Nicaragua
Agenda Mínima: diagnóstico pre-elecciones
La Agenda Mínima, iniciativa emprendida por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG) en 1995 y en consulta con 150 representantes de ONGs y sectores de la sociedad civil nicaragüense, es un diagnóstico del país antes de las elecciones. Las autoridades electas deben tenerlo en cuenta para gobernar. Este es su texto completo.
Equipo Envío
Nicaragua se encuentra en su sexto año de una transición histórica, pasando de un período de guerra a uno de paz, de un estado de polarización a uno de reconciliación, de una economía de sobrevivencia a una de desarrollo, todo dentro de un marco de consolidación democrática. Para afianzar esta transición, Nicaragua requiere de un gran esfuerzo nacional de convergencias, donde las fuerzas políticas y sociales sean la pieza angular. Convergencias que permitan alcanzar compromisos alrededor de una agenda mínima que otorgue estabilidad y garantía para construir una nueva etapa de prosperidad. Pero ello no ocurrirá mientras persistan en nuestro país una serie de factores que son causa de males que, generación tras generación, nos han sumido en el caos, la ignorancia y la pobreza. La erradicación de estos males es condición sine qua non y punto de partida para el despegue socioeconómico, cultural y también político de Nicaragua.
* Nicaragua transita momentos críticos, con una crisis moral y material de inmensas proporciones, que no ha permitido que el país logre enrumbarse en una recuperación económica y de valores ticos que ofrezca garantías y esperanzas a la mayoría de los ciudadanos. En parte, esta crisis es el resultado de la frustración de la población, la cual pocas veces ha visto que se cumple con la palabra empeñada.
* Nicaragua se encuentra muy distante de los niveles de producción nacional y de exportaciones alcanzados por los vecinos centroamericanos. Esto coloca a nuestra nación en una situación de desventaja en un mundo que se caracteriza por la globalización, la competitividad y la tendencia a formar bloques económicos regionales y subregionales.
Expresiones claras de esas dificultades son: la creciente violencia en el campo y la ciudad, la inseguridad ciudadana, el incremento de la delincuencia, el fraccionamiento social, la creciente informalidad en todos los ámbitos de la vida, la corrupción, el personalismo y la desigualdad entre los pocos que tienen y la mayoría que no tiene asegurado el pan de cada día, la desigualdad entre géneros y etnias y la frustración de los jóvenes; así como la carga excesiva del endeudamiento externo, que es el principal limitante del esfuerzo dirigido a corregir gran parte de estas dificultades.
* Como medio para afianzar el proceso democrático de manera integral, Nicaragua requiere de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible, entendido éste como la creación de las condiciones indispensables para el desenvolvimiento pleno de las potencialidades humanas, individuales y colectivas, sin hipotecar o dañar el futuro de las generaciones venideras.
Un desarrollo que no sólo suscite un crecimiento económico sino que también promueva oportunidades para una mejor distribución de sus beneficios entre las poblaciones del Pacífico y la Costa Atlántica; que restaure la calidad del medio ambiente en lugar de destruirlo; que fomente la autonomía de las personas en lugar de marginarlas y que estimule el espíritu empresarial, proporcionándole estabilidad y seguridad. A la par, se deberá tener presente la necesidad de diseñar una política responsable de población.
* Nicaragua requiere implantar un Código de Etica que regule, en todos sus niveles, los actos de los funcionarios públicos de los cuatro poderes del Estado. Y debe haber un compromiso nacional que transforme las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que conllevan a la subordinación de las mujeres, e impulsar el cambio de las condiciones de vida de las mujeres y de la sociedad en su conjunto.
* Nicaragua requiere promover entre sus ciudadanos una Cultura de Paz, entendida como un proceso que surge de la propia población, donde se fortalecen los valores de la democracia, pues ésta constituye una condición indispensable para el gobierno pacífico de la sociedad. Esta cultura se debe fundar en el respeto a la vida, a la libertad, la justicia, la equidad, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres; el respeto a los valores culturales propios de nuestro pueblo y en especial, de las poblaciones de la Costa Atlántica, así como en la solución pacífica de los conflictos.
* Nicaragua tiene potencialidades que obligatoriamente deben desarrollarse y convertirse en acciones concretas. Con miras a esas potencialidades es que llamamos a la Nación a contraer los compromisos que a continuación describimos, con el fin de ir desatando esas potencialidades y energías que tiene el país basado en sus propios recursos. Por otra parte, este Compromiso nacional por la Construcción de una Agenda Mínima que guíe el accionar de todas las personas e instituciones en la construcción de una Nicaragua en desarrollo y democracia, exige de la voluntad política de quienes tienen la responsabilidad de establecer las condiciones necesarias y suficientes para que se construya un proceso de toma de decisiones que apunte de manera efectiva a resolver los principales problemas de la sociedad en su conjunto.
1. ACUERDO NACIONAL SOBRE ELECCIONES Y GOBERNABILIDAD- Como parte de la sociedad civil y agentes políticos, nos comprometemos a aportar nuestros esfuerzos para garantizar que el proceso electoral se realice con la mayor tranquilidad posible. Nicaragua necesita que asumamos un acuerdo nacional de aceptación de los resultados del proceso en su integridad, el cual, por su honestidad y transparencia, será la expresión genuina de la voluntad del pueblo.
- Debemos promover un proceso continuo de concertación con todas las fuerzas políticas y sociales, a fin de que éstas se integren al diseño, implementación, seguimiento y control de políticas nacionales de desarrollo, que comprenda la política económica y social, la política institucional y municipal, así como la política internacional.
- Este proceso de concertación de las fuerzas del país deberá tener como marco de referencia y conceptual la convivencia pacífica, el respeto mutuo y el pleno apego a los principios democráticos generalmente aceptados en el mundo moderno, abandonando y condenando cualquier práctica que lesione este principio superior de la nación.
2. LUCHA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCION. TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y EJERCICIO RESPONSABLE DE LA FUNCION PUBLICA- Es urgente que en Nicaragua se imponga la cultura de la honradez y de la honestidad, el manejo escrupuloso de los bienes del Estado y que exista efectivamente una transparencia administrativa. Todo ello implica afianzar principios éticos que deben ser incorporados en el proceso educativo, que arranca del seno de la familia y que debe estar acompañado de un marco legal destinado a fomentar esos principios.
- Todos, futuros gobernantes y gobernados de este país, debemos comprometernos a combatir la impunidad, que echa por el suelo todos los esfuerzos encaminados a hacer efectiva la transparencia administrativa.
3. SEGURIDAD CIUDADANA: AFIANZAMIENTO DE LA LEGALIDAD PARA REDUCIR LA ANGUSTIA E INDEFENSION CIUDADANA Y PROMOVER EL DESARROLLO DEMOCRATICO, ASI COMO EL DESARME TOTAL DE LA POBLACION CIVIL Y PARAMILITAR, SIN DISTINGO DE IDEOLOGIAS O PARTIDOS- La angustia e indefensión ciudadana son las manifestaciones de problemas profundos que cruzan la sociedad, tanto por el incremento inusitado de la delincuencia común, como por la violencia institucional que muchas veces fuerza a las personas a vivir en el marco de la ilegalidad. A la par, está la impunidad que impera en el país, derivada de la falta de cumplimiento de las leyes y de la retardación de la justicia.
- La creciente inseguridad que prevalece tanto en el campo nicaragüense como en las ciudades, afecta la tranquilidad de todas las personas. Los problemas de seguridad en las zonas rurales son el reflejo de la ausencia de programas y acciones que permitan a esas poblaciones tener acceso a ciertos servicios básicos, que les aseguren su incorporación a la vida productiva y social en sus propias comunidades.
- Los diferentes sectores de la sociedad civil, así como los partidos políticos, debemos comprometernos a garantizar el desarme total de la población civil y paramilitar, sin distingos partidarios o ideológicos y en condiciones que garanticen la vida e integridad de todos los desarmados.
- No podemos continuar siendo rehenes y víctimas de delincuentes comunes o de algunos grupos armados que continúan masacrando al campesinado o provocando su éxodo hacia otros países, o que dejan nuestros hogares a merced de cualquier delincuente con un arma en la mano.
- También debemos comprometernos en la elaboración de leyes que permitan llenar los vacíos jurídicos que han quedado después de la Reforma Constitucional de 1995 y que den respuestas efectivas a los principales problemas señalados.
Se deben realizar reformas institucionales que restablezcan la autoridad, particularmente en el campo. Como sociedad civil demandamos que a nivel nacional impere la ley y la justicia.
-Debemos asumir compromisos para el saneamiento del sistema judicial en todos los niveles, así como el que se garantice el efectivo funcionamiento del Poder Judicial, independiente de los demás poderes. Nadie debe estar por encima o fuera del alcance de la ley.
- Debemos actualizar, de manera prioritaria, las Leyes y Códigos que establecen el andamiaje jurídico mínimo para restablecer la legalidad y reducir la discrecionalidad en la aplicación de la ley:
Ley orgánica de tribunales
Leyes de procedimientos civiles y penales
Ley de bancos y otras instituciones financieras
Leyes ambientales y territoriales
Código penal
Código fiscal
Código de comercio
Código del trabajo
Código civil
Código de la familia
Ley de servicio civil
- Estamos conscientes de que no sólo el marco jurídico asegurará el imperio de la ley. Por ello, insistimos en que de manera inmediata se produzca el desarme de la población civil y paramilitar y se trabaje en impulsar acciones que permitan una más efectiva y eficaz participación social en la elaboración de proyectos de leyes y medidas tendientes a evitar que el problema del narcotráfico, y la delincuencia en general, se constituyan en factores adicionales de agravamiento de la calidad de vida de nuestra población.
- Deben hacerse los máximos esfuerzos para poner a funcionar la Procuraduría de los Derechos Humanos, con los recursos necesarios y adecuados a fin de que se constituya en una instancia garante del cumplimiento de las leyes y el respeto humano individual y colectivo de las y los nicaragüenses. Esta Procuraduría debería jugar un papel importante en el establecimiento de los mecanismos e instancias que permitan que las personas que necesitan de la aplicación de la justicia sepan dónde canalizar sus demandas.
- Se debe promover la modernización del Estado, lo que significa un Estado pequeño pero eficiente. Es decir, con una práctica de servicio público, que actúe justamente en la línea de contribuir a subsanar las distorsiones que genera el mercado.
- En el marco de la promoción de una real democracia, el Estado, a través de sus diferentes Poderes; y la sociedad civil, a través de sus diversas expresiones, debemos trabajar y comprometernos en el fortalecimiento y profundización de la descentralización municipal que promueva el desarrollo local, con el fin de acercar la solución de los problemas a las necesidades de la población. La reglamentación de la Ley de Autonomía de la Costa Atlántica es un imperativo para la consolidación de la democracia en esa región del país. El proceso de la municipalización no sólo debe pasar por la fase de desconcentración de funciones, sino que debe conllevar la dotación de recursos técnicos y financieros para que los municipios puedan tomar las decisiones y ejercer mejor sus funciones con la participación de las comunidades.
4. ESTIMULO DE LA PRODUCCION E IMPULSO DE POLITICAS COHERENTES Y EFICACES PARA LA RECUPERACION PRODUCTIVA Y ESFUERZOS PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION JUSTA DEL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD, GARANTIZANDO SU FUTURA INVIOLABILIDAD- Como sectores involucrados en la problemática productiva, reconocemos que es fundamental velar por cierto equilibrio macroeconómico, como una condición necesaria para garantizar la estabilidad de los precios de la economía.
- También reconocemos que el motor fundamental del desarrollo del país se encuentra en la iniciativa y empresa privada, así como en la inversión nacional y extranjera, por lo que se deberá estimular de manera práctica y decidida este principio. Todo ello debe demostrarse en una efectiva voluntad política de los gobernantes del país.
- Dentro del proceso de ajuste estructural debemos alcanzar un acuerdo sobre los principales problemas existentes en el campo macroeconómico, identificando las principales restricciones externas e internas que se enfrentan. El conocimiento de los compromisos regionales ya alcanzados y los nuevos permitiría un mayor involucramiento de la sociedad en la formulación de propuestas articuladas que sean factibles de ser negociadas en mejores condiciones, ante los organismos internacionales y ante la cooperación externa en general.
- Estas acciones deben estar orientadas a establecer alguna flexibilización en la instrumentación de los programas económicos, que permita incidir en el excesivo esquema de restricción monetaria que impide el funcionamiento normal de la actividad productiva y comercial del país y la lucha contra la pobreza. Debemos promover políticas socioeconómicas que contribuyan a controlar, reducir y eliminar la extrema pobreza, en la cual vive una gran mayoría de la población nicaragüense.
- Reconocemos la importancia que tiene para la estabilidad del esfuerzo productivo el afianzamiento del derecho de propiedad. Este es un derecho natural, sin perjuicio de su función social, al que está estrechamente vinculada la célula clave de nuestra sociedad que es la familia. Su flagrante violación es también uno de los principales obstáculos a la reconciliación nacional y el impedimento más fuerte para desencadenar la actividad productiva individual, tanto de los nacionales como de las personas del exterior. Demandamos compromisos concretos para que se realicen todos los esfuerzos posibles conducentes a garantizar la solución de este problema y su futura inviolabilidad, así como el respeto y solución definitiva de la problemática de tierras de las comunidades indígenas. Deberán acelerarse las gestiones encaminadas a garantizar la compensación justa y adecuada a todas aquellas personas nacionales y extranjeras afectadas en el pasado por distintas disposiciones, en el marco de las leyes ya aprobadas.
- Es necesario que impulsemos campañas y acciones destinadas a fomentar la cultura de responsabilidad compartida en los esfuerzos de recuperación productiva que el país requiere. Compromisos que incluyen el diseño y aplicación de claros incentivos a quienes asumen estas responsabilidades y el manejo responsable de los recursos naturales, base material del desarrollo.
- Deben establecerse procedimientos legales, mecanismos e instancias de coordinación de políticas que estimulen y promuevan la producción. Esto obliga a una revisión del sistema tributario con miras a disminuir la carga impositiva y todos los elementos que inciden sobre los costos y distribución de la producción (transporte, energía, combustibles, entre otros) y a establecer políticas coherentes de estímulo a la producción. Esto repercutirá en la disminución del contrabando y el costo de la vida.
- Nicaragua es un país eminentemente agropecuario y de pequeñas unidades productivas, que requieren condiciones adecuadas para participar de manera más efectiva en el proceso de recuperación y creación de empleo a nivel rural. Es necesario fomentar programas integrales, que promuevan el desarrollo de la capacidad de diagnósticos participativos para la mejor identificación de los problemas y de esa manera, establecer propuestas de capacitación, asistencia técnica, comercialización y financiamiento acorde a las necesidades y potencialidades locales. Estos programas deben estar también en correspondencia con los objetivos de orden social que establece esta Agenda Mínima Nacional.
- Demandamos que se asuman compromisos para dirigir parte importante de la cooperación financiera internacional que reciba Nicaragua al desarrollo integral de programas productivos en las regiones donde más se concentra la pobreza, para lo cual deberá también propiciarse el desarrollo de organizaciones de la sociedad civil idóneas, así como el apoyo que requieran las ya existentes, dentro del marco de descentralización y fortalecimiento del poder local para la ejecución de estos programas.
- Las pequeñas y medianas empresas pueden jugar un papel protagónico en el campo y la ciudad. Para potenciar sus capacidades, se deberán diseñar y ejecutar programas integrales de capacitación técnica y políticas de incentivos, que articulen las diferentes iniciativas existentes, para que desde esas unidades se propicie la creación masiva de empleos, particularmente de jóvenes y de mujeres.
- Una gran parte de los problemas de la producción está en el elevado riesgo e incertidumbre que rodea a cualquier actividad económica que se emprende en el país. Estamos convencidos que si se actúa sobre los puntos problemáticos que se presentan en esta Agenda, será posible comenzar a visualizar la corrección de algunos factores de costos que inciden sobre la producción y los niveles de competitividad.
- Sentar las bases para un desarrollo humano sostenible requiere de manera urgente el diseño y consenso de amplia base de la formulación de una estrategia de desarrollo, la cual debe contemplar la diversificación productiva, la articulación de los esfuerzos dispersos que actualmente existen en el área económica y productiva, la articulación de la instrumentación de la política social, económica y ambiental, el potenciamiento del uso racional de los recursos locales y la participación de la sociedad civil en todo el proceso de planificación, diseño, ejecución y evaluación de la estrategia.
5. CALIDAD DE VIDADemandamos a los partidos políticos asumir compromisos claros y concretos para que se asegure una calidad de vida compatible con la dignidad humana, para lo cual hay que garantizar un ambiente saludable (agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, sanidad ambiental). Es fundamental no sólo la reactivación productiva, sino también lograr una drástica reducción de la deuda externa que sustrae recursos del país e impide enfrentar de forma efectiva el mejoramiento de la calidad de vida de las y los nicaragüenses. La superación de las condiciones de vida requiere también de compromisos orientados al establecimiento de una política de población congruente con el crecimiento del país, estimulando la incorporación de la variable población en todas las áreas del desarrollo, tomando en cuenta los principios morales y cristianos de la nación.
- Los rezagos históricos que enfrenta la Costa Atlántica se deben, entre otras cosas, al abandono por parte de los gobiernos y a las escasas oportunidades de la población de esa región al acceso a los servicios básicos y recursos productivos. La existencia de políticas influidas por las costumbres y tradiciones del Pacífico han generado mayores niveles de pobreza en los hogares de la Costa Atlántica en relación con el resto del país. Un compromiso que implique realizar esfuerzos conjuntos para superar los actuales niveles de pobreza en Nicaragua, no puede omitir la necesidad de que existan políticas públicas de apoyo a la Costa Atlántica, en un marco de respeto por los valores culturales propios de las etnias, así como el establecimiento de los marcos jurídicos y mecanismos que permitan una real y más efectiva participación de la población de la Costa Atlántica en programas de superación de la pobreza y la reactivación productiva de la región.
- Una de las principales causas de la pobreza la constituye la falta de empleo. El desempleo abierto y el subempleo afectan a más de la mitad de la población económicamente activa nacional. En la Costa Atlántica, al 80%
El enfoque de género en las políticas públicas- El desempleo y el subempleo afectan a más de la mitad de la población femenina. La elevada presencia de las mujeres en el sector informal de la economía las excluye del derecho a gozar de los beneficios sociales y laborales. No tienen acceso al crédito del sistema bancario y es muy bajo el acceso a la propiedad. Persiste la discriminación salarial. El 50% de los hogares con jefatura femenina se encuentran en condición de extrema pobreza. La violencia familiar e institucional sigue afectando más significativamente a las mujeres. El 50% de las mujeres sufren maltrato físico alguna vez en su vida y una de cada cuatro mujeres con pareja son maltratadas cada año. El 80% de las mujeres que sufren maltrato no buscan ayuda. El analfabetismo es mayor en el caso de las mujeres y más aún cuando éstas residen en las zonas rurales del país. La retardación de justicia afecta más a las mujeres y éstas no acceden a la justicia por razones económicas y en algunos casos, por razones culturales. Las leyes vigentes en el país siguen discriminando a las mujeres.
- Un Desarrollo Humano Sostenible no puede concebirse sin la participación real y efectiva de las mujeres, que son un poco más de la mitad de la población del país. Demandamos que las políticas públicas tengan un enfoque de género y se apliquen en todos los programas y acciones que apunten a incidir sobre las causas estructurales que ponen a las mujeres nicaragüenses en condiciones de mayor pobreza.
- Demandamos que las políticas y programas estén orientados al mayor acceso de las mujeres a los recursos productivos, al financiamiento, a los mercados, a las tecnologías, a la información, al acceso a la educación y a los servicios de salud integrales. Se debe promover la responsabilidad compartida en los asuntos relacionados con el ámbito reproductivo, con el fin de permitir una mejor inserción de las mujeres en los procesos económicos, políticos y sociales, así como su mejor posicionamiento en la sociedad, a través de la participación real y efectiva en la toma de decisiones a todos los niveles, garantizando su participación política y en las estructuras del Estado.
La niñez- El 85% de los menores de Nicaragua vive en condiciones de pobreza. El promedio nacional de la ingesta calórica de un niño cubre solamente el 88% de los requerimientos diarios y sólo el 72% en el área rural. Una gran mayoría enfrenta deficiencias cerebrales debido a la subalimentación que padecieron en los primeros años de su vida. Esto no puede continuar así, pues compromete el desarrollo futuro de la nación. Es necesario atender el problema de la niñez. Debemos asumir de manera urgente compromisos con el fin de impulsar y ejecutar programas focalizados para la niñez.
La adolescencia- El 80.8% de los adolescentes de nuestro país padecen altos niveles de pobreza y los que se encuentran en condiciones de indigencia superan el 50%. Más de la mitad de la población adolescente no asiste a la escuela y carece de trabajo. Esta situación, además de la carencia afectiva, es lo que impulsa en muchos casos a los y las jóvenes a la drogadicción y a realizar acciones fuera del marco de la ley. Hay que recordar que esta población es la generación que nos sigue en la conducción de la nación.
-La situación de la adolescencia demanda de la atención de todos, gobierno y sociedad civil. Debemos asumir compromisos que apunten al desarrollo de programas de capacitación, educación, empleo, deportes y recreación sana dirigidos a este importante sector social. No se trata de establecer políticas paternalistas, sino de garantizar las oportunidades para la realización personal de las y los jóvenes.
La tercera edad- Mucho más crítica es la situación de las personas que tienen más de 65 años. Esta población no es sujeto de ningún tipo de atención por parte del gobierno y, en general, tampoco de la sociedad civil, que generalmente ve a los ancianos y ancianas como una carga familiar y de la sociedad.
- Uno de los índices más altos de suicidio se encuentra en este sector poblacional, como respuesta al abandono y desprecio que sienten de la sociedad. Los escasos lugares que existen para atender a personas ancianas carecen de las condiciones mínimas para que reciban un trato humano y digno.
- En los últimos años se han cerrado algunos centros especializados y tampoco se conoce de la existencia de centros de atención integral para esta población, que estén en manos de ONGs u otras instancias de la sociedad.
- Se requiere de acciones concertadas para que se establezcan políticas y programas que apunten a un mayor involucramiento de la sociedad y un cambio en la visión sobre la problemática de este sector. Estas políticas y programas deben de estar orientados a integrar a todas las personas de la tercera edad como agentes activos de la sociedad. Partir del principio de que son personas que dieron mucho y pueden seguir contribuyendo a la sociedad desde sus posibilidades objetivas.
Personas con discapacidad- Por causas naturales y sociales, principalmente por la violencia armada, se ha incrementado el número de personas con discapacidades, en su mayoría jóvenes que demandan participación plena e igualdad de oportunidades. Es necesario que en los diferentes niveles de la vida política, económica y social del país se tome en cuenta a este amplio sector de la sociedad con deficiencias, presente en todos los sectores sociales: niños y niñas, mujeres y hombres, jóvenes, ancianos y ancianas.
- A través de sus organizaciones, las personas con discapacidad deben ser partícipes en la toma de decisiones gubernamentales que afecten sus vidas para que sean verdaderamente incluyentes y respetuosas de su condición humana. Debe implementarse a plenitud la Ley 202 y su reglamento, de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, enfatizando lo concerniente a la Comisión Nacional de Rehabilitación.
La salud- En Nicaragua, 56 niños por mil nacidos vivos mueren antes de cumplir el primer año. Cuatro de las principales causas de muerte entre los niños son prevenibles: complicaciones neonatales, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, todas exacerbadas por la desnutrición. La mortalidad materna en Nicaragua, 130 por 100 mil nacidos vivos, es una de las más altas en América Latina, agravado esto por el hecho de que el 25% de los nacimientos que se producen cada año se da en mujeres menores de 18 años. En los últimos años es alarmante el crecimiento que han experimentado las muertes por accidentes o hechos de violencia, constituyendo actualmente la principal causa de muerte de las personas adultas.
- Enfrentar esta situación requiere de la articulación integral de las políticas y esfuerzos actualmente dispersos que se hacen en el campo de la salud, priorizando los recursos del sector público en la atención primaria en salud a un nivel que permita a las personas acceder a esos servicios, así como a la información y conocimientos necesarios, a fin de permitir una mejor vida productiva en lo económico y social.
Vivienda- El déficit habitacional nacional en 1995 se estimó en 398 mil 627 unidades: 245 mil 270 por hacinamiento, 133 mil por diferentes niveles de déficit cualitativo y 20 mil por el crecimiento poblacional anual. Esta cifra equivale al 48% del inventario nacional, según el Censo de 1995. Esta situación influye en la estabilidad de la familia y en la educación de los miembros del hogar.
- Un objetivo mínimo que debemos plantearnos es el de evitar que el déficit habitacional se incremente. Esto requiere el impulsar programas masivos que estén al alcance de grandes segmentos de la población en todo el país, por medio de la formulación y ejecución de programas orientados a la rehabilitación y construcción de viviendas para familias de escasos recursos, con acciones coordinadas de los esfuerzos y recursos del Estado, municipios y de los sectores de la sociedad civil que pueden aportar al sector.
- Los programas de construcción de viviendas, además de su función social, representan un factor dinamizador de la economía.
La educación- En 1995, la matrícula inicial global en la educación ascendió a 1 millón 100 mil alumnos: 3 mil en educación especial, 99 mil 145 en educación preescolar, 764 mil 587 en educación primaria y 220 mil 670 en educación secundaria. A pesar de estas cifras, quedan sin acceso a la educación preescolar un total de 447 mil 995 niños, otros 160 mil 835 niños quedan fuera de las aulas de la educación primaria y unos 600 mil adolescentes no acceden a la educación secundaria. A este dramático panorama es preciso agregar que el 46% de los niños y niñas que tienen acceso al primer grado de primaria no logran pasar el segundo grado, y más de 101 mil 174 niños y niñas abandonan anualmente la escuela.
- El empirismo de los maestros en educación primaria asciende al 30% y su salario promedio no llega a los 500 córdobas mensuales.
- El analfabetismo está creciendo de manera alarmante: ya alcanza el 30% y se constituye en una de las principales amenazas de la sociedad del futuro. Esto, agravado por la baja calidad de la educación, obliga a un extraordinario esfuerzo conjunto entre el Estado y la sociedad civil. Compartimos el criterio de que sin reducir estos déficits, es imposible enfrentar la pobreza y mejorar la calidad de la vida de toda la población.
- Esta realidad obliga a poner en marcha una reforma profunda y global de la educación nacional, para conformar un verdadero Sistema Educativo Nacional, que articule adecuadamente los diferentes subsistemas (preescolar, primaria, técnico vocacional, secundaria y educación superior). Es urgente también que se convierta a la educación en el eje vertebrador del desarrollo de nuestro país y en un derecho humano fundamental en la construcción de la senda de paz y desarrollo sostenible que hemos asumido.
- Debemos respetar y hacer cumplir los principios constitucionales que establecen que la educación es función indeclinable del Estado, que el acceso a la educación es libre e igual para todos los nicaragüenses y que la enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado.
- La revisión del sistema educativo debe promover el balance adecuado entre la demanda de formación de los recursos humanos en todos los niveles y las necesidades concretas del país, para su crecimiento y desarrollo. También debe establecer políticas que incentiven a la juventud a optar por las carreras técnicas en sus diferentes niveles.
- La búsqueda de igualdad de oportunidades requiere que asumamos un especial compromiso para dar atención a la alfabetización de las mujeres adultas campesinas y de las ciudades, y a la educación básica de todas las niñas nicaragüenses.
- Demandamos compromisos concretos para que se destine una mayor proporción de los fondos públicos a la inversión educativa.
6. CAPACITACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA- Nicaragua invierte menos del 0.1% del PIB en la asimilación de nuevas tecnologías en el proceso productivo. La recomendación internacional para los países como el nuestro es que esta inversión no debe ser menor del 1%.
- Reconocemos el papel decisivo que hoy en día tiene el conocimiento en los procesos productivos y los desafíos que plantean a nuestros países la globalización de la economía, la apertura de los mercados y la competitividad, cada vez más basada en el progreso científico y tecnológico.
- La promoción de los recursos humanos, y el papel y reconocimiento de los profesionales nacionales, debe quedar priorizado en todas las políticas de gobierno. El acceso al conocimiento y la información juegan un papel tan relevante como el fortalecimiento de la base empresarial, la reconversión industrial, la liberalización y la apertura de nuevos mercados. Todos estos factores están orientados a aumentar la competitividad de nuestras economías en los nuevos espacios económicos subregionales, regionales y transnacionales que se están formando.
- Demandamos políticas públicas y de Estado que otorguen atención preferente a la formación de los recursos humanos, al progreso técnico y a la acumulación de información. Se deben priorizar las inversiones en educación, ciencia y tecnología, así como el diseño de una política energética y de desarrollo científico y tecnológico, acorde con la demanda del desarrollo.
7. LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES- Existe un avanzado estado de deterioro ambiental que amenaza la base material para un desarrollo equitativo y armónico. Más de 150 mil hectáreas se deforestan cada año. Aproximadamente 7 millones 700 mil hectáreas del territorio nacional presentan diferentes grados de erosión, particularmente procesos de erosión hídrica. El deterioro de nuestras cuencas, más el despale producto del avance de la frontera agrícola, tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente: la pérdida de fertilidad de los suelos, de la capacidad de las recargas de los acuíferos, de los potenciales energéticos, desencadenamiento de procesos erosivos, cambios climatológicos, etc. Esto pone en peligro las condiciones mínimas para el soporte de nuestra misma vida.
- Es imperioso tomar medidas que conduzcan a la formulación y ejecución de políticas y programas que permitan un aprovechamiento racional de nuestro medio ambiente. Demandamos la aprobación e instrumentación de leyes que reglamenten todos los aspectos relacionados con la explotación irracional de estos recursos y la actividad industrial y que preserven el patrimonio natural y cultural, particularmente en la Costa Atlántica.
-Debemos de impulsar acciones que articulen el accionar, tanto del Estado como de la sociedad civil, con el propósito de influir en los comportamientos de las personas frente a la problemática del medio ambiente. Se trata de fomentar una nueva cultura de rescate y preservación del patrimonio natural y sus recursos.
- La protección de los recursos naturales, en particular en la Costa Atlántica, requiere de mecanismos en las relaciones internacionales con los países vecinos a fin de encontrar formas de entendimiento, evitar que se exploten irracionalmente y redistribuir mejor los beneficios derivados de una política sostenida de utilización de los mismos.
8. PROGRAMA NACIONAL DE EMERGENCIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA. GENERACION DE EMPLEO PRODUCTIVO Y RESCATE DE LA NIÑEZ- Dada la crisis material en que vive más del 75% de la población nicaragüense, es necesario que a nivel nacional, gobierno y sociedad civil en su sentido más amplio, asumamos compromisos y responsabilidades en la formulación y ejecución de programas de emergencia de lucha frontal contra la pobreza, de generación de empleo productivo y de rescate de la niñez, como un imperativo ético y político y como la mejor expresión de la solidaridad social.
- Un compromiso mínimo que debemos asumir es desarrollar programas y acciones orientados a evitar que aumente el número de hogares en situación de pobreza crónica y focalizar programas orientados a reducir gradualmente, pero de manera sostenida, el número de hogares que han caído en estado de pobreza como resultado de las políticas económicas y la situación de crisis de los últimos años.
9. PARTICIPACION CIUDADANA- Todos los elementos de este diagnóstico, han provocado en el conjunto de la población desesperanza e indiferencia ante los grandes retos que requiere la nación para asegurar un futuro a las generaciones venideras.
- Esa indiferencia y desesperanza también es producto de la frustración que tenemos los y las nicaragüenses porque no se vislumbran perspectivas de mejoramiento de vida. En parte, esa situación es el resultado de la aplicación de políticas incorrectas o inoportunas, y de restricciones internas y externas que limitan el campo de acción y por tanto, la posibilidad de incidir sobre los principales problemas. Pero también es el resultado de la falta de mecanismos que permitan una mayor beligerancia de la sociedad civil en el proceso de evaluación de las políticas y programas.
- La dimensión del problema de Nicaragua es tan grande, que su solución requiere de un gran esfuerzo nacional, con la convergencia de todos los sectores de la sociedad, porque la democracia debe ser algo más que la posibilidad que tienen las personas de participar en las elecciones. La democracia implica también que éstas puedan participar, opinar e influenciar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como en sus resultados concretos.
- Para asegurar esa participación democrática, deben realizarse diversas acciones. Destacamos: el reglamentar orgánicamente las instituciones del Poder Ejecutivo, de forma que se establezca el papel que se le dará a la sociedad civil en el quehacer del sector, sus derechos y responsabilidades; el dinamizar los procedimientos de consulta por parte de la Asamblea Nacional a la sociedad civil -principio que está estipulado en la Constitución de la República- y hacerlos cumplir, para que toda propuesta de ley sea consultada con los sectores de la sociedad involucrados.
* Nicaragua requiere que todas las personas que estamos realmente preocupadas por la situación del país hagamos un alto en el camino para reflexionar sobre el diagnóstico que presenta esta Agenda Mínima Nacional, y que es el resultado de un proceso y trabajo colectivo de varios organismos y personas.
Son muchas las cosas que necesitamos hacer para poner fin a esta situación desesperante, pero las acciones relacionadas con los problemas aquí descritos no pueden postergarse sin consecuencias catastróficas para el país. La erradicación de estos problemas muy difícilmente podrá implementarse sin el concurso de todos los y las nicaragüenses. La coyuntura electoral plantea una oportunidad. Urge que asumamos acciones concretas relacionadas con los puntos de esta agenda e invitamos a los sectores sociales, a los medios de comunicación, a los partidos políticos y a otras instituciones de la sociedad civil a contraer con la nación un compromiso moral de hacer cuanto esté a nuestro alcance para la solución de estos problemas. El reto es también para el nuevo gobierno que por voluntad popular sea electo para dirigir los destinos del país en la etapa previa a la finalización del siglo XX e inicios de un nuevo milenio.
Nuestro aporte como sociedad civil es éste: promover una reflexión de cara a los grandes problemas que enfrenta la mayor parte de la población del país. Esta Agenda Mínima no pretende dictar cuál debe ser la plataforma política de los candidatos para las próximas elecciones. Con este Compromiso de Nicaragua por una Agenda Mínima Nacional, invitamos a los partidos políticos no sólo a compartir este diagnóstico, sino a que nos presenten, en sus plataformas de gobierno, políticas y propuestas concretas para la solución de los problemas aquí identificados.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica