Decepción ciudadana ante la “democracia electoral”

Sólo un movimiento de base muy amplio y muy fuerte logrará revertir el deterioro político y la decepción ciudadana ante el modelo neoliberal y ante la democracia electoral que hoy vive la sociedad mexicana. Algunas señales ya son perceptibles.

Jorge Alonso

Fue en julio de 2000 cuando nació una convergencia opositora que aspiraba a un cambio. Los votos de la ciudadanía consiguieron, por fin, la alternancia en la Presidencia de la República. Gran participación y euforia democrática: el autoritarismo y la corrupción quedarían erradicados.

DE DÓNDE VENIMOS:
UNA OPORTUNIDAD DILAPIDADA

Con la llegada del PAN al gobierno era grande el clamor porque los fraudes de banqueros y empresarios, solapados con el Fobaproa y el rescate carretero, se sancionaran, revirtiéndose esa onerosa deuda que injustamente debía ser pagada por los contribuyentes. Había esperanzas de que el corporativismo desapareciera y fuera sustituido por el respeto a la libertad sindical. También se aspiraba a que un modelo económico que pauperizaba y marginaba a la mayoría diera lugar a uno que incluyera y empezara a cerrar la gran brecha de las desigualdades. En medio de ese entusiasmo, un grupo amplio y plural se dio a la tarea de construir consensos en torno a una necesaria y profunda reforma del Estado. Las demandas de respeto a los derechos indígenas resultaban un reclamo urgente. Se esperaba que terminara de una vez por todas el repudiado régimen de partido de Estado.

Por todo esto, el gobierno de Vicente Fox inició con un gran bono democrático. No obstante, pronto lo dilapidó.
Ante un priísmo desconcertado por la pérdida de la Presidencia, en vez de propiciar una profunda democratización del sistema de partidos, el nuevo gobierno alentó al partido representante del viejo régimen y le permitió recuperarse. El PRI transfirió su modelo vertical y antidemocrático a sus gobernadores y, en vez de un auténtico federalismo, se fortalecieron cotos de poder regional. El corporativismo se mantuvo y se obstaculizó la democracia sindical. No se impulsó la reforma del Estado. Los partidos fueron captando que era más rentable la búsqueda de sus propios intereses que llegar a acuerdos en respuesta a los reclamos mayoritarios. Con el debilitamiento del presidencialismo, los otros poderes fueron asumiendo poder, pero no en el sano equilibrio que necesitaba una nueva vía democrática, sino para beneficiar intereses particulares y partidistas en pugna. Todo el Estado traicionó los Acuerdos de San Andrés y se llegó a una legislación que traicionó y decepcionó a los pueblos indios.

Poco a poco se fue develando que el foxismo no había cumplido con la legalidad electoral y que tenía muchos compromisos con los poderes fácticos del dinero y de los medios de comunicación, a quienes trataba de pagar sus apoyos de campaña. Desde el poder presidencial se trataron de impulsar reformas antipopulares y desnacionalizadoras. Contra el inicial discurso del cambio, Vicente Fox llegó a reconocer un continuismo con la política económica de Zedillo.

En este clima, el priísmo, comandado no por sus posibles reformadores, sino por los personajes con historial más antidemocrático, se fue fortaleciendo. El foxismo, falsamente esperanzado en que ese PRI podría ser su aliado para las reformas que le permitieran responder a los reclamos del Banco Mundial, del FMI y de los poderes del gran dinero -de fuera y de dentro- prefirió entregarle al PRI las pocas organizaciones autónomas, como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese priísmo necesitaba el control de esos dos organismos para recuperar la Presidencia en el 2006. El desencanto de gran parte de los ciudadanos que prefirieron no votar en las siguientes elecciones y el fortalecimiento de la maquinaria electoral priísta -apuntalada por dinero sin control y por mecanismos que atentan contra el voto libre- propició la recuperación electoral del PRI.

FOX: OBCECADO ANTE SU RIVAL
Y RESTAURADOR DEL PRI

En una sucesión adelantada, impulsada desde la misma Presidencia, la confrontación partidista se ha ido haciendo cada vez más áspera. El PRD, con grandes posibilidades de presentarse como una alternativa, se ha sumido en las luchas internas y su falta de cuidado ético dio pie para que el gobierno de Fox quisiera medrar de los videoescándalos en donde dirigentes del PRD fueron exhibidos recibiendo dinero de un empresario corruptor. La obsesión presidencial por proteger a su candidato y por querer detener el éxito de popularidad del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el perredista López Obrador -visible precandidato con altos índices de aprobación y de intención de voto-, ha conducido a Fox a maniobrar con la legalidad y a utilizar instituciones del Estado para dejarlo fuera de la contienda.

Así, el Presidente Fox se ha ido deslizando desde su cargo de Presidente de todos los mexicanos a jefe de una enconada campaña presidencial. Obstinado y obcecado por la popularidad de López Obrador, ha prevalecido en él el ánimo de lesionar a ese adversario político por encima de la búsqueda de las vías políticas del diálogo.

Resultado de todo esto y de la actual lucha: perdedores el PAN y el PRD, mientras el PRI se posiciona. Si Fox aspiraba a ser recordado por haber sacado al PRI de Los Pinos, ha hecho todo lo posible porque regrese. Pasará a la historia como el restaurador del PRI. Los acontecimientos de los últimos meses del 2004 sólo reforzaron esta dinámica. El colmo es que, habiéndose reconocido como un gobierno gerencial, Fox ha recibido descalificaciones aun de los hijos predilectos de su régimen, los empresarios.

¿OPTIMISMO?

Fox celebró con euforia sus cuatro años en la Presidencia. Sin embargo, las diversas evaluaciones que se hicieron de su gestión no calzaban en su optimismo. De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrupción -estudio realizado por Transparencia Internacional- presentados en París en diciembre de 2004, México ocupa un nada prestigioso lugar entre los países más corruptos del mundo. La policía y los partidos son catalogados en los primeros sitios de la corrupción mexicana, seguidos del sistema judicial.

Fox prometió un 7% de crecimiento. Pero la economía ha estado estancada en sus primeros tres años. Para consolar, Fox aduce que la inflación está controlada. De acuerdo a datos de la OCDE durante el foxismo ha empeorado el rendimiento escolar en México. Las promesas de justicia en lo relativo a la guerra sucia -desde 1968 hasta finales de los 70- no se han cumplido. La reconocida dirigente del grupo Eureka, Rosario Ibarra, ha declarado que Fox habría negociado con los responsables de esa guerra para no inculpar a los de arriba. Prosigue la impunidad. Human Rights Watch declaró que, a pesar de los esfuerzos legislativos y políticos realizados en México desde 1991 hasta 2004 para combatir la tortura, ésta sigue vigente y no se ha logrado erradicar esta práctica, “síntoma de un problema crónico.” Casos paradigmáticos de violación a los derechos humanos son las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y los jóvenes torturados a manos del gobierno panista de Jalisco.

POPULARIDAD EN DECLIVE

Lo que destaca en el gobierno foxista es la inercia y la falta de rumbo. Entre la ciudadanía, lo que todos le reconocen como logros son los relativos a una mayor libertad y acceso a la información. Pero la gente ve al Estado como rehén de los grandes intereses económicos. Una encuesta periodística mostró que 7 de cada 10 ciudadanos estaban desinteresados por la política. Entre los militares, un 44% no percibe un cambio con la llegada de Fox al poder.

De acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Consulta Mitofsky con motivo del cuarto aniversario del gobierno de Fox, el problema más sentido sigue siendo la crisis económica (24.9%), seguido del desempleo (20%), la inseguridad (17.5%), la pobreza (12.2%) y la corrupción (9.9%). La aprobación del Presidente ha ido a la baja: si en febrero de 2001, cuando iniciaba, estaba en un 70%, en noviembre de 2004 se encontraba en 55.3%. Si al inicio de su gestión, un 71.1% lo veía cercano a la gente, a finales de 2004 sólo pensaba así el 35.5%. Al pasar Fox de candidato a Presidente, un 68.8% de ciudadanos le reconocía liderazgo para dirigir el país. A finales de 2004 era sólo un 20.7%.

Ahora, lo que le queda a Fox de su gestión estará marcado por las precampañas de los partidos para elegir a su candidato presidencial, por las campañas presidenciales y por el siempre difícil tramo entre la elección (julio 2006) y la entrega de la presidencia (diciembre 2006).

¿QUIÉN GANARÁ
LA PRESIDENCIA?

La misma firma encuestadora Consultura Mitofsky realizó una encuesta nacional para apreciar cómo iba la contienda adelantada para la Presidencia. Si a principios de 2003 un 37.6% confesaba que no tenía ninguna identidad partidista, a finales de noviembre de 2004 había subido a un 41.6%. Los escándalos y la lucha sin cuartel entre los partidos han aumentado el hastío por los políticos en la ciudadanía. A la pregunta de por qué partido piensa votar en el 2006 un 30.2% responde que por el PRI, un 17.7% por el PAN y un 14.6% por el PRD. Entre los precandidatos panistas quien sigue teniendo la delantera es el Secretario de Gobernación, Santiago Creel. En el PRI, el presidente de ese partido, Roberto Madrazo. Y en el PRD el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Cuando se pregunta no por el partido sino por el candidato, un 26.4% dice que votaría por Madrazo, un 22.5% por Creel y un 33.4% por López Obrador, quien en un año de mucho golpeteo político, y habiendo sido el blanco de una dura guerra sucia, perdió 6.7 puntos. Prácticamente en todas las encuestas que se han realizado, López Obrador sigue manteniendo la delantera. En los escenarios en que no se presenta la candidatura de López Obrador, el ganador es el PRI.

PRI: PREPARANDO
SU REGRESO AL GOBIERNO

El mundo político está movido por la vorágine de la sucesión presidencial adelantada. Quienes se encuentran mejor posicionados aprovechan el ejercicio público y desde sus puestos políticos participan en la contienda. En cada uno de los partidos, los otros posibles contendientes exigen equidad y el abandono de esa situación ventajosa.

En el PAN, Calderón reclama a Creel que luche la precandidatura en condiciones parejas. Fox responde que los miembros de su gabinete que quieran participar deben dejar sus cargos a mediados del 2005. En el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas exige que López Obrador se retire del gobierno del Distrito Federal. En el PRI, tanto los gobernadores que aspiran a ser nominados, como el jefe priísta en el Senado, reclaman al Presidente de su partido que abandone ese cargo.

En el PRI -que en las contiendas no respeta las normas democráticas- se trata de llegar a acuerdos de normas mínimas apegadas a la democracia para que todos tengan las mismas posibilidades. Se han acordado campañas donde se eliminen las guerras sucias de desprestigio y donde se hagan auditorías de los orígenes y destino de los recursos de las precampañas internas. Entre esas normas está que Madrazo deje la presidencia del PRI en marzo de 2005. En el PRI saben que su fuerza está en la unidad, y tratan a toda costa de evitar las posibles divisiones cuando surja su candidato.

No se realiza actualmente ninguna acción política que esté ajena a las movidas sucesorias. El PRI ha sabido jugar en el Congreso y consiguió una alianza con el PAN para una reforma constitucional que le quitara recursos al gobierno del Distrito Federal. No se tomó en cuenta la opinión y el punto de vista del gobierno federal, tampoco que esta medida se impusiera sin calibrar las implicaciones que tendría para los habitantes del Distrito Federal. Lo que priístas y panistas querían era añadir a los frentes mediático y judicial contra López Obrador un frente financiero, aún cuando despojar a la capital de finanzas importantes llevara la polarización a extremos peligrosos. Del ataque al candidato pasaron a golpear a los habitantes de la ciudad: no les importaba.

SERIO ENFRENTAMIENTO
POR EL PRESUPUESTO

Cuando Fox envió a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto para el 2005, dirigentes sindicales, campesinos y de organizaciones sociales denunciaron importantes mermas en los renglones de salud y educación, nuevos problemas para el campo y beneficios para los privilegiados de siempre. Entonces el PRI hizo bloque con el PRD para modificar el presupuesto.

Hay que reconocer que ese bloque legislativo mayoritario hizo modificaciones positivas en salud y educación, aun cuando aprovechó también para restarle recursos al gobierno y para realizar obras de impacto electoral, como albercas y carreteras. El Presidente respondió airadamente y entabló una guerra mediática contra los diputados opositores. Éstos respondieron en el mismo tono y se negaron a hacer las correcciones que demandaba el Ejecutivo federal. Fox amenazó con el veto, pero legalmente éste no procedía. Entonces optó por publicar el presupuesto tal como lo había reformado la mayoría de los diputados y entablar una controversia constitucional.
La Suprema Corte debería decir la última palabra.

El Ejecutivo quería que fuera el Poder Judicial el que determinara quién era el responsable de la economía y de su marcha. Con la controversia quedarían en suspenso muchas partidas de educación y cultura, y por supuesto las carreteras y las albercas. En este enfrentamiento, al Poder Judicial se le ponía a ser juez y parte, pues había sido uno de los afectados por los diputados con mermas en su presupuesto. A pesar de todo, Fox envió la controversia. La Suprema Corte la aceptó y ordenó la suspensión de 50 partidas por un monto de 4 mil 195 millones de pesos. Entre ellos, un centro cultural en Tijuana, un Fórum de la Cultura en Monterrey, una biblioteca en Jalisco, 31 tramos carreteros y 43 instalaciones deportivas.

El 27 de diciembre la Cámara de Diputados presentó dos reclamos ante la Suprema Corte contra la admisión de la controversia presidencial. El clima fue de ríspido enfrentamiento entre todos los poderes estatales. Mientras, ocho agrupaciones campesinas anunciaban movilizaciones contra la afectación del presupuesto en el agro. Son las remesas de los migrantes las que amortiguan los estallidos sociales. Pero, a pesar de ellas la política económica y la falta de acuerdos en beneficio de las mayorías está abonando situaciones de grave encono social y político.

UNA REFORMA CLAVE
A LA LEY DE RADIO Y TV

Lo que parecía un avance democrático impulsado por el Poder Legislativo -la modificación a la ley de radio y televisión- quedó aplazado para el 2005. Uno de los senadores promotor de esta ley apuntó que los medios, tal como estaban y actuaban en 2004 eran una amenaza contra la democracia y un grave peligro para el contexto de la elección presidencial de 2006. Era ya un clamor popular la reforma de las televisoras, uno de los poderes fácticos con mayor influencia en el país. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que eran ellas quienes estaban imponiendo la agenda política. Pero, ante los intentos reformadores, los dueños de las dos televisoras le habían advertido a Fox que no aceptarían ningún recorte al gasto electoral -ellos reciben la mayor parte- y que considerarían cualquier legislación como un atentado contra la libertad de expresión.

LAS ONDAS: PROPIEDAD
DE TODOS LOS MEXICANOS

En la propuesta ciudadana de reforma a la ley Federal de Radio y Televisión, que se ha ido trabajando desde hace dos años, destacan varios puntos. Se trata de una ley de beneficio social, demostrando que, al igual que el suelo y el agua, el espacio de las ondas es propiedad de todos los mexicanos, por lo que las actividades de radio y televisión deben ser de interés público y atender al beneficio social de todos y no sólo al beneficio económico de unos cuantos. La ley no afecta los beneficios que reciben los concesionarios, pero sí garantiza los derechos de los ciudadanos a la radio y la televisión y su acceso a estos medios.

Otro punto destacable es la ciudadanización del Consejo Nacional de Radio y Televisión. Para que el Ejecutivo no otorgue ni revoque discrecionalmente concesiones, la ley plantea una autoridad autónoma en materia de comunicación que, además de dar a los concesionarios seguridad jurídica, otorga a los ciudadanos certeza, transparencia e imparcialidad en el cumplimiento de la ley.

Aspectos básicos de la ley son el derecho de réplica -propuesto como un derecho ciudadano inalienable- y la abolición de todo tipo de censura. La ley cuida la transparencia en el otorgamiento y refrendo de las concesiones, regula la propaganda comercial y establece un tratamiento específico para las emisoras con carácter no lucrativo y la definición de una figura jurídica para los medios bajo explotación directa del Estado. La ley estimula también la cinematografía mexicana y las producciones que desarrollen la identidad y la cultura nacionales.

RESPALDO MASIVO
Y RESISTENCIA INTERESADA

Escritores, poetas, músicos, políticos, académicos, investigadores, empresarios, cineastas, periodistas, analistas, productores independientes y líderes gremiales apoyaron la iniciativa de la nueva ley de radio y televisión. En un desplegado publicado el 12 de diciembre destacaban la necesidad de regular la concentración de frecuencias, hoy en pocas manos. Y de favorecer una mayor competencia, pues la ley establece un máximo de 35% para el usufructo de concesiones en una misma zona geográfica. Destacaban también que la ley busca poner a México a tono con los mínimos de los estándares democráticos internacionales.

Al día siguiente de esta masiva expresión de respaldo, los senadores al servicio de los medios impidieron que el anteproyecto de ley pasara a la discusión del Senado. Tras el reclamo de los promotores se logró que la discusión se aplazara para los primeros meses de 2005. Es evidente que la resistencia a la ley tiene también que ver con el proceso presidencial del 2006 y con los sustanciales beneficios que los dueños de las televisoras sacan de los escándalos mediáticos y de las guerras sucias en un marketing político no regulado.

CASO TRAS CASO
TODO SE POLITIZA

Todo lo que acontece se aprovecha hoy en la guerra sin cuartel de la sucesión adelantada. Un ejemplo fue el linchamiento televisado de dos policías federales a finales de 2004 en la delegación Tláhuac. El hecho se politizó y pasó a ser una pieza más en el juego sucesorio. Una vez más, la Procuraduría General de la República fue utilizada políticamente. El Presidente cesó al responsable de la seguridad pública en el Distrito Federal, pero no hizo lo mismo con el responsable de la seguridad federal, porque era su amigo.

Posteriormente, Marcelo Ebrard -quien había estado al frente de la seguridad del Distrito Federal y quien era un candidato viable para suceder a López Obrador en el DF- pasó a ser acusado de negligencia y omisión por parte de la PGR. Una vez más, la política fue judicializada. Es un ejemplo de que, aunque el presidencialismo ha sido acotado, tiene todavía muchos espacios discrecionales. Fox ha optado por utilizar esos espacios para golpear a sus opositores y para beneficiar futuras candidaturas de su partido.

PRI: AUN CON UN IMPRESIONANTE CAPITAL POLÍTICO

En los enfrentamientos entre el PAN y el PRD el que sale ganando es el PRI, un partido que cuenta aún con un impresionante capital político: la mayoría de las gubernaturas, las mayorías relativas en el Senado y en la Cámara de Diputados, el control en la mayoría de los congresos locales, el gobierno de ciudades importantes que ha ido recuperando, la mayoría de los ayuntamientos, el control de la política económica por medio del Presidente del Banco de México y el Secretario de Hacienda -que son militantes priístas-, el control de los principales sindicatos, la presidencia y la mayoría en el IFE. Y por si le faltara poder, la complicidad de los principales medios. Y si la guerra sin cuartel en la sucesión ha estado hartando a muchos ciudadanos alejándolos de la política, esto más que afectar al PRI lo beneficia, porque este partido cuenta núcleos duros de electores y con las maquinarias más eficientes para manipular votantes.

La lucha de todos contra todos, tanto al interior de los partidos como entre éstos, sin importar las demandas ciudadanas se agudizará en 2005. En diversos foros sobre ciudadanía, la tónica general ha sido constatar el desencanto hacia los partidos y el hartazgo de los escándalos políticos. Esto podría llevar a un escenario de recrudecimiento de estas tendencias, dejando a los partidos seguir en sus lógicas desvinculadas de la sociedad, y a los grupos cívicos sumidos en el desaliento y la inacción. No obstante, nada está predeterminado, y queda mucho tiempo para que se resuelva la sucesión.

REFORMAS ELECTORALES:
UNA PRIORIDAD

El organismo de la sociedad civil Alianza Cívica experimentó en 2004 una importante reactivación. Después de la lamentable experiencia de la partidización del IFE -contra lo que tanto luchó- la Alianza se dio a la tarea de sintetizar la discusión de varios grupos de todo el país para plantear propuestas de reforma electoral.

Entre éstas, está una ley de partidos políticos que regule su vida interna, que contemple mecanismos para su democratización y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Otro punto importante se refiere a que los partidos que hayan recibido financiamiento público los regresen al erario público cuando pierdan su registro.

Alianza Cívica plantea que el organismo lectoral tenga más atribuciones para fiscalizar a los partidos y que sea el único responsable de contratar medios de comunicación para las campañas de los partidos. Otras de las propuestas tienen que ver con la reducción de los tiempos de precampañas y campañas, con la compactación del calendario electoral y con la posibilidad de que existan candidaturas independientes.

Para evitar la partidización del IFE, Alianza Cívica propone cambiar los mecanismos de elección de su Consejo General. En lugar de que sean los partidos, por medio de sus diputados, quienes los elijan sería la Suprema Corte quien nombraría una comisión responsable para integrar ese Consejo. Habría una convocatoria pública, un registro de candidatos por procedimiento público y los candidatos se presentarían en una comparecencia pública. Entre los requisitos, estaría no haber militado, al menos durante cinco años, en un partido político. Alianza Cívica propone que se tipifique como delito la compra y coacción del voto -serían consideradas como causales de nulidad de la elección- y que se prohiba de manera explícita el uso de regalos a los ciudadanos en tiempos electorales.

¿POR QUÉ TAN POCA
PARTICIPACIÓN?

Alianza Cívica no se ha centrado sólo en lo electoral. También ha estado interesada en la amplia gama de temas de la participación ciudadana. A finales de 2004, junto con la Red Interamericana para la Democracia, Partners of the Americas y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) colaboró en la realización del índice de participación ciudadana en siete países de América Latina. En particular, realizó el estudio sobre México. Un 47.8% opinó que la gente no participa por falta de tiempo. Para un 30.6% es por falta de interés, desmotivación o egoísmo. Para un 15.8% sucede por desinformación y para el 14.1% por desconfianza. Para un 42.5% la gente que participa lo hace por altruísmo.

También en 2004 se manifestaron organismos con programas de mediano y largo plazo que trascienden las coyunturas electorales. En lo inmediato está la amenaza de que prospere la legislación foxista en materia laboral. Más de 160 organizaciones sindicales decidieron unirse para oponerse a la aprobación de esa ley, sólo beneficiosa para los patrones, que pretende generalizar el empleo precario y desconocer los logros legales alcanzados por las luchas de los trabajadores. Convergencias sindicales y populares están también atentas para reforzar acciones en contra de la reforma energética que sigue impulsando Fox. Y el movimiento indígena ha proseguido defendiendo los municipios autónomos que ha ido creando.

UNA INICIATIVA AMBICIOSA
ANTE ENORMES PROBLEMAS

Una iniciativa popular de largo alcance cobró forma a finales de 2004. Se le puso por nombre “Diálogo nacional por un proyecto de nación con libertad, justicia y democracia”. Pretende elaborar un proyecto nacional de carácter estratégico e integral.

Esta ambiciosa iniciativa se propone el rescate de la nación y la solución de los grandes problemas que padece el país. Para ello se requiera de la construcción de una amplia y poderosa convergencia, lo más incluyente posible, entre trabajadores del campo y de la ciudad, movimientos sociales y urbanos, pueblos indios, intelectuales, artistas, profesores, estudiantes, jóvenes, migrantes, pequeños y medianos industriales, pequeños y medianos comerciantes y los nuevos movimientos sociales, integrados por altermundistas, ecologistas, movimientos de defensa de derechos humanos, de género, de diversidad sexual, etc. La primera identidad de todos estos grupos será la determinación de luchar por un proyecto de nación alternativo al modelo neoliberal.

Para poder avanzar, estos grupos deben ubicar las tensiones sociales de los últimos años y sobre todo, de los últimos meses. ¿Cuáles son? Crecen las dificultades para encontrar empleo. Las empresas medianas y pequeñas están enfrentando serias limitaciones de crédito, abasto y mercado y muchas ya no dan para vivir. Gran cantidad de maquiladoras se desmantelan y se van a otros países. La emigración de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos, en vertiginoso crecimiento, se hace cada día más riesgosa. Está claro que la exportación de manufacturas no es un factor seguro de crecimiento económico. La infraestructura para el mercado interno se ha ido desarticulando y cede ante las cadenas trasnacionales, articuladas desde sus bancos de crédito y centros de aprovisionamiento hasta sus centros comerciales y sus distribuidores al menudo.

¿SOLUCIÓN OFICIAL?
MÁS PRIVATIZACIONES

Sin la menor evidencia científica y técnica, el gobierno sostiene que para resolver estos grandes problemas del país se necesitan las llamadas “reformas estructurales”, término con el cual designa la privatización y la desnacionalización del patrimonio nacional. A PEMEX -la empresa que más divisas da al gobierno- se le ha sumido en crisis, para hacerla aparecer como ineficiente y justificar su privatización. La desnacionalización ha ido avanzando por los contratos de servicios múltiples con empresas petroleras y gaseras de Estados Unidos. Existe una política de entrega de los energéticos de la nación y de destrucción de los derechos nacionales y sociales. Existe también una ilegal ampliación de las inversiones de capitales privados en la generación de electricidad.

El país se encuentra también ante una privatización progresiva de la seguridad social y del sistema de pensiones. En la educación el panorama es desolador: el gobierno reduce los recursos a la educación en todos sus niveles y asfixia la investigación científica y tecnológica.

El proyecto neoliberal está afectando a la mayoría de los mexicanos, desde los pobres hasta las clases medias.
Lo padecen las pequeñas y medianas empresas y hoy este proyecto amenaza ya a las grandes empresas, pues sus propietarios son empujados a convertirse en meros rentistas o a someterse como unidades subalternas de las megaempresas trasnacionales.

PRIORIDADES
DEL PROYECTO ALTERNATIVO

Nada de esto ha acontecido sin respuestas populares. Desde diversos grupos de ciudadanos, campesinos, trabajadores, pueblos indígenas, sindicatos, organizaciones sociales, frentes y movimientos diversos han surgido luchas para enfrentar este proyecto neoliberal.

En lo mínimo, estos grupos plantean la defensa del derecho a la soberanía del pueblo mexicano y del derecho a la propiedad y usufructo pleno sobre sus recursos naturales y energéticos, incluidos el petróleo, la electricidad, el agua, los bosques y las tierras. También, la defensa del sector público y social de la economía y servicios gratuitos de educación, salud y suficiencia alimentaria. Proponen igualmente defender los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución, incluida la seguridad social y las garantías individuales y sociales, la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indios tal como fueron plasmados en los acuerdos de San Andrés, respaldando las autonomías de facto instaladas por los zapatistas en Chiapas. Priorizada tienen también la renegociación de la deuda externa y la cancelación de la enorme carga impositiva que implica y la renegociación y, en su caso, la cancelación de la deuda del gobierno con la banca por los créditos que ésta le había hecho para el pago de quiebras bancarias y empresariales.

Todos estos grupos decidieron establecer una red de redes con responsables de facilitar el intercambio de información y análisis, con programas de pedagogía de la liberación que propicien espacios de diálogo, con enseñanza-aprendizaje y con toma de decisiones colectivas. Se invoca el espíritu zapatista de “mandar obedeciendo” y de “aprender a obedecer mandando”. Un punto muy importante es que las actividades e iniciativas que estos grupos tomen no se conviertan en el posicionamiento de cualquier persona para las elecciones presidenciales del 2006.

GRAVES RIESGOS
Y ESCENARIOS POSIBLES

Existe hoy el riesgo de que se restaure en México un gobierno autoritario a nivel federal, sin haber conseguido antes transformar las estructuras institucionales que sustentaron al viejo régimen.

Entre los escenarios posibles no son descartables los estallidos sociales y hasta la irrupción de la violencia.
Para que la contienda pre-electoral y electoral transcurra en cauces civilizados se necesitará de la presión ciudadana. Los partidos no responderán a los reclamos sociales si no hay una presión organizada y fuerte que los interpele y los obligue. En el país han aparecido dos grandes corrientes: la que destaca la importancia de dignificar todo lo relacionado con lo electoral, y la que se centra en un proyecto de nación con perspectivas más amplias que lo meramente partidista.

LO ELECTORAL
YA NO ENTUSIASMA

Se ha ido imponiendo una postdemocracia plena de privilegios. El desencanto con la democracia meramente electoral y procedimental ha ido en aumento y esto abre la posibilidad de la emergencia de soluciones personalistas y antidemocráticas. Parecería muy cuesta arriba volver a entusiasmar a una gran mayoría ciudadana para que participe en lo electoral. La decepción ha sido muy grande. Lo electoral no logrará reactivar las potencialidades cívicas. La solución es la construcción de una ciudadanía integral que acote a los poderes fácticos y que se proponga una democracia también integral, cívica, política, y sobre todo social. Se requiere la construcción de un gran movimiento de base con un programa bien definido en torno a los derechos civiles, políticos, sociales y ambientales.

Sólo un movimiento fuerte y de base podrá revertir el deterioro político y la catástrofe social. Los primeros impulsos de la organización de un movimiento así son ya perceptibles.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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