al campus de la UCA el 13 de noviembre cuando recibió una llamada por radio del teniente Cuenca Campo, quien le pidió que aguardara hasta su llegada. El teniente Espinoza cumplió con la orden.
Hasta la fecha, los investigadores no han tratado de establecer cómo ni por qué la inteligencia militar se involucró en el cateo de la UCSA, si se rindió un informe del cateo, o si alguna acción fue ordenada como consecuencia del cateo. Ni siquiera se ha interrogado al teniente Cuenca Ocampo.
e. Reacción de la Fuerza Armada - Casi inmediatamente después del descubrimiento de los cadáveres, la Fuerza Armadas emitió un comunicado oficial en el cual condenaba el "asesinato alevoso cometido por la guerrilla del FMLN". Un comunicado similar fue emitido al día siguiente.
Los investigadores no han hecho ninguna esfuerzo por determinar si estos comunicados representaron simplemente una reacción automática ante la masacre por parte de los encargados de la propaganda militar, o si formaron parte de un esfuerzo planificado, que comenzó torpemente en el lugar de los hechos, para neutralizar a los jesuitas y a la vez abrirse espacio publicitario al culpar de los hechos al FMLN."
Las necesidades de una investigación más profunda: cuestiones generales"Hay otros factores que aumentan la necesidad de investigar cuestiones tales como la arriba mencionada. Estos incluyen el carácter del crimen cometido, la historia de tensiones entre los jesuitas y varios miembros de la Fuerza Armada, el historial del coronel Benavides, y de la manera en que fue conducida la operación que presuntamente culminó en la masacre.
a. El carácter del crimen - El asesinato de los padres jesuitas fue un crimen de importancia trascendental a nivel nacional e internacional. A todas las personas con quienes hablamos y que conocían al coronel Benavides, la posibilidad de que éste concibiera y ejecutara una operación de tal magnitud y brutalidad les pareció sumamente remota. A diferencia de varios otros oficiales de alto rango, el coronel Benavides no tenia ningún historial de involucramiento político; nunca había sido acusado de violaciones a los derechos humanos; no se sabía de ningún pronunciamiento público suyo en que criticara a los jesuitas ni de ninguna circunstancia en que se apartó de la cadena de mando en el cumplimiento de sus responsabilidades militares.
El coronel Benavides es miembro de la "tandona" la poderosa promoción de 1966 de la Escuela Militar. Es compañero de promoción del jefe del Estado Mayor, Ponce; del Viceministro de Defensa, Zepeda; y del entonces jefe de operaciones, coronel Cerna Flores, quienes ocupaban posiciones superiores a la suya en el momento de la masacre. Benavides había trabajado de cerca con estas personas durante toda su vida profesional. Aun si hubiese considerado ordenar a tropas bajo su mando que asesinaran a los jesuitas, habría sido consistente con la tradición militar salvadoreña y con su propio historial el haberse comunicado previamente con sus superiores para determinar si las valoraciones de éstos coincidían con las suyas. ¿Por qué arriesgar su carrera al emprender una acción que probablemente haría recaer por lo menos graves sospechas sobre la Fuerza Armada como institución?
Cuando la Comisión les planteó estas preguntas, ni el coronel Ponce ni el coronel Zepeda pudieron dar una respuesta, sino que ambos expresaron sentir la misma perplejidad de la Comisión en torno a las posibles motivaciones del coronel Benavides. Sin embargo, sostuvieron que ellos mismos podían comprender las repercusiones negativas que hubiera provocado el asesinato de los jesuitas y que por esa razón nunca lo habrían ordenado ni habrían consentido en semejante crimen.
Los funcionarios estadounidenses y salvadoreños entrevistados por la comisión han plateado tres teorías, el coronel Benavides habría estados sometido a una fuerte situación de `stress' como resultado de una grave enfermedad que padecía su hijo y que se manifestó poco después del inicio de la ofensiva guerrillera. Quienes sostienen esta teoría sugieren que de alguna manera el coronel Benavides habría atribuido la enfermedad de su hijo a la ofensiva, y que, por lo tanto, habría guardado un resentimiento personal contra la guerrilla.
La segunda teoría, la cual no es excluyente con la primera, es que el coronel Benavides habría interpretado equivocadamente un exhortación general de sus superiores a "golpear fuerte contra los centros de comando de la guerrilla" como una orden de asesinar a los jesuitas. Un oficial del ejército nos dijo que "aunque Benavides no tenía ningún `centro de comando' en su sector, sí tenía a la UCA, y para algunos ésa era la mismas cosas".
Finalmente, el coronel Zepeda, entre otros, sugirió que el coronel Benavides habría actuado en base a presiones que recibía por parte de los oficiales jóvenes bajo su mando.
Hasta la fecha, el coronel Benavides no ha ofrecido ninguna información que pudiese comprobar o desmentir las teorías y sospechas planteadas. La Comisión opina que las dudas sobre sus motivos en el caso proporcionan una razón más para investigar la posible participación de otros militares de alto rango."
b. Historia de hostilidad militar hacia los jesuitas - Ya se ha mencionado el hecho de que durante mucho tiempo, elementos de la Fuerza Armada han sostenido que los jesuitas estaban ayudando a la guerrilla. El coronel Zepeda, entre otros ha hecho declaraciones a este respecto. A través de la cadena nacional de radio, poco después de iniciarse la ofensiva el 11 de noviembre, se difundieron amenazas contra el P. Ellacuría y contra otros destacados jesuitas. Hubo un incidente en la UCA esa misma noche en el cual la Fuerza Armada persiguió a elementos del FMLN por el campus universitario. Dos días después, la Fuerza Armada informó que habían salido disparos desde las instalaciones universitarias y realizó un cateo. Gran cantidad de unidades militares fueron desplegadas alrededor de la UCA durante todo el período en cuestión.
Según todas las versiones, a la altura del 15 de noviembre, la Fuerza Armada se encontraban seriamente preocupada por la posibilidad de éxito de la ofensiva guerrillera. La decisión tomada durante la reunión del Alto Mando esa noche fue golpear fuerte contra los centros de comando guerrilleros con fuego aéreo. Algunos observadores han insinuado que la furia y desesperación de la Fuerza Armada había llegado a tal nivel que los cálculos políticos racionales habían sido reemplazados por el simple deseo de devolver el golpe. La Comisión opina que esta posibilidad debe ser explorada a fondo por los investigadores.
c. La conducción de la operación - El coronel Benavides y sus tropas aparentemente hicieron un esfuerzo torpe por culpar a la guerrilla de los asesinatos. A uno de los soldados seleccionados para apretar el gatillo le fue entregado un fusil AK-47 del tipo frecuentemente utilizado por la guerrilla. Se hizo un simulacro de enfrentamiento en el lugar de los hechos. Un rótulo fue dejado
presuntamente escrito por el FMLN. El coronel Benavides escribió en su cuaderno de operaciones que había ocurrido un enfrentamiento con el FMLN en la UCA a las 12:30 pm. el 16 de noviembre.
Sin embargo, al parecer, el coronel Benavides no se esforzó mucho para ocultar su decisión a los demás oficiales del ejército. Al contrario, si las declaraciones dadas hasta hoy son verídicas, el coronel ordenó a una unidad que contaba con más de 40 hombres, comandada por dos tenientes que habían estado bajo sus órdenes durante sólo dos días, reunirse en una zona con fuerte presencia de otras unidades militares, asesinar a los jesuitas, lanzar una luz de bengala y regresar al cuartel.
Aunque el coronel Benavides no estuviera actuando bajo órdenes superiores, se puede argumentar que actúo como si lo tuviera. Prometio a sus tenientes que serían protegidos y no les pidió ningún juramento de silencio. Utilizó recursos que pudieron ser rastreados hasta llegar directamente a su persona. Entregó a la UEI su cuaderno de operaciones y el fusiles AK-47 presuntamente utilizado en los asesinatos. Y los esfuerzos para atribuir la responsabilidad de los hechos al FMLN fueron tan rudimentarios que únicamente un empeño total de la Fuerza Armada para obstaculizar una investigación seria hubiera sido efectivo.
Todas estas circunstancias contribuyen a la opinión de esta Comisión de que es necesario una investigación profunda de la posibles participación de otros militares e alto rango.
d. La posibilidad de un encubrimiento - La posibilidad de que oficiales de alto rango pudieran haber ordenado el asesinato se fortalece ante el hecho de que ningún miembro de la Fuerza Armada se ha presentado para dar información acerca del crimen, y se debilita ante la aparente cooperación con el investigación demostrada por el Alto Mando.
Hasta donde sabemos, prácticamente nadie dentro la Fuerza Armada se ha presentado voluntariamente para dar información importante par hacer avanzara la investigación-. Más de 200 efectivos militares estuvieron desplegados en la zona alrededor de la UCA la noche de la masacre, y se presume que tenían la orden de mantenerse despiertos, alertos y vigilantes. Adicionalmente, unos 45 o 50 miembros de la unidad de comando del batallón Atlacatl participaron directa o indirectamente en el asesinato, y es probable - dada la naturaleza humana - que por lo menos algunos de éstos compartieron su conocimiento de los hechos con otros elementos de la Fuerza Armada.
Por otra parte, la Comisión se ha enterado de que tres miembros del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI)fueron testigos del crimen desde un edificio cercano, revisaron brevemente el lugar de los hechos después de levantarse el toque de queda a la 6:00 am, y rindieron un informe a sus superiores del DNI a regresar a su cuartel. Si esta versión es correcta, significa que poco después de los hechos, la inteligencia militar sabía cuál unidad había perpetrado el crimen. Esto, por otra parte, nos había perpetrado el crimen. Esto, por otra parte, nos parece preguntar si este conocimiento se había difundido en la fuerza armada, sobre todo a los niveles más altos, y - si esto fuera cierto - qué tan ampliamente.
La posibilidad de que oficiales del ejército hayan participado en un encubrimiento, o que no se hayan presentado para dar información sobre el caso, es en cierta manera distinta a la cuestión de quién ordenó el crimen. Sin embargo, existe un incentivo más fuerte de parte de los culpables que de parte de los inocentes para encubrir los hechos en un caso de homicidio. Con relación a esto, la Comisión observa que el coronel Ponce y el Alto Mando parecen haber cooperado plenamente con la solicitud de información y de pruebas formulada por el UEI. Esta cooperación incluyó la entrega de una de las armas utilizadas en el asesinato para ser sometida por la UEI a pruebas balísticas, así como del cuaderno de operaciones del coronel Benavides.
La disposición a cooperar expresada por los miembros del Alto Mando hace aún más difícil de entender la renuncia de los investigadores e interrogarlos uno por uno acerca de cualquier otra información que pudieran tener sobre el caso."
Discusión y Conclusiones"A nuestro juicio, la investigación del caso de los jesuitas no ha profundizado seriamente en la posibilidad de que otros personas aparte del coronel Benavides pudiesen haber ordenado la masacre. SI bien los investigadores de la UEI no han refutado esta afirmación, han adoptado una estrategia "de abajo hacia arriba" en su procedimiento, empezando con las pruebas materiales y siguiendo hasta el coronel Benavides, cuya negatividad a hablar aparentemente los ha detenido en seco.
El director de la UEI, teniente coronel Rivas, así como otros individuos, han argumentado que no es lógico interrogar a otros militares de alto rango si no existen pruebas de su participación en la masacre. Sin embargo, desde el punto de vista de esta Comisión, ésta no es la cuestión. El objetivo de una investigación debe ser el de estudiar todas las posibilidades lógicas, acerca de la identidad de quienes son directa o indirectamente responsable de los asesinatos. La naturaleza de este crimen en particular, junto con el carácter de la estructura de mano de la Fuerza Armada y el historial del coronel Benavides, nos llevan a concluir que es posible que se hayan dado órdenes superiores. El estudio de esa posibilidad no requiere que los investigadores formulen acusaciones, sino simplemente requiere que busquen información. No lo han hecho.
Mínimamente, la Comisión espera que el juez, en colaboración con la UEI, proceda inmediatamente a interrogar a los oficiales apropiados, incluyendo a los miembros de la inteligencia militar, acerca de:
- La reunión realizada por el Alto Mando la noche del 15 de noviembre;
- La llamada por radio recibida por el teniente Espinoza a las 10:15 de esa noche;
- Las razones de la asignación y reasignación de la unidad de comando del batallón Atlacatl durante el período inmediatamente previo y posterior a la masacre;
- La presencia de una agente de inteligencia militar durante el cateo realizado en la UCA dos días y medio antes de la masacre; y La posibilidad de que oficiales del ejército hayan retenido información sobre la identidad de quienes participaron en la masacre."
Reformas necesarias: judiciales, del Ejército y en Derechos Humanos"Durante el curso de sus indagaciones sobre el caso de los jesuitas, la Comisión también examinó, en menor detalle, un número de temas concernientes al sistema judicial, al ejército como institución, a los derechos humanos y a las perspectivas de una solución negociada de la guerra".
Reforma Judicial"Creemos que es vital que el alto grado de preocupación pública sobre el caso de los jesuitas, tanto en nuestro país como en todo el mundo, no o pague la necesidad de reformas que van más allá del éxito o de las deficiencias de una investigación criminal particular. El propósito de un sistema judicial no radica en garantizar justicia para un caso o unos pocos casos de especial notoriedad; es garantizar esfuerzos profesionales y sistemáticos para proveer justicia en todos los casos.
Desafortunadamente, el sistema judicial salvadoreño sencillamente no funciona. Aunque este informe no pretende un análisis global de tal sistema, o de los puntos que necesitan revisarse para reformarlo, hay dos temas que se encuentran directamente relacionados con el caso de los jesuitas y que merecen mencionarse.
Primero, El Salvador necesita desesperadamente dispones de capacidad de investigación criminal que sea independiente. La UEI, que fuer creada como parte de un esfuerzo de reforma judicial iniciado en 1984 y financiado por Estados Unidos, no es los suficientemente independiente ni suficientemente grande para satisfacer las necesidades del país.
Aunque la UEI ha contribuido de modo importante en el caso de los jesuitas, entre otros, lo ha hecho a pesar de su inherente conflicto de intereses. Los investigadores de la UEI son oficiales del ejército. Si desean ser promovidos, deben tener el apoyo de sus compañeros oficiales y del Alto Mando. En el caso de los jesuitas, el hecho de que el teniente Rivas haya sido puesto en posición de investigar a oficiales de mayor rango ha complicado gravemente su tarea.
La Comisión espera que el Presidente Cristiani impulsará planes para desarrollar una policía civil independiente, con plenos poderes para investigar y total autoridad para recabar evidencia en casos criminales. A diferencia de la UEI, su propósito debería ser proveer capacidad investigativa en todos los casos, no solamente en aquéllos de importancia política particular.
Segundo, por medio de su indagación en el caso de los jesuitas, la Comisión ha entendido que el papel que juega el juez en el sistema judicial salvadoreño es más central y más importante que el nuestro. El sistema simplemente no puede funcionar si el juez no realiza su trabajo. Desafortunadamente, los jueces en El Salvador están mal equipados y mal protegidos. Son altamente vulnerables - y altamente susceptibles - al soborno. Son frecuentemente amenazados. Y algunas veces son asesinados..
La Comisión espera que el gobierno de Cristiani, con el apoyo del de Estados Unidos, desarrollará e implementara un programas sistemático de reclutamiento, entrenamiento y protección para jueces y otros funcionarios de justicia en El Salvador, basado en los pasos preliminares dados hasta ahora".
Reforma del Ejército "La necesidad de reformas al interior del ejército es obvia y reconocida paro las autoridades civiles de El Salvador.
El sistema de tandas - Un aspecto central del ejército salvadoreño es su sistemas de tandas. Una tanda es una promoción de oficiales graduados de la Escuela Militar. Por tradición, los miembros de una misma tanda se ayudan unos a otros, juntos escalan posiciones dentro de la Fuerza Armada y son leales unos otros. La promoción de 1966 fue particularmente grande y es conocida como "la tandona". Actualmente, sus miembros comandan la mayoría de puestos clave dentro de la Fuerza Armada.
La lealtad a los compañeros de clase es natural dentro de cualquier institución. Desafortunadamente, existe evidencia de que la lealtad entre los miembros de una tanda, y especialmente los de la "tandona". Actualmente, sus miembros comandan la mayoría de puestos clave dentro de la Fuerza Armada.
La lealtad a los compañeros de clase es natural dentro de cualquier institución. Desafortunadamente, existe evidencia de que la lealtad entre los miembros de una tanda, y especialmente los de la "tandona", se ha sobrepuesto a cuestiones de capacidad, integridad y aun de conducta criminal de sus miembros.
Bajo el sistema de tandas, los castigos más severos aplicados aun a quienes cometen serios abusos son cambios de puesto que no afectan el rango, el salario o las perspectivas de un retiro confortable.
Recientemente ejemplos de esto, que involucran a miembros de la tandona, incluyen el traslado del coronel Carlos Guzmán Aguilar, a quien se tiene por corrupto, como agregado militar en Costa Rica; el traslado del coronel Héctor Heriberto Hernández, a quien se tiene por corrupto y brutal, al cargo de comandante de la Sexta Brigada; y el destino del coronel Roberto Mauricio Staben, a quien se tiene por corrupto, brutal y criminal, como comandante del Destacamento Militar Número 7. Otros numerosos miembros de la tandona permanecen en puestos de autoridad a pesar de su reputación de incompetencia, corrupción, brutalidad, o las tres cosas juntas.
La inclinación de la Fuerza Armada salvadoreña a tolerar una conducta no profesional de sus oficiales de alto rango daña su efectividad militar, desmoraliza a los oficiales más jóvenes y disminuye su respaldo de parte de la población salvadoreña. En el otoño pasado, dos grupos dentro del ejército, uno conformado por capitanes y el otro por mayores, sometieron a consideración de Alto Mando informes en que se quejaban de la corrupción y urgían a que los ascensos se basan más en el mérito y menos en la pertenencia a una tanda. Este ejercicio de crítica interna es esperanzador, pero no es claro que las recomendaciones contenidas en los informes vaya a tomarse encuentra seriamente.
Derechos humanos - El test más serio del profesionalismo del ejército se da cuando sus miembros resultan sospechosos de estar involucrados en notables violaciones de los derechos humanos. A pesar de la muy extendida experiencia que la Fuerza Armada de El Salvador ha tenido en contar con tales sospechosos, sólo han permitido que sus miembros sean investigados cuando la presión externa los ha forzado a ello. El caso de los jesuitas es una ilustración de este proceder.
Además, la Fuerza Armada todavía no ha comprendido las ventajas que conlleva la franqueza en el trato con el público o con su propio gobierno cuando aparecen casos constroversiales. Por ejemplo, durante la visita a El Salvador que en febrero hiciera la Comisión, una repoblación de refugiados en Chalatenango fue roqueteada por la Fuerza Aérea, matando a seis civiles, luego de un enfrentamiento sostenido con guerrilleros en esa misma localidad. A pesar de la abundante evidencia física en contra, la Fuerza Armada inmediatamente rechazó su responsabilidad en el ataque y culpó al FMLN. Su versión fue rápidamente descalificada.
Este ciclo de negar los hechos para luego retractarse se ha repetido muchas veces, incluyendo otro caso examinado por la Comisión, el asesinato de dos supuestos espías del FMLN cerca de la población de Tres Ceibas, en julio de 1989. En este caso, las víctimas fueron mortalmente golpeadas por separado, una fue incinerada en el lugar del crimen y la otra fue remitida al cuartel de la Primera Brigada de Infantería, donde se le mantuvo sin atención médica por una semana, antes de ser traslada a un hospital, donde falleció. La explicación inicial proporcionada por el ejército fue que las dos víctimas se habían "caído de un camión".
En septiembre de 1988, soldados de la Quinta Brigada asesinaron a diez campesinos cerca del pueblo de San Sebastián. Inmediatamente, el ejército afirmó que las muertes habían corrido durante un "enfrentamiento" con guerrilleros. Después de que los cuerpos fueran exhumados, mostrando haber sido ejecutados a corta distancia, el ejército argumentó que el FMLN habían desenterrado los cadáveres, disparándoles en la cabeza para luego reenterrarlos con el propósito de hacer creer que el ejército lo había hecho. La fuerte presión ejercida por el embajador estadounidense William Walker, aunada a la evidencia balística recogida, llevó finalmente a los militares a admitir su responsabilidad, pero ningún juicio se ha celebrado todavía."
La necesidad de paz: discusión y conclusiones "Desde que fuera creada, a nuestra Comisión se le ha perdido, por parte de oficiales estadounidenses y salvadoreños, considerar el caso de los jesuitas y otros problemas que involucran al ejército salvadoreño, como casos aislados. Se nos pidió creer que las dificultades que ha surgido fueron causadas por individuos que actuaban por su propia cuenta, y que ello no debía proyectarse negativamente sobre la institución misma. El Viceministro de Defensa, coronel Zepeda, pretendió ilustrar este punto diciendo a la Comisión que "sería equivocado culpar a todos los apóstoles por las acciones de Judas".
Sin considerar demasiado literalmente la comparación del coronel Zepeda, la Comisión concuerda en que estaría mal señalar a otros miembros de la Fuerza Armada como personalmente responsables por las acciones de quienes asesinaron a los jesuitas, o de quienes haya cometido otros serios abusos contra los derechos humanos. También creemos, sin embargo, que estaría mal ignorar la necesidad de una reforma institucional dentro del ejército salvadoreño.
Estamos convencidos de que la contribución de los militares a los problemas de derechos humanos y a tener un sistema judicial paralizado, no es producto de unos cuantos oficiales renegados, sino que radica en el corazón de la Fuerza Armada como institución. Décadas de poder, únicamente atemperado por la necesidad de mantener una alianza funcional con ricos terratenientes y empresarios, han creado una elite en la Fuerza Armada, la cual encuentra demasiado, a menudo que el sometimiento a la autoridad civil no es necesario ni deseable. El sistema de tandas ha separado a muchos altos jefes militares del deber de asumir la responsabilidad de sus propios actos, dañando la disciplina, minando la moral y erosionando el profesionalismo. Como resultado, la Fuerza Armada permanece reacia a controlarse internamente, y solamente acepta el derecho de otros a hacerlo cuando es ejercida una enorme presión.
La Comisión espera que las autoridades civiles en El Salvador harán un mayor esfuerzo para impulsar una reforma dentro de la Fuerza Armada, lo cual incluye:
- el retiro de los oficiales corruptos, incompetentes o criminales;
- La sustitución del sistema de tandas por uno basado en el mérito;
La adopción de nuevos procedimientos internos para tratar las acusaciones contra miembros de la Fuerza Armada que han violado los derechos humanos; y
- La implementación de loas recomendaciones dadas por los oficiales jóvenes para reducir las oportunidades de corrupción e incrementar la fiscalización en toda la Fuerza Armada.
- Las extremas políticas en El Salvador se alimentan recíprocamente, mientras parecen quienes se hallan en el centro. Con cada bombardeo o mina u ofensiva o asesinato, el espacio para un debate político pacífico disminuye y el progreso hacia la democracia se retarda.
Un arreglo negociado a la guerra en El Salvador es esencial porque demasiada gente ya ha muerte, ha quedado lisiada o ha sido forzada al exilio; porque el progreso económico y social, es imposible en medio de una guerra civil ; porque ninguno de los bandos puede ganar en el campo de batalla; porque la gran mayoría del pueblo salvadoreño está afectada por la violencia; y porque la oportunidad para un arreglo que satisfaga las mínimas condiciones de ambas partes nunca ha sido mayor.
La paz, si llega, podría - y debería - tener un efecto profundamente positivo en algunos de los problemas discutidos en este informe.
La paz podría conducir, como le manifestó el Presidente Cristiani a la Comisión, a la reestructuración del ejército, incluyendo en ello el traspaso de los cuerpos de seguridad bajo directo control civil.
Debería conducir a la remoción o retiro de la Fuerza Armada de los oficiales de alto rango con un historial que no llegue a distinguido.
Podría resultar en una disminución del tamaño, y, por consiguiente, de la influencia, del ejército.
Podría ayudar a crear un proceso político capaz de debatir cuestiones constitucionales, incluyendo aquéllas concernientes al papel propio de los militares en una democracia.
Podría incitar un serio esfuerzo de reforma judicial.
Podría optimizar la efectividad de la ayuda exterior suministrada a El Salvador, y permitir que una mayor porción de ellas sea mejor utilizada para propósitos económicos y no militares.
Podría reducir o eliminar totalmente la amenaza física y económica representada por los asesinatos, el sabotaje y las acciones militares del FMLN.
Podría, en síntesis, conferir mayor significado a la democracia salvadoreña; oportunidad a su economía esperanza al pueblo salvadoreño; y la vida misma una nación que ha sido paralizada por una década de brutal guerra civil. Tanto la región como el mundo en el cual se enmarca El Salvador están cambiando; la promesa de un cambio democrático y no violento nunca ha sido más fuerte, más cercano o más importante; y la posibilidad de la paz nunca ha sido mayor.
La más importante conclusión de la Comisión, por tanto, es también la más simple. El Salvador debe tener paz.
|
Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica