Nicaragua
La segunda insurrección de la derecha: el EPS en la mira
Por la neutralización de la primera "insurrección" de la derecha, protagonizada por los alcaldes de la Región V, el gobierno, el EPS y el FSLN tuvieron que pagar costos políticos. En la segunda "insurrección", protagonizada por los diputados de la UNO en la Asamblea, estaba en juego el futuro del EPS.
Equipo Envío
Durante la rebelión de los alcaldes de la UNO en noviembre se puso de relieve por primera vez la capacidad de la derecha de aglutinarse de manera organizada para ejercer presión sobre el gobierno, hasta el punto de chantajearlo con el aspectro de la violencia y así arrancarle concesiones. En lo fundamental, los grupos nucleados alrededor del vicepresidente Godoy luchaban por una cuota real de poder dentro del gobierno, con el fin de apartarlo del camino de la concertación con las fuerzas del sandinismo. Para ellos, reducir la influencia del sandinismo equivalía al desmontaje del ejército popular sandinista comenzando con la destitución del general Humberto Ortega y del Estado mayor del Eps.
Las bases organizadas de la ultraderecha nucleadas en torno a los alcaldes de la UNO de la región V provocaron un virtual sublevación contra el gobierno, capitalizando principalmente el descontento de centenares de contras desmovilizados, que continuaban en situación de penuria y desamparo a pesar de las múltiples promesas que habían recibido del gobierno.
Aunque el gobierno y el ejército, en una combinación de flexibilidad y firmeza, lograron dominar la situación y evitar que la rebelión se extendiera a otras zonas del país, esto no
represento una derrota ni una desmoralización total para la ultraderecha. en diciembre y enero, tanto el gobierno como el ejército y también el FSLN, tuvieron que asumir los costos políticos de la crisis de noviembre.
Confrontación UNO-Gobierno-EPS La insurrección de la región V obligó al gobierno a colocarse a la defensiva de cara a un bloque derechista que amenazaba con integrar no solo a los ex-contras y a los alcaldes de esa zona sino a todos los descontentos no sandinistas de Nicaragua. A partir de brotes de protestas cívicas organizadas por el movimiento salvemos la democracia, estos descontentos exigían para Virgilio Godoy y para el Consejo Político que integra a los 14 partidos de la UNO un mayor peso en las decisiones de gobierno y en el nombramiento del nuevo gabinete. En lo concreto, exigían la removición del Ministro Antonio Lacayo, principal promotor de la línea política de acomodación con el FSLN y representante por esto de la traición al programa original de gobierno de la UNO en el que no se contemplaba ningún espacio ni papel político para el sandinismo. Esta misma exigencia la planteaba la ultraderecha en rebeldía al sector oficialista de la bancada UNO e a asamblea, lidereada por Alfredo Cesar y abiertamente identificada con el Ejecutivo. Exigían que la totalidad de los diputados de la UNO asumieran desde sus tareas legislativas un papel de oposición y de presión sobre el Ejecutivo. Para el grupo de Las Palmas el de Lacayo, se trataba de ganar tiempo y así evitar la cohesión de una oposición de ultraderecha pero había que hacerlo sin antagonizar frontalmente al sandinismo.
Para desgracia del ejecutivo, y en particular del bloque de Cesar, en diciembre tocaba discutir y aprobar en la Asamblea el presupuesto de la República para 1991 incluyendo el asignado al ejército. El tema era delicado. Existía el claro compromiso de la presidenta de reducir drásticamente el numero de efectivos militares contando para ello con el arma mas efectiva: el control sobre el presupuesto militar. Unas semanas antes de que se iniciara la discusión parlamentaria, el ejército había acordado ya con la presidencia un monto pero este acuerdo obligaba ni política ni legalmente a la Asamblea, que cuenta con el poder de aprobar o de modificar el presupuesto que le presenta el ejecutivo.
La extrema derecha tenía que aprovechar esta singular ocasión para atacar al sandinismo alzando la bandera de evitar exagerados gastos militares en momentos de crisis económica. Alfredo Cesar, preparando las condiciones que le aseguraran la presidencia de la asamblea en la legislatura 1991-92 se unió con todo su grupo a los ultraderechistas de la asamblea, obligando al Ejecutivo no solo a ejercer su poder de veto sino mas importante aun a que entrara en nuevas negociaciones con la ultraderecha para evitar que rechazaran ese veto presidencial dejando así definitivamente mucho mas reducido el presupuesto del ejército.
Si con su voto unido a la ultraderecha parlamentaria Cesar y su grupo trataban de evitar el quedar identificados como defensores del ejército para el bloque ultraderechista el veto significaba una nueva oportunidad para arrancar mas concesiones de la presidencia. Los 39 votos sandinistas en la Asamblea no podían decidir por si solos quedando los diputados del fsln al margen de unas negociaciones en las que estaba en juego el ejército. Solo podían los diputados sandinistas confiar en la sensatez del grupo de las palmas para que se siguiera cumpliendo el protocolo de transición que había definido ya los términos y el ritmo gradual de la reducción del ejército y aun mas el respeto a la institucionalidad y a los mandos del EPS.
Lo que se discutía de fondo, a lo interno de la UNO era el futuro del ejército popular sandinista. El inicial recorte negociador entre el ejército y la presidencia no fue respetado por la asamblea que planteo una reducción adicional (19.5 millones mas) lo que significaba una crisis para las estructuras militares ya en proceso de reducción gradual ordenada. Tras vetar esta propuesta la mayoría de la Asamblea (grupo de Cesar + ultraderechistas) contra la que votaban los sandinistas, el ejecutivo propuso aumentar algo mas la reducción (sólo 8.5 millones). El propósito era dividir a los 52 diputados de la UNO pues era difícil que 47 de ellos se decidieran a no aceptar esta mini reducción rechazando el veto presidencial. El ejecutivo no tenía asegurada la mayoría de las Asamblea para esta nueva
propuesta y para su veto.
Esta situación llevo a una reunión negociadora entre una comisión de los mas recalcitrantes diputados de la UNO y la presidenta. A cambio de apoyar la nueva propuesta del Ejecutivo sobre el presupuesto militar, los diputados ultraderechistas exigían la remoción de Humberto Ortega, el nombramiento de un civil como Ministro de Defensa y el respeto al llamado Convenio del Bambana, firmado antes de las elecciones y en el cual la candidata Violeta de Chamorro había aceptado al Consejo Político de la UNO como órgano consultivo para cualquier decisión de su gobierno si resultaba electa.
Según la versión del diputado Rodolfo Mejia Ubilla, uno de los involucrados en la negociación la Presidenta les había dicho a los diputados de la UNO que por razones técnicas y políticas no podía imponer compromisos adicionales de reducción a los ya asumidos por el EPS que era ya el ejército mas pequeño de centroamérica. Había si aceptado el nombrar a un civil como ministro de defensa a lo largo de 1991 y había declarado que el retiro del general Ortega estaba entre sus objetivos pero sin u plazo fijo para ello. La presidenta había rechazado el darle mayor poder al consejo político. Aunque algunos diputados no aceptaron estas posiciones e la presidenta y terminaron votando e contra de su propuesta y rechazado el veto, el Ejecutivo logro salir airoso consiguiendo que la mayoría la aceptara.
Mejia Ubilla llegaba a esta resignada conclusión en La Prensa el 7 de enero: Debemos estar conscientes de que las ventajas que goza el sandinismo no se originan en la simple voluntad de dona Violeta. Es que su gobierno surge sin armas, sin soldados sin policías y si dinero, teniendo enfrente a un partido derrotado que tiene todo lo que a ellos le falta. Algo como para Aunque usted no lo crea. Y se necesita mucha sensatez y paciencia para dirigir los intereses de la nación.
Mas que paciencia, era astucia lo que el grupo de las palmas venia demostrando. Se apoyaba en la extrema derecha para reclamar flexibilidad al sandinismo y al movimiento popular pero recurría al apoyo del FSLN para fortalecer su poder frente a los ultraderechistas. Pero no era este u juego de astucia al que el FSLN o pudiera responder con otras astucias. En ocasión de la elección en enero de la nueva junta directiva del parlamento, en la que se postulaba Alfredo Cesar para la Presidencia fueron los votos sandinistas los que decidieron pues los 52 votos de la UNO estuvieron muy divididos. Con alguna abstención la bancada sandinista dio su apoyo a Cesar que es lo mismo que haberselo dado a los que la ultraderecha califica de adictos al Poder Ejecutivo. Resultaron así desplazados de los cargos directivos de la Asamblea los representantes de la extrema derecha independiente.
Las posiciones y demandas que los sandinistas han planteado al gobierno han sido claras y categóricas. Las de la ultraderecha ha atentado seriamente contra la coherencia gubernamental. Han prevenido estas tendencias desestabilizadoras tanto de miembros
de las bases como de las propias estructuras partidarias y legislativas de la coalición ganadora de las elecciones. El gobierno ha ido aprendiendo a zanjar sus contradicciones internas recurriendo a la cooptación y a la política de premio castigo.
En enero, al recomponer el gabinete, el gobierno empleo este estilo político al ratificar en sus cargos a casi la totalidad de los ministros con los que había iniciado su mandato en abril congelando así las aspiraciones a cargos que habían alimentado sectores de la derecha empresarial y legislativa desplazados de ellos. Lo mas llamativo en el nuevo gabinete fue el nombramiento de dos exdirigentes de la contra de tendencia godoyista y protagonistas en la rebelión de la Región V: Oscar Sobalvarro, Rubén y Boanerges Pepe Matus. Los dos ocuparan importantes cargos en el ministerio de repatriación.
Es evidente que ambos llegaron a estos cargos a cambio de un voto de lealtad al Ejecutivo. Rubén que pocas semanas antes había manifestado su adhesión al sector extremista de la UNO aseguraba tras su nombramiento que su objetivo no había sido oponerse al gobierno sino colaborar para que nos puede cumplir. No necesitamos del COSEP ni de los alcaldes para hacer nuestros reclamos afirmo aportándose así claramente de su anterior posición.
De un solo golpe, el gobierno acercaba a este sector de la contra y lo hacia corresponsable en la resolución de las reivindicaciones agrarias de los desmovilizados. Reivindicaciones que hasta entonces las habían venido representando tanto algunos sectores godoyistas como la Unió Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) esta ultima acercándose al otro sector de la contra jefeado por Israel Galeano Franklin.
Igual estilo político uso el Grupo de las Palmas representando en la asamblea por Alfredo Cesar al favorecer en la recomposición de los cargos de la Junta Directiva de la Asamblea a los partidos que apoyan al ejecutivo alejando a cosepistas y a godoyistas.
Aunque con todas estas astucias el gobierno resulto fortalecido esto no significa ninguna garantía para mejor bregar con la crisis social y económica del país, lucha para la que el gobierno necesita del apoyo del sandinismo, alertado si embargo, frente a la tentación de caer como lo hicieron Rubén y Pepe Matus en la trampa del co-gobierno.
La estabilidad gubernamental o equivale a la estabilidad nacional y por esto no se puede pretender obtener la estabilidad a a cualquier precio. Teniendo presente algunos planteamientos que desde el sandinismo propusieron apresuradamente formulas de co-gobierno inaceptables para la mayoría de los sandinistas, el diario Barricada señaló en un editorial del 11 de enero: la repartición de prebendas gubernamentales y cuotas de poder podría derivar en un estilo de gobierno que lejos de modernizar el sistema político del país tarde o temprano puede desembocar en la institucionalización de la corrupción política en el país.
El laberinto del General El ejército no resulto favorecido con la neutralización de la rebelión de la UNO en la Región V. El COSEP y el godoyismo mostraron que también ellos tenían capacidad para gobernar desde abajo y para utilizar la presión la organización y hasta la violencia para mejorar sus posiciones políticas y negociadoras ante el Grupo de las palmas.
Aunque no lograron conseguir las destituciones de Lacayo, Hurtado y Ortega, ni tampoco la re-elección de su representante Miriam Argüello para la presidencia de la Asamblea el gobierno quiso mostrar alguna sensibilidad a los planteamientos anti EPS de la ultraderecha, compartidos probablemente por algunos partidarios de Antonio Lacayo que estaba esperando u mejor momento para plantear una nueva ronda de confrontación negociación con el FSLN entorno al tema del ejército.
A insistencia del Ejecutivo el EPS acepto algunas demandas de los alcaldes insurrectos principalmente la reducción de la presencia militar en la Región V, la conversión en instalaciones civiles del 50% de la infraestructura en esa región y el reemplazo de mandos y la transferencia de propiedades en la misma. En suma , una mayor cuota de poder para los alcaldes rebeldes a costa del sandinismo.
Durante la segunda insurrección de la extrema derecha contra el ejército que se desarrollo en la asamblea y mientras la bancada sandinista se mostraba impotente para defender el presupuesto del ejército y la propuesta del Ejecutivo el EPS emitió un comunicado advirtiendo de las serias consecuencias y hasta de las posibilidad de un baño de sangre que se derivarían de insistir e el desmembramiento del ejército por la vía del presupuesto pues con el monto aprobado por el Ejecutivo a duras penas se aseguraban prestaciones mínimas para los miles de soldados y oficiales que estaban siendo pasados a retiro. Indicaba también con claridad que resultaba incompatible con la estabilidad del país todo intento, no solo de remover al general Humberto Ortega sino de afectar el funcionamiento e institucionalidad de las fuerzas armadas en violación de los acuerdos de transición de marzo y los de concertacion de octubre, que incluyen un delicado acuerdo entre el Ejecutivo y el FSLN para asegurar una reducción ordenada y gradual del Ejército Popular Sandinista. Pero el laberinto en el que se vio desafiado el EPS se hizo mas complejo aun en los finales del ano 90 con la crisis de los misiles.
La embajada norteamericana no había estado al margen de la batalla legislativa por el presupuesto militar. No podía estarlo. El expresidente Ortega denuncio que la embajada de Estados Unidos había ejercido fuertes presiones sobre los legisladores para mantenerlos en una posición de desafío al ejecutivo para que materializara a corto plazo su compromiso de desmilitarización y de remoción del general Humberto Ortega y de otros altos mandos militares. Muchos sospecharon que los atrasos en los desembolsos de partidas de ayuda de la AID ya prometidos al gobierno que se dieron en esos mismos días del debate legislativo estaban vinculados a la campaña de presiones ultraderechistas conducida por quienes también pretendían gobernar desde Washington.
La confrontación ejército gobierno Estados Unidos llegó a su punto álgido al descubrirse que misiles utilizados por la guerrilla salvadoreña para derribar o averiar a varios aviones y
helicópteros de la fuerza aérea salvadoreña en la campana militar iniciada por el FMLN en noviembre/90 salieron de los arsenales del EPS.
Funcionarios norteamericanos filtraron a The New York Times que había recibido confirmación oficial soviética sobre la numeración del misil Sam -14 disparado exitosamente contra una nave aérea salvadoreña los restos del misil disparado quedaron abandonados y que este pertenecía a un lote de cohetes de este tipo proporcionado años atrás al EPS por el ejército soviético. El convenio firmado entonces entre el gobierno sandinista y el gobierno de la URSS prohibía trasladar este y cualquier otro equipo bélico a terceros sin el consentimiento de la URSS. Se señalaba también que los soviéticos exigirían una explicación e investigación a las autoridades nicaragüenses por la violación de este convenio militar.
Las acusaciones de Washington contra el EPS habían venido constituyendo un permanente punto de agenda en toda las conversaciones oficiales entre Estados Unidos y el gobierno chamorrista. Armados por ahora de pruebas y ansiosos por neutralizar el uso de misiles contra la aviación salvadoreña hecho que estaba invirtiendo la correlación militar en la guerra de El Salvador el Departamento de Estado presionó fuertemente al gobierno nicaragüense para que fueran capturados los responsables salvadoreños y nicaragüenses del trasiego de los misiles.
La administración espera que esta evidencia fortalecerá la mano de la presidenta Violeta Chamorro en sus intentos por controlar el ejército dominado por los sandinistas, afirmaba The New York Times el 29 de diciembre. Y añadía: funcionarios de la administración afirmaron que valoran el actual involucramiento de la Unión Soviética en Centroamérica que ya no apoya activamente a los movimientos revolucionarios.
Con ocasión de este asunto, Washington aprovecho para exigir a Managua y a Moscú el retiro de todos los misiles antiaéreos que tenía el EPS en sus arsenales y un cambio en sus mas altos mandos militares. En este contexto, se celebraron reuniones entre los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y del Ejército de Nicaragua en la mejor tradición de la diplomacia norteamericana en Centroamérica como la mejor vía para arreglar el problema. Según The New York Times los jefes militares admitieron en estas reuniones la procedencia de los misiles y la violación del convenio firmado con la URSS.
En u comunicado del 1 de enero el EPS dio a conocer que cuatro de sus ex oficiales actuando por iniciativa individual habían sustraído ilícitamente misiles tierra aire que eran propiedad del Ejército Sandinista y los habían entregado al FMLN. Se informó que los ex oficiales estaban detenidos al igual que once ciudadanos salvadoreños residentes en el país y supuestamente responsables también de la sustracción de las armas
El gobierno de Nicaragua envió de inmediato a El Salvador a su Canciller para que explicara al gobierno de Cristiani que se trataba de una violación involuntaria de los acuerdos de Esquipulas y del convenio con la URSS pues tanto el ejército como el gobierno desconocían el trasiego de los cohetes. El Ministerio de relaciones exteriores de la URSS expreso que la entrega de cualquier tipo de armas soviéticas a terceros era inadmisible y declaro que esperaba que las autoridades nicaragüenses prevendrían en el futuro tales incidentes. Se informo también que una misión soviética vendría a Nicaragua para investigar in situ la situación del armamento soviético y en presunta respuesta al imperativo de Washington procedería a centralizar el control de los miles.
La URSS manifestó también la invariabilidad de su política en pro del cese total de suministros de armamentos a los países de América Central reafirmando que desde 1989 había suspendido el suministro de armas a Nicaragua. A petición del ejército el gobierno nicaragüense solicito al gobierno norteamericano el numero y registro de los misiles tierra aire que Washington había entregado a los contras para así poder realizar un inventario exacto de todos los misiles existentes en el país.
Respondiendo a las declaraciones hechas por los sustractores de los misiles sobre los principios revolucionarios que les habían impulsado argumento que encontró apoyo entre los miembros de la juventud sandinista, Daniel Ortega explico que se trataba de posiciones y actuaciones irresponsables que ignoraban la solidaridad brindada históricamente por el FSLN y el FMLN de manera sistemática, organizada y con un gran costo para el sandinismo. Afirmo también que ningún ejército ni organización revolucionaria podía admitir la sustracción de armamento a espaldas de sus jefaturas independientemente de las razones con que se pretendiera justificar esa acción y que esta acción ilegal indisciplinada e irresponsable venia a poner en peligro el proceso de profesionalización del ejército de Nicaragua base de la estabilidad nacional.
Según el EPS con los acontecimientos resultaba también perjudicada la propia capacidad defensiva del país pues se ponían en crisis las relaciones entre el EPS y el gobierno soviético y se abría la posibilidad de que la URSS exigiera la devolución de todas sus armas antiaéreas a una nación virtualmente indefensa ante la posibilidad de un ataque por aire. Naturalmente la crisis de los misiles dio nuevo impulso a la campaña de la extrema derecha y de los estados unidos contra el EPS. Así se ponían en peligro según Daniel Ortega los altos intereses del proceso revolucionario nicaragüense y también el mismo proceso revolucionario salvadoreño, pues nadie podía desestimar el efecto de las enormes presiones desatadas por el gobierno norteamericano contra el gobierno soviético y el nicaragüense que por sus propias situaciones económicas internas eran muy vulnerables a ellas.
Así lo señalaba un comunicado del EPS del 4 de enero, que descalificaba a este pequeño grupo de oficiales que cegados por su pasión política y guiados por argumentos extremistas lesionaron el honor militar y la lealtad a la institución y al Mando, lo que equivale también a lesionar los sagrados intereses patrióticos y revolucionarios de la Nicaragua que hoy continua esforzándose por consolidar la paz y la estabilidad que tanto urge para reactivar la economía y satisfacer con justicia las necesidades mas apremiantes del pueblo humilde y trabajador.
Aunque los funcionarios estadounidenses se jactaban porque habían logrado por fin una admisión oficial de responsabilidad por parte del ejército sandinista insistían en que los hechos o se habían producido a espaldas de alto mando. Al igual que la extrema derecha, lo responsabilizaron directamente por complicidad, afirmando que mientras el gobierno de Chamorro no ejerciera un control real sobre el EPS tampoco se interrumpiría el flujo de apoyo logístico al FMLN salvadoreño. Por su parte, el alto mando del ejército de El Salvador declaro que además de proporcionar misiles al FMLN oficiales del ejército nicaragüense suministraban entrenamiento a los guerrilleros salvadoreños para el uso de los cohetes sam -7 y sam -14 y que los envíos de armas desde Nicaragua eran sistemáticos. El EPS negó estas acusaciones afirmando que si algún nicaragüense colaboraba con la guerrilla del FMLN lo hacia a titulo individual y que esto no era responsabilidad del EPS como institución.
Por su parte, el FMLN señaló que el Comandante Joaquín Villalobos no había participado en ninguna transacción de armas tal como lo había afirmado el EPS en su comunicado del 1 de enero, reiterando que si las investigaciones del EPS eran correctas, la responsabilidad recaería en estructuras de dirección intermedia y cuadros del FMLN que actuaron por su cuenta. Agregaba el comunicado: El FMLN reafirma su gratitud y lazos fraternales con el pueblo de Nicaragua con el frente sandinista de liberación nacional y su militancia, que a lo largo de estos diez años de guerra revolucionaria en El Salvador ha tenido una incuestionable conducta solidaria e internacionalista en la búsqueda de una solución política y un final justo al conflicto que vive nuestro país.
De manera especifica, el FMLN llama a todo el movimiento revolucionario nicaragüense salvadoreño e internacional a no confundirse a partir de hechos como el referido en el presente comunicado, que son producto de las realidades objetivas en las que se desenvuelven nuestros procesos pero que en nada cuestionan al carácter revolucionario de los procesos nicaragüenses y salvadoreños ni las fraternales y solidas relaciones entre el FSLN y el FMLN.
En la crisis de los misiles y en el deterioro de la situación en El Salvador el gobierno norteamericano descubrió nuevas razones para movilizar sus recursos e influencias en apoyo a los sectores revanchistas de la extrema derecha. Esta determinación creció aún mas cuando dos norteamericanos cuyo helicóptero de guerra fue derribado por el FMLN en una zona de combate fueron muertos por combatientes del FMLN a principios de enero. Esta sucesión de incidentes llevo al gobierno norteamericano a descongelar la ayuda militar al gobierno de Cristiani y a asumir una nueva beligerancia en la lucha contra el FMLN atenuada únicamente por la guerra en el Golfo Pérsico.
El gobierno resistió una vez mas las presiones para lograr el reemplazo del General Humberto Ortega cuando en ocasión de la recomposición del gabinete se le ofrecía una buena oportunidad para deshacerse de el. Lacayo califico como acertado el manejo que del caso de los misiles hizo el General Ortega y a los pocos días de iniciada la crisis la Presidenta Chamorro ratificó su decisión de mantener para si la cartera del ministerio de defensa dejando al general Ortega al frente del EPS. Aunque algunos sospecharon que esta decisión era el precio que pagaba el gobierno para asegurarse el apoyo sandinista en la elección a Alfredo Cesar como Presidente de la Asamblea, Antonio Lacayo defendió el criterio presidencial señalando de gran importancia en el proceso de estabilización nacional una de cuyas bases indispensables era la profesionalizacion del ejército: Doña Violeta lo ha visto con muy buenos ojos porque ha visto al EPS como ella quería. Ese mismo día, en ceremonia publica el General Ortega y el alto mando del EPS juraron lealtad la Constitución y a la Presidenta de la república.
Pero con esto no se había resuelto todas las tensiones en las relaciones entre el gobierno y la extrema derecha o entre el gobierno y el EPS. Mientras Godoy y el alcalde de Managua Arnoldo Alemán, continuaban disputándose la hegemonía de la oposición ultraderechista y en esa disputa perdía prebendas y aliados, en otros terrenos ganaba espacios la ultraderecha. A principios de enero se anunciaba la remoción como directora del diario La Prensa de Cristiana Chamorro hija de la Presidenta y esposa de Antonio Lacayo. En el cambio se expresaba el triunfo del sector de derecha radical que venia cuestionando la política editorial pro gubernamental del diario. El nuevo director Horacio Ruiz es conocido como furibundo anti sandinista y viejo colaborador de la embajada norteamericana.
La maniobra fue interpretada como destinada a darle a La Prensa un mayor grado de cofrontacion con el sandinismo y con el propio gobierno. A los pocos días La Prensa arreciaba su campaña contra el General Humberto Ortega, involucrando cada vez con mas insistencia a miembros de su escolta personal en la muerte aun no aclarada de un joven de la burguesía de Managua.
A mediados de enero los alcaldes volvieron a la carga contra el gobierno. En una reunión patrocinada por el National Endowment for Democracy, organismo creado por Reagan en los años 80, 104 de los 143 alcaldes del país exigieron a la presidenta Chamorro la ampliación de facultades de los poderes locales, incluyendo la formación de policías municipales propios y la acusaron de encabezar un gobierno de burócratas incapaz de resolver los problemas populares. el gobierno no envió a ningún representante al evento pero el vicepresidente Godoy y la ex-presidenta de la Asamblea Legislativa, Miriam Argüello, si se hicieron presentes.
Godoy llamo a construir la democracia en la base afirmando que e los municipios el alcalde es el presidente y los concejales son los diputados. Arguello acuso al nuevo Presidente de la Asamblea Alfredo Cesar de ordenar a los alcaldes que pertenecen a su partido el partido social demócrata, que no asistieran al encuentro. Algunos alcaldes denunciaron que funcionarios gubernamentales les presionaban para que o apoyaran las
actividades del movimientos salvemos la democracia.
Los alcaldes y sus partidarios organizaron una manifestación por las calles exigiendo el retiro de Lacayo y de Humberto Ortega. Ortega insistió en que el proceso de reducción del EPS estaba llegando a su limite declarando que sin estabilidad nacional sin financiamiento internacional para programas de apoyo sostenido a los militares que fueran retirados y sin firmar un acuerdo de seguridad regional centroamericana, no podría haber mayor reducción del EPS aun cuando la voluntad de hacerlo estuviera presente. El EPS exigía que los demás ejércitos centroamericanos iniciaran su respectivo proceso de reducción de fuerzas para compensar así las reducciones ya afectadas por Nicaragua.
Por su parte Lacayo ratificó que la presidenta no nombraría a ningún civil que no fuera ella misma, como Ministro de defensa, hasta que el proceso de reducción del EPS superara la etapa critica en que todavía se encontraba destacando que el esfuerzo realizado en este sentido por el propio ejército resultaba firme y sorprendente por lo delicado, riesgoso e incluso peligroso al someter a la institución a un esfuerzo muy grande.
Para este proceso de reducción el gobierno y el Eps solicitaron la asesoría y el apoyo financiero del gobierno español a la vez que el Ministerio de gobernación solicitaba apoyo para la conformación de su propio cuerpo de inteligencia y para la creación de un cuerpo policial antidrogas y una unidad especial de inteligencia que seria entrenada por alguno de los países amigos que se ha ofrecido para ello.
Aunque durante esta su segunda insurrección la ultraderecha insistió en señalar que el FSLN chantajeaba vulgarmente al ejecutivo, vinculando el respeto al EPS a la estabilidad
nacional,, fueron pocos los que en realidad desestimaron el impacto social que tendría el licenciamiento de miles de soldados sin perspectivas de encontrar empleo. Tampoco podían desestimar el peligro de nuevos alzamientos armados. en diciembre grupos de contras desalzados retomaron las armas para atacar el cuartel militar de Jalapa y el ex dirigente contra Franklin confirmo que pese a sus esfuerzos, docenas se habían rearmado e internado en las montañas de Wiwilí y El Cuá por la situación de miseria en la que estaban y por el incumplimiento gubernamental en materia de entrega de tierras y créditos.
A pesar de los entendidos y desentendidos que se dieron a nivel de los dirigentes políticos de todos los signos incluyendo a los ex dirigentes contrarrevolucionarios las reivindicaciones sociales fuera y dentro del movimiento sindical organizado se hicieron cada vez mas imperiosas y mas urgentes. La crisis económica es la que manda. En enero, con la llegada de la misión del FMI y del Banco Mundial el consenso anhelado por el gobierno se ha puesto nuevamente en peligro ante la perspectiva de que el gobierno, necesitado de fondos que no aparecen por ninguna parte, se decida a ejecutar un programa de ajustes económicos tipo schock que aumentaría la miseria del pueblo.
La nación ha comenzado a pagar un alto precio por los enormes esfuerzos invertidos e el logro de un simulacro de estabilidad política. 1991 comenzó con la multiplicación de las rebeldías sociales y de las impaciencias populares. Estas serán crecientes en la medida en que los distintos sectores sociales vayan descubriendo que sus reclamos económicos quedan olvidados en los planteamientos que se hacen en los diálogos de las cúpulas políticas.
La guerra en el Golfo Pérsico: un panorama sombrío Al día siguiente de que diera inicio el masivo bombardeo contra Bagdad, el Ministro de la Presidencia de Nicaragua, Antonio Lacayo, intento tranquilizar a la población nicaragüense informando que el país tenía reservas de combustible para dos meses y que, además, se había logrado reducir su consumo en u 21% con respecto a septiembre 90. Por su parte, el Ministro del Instituto Nicaragüense de Energía Emilio Rapaccioli, anuncio que la guerra podría traer un incremento de un 30-35% en los precios de los combustibles, el racionamiento de la energía, la reducción del horario de la televisión, el adelanto en el horario y la reducción de las horas de atención de las oficinas publicas.
Una prolongada guerra en el Golfo Pérsico traerá consecuencias devastadoras para todos los países del tercer mundo que al igual que Nicaragua se vio forzada a destinar $80 millones de la escasa ayuda que recibe del anterior para cubrir el alza de su factura petrolera, que en 1990 y a consecuencia de la invasión de Kuwait subió de 90 a 170 millones de dólares. Cada dólar de incremento en el precio del barril de petróleo le cuesta a Nicaragua 600 mil dólares mensuales. Se estima que el actual precio que paga Nicaragua por el barril mantenido artificialmente no se sostendrá mas de dos meses. Pero aun mas crisis que la misma guerra producirá en Nicaragua la actual recesión de la economía norteamericana.
Como la guerra incrementara esta recesión, Estados Unidos buscara como compartir con el resto del mundo su impresionante declive económico. Para economías tan dolarizadas y tan dependientes del mercado norteamericano como es la de Nicaragua, la situación que dejara el día después de la guerra será durísima. Ya México por ejemplo ha visto descender en un 23% sus entradas por turismo y en un 17% las exportaciones de sus zonas francas o maquilas a consecuencia de la crisis económica en Estados Unidos.
La combinación guerra-recesión dibujan un deprimente futuro para Nicaragua. Aun cuando la guerra terminara en un corto plazo se espera que los mecanismos inflacionarios internos podrían empezar a ganar de nuevo la espiral hiperiflacionaria vivida en los últimos meses y relativamente controlada. La recesión en Estados Unidos causara un descenso en las ganancias que por productos de exportación a los Estados Unidos consigue Nicaragua y reducirá de manera significativa la cantidad de dólares que entran en el país a través de las remesas familiares de los nicaragüenses que han emigrado a Estados Unidos a vender allí su fuerza de trabajo. Si el barril de petróleo llegara a costar 50 dólares, esto significaría un alza de los intereses que cobra la banca internacional lo que nos afectaría a todo el Tercer mundo pues aumentaría en miles de millones los intereses de la ya esclavizante deuda externa. Se calcula que si los intereses subieran, por ejemplo, un solo punto pasando del 7 al 8% América Latina tendría que pagar este ano y solo en intereses 3 mil millones de dólares mas a la banca internacional.
Por otra parte, la enorme cantidad de recursos que los países ricos del Norte están dedicando a la guerra y la crisis de sus propias economías reducirán drásticamente los fondos de ayuda al Tercer Mundo lo que hará fracasar cualquier medida de estabilización moderada para reactivar la economía de nuestros países. En Nicaragua la frágil estabilidad económica social y política en la que vivimos puede ser transformada bruscamente en una violenta y permanente inestabilidad.
Es la guerra del Norte contra el Sur. Y toda la vida en el Sur esta amenazada. Mientras el primer mundo mata con toneladas de bombas a u pueblo del Tercer mundo en nombre del derecho y del orden, los otros pueblos de ese Tercer mundo serán diezmados por el hambre que han institucionalizado los mecanismos del cada vez mas injusto y torcido orden económico internacional.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica