La odisea de un campesino navegando en los mares del poder

Ulises vivió su Odisea navegando en los mares mediterráneos, plagados de poderes fantásticos. Vicente Padilla, un campesino de Matagalpa, vive sorteando los mares del poder de Nicaragua, azotados por embravecidas olas de corrupción. Conocer su personal odisea es asomarse a uno de los dramas estructurales más sentidos en Nicaragua: los problemas de la propiedad.

Caroline Nagy

Matagalpa, 2 agosto 2006. Llevando brotes de maíz y mantas en las que se leía “No me intimidarás,” más de cien campesinos, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad indígena matagalpina marcharon hacia el juzgado de Matagalpa exigiendo justicia para Vicente Padilla y para otros campesinos que junto a él luchan por sus tierras. Padilla es un pequeño productor de café orgánico y un líder en la comunidad de Yasica Sur.

Los manifestantes que acompañaban a Padilla ese día caminaron horas para llegar a Matagalpa acuerpando a Padilla, a quien consideran un referente en su lucha por la justicia y por la tierra. La energía que ha mostrado al no doblegarse ante un poder más grande que él y todo lo que ha tenido que sufrir por esa firmeza le han ganado un merecido reconocimiento.

El nombre de Vicente Padilla tiene una resonancia masiva y positiva en Nicaragua. Pitcher estrella en las Grandes Ligas de béisbol de Estados Unidos desde hace varios años, el chinandegano Vicente Padilla es un orgullo nacional. Los juegos en los que él es el lanzador -actualmente con el equipo de los Rangers de Texas- son transmitidos en directo en Nicaragua y seguidos al detalle y con pasión. Según la crónica deportiva, es el nicaragüense que recibe un más suculento salario en todo el mundo.

El Vicente Padilla de mi historia es otro. Es un campesino matagalpino pobre y valiente, con una trayectoria de compromiso y de dignidad tan tenaces que enorgullecen a quienes la conocen. Su historia resulta emblemática en el complejo y espinoso escenario que representan actualmente los problemas de propiedad de Nicaragua. Su caso ilustra la falta de voluntad que las instituciones jurídicas nicaragüenses tienen para proteger los derechos de los sin poder ante los intereses de los poderosos, el creciente costo social que provoca la falta de resolución de tantos casos pendientes y las tendencias hacia la contrarreforma agraria que hoy atraviesan Nicaragua.

VICENTE PADILLA CONTRA J.E. MCEWAN

Vicente Padilla tiene cinco años de estar enfrascado en una intensa lucha legal contra el gran productor cafetalero José Esteban McEwan, dueño de “Santa Emilia Estates”, la extensa finca que rodea la pequeña parcela propiedad de Padilla. La disputa se inició el 15 de enero de 2001, el mismo día en que Padilla regresaba a su casa en Yasica Sur -comarca perteneciente al municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa- después de participar en una procesión religiosa. Al llegar vio que unos obreros de McEwan habían entrado en sus tierras para abrir, a través de su parcela, una trocha para conectar “Santa Emilia Estates” con el camino principal de la zona.

Inmediatamente, Padilla entabló una demanda contra McEwan, alegando daños a su propiedad. Fue la primera de una larga serie de demandas mutuas que no han desembocado en nada, porque hasta hoy la tierra de Padilla sigue en disputa legal, complicada por una importante cuota de corrupción judicial y policial promovida por el enorme poder del que goza McEwan.

Padilla acusa a McEwan y a sus seguidores de amenazarme, golpearme, meterme preso, meter a los vigilantes, me¬ter al ejército, meter a la policía… Son muchas las calamidades que ha enfrentado en estos cinco años. Su esposa y sus hijos las han vivido traumáticamente y los defensores de los derechos humanos que han investigado y documentado este caso han recibido amenazas. Todo un despliegue de poder cansado por un terrateniente, dueño ya de casi dos mil manzanas de tierra, empeñado en apoderarse de las cinco manzanas de un pequeño productor rural.

Es David enfrentando a Goliat. Padilla se niega a abandonar una lucha que ha emprendido renunciando a la violencia. Entiende, desde que todo comenzó, que su esfuerzo es un capítulo importante dentro de una lucha justa y mucho mayor por la defensa de los derechos humanos de los campesinos de Nicaragua. Yo sé que esto no es sólo para mí, es para muchos más, por eso sigo, por eso no me detengo, dice convencido.

LA TORCIDA HISTORIA
DE CINCO MANZANAS DE TIERRA

Vicente Padilla es bajito, tiene un bigote poblado y no se desprende de un sombrero de palma. Su sonrisa es abierta, sincera. Obrero agrícola con sólo dos años de primaria, tenía 14 años cuando los sandinistas derrocaron a Somoza y llegaron al poder. Sin dudarlo, se hizo alfabetizador de otros que sabían menos que él durante la Cruzada de Alfabetización de 1980 y desde entonces no dejó de involucrarse en iniciativas comunitarias. En 1983 ingresó al Ejército Popular Sandinista, donde alcanzó el rango de teniente. Al terminar la guerra en 1990, se trasladó a Matagalpa y empezó a ahorrar dinero con su esposa Carmen y sus hijos. Hoy tiene seis, entre los 20 y los 7 años. Cuando su hermano Francisco le contó que había una parcela de cinco manzanas en venta cerca de la suya, en la comarca de Yasica Sur, se apresuró a aprovechar la oportunidad y en 1993 le compró la parcela a Wilfredo Blandón. A él se la había otorgado la junta directiva de la cooperativa Juan de Dios Muñoz en julio de 1991. Muchas cooperativas se disolvieron o se fragmentaron en los años posteriores al fin del gobierno sandinista.

El documento que recibió Blandón, firmado por los siete miembros de la junta de la cooperativa, le pareció suficiente a Padilla y a José Genaro Santana, su abogado en ese tiempo, para inscribir la propiedad en el registro público ese mismo año. Cuando José Esteban McEwan -confiscado por el gobierno sandinista en 1981- decidió regresar a Nicaragua en 1996, tras años de vivir en Estados Unidos, llegó decidido a recuperar sus tierras, que aún estaban mayoritariamente en poder de la cooperativa. Padilla lo supo, pero se sintió seguro: su parcela era legal, la había comprado en regla a su dueño y tenía el título de propiedad. Pronto descubriría su error.

El estatus legal de la parcela en la que Padilla y su familia han vivido y trabajado durante trece años es -como el de tantas otras cosas en Nicaragua- complicado y poco claro. La pequeña parcela en disputa es reclamada por los indígenas matagalpas como parte de su territorio ancestral y comunal. La reclama José Esteban McEwan como parte de su patrimonio familiar. La tuvo en propiedad el gobierno sandinista como parte de la propiedad estatal “área propiedad del pueblo” en los años 80. La consideraron suya los trabajadores de la cooperativa creada en 1990. Y al final de esta larga historia, Vicente Padilla dice que es suya porque la compró en 1993 por 15 mil córdobas oro, unos 7 mil dólares de ese entonces, sin imaginarse nunca lo cara que le resultaría en batallas legales, hostigamientos y violencia.

DE CONFISCACIONES, INDEMNIZACIONES,
COMPRAS Y VENTAS

Hasta la etapa revolucionaria esta disputada parcela formó parte de una finca de 1 mil 800 manzanas llamada “Santa Emilia”, propiedad de la familia McEwan-Mierisch. En 1981 fue nacionalizada y convertida en la estatal Empresa Juan de Dios Muñoz, administrada por la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC). Con el fin de la revolución en 1990 fue entregada a sus trabajadores en forma de cooperativa cafetalera.

Un año después, la junta directiva de la cooperativa separó cuatro parcelas de cinco manzanas cada una y las entregó a cuatro trabajadores, como remuneración individual por los servicios que habían prestado a la cooperativa. Uno de los cuatro fue Wilfredo Blandón, quien le vendió su parcela a Vicente Padilla. Otro fue Francisco, el hermano de Padilla.

El gobierno de Violeta Barrios de Chamorro decidió indemnizar a los confiscados. Las indemnizaciones han consistido en devolución de las tierras confiscadas, entrega de dinero en efectivo -fue el caso de Enrique Bolaños, actual Presidente- o entrega de bonos, que hoy son parte de la onerosa deuda interna que el gobierno paga, como prioridad nacional, a los bancos dueños de esos bonos.

María Ligia McEwan de Mierisch, hermana de José Esteban, fue indemnizada por el gobierno Chamorro con unos 7 millones de córdobas, más de 1 millón de dólares en aquel tiempo. Pero cuando José Esteban regresó a Nicaragua no se conformó y quiso recuperar las tierras familiares. En un primer momento, buscó comprar la parte que todavía era propiedad de los 80 miembros de la cooperativa, quienes entonces sólo luchaban por mantenerla solvente, un esfuerzo titánico, porque por faltarles un título colectivo o títulos individuales de propiedad no tenían posibilidad de acceder a créditos.

Al darse cuenta de las dificultades con las que estaban sosteniendo la cooperativa cafetalera, McEwan les ofreció asumir sus deudas y compensar a cada cooperativista con tres manzanas de tierra, sin tocar las cuatro parcelas que ya habían sido desmembradas de la cooperativa. La oferta creó contradicciones entre los campesinos: unos a favor de aceptarla y otros queriendo mantener el control de la cooperativa. Creyéndose dueño indiscutible de su parcela, Vicente no participó en el pleito, aunque de los dos lados lo buscaban. Como líder comunitario involucrado en varios proyectos de salud, nutrición y medio ambiente, y como Delegado de la Palabra de Dios -ministerio laico católico con liderazgo religioso en la zona- consideró lo más conveniente no tomar partido en un conflicto cada vez más enconado, que estaba causando tan profundas divisiones entre los socios de la cooperativa.

DE CÁRCELES Y CRÍMENES

La disputa se volvió crítica en 1998 cuando Gabino Páiz, uno de los cooperativistas que quería aceptar la oferta de McEwan, fue asesinado, y Nicolás y Claudio Díaz, líderes de los anti-McEwan y vecinos de Padilla, fueron acusados del crimen. En el juicio, Padilla testificó probando que no fueron ellos. A pesar de esto, Claudio y Nicolás fueron declarados culpables.

Como único testigo en un caso marcado por la falta de evidencias, el testimonio de Padilla sirvió finalmente para liberarlos, tras una apelación, en 2005. Para entonces ya habían padecido ocho años de cárcel y habían perdido sus tierras. Porque poco después del juicio, y con ambos líderes fuera de la contienda, la mayoría de los cooperativistas terminó aceptando la oferta de McEwan, y ese mismo año 1998 McEwan recuperó sus tierras. Después de eso, y durante tres años, hasta 2001, Vicente Padilla García vivió en paz con su familia rodeado por las tierras de la “Santa Emilia Esta¬tes” de nuevo en poder de McEwan.

DE INVASIONES, ÓRDENES JUDICIALES,
FALLOS E IMPUNIDADES

Pasé tres días con Vicente Padilla en su humilde casa en Yasica Sur y lo acompañé a San Ramón y a Matagalpa, a donde va casi a diario para reunirse con abogados, solicitar documentos y reunirse con compañeros que no le han abandonado en la lucha por su tierra. Otros amigos de la comunidad, presionados para que le retiraran su apoyo, ya no lo respaldan. Los entiendo, los entiendo muy bien, aguantar tanta presión no es fácil, la gente tiene muchas necesidades y de eso se aprovechan, me dice.

Por la noche y sentada a su lado, Vicente me enseña uno a uno el montón de documentos que ha acumulado en los últimos cinco años: citas judiciales, demandas legales, informes policiales, testimonios, recortes de periódicos… Una cantidad apabullante de reclamos, acusaciones y todo tipo de textos. Al querer ordenarlo todo me pierdo: ¿Esto sucedió en 2001 o en 2006? ¿Y esto, es de 2003 o es de antes? Son las pruebas de la odisea de un hombre navegando en los impredecibles mares de la corrupción.

Descubro que la invasión de su parcela en enero de 2001 fue nada más que el inicio de la carrera continua en una seria de alla¬namientos de su tierra llevados a cabo por McEwan, sus obre¬ros, sus guardias armados y también miembros de la Policía y hasta del Ejército, todos al servicio de este poderoso terrateniente. Incursiones hechas con el objetivo de robarle su café y destruir su propiedad, acompañadas de amenazas y de actos de violencia contra Vicente y su familia.

La mayoría de las veces estas invasiones han ocurrido a despecho de órdenes judiciales, que han resultado en cargos delictivos contra McEwan, incluyendo la de febrero de 2001, cuando la Policía de San Ramón emitió una orden de arresto contra él por los daños causados en la propiedad de Vicente Padilla. De nada valió. La corrupción que existe en el sistema judicial de Nicaragua y una eficaz intimidación de los testigos, permite que el sistema de justicia sea impotente para detener a McEwan y hacerle pagar por sus fechorías.

Un ejemplo. Evelyn González, Jueza Primero del Distrito Civil de Matagalpa, emitió por lo menos tres órdenes judiciales en 2004 y 2005 para que la Policía de San Ramón impidiera a McEwan entrar en la propiedad de Padilla. Estas órdenes eran consecuencia de varios fallos judiciales contra McEwan, el último, de agosto de 2005, cuando la misma jueza defendió el derecho de Padilla a sus cinco manzanas hasta que se resolviera definitivamente la cuestión legal de esa propiedad. Sin embargo, ni los fallos ni las órdenes de la jueza han frenado la impunidad con que siguió actuando McEwan.

DE JUICIOS, JUECES,
APELACIONES E INSPECCIONES

Después de una de las invasiones, la del 13 de septiembre de 2005, cuando los trabajadores de McEwan llegaron a la parcela de Padilla con otros hombres armados para amenazar a su familia y arrancarle por enésima vez los cercos que limitan sus tierras, Padilla logró entablar una demanda legal contra McEwan. El 16 de febrero de 2006 se realizó por fin el juicio. Cinco meses más tarde, y como parte de la investigación probatoria, el policía de Matagalpa Rafael García fue enviado a la parcela de Padilla para constatar los daños. Así lo hizo, pero se retractó después del informe de inspección que él mismo había redactado y firmado antes: informó esta vez que no había encontrado ningún daño.

Según testigos presentes en el juicio, García temblaba en el banco en el que estaba sentado mientras miraba nerviosamente hacia McEwan. Las canillas le brincaban, parecía un venado asustado, dijeron. El fiscal del caso insistió en que la jueza se presentara en la parcela de Padilla para constatar los daños. Acompañada por las cámaras de dos canales de la televisión, la jueza de San Ramón, Maribel Parrilla, reconoció los daños, pero cuando regresó a la sala del tribunal sentenció que McEwan y sus hombres eran inocentes.

Padilla apeló esta decisión y el caso se reabrió el 24 de marzo. McEwan llegó tarde al tribunal y en un vehículo de lujo, acompañado por un camión de carga que llenó con trabajadores de su finca. No más sentarse en el estrado, el juez Frank Rodríguez leyó un papel que traía preparado: fallo absolutorio para McEwan. La familia del terrateniente ovacionó al juez y los trabajadores de la finca que habían sido acarreados hasta el juzgado le hicieron eco. Otros trabajadores de McEwan se habían quedado fuera. Llevaban una manta que lucía el logotipo de State Street Coffee que decía: “Señoras y señores de las ONG, no intervengan en la justicia nicaragüense”. A pesar de la tensión palpable entre quienes apoyaban a Padilla y la gente que esta “portátil”, no se produjo ninguna confrontación entre ambos bandos.

DE POLICÍAS, MILITARES Y RUMORES

De todos los atropellos legales que ya ha sufrido, Padilla considera éste el colmo. No logra tragarlo. Me conduce, bordeando los límites de su parcela, y hace que me detenga cada varios metros para mostrarme cada uno de los pedazos del alambre de púas que le servía de cerco y que le robaron. Aunque tras otras incursiones él reconstruyó el cerco, esta vez lo ha dejado tal como se lo dejaron los invasores. Me insiste en que apunte todos los daños para que, ya que el juez no los tuvo en cuenta, sí lo tengan en cuenta los lectores de este texto. ¿Mira estas marcas de hacha en el árbol? ¿Mira estos hoyos donde estaba el poste? ¿Mira este pedacito de alambre en el lodo?... Y me dice que lo mire todo con una voz tan triste como firme.

El truco que McEwan ha empleado para manipular a la Policía local y hasta a los militares que allanan la propiedad de Padilla ha sido acusarlo de conservar un arsenal de armas, con las que lo amenaza. El 23 de octubre de 2005, cuatro efectivos del Ejército a las órdenes del jefe del Sexto Comando Regional Militar, rodearon la casa de Padilla. Llegaron preparados para una confrontación armada. Llegaron salió de su casa tranquilo y se reunió con los soldados por más de tres horas, informándoles de los detalles de su disputa legal con McEwan. Parte de la conversación fue grabada y en ella los militares reconocen que habían sido utilizados para defender los intereses de un ciudadano privado.

Tres días después, fue la Policía Nacional la que llegó para buscar el supuesto arsenal de Padilla. Sólo encontraron y decomisaron algunos cohetes de los que alegran las procesiones religiosas. Cuando le pregunto a Padilla dónde había logrado “esconder sus armas”, me señala riendo el techo de su casa: Están en el techo. Lo miro curiosa y me explica: Cuando nos desmovilizaron en 1990, cuando la guerra acabó, entregué mis tres fusiles AK a las brigadas de desarme y con lo que me pagaron por ellos compré estas láminas de zinc para techar mi casa.

DE ANTIMOTINES, VIOLENCIAS,
VERSIONES FALSAS Y ABUSOS DE PODER

El ultraje más reciente sufrido por Vicente Padilla ocurrió el 29 de diciembre de 2005, cuando McEwan llegó personalmente a su casa en su lujosa camionetona color plata acompañado de siete miembros de las fuerzas policiales TAPIR (Tropas Armadas para Intervención Rápida) y con una orden judicial que lo nombraba “interventor” de las cinco manzanas de Padilla y le daba control sobre la propiedad y sus cafetales hasta que se resolviera la disputa legal. Aunque la jueza González Betancourt ya había fallado que Padilla era el “interventor” de esa parcela, McEwan acudió a otra jue¬za, Marta Loáisiga, recibiendo de ella una orden a su favor.

Según la familia de Padilla y otros testigos oculares, los TAPIR atacaron brutalmente a Padilla cuando salió de su casa “armado” únicamente con una cámara de fotos. Parado en el mismo punto en donde los policías comenzaron a golpearlo, Padilla me muestra cómo sacó la cámara de su bolsillo para tomarles una foto cuando le apuntaban con sus armas. Pero al tratar de tomar la primera foto, sentí un golpe en la cabeza desde detrás, me cuenta. Tras caer al suelo, los policías lo golpearon con las culatas de sus fusiles y lo patearon hasta quebrarle una costilla. Los testigos aseguran que algunos siguieron pateándolo aún después de que, ya inconsciente, lo esposaron y le ataron los pies. Mientras, otros policías cayeron encima de los dos hijos mayores de Padilla, Wilmer y Byron, de 20 y 16 años, los golpearon y los rociaron con gases lacrimógenos.

La versión de la Policía es otra. Dicen que Padilla, sus hijos y otros campesinos que trabajan con Padilla en su parcela, salieron a enfrentarlos, todos armados con machetes y que las heridas de Padilla fueron el resultado de la lucha que tuvieron que entablar hasta controlarlos. Admitiendo esta versión, resulta un verdadero “milagro” que los policías no tuvieran que disparar una sola bala ni sufrieran una sola herida. Padilla niega con vehemencia lo que dice la Policía: Todo campesino sabe manejar un machete. Si yo los hubiera atacado con un machete, ellos me hubieran disparado. Abogados de derechos humanos que investigaron los hechos señalaron la inconsistencia de la versión policial. Padilla, sus hijos y otros cuatro hombres que estaban presentes fueron detenidos, aunque no los acusaron de nada. Vicente y Wilmer pasaron dos días en la cárcel, mientras policías de Matagalpa y los guardias de McEwan protegían con sus armas a los trabajadores de McEwan, que entraron a la parcela de Padilla a cortar campantemente su café, apropiándoselo.

Estos hechos no son excepcionales en Nicaragua. Reflejan la parcialidad policial y su falta de profesionalismo por un uso excesivo, desproporcionado e injustificado de la fuerza. En febrero 2006, la Policía de Nicaragua mató a tres personas en un desalojo de tierras en Chinandega y en abril el joven matagalpino Melvin Elmer Vega, de 15 años, fue golpeado con tanta brutalidad por unos policías, que vieron en él a un pandillero, que le destrozaron un riñón. Padilla dice que los policías antimotines que le quebraron a él una costilla fueron los mismos que golpearon tan cruelmente a este muchacho.

DE INTIMIDACIONES, AMENAZAS,
AISLAMIENTOS Y RESPALDOS

Además de este exceso de violencia han abundado las intimidaciones. El 9 de agosto de 2005 un guardia armado amenazó a los hijos de Padilla mientras reconstruían el cerco que un mes después volvió a destruirles la gente de McEwan. Esto sucedió en presencia del juez ejecutor Gamaliel Rivera, quien supervisaba la reconstrucción del cerco, de acuerdo a la orden judicial que nombraba a Padilla “interventor” de su propia parcela. Según los hijos de Padilla, cuando el juez se identificó e informó al guardia de McEwan del fallo a favor de Padilla, éste respondió que nunca había oído de ningún fallo judicial y que estaba dispuesto “a matar” para defender a su amo. En otras ocasiones, la familia de Padilla ha oído disparos sobre la casa y afirma que los guardias armados del terrateniente entran a la parcela para intimidarlos cuando saben que Vicente no está.

La intimidación se extiende a otros campesinos de la comarca para que no apoyen a Padilla. Pretenden aislarlo. Es una intimidación que prospera porque estos campesinos tampoco tienen seguridad legal en sus tierras y temen que si apoyan a Padilla, McEwan los tendrá en su poderosa mira. No parece ocurrírseles que para McEwan la legalidad no cuenta. Hasta Francisco, el hermano de Vicente Padilla, le ha dicho que no podrá seguir respaldándolo porque la gente de McEwan lo ha amenazado con quitarle su parcela, porque él aún no tiene título de propiedad.

Los años de lucha han forzado a Vicente a renunciar a su activismo comunitario, el que hizo de él un líder local que participaba en cuanto proyecto humanitario aparecía por esos lados. Vicente empieza a sentirse solo: Hay mucho aislamiento conmigo, por la misma presión que hace ese hombre en contra de las personas.

Pero Vicente Padilla no está solo. Varias organizaciones de derechos humanos han hecho suyo su caso: el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la estatal Procuraduría de Derechos Humanos y el Comité Ecuménico de Personal Religioso de Habla Inglesa (CEPRHI). Algunos activistas de estas organizaciones han sido amenazados por McEwan y sus abogados. Acompañado siempre por sus guardaespaldas, McEwan entregó personalmente a la activista Perla Sarria, del CENIDH, una carta en un sobre de State Street Coffee fechada el 16 de diciembre de 2005, advirtiéndole que abandonara el caso. Otros activistas recibieron una carta similar, redactada por el bufete de abogados Taboada y Asociados de Managua. Se les advertía que “al apoyar ustedes al Señor Padilla García automáticamente se convierten en coautores de los ilícitos cometidos por el Señor Padilla García”.

¿CAFÉ ÉTICO? ¿EMPRESA ÉTICA?

¿Qué es State Street Coffee, el nombre que aparecía en la manta que llevaron los trabajadores de McEwan hasta el juzgado, el que aparece en el sobre de las intimidantes cartas de los abogados de McEwan? Es una empresa estadounidense de café que pertenece al inversionista estadounidense Víctor Yanovich y que se presenta como una importadora de “café ético” cultivado en la finca “Santa Emilia Estates”, que a su vez se presenta con la etiqueta de “empresa ética”. Por si no fuera suficientemente antiética la actuación de estos empresarios con Padilla y su familia, los McEwan y “Santa Emilia Estates” están también señalados y acusados por explotación de mano de obra infantil en su finca y por daño al medioambiente en su propiedad.

A pesar de esto, la Coalición de Inversiones Éticas (CERES) incluye a State Street Coffee en su lista de empresas socias por promover la sostenibilidad social y el cuidado del medioambiente. State Street Coffee también dice adherirse a las normas de la Global Reporting Initiative, que promueve la responsabilidad social y la defensa del medio ambiente. Bibiana Garcia-Romeu, asesora de State Street Coffee para la política social y medioambiental ha participado como ponente en una conferencia patrocinada por Social Accountability International, cuya consigna “Protegiendo los derechos humanos de los trabajadores en el mundo” suena hueca ante todo lo que ha hecho State Street en el caso de Vicente Padilla.

El café de la parcela de Padilla cortado en diciembre de 2005 por mujeres y niños vigilados por guardias armados mientras Padilla estaba injustamente en la cárcel con una costilla quebrada, podría estar comercializándose ahora mismo en Estados Unidos y podría estar siendo comprado por ingenuos consumidores estadounidenses como un delicioso “café ético”…

DE ECOLOGÍA Y GUARDABARRANCOS

Vicente Padilla y sus dos hijos se han recuperado ya de sus heridas físicas, pero la familia permanece traumatizada tras cinco años de sufrir el terrorismo de McEwan y de padecer la venalidad estatal que lo protege. Los niños de Padilla, testigos de todo, sufren claramente de lo que se conoce como síndrome de estrés post-traumático. Carmen, la esposa de Vicente, es la que más ha sufrido. En un examen realizado por la sicóloga María Eugenia Parajón, del Centro de Mujeres Ixchen, se le diagnosticó depresión severa con características melancólicas. El informe señala que tiene problemas para dormir, teme salir de su casa, ha perdido peso y apetito y está constantemente preocupada por la suerte de su familia.

También está dañada la integridad ambiental de la tierra de Padilla. Él llevaba mucho tiempo trabajando como activista ambiental y en el tiempo en el que vivía en paz en su parcela emprendió varios proyectos para mejorar ecológicamente sus tierras, logrando que su café obtuviera la certificación de café orgánico. Cuando todavía tenía pleno control sobre sus cafetales vendió la cosecha a la Cooperativa Carlos Fonseca de café orgánico de Matagalpa. Pero desde que ocupó su parcela como “interventor”, McEwan empezó a emplear pesticidas y fertilizantes químicos, lo que perjudicará la certificación de café orgánico si Padilla recupera algún día su tierra.

Caminando por su parcela, Vicente me señala un cerro en la propiedad de McEwan, cubierto de cafetales y de arbolitos tan bajos y tan jóvenes que no brindan buena sombra al café. Según una demanda entablada por el Bufete Jurídico Ambientalista 4 de Mayo, esta colina, hoy deforestada por McEwan para sembrar café, era antes el hábitat de una variedad de especies animales y tenía cinco fuentes de agua. Los animalitos se fueron y las fuentes se están secando, por el mal manejo ambiental que ese hombre le ha dado a esa tierra, se lamenta Vicente.

La gran propiedad de McEwan contrasta con la pequeña parcela de Padilla, en donde árboles maduros y bien ubicados protegen con su sombra los cafetales y en donde mana un pequeño ojo de agua. Mientras Padilla me explica los diversos métodos que ha usado para proteger las fuentes de agua y el ecosistema de su tierra, un guardabarranco, el pájaro nacional de Nicaragua, hoy en peligro de extinción, se posa en uno de los árboles que nos rodean, como si Vicente lo hubiera llamado como testigo de todo lo que me cuenta. Padilla se acerca con cautela hacia él para no asustarlo, y me señala a su pareja, posada en otro árbol. No les quedan ya muchos lugares por aquí, vuelve a lamentarse.

Vicente Padilla García, un veterano condecorado del Ejército Sandinista, un campesino que alfabetizó a sus hermanos teniendo tan sólo dos años de escuela, un exitoso productor de café orgánico, un activista de la salud comunitaria, un cristiano Delegado de la Palabra comprometido con la transformación de su realidad y con la no-violencia, aparece ante mí como un héroe. Su pequeña figura se agiganta ante la corpulenta figura del avaro, corrupto, abusador de poder y violento José Sebastián McEwan. Pero como las disputas de propiedad no se deciden en Nicaragua -ni en ningún país- en base a las virtudes de sus protagonistas, es necesario ampliar un poco más la historia de este conflicto, muy similar en sus raíces a muchos de los conflictos de tierras que se generan en varias zonas de esta Nicaragua.

DE EXPROPIACIONES, CIVILIZACIÓN,
ALZAMIENTOS Y TRABAJOS VOLUNTARIOS

Antes de que estas tierras fueran un extenso cafetal, antes de que fueran la cooperativa de obreros agrícolas beneficiados por la revolución sandinista, y antes de que una pequeña parte de ellas fuera el medio de vida y el sueño de un campesino llamado Vicente Padilla, estas tierras, como la mayoría de las tierras de esta zona, pertenecieron a la comunidad indígena de Matagalpa. Según Reynaldo Manzanares, el abogado de Padilla, la comunidad indígena tiene en su poder un título otorgado por el Rey de España en el siglo XVI y registrado por última vez en 1992, que la hace propietaria no sólo de toda la finca “Santa Emilia Estates”, sino de extensiones de tierra mucho mayores.

Por esta razón, Manzanares ha introducido también en el caso de Padilla a los indígenas matagalpas como tercera parte en conflicto y con un reclamo más antiguo, con el objetivo de que haya que resolver primero el caso de los indígenas y así ganar tiempo en el caso McEwan-Padilla. Si el reclamo indígena se considerara válido, se crearía un caos jurídico y serían afectadas muchas propiedades de esta zona de Nicaragua. Pero Manzanares insiste en que la comunidad indígena no pretende desalojar a nadie y lo único que busca es “reconocimiento y reparaciones”. Lo que quieren es que se les devuelva el derecho que perdieron, afirma. Padilla apoya esta estrategia legal porque se identifica plenamente con la justicia histórica que reivindican los indígenas. Él, cuando conoció del reclamo que mantenían pendiente, le pidió permiso a la comunidad indígena para seguir ocupando y disfrutando su parcela. Los indígenas le dieron ese permiso en noviembre de 2005.

Desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, Matagalpa vivió el gran auge del café. Lo alimentaron las políticas oficiales de expansión de este rubro, iniciadas tras la expropiación de unas 200 mil manzanas de tierras indígenas. En 1881, en protesta por estas leyes, que sentaron las bases de los latifundios cafetaleros, unos 3 mil indígenas ocuparon Matagalpa, en lo que fue el alzamiento indígena más grande del siglo en Nicaragua. Bajo el supuesto que sirvió de base a la expropiación -el latifundio es bueno para Nicaragua y este sistema sacará a los indígenas de su ignorancia-, el gobierno inició la política de “civilizar” a los indígenas “reduciéndolos”: tras expropiar sus tierras, los concentró en centros poblacionales aislados, disminuyendo así su número y su poder. A los indígenas desplazados se les solía forzar a trabajar “voluntariamente” en los cafetales sembrados por los nuevos propietarios en sus tierras ancestrales. De esta forma, hubo abundante mano de obra barata y así se alimentó el auge de la exportación de café.

DE INJUSTICIAS Y DESIGUALDADES

En la actual disputa entre McEwan y Padilla, a nadie se le ha ocurrido preguntar cómo obtuvo estas tierras esta familia de terratenientes. Según la versión de ellos mismos, que aparece en la página web de “Café Sol y Agua”, otra finca de los McEwan-Mierisch, la familia de nuestra madre llegó a Nicaragua desde Escocia a finales del siglo XIX. Nuestro abuelo, Esteban McEwan-Blandón, se casó con una bella muchacha nicaragüense, Mina Callejas de McEwan, y se asentó en Matagalpa para cultivar café. Desde entonces, la familia McEwan-Mierisch ha sido una de las familias productoras de café más grandes de Nicaragua. Además de “Santa Emilia Estates” y “Café Sol y Agua”, participaron en los años de la guerra en la década de los 80 en la creación de “Contra Café”. Mientras “Sol y Agua” canta los valores de un café ético y socialmente comprometido, amigo de la tierra y defensor del bosque húmedo, la página web de “Contra Café”, llevaba un retrato de Ronald Reagan con esta consigna “¡Alzate con los luchadores por la libertad!”

Las tierras en poder de la familia McEwan-Mierisch se incrementaron a lo largo del siglo XX. La fecha en que adquirieron las cinco manzanas donde hoy vive y lucha Vicente Padilla no es exacta. En la carta de amenaza que recibieron los activistas de derechos humanos se afirma que el título de propiedad data de 1932. En otras ocasiones, McEwan ha afirmado que su familia obtuvo esa tierra en 1968. En cualquier caso, las 1mil 800 manzanas que la familia poseía en vísperas de la revolución sandinista, formaban parte de un inequitativo patrón de tenencia de la tierra, en el que un 1.4% del total de fincas de Nicaragua comprendía el 41.2% de toda la tierra apta para cultivar, mientras el 50% de las fincas más pequeñas apenas abarcaba el 3.4% de la tierra de cultivo.

DE TÍTULOS, TITULACIONES, “GRINGOS CAITUDOS” Y “PRODUCTORES PATRIOTICOS”

Al ser confiscada “Santa Emilia Estates” en 1981, estas tierras formaron parte de los más de 8.8 millones de manzanas de tierra agrícola que pasaron a manos del gobierno revolucionario por la Ley de Reforma Agraria. El Estado conservó la propiedad y contrató a los campesinos como obreros agrícolas en muchas de las empresas estatales que creó con las tierras confiscadas a los Somoza y a latifundistas como los McEwan. En el caso de “Santa Emilia Estates”, los trabajadores tenían derecho al usufructo de la tierra. Esta situación se mantuvo hasta 1990, cuando la empresa estatal se transformó en cooperativa y la propiedad pasó a nombre de la cooperativa, pero no a los de sus socios individuales.

Al terminar la revolución sandinista, la falta de titulación y de inscripción de las propiedades que cambiaron de dueños en tan pocos años se volvió un problema crucial, que está hoy en la raíz de interminables e irresueltos conflictos de propiedad por todo el país. Uno de los errores de los sandinistas fue pensar que la revolución iba a ser eterna, por eso no le dieron importancia a legalizar los títulos de propiedad, dice Harold Urbina, un activista de derechos humanos involucrado en el caso Padilla desde el comienzo.

Otro error fue entregar tierras en propiedad colectiva en vez de priorizar la entrega de parcelas individuales. Y en lo que puede calificarse como un reconocimiento tácito de la cuestionable legalidad de algunas de las propiedades reformadas, los legisladores sandinistas aprobaron el 30 de marzo de 1990, en el último mes en el que estuvieron en el gobierno, la Ley 88, que otorgó estatus legal ex post facto a todos los traspasos de tierra agrícola realizados bajo la bandera de la reforma agraria. Esta ley también autorizó a todos los beneficiarios de la reforma agraria a vender, ceder, traspasar, heredar o efectuar cualquier otra forma de enajenación de sus tierras. Este derecho -que no existía bajo la reforma agraria de los años 80- fue lo que “legalizó” el traspaso de cinco manzanas de la cooperativa a Wilfredo Blandón, las cinco manzanas que después compró entusiasmada y “legalmente” Vicente Padilla.

Durante el gobierno de Violeta de Chamorro, el gobierno de Estados Unidos, representando a los nicaragüenses confiscados -muchos de ellos convertidos en ciudadanos estadounidenses tras la enmienda Helms, que endurece la relación de Estados Unidos con los gobiernos extranjeros que confisquen a ciudadanos estadounideneses- apoyó sus reclamos, complicando aún más los ya agudos problemas de propiedad. El hecho de que incluso los así llamados “productores patrióticos” -porque entregaron sus propiedades a la reforma agraria para apoyar la revolución- reclamaran a partir de los años 90 que se las devolvieran, alentó a McEwan a jugar a dos bandas. Mientras por un lado buscaba el apoyo de la embajada de Estados Unidos como ciudadano gringo, por otra reclamaba ser un “productor patriótico”, a pesar de que había estado fuera de Nicaragua en todos aquellos años. Y como otros, exigió la devolución de la finca, a pesar de que su familia ya había recibido en 1994 una indemnización por esa propiedad. En un acto de perversión legal, los abogados de McEwan presentaron la entrega de indemnización firmada por la hermana de McEwan -en la que renunciaba a reclamar la devolución de las tierras de “Santa Emilia Estates”- como evidencia en contra de Padilla, argumentando que era una prueba de que McEwan es el legítimo dueño histórico.

¿UN LABERINTO SIN SALIDA?

Los problemas de la propiedad en Nicaragua son un laberinto al que no se le ve salida. En mayo de 2005 había aún 768 reclamos no resueltos contra el gobierno por las confiscaciones de los años 80, una mitad entablados por nicaragüenses convertidos en ciudadanos de Estados Unidos. Son generalmente los más tenaces en negarse a recibir una compensación económica e insisten en recuperar su propiedad.

Hasta 2005 el gobierno nicaragüense había pagado el equivalente de 1 mil 500 millones de dólares en indemni¬zaciones negociadas, y aún debía 900 millones más por este concepto. Un vocero de la embajada de Estados Unidos sugirió hace unos años que el gobierno de Nicaragua debería devolver todas las propiedades en disputa a sus dueños “originales” para evitar emitir más bonos de indemnización que aumentan la deuda interna y para promover la confianza de los inversionistas extranjeros. ¿Ignoraba que, a pesar de sus contradicciones, las varias leyes emitidas para resolver los problemas de propiedad, reconocen la necesidad de la compensación económica en los casos en los que no es posible desalojar a las personas que ocupan esas tierras?

En este laberinto, todas las ventajas las tienen los ricos y poderosos. La falta de títulos y de otros documentos formales y legales, la necesidad de contar con abogados capaces de nadar en el mar de leyes nada claras ni coherentes que ya existen, y la corrupción endémica del sistema judicial y de la Policía les dan amplia cancha de juego a las manipulaciones de quienes tienen dinero, vínculos de poder y habilidades tramposas y dejan a los pobres en total desventaja.

Es con esa profunda desventaja que Padilla continuará su batalla legal contra McEwan. La comunidad indígena de Matagalpa ha reclamado contra “Santa Emilia Estates”. Padilla demandará a McEwan y a la Policía de Matagalpa por el asalto de diciembre de 2005. Sigue temiendo por la vida de su familia y por la suya, porque hombres armados de McEwan no dejan de llegar a su casa para amenazarlo. Padilla y los que le apoyan contemplan dar un próximo paso audaz: desarrollar una campaña en Estados Unidos para boicotear el nada ético café de State Street Coffee. El único paso que Padilla ni considera dar es el de la rendición:Yo creo que un día se entenderá que mi lucha es justa y que estoy haciéndola pacíficamente. Confío en que eso llegará algún día y que me darán la razón y que yo veré ese día.

ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS.

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