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| Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 290 | Mayo 2006 |
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Nicaragua
Noticias del mes
DEUDA INTERNA: CENISA inicios de abril, la Contraloría General de la República (CGR) inició una investigación a profundidad sobre la deuda interna que agobia a Nicaragua por el pago que el gobierno está haciendo a tres bancos privados que compraron Certificados Negociables de Inversión (CENIS) emitidos por el Estado para cubrir la quiebra de cinco bancos privados durante el gobierno de Arnoldo Alemán. Los CENIS se negociaron a intereses altísimos, hasta del 21%. El principal de la deuda interna suma unos $500 millones. Desde 2001 hasta octubre 2005 el Estado ha pagado ya a esos tres bancos $285.1 millones. Y en los próximos siete años tendrá que pagarles $326 millones más. Las pruebas conducen a la evidencia de que la cartera de los bancos quebrados no superaba los $100 millones, índice de que hubo operaciones irregulares en la reclasificación de esas carteras, decidida entre las autoridades del Banco Central y los dueños de los bancos que se beneficiarían con los CENIS. A mediados de abril, la CGR denunció que se encontraba ante una “muralla estatal” que impedía su investigación. La componían la Superintendencia de Bancos, el Banco Central y las Juntas Liquidadoras de los Bancos quebrados, que se negaban a darle información aduciendo el sigilo bancario. El 27 de abril la Procuraduría General de la República ordenó levantar el sigilo.
DEUDA INTERNA: CENISDeclarar la nulidad de la deuda interna derivada de las quiebras bancarias respaldadas con los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), para legalizar y reestructurar a más largo plazo y a bajos intereses esa deuda, que lastra la economía de Nicaragua, ha sido desde hace más de un año una demanda constante de la Coordinadora Civil y de los economistas independientes Néstor Avendaño y Adolfo Acevedo. Incluso, introdujeron en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley con ese objetivo. Avendaño compaña, de forma gratuita, la investigación que lleva a cabo la Contraloría General de la República sobre los CENIS. Los máximos responsables de la emisión irregular de estos bonos, que han endeudado tan gravemente al país y enriquecido a varios bancos privados, son el ex-Presidente Arnoldo Alemán, el ex-presidente del Banco Central durante su gobierno, Noel Ramírez (aspirante a candidato presidencial del PLC), el ex-Ministro de Hacienda Esteban Duquestrada, prófugo de la justicia, y el ex-presidente de la Superintendencia de Bancos, Noel Sacasa, también prófugo de la justicia.
DEUDA INTERNA: CENISEn 2003, el Presidente Bolaños renegoció la deuda interna, cuyo pago es una prioridad indiscutible en su gobierno. Pero, según evidencias de la investigación de la Contraloría General de la República, esta renegociación fue también una operación irregular y mantuvo la deuda aún a muy altos intereses, beneficiando desproporcionadamente y con nuevas operaciones ilegales a los bancos con los que la renegoció. Los responsables de esta renegociación fueron el Presidente Enrique Bolaños, el entonces gerente general del Banco Central Mario Alonso y el entonces Ministro de Hacienda Eduardo Montealegre, hoy candidato presidencial de la ALN-PC y favorito de Estados Unidos, también accionista del Bancentro, uno de los tres bancos beneficiados con todas estas operaciones turbias y hoy bajo investigación, las que Montealegre ha calificado simplemente como “una ingeniería financiera”. A juicio de economistas independientes, todo lo que rodea, económica y políticamente, la emisión, circulación y cobro de los bonos CENIS constituye el fraude más grande de la historia de Nicaragua.
EMERGENCIA FORESTALEl 3 de mayo, el Presidente Bolaños decretó un Estado de Emergencia Económica ordenando detener, durante 180 días, la tala, transporte, manejo, procesamiento, almacenamiento, posesión, exportación y comercialización de recursos forestales en las dos regiones del Caribe y en los departamentos de Río San Juan y Nueva Segovia, suspendiendo garantías constitucionales a quienes aparezcan vinculados a estas actividades, y encomendando al Ejército vigilar, con este fin, 28 puntos estratégicos de estas zonas. El Presidente argumentó que el Ejército le había informado que miles de árboles cortados saturaban un río del Caribe Sur a lo largo de dos kilómetros de su cauce. Días después se confirmó: eran más de 7 mil caobas, especie en extinción en Nicaragua. La “emergencia” reveló el desorden total y la corrupción institucionalizada y generalizada que acabará en pocos años los bosques del país, generando millones a mafias madereras, en las que participan, según indican algunos informes oficiales, “grupos locales de poder político y económico”. Según la Procuraduría Ambiental, el 80% de la madera extraída en Nicaragua se extrae de forma ilegal. Se exporta después sin ningún tratamiento. Grupos ambientalistas y de derechos humanos cuestionaron la Emergencia por tardía y porque no resolverá el problema de fondo. Dirigentes políticos la rechazaron, revelando los intereses que están en juego en este negocio millonario. El decreto podría ser la oportunidad para un ordenamiento forestal, que nunca ha existido en Nicaragua.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica