Gobierno Berger: desmembrado por varios “caballos”

Seis recios caballos tironean hoy del gobierno de Guatemala desbocados, en direcciones opuestas, alentados por sus intereses... El gobierno debe identificarlos, frenarlos, domarlos. Debe encauzarlos, embridarlos. Porque amenazan con descoyuntarlo.

Juan Hernández Pico, SJ

Cuando se analiza al gobierno del Presidente Berger, después de un año en el poder, la imagen que surge es la de aquellos regicidas del siglo XVIII en Francia que, después de haber sido sometidos a brutales torturas para que confesaran los alcances de la conspiración para asesinar al rey, eran condenados a muerte y, sujetas sus extremidades a cuatro caballos obligados a galopar en la plaza pública en cuatro direcciones opuestas, morían atrozmente descoyuntados y desmembrados.

Del gobierno de Berger tira en una dirección el caballo de los intereses empresariales, tanto agrícolas como industriales, comerciales y financieros. En la dirección opuesta intenta tirar el caballo de los intereses campesinos y de sus organizaciones. En otra dirección tira el caballo de los intereses de los ex-patrulleros de autodefensa civil. Y en la dirección opuesta tira finalmente el caballo indómito de los impredecibles intereses de un Congreso dividido, inepto y a veces venal.

Con esta imagen no se agota, sin embargo, el análisis. Porque si en la historia no caben más caballos, en la realidad guatemalteca hay un quinto caballo, el de los intereses del gobierno de Bush y de las transnacionales, representados por el Tratado de Libre Comercio y las concesiones mineras. Y un sexto caballo: los intereses del crimen organizado, especialmente los del narcotráfico.

OBSESIONADO
CON UNA PÉSIMA HERENCIA

No fueron estos seis los caballos con los que se enfrentó Berger en su informe de 189 páginas enviado al Congreso tras su primer año de gobierno, ni en el discurso de cinco páginas con el que acompañó la entrega de ese informe el 14 de enero. El principal caballo con el que el Presidente afirmó haber tenido que luchar es la herencia del gobierno precedente: la corrupción del gobierno de Alfonso Portillo, la desnaturalización en él de las instituciones estatales, el consiguiente retraso del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la falta de credibilidad con que su gobierno tiene que contar y la deficiente gobernabilidad, consecuencia de los anteriores factores. Es real este “caballo” y para frenarlo, el gobierno actual ha animado, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, a no dejar impunes los casos más notorios de corrupción de funcionarios ya encarcelados o aún fugitivos. Pero también es verdad que al gobierno actual no se le evaluará por la difícil herencia con la que tuvo que gobernar sino por lo que hizo o no hizo desde la responsabilidad para la que fue electo.

PRIMER CABALLO: LOS INTERESES EMPRESARIALES

A los empresarios, el informe presidencial los trata siempre con condescendencia. Por ejemplo, cuando se habla de las causas del subempleo se menciona “la baja productividad laboral”, pero nada se dice de la baja productividad empresarial, atestiguada en los informes anuales del PNUD sobre Guatemala. Se mencionan las remesas de 2 mil 600 millones de dólares enviadas al país por el millón de guatemaltecos migrantes residentes en el extranjero, pero no se ofrece ninguna iniciativa para que las alianzas estratégicas del gobierno con la empresa privada reduzcan las enormes comisiones que cobran los bancos por repatriar esas divisas. El informe reconoce que “la emigración se ha generado por causas estructurales como la pobreza, la tenencia de la tierra y el difícil acceso al trabajo”, pero no hay nada en él que haga prever como programa de gobierno una auténtica reforma agraria, similar a aquellas que liberaron a Taiwán y a Corea del Sur de la prepotencia de la mentalidad conservadora, que se atrinchera en la enormemente desigual tenencia de la tierra y se propaga de ahí a las actitudes del resto del empresariado.

El informe presidencial menciona el “severo ajuste en gastos de funcionamiento” del gobierno y la “austeridad” que éste ha adoptado en su primer año sin afectar el gasto social y la inversión pública. Se echa de menos que el Presidente no lance un llamado a una austeridad complementaria en los gastos de consumo de las familias del empresariado -con el objetivo de formar fondos de ahorro para la inversión-o que no apele siquiera a la tradición de la filantropía empresarial, para financiar obras educativas, la apropiación de nueva tecnología de punta, investigación y sobre todo, un alza de los salarios. Según el informe presidencial, “más del 30% de la población tiene ingresos inferiores a 1,300 quetzales mensuales ($167.75) y “esto no garantiza la alimentación básica... Aún dedicando la mitad de este ingreso a la alimentación, las familias no lograrían cubrir ni el 40% del costo mínimo alimentario”. Esto es tanto más importante cuanto que el informe -siempre muy lúcido en cuanto a la dramática realidad de Guatemala- explica que “el 85.3% de los ocupados (con empleo formal) no cuentan con contratos formales de trabajo”.

Están justificadas estas observaciones sobre los vacíos del informe presidencial porque la filosofía del actual gobierno es precisamente que “el liderazgo y el trabajo del equipo de gobierno precisan también de la corresponsabilidad y del compromiso sostenido de la ciudadanía en general”. Es esa la filosofía de “Guate participa”, elemento crucial de su programa “¡Vamos Guatemala!”. A este tipo de participación corresponsable podría el Presidente apelar frente a sus colegas del empresariado. No debe olvidarse que él mismo dijo que el suyo era “un gobierno de empresarios”. Entonces, si el caballo de los intereses del empresariado sigue tirando del actual gobierno sin que se rectifique su dirección, acabará contribuyendo a su desmembración.

SEGUNDO CABALLO: LOS INTERESES CAMPESINOS

En el polo opuesto de los intereses del empresariado se hallan los intereses del campesinado, representados por organizaciones como la Plataforma Agraria, CONIC, etc. Desde que tomó posesión, el gobierno de Berger ha sido presionado por las organizaciones campesinas para iniciar un diálogo serio que enfoque el problema de los campesinos sin tierra y el acceso a ella, el problema de las ocupaciones de fincas, una solución más estructural al problema agrario -que también lo sea para la tierra urbana- con el levantamiento del catastro, y el amplio tema del desarrollo rural.

El gobierno está muy consciente de que en el sector agrícola de Guatemala confluyen tres problemáticas: la económica -por su aporte al PIB-, la social y la ambiental. La problemática social, la explica el informe presidencial por la “relación estrecha” del sector agrícola “con el área rural, donde se localiza la población con elevados índices de pobreza y pobreza extrema, considerados como población vulnerable a la inseguridad alimentaria”, lo que significa hambre y desnutrición crónica. En alguna ocasión el Presidente se ha reunido con las organizaciones campesinas. Y como lo expresa en su informe, se ha hecho presente a las zonas rurales del país con sus “gabinetes móviles”. Con todo, es el Vicepresidente quien se ha encargado de afrontar a fondo ese problema. Preside él el Gabinete de Desarrollo Rural, que tiene como meta “la implementación de un proceso de desarrollo rural incluyente y de largo plazo”. Las propuestas de la Plataforma Agraria y de las otras organizaciones campesinas han sido presentadas al Vicepresidente y se han acordado plazos para su reflexión y para darles respuestas.
Las preocupaciones campesinas incluyen la resolución de muchos conflictos agrarios -en enero 2004 eran 42-, que implican ocupaciones de fincas -muchas veces porque los finqueros se niegan, al despedir trabajadores, a pagarles las prestaciones laborales que les corresponden por una vida de trabajo- y que incluyen también los subsidios de alimentos, el dinero para arrendamiento de tierras y para proyectos productivos, así como la formulación de una política de desarrollo rural. Y sobre todo, el levantamiento del catastro. De vez en cuando, estas organizaciones se atreven a proponer la reforma agraria.

URGENCIAS DEL HAMBRE, URGENCIAS DEL DESARROLLO

Las preocupaciones del gobierno no necesariamente confluyen con las del campesinado. El gobierno piensa en un “desarrollo rural integral” que en las áreas rurales cree “opciones distintas a las agropecuarias y al mismo tiempo permitan la tecnificación de la agricultura a fin de hacerla competitiva”. Tras este pensamiento, se adivina un plan que propone como meta final el recorte sustancial del actual minifundio y la tecnificación de las grandes extensiones latifundistas. El informe presidencial lo dice claramente: “A mediano y largo plazo, esto permitirá disminuir el peso de la población rural sobre la tierra y la agricultura, sentando bases de fondo para la solución de la problemática agraria”.

Entre la industrialización del área rural -no sólo la agroindustrialización- y la tecnificación de la megapropiedad agrícola, por un lado, y la reivindicación de la tierra para muchos y la diversificación y tecnificación de la minipropiedad agrícola, por otro, no hay necesariamente contradicción. Pero puede surgir un enfrentamiento por los diferentes horizontes con que se expresan las urgencias de llevar estas metas a la práctica: de mediano y largo plazo la meta gubernamental y de corto plazo la meta de los campesinos organizados. Son las urgencias del desarrollo contra las urgencias del hambre.

Y todavía más en el fondo, se vislumbra una manera divergente de asumir el peso de la tierra en la cultura guatemalteca, y en general, en la de los pueblos en vías de desarrollo. ¿No será que se quiere saltar desde la dialéctica latifundio-minifundio a una confluencia de la gran empresa agrícola con las granjas y los talleres sin haber cortado el cordón umbilical de la mentalidad de privilegios excluyentes con “las tijeras” de la reforma agraria?

Las tímidas referencias, tanto del informe como en el discurso presidencial, al catastro pueden confirmarlo. El catastro, usado no como un sello que avale lo existente sino como una investigación en los problemas de la tierra es la propuesta más cercana a la reforma agraria con la que se comprometen los Acuerdos de Paz.

La realidad es que los intereses campesinos están siendo postergados, y aun a veces brutalmente contenidos.
Así en La Merced y María Lourdes (Costa Cuca), en Nueva Linda (Champerico), en Samayac (Nahualá), y en otros desalojos, algunos de los cuales han terminado en violentas intervenciones armadas de la Policía con derramamiento de sangre. No se exige con la misma fuerza que el finquero pague los salarios caídos o las prestaciones laborales que los ocupantes de la propiedad ajena la desalojen. Sin embargo, ambos cometen formalmente la misma ofensa contra el Estado de Derecho. La ley -reflejo del país- actúa con gran desigualdad ante la misma ofensa.

En definitiva, si a este “caballo” de los intereses campesinos no se le abre también una nueva dirección -la que lo encamine tanto a la satisfacción social de sus enormes necesidades como a su inserción en un proyecto económico eficiente de largo plazo- puede acabar desmembrando al gobierno de Berger.

TERCER CABALLO: INTERESES DE LOS PATRULLEROS

En el informe del presidente Berger no hay referencias explícitas al problema del pago a los antiguos miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), crisis desencadenada por el gobierno de Alfonso Portillo. Tampoco las hay en el discurso presidencial que lo acompañó. Sin embargo, este problema es otra cara del problema agrario y al Presidente se le escaparon en su campaña promesas de pagos compensatorios a los ex-PAC. No aguantó Berger la presión de este “caballo de Troya” que Portillo y el FRG le dejaron plantado como desafío frente a la ciudadela de su programa electoral y Berger cayó en la trampa e introdujo al caballo dentro de su programa. Creyó que así aumentaba sus posibilidades de ganar en el Occidente del país. Y de hecho, lo perdió casi todo a manos de Ríos Montt (Huehuetenango y Quiché) y de Alvaro Colom (el resto menos Quetzaltenango).

Empezó después el tira y afloja de cumplir sin pagar -programas de desarrollo en las localidades de donde proceden los ex-PAC en lugar de desembolsos en efectivo- o sufrir las consecuencias de no cumplir -porque la Corte de Constitucionalidad dictamina que es inconstitucional el pago-. Los ex-patrulleros han mostrado ya de lo que son capaces en varias ocasiones, bloqueando carreteras y fronteras. Por alguna razón no demasiado clara las fuerzas estatales del orden no se enfrentan con ellos ni con la prontitud ni con la dureza con la que suelen enfrentarse con los otros campesinos, los ocupantes de fincas. No se puede negar que la mayoría de los ex-patrulleros son campesinos y que su situación económica y social es probablemente precaria, aunque no lo sea la de sus líderes, muchos de ellos antiguos comisionados militares. Los patrulleros son otra cara del campesinado. Pero tampoco se puede negar que su reivindicación de ser compensados por lo que hicieron durante la guerra no tiene asidero de derecho, pues sus actividades están ensombrecidas por la multitud de crímenes en los que participaron, voluntaria o forzadamente.

La solución que este gobierno prefiere -ojalá que sin ambigüedad-, de llevar a las comunidades de los ex–patrulleros proyectos de desarrollo, parece buena, pues sin reconocer en personas individuales y mucho menos en agrupaciones colectivas -que no deben existir como tales desde los Acuerdos de Paz- ningún derecho a la compensación por un trabajo ilegal, cruel y doloroso para mucha gente, reconoce por otro lado sus necesidades como campesinos pobres y favorece además a mucha de la gente que sufrió a sus expensas. También este caballo de los intereses de los ex-patrulleros puede acabar contribuyendo a desmembrar el Gobierno de Berger si no se lo refrena y encauza.

CUARTO CABALLO: LOS INTERESES DEL CONGRESO

El “caballo” de los intereses del Congreso actuará de forma impredecible. Así lo ha hecho durante todo el primer año de gobierno de Berger. El Congreso está dividido. La aritmética de su composición no es fija -dos y dos no son cuatro siempre-, pues están dándose deslizamientos de una bancada a otras con cierta frecuencia. Lo que sí es evidente es que la fragmentación de sus fuerzas es hoy mayor que hace un año, inmediatamente después de las elecciones.

La Gran Alianza Nacional (GANA), de Berger, cuenta con 32 curules. La apoyan sus aliados: el Partido de Solidaridad Nacional (PSN) (7 curules) y el Movimiento Reformador (4). Hacen un total de 43. El Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Ríos Montt tiene 30 curules. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Alvaro Colom tiene 26. El Partido de Avanzada Nacional (PAN) cuenta con 14. Un grupo de independientes, desgajados de otros partidos, tiene 13. El Partido Patriota (PP), desenganchado de la alianza con la GANA por su líder Otto Pérez Molina, cuenta con 9. La Alianza Nueva Nación (ANN) y el Partido Unionista (PU), de Alvaro Arzú, tienen 6 cada uno. Bienestar Nacional (BIEN), formado también por tránsfugas, 4. La Unión Democrática 3. La URNG 2 y la DCG y el DIA tienen 1 curul cada uno. Son indispensables las alianzas en medio de esta multitud de 158 diputados y diputadas.

En este momento la Directiva del Congreso está configurada por la GANA y sus aliados, el FRG, el PU y el PP. Si los correligionarios de estos miembros de la Junta Directiva del Congreso los siguieran disciplinadamente en la legislación, formando una alianza, contarían con una cómoda mayoría absoluta de 88 votos. Pero estarían lejos de los dos tercios (105 votos) necesarios para votaciones calificadas. Esta composición refleja el reagrupamiento de las fuerzas que apoyaron a Berger en su campaña presidencial junto con las pequeñas fuerzas del ex-Presidente Arzú, el PU. A ellas se añade el FRG, mostrando lo pragmático y dudosamente ético de la alianza pero también su fragilidad.

UN FOCO DE DESALIENTO Y DE INDIGNACIÓN

Durante el primer año del gobierno de Berger el Congreso fue un foco generador de desaliento y de indignación para el pueblo de Guatemala. Desaliento por la escasa labor legislativa y el deslizamiento de representantes de una bancada a otra. Indignación, por el intento de subirse los sueldos -objetivo al que no tuvieron más remedio que renunciar ante el clamor popular- y por el desorden administrativo y financiero. El nuevo presidente del Congreso, Jorge Méndez Herbruger, afirmó en el discurso inaugural de la legislatura que en 2005 acometerán una tarea gigantesca.

Entre las leyes que piensan aprobar, están la ley marco para los acuerdos de paz, la ley de aguas, la ratificación o rechazo del TLC, la ley general de concesiones -entre ellas, las mineras-, la ley de armas y municiones, la ley del sistema penitenciario, la ley del catastro, la ley electoral y de partidos políticos segunda generación, la ley del documento único de identidad, el código de ética del funcionario público y las reformas al sector justicia propuestas por la Corte Suprema.

Parece poco probable que el Congreso cumpla estas metas. Su presidente recordó a los diputados que el trabajo legislativo depende de su asistencia a los trabajos de las comisiones y al pleno. Ya se sabe que las más usadas de las maniobras políticas en el Congreso son la ausencia en comisiones, la ruptura del quórum en el pleno causada por miopes terquedades partidistas y el relego al ostracismo de representantes que se distingan por su independencia y entereza, como le ha ocurrido a la diputada Nineth Montenegro -némesis de la corrupción en el ejército y, por ello, personaje del año 2004 en “Prensa Libre”-, que ha quedado excluida de la presidencia de cualquier comisión.

No en vano en la encuesta de Vox Latina de fin del año 2004, un 84.5% de la población encuestada rechaza la labor del Congreso. Muy de cerca, con un 81.4% de rechazo, le siguen los partidos políticos. Sin un Congreso honesto y eficaz, será muy difícil la gestión política del Presidente de la República.
Así, cuarto caballo, el de los intereses del Congreso -los de los partidos políticos- contribuirá también a la desmembración del actual gobierno si su nuevo presidente no logra desviarlo de la dirección de incompetencia, venalidad y pereza por la que se ha desbocado.

UN PRESIDENTE REPROBADO

Sometido al brutal tironeo de estos cuatro caballos y sin haber sabido o podido sofrenarlos a tiempo ni tampoco, en la mayoría de los casos, mostrarles nuevas rutas por donde correr en armonía, no es extraño que el Presidente Berger, al final de su primer año de gobierno, haya cosechado una calificación más bien desalentadora en la encuesta de Vox Latina de fines de 2004.
Un 58% desaprueba su gestión y sólo un 38.3% la aprueba. Berger posee aún un potencial para mejorar esa gestión. Un 63% piensa que tiene la inteligencia para resolver los problemas del país, y un 52.4% piensa que tiene liderazgo para dirigir el país, aunque sólo un 51.5% cree que tiene la capacidad para hacerlo.

Un 65% lo considera trabajador, un 72% lo ve como tolerante con los que lo critican, un 56% sabe que tiene experiencia de gobierno, un 54% cree que conoce los problemas del pueblo y un 54.5% lo considera honrado. El cuadro que la encuesta arroja sobre el presidente Berger es complejo porque, por otro lado, un 68% piensa que Berger no se preocupa por los pobres y un 64% que no está cerca del pueblo -a pesar de que viaja tanto al interior del país-. Muy significativo: un 57% cree que pierde el tiempo en asuntos poco importantes.

QUINTO CABALLO: LOS INTERESES TRANSNACIONALES

Frente a este panorama, es notable la falta de visión crítica con que el gobierno de Berger ha manejado el espinoso tema de la ratificación, el rechazo o la renegociación del TLC con los Estados Unidos. El 14 de diciembre de 2004, jesuitas de Centroamérica y Panamá involucrados en el apostolado social expusieron pública y razonadamente en la prensa de todo el istmo las razones por las cuales la ratificación del TLC sería perjudicial para el bienestar de nuestros países. En Guatemala, el pronunciamiento fue publicado por “El Periódico”. Sin embargo, no despertó ninguna duda ni suscitó ningún deseo de diálogo en el gobierno de Berger, no pocos de cuyos miembros son ex-alumnos de los jesuitas en varias etapas de su educación, incluida la universitaria.

Uno de los temas más lúcidos del primer informe presidencial es la terrible situación de la seguridad alimentaria.
Se habla de la “presencia de desnutrición crónica en el 49.3% de los menores de cinco años”, que llega hasta casi el 70% “en la niñez indígena”. Se nos dice que el “hambre severa y la precaria salubridad” agravan esta desnutrición aguda en algunas zonas del país. Se nos informa que no hay disponibilidad suficiente de alimentos “para cubrir las necesidades mínimas de toda la población”, existiendo “una deficiencia aproximada diaria de 200 Kcal por habitante”.

Leemos en el informe presidencial que esta situación se agrava por la dificultad de “acceso económico a los alimentos”, afectada por “la pérdida de poder adquisitivo, la falta de oportunidades de empleo y los bajos salarios”. También leemos que “la dependencia externa de cereales ha aumentado un 20% en la última década, lo cual representa el 35% del suministro total del país”. Tal dependencia “implica estar supeditados a una alta vulnerabilidad, especialmente si aumentan los precios internacionales de estos productos”.
El análisis no puede ser más lúcido.

Lo que no se entiende es cómo, en estas circunstancias, el gobierno de Guatemala acepta un TLC con los Estados Unidos, que dejará el comercio de cereales totalmente libre de aranceles de entrada al país en un cierto plazo sin que el gobierno de Estados Unidos haya aceptado la supresión de los subsidios a la producción y exportación de sus cereales, lo que convierte su comercio de estos productos en un comercio privilegiado.

¿No sería mucho más razonable detener el TLC a la espera de que el problema de los subsidios agrícolas sea negociado y zanjado en la ronda de Doha al interior de la OMC? ¿No estará el gobierno guatemalteco siendo incoherente con su pertenencia al Grupo de los 20? Porque lo que se negocie en el marco de la OMC desde el Grupo de los 20 tendrá precedencia sobre otro tipo de tratados bilaterales como el TLC.

A finales del año 2004 vimos qué capacidad de presión puede tener Estados Unidos cuando rechazó la Ley de medicamentos genéricos de nuestro Congreso por estar en contradicción con las garantías ofrecidas en el TLC a sus poderosas empresas farmacéuticas. El gobierno de Guatemala se sometió a la presión y elaboró un reglamento de aplicación de la ley buscando satisfacer las exigencias estadounidenses. A pesar de este acto de pleitesía, Estados Unidos hizo saber que era la revocación de la Ley misma lo que pretendía. Este penoso incidente confirma lo que decíamos los jesuitas en el Pronunciamiento sobre el TLC “La salud y la vida de las personas están por encima de los derechos de patente de las transnacionales químicas, biogenéticas o farmacéuticas”.

LAS CONCESIONES MINERAS: UN TEMA CANDENTE

Finalmente, el caso de las concesiones mineras -que ha enfrentado desde septiembre de 2004 al Presidente Berger con el Presidente de la Conferencia Episcopal católica, Cardenal Quezada Toruño- muestra la falta de sensibilidad de este gobierno con las comunidades donde las explotaciones mineras tendrían lugar. Haber permitido a la empresa estadounidense Montana. realizar ella misma la consulta -obligatoria con base en el Acuerdo 169 de la OIT asumido por el Estado guatemalteco- expresa esa falta de sensibilidad. También la expresan trampas tan vulgares como hacer firmar a los habitantes de San Miguel Ixtahuacan y de Sipacapa en hojas en blanco, diciéndoles que consignaban su asistencia a un almuerzo ofrecido por la empresa, cuando sus firmas fueron aprovechadas como aval a la instalación de la mina de oro.

Desde que sucedieron estos hechos todo fue agravándose. Un cilindro de gran diámetro que debía llegar a los terrenos de la mina para algún tipo de operación fue retenido sobre la carretera panamericana por campesinos de Los Encuentros. Después de semanas de este bloqueo, el gobierno reaccionó usando la fuerza y en el curso del traslado de la herramienta cilíndrica se produjo la muerte de un campesino. Algunos afirman que hubo campesinos que tenían armas de guerra y las utilizaron contra la Policía y el Ejército, y manifestaron que los antiguos guerrilleros ya estaban de nuevo “sacando los fierros”.

El Presidente Berger indicó que el obispo Alvaro Ramazzini, de San Marcos -donde se encuentra la mina de oro concesionada a la Montana- había estado agitando a los campesinos de Los Encuentros. Un diálogo entre los obispos y el Presidente estableció una tregua. Por bastantes municipios del occidente indígena del país se han esparcido rumores de que el gobierno pretende incautar tierras para la minería y trasladar a los campesinos a otros lugares, incluso tan lejanos como el Petén. Existe intranquilidad. Y nada ayudan las expresiones irrespetuosas del jefe de la Policía, Sperisen, que dirigió el operativo de Los Encuentros, haciendo burla del “atraso de esas poblaciones”... porque creían que el cilindro iba a succionar el agua del lago Atitlán.

El tema de la minería es muy delicado. No se puede jugar con la tierra cuando el campesinado está de por medio. Cuando están de por medio las comunidades indígenas. Tanto más cuanto que las condiciones jurídicas que rigen en Guatemala las concesiones mineras son profundamente onerosas para el Estado, que apenas recibe un 1% de los beneficios.

Lo que ocurre es también una luz de alerta: si hoy estuviera en vigencia el TLC con los Estados Unidos, el conflicto con la compañía minera Montana acabaría siendo enviado a los paneles de arbitraje escogidos por el Banco Mundial o la OMC, cuya resolución sería inapelable. El Presidente del Congreso ha asumido que está a punto de aprobarse una ley general de concesiones. Probablemente será mejor esperar el resultado de esta legislación antes de que el mismo Congreso emprenda la tarea de ratificar, renegociar o rechazar el TLC.

SEXTO CABALLO: LOS INTERESES DE LOS VIOLENTOS

El último de los “caballos” que pretende tironear del actual gobierno sigue siendo el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico y los narconegocios. Según datos del Ministerio de Gobernación, en el año 2004 se incautaron drogas en Guatemala por unos mil millones de quetzales, una tercera parte de la droga incautada durante el cuarto año de gobierno de Alfonso Portillo (2003), cuando el gobierno de entonces se esforzaba por recuperar la certificación de Estados Unidos en este terreno.

El contexto de este problema, su trasfondo, es una inseguridad ciudadana institucionalizada, que a su vez depende de la violencia institucionalizada que acosa y asfixia a la sociedad guatemalteca. La percepción de la ciudadanía sobre los esfuerzos del gobierno de Berger de mejorar la seguridad ciudadana es muy negativa. Según la encuesta de fin de 2003 de Vox Latina, una mayoría (56.8%) piensa que el gobierno no ha hecho nada para combatir la delincuencia y la violencia.

Sólo un 36% siente que algo ha hecho, aunque sea poco. Mucho peor es la percepción respecto de la seguridad de las mujeres: el 69% afirma que el Gobierno de Berger no ha hecho nada para disminuir la violencia contra las mujeres y sólo un 28% cree que algo ha hecho aunque sea poco. De más de 300 asesinatos de mujeres en 2003 se pasó a más de 500 en 2004. La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala, liderada por Raúl Molina, cree poder llegar a afirmar que “el año 2004 fue, sin duda, el más violento de los años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz de 1996”.

En Guatemala siguen prevaleciendo los hábitos de respuesta violenta a las protestas o reivindicaciones de derechos humanos. Tiene esto mucho que ver con la persistencia en el país de la mentalidad del terrateniente o finquero, precisamente porque todos los intentos de reforma agraria desde abajo -los orientados a romper la estructura de enorme desigualdad en la propiedad de la tierra, que se remonta a la Conquista- han fracasado. Las únicas reformas agrarias exitosas fueron las que hicieron los conquistadores contra los indígenas, respaldadas institucionalmente en las encomiendas y repartimientos por la Corona española, y la que hicieron los reformadores en la República liberal, todas ellas repletas de una violencia que quedó institucionalizada.

UNA CUENTA PENDIENTE CON LOS DERECHOS HUMANOS

La persistencia de esta mentalidad tiene mucho que ver con las respuestas de desmedida violencia de la Policía en los casos de la finca Nueva Linda y en el conflicto de Los Encuentros, además de en bastantes otros desalojos en que se ha llegado a destruir cosechas y a quemar ranchos, remedando en pequeña escala la política de tierra arrasada de los peores años del terrorismo estatal durante la guerra. Según la encuesta de Vox Latina, el ministro del gabinete del presidente Berger que peor trabajó durante el primer año fue el Ministro de Gobernación, Carlos Vielman, encargado de la seguridad en el país. Obtuvo sólo el 22.4% de las respuestas positivas.

El Presidente Berger dijo en su discurso al Congreso que su gobierno relanzó los Acuerdos de Paz “como hoja de ruta hacia la nación que anhelamos”. La metáfora puede llegar a recordar, por desgracia, el destino desgraciado de “la hoja de ruta” que fue diseñada hace más de dos años para acabar con el conflicto israelí-palestino y que ha mostrado su esterilidad como proyecto arrumbado a la orilla del camino. El Presidente añadió que “el mantenimiento de la paz también demanda firmeza de mi parte”. Cierto. Pero la firmeza debe ser equilibrada, pareja, y ejercerse tanto con quienes perturban el diálogo con protestas violentas como con quienes no se mueven de sus posiciones enraizadas en la violencia institucional de siglos. Ambas actitudes quebrantan el Estado de Derecho.

El informe presidencial afirma que, a pesar de las objeciones que ha encontrado en el Congreso, el gobierno sigue apoyando la constitución de la Comisión Investigadora del Crimen Organizado (CICIACS) con ayuda de la ONU. Para ser creíble, su apoyo debe traducirse en una presión política y en una habilidad negociadora constantes y equidistantes hasta que lo consiga.

El gobierno dice que apoya también la continuidad de la MINUGUA por medio de la instalación en Guatemala de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Esto también encuentra en el Congreso una objeción: Guatemala sería el único país del que esta oficina haría un informe anual sobre el estado de los Derechos Humanos. Pero, para ser creíble, el gobierno ha de mantener que también es excepcional en el mundo la cuenta pendiente con los derechos humanos que Guatemala tiene. De lo contrario, este sexto caballo, el de los intereses de los violentos será el que más descoyuntará al Gobierno de Berger.

¿CABALLOS APOCALÍPTICOS?

El gobierno actual está empeñado en convertir el Programa “¡Vamos Guatemala!” en un plan de largo aliento y a largo plazo para la reactivación económica de Guatemala y también para el cumplimiento progresivo de los Acuerdos de Paz y para la creación de una nueva nación. Sus componentes, “Guate solidaria”, “Guate crece”, “Guate compite”, “Guate verde”, “Guate participa”, y otros que irán siendo presentados más adelante, tienen consistencia, coherencia, solidez, y a la vez flexibilidad. Pero si el gobierno no afronta y enfrenta mejor a estos seis caballos, se le irán convirtiendo en apocalípticos y sus jinetes irán esparciendo por Guatemala el poder de los vencedores de siempre, y con él la violencia, el hambre y la muerte.

El Presidente Berger debe tener esperanza -así empieza su informe y así termina su discurso-, pero no debe brotar esta esperanza de una visión idílica de Guatemala, sino de una visión que, aun contemplando nuevos horizontes, cuente con la oposición dialéctica que existe entre una Guatemala cruel y violenta y una Guatemala magnánima y pacífica. Las dos se enraízan en la Guatemala real. El horror a la polarización no debe convertirse en incapacidad y lentitud para afrontar los conflictos reales.

Equipada con esta visión, la esperanza del Presidente y de su equipo tal vez pueda llegar a ser aún una esperanza que anime al pueblo de Guatemala a sembrar milpas donde cosechar para los hijos, a construir casas y a habitarlas, en un país donde esto no ha sido posible para la mayoría durante más de quinientos años. Y no tiene el gobierno mucho tiempo para hacer realidad algo de esta esperanza. Todo el mundo piensa que lo que haga o deje de hacer en el año 2005 será decisivo.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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