Nicaragua

Democracia económica y sin Somozas

Este es el texto un documento firmado por el FSLN. Envío lo respalda por su contenido justo y de visión nacional. Lo respalda porque el antisomocismo es obligación moral y tarea de todos en esta hora.

Equipo Envío

Es un hecho público la pretensión de los principales exponentes de la familia Somoza de conseguir tras la subida del gobierno liberal la restitución de los cuantiosos bienes que les fueron afectados por el Estado en virtud del Decreto 3, del 20 de julio de 1979.

Durante 1995, el Gobierno de Nicaragua presidido por doña Violeta Barrios de Charmorro , rechazó y desconoció cualquier derecho de esta familia en ocasión de los reclamos de Liliam Somoza, su esposo e hijos, quienes, para recuperar esos bienes, acudieron a juicio ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, alegando supuestas violaciones a sus derechos humanos. El gobierno Chamorro, además de defender ante la OEA la validez jurídica de las leyes que traspasaron al Estado los bienes del dictador, se refirió al somocismo como "...la tiranía exponente de abusos, asesinatos, genocidios y robos".

No obstante, en días recientes, el nuevo gobierno, a través de declaraciones de sus más altos representantes, ha reconocido la existencia de derechos de los Somoza, a quienes ha estimulado para reclamar todos sus bienes. Esta circunstancia ha dado lugar a la presencia, provocativa y desafiante, en el país de varios miembros de esa familia.

El Frente Sandinista, igual que en 1979, considera a la familia Somoza carente en absoluto de bases jurídicas, morales y económicas para reclamar bienes usurpados durante los 40 años de su régimen oprobioso. Los decretos 3 y 38 fueron promulgados junto al marco del Estatuto Fundamental del 20 de julio de 1979, donde se establecieron las bases políticas, institucionales y jurídicas, génesis de la Constitución de 1987 y por extensión, de las elecciones de 1990 y las de 1996. Negar la validez de las leyes que afectaron a la familia Somoza es desconocer, al mismo tiempo, todo lo actuado por los cuatro gobiernos desde 1979 hasta el presente.

La restitución a favor del Estado de los bienes usurpados por la dinastía Somoza fue un acto público moralmente necesario, demandado y respaldado por el pueblo nicaragüense. No se trató entonces de afectar el sustento diario de una familia, sino de recuperar 1 millón 600 mil manzanas de tierra y cerca de un centenar de empresas: bancos, compañías de seguros, aéreas, navieras, pesqueras, mineras, madereras, de construcción, ingenios de azúcar, agroindustrias de tabaco, arroz, café, carne, etcétera. Un patrimonio equivalente al 40% del Producto Interno Bruto del país que se constituyó a lo largo de 40 años de abusos y de violencia.

Por las mismas razones, no cabe considerar ningún derecho de indemnización por tratarse de bienes malhabidos. Además, la misma familia Somoza, de acuerdo a registros verificados, hipotecó todos sus bienes en instituciones financieras privadas y públicas obteniendo, a través del Banco Central, 200 millones de dólares sustraídos del país desde 1977 hasta mayo de 1979. Más bien corresponde al gobierno exigir que la familia Somoza restituya a la Nación este capital, convertido desde 1979 en uno de los componentes más onerosos de la deuda externa.

Frente a la actitud complaciente del gobierno de favorecer dichos reclamos de propiedad de parte de los Somoza, debemos recordar que sobre ellos pesa la instauración de un régimen dictactorial que suprimió la democracia y las libertades públicas, sumió a las instituciones del Estado en el servilismo, la corrupción y el nepotismo y persiguió con el asesinato, la tortura y luego el genocidio, la justa protesta ciudadana.

Ante tal situación, la OEA declaró en la XVII Conferencia de Ministros de junio de 1979, que la solución para el caso de Nicaragua debía iniciarse por “el reemplazo inmediato y definitivo del régimen somocista”.

El FSLN considera la desaparición del somocismo y la distribución más justa de la propiedad agraria y urbana como la base indispensable para la estabilidad requerida por la Nación, para el desarrollo de la democracia y para un crecimiento económico con equidad.

Por lo mismo, alentar el retorno del somocismo o desconocer el régimen de propiedad democratizado y de contenido social, construido por los dos últimos gobiernos, es irresponsable y conduce a reinstalar de hecho las bases de injusticia, polarización y desigualdad que lanzaron a la guerra a varias generaciones de inicaragüenses.

El FSLN, y estamos seguros, la gran mayoría del pueblo, no acepta bajo ninguna circunstancia las devoluciones de propiedad a la familia Somoza, ni los intentos de abrir espacio para el retorno a un régimen condenado por la historia y la comunidad internacional. El pueblo nicaragüense votó en las elecciones de 1996 con sus esperanzas puestas en la solución al desempleo, el crecimiento económico, la paz y buscando las oportunidades de un futuro mejor. No fue un voto por el retorno al somocismo o la reconcentración de la propiedad en pocas manos. Para el FSLN, ésta es la línea divisoria entre inestabilidad y gobernabilidad en el largo plazo.

Por esto mismo, demandamos del gobierno el cese de la peligrosa demagogia de presentarse protegiendo a una familia, o recurriendo a formalismos registrales o legalistas para cubrir el despojo que se pretende contra las 270 mil familias beneficiadas por las transformaciones sociales. Los cambios en la tenencia de la propiedad fueron justos y necesarios y lo siguen siendo. Las leyes deben servir para proteger estos cambios y no ser usadas de artimaña para revertirlos. El somocismo se amparó en la ley para legitimar un patrimonio conseguido con el delito.

El FSLN considera como legítimos y verdaderos dueños a quienes tienen títulos amparados en la ley, y también en la justicia. La obligación de cualquier gobierno responsable en Nicaragua es, en todo caso, subsanar los defectos formales, incongruencias y obstáculos legales para beneficiar a miles de productores agrícolas y pobladores con el gozo pleno de las propiedades agrarias y urbanas asignadas por las autoridades legítimamente constituidas.

Algunos de quienes han reclamado la devolución incondicional de bienes afectados por el Decreto 3, o por las Leyes de Reforma Agraria y Urbana, están hoy ocupando importantes responsabilidades en el gobierno. Son esos funcionarios los que han iniciado una ofensiva para afectar a trabajadores, campesinos y pobladores, intentando desalojarlos de sus unidades productivas, parcelas y lotes o casas. Estas acciones deben cesar de inmediato.

Al condenar y rechazar estos intentos de devolver propiedades que abonan el regreso al pasado somocista, el FSLN insta a todas las familias beneficiadas por el Estado a desconocer y resistir cualquier intento de hecho, o amparado en interpretaciones retorcidas e interesadas de la ley, dirigidas al despojo de sus propiedades.

La paz social y la estabilidad política están primero. Todos los militantes, las estructuras políticas del FSLN y el sandinismo en su conjunto, deben disponerse hoy para salir a la cabeza de la lucha del pueblo por defender su propiedad frente al somocismo. ¡No al somocismo! ¡Patria Libre o Morir!

Managua, 28 febrero 1997

Imprimir texto

Enviar texto