Nicaragua
El maremoto social
Dos de cada tres nicaragüenses
pueden hoy considerarse damnificados
por los destructivos efectos del maremoto del neoliberalismo.
Equipo Envío
Habitualmente, los grandes medios informativos cubren solo las noticias que ocurren en los países industrializados. Son raras las ocasiones en que se dignan a considerar a los países tercemundistas. Casi siempre lo hacen cuando ocurren desastres naturales, como el maremoto que el primero de septiembre azotó la costa del Pacífico nicaragüense. Esta tragedia que afectó a miles de residentes ribereños, arrebatando masivamente la vida a niños que fueron arrancados de los brazos de sus padres por las dos olas malditas, también dio lugar a ocurrencias y anécdotas características del humor nicaragüense.
¿Por qué un maremoto en Nicaragua?De todos los países que tienen costa a lo largo del Pacífico, ¿por qué Nicaragua? ¿Por qué la costa de un país que ya ha sufrido suficientes terremotos, guerras, huracanes y erupciones volcánicas como para traumatizar la memoria de dos generaciones? "Sólo falta que nos llueva mierda", exclamó un ciudadano. Y otro le advirtió que esto sería posible si, como consecuencia de otro movimiento sísmico o de la erupción del volcán Momotombo, se provoca el desbordamiento del lago de Managua sobre la capital.
Aparte de la noticia del maremoto, el New York Times y otros diarios de renombre mundial dieron alguna atención a las olas políticas que sacudieron Nicaragua a partir de las erupciones de Washington. Se produjo el cambio en la Jefatura de la Policía y el sandinista René Vivas fue sustituido por el también sandinista Fernando Caldera, igualmente inaceptable para la extrema derecha y que, además, es objeto de suspicacias por parte de sectores populares. Particularmente, de los trabajadores de las fábricas jaboneras de Granada, que sufrieron el garrote policial hace algunos meses por órdenes suyas.
En aquella ocasión, Daniel Ortega elevó una protesta pública contra la desmesurada actuación de la policía. Ahora, sustituye a Vivas el que fuera jefe de la IV Región, seguramente con el antecedente granadino esgrimido como crédito a su favor por el gobierno ante la Embajada de Estados Unidos. La derecha, sin embargo, no le perdona su trayectoria y su militancia sandinista y le acusa de violador de los derechos humanos en años anteriores. Asume el cargo bajo la supervisión de un Vice-Ministro civil que fue colaborador de la ex-contra, tal como exige Washington.
También fue objeto de despliegues informativos la crisis desatada en el Poder Legislativo, que quedó paralizado cuando la bancada sandinista y la "de centro" impugnaron ante los tribunales a Alfredo César por actuar sin que estuviera presente la mayoría de los diputados, tal como mandan los Estatutos. Recurriendo a los suplentes de los diputados ausentes, César reconvocó la Asamblea ignorando la orden del Poder Judicial con lo que se desató la más profunda crisis de institucionalidad vivida durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.
Hubo también noticias sobre operativos militares para enfrentar a reagrupaciones de la ex-contra. El ejército lanzó uno de sus mayores operativos en persecución de las diversas bandas que operaban en las zonas rurales de Matagalpa y Jinotega y en la Región V. Con excepción del maremoto, todas estas situaciones están directa o indirectamente conectadas con la negativa de Washington a desembolsar los fondos asignados a Nicaragua. El gobierno de Barrios de Chamorro parece haber perdido así su principal sostén. En la historia de Nicaragua, es bien conocido que gobierno que no cuente con la bendición de Washington, es gobierno que no dura mucho. Como consecuencia, la lucha por el poder entre las facciones de la derecha entró en una etapa decisiva, sin que el FSLN haya decidido si entra a la competencia o se lava las manos de politiquería.
Crisis institucional y crisis de mayoríasEl vaivén político captó la atención de los observadores y los círculos diplomáticos copando también los titulares de los medios. Pero lo más importante y decisivo para Nicaragua estaba ocurriendo quizás sin mucho ruido: a pesar de la crisis en las relaciones entre el gobierno y la administración Bush, a pesar de la crisis institucional de los poderes, el autoritarismo neoliberal avanza aceleradamente, elevando día a día la temperatura social como resultado del plan económico gubernamental impuesto al pueblo.
En realidad, ni la reanudación de los desembolsos en la asistencia estadounidense, ni el re-establecimiento de los procedimientos político-burocráticos, ni un entendimiento César Lacayo, ofrecen garantías de alivio para los sectores que, literalmente, no saben si mañana comerán: la gran preocupación del gobierno no se refiere a proyectos sociales a realizar con la ayuda de Washington porque esta ayuda nunca tuvo ese objetivo; el pánico de los tecnócratas tampoco se relaciona con lo que se debe moral y políticamente al pueblo; los terrores de los que mandan se deben a la amortización exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a finales de septiembre, para que Nicaragua pueda recibir un "100" en conducta financiera-fiscal.
Los damnificados del maremoto económico El gobierno puede recibir un "100" técnico, pero en materia social queda más aplazado que nunca. Según datos de Naciones Unidas, un 53% de la población económicamente activa está desempleada o subempleada; un 70% de todos los nicaragüenses enfrenta dificultades para satisfacer sus necesidades básicas; la mortalidad infantil es del 71.8 por cada mil nacidos; la seguridad social sólo cubre al 18% de la población ocupada y el analfabetismo rural se calcula en una tasa del 40 %; 3 de cada 4 nicaragüenses no tiene acceso a los servicios de alcantarillado y letrinas; el 62.5% no tiene viviendas adecuadas ni acceso al agua potable en forma permanente; el 12.5% vive en hacinamiento; el 70% de la población no ingiere la cantidad de calorías consideradas mínimas necesarias para el desarrollo normal.
En este contexto, no fue gran sorpresa que en los días posteriores al maremoto crecieran las filas frente a los camiones que llevaban asistencia a los damnificados, en busca de cualquier producto que se repartiera, aunque muchos de los que hacían fila eran vecinos de comunidades lejanas a la zona afectada. Esas personas, a las que el vespertino La Prensa calificó despectivamente como "falsos damnificados", no eran más que víctimas del maremoto económico que continúa sacudiendo a Nicaragua. A los damnificados por las olas, se sumaban los damnificados por la guerra y por la economía. Resumiendo, dos de cada tres nicaragüenses pueden considerarse como damnificados.
Las huelgas de hambre: institucionales y movilizativasLo sorprendente y esperanzador es que el pueblo, aguerrido y rebelde, continúa resistiendo con todos los medios a su alcance. Durante el mes, tres grupos recurrieron a la huelga de hambre: madres de militares caídos y lisiados de guerra reclamaron aumentos en sus raquíticas pensiones que, en algunos casos, suman 9 dólares mensuales; ex-militares que se sienten burlados porque no les cumplen los compromisos de entregarles lotes para construir sus viviendas; y trabajadores de la banca y de TELCOR, amenazados con el despido.
Lisiados de guerra, viudas, pensionados de avanzada edad, ex-militares, trabajadores despedidos, embarazadas incluso, recurren a la huelga de hambre, llegando a puntos de avanzado desgaste físico, tendidos en los salones de la Cruz Roja y también, como más intensa medida de presión, frente a las instalaciones del Ministerio de Gobernación, exigiendo justicia mientras se les suministra suero para controlar diarreas de sangre y complicaciones renales.
"Estamos conscientes de qué madera social está hecho este gobierno - expresó un editorial de Barricada - pero sí causa grima y repulsión el hecho de que haya gente en la cúpula del poder, que ni siquiera puede actuar de manera coherente con su propio discurso democratista y cristiano".
A lo largo de sus dos primeros años en el gobierno, la respuesta oficial tendió a coincidir con su discurso de tolerar el derecho de todo ciudadano y agrupación a la libre expresión y a disentir en público. El gobierno proclamaba que, de este modo, el régimen de Barrios de Chamorro se diferencia del gobierno sandinista.
Pero la tolerancia se pierde rápidamente a medida que el gobierno enfrenta la contradicción entre el neoliberalismo con su discurso civilista por un lado y la represión económica institucionalizada por otro. La política social - o su ausencia -, agrava las condiciones ya paupérrimas de las mayorías desempleadas. Pero además, el gobierno tampoco puede proclamar la victoria económica: el "despegue" de la economía y la materialización de la inversión nacional y extranjera privada no se definen; los bancos continúan implacables negando crédito y esperanza a los pequeños productores, a la vez que se reporta la fuga de capital de los ahorrantes nicaragüenses.
Los de abajo demandan alivio y el gobierno promete alivio, pero al cabo de dos años, se pierde la paciencia. El círculo se cierra haciendo más atractiva para el gobierno la alternativa de represión y derechización exigida por la extrema derecha, los Estados Unidos y por la lógica del programa neoliberal.
El uso de la fuerza como respuestaEn el centro de la contradicción están la Policía, el FSLN y el gobierno de los Estados Unidos. La lógica utilizada por el Secretario de Estados Unidos James Baker durante su visita en enero fue implacable y, en el fondo, aceptada por el gobierno: para la recuperación se requiere inversión, para la inversión es necesaria la seguridad, y para garantizar la seguridad al capital, es fundamental que el gobierno utilice su aparato represivo contra los sujetos sociales cuyas protestas hacen peligrar la posibilidad de inversiones y de tolerancia por parte de los Estados Unidos.
Como consecuencia del chantaje financiero estadounidense, el gobierno gira rápidamente hacia la derecha. A medida que el Ejecutivo se debilita, necesita demostrar que tiene la situación nacional bajo control y que es capaz de garantizar el "orden".
El discurso de la extrema derecha se distingue poco del gubernamental por su nuevo énfasis en el recurso a la fuerza. El Ministro de Educación Humberto Belli saludó el nuevo recurso a la fuerza aduciendo que la reconciliación no puede significar "el mero acomodo con un rival incapaz de renunciar a procedimientos inmorales ni la tolerancia indefinida del delito y del irrespeto más craso a la autoridad".
El debut policial de los antimotinesLa necesidad política no quedó relegada al discurso. El 14 de septiembre, el gobierno ordenó a las fuerzas antimotines de la policía dar una golpiza desmedida a estudiantes y lisiados de guerra que protestaban pacíficamente durante las celebraciones de la Independencia. Evidentemente, el espectáculo de los manifestantes agitando mantas ante la tarima en la que se encontraban la Presidenta y miembros de su gobierno, durante los desfiles de bandas de guerra de los colegios e institutos capitalinos, fue demasiado. Barrios de Chamorro, personalmente, dio la orden de dispersar a los manifestantes y arrebatarles las mantas que recogían las demandas de la Federación de Estudiantes de Secundaria y la Organización de Lisiados de Guerra.
De hecho, el gobierno se había preparado para la contienda, porque dispuso unidades antimotines desde un principio en la puerta del Estadio donde se había programado la celebración. Para algunos observadores, se trataba de hacer otro llamado a Washington para lograr el desembolso de la ayuda: en esta ocasión, demostrando públicamente que la Policía sí se puede imponer sobre agrupaciones sandinistas ruidosas.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), "la orden dada por la Presidenta y sus declaraciones posteriores, donde ella misma asume la responsabilidad, evidencian una inminente institucionalización de la violencia como medida para silenciar las demandas de los sectores sociales". Varios estudiantes y lisiados resultaron lesionados como resultado del enfrentamiento. Según la Presidenta, el minusválido herido brutalmente y fotografiado por los medios, no había recibido más que "una heridita tonta" mientras molestaba, junto con otros como él y bien merecido tenían lo que les había ocurrido, porque "además le taparon al cuerpo diplomático el desfile lindo que estaban haciendo los muchachos y las muchachas". Para el Ministro Belli, todo esto es reflejo de la crisis "espiritual y moral" que vive la nación.
Pero es la cruda realidad económica la que impulsa a los manifestantes. Los estudiantes protestaban por el cobro de aranceles en el colegio - lo que es considerado como inconstitucional - y la privatización de algunos colegios, mientras los lisiados mantenían una huelga de hambre indefinida en demanda de un aumento de sus pensiones hasta por un total de 80 dólares mensuales para ellos y sus familias.
En efecto, pocos días después del incidente del Estadio, la Embajada de Nicaragua en Washington dio a conocer un comunicado a los congresistas: "Nuevo Jefe de la Policía Nacional confronta a activistas sandinistas y discapacitados de guerra" enfatizando que la misma Presidenta había afirmado ser ella quien dio la orden de represión. Según Vilma Núñez del CENIDH, los nicaragüenses sólo pueden esperar nuevas acciones represivas de parte del gobierno, por lo que ya no se puede hablar de acciones aisladas de violación de los derechos humanos. Mientras tanto, el nuevo jefe de la Policía ofrecía sus disculpas prometiendo que se reuniría con los diversos sectores para conocer sus problemas. Sin embargo, su mejor defensa fue afirmar que sólo cumplía ordenes.
Estados Unidos pide másQuedó demostrado que, si el precio de la ayuda estadounidense es la persecución política y policial de los sandinistas, el gobierno de Barrios de Chamorro está dispuesto a pagarlo. Pero la derecha empezó a demandar más cambios en la Policía y, con mayor insistencia, la cabeza del General Humberto Ortega. Al regresar de Washington, tras una de sus misteriosas visitas relámpago, y tras haber conversado con sus "colegas" en el Senado, Alfredo César anunciaba en Managua que la ayuda a Nicaragua para 1993 también será congelada y que los legisladores estadounidenses no están conformes con los cambios en la Policía Nacional.
A finales de febrero, el Senado estadounidense dio a conocer un informe de 153 páginas sobre Nicaragua en que se recogían todas las denuncias y sospechas de la derecha. Aunque otros organismos del gobierno estadounidense, incluyendo la Contaduría del Congreso, señalan que los fondos de cooperación son utilizados "correctamente", el Departamento de Estado informó oficialmente que compartía las conclusiones del informe del Senado y que enviaría una misión especial a Nicaragua a reiterar sus preocupaciones. The New York Times señaló que la Administración consideraba, incluso, la posibilidad de bloquear la entrega de fondos de los bancos multilaterales a Nicaragua, a pesar de los cambios en la policía.
Los límites de la conciliaciónLa represión de la protesta estudiantil es condenable por los métodos empleados, pero sirvió para poner al desnudo las realidades neoliberales. La gran mayoría de los estudiantes también son desempleados o hijos de desempleados, pero el Ministerio de Educación exige la eliminación del sistema de transporte gratuito heredado por el gobierno sandinista. También exige el pago de "bonos" para subsidiar los raquíticos salarios de los maestros. El gobierno, sin embargo, insiste en que la crisis no es económica sino espiritual.
El Ministerio de Educación repite sus argumentos de que ni la Educación Superior ni la Secundaria deben tomar el lugar privilegiado de la Escuela Primaria. Esa tesis de la "primarización", defendida por el ministro Belli, en el fondo pretende que los sectores populares se vean condenados a permanecer como mano de obra barata durante sus vidas. En palabras de un dirigente: "Primaria para los pobres, Universidad para los ricos. Los pobres: los peones; los ricos: los jefes".
Nueve retirados del EPS pasaron 26 días en ayuno para forzar al gobierno - en este caso el Ministerio de Gobernación - para que su Comisión Negociadora fuera escuchada. Su demanda era muy simple, en apariencia: el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno como parte del plan de reducción del ejército.
Concretamente, la entrega compensatoria de lotes para viviendas e indemnizaciones. Pero mientras el gobierno llegaba a un acuerdo por un lado, por el otro alentaba a desmovilizados de la ex-contra a tomarse los mismos lotes adjudicados a los militares. No se entregaban los lotes o se demoraba su legalización.
Por su parte, César y Godoy, lejos de sentirse satisfechos con las nuevas posiciones asumidas por el gobierno, promovieron movimientos de alcaldes para demandar la renuncia de la Presidenta o, cuando menos, precipitar una crisis política. Algunos observadores vinculan esta campaña con el realzamiento de ex-contras producidos en esos días. El gobierno por su parte, se vio obligado a conformar una comisión presidida por el Cardenal Obando y con la participación de la CIAV para "analizar la situación de la violencia" en el campo. Con esta decisión, mejoró la posición de la derecha en su afán anti-sandinista.
No obstante, algunos sandinistas continuan dándole el beneficio de la duda al gobierno y a sus buenas intenciones, atribuyendo todos los males del país a las presiones de Estados Unidos y de la extrema derecha. Aparentemente, los centristas en el sandinismo piensan que una alianza con el gobierno es la mejor forma de "ganarse" a los Estados Unidos.
Qué hace el sandinismoAnte la abierta batalla entablada por César y los Estados Unidos para asegurar una mayor cuota de poder político, la respuesta del gobierno consiste en hacer su propio giro en esa dirección, poniendo al sandinismo ante la disyuntiva de o bien plegarse al gobierno para tratar de detener o minimizar ese giro, o bien llegar a la conclusión de que las posiciones y conducta del gobierno no varían en lo fundamental de lo propuesto por César y los Estados Unidos.
A lo interno del FSLN, hay quienes insisten en que es mejor entrar en la contienda planteada por la derecha por la redistribución del poder, mediante una alianza más abierta y estrecha con el gobierno, con el fin de preservar un esquema de estabilidad política donde quede excluído el revanchismo abierto. Por otro lado, otros sectores sandinistas consideran que el FSLN está demasiado absorto en la problemática de las relaciones con el gobierno y en las maniobras parlamentarias de la oposición derechista, y que es ingenuo esperar que el gobierno pueda mantenerse firme ante las presiones internas y estadounidenses.
Por otro lado, se está erosionando la capacidad mediadora del FSLN frente a los sindicatos y movimientos sociales, ya que detenerlos en sus protestas en aras de una estabilidad cuestionable también conlleva un costo. La pregunta es: si se trata de asegurar cambios fundamentales, ¿no será mayor la influencia movilizativa del FNT que la de la bancada parlamentaria sandinista?
Al fin y al cabo, ni las negociaciones y el parlamentarismo, ni los llamados sandinistas a respetar la vía cívica y buscar el consenso para hacer un frente común contra la derecha revanchista, han logrado incidir en la conducta económica y ahora represiva del gobierno. Poco pudo hacer el FSLN para impedir que el gobierno desarrollara una política de concesión tras concesión respecto a Washington, en abierta violación de todos los entendimientos formales e informales establecidos. Ni la estabilidad, ni la soberanía, ni la sobrevivencia económica pudieron materializarse desde la oposición.
FSLN: ¿apuntalar al gobierno?Se puede alegar que el FLN no es gobierno, sino partido de oposición y que por lo tanto no está en capacidad de ejecutar o impedir programas de gobierno. Pero el problema es que el sandinismo es mucho más que un partido, lo que es sabido y aprovechado por el gobierno para tratar de ganar espacio político y social en el desarrollo de sus políticas neoliberales. En estas condiciones, ¿continuará el FSLN como partido prestándose a apuntalar a un gobierno y un marco de estabilidad cada vez más desestabilizante en lo social?
Es cierto que, como el FMLN en El Salvador, el FSLN ha adquirido como partido legal y respetuoso de la Constitución un compromiso con el marco político institucional del cual forma parte. Pero es difícil no llegar a la conclusión de que como en el resto de América Latina, las reglas del juego institucional - cuando de implementar programas de ajuste estructural se trata - son desfavorables para los sectores populares y para las organizaciones políticas que las representan.
Dos opciones para el FSLN, donde falta el consensoAnte esta situación, el sandinismo tiene dos opciones, y en septiembre quedaron de manifiesto. O abandonar la representatividad de los intereses de los desfavorecidos por el programa neoliberal, plegándose a la defensa de la estabilidad política y el resguardo de los intereses "nacionales", al tiempo que asume su plena responsabilidad como partido legal y se convierte en parte de la sociedad política sin ninguna pretensión de liderazgo de los movimientos sociales.
O bien, optar por una identificación más clara de las diversas instancias populares en lucha, respondiendo con firmeza a los múltiples llamados de apoyo a sus movilizaciones, aún al precio de sacrificar los intereses de partido legal que pregona aglutinar a todo el que pueda ofrecerle su voto. En otras palabras, asumir la posición de "movimiento", dejando de lado el apego estricto a las reglas del juego que debieran regir las relaciones "civilizadas" entre un partido con los demás partidos y con el gobierno.
Es evidente que para el gobierno, lo mejor es contar con el sandinismo con un pie en ambos campos, exigiéndole "responsabilidad" legal pero también en capacidad de mediatizar a los sectores populares en rebeldía. Ya había duda acerca de si en realidad el FSLN cuenta con capacidad para neutralizar a los movimientos sociales y sindicales, cuando algunos dirigentes de base se preguntan de qué lado está el FSLN, si no estará más comprometido con la estabilidad del gobierno y de la sociedad política, que con la sociedad misma y sus necesidades. La falta de consenso a lo interno del FSLN no puede ocultarse. El Secretario General del FSLN Daniel Ortega, en declaraciones a los medios, dio a entender que la tarea del FSLN no consiste en convertirse en muro de contención y que no es preocupación del sandinismo si el gobierno se cae.
Según Ortega, no es el FSLN quien sacará las castañas del fuego al gobierno si no cumple sus compromisos con el FSLN, si acepta todas las imposiciones de Washington, y si continúa con políticas económicas que generan protestas populares.
Para Ortega, el FSLN no puede seguir siendo chantajeado por la extrema derecha a la que ahora se agrega claramente el gobierno de los Estados Unidos. En esta situación, lo que cabe es que el sandinismo se apegue a su base social histórica en vez de tratar de quedar bien con todos los sectores de la sociedad.
Si el gobierno cae...Anteriormente, las ofensivas de la extrema derecha habían tenido como consecuencia que, en aras de la estabilidad, el FSLN hacía concesiones aceptando las violaciones de los Acuerdos de Concertación. Particularmente repugnante para el sandinismo es presenciar la tolerancia del gobierno con los intentos de antiguos somocistas por asumir nuevos espacios políticos y económicos y la imposición de métodos policiales somocistas.
Si el gobierno "cae" como consecuencia de la presión de la ultraderecha, que continúa demandando la renuncia de la Presidenta o, al menos, del Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo, y de la presión de los organismos populares que exigen modificaciones en los programas económicos, será un problema que afectará más al gobierno que a los sectores populares, porque éstos están atravesando una crisis que difícilmente puede ser peor.
Al fin y al cabo, desde la perspectiva popular, es menos subversiva una identificación declarada del sandinismo con los hambrientos que con las maquinaciones institucionales abiertamente ilegales de Alfredo César, o con un gobierno que desarrolla políticas económicas francamene inhumanas y que frecuentemente trastabilla por las revelaciones de corrupción generalizada.
Ofensiva de la derecha sandinistaEvidentemente, la ofensiva de Washington lleva a la derechización del gobierno, pero también facilita que la derecha interna del sandinismo también asuma mayor beligerancia. "El peor enemigo del sandinismo no son los yanques, ni los capitalistas, ni Alemán, ni Virgilio, ni César", advirtió Ortega, sino "el oportunismo que puede estar subiendo en nuestras filas, la derechización, la propuesta de convertir al FSLN en un partido de ricos".
La "derecha" sandinista también lanzó su ofensiva contra la línea defendida por Daniel Ortega y los sectores más combativos del sandinismo y de los organismos populares. La punta de lanza de esta ofensiva está conformada por muchos de los parlamentarios que, a diferencia del grupo de centro sandinista ("sandinistas por un proyecto nacional"), no habían querido compartir las demandas públicas a la dirigencia sandinista y a Ortega en particular, para abandonar la retórica y el "radicalismo", la defensa del sector sindical y los métodos de lucha que, a veces, caen en la "violencia".
La campaña tomó la forma de promocionar un nuevo Congreso del FSLN. Aunque la Asamblea Nacional no había logrado resguardar los derechos económicos del pueblo, tal como admitió un representante parlamentario de extracción sindical, una mayoría de los parlamentarios pensaba que, al estar contados los días de Alfredo César en la Presidencia de la Asamblea, el co-gobierno se haría efectivo en el próximo período de sesiones con una mayoría "centro" FSLN. Políticamente, esta visión hace necesario resguardar a toda costa la relación con el gobierno y su estabilidad, con la fe de que, sin César, "todo será mejor". En términos partidarios, una recomposición de la Dirección Nacional debería ser la vía para apuntalar dichas posiciones en el liderazgo de la organización.
Algunos parlamentarios sandinistas aprovechan el descontento general por la forma en que, durante el Primer Congreso, se eligió "en plancha" a la Dirección Nacional del partido. Todas las corrientes coinciden en que esto no se puede repetir y que algunos miembros de la DN deben quedar fuera. Muy pocos, sin embargo, incluyen a Daniel Ortega en esta categoría.
En el fondo, no se trata entonces ni ahora de personalidades sino de posiciones; no de quién sale de la DN, sino de quién entra y cuál es la verdadera correlación de fuerzas. No es fácil discernir esto último, considerando que entre los "centristas" está una buena parte de la intelectualidad sandinista, con un peso desmedido en los medios de comunicación sandinistas e, incluso, con acceso al derechista diario La Prensa. Numéricamente, sin embargo, continúan siendo una minoría dentro de la membresía del FSLN, sobre todo si se toma en cuenta el sentir de las regiones donde reina el "radicalismo" a nivel de la base sandinista.
¿Maremoto político o económico?Los sandinistas "no radicales" están haciendo públicas sus propuestas, figurando en ellas sandinistas más conocidos por sus dotes empresariales y en todo caso, defensores de la línea de búsqueda del consenso nacional; es decir, de un entendimiento con el gobierno, al que diferencian claramente de la extrema derecha representada por Alemán, César y Godoy. Mientras tanto, las acciones armadas de la recontra coinciden con la subida de tono de las declaraciones de los tres representantes de la ultraderecha, llegando César a anunciar públicamente que en Nicaragua se estaba iniciando un "maremoto político" que iba a generar "olas gigantescas que van a sepultar para siempre el pasado negro-sandinista".
Desde la perspectiva de las fuerzas populares, sin embargo, y sobre todo, en su vida cotidiana tormentosa y de miseria, la distinción entre el maremoto económico vivido y el maremoto político pronosticado es más aparente que real. A pesar del discurso anti-gubernamental de la ultraderecha, los sectores populares sospechan correctamente que, en materia de política económica, no hay gran diferencia entre la extrema derecha en la oposición y la derecha en el gobierno. Esto también lo admiten los líderes del COSEP, extremadamente críticos del gobierno, pero que no obstante, califican de "exitosa" la política de "estabilización" emprendida por el Ejecutivo.
¿Un nuevo congreso del FSLN?La línea divirsoria entre el gobierno y la coalición de la UNO se hace más difusa en la medida en que el gobierno privilegia el recurso a la fuerza y reniega de sus compromisos con las fuerzas sindicales. Gremio tras gremio de trabajadores reclaman que el gobierno arrastra los pies en las negociaciones de privatización a favor de los trabajadores, ahogando a las empresas económicamente, mientras facilita la privatización a favor de los grandes intereses económicos. Tal es el caso de las empresas de buses y de los supermercados.
Esta contradicción entre el espíritu acomodaticio y las posiciones de confrontación a lo interno del FSLN no es nueva. Se desprende fácilmente de las discrepancias en los discursos y en los tonos políticos empleados por la misma dirigencia. En momentos de crisis y de confrontación social recrudece, para luego atenuarse y recomenzar el círculo nuevamente.
Dentro de este contexto, es atractivo para todos los sectores a lo interno del sandinismo medir las fuerzas nuevamente mediante un Congreso, con la fe de que saldrán nuevas definiciones. Otro miembro de la DN, Víctor Tirado, abogó abiertamente por la reconciliación política con los antagonistas sociales históricos y con los Estados Unidos, diciendo que no puede ser "descalificado", ya que "lo que desean es que haya orden y estabilidad en Nicaragua para poder ayudar, para poder cooperar". En un pronunciamiento de la Dirección, no se desaprobó la convocatoria de un nuevo Congreso pero se retrasó en el tiempo.
El problema no es si el FSLN debe o no ser pluriclasista - ya lo es y siempre lo ha sido - sino de a qué clase responder en lo fundamental. Es natural que, a partir del desplome en Europa del Este, del fracaso electoral, por el cúmulo de desgastes personales y colectivos, para no mencionar el mismo pluriclasismo interno, no todos los sandinistas creen en la lucha de clases o han dejado de pensar en términos de explotados y explotadores, para concentrarse en la búsqueda de mayorías electorales y consensos con las fuerzas del gobierno y los denominados grupos de "centro" nacionales.
Un modelo económico cruelPero Nicaragua o el sandinismo visto a través del prisma de la Asamblea tal vez no sean la verdadera nación ni el verdadero partido. La distribución de las bancas en la mesa directiva de la Asamblea o las arbitrariedades de César en materia de procedimiento legal, simplemente no son cuestiones de vida o muerte para la mayoría de los sandinistas y empobrecidos del país, aunque sí lo aparentan ser para los políticos profesionales.
¿Qué apego puede haber a la estabilidad del gobierno de Barrios de Chamorro, o qué importa el compromiso de que pueda cumplir su período presidencial hasta 1996, cuando a diario las mayorías viven la desestabilización familiar y emocional, más preocupados por la sobrevivencia en la semana o mes entrante, que por la permanencia de un gobierno cruel económicamente y ahora policialmente cruel?
Por otro lado, el discurso de Godoy y César no puede ser desestimado cuando atribuye una "corresponsabilidad" al FSLN de todo lo que hace el gobierno. Para muchos sandinistas, incluyendo las fuerzas sindicales, la defensa del gobierno no garantiza unos beneficios que justifiquen los costos de esa política. Son demasiado altas las pérdidas sandinistas en términos de compromisos no cumplidos, escabullimientos, duplicidades de parte del gobierno y frustración de parte de las bases.
Será entonces un nuevo ciclo de luchas movilizativas y de derechización palpable del gobierno, lo que llevará a muchos sandinistas en el Parlamento, en el Ejército y en la empresa, a la conclusión de que su verdadera base política está en el pueblo y no en otra parte. Pero esa batalla no se dará desde la cúpula del sandinismo, ni desde su vieja nomenclatura. Son los movimientos sociales afines al sandinismo los llamados a exigir nuevos niveles de beligerancia para defender posiciones revolucionarias y radicales, porque también es radical la ofensiva de la derecha y el modelo que trata de imponer.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica