Nicaragua
Propiedad: el hilo rojo
¿Vivimos un regreso del somocismo? De momento, han regresado algunos herederos de Somoza y han vuelto algunos estilos de gobernar que resultan preocupantes. De fondo, el intrincado laberinto de los problemas de la propiedad.
Equipo Nitlápan-Envío
Dos meses después de recibir la banda presidencial, Arnoldo Alemán continúa "actuando" ante una población que da pruebas de cansancio, madurez, deseos de paz y enorme paciencia. A diario, el Presidente busca dar un golpe de efecto, a veces sin medir bien el efecto del golpe. Su interpretación proyecta al hombre de mano firme y paso seguro, con claridad en las metas y decisión inclaudicable. Al bajarse del escenario, renacen las dudas.
Conflictos en serie y un hilo rojoDespués de 60 días de gobierno liberal no hay nada más que esto: una sucesión de gestos destinados a consolidar un nuevo estilo de gobierno y una determinada imagen de gobernante, mientras los liberales del PLC más fiables para el Presidente y su círculo más cercano van acaparando todos los cargos de poder y decisión. Para poder actuar, tienen un serio obstáculo en la falta de recursos económicos. Para decidir, carecen de experiencia en la consulta a la sociedad.
Nota:Inicio | Contactenos | ArchivY como están decidiendo muchas cosas de forma autoritaria, reconstruyendo la fórmula Partido?Estado con una ideología excluyente y atrasada, han ido creando conflictos con los periodistas, con el movimiento de mujeres, con los organismos no gubernamentales, con comerciantes informales, con los evangélicos... Con una sociedad cada vez más diversa y dispersa, que esperaba otra cosa del "cambio" alemanista.
Se vea más o menos sobre el escenario, el "hilo rojo" que lo enlaza todo y que explica mucho de lo que pasa es el de la propiedad. Resolver el problema de la propiedad es una tarea pendiente. Resolverlo es vital para el núcleo duro antisandinista de la Alianza Liberal.
o | Suscripciones Resolverlo es el centro de cualquier estrategia sandinista, de cúpulas o de bases. Resolverlo es indispensable para cualquier planteamiento democrático en Nicaragua. Resolverlo garantizaría a Alemán una ampliación de su base social... Pero no existe el problema de la propiedad, sino los problemas de la propiedad, heredados la mayoría de ellos de la historia de los últimos 20 años. El gran nudo en el hilo es que, entre todos los grupos interesados en resolver este rompecabezas ?prácticamente la totalidad de los nicaragüenses?, resulta extremadamente difícil lograr este acuerdo: cuál de todos los problemas de la propiedad es el esencial, cuál pieza es la primera que debe ser movida para que el conflicto empiece de verdad a resolverse.
Gobierno?FSLN: canal abiertoEl 12 de enero, inmediatamente después del cambio de gobierno, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega ?los dos únicos líderes nacionales con mayoritario respaldo de votos? se reunieron, como una señal de la voluntad del gobierno y de la oposición de iniciar con estabilidad, gobernabilidad, tolerancia y disposición de diálogo la nueva etapa en la que entra Nicaragua. Era una demanda nacional. No pareció un golpe de efecto por ninguna de las dos partes.
Después del encuentro bilateral del más alto nivel, el FSLN presentó al gobierno un documento de 9 puntos para ser discutidos entre gobierno y oposición y lograr entendimientos y acuerdos en torno a ellos. Días después, las delegaciones del gobierno y del FSLN ?encabezadas por dos "pesos pesados", el Vicepresidente Enrique Bolaños y el diputado Bayardo Arce? eligieron el tema de la propiedad como primer punto para iniciar debates y buscar esos acuerdos. Cada delegación estaba integrada por un equipo de abogados y juristas. Se acordó, de entrada, que la solución al problema ?a los problemas? de la propiedad debía hacerse desde una común aceptación del Estado de Derecho.
Hubo una primera reunión. Ya en el segundo encuentro de las dos delegaciones el hilo rojo se tensó en extremo. Y se enredó en una maraña en la que se mezclan interpretaciones divergentes, intereses contradictorios, estilos opuestos, historias personales, promesas de campaña, lealtades políticas, cuentas pendientes, principios, leyes, casos... La tensión quedó expresada hasta en el nombre que cada parte puso a los encuentros. Mientras el FSLN habla de un "diálogo" con el objeto de llegar a acuerdos, Bolaños minimizó los encuentros y dijo que eran sólo un "conversatorio" para intercambiar pareceres. El Presidente Alemán le llama "canal abierto".
Somocismo: alerta nacionalEn la tercera reunión, el 13 de febrero, cuando todos temían una ruptura, se acordó, precisamente para evitarla, dejar pasar 15 días y crear dos comisiones de dos abogados del FSLN y de dos del gobierno con el fin de hacer propuestas muy concretas y de revisar casos muy particulares, para así contribuir a desmadejar la maraña legal, política y económica que significan los conflictos de propiedad.
El 25 de febrero, en vísperas de la cuarta reunión, el Presidente Alemán sorprendió a todos afirmando que "el problema de la propiedad ya estaba solucionado", porque los comandantes sandinistas habrían aceptado pagar por sus casas. El 27 de febrero, después de negar que hubiera solución o acuerdo sobre algo, y calificando de "temeraria" la afirmación de Alemán, el FSLN decidió postergar el diálogo 15 días más y el último día de febrero no hubo encuentro, sino un pronunciamiento del FSLN, en el que denuncia los espacios que el gobierno alemanista pretende reabrirle a los herederos de la familia Somoza.
Por considerarlo de gran importancia en estos momentos, y por considerar que el consenso antisomocista no es tarea del FSLN sino de toda la nación y debe ser el punto de partida de cualquier solución nacional, publicamos este documento en páginas siguientes.
Propiedad: siempre presenteDesde que Violeta Chamorro asumió el poder en 1990, el problema de la propiedad estuvo latente o presente en todos los episodios de inestabilidad ?algunos gravísimos? que vivió Nicaragua durante sus casi siete años de mandato. Fue el hilo rojo que vinculó una crisis con la siguiente. Los problemas creados a partir de la revolución ?que redistribuyó justamente las propiedades y creó miles de nuevos propietarios, pero que no fue consolidando legalmente ese proceso y que en ocasiones usó criterios discutibles tanto para afectar a unos como para beneficiar a otros? se complicaron aún más con la "piñata" que precedió al gobierno Chamorro y con varias decisiones de su administración, que siguió redistribuyendo justamente, a la vez que permitía que otros se enriquecieran turbiamente.
Fue sólo hasta finales de 1995 que se buscó ordenar y dar una solución "definitiva" a este conjunto de problemas, con la mediación del ex?Presidente Jimmy Carter. El fruto de los acuerdos a los que la mayoría de los sectores sociales, políticos y económicos del país llegaron en Montelimar en diciembre de 1995 se plasmaron en la Ley de Estabilidad de la Propiedad.
Cuando se inició el debate de esta Ley en la Asamblea, los acuerdos sobre la propiedad aparecían condicionados a la privatización de la empresa nacional de telecomunicaciones, a las reformas a la Ley Electoral, a la elección del nuevo Contralor... La situación se enredó y enturbió tanto en aquella ocasión que empezó a aparecer sobre el tablero político una jugada: suspender las elecciones del 20 de octubre de 1996. El fantasma de la suspensión o postergación indefinida de las elecciones acompañó desde entonces hasta el final el conflictivo proceso electoral.
El documento de la AIDEra de esperar que con el triunfo de Arnoldo Alemán en las elecciones, los liberales ?los grandes inconformes con la Ley 209? retomaran el hilo rojo, ya con otras agujas. El PLC y Alemán jamás reconocieron validez a la "solución" que significaba la Ley 209. Y todos sabían que la campaña electoral de Alemán estaba siendo significativamente financiada por grupos económicos interesados en otro tipo de soluciones a los conflictos de propiedad, entre ellos grupos somocistas de Miami.
Todos sabían que la victoria de Alemán suponía una revisión de los conflictos de la propiedad desde una perspectiva muy distinta a la ambigua y ambivalente perspectiva con la que había actuado el gobierno Chamorro, que buscó quedar bien con algunos confiscados, con algunos dirigentes sandinistas, con algunos trabajadores y con algunos desmovilizados del Ejército y de la Resistencia.
Para evitar mayores convulsiones con el cambio de gobierno y con el cambio de perspectiva, el 20 de diciembre, dos meses después de las elecciones, la AID de Estados Unidos entregó al Presidente Alemán un estudio de 30 páginas que realizó John Strasma, profesor de economía y miembro del Centro de Estudios de Tenencia de la Tierra de la Universidad de Wisconsin, quien desde hace años viene estudiando este asunto en Nicaragua. En el documento de Strasma se recogen cifras, valoraciones y especialmente, recomendaciones para que el nuevo gobierno solucione definitivamente "los conflictos de la propiedad en Nicaragua".
Las cifras que maneja el estudio son globalmente correctas. Las interpretaciones que hace sobre los conflictos buscan ser lo más equilibradas posibles. ¿En qué medida el gobierno liberal se está apoyando o no en las recomendaciones que hace? Trataremos de poner algún orden en el inagotable abanico de conflictos, de recoger las recomendaciones más importantes del estudio y de contrastarlo con algo de lo que ha ido ocurriendo en los primeros 60 días de gobierno liberal.
Una transformación profundaEl origen más reciente de los conflictos de la propiedad es la revolución de 1979, que fue un hecho histórico y político legítimo y con consecuencias legales. Una de las "conquistas" de la revolución fue una transformación radical de la estructura de la propiedad, especialmente de la propiedad agraria. Los cambios en la propiedad siguieron produciéndose a lo largo del gobierno Chamorro, tanto porque su gobierno representaba una restauración capitalista, como porque las recetas neoliberales ordenaban privatizar lo estatal, como porque era necesario seguir profundizando la reforma agraria para "comprar la paz" al terminarse la guerra que financió el gobierno de Ronald Reagan.
En la propiedad rural, durante el gobierno sandinista cambiaron de manos ?por confiscaciones, expropiaciones, compras y asignaciones? 2.5 millones de manzanas, el 32% de las tierras en fincas de todo el país. Durante el gobierno Chamorro ?por privatizaciones del área estatizada, compras y asignaciones? cambiaron de manos más de un millón de manzanas, el 12% de las tierras en fincas. A esto hay que agregar las ocupaciones de facto de otras 300 mil manzanas a lo largo de estos años. En la propiedad urbana, un cálculo fiable indica que durante el gobierno sandinista 200 mil familias urbanas de todo el país ?la mitad del total de familias urbanas nicaragüenses? se convirtieron en propietarias de lotes o casas.
Donde el conflicto es más agudo, donde las tensiones y ambiciones son más definidas, es en las tierras agrícolas, por tratarse del mayor potencial de riquezas del país. Hoy, sólo el 29% del área agrícola explotada de Nicaragua no está involucrada en alguno de los procesos transformadores por los que la propiedad pasó de unas manos a otras manos, procesos que dejaron muchísimos ganadores y algunos perdedores. Según las cifras que facilitó el ex?Ministro de Finanzas Emilio Pereira cuando se discutía la Ley 209, por cada afectado hubo 32 beneficiados. Los años han ido enredando más las cosas: muchos de los hoy afectados son los beneficiados de los 80 y al revés. Y algunos de los que confiscaron en los 80 confiscan en los 90 a los que beneficiaron en los 80...
Una incertidumbre generalizadaEn el documento de Strasma, se afirma que el 28% de la población total de Nicaragua "vive en incertidumbre e intranquilidad con respecto a su propiedad". Se trataría de más de un millón y medio de personas.
Strasma ubica así el conflicto:"El problema más agudo para la sociedad y la eco? nomía nicaragüense se deriva de los traspasos masivos de bienes raíces realizados o alentados por el gobierno del FSLN entre 1979 y 1990. El problema no es la redistribución en sí, ya que la historia indica claramente que la reforma agraria puede facilitar el despegue económico y social de un país. Los casos más conocidos son las reformas agrarias de Japón, Corea y Taiwan, que ayudaron a crear el auge económico de los tres países desde 1949 a la fecha. En Nicaragua el problema está en la falta de formalización de la redistribución: no se indemnizó a muchos de los ex?propietarios, éstos no firmaron un finiquito o escritura a favor del Estado y no fueron cancelados sus derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad".
Y añade: "En otros países también han ocurrido conflictos de propiedad, especialmente cuando cae un gobierno que confiscó los bienes raíces de personas que fueron a vivir en otro país y ahora vuelven y pretenden recuperar sus bienes confiscados. Un país puede tener la norma de regresar automáticamente la propiedad al dueño anterior y buscar cómo indemnizar al ocupante. Otro país puede tener la norma contraria: prohibe al confiscado molestar al ocupante actual, pero le ofrece una indemnización. Cualquiera de las dos normas funciona. Lo que no funciona bien es la ambigüedad y lamentablemente, eso es lo que sucede en Nicaragua."
Las "reformas sociales"En el documento de Strasma no se habla de la "revolución" ni del "somocismo" que la provocó, ni de "justa redistribución" de la tierra o de las riquezas. No hay contexto histórico, no existe trama argumental para ubicar lo que el documento denomina "las reformas sociales".
Este guión a?histórico y sin ideología es el guión interpretativo en el que se ha colocado el Presidente Alemán y todos sus funcionarios desde que llegaron al gobierno: no han cesado de reiterar que respetarán a "los sujetos de la reforma social", sin jamás conceder autoría a esas "reformas", sin jamás mencionar qué grado de inequidad o de concentración de la propiedad había antes de ellas o qué responsabilidad tienen algunos de quienes hoy están en el poder en esa situación de injusticia. Nunca se refieren a la "historia" de estos problemas. Aunque con una ideología atrasada en otros aspectos, en esto tienen los liberales nicaragüenses un toque postomoderno: como no existe la historia, no es necesaria la memoria histórica. O en todo caso, para ellos "la historia" empieza en 1979.
Los pobres y los abusadoresDesde su campaña electoral, Alemán planteó que la solución que su gobierno iba a dar al problema de la propiedad era sencilla e iba en dos direcciones: dar títulos definitivos a todos los pobres beneficiados por las "reformas sociales" y exigir a los no pobres que abusivamente se aprovecharon de estas "reformas" la devolución de la propiedad "malhabida" o el pago de la misma a su "valor real".
Al iniciarse el diálogo, los dirigentes del FSLN dijeron aceptar este planteamiento global, pero pusieron un orden en las dos metas: que el gobierno titulara primero a los miles de nicaragüenses rurales y urbanos hechos nuevos propietarios por los cambios revolucionarios de estos años, y después se revisarían en común los posibles abusos.
En el documento de Strasma se le recomienda claramente al gobierno liberal, por estrategia política, que actúe en ese orden: primero los pobres, después los abusadores:
"Recomendamos al nuevo gobierno implementar rápidamente un programa de titulación definitiva de las tierras, lotes y casas redistribuidas en las reformas sociales entre 1979 y 1996. Recomendamos dar amplia publicidad a la entrega de estos títulos definitivos y al proceso, programación y cronograma que dará a todos los beneficiarios legítimos de las reformas sociales la seguridad de ser dueños.
Recomendamos postergar por lo menos hasta 1998 el énfasis en el castigo a los abusos detectados por la OOT, hasta que una masa significativa de la población en el área urbana tenga seguridad definitiva de su propiedad. El costo político de desalojar a un abusador puede ser muy alto, si es que todavía hay muchas personas que se sienten inseguras en sus lotes o casas y podrían ser manipulados políticamente. Una vez solucionada la gran mayoría de los conflictos en favor de los ocupantes legítimos de la "reforma social" y una vez mejorados los tribunales, los abusos pueden corregirse de una manera más contundente, a través de los tribunales y sin manifestaciones de solidaridad para con los abusadores".
Casos a revisiónEn 1995, el ex?Ministro Emilio Pereira informó que el gobierno Chamorro había detectado sólo 2 mil 300 casos de "abusos" cometidos al amparo de las leyes revolucionarias de 1990. Como en aquellos días todos los políticos presionaban a todos los políticos para sacar ventajas políticas, Pereira empezó a filtrar una lista "confidencial y preliminar" de los abusadores.
En su documento, Strasma señala que los casos que deben ser revisados serían 9 mil 815 (2 mil 477 casas, l mil 15 lotes urbanos y 6 mil 323 fincas). Al iniciarse la crisis en el diálogo gobierno?FSLN, Bayardo Arce citó esta misma cifra, aceptando la revisión de todos estos casos, pero exigiendo que antes se legalizara la situación, con títulos e inscripción en el Registro de la Propiedad, de los casos que no requieren de revisión: más de 175 mil propiedades urbanas y rurales. Pronto se vio que el gobierno liberal quiere revisarlo de nuevo absolutamente todo.
Primero los abusadoresEn el diálogo con el FSLN, el gobierno de Alemán invirtió enseguida el aconsejado y aconsejable orden que propone Strasma y que el FSLN aceptó para abordar definitivamente el problema. Alemán había entregado apenas 50 títulos en un nada conflictivo barrio de Managua y otros 500 títulos ?tampoco polémicos? de reforma agraria en Río San Juan, cuando el Vicepresidente Enrique Bolaños exigió públicamente al FSLN, al salir de la segunda ronda del diálogo bilateral, que devolviera al Estado todas las propiedades que ocupa el partido, no sólo sus dirigentes (delegaciones departamentales, municipales, casas comunales de organismos vinculados al FSLN en los 80, etc.), todas ellas confiscadas en su oportunidad.
El FSLN dijo que no iba a devolver nada, que con su propuesta el gobierno alemanista estaba planteando "re?confiscaciones" y que si se trataba de revisar cómo se habían adquirido las propiedades en Nicaragua, era necesario repasar los cuatro últimos períodos: somocismo, sandinismo, chamorrismo y alemanismo. Bolaños, jefe de la delegación alemanista, alegó que esta revisión histórica sería "una caza de brujas".
Desatada la batalla verbal fuera de la mesa del diálogo, Daniel Ortega declaró, por ejemplo, que el propio Alemán ha comprado a precio de ganga tierras entregadas por el sandinismo a cooperativas agrícolas, tierras que procedieron de confiscaciones hechas por la revolución. También se sabe que altos dirigentes sandinistas, civiles y militares, han comprado tierras de la misma amañada manera ¿Quién devuelve qué a quién? ¿Y por qué unos devolverían y otros no? Así, a partir de que el gobierno invirtió el orden pobres?abusadores, el diálogo para promover la estabilidad y hallar una solución se convirtió en una fuente de inestabilidad y en un cada vez más enredado problema.
Hay mucho en juegoA partir de la crisis en el diálogo, las declaraciones de Alemán y de otros funcionarios de su gobierno reiteran implícitamente la inversión del orden: primero los diri? gentes sandinistas "abusadores y piñateros" y después todos los demás. Y además, posponen el titular a "todos los demás", lo que crea una tremenda inestabilidad y acrecienta las incertidumbres.
Resulta de tan escasa prudencia política esta posición que sólo puede explicarse o por un irresponsable exceso de triunfalismo y antisandinismo de Alemán y sus más cercanos colaboradores o porque entre esos sus más cercanos, el grupo de los confiscados recalcitrantes, el de los somocistas confiscados y el de los inversionistas aliados es el que está imponiéndose, cobrándole así al Presidente la generosa ayuda que le dieron para su campaña electoral. O por lo que hay de fondo y que es imposible ver y saber desde fuera.
En cualquier caso, desde fuera sí sabemos ?o nos imaginamos? los millones que están en juego en la disputa por quién tiene la hegemonía económica en Nicaragua. Esta competencia económica se abrió con nuevas reglas tras el triunfo liberal y es la necesaria pista para orientarse en el laberinto de intereses que entrecruzan unas con otras las propiedades en conflicto, sobre todo las que representan un más cuantioso capital. Con un actualizado "quién es quién" en los negocios que hoy se hacen en Nicaragua, podríamos entender mejor las batallas y esca? ramuzas que en esta primera etapa del gobierno liberal se están dando por ver quién se queda con la mejor parte.
Liberales: leyes no reconocidasTodo indica que en el fondo ?y también en la superficie, por declaraciones del propio Enrique Bolaños, entre otros?, el gobierno liberal no reconoce ?se resiste a reconocer? la legalidad de todo el proceso de transformaciones de la propiedad ocurrido en Nicaragua desde 1979. El gobierno da a entender que toda confiscación fue injusta y que todas merecen ser revisadas. Contradictoriamente, afirma que respetará las propiedades de los sujetos de la reforma social, todos ellos beneficiados con propiedades confiscadas.
El gobierno desconoce la validez de las leyes 85, 86 y 88, con las que en el período 25 febrero?25 abril de 1990 se legalizó el 70% de los traspasos de propiedades hechos desde 1979. Los medios oficiales insisten en presentar estas leyes como "leyes de la pi? ñata", con el objetivo de confundir, al mezclar el masivo asentamiento legal de lo que los propios liberales llaman "reformas sociales" con los abusos que se cometieron en aquel río revuelto.
Desconoce también el gobierno liberal la validez de los acuerdos de Concertación de 1991 y 1992, que formaron parte del proceso de privatización de 344 de las 351 empresas agrícolas, industriales y de servicios que fueron estatales durante el gobierno sandinista y que pasaron a manos del gobierno Chamorro. Desconoce especialmente estos acuerdos porque, como fruto de esta privatización, miles de manzanas de excelentes tierras cafetaleras, bananeras, tabacaleras, etc. quedaron en manos de sus trabajadores, iniciándose así una nueva forma de propiedad, la asociativa, integrada por parte de las empresas de lo que en los 80 se llamó Area Propiedad del Pueblo y hoy se llama Area Propiedad de los Trabajadores (APT).
Y desconoce también todo lo que se dio por legalizado definitivamente según las disposiciones de la Ley 209 que, en síntesis, valida las transformaciones de los 80 y los 90, aunque también exige la revisión de los abusos.
El intocable decreto 3Lo más sorprendente ?para muchos esperado? es que, desconociendo toda esta legislación, los liberales pretenden escribir la historia de nuevo. Pero empezándola en 1979, incluso con la revisión de todo lo que se le confiscó a la familia Somoza y a sus allegados (guardias, colaboradores, socios) por los decretos 3 y 38 de 1979.
Ya durante el gobierno de Violeta Chamorro, y con una gran discreción, se devolvieron bienes o se indemnizó a confiscados por el decreto 38. Cuando a fines de 1995, el Ministro Pereira hizo circular la lista con los nombres de los supuestos sandinistas "piñateros" ?los que habían cometido abusos en el río revuelto del cambio de gobierno de 1990? el FSLN, en respuesta, publicó una lista con los nombres de 120 funcionarios de Somoza y ex?oficiales de la Guardia Nacional que ya habían sido indemnizados por el gobierno Chamorro y a los que se les estaban devolviendo algunas de sus propiedades. En el diálogo bilateral, Bayardo Arce declaró que el monto de las indemnizaciones hechas por la administración Chamorro a confiscados somocistas ascendió a 640 millones de dólares.
A pesar de todo, para el gobierno Chamorro la devolución o la indemnización no era aplicable a quienes llevaran el apellido Somoza. Lo confiscado a la familia era intocable. El gobierno de Arnoldo Alemán parece decidido a tocarlo.
En cierto sentido, Strasma justifica que se toque el decreto 3 cuando hace este comentario: "Los ganadores en una lucha armada hacen prisioneros a los vencidos, o los matan. En los siglos pasados les quitaron también toda la propiedad a los familiares, y les negaron los derechos civiles de los que gozaba el resto de la población. Hoy en día se reconoce que los delitos se castigan, pero solamente se castiga al criminal. Se puede confiscar el dinero ganado por el crimen, pero no se nos ocurre hoy confiscar una casa que la señora del criminal haya heredado de sus padres, cuando ni la señora ni la casa tienen nada que ver con el crimen. Hoy en Nicaragua, varios de los dirigentes del FSLN reconocen que no fue justo confiscar a algunos de los parientes y "allegados" al dictador difunto. Y aunque no todos eran culpables de los delitos de éste, todos sufrieron la confiscación."
Alemán: ¡que vengan los Somoza!Si esta posición del documento de la AID resulta ambigua, cada vez menos ambigua ha sido la posición pública del Presidente Alemán, y especialmente la del Vicepresidente Bolaños, frente al tema de revisar o no lo confiscado a los Somoza, teniendo además en cuenta que un buen grupo de ex?funcionarios de Somoza, sus hijos o nietos, sus socios, están hoy en importantes puestos de poder del nuevo gobierno.
Después de que en el diálogo gobierno?FSLN saliera a relucir el tema de los decretos 3 y 38, Alemán negó que el hubiera devuelto nada a los Somoza, pero a la vez les lanzó una invitación: "¡Que vengan los Somoza a Nicaragua a reclamar sus propiedades en los tribunales! ¡Que vengan a demostrar cómo las obtuvieron!"
En sólo 48 horas, Alvaro Somoza y Bernabé Somoza, sobrinos del último de los Somoza en el poder, llegaron a Nicaragua después de 18 años en los que no se atrevieron a regresar. Sólo los medios sandinistas informaron ampliamente de su llegada y de su presencia en el país. Los demás no, porque "de eso" nunca hablan. Entrevistados por el canal de televisión sandinista, los sobrinos de Somoza dijeron que, como nicaragüenses que eran, venían a ver cómo estaban las cosas, a analizar posibilidades de inversión, y no negaron que revisarían "el estado" de las que fueron sus propiedades.
Los reclamos de los SomozaEl 40% de las tierras agrícolas redistribuidas por la revolución fueron confiscadas por los decretos 3 y 38. Pero los Somoza no sólo tenían excelentes fincas de café o de tabaco. Las propiedades de los Somoza estaban por todas partes y están hoy en muy diversas manos.
La playa privada del dictador, con su famosa "casona", en Montelimar, fue confiscada por Somoza a una familia alemana, después fue confiscada a Somoza por la revolución, que hizo en ella inversiones considerables, y después fue vendida a un precio ridículo por el gobierno Chamorro a empresarios de turismo españoles, operación que debe haber beneficiado con una magnífica comisión a alguien. ¿De quién es Montelimar? ¿En dónde se empieza a revisar la historia?
Los terrenos contiguos a la rotonda con fuente luminosa que construyó como un símbolo de su gestión Arnoldo Alemán cuando era Alcalde de Managua, eran de los Somoza. Fueron confiscados por el gobierno sandinista, que al dejar el poder en 1990 se los regaló al Cardenal Miguel Obando, que construyó allí la nueva Catedral, con el generoso apoyo financiero del estadounidense dueño de la transnacional de pizzas Domino. ¿De quién son estos terrenos, hoy tan revalorizados? ¿A partir de qué etapa se empieza a desenredar el hilo rojo? La hermana de Somoza reclama, en total, 352 mil manzanas de tierras agrícolas y urbanas de toda Nicaragua. ¿Cuáles se le devolverían y cuáles no?
Daniel Ortega comentó así la invitación que el Presidente Alemán hizo a los Somoza: "Esa invitación para que vengan a demostrar que no robaron es una oportunidad para regresarles lo que se robaron." Muchos antisomocistas no sandinistas pensaron lo mismo pero no todos se han atrevido a decirlo públicamente. La invitación hecha por Alemán, ¿fue un golpe de efecto para crear confusión? ¿Para desafiar? ¿Para medir los efectos del golpe político que supondría empezar a devolverle propiedades a los Somoza y acogerlos en la sociedad a la que ellos despojaron? ¿Es una cortina tras la que encubrir transacciones de última hora que varios grupos de poder económico ?antiguos y nuevos? están haciendo?
La espada de los desalojosEl presidente Alemán insiste una y otra vez que en la democracia ?también en la escuálida democracia nicaragüense? los cuatro Poderes del Estado "son independientes". Y da a entender, basándose en esa supuesta independencia, que la decisión sobre las confiscaciones hechas a los Somoza, no será cosa de él sino decisión soberana del independiente Poder Judicial.
La "independencia" de los Poderes aparece también en la interpretación que hace el Presidente de la ola de desalojos o de avisos de desalojo ordenados por jueces que hoy avanza por todo el país. Una ley que mandaba detener los desalojos hasta que no se llegara a una solución definitiva en los conflictos de propiedad fue aprobada en 1996 en la Asamblea Nacional. Fue renovada seis meses después. La Asamblea saliente la prorrogó, pero, al anular la Corte Suprema el 7 de enero todo lo actuado en los dos últimos meses de su gestión por la anterior Asamblea, se anuló también la ley que frenaba los desalojos.
Sin freno, los desalojos se iniciaron en enero y en los primeros 60 días de gobierno se han multiplicado, ya por decenas, especialmente en las zonas rurales, donde menos se ven y a donde menos llegan los medios. Los ordenan los jueces, pero detrás de los jueces están antiguos y nuevos grupos de poder económico de varios colores políticos, que están actuando amparados en la tremenda confusión que han provocado gestos, declaraciones y decisiones del nuevo gobierno liberal.
En donde aún no ha habido desalojos, la posibilidad de que los haya pende sobre muchos campesinos y cooperativas sin título como una espada de filosa incertidumbre, mientras Alemán insiste en que "las cooperativas verdaderas" y "los pobres" no tienen nada que temer.
Pero temen. Y también mueren. El 26 de febrero, cuando un ex?terrateniente, acompañado de una jueza, visitaba las tierras de El Jicaral, León, que fueron suyas y que cultivan ahora los campesinos de una cooperativa, se produjo el primer hecho de sangre en esta crisis. En un hecho confuso, el ex?dueño mató a uno de los campesinos que reclamaba la tierra. "FENACOOP encabezará a las más de mil cooperativas existentes en este país afiliadas a esta Federación y en conjunto vamos a defender nuestro legítimo derecho a la propiedad y si los ex?terratenientes quieren jugar fuerte, vamos a hacerlo, pero no pondremos ni un solo muerto más en vano", dijo al día siguiente en un comunicado la Federación Nacional de Cooperativas.
"La cultura reinante"En el tema de los desalojos, el gobierno está siguiendo al pie de la letra lo que plantea Strasma en su documento: "Recomendamos eliminar las fuentes de nuevas inseguridades. La policía debe reprimir cualquier nueva invasión de propiedades, eliminando de la cultura reinante la idea de buscar acceso a la tierra por la fuerza o por engaño. La Asamblea Nacional debe dejar de prohibir los desalojos de arrendatarios que no pagan el alquiler o de personas que hayan perdido en un juicio normal y honesto entre particulares."
Con el cambio de gobierno se ha cerrado un círculo: el Ejecutivo asegura a los pobres beneficiados con propiedades que estén tranquilos, que los titulará ? el Poder Judicial resuelve (¿en juicios normales y honestos?) viejas o nuevas disputas sobre propiedades de pobres ordenando su desalojo ? el Ejecutivo declara que los Poderes son independientes y que no puede interferir en la labor judicial ? el Poder Legislativo controlado por los liberales no acepta promulgar una ley que posponga los desalojos hasta que no se titule definitivamente a los pobres ? los pobres viven acosados por la posibilidad del desalojo ? el Ejecutivo les asegura que no tienen por qué temer, que los titulará...
El APT en la miraEl núcleo duro del gobierno liberal y todo el aparato de propaganda que rodea a Arnoldo Alemán se empeña en reducir propagandistamente "el problema de la propiedad" a que "los dirigentes sandinistas devuelvan o paguen a su precio real las mansiones que ocupan y que robaron". Como si buscaran en el símbolo de ese pago o de esa devolución una reafirmación de su autoridad o una prueba contundente del "fin" del sandinismo.
Por grave que sea desde el punto de vista ético o político la adquisición irregular de casas por parte de algunos dirigentes sandinistas, el de "las mansiones" es, de todos los conflictos de la propiedad, el menos importante para la reactivación económica o para la estabilidad política de Nicaragua.
El más trascendente de los problemas ?lo saben todos y lo han reiterado a diario los dirigentes sandinistas desde que se inició el diálogo con el gobierno? está en el área rural y, más exactamente, hay que buscarlo en la codicia que algunas propiedades confiscadas y hoy, formalmente de los trabajadores del APT, en el área agroindustrial y agropecuaria despiertan en los ex?dueños de estas tierras. También entre nuevos grupos de poder económico, de los que no se excluyen grupos de dirigentes sandinistas. Según fuentes del FSLN, casi 12 mil trabajadores son nuevos dueños de empresas asociativas cafetaleras, tabacaleras, que pro? ducen oleaginosas, arroceras, ganaderas y bananeras.
El 15 de enero se constituyó en Managua, como "movimiento social amplio", el Movimiento por la Defensa de la Propiedad, con representantes de todo el país de los diferentes sectores de propietarios productivos que hoy existen en Nicaragua como fru? to de las transformaciones de estos años: los obreros?dueños del APT, los pequeños productores individuales, los miembros de las cooperativas, los desmovilizados de la Resistencia, del Ejército y del antiguo Ministerio del Interior y lisiados de guerra. Se trata de unas 300 mil familias, que controlan ya el 60% de la producción agropecuaria nacional, mientras que el sector empresarial tradicional sólo produce el 40%.
El turbio proceso de la privatizaciónMuchas de las empresas de los trabajadores, las del APT, han tenido éxito económico, otras no. No en todas estas empresas existe una auténtica autogestión, no en todas es real, sino fachada, la propiedad de los obreros y quienes mandan y quienes más se benefician son "otros". Se trata de una experiencia incipiente y prometedora, pero iniciada en una Nicaragua que estrenaba el ajuste neoliberal. Todas estas propiedades se han visto afectadas por la política económica y crediticia implementada por el gobierno Chamorro. Todas tienen deudas, ninguna ha tenido el apoyo que todas se merecían si hubiera existido un realista plan de reactivación económica del área agrícola y ganadera.
Lo que complica en extremo este nudo del hilo rojo es que todas las empresas del APT nacieron en el masivo proceso de privatizaciones de valiosas empresas estatales que dirigió la CORNAP, institución creada para este fin por el gobierno Chamorro. Este proceso careció de un mínimo marco legal y por tanto, de transparencia. De él se beneficiaron justos, menos justos y pecadores. "Aquí no hubo una piñata sino más de 300 piñatas, es increíble", comentan sorprendidos los que en el nuevo gobierno liberal empiezan a asomarse a la documentación ?más exactamente, a la falta de documentación? que acompañó el proceso que dirigieron los tecnócratas chamorristas.
Después de que el Vicepresidente Bolaños ?juez y parte en el tema por ser negociador del gobierno y a la vez confiscado? llamara "criminales que sólo saben de sangre y de violencia" a los sandinistas y después de que Daniel Ortega le respondiera llamándolo "asesino y parricida" ?evocando los sucesos de 1963, en los que el padre de Enrique Bolaños murió envenenado en su propia casa?, el diálogo gobierno?FSLN entró en una fase de colapso. Incluso el FSLN mencionó la posibilidad de recurrir a la Corte de Arbitraje Internacional de París, a lo que Alemán se negó rechazando toda injerencia internacional y proclamando su admiración por el ejemplar nacionalismo de Sandino...
El Presidente Alemán quiso sacar el diálogo del shock por otros medios: hizo público un video comprometedor que muestra un encuentro ocurrido en 1993, donde un funcionario de la CORNAP recibe una coima de más de 30 mil dólares con ocasión de la privatización de los ingenios azucareros estatales. Para toda Nicaragua está claro que lo visto en la filmación es sólo un ladrillo dentro de una gran construcción de cimientos turbios y enlodados. Sin embargo, para muy pocos quedó claro por qué el Presidente mostró precisamente esta "prueba" y no otra y más exactamente, qué es lo que quiso "probar" con ella.
Todos saben que en la "piñata" privatizadora se entremezclaron los intereses de los más altos funcionarios del gobierno Chamorro, con los intereses de algunos dirigentes sandinistas y también con los intereses de grandes capitales nacionales que apoyaron a Violeta Chamorro y apoyaron después el ascenso al poder de Arnoldo Alemán, aunque ahora estén en serias contradicciones con él.
Alemán declaró que llevará a la cárcel "no solamente al que robe gallinas sino al vestido de saco, a los que caminan con grandes cartapacios", refiriéndose a los comprometidos en la "piñata" de la CORNAP. Pero, son tantos "los de saco y cartapacio" que están comprometidos que la pregunta es ¿cuáles irán a la cárcel y cuáles seguirán impunes al frente de determinados grupos de poder económico?
La privatización de los ingeniosAlemán dijo que empezaría por los que estuvieron comprometidos en la privatización de los ingenios azucareros. Son tres los ingenios que están en la mira del Presidente, que afirmó que revocaría su privatización por ilegal y turbia. Uno de estos ingenios es el "Victoria de Julio" o "Timal" (Tipitapa?Malacatoya), que el gobierno de Cuba le regaló en 1981 al gobierno del FSLN. La inversión cubana fue por valor de unos 80 millones de dólares (construcción, instalación, equipamiento, entrenamiento de técnicos). Ahora, este ingenio es propiedad "de los trabajadores" y de dirigentes del FSLN que están detrás. Capitales aliados de Alemán parecen muy interesados en apropiarse de éste y de los otros dos ingenios privatizados en un 25% a favor de sus trabajadores. ¿Se le devuelve el Timal al Estado? ¿Para que el Estado?Partido?Empresa liberal lo traspase a otras manos? ¿A quién se le quita primero qué para dárselo después a quién?
Según el nuevo Presidente de la CORNAP, Rosendo Díaz, el "quitar" no será otra cosa que embargar por deudas, ya que la mayoría de las empresas del APT deben al Estado el equivalente de unos 40 millones de dólares, por deudas acumuladas en los años en los que no han pagado las cuotas que se comprometieron a pagar para legalizar su propiedad. Díaz anunció un pronto embargo de estas propiedades estatales, privatizadas y morosas. Los dirigentes sandinistas señalan que cualquier embargo, como cualquier desalojo, debe ser suspendido hasta que no se llegue a la solución definitiva en este laberinto de problemas. Los trabajadores de las empresas argumentan que sin el título de propiedad ?nunca se los entregó el gobierno Chamorro? no reciben créditos y no pueden cancelar deudas. La CORNAP riposta que en muchas de estas tierras ha habido enormes beneficios con la exportación de café o de tabaco y a pesar de eso no se han cancelado las deudas. Otro círculo cerrado. ¿Por dónde se empieza a abrirlo? ¿Y con qué llave?
Indemnizar a los confiscadosTitulaciones masivas pendientes, interpretaciones contradictorias sobre la validez legal de las confiscaciones, ambiciones y aspiraciones para echar a andar proyectos económicos... A la par, está sobre el tapete el tema de las indemnizaciones.
El documento de Strasma dedica gran atención a la indemnización de los que habrían sido injustamente confiscados. Según el estudio de la AID, hasta 1996 se habían presentado ante la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones creada por el gobierno Chamorro, 15 mil 969 reclamos de confiscados. El 45% eran reclamos de bienes rurales y el 32% de bienes urbanos. En menor medida, también hay reclamos de vehículos, acciones, ganado, maquinaria... De empresas se presentaron 157 reclamos (1% del total).
Según el ex?Ministro Pereira, hoy asesor económico "de lujo" del gobierno liberal, "había que tener agallas" para solucionar el problema de la propiedad después del cambio de gobierno de 1990 y según él, fue uno de los que las tuvo. En algunos casos con las agallas vinieron las trampas, realizadas por el mismo Pereira, como en el caso de los laboratorios SOLKA, confiscados a la familia Solórzano por sus vínculos con el somocismo. El gobierno Chamorro ?el propio Pereira?los indemnizó por cinco veces el valor del patrimonio real de la empresa que esta familia dejó en quiebra al abandonar Nicaragua. Hoy, los trabajadores de la empresa farmacéutica, que la levantaron de esa quiebra y recibieron acciones por los acuerdos de la Concertación, la defienden como suya. Pero tienen delante este desafío, que complica más las cosas: uno de los Solórzano confiscados y ya generosamente indemnizados es Ministro del gobierno liberal... ¿Podrá haber juicios "normales y honestos" en éste y en tantos otros casos en conflicto?
Confiscados piñaterosStrasma alaba el esfuerzo hecho por el gobierno chamorrista para ordenar el problema, para estudiar los reclamos y para comenzar a indemnizar a algunos confiscados. Pero critica el que las "soluciones" del gobierno Chamorro hayan sido soluciones administrativas que el reclamante no está obligado a aceptar.
"En 1996 ?comenta? muchos reclamantes ni aceptaron ni rechazaron la indemnización que se les ofrecía. Completaron la documentación, recibieron la oferta de indemnización que contempla la ley vigente y luego decidieron no hacer nada hasta las elecciones de octubre de 1996, con la esperanza de obtener tal vez más del próximo gobierno, por amistades políticas o por algún milagro de un generoso donativo externo que les diera más dinero por sus propiedades perdidas."
El documento es crítico también con los reclamantes: "Tratar con un propietario es difícil en casos de expropiación, y más difícil en un caso como Nicaragua. Cada reclamante quiere "más" y piensa que si el gobierno puede ser generoso con él, no se va a notar dentro del monto total, que es tan grande... Lamentablmente, también hay que cuidarse de los "oportunistas" que buscan su propia "piñata" en la negociación. Entre 1993 y 1996 se vieron casos de confiscados que habían vendido sus propiedades al gobierno del FSLN y cobraron dinero. Sin embargo, aprovechándose del desorden sandinista, quisieron cobrar otra vez. Se presentaron también ganaderos que reclamaban pago por miles de cabezas confiscadas, cuando jamás habían declarado el impuesto sobre las rentas con que les beneficiaba su actividad ganadera".
Buscando la ansiada solución definitiva, Strasma recomienda agilizar al máximo el proceso de titulación de los nuevos propietarios y ampliar las opciones de indemnización para el mayor número de confiscados.
"Comprar la paz"Durante su campaña, Alemán habló insistentemente de un plan para "comprar la paz", uno de cuyos componentes era solicitar a la comunidad internacional unos 500 millones de dólares para indemnizar a los confiscados a los que no se les pudieran devolver sus propiedades. Strasma se manifiesta muy crítico de este plan: "Se ha dicho que si los países industrializados dieron millones de dólares para costear guerras, por qué no los darían para lograr la paz. Sin embargo, los tiempos han cambiado totalmente después del fin de la Guerra Fría. Como lo expresó un diputado norteamericano: "No puedo pedirle a un contribuyente de clase media norteamericana que financie la indemnización de un confiscado rico, que perdió más propiedades de las que mi contribuyente jamás tendría en su vida". En el mundo ha habido muchas reformas agrarias y algunas reformas urbanas con apoyo externo. Pero hasta la fecha nunca se ha visto financiamiento externo para pagar a los ex?propietarios".
La venta de TELCORDurante el gobierno Chamorro, las indemnizaciones pendientes iban a resolverse con las ganancias resultantes de la venta del 40% de los activos de la empresa de telecomunicaciones nacional, la única empresa estatal realmente rentable en Nicaragua. Así, la privatización de TELCOR, por estar estrechamente enlazada con el hilo rojo de la propiedad, estuvo en el centro de la crisis política e institucional durante meses. Al final, y después de la más costosa campaña publicitaria del gobierno chamorrista y de una licitación pública, la venta se pospuso en varias ocasiones hasta que finalmente las elecciones la retrasaron hasta marzo de 1997.
Tampoco se venderá TELCOR en esta fecha. El documento de la AID aconseja analizar bien las propuestas. También lo "aconseja" la dinámica del capitalismo globlizado. El acuerdo firmado el 15 de febrero en Ginebra por 69 países, que representan el 95% del tráfico telefónico mundial, y que está destinado a liberar a partir del 1 de enero de 1998 la competencia entre las empresas de telecomunicaciones, obligó a retrasar la operación de venta y tal vez, a conformarse con un precio muy bajo en las ofertas. En el marco del acuerdo de Ginebra, que Nicaragua no firmó, ¿qué interés y qué prisa tendrían las grandes empresas transnacionales por el mínimo mercado nicaragüense?
El que sí parece tener interés en quedarse con TELCOR ?en "pago" a su significativo apoyo a la campaña electoral de Alemán? es el millonario estadounidense nacido en Cuba Jorge Mas Canosa. El 7 de marzo apareció en Managua a explorar el terreno. Mas Canosa, socio de los personajes más conservadores del aparato de poder estadounidense, es propietario de la empresa de telecomunicaciones Mas?Tec, que tiene ya participación estatégica en las telecomunicaciones españolas.
Otro nudo difícil de desatar es el de los reclamos de los confiscados que son "ciudadanos estadounidenses". El 95% de los reclamantes que se acogen bajo este paraguas son realmente nicaragüenses ?un buen grupo allegados de Somoza? que se nacionalizaron estadounidenses al escapar al exilio.
¿Descertificará USA a Nicaragua?En julio de 1997, Nicaragua podría ser "descertificada" por no haber devuelto sus propiedades o indemnizado a este grupo de confiscados, a los que el ex?Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo llamó despectivamente "gringos caitudos". El senador Jesse Helms está desde hace varios años detrás de este certificado que, de no conseguirse, significaría ?si es que se aplica? que el gobierno de Estados Unidos no sólo cortaría su cooperación económica con el gobierno nicaragüense ?una cooperación que disminuye cada año?, sino que promovería el que los organismos financieros internacionales también la cortaran.
Según fuentes del gobierno Clinton, el gobierno Chamorro resolvió satisfactoriamente el reclamo de 1 mil 400 de estos confiscados, pero quedarían aún pendientes de resolución 1 mil 30 casos. El 21 de febrero visitó Nicaragua el Secretario de Estado adjunto John Hamilton para presentar oficialmente el reclamo del gobierno de Estados Unidos al gobierno liberal. Días después, dos diputados de la Directiva del Parlamento (un liberal y un conservador) viajaron a Miami para entrevistarse con el congresista Dan Burton (lamentablemente famoso por la ley Helms?Burton) buscando flexibilidad en este asunto, sobre el que el Presidente Alemán ha evitado pronunciarse.
Por la democracia económica El enredo de la propiedad es descomunal. Y con tantos flancos, nos abarca a todos. Los conflictos nacionales, los que vemos y los que no vemos, los que tienen su origen en la búsqueda de la justicia social y los de origen turbio, en los que participan somocistas, sandinistas, chamorristas, alemanistas y también "los demás", están hoy enlazados por el hilo rojo de la propiedad.
La solución no puede ser sólo legal y mucho menos puede entregarse esta legalidad al aparato judicial, tan lento, tan frágil y tan vulnerable al chantaje y al soborno.
La solución debe ser más integral. Requiere de renuncias mutuas, requiere de un mínimo de ética por parte de todos, requiere de una visión nacional. Y requiere de que, en nombre de la paz, se traspasen los fríos márgenes de la "justicia legal" para entrar en los más solidarios marcos de la "justicia social". Sobre toda propiedad, bienhabida o malhabida, "pesa una hipoteca social", dice sabiamente la más tradicional doctrina social de la Iglesia católica.
La solución no puede ser sólo producto de un diálogo de dirigentes confiscados con dirigentes confiscadores. Ambos sectores defienden hoy intereses que enturbian el que se llegue a una solución que favorezca realmente la producción y que beneficie a la inmensa mayoría de los pobres, tan ausentes, tan sin ninguna representación política en las mesas de los diálogos. Hay que defender el que haya muchas propiedades productivas en las manos de muchos propietarios. Hay que defender la equidad en la distribucion de la propiedad y una cada vez más equitativa participación en la producción de riquezas y en el disfrute de los beneficios que reporta esa producción. Esto no es socialismo. Es democracia. Y sólo con democracia económica puede haber democracia política. Y sólo con democracia económica tiene valor la democracia electoral.
La solución dependerá en gran medida de la capacidad de organización que tengan los pobres para defender las propiedades que la revolución puso en sus manos. No tiene que ser una defensa violenta, pero sí tiene que ser una defensa organizada, de conjunto, inteligente, creativa. Uno de sus primeros y primarios objetivos es impedir que el capital de origen somocista se rearticule de nuevo en Nicaragua.
En esta hora, la defensa de la propiedad privada, encabezada por quienes históricamente estuvieron tan privados de propiedad y vieron cambiar las cosas, puede ser una ocasión extraordinaria para consolidar nuestros aún incipientes movimientos sociales.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica