Masacres en las cárceles: reflejo de una crisis social y política

¿Qué hará, qué querrá hacer, qué podrá hacer el nuevo gobierno, dirigido por Manuel Zelaya, ante la crisis del sistema de justicia, la impunidad institucionalizada, el extendido poder del crimen organizado y la rebeldía de la juventud marginada, traducida en pandillas? Todas estas expresiones de la crisis social y política hondureña tienen un macabro reflejo en las cada vez más frecuentes masacres en las cárceles del país.

Ismael Moreno, SJ

El 5 de enero de 2006 en la tarde ocurrió en la Penitenciaría Nacional de Támara una nueva masacre. Trece reclusos fueron asesinados y uno resultó gravemente herido. Támara es una comunidad rural a una docena de kilómentros al norte de Tegucigalpa. Fue seleccionada como sede del centro penal más importante de Honduras, reemplazando la antigua Penitenciaría central, ubicada en el centro de Tegucigalpa, que fue destruida por el huracán Mitch en 1998.

CRISIS CARCELARIA, CRISIS NACIONAL

Después de los hechos sangrientos, otros reclusos fueron trasladados fuera de las celdas y un destacamento policial resguardó el exterior de la Penitenciaría Nacional, temiendo un motín y nuevos hechos violentos. Las autoridades de la Penitenciaría señalaron, como causa probable de la masacre, la disputa por el control del poder y la venta de estupefacientes dentro del centro penitenciario. Un funcionario importante de la Penitenciaría declaró que los asesinados constituían un grupo selecto de los criminales más peligrosos del país, que guardaban prisión por delitos como violación, homicidio, robo y tráfico de drogas.

Médicos del Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público efectuaron la autopsia de los trece cadáveres, pero su informe no trascendió a la opinión pública. El 6 de enero, el Presidente Ricardo Maduro ordenó la suspensión del director de la Penitenciaría, inspector de policía Marvin Rajo, y la destitución del jefe de seguridad del reclusorio, Domingo García. Pero no informó si su decisión se basó en una investigación a fondo de los hechos, ni por qué la sanción recayó únicamente en estos dos funcionarios. El Presidente solicitó al Congreso la aprobación urgente de la Ley del Sistema Penitenciario y anunció que nombraría una Comisión Interventora del Sistema Penitenciario. ¿Una decisión del Poder Ejecutivo para evadir sus responsabilidades?

La realidad es que la crisis en el mundo carcelario involucra a diversas instituciones e individuos, vinculados en un intrincado nudo de relaciones que pone en entredicho la ética de todo el sistema judicial y cuestiona la legitimidad del Estado en este ámbito. La corrupción institucionalizada, la impunidad, la parcialidad de las instituciones de justicia y el establecimiento de una política de “terrorismo institucional” destacan entre las afirmaciones más relevantes que han hecho personalidades independientes y organismos defensores de los derechos humanos al analizar esta crisis.

MASACRES PREVIAS

En los últimos siete años unos 200 reclusos han muerto violentamente dentro de los recintos penales ubicados en tres de las más importantes ciudades del país. La primera masacre se produjo en noviembre de 1999, cuando 11 jóvenes pandilleros perecieron y 31 resultaron heridos al enfrentarse entre sí, con armas blancas, en el presidio de San Pedro Sula. La segunda -no fue esclarecida- ocurrió en marzo de 2003. 7 miembros de otra pandilla juvenil, la mara MS, perecieron por intoxicación. La tercera sucedió en abril de 2003 y tuvo como escenario la granja penal El Porvenir. Fallecieron 69 reclusos y 39 resultaron heridos. Ésta tampoco fue esclarecida, aunque existen indicios de que fue premeditada.

La cuarta masacre -tampoco esclarecida-, la mayor de todas, se produjo en mayo de 2004. 105 jóvenes pandilleros murieron en un incendio en el pabellón que los albergaba, 9 resultaron heridos. Todos eran miembros de la Mara 18.

OTROS HECHOS SANGRIENTOS

Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en su informe anual, el año 2003 concluyó con 89 víctimas mortales en los centros penales y en 2004 se produjeron 155 muertes violentas y cinco desapariciones en los centros de reclusión. La tendencia se mantuvo en los primeros meses de 2005. Hasta el 9 de mayo, hubo 13 víctimas mortales sólo en la Penitenciaría Nacional, lugar de la última masacre.

Los hechos sangrientos en los centros de reclusión son aún más abundantes cuando se agregan disturbios y hechos relacionados con las pésimas condiciones de infraestructura de la mayoría de los reclusorios. Un recuento pormenorizado de estos hechos debería incluir también: diversos incendios que arrasaron los penales de Santa Bárbara, Copán y parcialmente el de Trujillo; motines en las cárceles de Danlí y Olanchito, e intentos de rebelión en las de Tela y Gracias a Dios; similares incidentes a finales de 1998 en Tegucigalpa y en 2000 en San Pedro Sula; el conflicto que dejó un muerto y 11 heridos en la Penitenciaría de Támara en julio 2003; los 2 muertos y 9 heridos en el centro penal de Tela en marzo de 2003; y los muertos reportados en el centro penal de Choluteca en mayo 2002.

Una característica común a todas estas masacres es que las autoridades judiciales, policiales y de investigación no han esclarecido suficientemente los hechos ni han identificado, detenido o juzgado a los autores materiales o intelectuales. La versión oficial es casi siempre la misma: se responsabiliza a los reclusos, por sus disputas internas y por su condición de pandilleros juveniles. El patrón de las masacres, incluyendo la última de enero 2006 en Támara, sigue pautas similares: armas de todo tipo en manos de los reclusos; tráfico de drogas en el interior del penal y complicidad del personal penitenciario con los reclusos.

CÁRCELES EN PROFUNDA CRISIS
DE LEGITIMIDAD

Una investigación llevada a cabo por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), obra del Apostolado Social Centroamericano de la Compañía de Jesús, demuestra que los 24 centros penales del sistema penitenciario hondureño enfrentan dificultades enormes, limitaciones sustanciales y se encuentran sumidos
en una profunda crisis de funcionamiento y de legitimidad. Los resultados de nuestra investigación fueron presentados en octubre 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. El informe destaca que en las cárceles del país existe hacinamiento o sobrepoblación, que el sistema penal es ineficaz, que los centros penitenciarios están deteriorados, que en ellos se producen malos tratos y hay tráfico de drogas, que la prestación de servicios de salud, alimentación, educación y recreación es deficiente y que dentro de los reclusorios prevalecen la violencia y la corrupción.

Un día después de la masacre de enero 2006, la CIDH emitió un comunicado cuyo contenido revela que los centros de detención en Honduras tienen las mismas debilidades que este organismo interamericano, el ERIC-SJ y otras organizaciones de la sociedad civil hondureña han venido señalando, sin que el Estado hondureño adopte los correctivos sugeridos.

TODO ESTO EMPEZÓ
EN LOS AÑOS 80

La crisis carcelaria es un espejo que refleja la crisis política nacional. Desde la transición a la democracia (1980), el sistema jurídico y político de Honduras ha sido debilitado por la falta de una estricta separación de los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo predomina sobre los poderes Legislativo y Judicial, provocando una erosión sustantiva de su autonomía. Este predominio refleja la estructura jerárquica -caudillista y elitista- que domina la sociedad hondureña y la desigualdad que existe en las relaciones sociales.

Desde la década de los 80, el Poder Judicial enfrenta una crisis de legitimidad. En una primera etapa, por su incapacidad para asimilar, desde el orden jurídico vigente, las protestas populares y la radicalización de algunas organizaciones políticas para provocar transformaciones sociales de fondo. En aquella década, el Poder Judicial fue suplantado por el poder ejercido por los militares, principales responsables de la desaparición de unas 200 personas por razones políticas, en aplicación de la política represiva de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Esta doctrina se concretó en la Ley Antiterrorista, concebida y aplicada al margen de las garantías constitucionales y en sustitución del desempeño de las autoridades judiciales. En aquellos años las violaciones de los derechos humanos se justificaron en la necesidad de “extirpar el cáncer revolucionario”, tal como ahora se percibe el exterminio de las “maras” como un acto de “limpieza social”.

LEY ANTITERRORISTA
SIMILAR A LEY ANTIMARAS

La pasada Ley Antiterrorista y la actual Ley Antimaras son comparables y siguen un mismo patrón. Consiste en identificar un “enemigo social”, publicitar la lucha en su contra y justificar la inversión de los recursos del Estado en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de conducir las acciones en contra de ese “enemigo”.

En la década de 1980 se justificó la “militarización” de la sociedad y los militares condujeron la lucha contra el “comunismo” y la “revolución”. La Ley Antimaras contribuye a fortalecer el perfil de las instituciones policiales y de la Secretaría de Seguridad y a publicitar negativamente el sistema penitenciario.

En la década de los 80 el papel protagónico en la lucha contra “el comunismo” fue asumido por el general Gustavo Adolfo Álvarez Martínez. En la administración del presidente Maduro, el protagonismo en la lucha contra las “maras” fue asumido por el ministro de seguridad, Óscar Álvarez, y por el presidente del Congreso Porfirio “Pepe” Lobo, derrotado en las elecciones de noviembre 2004 por Manuel Zelaya.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron, en los 80 la existencia de cárceles clandestinas que ocultaban la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas. El sistema penitenciario actual no es clandestino, pero obtiene una calificación muy negativa por los actos ilícitos que se cometen en los recintos penitenciarios.

La Ley Antiterrorista y la Ley Antimaras comparten otros rasgos similares como respuestas del Estado a una crisis social. Se basan en el uso de la fuerza bajo el control institucional del Estado. Esto generó ayer, y genera hoy tensión social, temor, inquietud y desconfianza entre la población. Otro rasgo común es la falta de consenso social y político al aprobarlas y aplicarlas. Por esto, en lugar de contribuir a la solución de una demanda social, ambas se convirtieron en un problema que se añade a la crisis.

PODER JUDICIAL:
CARCOMIDO POR LA IMPUNIDAD

El protagonismo de los militares hondureños durante la crisis centroamericana en la década de los 80 dejó en entredicho el sistema de justicia, contribuyó a establecer las bases de la impunidad, suplantó la vigencia de las leyes y subordinó al Poder Judicial. En la década de los 90, este sistema de impunidad fue aprovechado -y perfeccionado- por la corrupción administrativa y de “cuello blanco”, que llegó al gobierno con nuevos criterios sobre la gestión de la economía y de la sociedad. Los escándalos vinculados a la corrupción institucional debilitaron aún más al Poder Judicial que hasta la fecha ha sido incapaz de encarcelar a los corruptos de “cuello blanco” y de adecentar
la gestión pública.

A pesar de las moderadas reformas con que han intentado corregir su rumbo, el Poder Judicial entró en el nuevo siglo adoleciendo de muchas debilidades y con una vulnerabilidad muy por encima de las debilidades que se observan en los otros poderes del Estado. El resultado ha sido la desconfianza de la mayoría de la población hacia las instituciones de justicia del país, hacia los funcionarios judiciales y hacia el sistema penitenciario. La erosión del Poder Judicial es una de las causas más poderosas de la actual crisis del sistema penitenciario nacional.

LOS INTERESES BIPARTIDISTAS:
EL HUEVO DE LA SERPIENTE

Las debilidades del Poder Judicial responden también a las características que asumió la transición a la democracia en la década de los 80. Desde que en 1979 las Fuerzas Armadas anunciaron su decisión de abandonar el poder, el retorno al orden constitucional quedó en manos de los dos grandes partidos políticos tradicionales: el Liberal y el Nacional. Ambos asumieron también la representación de los grupos corporativos y de los poderosos intereses privados, con gran influencia en las cúpulas de ambos partidos. El Poder Judicial quedó así como rehén de estos intereses, presentes en las finanzas, la industria, el comercio y la explotación de los recursos naturales, por mencionar sólo los ámbitos económicos reconocidos legalmente.

Los dos partidos tradicionales -carentes de ética y de moral- se apoderaron del Poder Judicial, condicionando así su funcionamiento y sus decisiones. Colocaron a este Poder al servicio de los intereses corporativos del empresariado y de sus representantes, enquistados en las cúpulas partidarias. Hasta el año 2000, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran nombrados directamente por las cúpulas partidarias, representadas en el Congreso, sin otro requisito que el de defender esos intereses. En diciembre de 2000 el Congreso aprobó un decreto que establece el nombramiento de una Junta Nominadora para seleccionar candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es impensable que el bipartidismo político cese en su injerencia en el Poder Judicial. Ha sido tal y tan prolongada la manipulación que esto ha determinado las características perversas que ha asumido el sistema penitenciario en las dos últimas décadas. Y es ésta la causa oculta de las masacres que ocurren en las cárceles nacionales.

AMARGOS FRUTOS:
POBREZA, MIGRACIÓN, MARAS

La transición a la democracia, coincidió con la llegada del neoliberalismo como paradigma social instaurado formalmente desde el inicio de la década de los 90 con decretos y ajustes estructurales de la economía.

El paradigma de la sociedad neoliberal va más allá de objetivos estrictamente económicos. Determina la visión que sus defensores tienen del mundo, de la sociedad y de la cultura. Es una ideología que privilegia los intereses materiales, la ganancia y la explotación desmedida de los recursos en beneficio de las minorías con capacidad para explotarlos empresarialmente. Al privilegiar los intereses de las élites y convertirlo todo en mercancía, el neoliberalismo promueve el individualismo, generador de toda suerte de actos desleales contra el bien común y ocasiona la desvalorización
de la vida humana y una creciente inequidad social.

La aplicación en Honduras de los objetivos económicos del neoliberalismo ha tenido como resultado una concentración desmedida de la riqueza en manos de una élite cada vez más reducida, una masificación de la pobreza y un incremento de los cinturones de miseria en torno a las ciudades y poblados más grandes del país. Otra repercusión es la migración creciente a los Estados Unidos.

La migración contribuyó a transnacionalizar el fenómeno de la violencia juvenil, concretada en Honduras en las “maras” o pandillas juveniles. La juventud urbano-marginal es uno de los estratos sociales más afectado por las consecuencias del neoliberalismo, lo que ha ido provocando una creciente rebelión regresiva de los más radicalizados. Esta rebelión ha asumido forma orgánica en las maras.

ÚNICAS RESPUESTAS:
REPRESIÓN Y CÁRCEL

La respuesta del Estado, especialmente durante el gobierno saliente de Ricardo Maduro (2002-2006), fue la declaración de una guerra abierta en contra de este fragmento de jóvenes urbano-marginales. Durante la última legislatura, el Poder Judicial y sus instancias se dedicaron a criminalizar la pobreza y a ignorar por completo la delincuencia de “cuello blanco”. Como resultado, las cárceles se llenaron de jóvenes pandilleros y aumentó la población privada de libertad, lo que hizo colapsar el sistema penitenciario. Las cárceles hondureñas reflejan la inequidad social. Casi todos los privados de libertad son pobres o provienen de la marginalidad urbana y rural. Sólo una pequeña minoría proviene de estratos sociales elevados o intermedios.

Como ocurrió en la década de los 80 ante la protesta popular, la respuesta del Estado ante la crisis social ha sido la represión y el encarcelamiento. Ahora, todo apunta hacia más: hacia la aniquilación física. Aunque el candidato presidencial del Partido Nacional en las pasadas elecciones de noviembre, José Porfirio Lobo, no se atrevió
a sostener una campaña favorable a la pena de muerte, las masacres carcelarias dejan la impresión de que la pena de muerte ya se aplica en el sistema penitenciario y sin reacción de la población.

DEL ESTUPOR
A LA INDIFERENCIA Y EL APLAUSO

El mecanismo perverso que induce a las matanzas en las cárceles hondureñas ha sido capaz de dosificar sus acciones para “preparar” sicológicamente a la opinión pública nacional para estas carnicerías. Al estupor que produjo la primera, siguió la alarma ante la expectativa de que se produjeran nuevos hechos sangrientos en los centros penales. Tras la masacre de Támara no se observó conmoción en la población. Lo único que se percibe es temor al revanchismo que este hecho pueda generar y a que promueva una espiral de violencia.

La población hondureña con menor capacidad para discernir y con menor acceso a información sobre el tema, considera que la masacre de delincuentes favorece la paz social y mejora los índices de seguridad ciudadana. Desde esta perspectiva, apoyan la política de mano dura contra los pandilleros juveniles. Otros sectores se muestran indiferentes y no son capaces de imaginar las consecuencias que estos hechos pueden tener para la vigencia de la democracia -retorno del autoritarismo dictatorial-, para los derechos humanos -violencia generalizada-, para la justicia y todo el sistema jurídico y político de Honduras.

Los medios de comunicación están contribuyendo a erosionar la sensibilidad social ante el crimen. Le asignan primeras planas a las noticias relacionadas con las masacres de personas privadas de libertad, pero sin darles ningún seguimiento. Convierte la muerte en mercancía para el consumo publicitario.

PISTAS MACABRAS
Y NEGLIGENCIA TOTAL

Uno de los administradores del sistema penitenciario nacional, el inspector de policía y suspendido director de la Penitenciaría de Támara, Marvin Rajo, proporcionó indicios de las conexiones que existen entre el sistema penitenciario y el mundo exterior. Según Rajo, “en la Penitenciaría de Támara hay reos de todo tipo y hay gente con influencias externas. Hay reos que se comunican con gente importante de todas las esferas, la gubernamental, la militar,
la civil y la policial. Pero mientras actúen de acuerdo a derecho creo que no va a suceder ningún problema.”

Según el ex-secretario del Consejo Nacional contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, “las autoridades saben quiénes son los que manejan el crimen organizado y las bandas de delincuentes en el país”. Según Marvin Rajo,
“lo sucedido en Támara son cuestiones del crimen organizado. Y la rápida intervención de la policía evitó que hubiera más muertos, ya que si las granadas (que los reos tenían en su poder) hubiesen explotado, se estaría hablando de 50 ó 60 muertos”.

Algunas claves de la crisis del sistema judicial y penal hondureño han quedado al descubierto gracias a los informes elaborados eventualmente por algunos medios de comunicación, que revelan la gravedad del problema y la conducta indiferente y negligente del Estado ante el enorme poder que el crimen organizado está asumiendo en el país. En otro país, con una cultura política más evolucionada y con instituciones democráticas auténticas, ya habrían renunciado el ministro de Seguridad y otros funcionarios del sistema judicial y penitenciario por razón de estas masacres. No en Honduras. La inmoralidad y la falta de ética van juntas.

Óscar Álvarez renunció a su titularidad en la Secretaría poco antes de las elecciones del 27 de noviembre de 2005, por ser candidato a diputado por el Partido Nacional. Al conocer los resultados, en los que su partido fue derrotado, denunció que estaba recibiendo amanezas a muerte de parte del crimen organizado, por lo que el gobierno saliente lo nombró en un cargo diplomático en la embajada de Honduras en Estados Unidos.

Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos manifestaron su rechazo a este nombramiento y denunciaron que Álvarez estaba recibiendo una “beca” de 6 mil dólares mensuales a costa del erario público.

¿HABRÁ MÁS MATANZAS
CON EL NUEVO GOBIERNO?

Ante la masacre de Támara, el presidente electo, Manuel Zelaya, se limitó a decir que la Secretaría de Seguridad “ya no manejará los centros penales”, lo que podría interpretarse como que la causa de la crisis del sistema penitenciario radica en la Secretaría de Seguridad, dirigida por Óscar Álvarez, uno de los abanderados de la lucha contra las pandillas juveniles. De la declaración del nuevo Presidente también podría deducirse que la solución de un problema de esta magnitud se encuentra en el traspaso de funciones de una institución a otra.

¿Se pueden esperar cambios en estos turbios y preocupantes terrenos, que están corroyendo la frágil institucionalidad hondureña, con el nuevo gobierno de Manuel Zelaya? No será fácil para el nuevo gobernante, aún con la mejor de las voluntades, enfrentar un desafío tan complejo y enorme. Tal como están las cosas, y tan prolongado como ha sido el deterioro institucional, podemos esperar más matanzas, más amenazas y más macabros avisos de los cárteles del crimen organizado retando al nuevo gobierno a atreverse a gobernar sin ellos.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

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