Guatemala
Firmar la paz y construir la paz
El gobierno Arzú y la URNG tienen el reto de transformar los documentos con que firman la paz en algo vivo, consiguiendo que el pueblo los respalde con su participación. Para así, construir entre todos la paz.
Juan Hernández Pico, SJ
La paz no se firmó el 15 de septiembre. La gran probabilidad que existía de que el 175 aniversario de la Independencia de Centroamérica coincidiera con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la URNG había sido anunciada en febrero por el canciller de Guatemala, Eduardo Stein. A fines de agosto, la COPAZ reconocía ya que no se podría cumplir con ese plazo.
Inmediatamente llenaron la escena guatemalteca incontables rumores que aseguraban toda suerte de crisis en las negociaciones. Algunos apuntaban a la URNG. Se decía que el carácter nada radical del acuerdo firmado en mayo sobre el tema socioeconómico habría sembrado el descontento entre los militantes de la URNG y entre no pocas organizaciones sociales, obligando a la Comandancia de la guerrilla a postergar el acuerdo sobre el siguiente tema hasta recuperar consenso en sus bases y con las organizaciones populares.
Otros rumores apuntaban al gobierno. La proliferación de ocupaciones pacíficas de grupos arma- dos guerrilleros para hacer propaganda en pueblos, haciendas, mercados y recintos universitarios, estaría poniendo al gobierno contra las cuerdas, pues aparecería en connivencia con la guerrilla si continuaba las negociaciones sin frenar las ocupaciones. ¿Qué estaba pasando realmente?
Paz cercanaDesde el momento en que el nuevo gobierno de Alvaro Arzú declaró su convicción de que la paz podía firmarse en 1996 y fue apoyado en esto por la URNG, el final del conflicto apareció por primera vez como una realidad alcanzable. La inédita depuración, hecha por el Presidente en los primeros días de su mandato, de oficiales tanto de la más alta graduación (6 generales) como de grado intermedio (250 mandos), y el cese de 118 comisarios y agentes de la Policía Nacional, dio credibilidad a la idea de que la paz estaba ya cercana.
Credibilidad aumentada con el encuentro entre el Presidente Arzú y los comandantes de la URNG en México y con la declaración unilateral de cese de operaciones ofensivas por parte de la guerrilla, correspondida inmediatamente con la orden de cese de operaciones contrainsurgentes que el Presidente dio al ejército.
En este contexto, el incremento del crimen organizado (secuestros, robos de carros, etc.) y de la delincuencia común, así como de esquemas corruptos de evasión de la justicia (huidas de presos peligrosos de penales, ligereza en el otorgamiento de libertades bajo fianza o de arrestos domiciliarios sin vigilancia, etc.), se explica probablemente como reacción de los militares y policías depurados para obligar al gobierno a convivir con el crimen lucrativo, ejecutado antes desde organismos estatales y ahora "privatizado". Aunque se firme la paz -parece ser el mensaje que traen estos delitos- el capital delincuencial, surgido en el seno del Estado al abrigo de la guerra, continuará defendiendo con las armas sus intereses.
Paz difícil de aceptarA la par, la derecha intransigente sigue oponiéndose a dar cauce legítimo a la lucha democrática por el poder a quienes, provenientes de la guerrilla o de la izquierda, levantan banderas y programas de un cierto socialismo para el futuro de Guatemala. Esa derecha sigue encastillada en el sector de los terratenientes cafetaleros y de otros agricultores y ganaderos anclados en el pasado. Son ellos algunos de los que han exagerado las dimensiones de las ocupaciones realizadas por la URNG. El presidente de ANACAFE, por ejemplo, sostiene que "las tomas de poblados violan la ley, pues los guerrilleros actúan armados, intimidan a la gente y desarman a las autoridades".
El semanario Crónica afirma que ANACAFE ha pedido al gobierno que "incluya en la agenda de negociación la exigencia de que cesen esas acciones". Por su parte, el presidente de la gubernamental Comisión de Paz (COPAZ), Gustavo Porras, acentúa que las ocupaciones son rezagos del accionar guerrillero, a la par que destaca con realismo que la guerra no ha terminado, aunque exista una tregua en el uso de las armas por ambas partes. Su mensaje es que no se puede pedir a los revolucionarios en armas que actúen en todo como si la paz ya se hubiera firmado.
La misma derecha que protestó irritada contra el impuesto de guerra, ahora que ya la URNG no lo cobra por haberse firmado el acuerdo socioeconómico, enfoca sus protestas contra las ocupaciones pacíficas. Lo que en el fondo no puede aceptar es el fundamento de las negociaciones: que se haya reconocido que la guerra tuvo raíces reales en las que se alimentó la rebeldía armada de un sector de la población de Guatemala. Lo que no aceptan es no haber logrado lo que querían: que la guerra terminara con el aplastamiento de la guerrilla.
Desde la perspectiva de la URNG, es evidente que los acuerdos ya firmados no han convencido a todos sus militantes y que han presentado problemas para no pocos de sus cuadros intermedios. Es conocida la renuncia del grupo asesor político de la Comandancia de la URNG a continuar formando parte del equipo negociador. La renuncia se produjo poco tiempo después de firmado el acuerdo socioeconómico.
No hay en este acuerdo disposiciones que permitan avizorar cambios estructurales para una más equitativa distribución de la riqueza en Guatemala. Las disposiciones que estos acuerdos encierran tienden sólo a favorecer un proceso más ágil y eficiente de desarrollo en el campo, con medidas concretas para ello, y una revisión de adjudicaciones ilegales de tierras nacionales en el Petén y en la Franja Transversal Norte. Es comprensible que ante tanta sangre derramada y ante el esfuerzo de tantos años de lucha esto no baste y se aspire a unos acuerdos de paz revolucionarios. Pero aferrarse a hacer la revolución en las actuales circunstancias es una lectura equivocada de la coyuntura y, dentro de ella, de la real correlación de fuerzas.
Paz para el pluralismoLa paz no brotará de los acuerdos con los que terminará la guerra. Porque la paz se construye, no se decreta. Esta parece ser la premisa política con la que negocian en estos momentos ambas partes. La Comandancia de la URNG ha publicado un documento que lleva este significativo título: "Guatemala, la democracia plena: meta revolucionaria en el fin del milenio". Gustavo Porras, por parte del gobierno, afirma también que "lo que ha hecho posible la paz es un camino ascendente hacia la democracia".
Hay un punto mínimo de convergencia entre las concepciones de la URNG y las del actual gobierno: lo que los acuerdos de paz van a posibilitar en Guatemala hoy es un pluralismo político, un cauce institucional para que cualquier proyecto de sociedad pueda plantearse en términos de programa político y tenga capacidad de llegar a ser gobierno en unas elecciones libres.
Esto era en realidad la propuesta fundamental de "la Revolución Guatemalteca" en 1944. Lo humanamente dramático es que esta propuesta haya sido bloqueada durante más de 40 años, desde que fue frenada por la reacción intransigente de la derecha capitalista guatemalteca, apoyada en la fuerza conspiradora de la CIA, en el contexto de la guerra fría. Lo dramático es que el bloqueo de esta propuesta haya tenido tan alto costo en centenares de miles de víctimas.
La vulnerabilidad de esta propuesta proviene de la desconfianza popular en los procedimientos electorales para producir democracia. Sería peligroso olvidar las cifras de abstención electoral que se dan en Guatemala y que representan a la mayoría de los ciudadanos. El énfasis que Gustavo Porras pone en la capacidad negociadora del gobierno de Arzú porque tendría una "amplia legitimidad, un nivel extenso de interlocución con la sociedad guatemalteca y un amplio apoyo en la comunidad internacional" peca de exageradamente optimista.
La legalidad del gobierno de Arzú es incuestionable, pero su legitimidad no lo es tanto, porque aunque institucionalmente esté bien fundada, su fundamento participativo es muy precario.
Paz en un nuevo marcoLos otros dos aspectos que Porras señala poseen mayor solidez. Con lo que él llama "interlocución con la sociedad guatemalteca", alude al hecho de que el gobierno de Arzú no está conformado únicamente por miembros del PAN, partido derechista modernizante, sino por personas que provienen, como el mismo Porras, de una izquierda no arrepentida sino refundada; de ejecutivos de empresas con una cierta preocupación social y un cierto humanismo solidario; y de intelectuales experimentados en organismos internacionales progresistas, como el ministro de relaciones exteriores, Eduardo Stein. No es de poca importancia la relación, aparentemente de confianza, que existe entre Alvaro Arzú y Rigoberta Menchú. Esto le abre puertas al gobierno entre la población maya.
También el apoyo internacional a su gobierno es un activo poderoso en manos de Arzú. Una política exterior con múltiple vinculación, que posibilite grados de independencia mayores y anude la interdependencia - no sólo inevitable sino deseable -, refleja la aceptación internacional del gobierno de Arzú y a su vez, la va construyendo.
La presencia del Presidente de México y del Canciller de Cuba en la toma de posesión de Arzú señalan un rumbo, posteriormente reafirmado con el pronto rechazo a la ley Helms-Burton, con la ausencia de Arzú en la cumbre presidencial centroamericana "convocada" por Warren Christopher - el Presidente guatemalteco prefirió mantener su compromiso de devolver al Presidente mexicano su visita-, y con la forma moderada en que se distanció Guatemala del escándalo por el derribo por Cuba de las avionetas de "Hermanos al Rescate", recordando la soberanía cubana sobre su espacio aéreo y sus aguas territoriales.
La ausencia de Arzú en San Salvador, para la visita del Secretario de Estado estadounidense, contrastó con su presencia en San José para la visita del presidente Frei de Chile y del Primer Ministro del Japón, y con la organización, como anfitrión centroamericano, de la visita del Presidente de Corea del Sur a Guatemala. Visitó también Arzú Taiwan y estuvo presente en Ottawa para la reunión de Presidentes centroamericanos con el Primer Ministro del Canadá. Ahora, espera la visita del Canciller canadiense.
Por otro lado, el Canciller guatemalteco ha visitado España, Alemania, Italia y el Vaticano. En España, el gobierno guatemalteco presentó por vez primera excusas por la quema, en 1980, a manos de las fuerzas de seguridad, de la Embajada de España y por la muerte de los guatemaltecos que la habían ocupado para expresar desde allí sus reclamos al gobierno. En España y en los otros países europeos se concertó para noviembre un encuentro de los gobiernos que financiarán los programas gubernamentales necesarios para poner en práctica los acuerdos de paz.
Paz para negociar mejorEl Canciller Stein visitó también Ginebra durante la reunión de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos y logró que este organismo aceptara la petición de Guatemala de ser asesorada en su esfuerzo por cumplir, en lugar de ser únicamente vigilada a distancia. Toda esta estrategia de política exterior, de una notable actividad, tiene como objetivo adentrarse en la globalización política con una diversificación lo más extensa posible, que balancee la tradicional vinculación preponderante con los Estados Unidos, tejiendo redes múltiples alternativas.
Los contactos con México, Chile y Cuba -apertura de oficina de intereses comerciales, además de los aspectos políticos mencionados - apuntan a la búsqueda de un enraizamiento en América Latina, que dé al gobierno mayor fortaleza para negociar con la guerrilla. El apoyo a la integración centro- americana y su fomento tratan de fundamentar estas redes desde el espacio regional más inmediato, para hacer a los países centroamericanos más capaces de negociaciones conjuntas.
El gobierno Arzú ha manifestado también su preferencia porque Butros Ghali continúe durante otro período al frente de la Secretaría General de la ONU. Es evidente que con ello pretende apoyar las aspiraciones de Africa y de los países árabes. Pareciera, pues, que también en este campo el gobierno de Arzú está intentando rescatar lo que fue uno de los tres objetivos de la Revolución Guatemalteca del 44: independencia político-diplomática, además de democracia y modernización económica o desarrollo.
Paz aceleradaGustavo Porras comprometió su credibilidad al anunciar que tanto la URNG como el gobierno habían decidido firmar la paz en 1996. "Esto -aseveró- es una certeza". La certeza, según él, se basa en la convicción de ambas partes de que es el momento de firmar. Habría dos poderosas razones para ello.
Primero, la necesidad de presentar un presupuesto económico y financiero que contempla ya los programas necesarios para poner en práctica los acuerdos de paz. Y segundo, la cita de noviembre, o de antes de fin de año, del grupo de países con disposición a aportar fondos para la implementación de los programas de paz.
La decisión de Arzú - como candidato primero y como Presidente después - de reconocer con respeto las posturas revolucionarias, al haberse reunido con la Comandancia mientras aún es insurgente y mientras faltan no pocos pasos sustantivos y operativos en la negociación, ha abierto para los revolucionarios una coyuntura probablemente difícil de mejorar en la que concluir las negociaciones y concertar una paz digna.
La perspectiva de que el FRG, el partido del General Ríos Montt, responsable de la política de tierra arrasada y población masacrada de los primeros años 80 hubiera podido llegar al gobierno, aceleró probablemente la decisión revolucionaria de acelerar la paz. Por el lado gubernamental, la acelera la convicción de que sin paz es imposible un esfuerzo de desarrollo sostenible y de que la guerra hace imposible atacar la corrupción en el ejército y en el Estado. Para es- te gobierno, compuesto en parte por administradores serios y sobre todo, programado por ellos, la corrupción es un pasivo brutal, un elemento de irracionalidad económica a largo plazo.
Está pendiente la firma del acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército en una sociedad democrática. No deja de haber gente que apunta a que este tema va a encontrar en la URNG una postura más exigente que la que se esperaba. Por ejemplo, el diputado del FRG, Pablo Duarte, declaró a Crónica que la Comandancia revolucionaria pretende que "como el acuerdo socioeconómico salió muy general, el que se discute ahora no salga muy coronel".
Por otro lado, para el ex-presidente de COPAZ durante los dos años y medio del gobierno de Ramiro de León, Héctor Rosada, el ejército ha perdido ya poder y se encuentra "acorralado, dividido, confundido y sin liderazgo". Hay sectores que piensan que el ejército ganó la guerra y la guerrilla está ganando la batalla política en las negociaciones de paz. Para Rosada, "el ejército ganó la guerra, pero al mismo tiempo lo derrotaron la corrupción y las ambiciones internas. Es decir, el no haber podido manejar el expediente de la corrupción, ubicó el ejército en una situación de vulnerabilidad en el momento del canje".
Son interesantes las muy recientes declaraciones de Rosada al suplemento dominical del periódico Siglo XXI porque plantean una posición que explica bastante sobre las razones por las que el gobierno anterior no pudo avanzar más en el camino hacia la paz. Tuvo miedo del ejército. Rosada afirma paladinamente: "Hoy se dice que si Ramiro de León Carpio hubiera sabido que era tan fácil descabezar al ejército, habría tomado otro tipo de decisiones".
Sin embargo, Rosada no está de acuerdo con lo que para él ha sido "descabezamiento" del ejército. "Una cosa -afirma- es combatir la delincuencia en el ejército y otra es no ser capaz de manejar el cambio cualitativo de la contrainsurgencia en la transición a la democracia. Una cosa es dejar de ser ejército contrainsurgente para convertirse en una institución del Estado en un país democrático y otra es descabezar la institución".
Es curioso que Rosada no hable más que de una corrupción en el ejército, la que puede traducirse como delincuencia, y no hable de otra corrupción, la que está contenida en el abuso tremendo de poder que ha llevado a tan brutales violaciones de los derechos humanos. Y es importante que valore como "descabezamiento" el "cambio que se hizo el 14 de enero, y que debilitó tremendamente a la institución".
Paz: mejor con ArzúAfirma Rosada que Ramiro de León supo siempre que la URNG no iba a firmar la paz con un gobierno tan débil como el suyo, sin un partido tras él. Pero olvida que De León subió a la Presidencia con un gran consenso de la sociedad civil y prefirió apoyarse en el ejército como sustituto de una fuerza política propia. En este sentido, no extrañan las revelaciones de Rosada de que dos de los tres ministros de Defensa que De León nombró decidieron por su cuenta abrir pláticas secretas con la URNG, "dándole así más beligerancia de la que correspondía a la URNG y tomando una decisión de la que no hicieron partícipe al resto del ejército".
Ciertamente, Guatemala sale ganando de que la paz se vaya a firmar entre la guerrilla y un gobierno que ya ha arriesgado mucho al intentar establecer su autoridad civil sobre el ejército, en lugar de haberla firmado con un gobierno que decidió tener al ejército como su fuerza social de apoyo político.
Canje o política de EstadoEl gobierno de Arzú mantiene que la paz no es una negociación en la que se balancea "lo que me das y lo que te doy", sino una política de Estado, parte de un proyecto nacional que cualquier gobierno debe pretender desde una institucionalidad democrática. Concebir la paz como mera negociación no sería manera de decidir sobre el futuro del pueblo de Guatemala.
La concepción gubernamental parece tener mucho de horizonte utópico. Mientras que la concepción de "canje" que deja traslucir Rosada es de un pragmatismo a ras del suelo que se queda corto frente a lo que está en juego en los acuerdos de paz, Porras afirma que el nuevo ejército, por ejemplo, deberá ver su función fundamental restringida a la defensa de la soberanía y del territorio y a ser última garantía del orden constitucional. Pero también reconoce que otras de sus funciones secundarias, como la seguridad interna o la lucha contra el narcotráfico u otros tipos de delincuencia organizada así como las tareas de apoyo a otras instituciones estatales, no pueden ser descartadas. "Un ejército exclusivamente en los cuarteles - asevera- es un ejército inútil y habría que suprimirlo". Su tamaño y sus actividades deben deducirse del proyecto de nación que se tenga y de condiciones de la escena internacional que son imprevisibles y pueden ser sorpresivas, pero que de alguna forma hay que anticipar. Para Porras, la situación de violencia surgida en México es una de esas "sorpresas" que tendrá que ser considerada en el acuerdo sobre el papel del ejército en una sociedad democrática. Uno de los comandantes de la URNG - Rolando Morán - ha expresado parecidas consideraciones sobre el papel del ejército.
Sin asumirla ingenuamente, la postura de negociar la paz concibiendo a ésta como política de Estado es consistente con un mejor futuro para Guatemala. En el fondo, como institución jurídica, los acuerdos de paz valdrán por su peso documental. Pero no podrán realizar ese valor si no están respaldados por fuerzas sociales poderosas en la sociedad guatemalteca. El gobierno de Arzú es sólo una de esas poderosas fuerzas sociales.
La desconfianza de muchos grupos sociales, organizados o no, quita fuerza a la construcción de la paz, más allá de los documentos. El reto político del gobierno de Arzú y de la URNG, una vez reincorporada a la vida pública legal, es conseguir la participación de numerosos sectores del pueblo guatemalteco para hacer realidad una paz que sea respeto a los derechos humanos, cauce político para un pluralismo de programas, edificación de un respeto a la diversidad cultural de Guatemala, y ruta eficaz hacia el desarrollo humano de los guatemaltecos.
Recientemente, Gustavo Porras habló de que la construcción de la paz pasará por cuatro procesos para que se configure un Estado "solidario con los que nada tienen y subsidiario con los que algo o mucho pueden". Un proceso será el que aborde programas de excepción y emergencia (repatriación, reinserción de guerrilleros y de ex-soldados, compensación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, atención a desarraigados). Otro, el que enfrente programas sociales de educación, salud, laborales y culturales -los que se derivan del acuerdo sobre derechos de las etnias indígenas-. Un tercero, el que implique inversiones en desarrollo sostenible. Y un cuarto, el que aborde la reforma y modernización del Estado democrático. El primero y el cuarto parecen ser los más prioritarios para el gobierno actual.
Paz a pruebaEn este momento - el mas oscuro de la noche antes del amanecer-, el gobierno de Arzú tiene, a juicio de la comandancia de la URNG, que aumentar su credibilidad en un combate más eficaz contra quienes causan la inseguridad ciudadana, y en una política económica que a la vez sea política social y así combata la pobreza creciente, la desaceleración del crecimiento económico y sobre todo, el fantasma de la recesión.
En esto se verá si en el gobierno de Arzú pesan más las fuerzas con sentido social que las que mantienen su atavismo derechista de intereses puramente privados. La URNG, por su parte, tendrá que resolver los desafíos de su viabilidad política, contrarrestando los impulsos disgregadores de las izquierdas e integrándose en el espectro político del país. Decidiendo, por ejemplo, si se articula o no con el Frente Democrático Nueva Guatemala.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica