Honduras
Ajuste: dos caras de la moneda
Un mismo debate y una misma crisis atraviesa a toda Centroamérica, unida e integrada solamente por el ajuste estructural que el neoliberalismo ha impuesto.
Mario Posas
El año 1993 es año electoral. Las elecciones para Presidente de la República, diputados y alcaldes se realizarán el último domingo de noviembre. Esto ha vuelto a poner sobre el tapete los "logros" del programa de ajuste estructural de corte neoliberal impulsado por el Presidente Callejas. El propio Presidente y los principales funcionarios de su gabinete económico se han encargado de divulgar los éxitos de ese programa y de restar importancia a las críticas de quienes se oponen al ajuste. Todo con el propósito de favorecer la imagen política de Oswaldo Ramos Soto, candidato presidencial del partido político gobernante, el Partido Nacional.
El ajuste según el gobiernoRicardo Maduro, presidente del Banco Central de Honduras y uno de los voceros más autorizados del régimen, ardoroso defensor de los dogmas monetaristas y neoliberales, fue quien más propagandizó los logros de la política económica del régimen callejista. El primero sería la estabilización del proceso inflacionario. Según las cifras oficiales, durante los 3 años de vigencia del ajuste económico neoliberal, la inflación acumulada ha sido del 63.4% (En 1990 la inflación fue del 36%, en 1991 del 21.4% y en 1992 del 6%). Esta última tasa de inflación ha sido reconocida como una de las más bajas de toda América Latina en 1992. "Tenemos una tasa de inflación que es envidia del área centroamericana y latinoamericana", declaró Maduro alborozado.
Otro de los logros sería la reducción del déficit fiscal. Pasó del 9% en 1990 al 3% en 1992. Hay que anotar que el déficit fiscal ha sido reducido por la vía del incremento de los ingresos corrientes del Estado, pues no se ha producido ninguna reducción sustancial en el gasto público. Las cifras oficiales reconocen que en 1992 el gasto público se incrementó en un 17.6% respecto al año anterior. Otro de los logros señalados es la recuperación de la credibilidad de Honduras ante la banca internacional, que ha condonado al país 582.7 millones de dólares de su deuda externa, reduciendo así esta deuda de 3 mil 300 millones de dólares en 1989 3 mil 100 millones en 1992. Maduro resaltó también la relativa estabilidad cambiaria que ha mantenido la moneda nacional después de la liberación del tipo de cambio acordada en junio/92. (El cambio actual del lempira es de unos 5.85 por dólar).
El Presidente del Banco Central señaló como otro logro la política de apertura a la inversión extranjera. A causa de ella, el litoral norte de Honduras esta experimentando un notable desarrollo en las industrias de maquila, que han creado - según estimaciones oficiales - unos 20 mil puestos de trabajo y generan unos 80 millones de dólares en divisas. También a esta política aperturista se deberían la reactivación económica que experimenta la región sur del país, con el incremento del cultivo, de rubros no tradicionales como el melón y el camarón cultivado, convertidos en importantes productos del comercio exterior del país.
A pesar del comportamiento adverso de los tradicionales productos de exportación -café y banano-, el valor global de las exportaciones -según Maduro- no ha decaído y la economía hondureña mantiene tasas positivas de crecimiento. En 1992 creció en un 4.5% y para 1993 se espera un crecimiento del 5%.
El régimen callejista ha propagandizado también los éxitos de los denominados "programas de compensación social": el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Programa de Asignación Familiar (PRAF) - que regala a muchas madres pobres del país 20 lempiras mensuales y bolsones y tenis por cada hijo en edad escolar y el Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI). Estos programas son apoyados financieramente por donaciones internacionales, por fondos provenientes del aumento de los impuestos al consumo y por las contribuciones directas e indirectas de los que se supone serán sus beneficiarios.
Todo indica que, con propósitos electorales, el régimen callejista está dispuesto a crear la ilusión de que los años de las vacas flacas han terminado y que estamos entrando en una era de recuperación económica, de crecimiento sostenido y de bienestar material para todos los hondureños. 1993 fue declarado "el mejor año de beneficios sociales en la historia de Honduras" y el gobierno aprobó un presupuesto que excede en más de mil millones de lempiras el aprobado para 1992.
El ajuste según la oposiciónLos opositores al ajuste estructural han reaccionado frente a la ofensiva propagandística gubernamental denunciando los costos sociales del ajuste y los vacíos de la política económica y exigiendo su modificación bajo la consigna de "un ajuste al ajuste".
Reconocen que el déficit fiscal se ha reducido, pero argumentan que no ha sido por la contracción del tamaño del aparato estatal y del gasto público - como sugiere la dogmática neoliberal -, sino por el aumento de las cargas impositivas que pesan sobre los hombros de los hondureños, que han visto reducidos sus ingresos por la devaluación de la moneda y por la política de contención salarial. Mientras la gran mayoría de la población tiene salarios que reflejan la situación de un lempira costizado a 2 por un dólar, los precios de los bienes y servicios que consumen han sido reajustados al valor actual de la moneda nacional: casi a 6 por uno. Esta diferencia se vuelve sustancial en una economía subdesarrollada en la que la mayor parte de lo que se consume es importado o contiene componentes importados.
Según un documento reciente de las organizaciones signatarias de la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras, los salarios reales se han visto reducido en un 58% por la elevación de los precios en 1990 y 1991. Mientras no se produzca un reajuste general de salarios, la mayoría de los hondureños verán los logros macroeconómicos gubernamentales como cuestiones que poco tienen que ver con sus problemas cotidianos o como una burla cruel a sus aspiraciones a una vida mejor.
Desde un punto de vista más técnico, el Colegio Hondureño de Economistas, que representa a una especie de vanguardia intelectual de los opositores al ajuste estructural callejista, ha puesto en cuestión la forma en que el gobierno calcula las tasas de inflacion. A su juicio, la tasa de inflación gubernamental refleja básicamente las variaciones en los precios de la canasta básica de los hondureños, pero excluye de ella bienes y servicios tan fundamentales como las medicinas y la energía eléctrica, cuyos precios se han incrementado hasta en un 300%. Excluyen también otros bienes y servicios que formaban parte del consumo habitual de las capas medias urbanas y que por efecto del programa de ajuste estructural se han convertido hoy objetos de lujo.
El Colegio Hondureño de Economistas ha denunciado las medidas económicas como instrumentos de una considerable transferencia de recursos - por la vía de la devaluación y de la inflación - desde los sectores de ingresos bajos y medios hacia el gobierno y hacia los exportadores, principales beneficiarios del ajuste estructural. Según las estimaciones de un notable economista hondureño, esta transferencia es de 2 mil millones de lempiras anuales. Hay que tener en cuenta que en Honduras los principales exportadores son las compañías transnacionales que operan en el país. Los economistas hondureños reprochan al régimen su insistencia en estimular un modelo de crecimiento económico basado en la expansión de la maquila y en la exportación de productos del sector primario de la economía.
En representación de los sectores asalariados y de los pequeños y medianos productores rurales, la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras denunció también en un reciente documento los pretendidos logros del régimen callejista. A su juicio, "el crecimiento económico pregonado por el gobierno no ha significado bienestar para la población, sino profundización de la concentración del ingreso y de la riqueza en manos de unos pocos, ampliándose la brecha entre los ricos y los pobres". La Plataforma condena una vez más la denominada Ley de Modernización Agrícola, que "acabó con el incipiente proceso de reforma agraria, dividió organizaciones campesinas, fomentó la venta de tierras campesinas a las transnacionales, creó un clima de intranquilidad en el agro y continúa incentivando la migración del hombre del campo a las ciudades". Critican también al FHIS, al PRAF y al FOSOVI, por que además de servir para hacer proselitismo político fomentan la desintegración familiar, la paternidad irresponsable, la dependencia y el paternalismo.
Una de las críticas globales más coherentes en contra del ajuste estructural fue presentada por el propietario de uno de los principales periódicos del país y connotados líder del opositor Partido Liberal, el ingeniero Carlos Flores Facussé. Su opinión representa la de los sectores empresariales que se oponen parcialmente a la política económica callejista, agrupados en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) y en la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARAS).
A juicio de Flores Facussé, el actual ajuste estructural requiere de una revisión profunda y es necesario "hacer un ajuste al ajuste". Hay que corregir -dice- la política económica, que enfatiza en el pago de la deuda externa en detrimento de las necesidades internas del país.
"El ajuste fue más allá de lo que requería el país, por lo que el golpe ha producido un proceso de inflación nunca antes vivido y devaluaciones que no se habían experimentado", afirma, añadiendo que el ajuste ha sido incapaz de establecer un equilibrio entre el crecimiento de la economía y el bienestar general de la población y los programas de compensación social, que son "mitigantes circunstanciales y no programas de largo plazo que generen empleo y bienestar, que den seguridad y salud a la población, que le garanticen una mejor educación a las futuras generaciones, una posibilidad de techo y vivienda". Flores Facussé opina que en materia social, el ajuste estructural callejista ha hecho que las conquistas sociales de los hondureños retrocedan en unos 30 años.
"La mejoría de una clase privilegiada no significa la mejoría general de la nación ni el bienestar de la colectividad", sostiene Flores Facussé, señalando que no basta para lograr el bienestar de la población en su conjunto el dar incentivos únicamente a los grupos económicos poderosos.
El empresario y político sostiene que "los ingresos adicionales del gobierno no se han conseguido vía eficiencia estatal, austeridad y economía en el gasto, sino vía la elevación de las tarifas, de impuestos y de la inflación, que es el impuesto más grosero que se le puede imponer al pueblo". "Es cierto que hay que abrir los mercados - añade - y que el ingreso de artículos de otros países tiende a mejorar la situación del consumidor, porque se le favorece con los precios bajos, al originar una competencia externa a la nacional, pero llega el momento en que el país requiere producir para pagar por esas importaciones y compensar con mayores exportaciones lo que se trae de afuera".
Flores Facussé se queja de que el régimen callejista no está haciendo lo suficiente para estimular la reconversión industrial del país para que pueda competir en el mercado regional: "si no hay los dólares que se requieren para tecnificarse, diversificar, expandir, producir, nos veremos en aprietos cuando se abra la competencia". Finalmente, se lamenta de que el programa de ajuste estructural haya sido el producto de una imposición unilateral del sector gubernamental y no el producto de una amplia concertación social con todos los sectores de la sociedad.
En busca de concertación socialTambién se embarcó el gobierno en una nueva ronda de reuniones de concertación con líderes representativos de los principales sectores organizados del país. Todo para mejorar su imagen electoral. Desde las reuniones de "concertación" para aprobar la Ley de Modernización Agrícola, a inicios de 1992, el régimen no había vuelto a acudir a este método.
Esta nueva ronda se desarrolló en una residencia de campo del poblado de Valle de Angeles, en las cercanías de Tegucigalpa, el 17 de diciembre de 1992. A la reunión fueron invitados y asistieron representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), de la Cámara de Comercio de Industrias de Tegucigalpa (CCIT), de la Cámara de la Construcción, de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), de la Asociación de Dueños de Medios de Comunicación, de la Central General de Trabajadores (CGT) y de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH). No fueron invitadas la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Federación Unitaria de Trabajadores (FUTH) y la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARA).
FEDECAMARA no fue invitada por sus posiciones críticas ante los resultados del ajuste y ante el aumento de precio de la energía eléctrica. La ANDI y la FUTH habían criticado severamente el ajuste estructural, exigiendo "un ajuste al ajuste" en la Asamblea Popular de la Libre Empresa que se había celebrado en Tegucigalpa el 12 de noviembre de 1992. A esta Asamblea asistieron también representantes de la Asociación de Medianos y Pequeños Industriales de Honduras (CODEH), del Comité de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" y del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), que también hicieron duras críticas al ajuste estructural neoliberal. Varios precandidatos del opositor Partido Liberal estuvieron presentes en la Asamblea.
En la ronda de concertación social en Valle de Angeles, el gobierno, la representación del sector empresarial y la del movimiento sindical que asistieron tomaron la decisión de constituir un Foro Permanente de Concertación Social y una Comisión Fiscalizadora del Poder Ejecutivo. El primero servirá como organismo de asesoría para el Presidente de la República en materia de políticas financieras y sociales y al segundo se le asignó la función de apoyar al Poder Ejecutivo en la lucha contra la corrupción que corroe todas las estructuras estatales. El Presidente Callejas, que declaró su satisfacción porque los asistentes a la reunión reconocieron los logros macroeconómicos de su política de ajuste, accedió a discutir con los asistentes la revisión de las tarifas de la energía eléctrica y la privatización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), que aunque está en manos del Estado es controlada por los militares con criterios de seguridad nacional. La empresa privada hondureña ha venido exigiendo la privatización de HONDUTEL.
El 13 de enero de 1992 se realizó la segunda reunión de concertación social en Valle de Angeles. En esta ocasión, además de los asistentes a la reunión anterior, asistieron representantes de la ANDI y de FEDECAMARA, marginados de la primera reunión, y representantes del pro-gubernamental Consejo Nacional Campesino (CNC), los candidatos presidenciales del gobernante Partido Nacional y del Partido de Innovación y Unidad (PINU) y un representante por el Partido Liberal que actuó - según él - en carácter de observador. No fueron invitados a esta reunión representantes de la FUTH ni de la Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) ni del Consejo de Organizaciones Campesinas Hondureñas (COCOCH). La CUTH es una central de trabajadores integrada por la FUTH y otras organizaciones de trabajadores, campesinos y maestros.
LOS CANDIDATOSSegún la Ley Electoral y las de las organizaciones políticas, los candidatos presidenciales de los partidos legalmente inscritos deben ser escogidos en elecciones internas. Estas elecciones internas, especie de elecciones primarias al estilo norteamericano, deben ser financiadas por los aspirantes a candidatos presidenciales y por sus seguidores. Ya se han realizado las principales.
El Partido Nacional -el de Callejas- escogió como su candidato presidencial al abogado Oswaldo Ramos Soto en una elección simbólica de un solo candidato. Ramos Soto es un reconocido político de derecha que hizo carrera como rector universitario y como presidente de la Corte Suprema de Justicia.A las elecciones internas para la selección del candidato presidencial del Partido Liberal concurrieron 6 aspirantes.
El abogado Carlos Roberto Reina, veterano líder político liberal de ideas moderadas, se alzó con el triunfo. Según datos extraoficiales, Reina obtuvo el 47.37% de los votos de 777 mil 754 electores. El triunfo de Reina - aunque cuestionado por sectores del partido - se debió básicamente a que lideraba el ala mayoritaria del Movimiento Liberal Rodista, que ha venido ganando los comicios internos del Partido Liberal desde finales de la década del 70 y que llevó a la presidencia del país a Roberto Suazo Córdova y a José Azcona del Hoyo.
Desde ya se estima que las elecciones de 1993 se decidirán por un margen muy estrecho entre los candidatos de estos dos partidos tradicionales.Comparados con el gobernante Partido Nacional y con el opositor Partido Liberal, el Partido de Innovación y Unidad (PINU) y el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) son partidos políticos realmente pequeños.El PINU ya tiene candidato presidencial: el empresario Olban Valladares, diputado suplente de este partido por el departamento de Francisco Morazán, político poco conocido fuera de los círculos de su propia organización.
Aunque el PDCH ya tenía candidato presidencial - Gregorio Reyes Mazzoni, un médico que ha pasado buena parte de su vida en los Estados Unidos -, desacuerdos y nuevos acuerdos en el partido le obligaron a renunciar, siendo ahora el candidato Orlando Iriarte, viejo y conocido líder cooperativista, que fue el primer presidente del Comité Coordinador de la Plataforma de Lucha por la Democratización de Honduras. Iriarte es uno de los fundadores del PDCH.Ningún candidato presidencial ha presentado todavía su programa de gobierno. Todos se han dedicado únicamente a hacer referencias generales y muy poco estructuradas a la realidad nacional.
Dos nuevos organismosEl acordado Foro de Concertación Económico y Social quedó instalado e integrado por 5 representantes del sector empresarial, 6 del sector obrero y campesino y 5 representantes del gobierno. El Foro "se reunirá convocado por el Presidente de la República, quien lo dirigirá, y tendrá como finalidad lograr consensos o acuerdos entre los agentes de la producción y el consumo para hacer recomendaciones de políticas y medidas económicas y sociales, incluyendo precios de bienes y servicios esenciales que más inciden en el nivel de vida de la población".
Se procedió también a dar forma a la denominada Comisión Fiscalizadora del Poder Ejecutivo. Quedó integrada por un representante del COHEP, uno del gobierno central y un representante alterno de las organizaciones obreras y campesinas asistentes. La tarea de la Comisión - luchar contra la corrupción en las esferas oficiales - es difícil, ingrata en un país en el que el saqueo de las arcas del Estado es una práctica secular bien enraizada, tolerada y hasta estimulada. Un comentarista local, refiriéndose a esta cuestión, observaba con aire de sorna que la gran mayoría de los funcionarios públicos pueden clasificarse en tres categorías: "los que ya robaron, los que están robando y los que quieren robar". El Presidente Callejas aprovechó la reunión de concertación para formalizar otra comisión de la que se ha venido hablando mucho en los últimos tiempos, el Consejo Nacional de Prevención de la Criminalidad, que quedó integrado por una amplia representación de funcionarios estatales, empresarios, obreros, campesinos y la Iglesia Católica.
¿Caen los "Chicago Boys?El Presidente Callejas se comprometió a revisar las elevadas tarifas de la energía eléctrica y a acelerar la privatización de HONDUTEL, del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y del Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP). Los empresarios hondureños han pedido garantías de que la privatización de HONDUTEL no se va a hacer en beneficio de los militares hondureños, como se hizo con la Industria Cementera Honduras, S.A. (INCEHSA). Callejas se comprometió también a acelerar la modernización y "adecentamiento" del Poder Judicial, para lo que solicitó el apoyo de los asistentes. Este adecentamiento del Poder Judicial ha sido una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad hondureña, entre los que empresarios locales y extranjeros han ocupado un lugar especial.
Como acto de buena voluntad hacia los sectores sociales allí reunidos, Callejas decidió finalmente entregar a los asistentes como víctima propiciatoria la cabeza del Ministro de Economía, Ramón Medina Luna, sin lugar a dudas uno de los funcionarios más criticados de su gobierno por sus declaraciones generalmente inoportunas y poco cuidadosas. Los caricaturistas locales han ridiculizado hasta el sarcasmo el segundo apellido de Medina Luna, economista graduado de la Universidad de Chicago. Lo sustituye el empresario sampedrano Carlos Chaín, que asistía a la reunión como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés.
Chaín ha sido definido como defensor "a capa y espada" de las medidas de ajuste estructural. Con la salida de Medina Luna del Ministerio de Economía y con la renuncia, por razones de salud según se dijo, del Ministro de Hacienda, Benjamín Villanueva, el denominado grupo de "los Chicago Boys hondureños" ha sido seriamente debilitado. Solamente queda Ricardo Maduro, presidente del Banco Central de Honduras, que deberá renunciar hacia mediados del año por formar parte de la planilla de aspirantes a diputados al Congreso Nacional por el partido de gobierno. Aunque normalmente no se le incluye entre los Chicago Boys, el Presidente Callejas debería ser considerado como el verdadero líder del grupo.
Estos y algunos otros cambios cosméticos realizados por el Presidente Callejas tienen el propósito de eliminar del primer plano a las figuras más controvertidas de su régimen para darle a éste un nuevo aire de legitimidad en estas pre-vísperas de las elecciones.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica