Honduras
Todos contra el Ejército
La lucha a favor de la desmilitarización, impulsada por casi todos los sectores de la sociedad civil y hoy también por la embajada norteamericana y por los organismos financieros internacionales, amenaza con entorpecer la obtención de financiamiento externo y con crear una división dentro del Ejército hondureño.
Equipo Envío
Los militares hondureños, considerados los principales aliados regionales de Estados Unidos en la última década, se han convertido - según expresó recientemente el embajador norteamericano en Honduras Crescencio Arcos - en uno de los mayores obstáculos al desarrollo económico del país. El presupuesto militar de Honduras, que se incrementó en un 108% a partir de 1980, hasta llegar a un total de 47 millones de dólares, representa actualmente el 33% del presupuesto nacional. Sin embargo, este problema central no ha entorpecido la implementación del plan de ajuste estructural, cumplido fielmente por tecnócratas y políticos que no pueden aún sin presentar muchos éxitos.
La lucha a favor de la desmilitarización, impulsada por casi todos los sectores de la sociedad civil, y hoy también por la embajada norteamericana y por los organismos financieros internacionales, amenaza con entorpecer la obtención de financiamiento externo y con crear una división dentro del mismo ejército. El rechazo de los militares a abandonar su poder tradicional y la voluntad de los dos principales partidos a continuar el estilo caudillista de gobernar ha entrado en contradicción con lo que parece ser la decidida voluntad del gobierno norteamericano de obligar al gobierno hondureño a eliminar los altos niveles de corrupción gubernamental y a reducir el tamaño del Estado y de las Fuerzas Armadas.
Por esto, y paradójicamente, el Departamento de Estado se ha convertido en el principal aliado de diversos sectores de la sociedad civil que luchan contra la impunidad militar y también de los sectores populares que luchando contra el militarismo están buscando una alternativa viable para oponerse o contrarrestar los avances del plan de ajuste neoliberal.
Militares y militarismo El neoliberalismo, como paquete global, implica la desmilitarización. Se trata de recortar los presupuestos nacionales - también en los gastos militares, disminuyendo el tamaño de los ejércitos - para así reducir el déficit fiscal del país. La crisis económica en Estados Unidos contribuye también a que el gobierno norteamericano no encuentre fáciles justificaciones para apoyar aparatos militares extranjeros.
A diferencia de los otros ejércitos de la región - exceptuando el caso excepcional del ejército de Nicaragua - los militares hondureños se han caracterizado por un uso más sofisticado y selectivo de la represión.
La atención internacional, dirigida hacia otros países centroamericanos, ha propiciado también además, que la sociedad hondureña tenga una imagen menos violenta que la de sus vecinos. El gobierno de Callejas - al igual que los que le antecedieron en la transición democrática de los años 80 -ha sabido combinar la represión controlada con la negociación, la reflexibilidad política y la cooptación de los liderazgos sindicales.
Pero la desmilitarización es un hecho regional. Ya se ha puesto en práctica en Panamá - como resultado de la invasión -, en Nicaragua - como consecuencia del resultado electoral del 90 y del fin de la guerra -, en El Salvador - como una exigencia de los Acuerdos de Paz- y en Costa Rica - como continuación del mito de una nación sin fuerzas armadas -. Quedan solamente los ejércitos de Guatemala y Honduras jugando el tradicional papel de primeros y últimos controladores de la sociedad civil. Ambos ejércitos continúan ejerciendo la represión y violando los derechos humanos de los sectores populares.
No hay excusaEn el caso de Honduras y según el último informe del Departamento de Estado, la impunidad de las Fuerzas Armadas se evidencia en que "operan con autonomía institucional y legal, y particularmente en lo que se refiere a seguridad y asuntos militares". Al oponerse a la reducción de su presupuesto, el ejército está defendiendo intereses económicos y también el control que ejerce sobre el gobierno, manteniendo una representación mayoritaria en el Consejo Nacional de Seguridad y ejerciendo poder sobre promociones y nombramientos en diversas instituciones estatales: aduanas, migración, tráfico, aeronáutica civil. La sociedad civil no debe, pues, juzgar sobre su impunidad o inmiscuirse en sus asuntos económicos.
Los Acuerdos de Paz en El Salvador eliminaron uno de los argumentos principales de los militares y del Presidente Callejas -que durante el año pasado les dio un apoyo decidido- para postergarse la reducción del ejército. Adicionalmente, la decisión de "los lenchos", las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya, de renunciar a la lucha armada -como ya lo hizo antes el Movimiento de Liberación Cinchoneros -, elimina también el permanente argumento de la necesidad de defender al país de "la subversión".
Por la presión de todos los sectores de la sociedad civil -empresarios, medios, Iglesia, algunos políticos- y del exterior -embajada norteamericana y organismos financieros- el ejército hondureño busca desde finales de 1991 cómo adaptarse a la nueva situación. Para ello, realizó cambios internos que consolidan el poder de la sexta promoción en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y redujo el número de ascensos de oficiales - de 350 a 150 -, todo en nombre de la "modernización" y la "excelencia académica", en realidad, buscando mantenerse como un poder "paralelo".
Pero, mientras la cúpula militar busca cómo preservar su impunidad y su poder político, la primer reacción, peligrosa para este objetivo, surgió de su propias filas, de sus subalternos, que temen no poder ascender y lograr el pedazo de "pastel" al que por tradición histórica les corresponde aspirar. El intento de golpe militar en Venezuela exacerbó esta situación y la posibilidad de un golpe entró también en la agenda hondureña.
Todos contra los militares Los medios de comunicación, que gozan de una mayor apertura informativa e imprimieron una mayor calidad a su trabajo, ocupan sus primeras planas para denunciar asesinatos, atropellos y otras violaciones a los derechos humanos y para alentar el debate sobre la desmilitarización. Se han centrado especialmente en la impunidad con la que actúan los militares, buscando cambios significativos en el sistema judicial, entre ellos el sometimiento de los militares a los tribunales civiles.
La Iglesia Católica, poniéndose también al frente de la lucha por la justicia y de la lucha campesina, ha criticado severamente, a nivel de Conferencia Episcopal, la represión del ejército.
La Comisión de Derechos Humanos (CODEH) denunció que el ejército se ha visto involucrado en violaciones a los derechos humanos como el asesinato del activista Marco Tulio López - hijo de la presidenta del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, Liduvina Hernández - y la violación y asesinato de la joven de 17 años Riccy Mabel Martínez a mediados de julio/91. Las evidencias de este último crimen fueron presentadas por el Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos, señalando como autor del crimen al Coronel Angel Castillo Maradiaga y a otros militares. El caso está siendo muy usado por la embajada de Estados Unidos para presionar al gobierno de Callejas a dar pasos hacia una real desmilitarización del país.
El embajador norteamericano Crescencio Arcos exige también la desmilitarizacion. Informó públicamente que la ayuda económica de Estados Unidos a Honduras se reducirá en un 50% en 1992. Arcos presiona también por la reducción del déficit fiscal, argumentando que el crecimiento en 1991 del PIB en un 2% no contempla el incremento poblacional y que por esto, "Honduras necesita una tasa de crecimiento económico de por lo menos un 4%" Arcos - cuyos señalamientos sobre el militarismo fueron calificados en 1991 como "improcedentes" por el propio Presidente Callejas - ha arremetido de nuevo en 1992 en la misma dirección.
AID, empresarios y políticosOtras entidades del gobierno norteamericano como la AID, que diseñó el plan de ajuste estructural que Honduras ha implementado desde marzo de 1990 -al igual que otros organismos internacionales- han exigido también la reducción del presupuesto militar. Lewis Preston, Presidente del Banco Mundial, expresó que era necesario reducir los excesivos gastos militares si Honduras espera recibir más créditos. Hasta la UNICEF, organismo de Naciones Unidas encargado de la niñez, planteó la desmilitarización de los ejércitos centroamericanos para solucionar la extrema pobreza de la región durante la más reciente cumbre de presidentes centroamericanos para solucionar la extrema pobreza de la región.
Por su parte, la empresa privada hondureña, entre ellos la Cámara de Comercio de San Pedro Sula y la de Tegucigalpa, se han pronunciado a favor de la reducción del gasto militar y la reestructuración de las fuerzas militares, como paso necesario para la "modernización" del Estado y para sostener la viabilidad económica del modelo neoliberal. Planteando esto, la empresa privada está defendiendo sus propios intereses: varias empresas públicas en proceso de privatización están pasando a manos de los militares, como fue el caso de la cementera estatal INCEHSA.
Durante 1991, todas las batallas fueron ganadas por el ejército, que además del firme apoyo del Presidente Callejas y de su partido, el Partido Nacional de Honduras, dirigido por Celín Discua - hermano del jefe del ejército General Luis Alonso Discua - contó con la posición sumisa de los liberales. Estos, a pesar de que han buscado mayores vínculos con sectores progresistas y con el capital nacional, consideran que su estrategia debe ser plantear la desmilitarización como parte de la campaña electoral de 1993.
El único partido que ha mantenido la posición de enfrenta al ejército es el PINU-SD que presentó al Congreso un proyecto de reformas constitucionales exigiendo la eliminación del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y sustituyéndolo por un civil en el cargo de Ministro de Defensa. Este proyecto de ley exige, además, que los militares no opten a cargos en la Corte Suprema de Justicia y al Congreso inmediatamente después de su retiro de las Fuerzas Armadas. El proyecto fue rechazado por los militares en enero/92 argumentando que lleva a la "politización" de las Fuerzas Armadas al estar éstas bajo el control de un civil.
¿Conejillos de Indias?Diversos analistas económicos consideran a Honduras un buen conejillo de Indias para la aplicación del ajuste estructural neoliberal. Su barata y "domesticada" mano de obr, más propicia a la negociación que a la confrontación, estaría en la base de estas apreciaciones.
La implementación del ajuste, al igual que en los otros países de la región, presentó en 1991 resultados macroeconómicos que no son tan negativos. La inflación cayó de un 36% en 1990 a un 33% en 1991 y a entre 20 a 15% en 1992, según cálculos iniciales.
La devaluación de la moneda nacional, el lempira, convirtió la mano de obra hondureña en la más barata de América Latina, según un estudio sobre la Cuenca del Caribe, realizado en 1990. Según el embajador Arcos, esta devaluación esta y el incremento de los impuestos fueron los factores que posibilitaron el crecimiento del PIB en un 2%. Los beneficios desproporcionados que el plan de ajuste concede al sector exportador han recibido críticas de otros sectores empresariales.
El incremento del precio internacional del banano ha beneficiado a Honduras, que se mantiene como cuarto productor mundial. Esto ha significado un retorno a la tradicional condición de la "banana republic", pues las multinacionales extranjeras han sido las más beneficiadas por la producción, comercialización y mercadeo del producto y han comenzado a crear un serio problema en el agro al comprar tierras entregadas previamente por la reforma agraria a los campesinos.
La producción cafetalera, aunque al redujo su volumen, benefició en 1991 a pequeños y medianos productores, quienes controlan mayoritariamente la producción. Esto atrajo nuevos miembros a la Asociación de Productores de Café (APROCAFE). La drástica caída en 1992 del precio internacional incidirá negativamente en esta situación.
Sin embargo, el total de las exportaciones nacionales se redujo en un 5% en 1991 y el proclamado "año del despegue" anunciado por el Presidente Callejas como segunda fase del ajuste estructural no llegó en 1991.
La corrupción de los funcionarios encargados de implementar el plan de ajuste se incrementó hasta tal grado, que ha tenido que crearse la Comisión Fiscal Interventora (CFI), para investigar los casos de corrupción. Todovía está por verse si esta institución será una cortina de humo para esconder la corrupción o un serio esfuerzo para limpiar la burocracia estatal. Uno de los grandes problemas para ajustar la economía es que el país es incapaz de equilibrar su balanza de pagos y, según analistas económicos, la mitad de la deuda pública hondureña tendría que ser perdonada para lograr resultados positivos.
A pesar de todo, los organismos financieros internacionales consideran que el gobierno ha implementado satisfactoriamente el plan de ajuste que ellos le impusieron. Recientemente, Honduras recibió otro préstamo del BID para modernizar el sector energético, haciéndolo más eficiente y preparándolo así para una futura privatización, siguiendo pautas del plan neoliberal para todo el continente.
La otra cara de la moneda Como en otros países de la región, el plan neoliberal presenta relativamente buenos resultados macroeconómicos pero ha significado un evidente deterioro del nivel de vida de la población, profundizándose aún más la brecha entre ricos y pobres. Los sectores populares continúan resistiendo al plan de ajuste, creciendo y generalizándose la convicción de que el único beneficiado por el neoliberalismo es el gran capital y principalmente los exportadores.
El "reajuste" popular provocó un incremento y mayor dinamismo en el sector informal, integrado básicamente por los desempleados y al que se van incorporando por falta de otras oportunidades sectores profesionales medios. Otra válvula de escape para los sectores populares ante la política neoliberal sigue siendo las remesas en dólares que miles de familias reciben de parientes que residen en Estados Unidos, acompañadas de una creciente ola migratoria hacia este país. Los hondureños son los más recientes aventureros de la región, dispuestos a arriesgarlo todo para ser parte del "sueño americano". La creación de seis parques industriales de maquiladoras, a las que se han integrado como obreras textiles mujeres que trabajaban en el sector informal ha significado un alivio en términos de salarios y prestaciones sociales para un sector hasta ahora reducido de la población.
Pero el principal impacto negativo sobre el sector popular es el golpe a la reforma agraria y la probable desaparición del movimiento cooperativo. La nueva Ley para la Modernización y el Desarrollo Agrícola da rienda suelta a la privatización y transnacionalización de la tierra, al negar créditos a los pequeños productores y permitir la venta de tierras de cooperativas de la reforma agraria. Esta "privatización" de tierras nacionales es la disposición de mayor alcance contenida en una ley que fue diseñada por la AID y el Banco Mundial para reestructurar al sector agrícola según los parámetros.
Transnacionales al ataqueDurante 1991, la campaña de las compañías transnacionales dirigida a apoderarse de tierras del sector reformado se aceleró a causa del incremento internacional del precio del banano, que subió 10 veces en 1990. Nueve cooperativas de tierras de primera calidad, que se encontraban en dificultades financieras, vendieron sus propiedades a las bananeras. Las deudas que tenían con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la falta de financiamiento y la carencia de asistencia técnica que padecían contribuyeron a estas ventas. En algunos casos, el BANADESA condonó las deudas a los nuevos dueños transnacionales.
Ante hechos como éste, y al no recibir apoyo del Congreso para bloquear la venta de terrenos de la Reforma Agraria, el ex-director del Instituto Nacional Agrario (IAN), Juan Ramón Martínez, llegó a un acuerdo con las compañías bananeras para limitar las futuras compras a tierras vírgenes o dedicadas da otros cultivos -como el algodón, cuyo cultivo ha desaparecido prácticamente-. Este "acuerdo de caballeros" se rompió en octubre/91 cuando una transnacional compró la cooperativa bananera Guanchias, pagando por ella 37 millones de dólares.
La nueva ley y la realidad que trae consigo ha motivado numerosas protestas campesinas. En octubre/91 mil campesinos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo de Santa Bárbara participaron en acciones de protesta. La creación del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas (COCOCH), que durante septiembre y octubre/91 llevó a cabo acciones de protesta- incluyendo tomas de carreteras- con el objetivo de detener el proyecto de ley y buscar una mejor posición negociadora, también fue significativa. Pero según una política que es ya tradicional, el gobierno logró romper la unidad campesina y facilitó un consenso en torno a la ley en diciembre/91. Varias organizaciones campesinas firmaron el "Acta de Concertación", que permitió un proyecto de ley reformado que no sufrió cambios de importancia al discutirse en febrero/92 en el Congreso Nacional.
Con la nueva ley, el conflicto agrario podría regresar a los años 60 en términos de enfrentamientos y masacres, como resultado del traspaso del problema agrario de manos del Estado a la empresa privada y a las multinacionales.
Plataforma de LuchaAdemás de estas protestas campesinas, en 1991 tuvieron también lugar protestas organizadas de los sectores progresistas y de la llamada "Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras" ninguna de ellas aunque puso realmente en peligro la aplicación estratégica del ajuste neoliberal.
La "Plataforma de Lucha", que se presento como una expresión de unidad y de proyección del movimiento organizado en esta nueva coyuntura quedó en generalidades y no ha logrado constituirse en una alternativa real, a pesar de estar asesorada en materia de política económica por el mismo Colegio de Economistas.
Las limitaciones de la "Plataforma de Lucha" se deben en parte a que persisten diferencias ideológicas y diferencias también en estrategia sindical a seguir. Según algunos críticos, la Plataforma sólo ha servido para legitimar al gobierno y a su proyecto de negociaciones y concertaciones, del que se obtienen logros como el aumento de un 28% promedio del salario mínimo (julio/91). La vinculación de la Plataforma con los sectores no organizados, que son mayoritarios, es débil todavía y de hecho, se continúan aceptando las reglas del juego del gobierno..
El movimiento sindical y popular no está claro así un sobre si debe rechazar el plan de ajuste, si construir otra alternativa o simplemente aceptar la nueva realidad que enfrenta. EL gobierno hondureño, que siempre ha dedicado especiales esfuerzos a aislar y golpear selectivamente los reducidos sectores de la izquierda revolucionaria con el objetivo de evitar la elaboración de un proyecto popular auténtico que vanguardice los intereses populares, acostumbrado también a cooptar lideres sindicales reduciendo el ámbito político interno a un debate de cúpulas -de derecha o de izquierda - que elimina posibles opciones "radicales", recoge a la ahora,a la hora del neoliberalismo importantes frutos. Lo única que al menos se ha logrado ya es una unidad crítica frente al proyecto neoliberal.
Un caso excepcionalUn caso excepcional fue la huelga de los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), que desde que iniciaron su huelga en abril/91 la presentaron como un enfrentamiento al proyecto neoliberal y en protesta por el despido de 800 trabajadores y el alza del 65% en las tarifas de consumo.
La acción de los sindicalistas del STENEE se proyectó como diferente desde el comienzo porque los beneficiarios de la lucha serían los consumidores, en particular los más desfavorecidos -a diferencia de otras huelgas sindicales, estrictamente reivindicativas y con beneficios sólo para los trabajadores de sus empresas-.
El STENEE planteó al gobierno que el aumento a los precios de la energía - que fue recetado por el Fondo Monetario Internacional - fuera fijado sólo para los grandes consumidores. El gobierno - con el aval del mismo FMI - cedió a esta demanda. El STENEE se logró presentar como un defensor de los pobres y su acción fue muy popular. ¿Será por eso que el BID otorgó en enero/92, 215 millones de dólares para el sector energético, a pesar de que el gobierno no cumplió en 1991 las metas del plan de ajuste?
Medio ambiente: un tema nuevo y de futuro La nueva revalorización de la tierra ha politizado el tema ecológico, principalmente después de que se reveló la concesión hecha por el gobierno a la Stone Container Company para explotar 15 kilómetros cuadrados de bosques de la Mosquitia hondureña en los Departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Yoro. Esta zona de la Mosquitia es considerada una de los mas ricos ecosistemas del planeta y según la concesión será destruido para enriquecer a una transnacional norteamericana.
La extensión de la concesión es nada menos el 15% del territorio nacional. La zona estaría en posesión de la Compañía durante 40 años a cambio de unos míseros 5 mil puestos de trabajo y 18 millones de dólares anuales en pago de impuestos. Este polémico contrato se perfila como uno de los temas políticos de mayor envergadura y repercusión en el ámbito nacional e internacional. Dos altos funcionarios del gobierno fueron acusados de solicitar pagos para facilitar la obtención del contrato y varias organizaciones ambientalistas han sido amenazadas de quedar sin personería jurídica si continúan divulgando y manifestando de cualquier manera su oposición al contrato. El tema puede potenciar políticamente el movimiento ambientalista hondureño y servir de catalizador de las protestas en contra del proyecto neoliberal.
Hábilmente, el ejército, cuestionado hoy desde abajo, desde arriba y desde afuera en su poder, se ha montado en el carro ecológico. El Colegio de Defensa Nacional recién inaugurado por la cúpula militar, ha prometido crear "batallones verdes" que serían una tropa de luchadores ambientalistas. No es factible que el ejército logre engañar a muchos hondureños. Los nuevos enemigos son la pobreza, el hambre y las enfermedades y su objetivo la mejora ambiental. El reto de la desmilitarización no les será fácil de esquivar. Dependerá en gran medida de la organización, beligerancia y unidad de la sociedad civil el que el resultado de este desafío sea lo más positivo posible para la mayoría del pueblo.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica