Guatemala
El ritmo de los cambios es muy lento
Una componenda y no un buen acuerdo. Un plebiscito en el que puede ganar la abstención. Una impunidad que no cesa. Y la paz que aún no llega. Muchos comienzan a desalentarse.
Emma G. Martínez
Mientras el Presidente guatemalteco Ramiro de León Carpio estaba en Washington representando al istmo en la reunión de los mandatarios centroamericanos con el Presidente Clinton, las cosas no iban muy bien en su país. De León pidió a Clinton que incluyera a Centroamérica en el Tratado de Libre Comercio (TLC), posibilidad que los medios guatemaltecos han celebrado a bombo y platillo con gran superficialidad, sin ir al fondo de esta compleja realidad económica.
Un noviembre lleno de escollos El mes de noviembre estuvo marcado por varios fracasos para el Presidente en el ámbito político. La campaña de depuración que De León inició en agosto para purgar a los congresistas corruptos, tuvo un final decepcionante para muchos guatemaltecos. Después de dos semanas de negociaciones, con la mediación de la Iglesia Católica, el Ejecutivo y el Congreso firmaron el 16 de noviembre un acuerdo que propone tibias reformas constitucionales y que permiten a los congresistas permanecer en sus escaños durante casi doce meses más. El 30 de enero de 1994 los guatemaltecos decidirán sobre estas reformas en plebiscito nacional. La consulta que el Presidente había anunciado para el 28 de noviembre - en la que se preguntaba a los guatemaltecos si estaban de acuerdo o no con la depuración de los congresistas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia - se canceló por decisión de la Corte de Constitucionalidad, que decidió que la consulta era inconstitucional por ser "injerencia" de un poder del Estado - el Ejecutivo - sobre otro, el Legislativo.
"La componenda", como se esta llamando al plan de reformas acordado el 16 de noviembre, provocó mucho enojo en el movimiento popular, que acusó a De León de ser un "traidor". Poco después de firmado el acuerdo, los líderes de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) convocaron al pueblo a manifestarse en las calles en contra del mismo y anunciaron que promoverán la abstención en la consulta del 30 de enero.
Para noviembre estaba también programado el segundo retorno masivo de refugiados. A partir del "serranazo" del 25 de mayo, el proceso de retorno quedó paralizado. Los 1,800 refugiados que regresaban a la zona de Ixcán tenían planificado volver el 22 de noviembre, pero tuvieron que posponer su viaje hasta diciembre por la negativa del ejército a abandonar la zona. Aunque De León había prometido que bajo su gestión el retorno se iba a agilizar, éste se ha complicado y se ha hecho aún más conflictivo que el primero, realizado en enero/93.
Finalmente, concluyendo noviembre llegó a Guatemala a evaluar la situación de los derechos humanos la experta independiente de las Naciones Unidas, Mónica Pinto. Mientras el gobierno trata de convencerla de que el país es ahora una paraíso, otros le dan pruebas de lo contrario. Entre ellos, un ex-agente de inteligencia militar con amplia experiencia en torturas y secuestros, que empezó a denunciar abiertamente estos hechos.
TLC: un mitoEn Guatemala, los medios alaban el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México como el remedio que curará todos los males del país. Pero nadie explica concretamente cómo el TLC resolverá los muchos y agudos problemas económicos de Guatemala.
"Es mucho más mito que realidad. No surge como una iniciativa para que los Estados Unidos importe más de nuestros países, sino como una versión económica de la doctrina Monroe, destinada a abrir espacios para que el capital gringo venga a Centroamérica", opina el economista de AVANCSO Werner Ramírez.
Según Ramírez, el TLC no tendrá mayor impacto en Guatemala, donde la mayoría de las industrias son subsidiarias de empresas extranjeras. Las empresas nacionales que no lo son tendrán que hacer alianzas con el capital extranjero para subsistir, incrementándose así aún más la penetración foránea. Las medianas y pequeñas empresas nacionales estarán "protegidas por la pobreza", pronostica Ramírez. La mayoría de la población, que vive en la extrema pobreza - más del 80%, según la Iglesia Católica - no puede consumir productos importados y seguirá comprando los nacionales por ser más baratos.
Las industrias guatemaltecas que podrían tener más problemas - las de calzado y las textileras - ya los tienen de todos modos, por la avalancha de ropa usada americana muy barata que desde hace tiempo entra al país.
Ramírez opina que los problemas económicos de fondo no se resolverán con el TLC, y que quizás se agudizarán. La única solución es un empresariado realmente "nacional", interesado en el futuro desarrollo del país y no sólo en obtener ganancias inmediatas.
A pesar de todo, cree Ramírez que el TLC podría tener un impacto positivo entre este potencial empresariado. Para poder competir, el sector privado necesitarán de obreros mejor educados. "Para cortar café, les servía mejor una fuerza laboral analfabeta y pasiva, pero una economía más desarrollada no se puede basar en la ignorancia". Ramírez cree que esta nueva contradicción podría forzar a la burguesía modernizante a hacer mayores gastos en la educación y en salud de los trabajadores y de la población en general. De hecho, ya está ejerciendo presión sobre el gobierno de De León para que invierta más en estos rubros y en las zonas rurales. Naturalmente, una cosa es presionar y otra poner el dinero sobre la mesa.
"La recaudación tributaria en Guatemala es menor al 10% del PIB. Mientras los empresarios no cambien esta conducta seguimos en camino a una africanización", concluye Ramírez.
"La componenda"Cuando De León llegó en junio a la Presidencia, muchos grupos progresistas en la capital creían en su honestidad por la actuación que había tenido hasta entonces como Procurador de los Derechos Humanos. Ahora lo ven como a cualquier otro político demagogo, que hace del cargo público un negocio sucio y creen que con esta experiencia se han agotado las posibilidades de un cambio pacífico en Guatemala.
Rosalina Tuyuc, dirigente de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), una de las organizaciones populares más prestigiadas a nivel nacional, advirtió que el acuerdo de reformas constitucionales sólo exacerbará la actual crisis.
"No resuelve los problemas de la tierra, los de los salarios, los del respeto a la identidad étnica - dice -. Estamos claros que la solución no tiene que ser en este preciso momento. Pero si no se sientan las bases para el futuro, lejos de soñar con terminar el conflicto, se puede agravar más el problema social y habrá un conflicto no sólo entre los poderes del Estado, sino uno mucho más grande entre el gobierno y los gobernados".
El fin de la "guerra"El acuerdo del 16 de noviembre es resultado de una fuerte presión internacional para poner fin a una crisis política que estaba desestabilizando al gobierno. La crisis se inició en agosto, cuando De León dio un ultimátum a los congresistas para que presentaran su renuncia, a causa de su conocida corrupción. Los congresistas se negaron y los poderes del Estado entraron en una guerra a la que no se le miraba el fin.
En septiembre y octubre los rumores de un golpe de Estado fueron cada vez más insistentes. En algunos círculos se afirmaba que De León había decidido renunciar a la Presidencia. A medida que la crisis recrudecía, la presión internacional crecía para que De León cediera y llegara a un acuerdo con los legisladores. Manuel Marín, Vicepresidente de la Comunidad Europea comunicó a De León en noviembre que la aprobación de 170 millones de dólares en ayuda económica inmediata para Guatemala dependía de la resolución "democrática" de la crisis, agregando que entre las soluciones no se aceptarían ni golpes ni auto-golpes. Marín le advirtió que si no se fortalecía la democracia en Guatemala, se podría también suspender toda la ayuda de la CE al país. "Queremos ver -le dijo- una regeneración política, con caras nuevas y con la consolidación de un régimen democrático a través de elecciones. Un acuerdo final así será bien recibido por la Comunidad Europea".
Con la negociación concluida el 16 de noviembre el Presidente logró su meta principal: poner fin a la guerra política dentro del Estado y aplacar así a la comunidad internacional. Su otra meta
-depurar el Congreso y la Corte Suprema- la logrará, pero a más largo plazo. El costo que tuvo que pagar por esta negociación, en cuanto a su credibilidad como adalid contra la corrupción, fue muy alto: el acuerdo firmado permite que los congresistas corruptos permanezcan en sus cargos al menos durante nueve meses más.
El ejército guatemalteco no interfirió en las negociaciones, pero los militares no perdieron la oportunidad que les presentaba de hacer ostentación de una mentalidad, enfatizando su respeto a las instituciones civiles y a la Constitución. De todos modos, su intervención era innecesaria porque las reformas no tocan ningún tema espinoso ni de fondo: no abordan la desmilitarización del país ni las reformas tributarias ni la injusta distribución de la tierra. Las constantes exigencias del movimiento popular porque se disuelvan las patrullas civiles y se ponga fin a la impunidad fueron también ignoradas en las negociaciones, tanto por el Presidente como por los legisladores.
Los acuerdosEl resultado más importante del acuerdo del 16 de noviembre es la elección que se hará de un nuevo Congreso en agosto/94, recortándose así el período del actual, que concluiría en diciembre/95. Según las reformas aprobadas, los futuros períodos del Congreso y del Presidente se reducen de 5 a 4 años. Los candidatos al Congreso tendrán también que elegirse por separado y no en una plancha con el candidato presidencial, como se hacía hasta ahora. Así, los futuros congresistas tendrán que responder a sus electores y no depender solamente de su relación con el Presidente.
La nueva Corte Suprema -que se elegirá también dentro de un año- podría ser más independiente de los intereses políticos y militares. Actualmente, es el Congreso el que elige a los magistrados. Ahora serán elegidos de una lista que presentarán los rectores universitarios y las asociaciones de juristas. En la reforma se incrementa del de 8 al 10% el presupuesto nacional destinado a las municipalidades de todo el país. También se establece que las municipalidades tendrán que gastar el 90% de estos fondos en el desarrollo local.
En medio de todos los cambios, los congresistas se reservaron un pedacito del pastel: tendrán cuatro meses de vacaciones al año y podrán ser reelegidos cuantas veces quieran. También podrán ser congresistas y seguir ocupando otros puestos gubernamentales, lo que ha sido siempre una fuente de corrupción. Uno de los casos más notorios en el actual Congreso es el de un legislador que recibe su salario del Congreso más otros dos salarios de la Corte Suprema: uno como "consejero" y otro como "boxeador" del equipo deportivo de esta entidad jurídica.
¡A patadas!"Lo más importante es que hubo un acuerdo. Porque existía el peligro de una ruptura del orden constitucional. Lograr un acuerdo era un paso hacia la estabilización política. Es difícil para el público aceptar esta solución, pero era la salida más madura y estaba dentro del marco legal", explicó Mario Solórzano, diputado del Partido Socialista Democrático.
El "público" inconforme con "la componenda" son los guatemaltecos que todavía se interesan por la política y que no dejan de expresar en los medios su disgusto por los resultados.
"Lo único que estos canallas quieren es seguir recibiendo por más tiempo su sueldo. Y vas a ver, no soy ningún profeta pero un día de estos la gente irá al Congreso y va a sacar a estos sinvergüenzas ladronazos a patadas", respondió uno de ellos, un tal Horacio, cuando fue entrevistado en la calle.
Consulta popularLa reacción del guatemalteco Horacio expresa el sentir de otros muchos guatemaltecos. El 25 de noviembre, una coalición de 27 organizaciones populares anunció que convocaría a un referéndum "del pueblo" el mismo 30 de enero de 1994, fecha programada para la consulta que convocará el gobierno sobre las reformas constitucionales. Nery Barrios, de la UASP, explicó que la coalición promoverá la abstención y pedirá a la población que vote únicamente en la consulta "del pueblo", que estará escrita en los 22 idiomas indígenas. La coalición pedirá que la Premio Nobel, Rigoberta Menchú, presida esta consulta simbólica y que haya en ella verificación internacional.
La UASP propondrá reformas profundas en materia económica y social, la abolición del reclutamiento forzoso y de las patrullas civiles, la formación de una Comisión de la Verdad, y la inmediata depuración del Congreso y de la Corte Suprema. Según Barrios, la meta es conseguir un millón de votos o la tercera parte de la población inscrita.
En Guatemala, las elecciones se caracterizan por una amplia abstención (60% en la elección presidencial de 1990, 80% en las elecciones municipales de 1993). Con la apatía política que reina en el país, es probable que el abstencionismo resultara triunfador, tanto en la consulta oficial como en la "popular". Sin embargo, la idea de esta consulta popular paralela podría ofrecer a muchos guatemaltecos una ocasión para mostrar su profunda frustración y decepción, tanto con el Presidente como con un sistema político que está en su nivel más bajo de credibilidad.
En la consulta popular el tema que más podría interesar a muchos guatemaltecos que viven en el campo es el de la disolución de las paramilitares patrullas de autodefensa civil. En varios departamentos del país estas unidades armadas siguen matando y secuestrando impunemente, mientras las autoridades locales y centrales se hacen la vista gorda.
Algunos grupos -CONAVIGUA y el CUC (Comité de Unidad Campesina)- amenazan con pasar a la acción en este asunto. El 17 de noviembre, estas organizaciones protestaron en la capital con una marcha de unos 2 mil indígenas, que llegaron desde zonas muy aisladas.
"El gobierno no tiene el mínimo interés de resolver los problemas más grandes de derechos humanos. Por responsabilidad del gobierno y del ejército, al pueblo de Guatemala se le han cerrado los caminos de solución pacífica y dialogada a estos problemas. Por esta razón, llamamos a nuestro pueblo a iniciar a partir de ahora una abierta resistencia pacífica y organizada. ¡Ya no permitamos los abusos de las patrullas!". Así alentó Rosalina Tuyuc a la multitud.
Según Tuyuc, las autoridades no han actuado para procesar o capturar a los patrulleros que en Huehuetenango y el Quiché han asesinado este año a varias personas. Desde julio, una patrulla de Colotenango, Huehuetenango, ha asesinado ya a seis personas.
"Las patrullas están más armadas que la policía, que hasta tiene miedo de llegar donde están las patrullas. Los patrulleros se sienten fortalecidos: matan a la gente y la ley no los castiga. Pero nuestra gente sabe cómo defenderse y eso ya está pasando en muchas comunidades. Si secuestran o matan a una persona, la misma población los va a capturar. La única salida es que la misma gente haga su propia defensa", afirma Tuyuc.
El segundo retorno masivoEl segundo retorno masivo del año -que será el primero realizado durante el gobierno de De León- ha generado una abierta y directa confrontación entre el ejército y los refugiados. Unos 1,800 refugiados tenían programado volver a las tierras que tuvieron que abandonar en 1982, en Tercer Pueblo, Ixcán. Cuando ellos huyeron aquel año, el ejército se instaló en el mismo lugar y construyó sobre el antiguo casco urbano el segundo destacamento militar en importancia de todo el Ixcán. Desde entonces, el área es una de las más conflictivos de Guatemala, desarrollándose allí constantes escaramuzas entre la URNG y el ejército.
Cuando los refugiados negociaban con la comisión gubernamental que atiende a los refugiados, la CEAR, pedían que el ejército se retirara del lugar, pues el destacamento militar está situado ilegalmente sobre propiedad privada. En un acuerdo firmado en octubre/93 con los refugiados, la CEAR se comprometió a gestionar el retiro de cualquier destacamento que estuviera en un lugar de retorno.
Pero éste de Ixcán no es cualquier destacamento, sino uno de los más estratégicos de todo el país. Mauricio Rodríguez, director de la CEAR, hizo la gestión acordada pero, como era de esperar, la respuesta de los militares fue negativa, y no sólo negativa sino enfática. En conferencia de prensa el 25 de noviembre, el General Mario Enríquez, Ministro de Defensa, afirmó enojado que el ejército no retiraría el destacamento. Mostrando un mapa, argumentó que el lugar era "área roja" para el ejército, y que era "una irresponsabilidad de parte de los refugiados, de ACNUR, de la CEAR y del mismo gobierno guatemalteco permitir un retorno a este lugar, mientras haya un conflicto armado".
El ministro - que hasta ahora se había destacado por declaraciones de estilo más diplomático y político que las de sus antecesores - casi "bota la gorra". Sus afirmaciones, criticando al mismo gobierno del que se supone forma parte y al que se presume está subordinado, alarmaron a algunos analistas y entidades que trabajan con los refugiados. En tono amenazante, Enríquez dijo también que el área en conflicto estaba minada por la guerrilla y que el ejército no se haría responsable si mujeres o niños perdían sus piernas al pisar las minas.
Según fuentes diplomáticas, el área está minada tanto por la guerrilla como por el ejército. Ninguna de las dos partes quiere aceptar que minaron el lugar, lo que dificulta iniciar negociaciones para limpiarlo de minas. Por el peligro que correrían los refugiados y sus acompañantes, el ACNUR y la CEAR los convencieron para que se asentaran temporalmente en un lugar situado a siete kilómetros de su destino final. Está previsto que estos refugiados crucen la frontera con México y entren a territorio guatemalteco en la segunda semana de diciembre.
¿Y la paz?Los problemas de seguridad que surgieron durante la preparación de este segundo retorno hicieron mas obvia la necesidad de que se firme pronto un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla que permita que puedan volver todos los refugiados que quieran. Pero el último plan de paz presentado por el gobierno en octubre demuestra que no hay voluntad por parte del gobierno y del ejército para llegar a un acuerdo, aceptable para todos. En noviembre el proceso de paz permaneció estancado.
"Si nosotros esperamos a que se firme un acuerdo aceptable de paz, podríamos estar en México toda la vida. Mas de 10 mil niños guatemaltecos han nacido ya en los campamentos en México y no conocen nuestro país. Ya queremos regresar a nuestras tierras", reclamó un refugiado.
Una sociedad secreta dentro de la Fuerza ArmadaLos últimos meses no han sido muy alentadores para la inteligencia militar. En octubre, los soldados del caso Devine hicieron desde la cárcel declaraciones tan comprometedoras para la fuerzas armadas que dieron la vuelta al mundo. En sus relatos implicaron a oficiales de alto rango en el asesinato de Devine y en la muerte de por lo menos 50 personas más. Aunque se retractaron de lo dicho dos días después y bajo presiones, parece que ya están arrepentidos por esa marcha atrás.
A principios de diciembre hubo otra "bomba" en este sentido. Juan Carlos Osorio, un ex-Subteniente del ejército, de 31 años, que trabajó como ayudante de la G-2 durante cinco años, dio declaraciones similares desde la clandestinidad. Osorio no estuvo involucrado en ninguno de los casos más sonados en Guatemala - el de Michael Devine o el de Mirna Mack - pero sí explicó cómo funciona una extensa red de colaboradores civiles que tiene la G-2 en todo el país, y corroboró las denuncias de que la inteligencia militar es la unidad que se dedica, más que otras, a secuestrar, torturar y asesinar.
"Yo estuve presente - dijo Osorio - cuando se torturaba a unas ocho personas. Se utilizan los métodos tradicionales: golpes en todo el cuerpo, asfixia con capucha o con pitas, quemaduras de cigarro, cortadas de cuchillos o hojas de afeitar para desangrar. Creo que uno llega a acostumbrarse a todo esto. Conozco especialistas que tienen 15 años de estar torturando y están endurecidos ".
Osorio no quiso seguir trabajando con la G-2 y trató de dar la espalda a esta organización, regresando a la vida civil. Pero
-como explicó- la G-2 es como una sociedad secreta y su membresía deber ser de por vida. En septiembre/93 Osorio fue secuestrado por la G-2 en la calle principal de la ciudad de Cobán a las 10 de la mañana y frente a más de 20 testigos. Los captores, agentes vestidos de civil, lo llevaron a la zona militar, donde fue interrogado y estuvo encarcelado casi un mes. Logró salir gracias a las denuncias de los testigos que habían presenciado el hecho y a la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El pretexto de la inteligencia militar para secuestrar y asesinar -dijo Osorio- es siempre el mismo: que la víctima pertenece a la guerrilla. Los colaboradores civiles y los comisionados militares llegan a las bases a denunciar que Fulano es guerrillero y la mayoría de las veces se trata de rencillas personales.
"Muchos civiles colaboran en estas denuncias porque esto les da poder ante sus vecinos. En un pueblo, todo el mundo sabe quién es del G-2 por la prepotencia con que actúa. Y le temen. Ellos son los "orejas" o los "conejos"... por las orejas que tienen".
Según Osorio, sólo en el casco urbano de la pequeña ciudad de Cobán actúan por lo menos 500 de estos "conejos" delatores. Existen diferentes niveles de colaboradores. Algunos lo hacen por el poder que eso les da dentro de la comunidad y otros por recompensas económicas. En Cobán, los del primer tipo son dueños de hoteles o de gasolineras y talleres mecánicos. Los segundos son prostitutas, fotógrafos ambulantes, taxistas, periodistas y hasta vendedores ambulantes a los que se les paga por alguna información puntual.
No dejen de mirarnos"No se puede pelear con el ejército - dice Osorio -. Cuando uno se atreve a hablar, empieza la intimidación y tratan de socavar la credibilidad de los que están hablando. Los soldados del caso Devine están en la cárcel. No pueden hablar allí, sólo es posible hacerlo desde fuera del país", dijo Osorio, que salió de Guatemala en diciembre, después de dar estas declaraciones. Osorio teme por su vida y por la de sus familiares, que quedan en Guatemala. Antes de irse hizo un llamado a la comunidad internacional para que no aparte su mirada de la situación de violencia en Guatemala.
"Si la presión internacional se relaja un poquito o cesa, se van a perder todos los avances que se han logrado, por pequeños que sean. Lo fundamental para que acabe la impunidad en nuestro país es la presión internacional".
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica