Nicaragua

Desarrollo del agro: ¿PLC o FSLN?

El especialista en tecnología agrícola Laurent Levard, Director del Departamento de Ciencias Agrarias de la UCA, compartió con el equipo de envío algunas impresiones sobre los primeros planes que para el desarrollo del agro nicaragüense han presentado el PLC y el FSLN, en una charla que transcribimos.

Laurent Levard

¿Será el próximo gobierno capaz de proponer y de implementar una política agraria a la altura de la problemática del sector, y en particular una política que favorezca cambios tecnológicos portadores de desarrollo económico y social, tanto para la población rural como para la sociedad en su conjunto? ¿Qué vía de desarrollo tecnológico promoverá el nuevo gobierno? ¿A qué actores sociales apostará para llevar a cabo este proceso de desarrollo? ¿Podrá la nueva política agraria garantizar, más allá de algunos efectos inmediatos, la sostenibilidad del proceso de desarrollo?

Son preguntas de gran trascendencia. Para poder valorar mejor las primeras respuestas que empiezan a aparecer en los planes de gobierno de los candidatos, primero hay que tomar en cuenta las características fundamentales en las que hoy se encuentra el agro nicaragüense. Los resultados productivos son bajos por unidad de superficie. También son bajos los niveles de transformación de los productos agropecuarios. En el sector rural los niveles de desempleo y de subempleo son muy altos y en los próximos años los demás sectores productivos no serán capaces de absorber a tanta fuerza de trabajo. Estructuralmente, el país padece un grave déficit comercial. Los ecosistemas nacionales están en crisis, y de aquí a 10-15 años habrá desaparecido esa "válvula de escape" social que representa la frontera agrícola y los bosques tropicales que aún conserva el país, lo que profundizará al extremo la crisis ecológica.

La historia de las sociedades agrarias en diferentes partes del mundo ha demostrado que el campesinado es mucho más susceptible que el sector empresarial a realizar cambios tecnológicos coherentes con el interés de sus países. Siempre y cuando tenga acceso a tierras, medios de producción y mercados, siempre que no se encuentre sumido en una crisis económica y social, siempre que no esté sometido a ciertas relaciones -alquiler de tierra, inseguridad de acceso a la tierra- y siempre que no le sea fácil una acumulación extensiva adquiriendo más tierras, el productor campesino tiene intereses que no tiene el sector empresarial.


El sector campesino está interesado en intensificar la producción para incrementar el valor agregado y lo hace utilizando la fuerza de trabajo familiar. El sector empresarial se interesa en esto dependiendo de los precios relativos de los factores de producción. En condiciones de alta disponibilidad de tierra, los empresarios tienden a sistemas extensivos. En Nicaragua, la ganadería extensiva es el mejor ejemplo. La actual crisis del café es otro ejemplo: con la caída de los precios internacionales, lo más rentable para el empresario es dejar de emplear fuerza de trabajo, descuidar los cafetales, y por lo tanto, extensificar la producción. Actuando así comprometen los rendimientos futuros y generan a corto plazo desempleo y pobreza entre las familias de sus trabajadores agrícolas. Con el campesinado no sucede así: aún con bajos precios, el productor campesino sigue dando mantenimiento a sus cafetales con la fuerza de trabajo familiar.

El sector campesino está interesado en reproducir y mejorar la fertilidad del ecosistema cultivado, porque a largo plazo su reproducción como sujeto social, su futuro, dependen de eso. La reproducción social del sector empresarial -que tiene oportunidades de invertir su capital en otras actividades- no depende fundamentalmente del cuidado del ecosistema. La historia del agro nicaragüense -algodón extensivo, ganadería extensiva- ilustra los desastres ecológicos que resultan de una estructura agraria dominada por el sector empresarial.

El sector campesino tiende a utilizar la mayoría de sus excedentes económicos en inversión productiva y en bienes de consumo nacionales. Al hacerlo así, su "mejoría económica" se multiplica en el resto de la economía. En las condiciones actuales de Nicaragua, los efectos multiplicadores en la economía nacional de las inversiones del sector empresarial agrario son muy reducidos.


Cualquier programa de gobierno debe tener en cuenta el entorno socioeconómico. Para generar un entorno que sea favorable al desarrollo económico y social del campesinado, las políticas propuestas tienen que tener un carácter integral, buscando resolver simultánea y progresivamente las diversas limitaciones. Una política integral tiene que desarrollar instituciones sostenibles que permitan un acceso masivo del campesinado al crédito, con tasas de interés adecuadas a su realidad, que hagan posible que los campesinos pobres con tierras se capitalicen hasta convertirse en campesinos finqueros. Una política integral tiene que impulsar políticas de precios y de mercado favorables a la producción agropecuaria, y desarrollar procesos de transformación agroindustrial y cadenas de comercialización que beneficien a los productores agrarios.

Una política integral tiene que incluir una política de tenencia de la tierra que, además de proseguir con el proceso de titulación, contrarreste la actual dinámica de contrarreforma agraria, desincentive la acumulación extensiva y dé tierras a los campesinos sin tierra, así como a los minifundistas más pobres, de manera que puedan convertirse en verdaderos campesinos finqueros. Entre otras cosas, esto requiere de un impuesto sobre la tierra progresivo y de una institución estatal que intervenga en el mercado de la tierra. Una política integral requiere de una institucionalidad y un marco de regulación ambiental que favorezca un verdadero ordenamiento territorial y fomente la reforestación. Y de un sistema de formación que garantice técnicos y profesionales que sepan tomar en cuenta, analizar e integrar los diferentes aspectos de la realidad agraria del país.

Aunque las actuales propuestas de política agraria presentadas por el PLC y el FSLN son aún muy generales, permiten ya algunas hipótesis sobre la orientación estratégica de la política agraria en caso de una victoria liberal o de una victoria sandinista.

La propuesta que Enrique Bolaños, candidato presidencial del PLC, propagandizó en campo pagado en los diarios está explícitamente dividida en dos componentes: un mensaje para los "campesinos y pequeños productores agropecuarios" y un mensaje para los "medianos y grandes productores agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros". A los pequeños productores les hace propuestas que responden a varias problemáticas del sector campesino: un programa nacional de crédito campesino, un financiamiento para silos, y un programa de créditos de largo plazo para compra de tierras.
Comparando los dos mensajes de Bolaños se evidencia que, para desarrollar el sector cafetalero, el sector ganadero y el sector de productos no tradicionales destinados al mercado mundial, el candidato del PLC apuesta fundamentalemente a los grandes productores. Y así, es en el segundo mensaje donde hace propuestas para el desarrollo de estos sectores, como el Fondo de Crédito e Inversiones, créditos de largo plazo para el desarrollo de la caficultura, un programa de desarrollo tecnológico de la ganadería, y medidas de apoyo para el desarrollo de cultivos no tradicionales de exportación.

Aunque menciona que ciertas medidas anunciadas en este segundo mensaje beneficiarán también al sector campesino, la misma dualidad de mensajes y la tonalidad global permiten pensar que el candidato apuesta a que el eje central de la inversión y a que el desarrollo económico del agro tengan como protagonista al sector empresarial.

¿Se contentará al campesinado con paquetes tradicionales de créditos destinados principalmente a los ciclos agrícolas anuales, acompañados -¿o condicionados?- a asistencia técnica y a distribución de semillas de variedades mejoradas de la "revolución verde"? El mensaje de Bolaños señala que el desarrollo del sector empresarial beneficiará también al campesinado, al afirmar: "Los grandes productores son grandes generadores de empleo. Si a sus empresas les va bien, también a sus trabajadores les va a ir bien." Es una afirmación desmentida por la historia que muestra que el principal obstáculo al desarrollo de la economía campesina ha sido el crecimiento del sector empresarial, tanto por la competencia que éste representa en el acceso a la tierra como por las relaciones de producción e intercambio desiguales que los empresarios agrarios establecen con los productores campesinos: niveles de salario, relación de colonato, compras de futuro, etc.

La propuesta del PLC no hace referencia al trabajo que desarrollan en el sector rural múltiples ONGs y microfinancieras, ni al potencial que pueden tener los municipios en el fomento del desarrollo rural. Sólo al final del mensaje aparece una referencia a esta realidad en una frase exhortativa. ¿Es ésta una señal de que perdurará la demasiada frecuente situación actual, donde el Estado central desarrolla sus propios programas, ignorando múltiples actores locales, y donde los municipios carecen de las atribuciones y los recursos necesarios para coordinar el desarrollo territorial?

La propuesta que al sector rural ha hecho hasta el momento el FSLN, también presentada en campos pagados en los diarios, tiene un sesgo totalmente diferente, ya que se dirige exclusivamente a los productores campesinos, y entre ellos, a los más descapitalizados. Consiste en la entrega de un "bono productivo alimentario", un crédito en especie (capital de producción) por 1 mil 500 dólares por familia que se otorgará a la mujer, se condicionará a la implementación de ciertas técnicas, y se reembolsará parcialmente. Los fondos reembolsados pemitirán crear créditos revolventes locales para beneficiar a otras familias.

Esta propuesta busca responder a las necesidades de los sectores más descapitalizados (minifundistas, campesinos pobres con tierra), tanto por el monto como por los bienes que se ofrecen: una vaca, una cerda, cinco gallinas y un gallo, semilla, un silo, malla, etc. Resulta positivo que, para su implementación, la propuesta prevea una estrecha colaboración entre el Estado central, las alcaldías, organismos privados (ONGs, iglesias, universidades, empresarios, gremios) y organismos de la cooperación internacional. Obviamente, esta propuesta deberá ser complementada con otras medidas para garantizar un entorno socioeconómico e institucional adecuado, sin el cual es muy probable que este "paquete productivo" tendería a ser rápidamente consumido, sin generar una verdadera dinámica de capitalización y desarrollo de las familias beneficiadas.

Hay varios cuestionamientos en torno a este programa. Como no todos los productores requieren de los mismos bienes de capital y el concepto de "paquete productivo alimentario" lleva a pensar que todas las familias recibirían exactamente los mismos bienes, cabe preguntarse si se implementará el programa con suficiente flexibilidad. También, si se implementará con suficiente visión de largo plazo para evitar que sea un programa más de asistencialismo. Para superar este escollo, las reglas tendrían que ser bien claras y respetadas. Tratando de atender las necesidades del sector rural más pobre, es indispensable que el programa incluya un componente de subsidios, pero ¿se garantizará que lo que tiene que ser reembolsado por los productores lo será realmente, y que, en caso contrario, se aplicarán las medidas previstas y los bienes adquiridos servirán de prenda? El hecho de condicionar la entrega del "paquete productivo" al compromiso de implementar prácticas agroecológicas determinadas plantea también algunas cuestiones. ¿Qué pasará con el productor que reembolse su préstamo sin haber implementado esas prácticas? ¿Se le aplicará una multa o se creará una especie de "policía tecnológica" encargada de verificar las prácticas de los productores?

En un programa de este tipo es necesario evitar caer en la no aplicación de las reglas acordadas, porque proponer y no cumplir, exigir compromisos y no respetarlos dificulta la creación de una verdadera institucionalidad para el desarrollo. En este sentido, parece más adecuado que las medidas específicas destinadas a fomentar nuevas prácticas agroecológicas estén separadas del "paquete".

La propuesta del FSLN es limitada. No tiene en cuenta a otros sectores productivos: los campesinos sin tierra, cuya principal limitación es el acceso a la tierra; los campesinos más capitalizados y los campesinos pobres con tierra, que requieren de crédito para producir y capitalizarse. Tampoco la propuesta hace referencia a la intervención del Estado en los mercados, mientras que el candidato del PLC sí afirma que estará "atento a que no haya competencia desleal con importaciones baratas de otros países", lo que representa un dato muy positivo para la economía campesina.

Que el FSLN haya hecho suya esta propuesta, surgida de los sectores más favorables al campesinado dentro del partido sandinista -e implementada ya en algunos lugares- es sumamente positivo, pero los sectores empresariales agrarios también tienen influencia en el partido, al igual que la siguen teniendo las visiones tecnocráticas, que no parecen haber sacado las lecciones de los fracasos de los "elefantes blancos" -grandes empresas agroindustriales- de los años 80.

Tanto con un gobierno del PLC o con un gobierno del FSLN, el peso económico y social del sector empresarial agrario, el tradicional sesgo anticampesino en la visión que muchos dirigentes políticos de ambos partidos tienen sobre el desarrollo, y la poca organización del campesinado a nivel nacional permiten pensar que no le será fácil al campesinado hacer valer sus intereses frente al poder.

Sin embargo, la influencia de organizaciones de la sociedad civil y de algunos sectores del partido sandinista -conscientes del carácter estratégico que para Nicaragua tiene el desarrollo del campesinado- permiten presumir que el escenario podría ser más favorable al campesinado con un gobierno del FSLN. Aun así, y teniendo en cuenta la legítima presión social que van a ejercer sobre el nuevo gobierno los sectores rurales más pobres, y la arraigada cultura de subsidios que aún existe, más las ventajas sociales y políticas que a corto plazo supone para el FSLN mantenerla, surge una pregunta crucial: ¿será capaz un gobierno del FSLN, más allá de subsidios iniciales para apoyar la capitalización campesina, de construir y de desarrollar mecanismos e instituciones sostenibles de apoyo a los diferentes estratos del campesinado, haciendo respetar reglas que son necesarias para garantizar esta sostenibilidad? Sacando todas las importantes lecciones que dejaron las erradas políticas revolucionarias de los años 80, ¿será capaz el FSLN de reconocer en el campesinado un actor central para el despegue económico de Nicaragua?

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