Nicaragua
“Se va a poner a prueba de qué está hecha nuestra sociedad civil”
Silvio Prado, investigador y miembro de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, analizó el diseño de “participación” que se desprende de la creación, por Decreto, del Consejo de Comunicación y Ciudadanía,
-presidido por Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega-
y las consecuencias que podría tener para las experiencias de participación ciudadana ya existentes, en una charla con Envío, que transcribimos.
Silvio Prado
La publicación, el 10 de enero, en La Gaceta, diario oficial del Estado, del Decreto 03-2007, el tercero de los decretos emitidos por el Presidente Daniel Ortega, el mismo día que estrenaba su Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional “Unida Nicaragua Triunfa”, ha generado grandes reocupaciones en diversos sectores del país. Sin tener total claridad sobre los alcances del Decreto, y sobre los plazos de su implementación, podemos adelantar ya unas primeras reflexiones.
El Decreto reforma la Ley 290, Ley de Organización del Poder Ejecutivo y, entre otras cosas, crea cuatro nuevos Consejos Nacionales: el de Políticas Nacionales, el de Seguridad y Soberanía Alimentaria, el de la Costa Caribe y el de Comunicación y Ciudadanía. Para cada uno de ellos, el Presidente Ortega nombró Coordinadores: a Paul Oquist en el de Políticas Nacionales, a Orlando Núñez en el de Seguridad Alimentaria, y a su esposa Rosario Murillo en el de Comunicación y Ciudadanía.
Creación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía dirigido por Rosario Murillo
Nos centraremos en el Consejo que tiene al frente a Rosario Murillo, no sin antes señalar que el nombramiento de la esposa de Daniel Ortega para este cargo viola la Constitución de la República. En las reformas constitucionales de 1995 quedó establecido que ningún pariente del Presidente, en cuarto grado de consanguinidad y en segundo de afinidad, puede ser funcionario del Estado. Murillo afirma que no existe ninguna ilegalidad porque ella fue “delegada” y no “nombrada” y porque no cobrará salario.
Pero, ¿cómo se entiende que una persona que es delegada, y por tanto no tiene la autoridad de un nombramiento, coordine desde el Consejo de Comunicación y Ciudadanía varios ministerios -como establece el Decreto- y que también coordine toda la actividad presidencial y los medios de comunicación públicos? Es inconstitucional el excesivo poder que se le ha delegado porque la norma constitucional se estableció para evitar el nepotismo, para evitar que una familia controle el gobierno. Y el nepotismo es un problema político, no es financiero.
Como si nunca hubiera existido legislación sobre participación ciudadana…
Al leer el Decreto 03-2007 se aprecia una gran diferencia entre la descripción de las tareas de los otros tres Consejos y la de éste de Comunicación y Ciudadanía. Se aprecia una elaboración muy desigual, tanto en la redacción misma como en la precisión de los objetivos, lo que sugiere que fueron redactados independientemente y después yuxtapuestos. La confusa redacción que describe especialmente el Consejo de Comunicación y Ciudadanía transmite otra impresión: que fue elaborado sin mucho cuidado y de prisa. Impresiona también que pareciera como si antes del Decreto no hubiera existido en Nicaragua ninguna legislación relativa a la participación ciudadana. Parece redactado para un país acabado de crear. Y en Nicaragua ya ha llovido mucho. Por eso es necesario comparar todo lo hecho en estos años con lo que ahora se propone.
La Ley de Participación Ciudadana existe desde 2003
Desde finales del año 2003 Nicaragua cuenta con la Ley 475, Ley de Participación Ciudadana. La Ley fue introducida en la Asamblea Nacional por un grupo de la sociedad civil, en el que tomamos parte activa cuatro “locos”, entre los que recuerdo a Alejandro Bravo, Gustavo Vega, Esperanza Silva y Eduardo Mangas. Queríamos anticiparnos a lo que podía pasar…a lo que va a pasar.
El modelo de participación ciudadana que se propone en esta Ley se inspira en el concepto de democracia participativa y en sus argumentos: se aprende a participar participando, y esto implica intervenir en las decisiones de los que mandan; la participación mejora la eficacia política, fomenta la autonomía de la gente frente a las autoridades y es decisiva para construir una ciudadanía activa y crítica.
La Ley 475 tuvo sus antecedentes. No puede hablarse en Nicaragua de democracia participativa, de participación ciudadana y de construcción de ciudadanía sin mencionar la autonomía municipal, promulgada constitucionalmente en 1987; y sin referirse a la Ley de Municipios de 1988 y a las elecciones municipales de 1990. En la Constitución de 1987 y en las reformas constitucionales de 1995 se restauró la autonomía municipal, confiscada por Somoza a nuestros municipios. La Ley de Municipios de 1988 y su posterior reforma empezó a dar forma a esta autonomía. Y en 1990, la elección directa de alcaldes y concejales comenzó a construir la autonomía del poder local.
La participación ciudadana nació en los municipios
Fueron también antecedentes de la Ley 475 la Ley 376, Ley de Régimen Presupuestario Municipal, que cambió el concepto de la participación de los ciudadanos en los municipios, al pasar de una limitada participación coyuntural -inspirada en la Ley de Municipios-, que hacía de los cabildos abiertos el máximo espacio de participación, a darle a la participación ciudadana el carácter de proceso, obligando así a los gobiernos municipales a consultar con los ciudadanos, en distintos espacios, el presupuesto municipal, las inversiones, los gastos e ingresos. A consultarles qué hacer con el dinero del municipio. Esta ley estuvo inspirada en el modelo de Presupuesto Participativo estrenado de forma innovadora en Porto Alegre, Brasil. Fue también antecedente de la Ley 475 la discusión que se dio antes de la aprobación de la más reciente Ley de Transferencias Municipales.
Esto demuestra que hay todo un cuerpo de leyes apuntalando la participación de la ciudadanía, que no ha sido tomado en cuenta para nada en el Decreto 03-2007. No alude este Decreto a ningún antecedente, no hace referencia a ninguna experiencia anterior ni tiene en cuenta la normativa de la Ley de Participación Ciudadana, vigente desde hace tres años, a pesar de que los diputados del FSLN participaron activamente en la fase de consulta y después la aprobaron.
En Nicaragua, la participación ciudadana nació en los municipios. Los municipios fueron los primeros espacios de participación autónomos que discutieron localmente los planes de desarrollo. Años más tarde se empezaron a formar o se reactivaron los Consejos Nacionales Sectoriales, espacios consultivos adscritos a los ministerios, donde sectores organizados de la ciudadanía interactuaban con las autoridades nacionales en la formulación y seguimiento de determinadas políticas públicas.
Hasta hoy han existido un centenar de estos Consejos. Por supuesto que no todos funcionaban. Algunos eran sólo de papel por falta de voluntad política, pero ha habido otros que sí han funcionado, como el Consejo Nacional de la Producción, en el que los productores organizados interactuaban con funcionarios del Ministerio de Agricultura. O el Consejo Nacional de Lucha contra la Mortalidad Materna, donde organizaciones de mujeres lo hacían con el Ministerio de Salud. Sin embargo, estos Consejos ya existentes -nada menos que un centenar- son totalmente desconocidos en el Decreto.
Con el tiempo, los espacios de participación en los municipios fueron adquiriendo un formato más variado y complejo de lo que la legislación y la práctica municipal establecían: sesiones públicas del concejo municipal, cabildos abiertos y algunas asambleas de consulta con la población.
El espacio más ambicioso que se creó fueron los Consejos de Desarrollo Departamental
A final de los años 90, me tocó hacer un estudio sobre esto y encontré que en casi todos los municipios existían procesos de discusión, y que los Comités de Desarrollo Municipales -las últimas instancias creadas por la Ley- eran las más débiles. Eran como el pariente pobre de la familia de la participación ciudadana, debido a la heterogeneidad de formatos que presentaban y a la falta de definición de funciones específicas. Hasta que años después llegó la Ley de Participación Ciudadana y se les definieron funciones específicas y comenzaron a fortalecerse.
Lo último que se creó como espacio de participación -para mí la mayor innovación dentro de la administración pública de Nicaragua- fueron los Consejos de Desarrollo Departamental. En este espacio, de perfil más ambicioso que los demás espacios participativos, se coordinan los delegados de los ministerios, las asociaciones de alcaldes de los departamentos y las asociaciones de la sociedad civil. A solicitud del Grupo Promotor de la sociedad civil, la Ley incorporó, como deseable, que también estuvieran presentes representaciones de los otros Poderes del Estado: los jueces de los departamentos y los diputados departamentales, para que en este espacio los diputados rindieran cuenta de sus actuaciones. Sin embargo, esto no se ha logrado en ninguno de los Comités de Desarrollo Departamental, salvo muy escasas excepciones.
Existía, pues, todo un entramado participativo, que aspiraba a dar un carácter deliberativo a la toma de decisiones del gobierno, que apostaba a la coordinación en torno a las políticas públicas entre autoridades y ciudadanos, y que se convirtió en un proceso de aprendizaje de ciudadanía, cuando a finales de 2003 la Ley de Participación Ciudadana formalizó este esquema.
La Ley representó tres importantes avances: relacionó la participación ciudadana con las políticas públicas, definió por fin las competencias de los Comités de Desarrollo Municipales -que dejaron de ser el eslabón más débil del sistema- y creó las asociaciones de pobladores en barrios y comarcas.
Cuando la gente descubre “para qué” organizarse…
La Ley de Participación Ciudadana no obligó a los ciudadanos a concurrir a ninguno de estos espacios. La participación no puede ser obligatoria. No es fácil organizar a la gente, no es fácil motivarla a participar. Cuando me tocó trabajar en Camoapa allá por 1994, nadie quería saber nada de organización. Mencionar esa palabra era como mentarles al diablo.
En Camoapa, como en otras zonas de Nicaragua, nunca había habido ninguna organización clásica. No era necesaria, porque los ganaderos en sus fincas tienen como colonos a sus propios trabajadores, y éstos para resolver sus necesidades acudían directamente al patrón, que también era la autoridad. No había que formar asociaciones de ningún tipo. Patrones y jornaleros se relacionan directamente y punto. Organizar a la gente en estas zonas, y en cualquier otra, requiere esfuerzo, lleva mucho tiempo. Pero cuando la gente descubre la utilidad del “para qué” organizarse, la cosa cambia unos por utilitarismo y otros por interés comunitario.
En San Pedro de Lóvago, en Chontales, me dijeron en una comunidad: “Nadie le va a hacer caso a usted, sólo cuando nos veamos obligados por la necesidad o cuando veamos el beneficio”. Y efectivamente, cuando la gente se vio con el agua al cuello y sintieron que podían conseguir un camino o mejoras en las casas o letrinas o láminas de zinc, comenzaron a organizarse.
Todo esto existía hasta el regreso al gobierno del FSLN en enero de 2007
La Ley de Participación Ciudadana no articuló expresamente los espacios que reconoció, ni los organizó en ningún diseño jerárquico de arriba abajo. No había articulación porque cada uno de estos espacios tenía autonomía relativa, no eran presididos por ninguna autoridad interna nombrada por algún mando superior. Salvo en los espacios nacionales, se dejaba a la iniciativa de los otros niveles, departamental y municipal, la definición de su propio funcionamiento. A nivel municipal la autoridad principal es electa: el alcalde y su concejo municipal. En los departamentos se han organizado entre ellos mismos, con el cuidado de que la coordinación no recaiga en un delegado ministerial.
Y el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES), la instancia nacional -creado e instalado en 1999, no por la Ley sino por presiones de la comunidad internacional y como condición exigida al gobierno de Alemán para apoyarle en la reconstrucción del país después del huracán Mitch- actuaba como un espacio consultivo del Presidente de la República para las políticas nacionales y para la ley del presupuesto nacional.
Esto “era” lo que existía hasta el 9 de enero de 2007. Hablo en pasado, porque tengo la impresión que todo esto ya es historia. Del CONPES ya dijo el Presidente Ortega durante la campaña electoral que lo iba a mandar a retiro.
¿Qué quedará de los espacios departamentales y municipales? Según el Decreto 03-2007 en su artículo 12, se establece un nuevo diseño: se crea el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que tendrá al frente a un Delegado del Presidente de la República -fue delegada Rosario Murillo- que coordinará a los titulares del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de la Familia, al director del Inifom (fomento municipal), el Instituto de Cultura, Instituto de la Mujer, Instituto de Turismo. Este Consejo regirá sobre todos los Secretarios de Comunicación y Ciudadanía de los departamentos, de las regiones del Caribe, y de los municipios. También funcionarán estos Secretarios, regidos por el Consejo, en distritos, barrios y comarcas.
El primer “muerto” es la autonomía de los espacios de participación ciudadana
A diferencia de lo que hemos tenido hasta ahora, el Ejecutivo crea con este Decreto una autoridad que dirigirá y rectoreará los espacios de participación ciudadana. El primer muerto con este Decreto es la autonomía de los espacios de participación ciudadana, que en algunos niveles era relativa y en otros bastante amplia. La otra autonomía que se muere con el Decreto es la de las organizaciones de la sociedad civil.
Dando por supuesto que el CONPES es un difunto y que lo sustituirá el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, en él parece que estarán únicamente representados ministerios e instituciones del gobierno central. Por tanto, será un espacio de coordinación interinstitucional. De lo que también se deduce que este Consejo estaría sustituyendo a los gabinetes sectoriales que ya existían -el gabinete social, el de infraestructura, el económico, el de producción y el de gobernabilidad-. Pero si es un Consejo de Ciudadanía, ¿dónde estarán los ciudadanos? ¿Participarán en estos Consejos los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil? ¿Y qué organizaciones serán las que participarán? El Decreto no lo aclara.
El nuevo Consejo de Comunicación y Ciudadanía no será un espacio público
Si esta nueva instancia sólo sustituye al CONPES, allí faltaría la sociedad civil. Tampoco será una instancia inter-gubernamental, porque tampoco allí aparecen los gobiernos locales, que son el otro nivel del gobierno. Sólo será intra-ministerial. Y si esto es así, no podremos reconocerlo como un espacio público, porque espacio público es aquel en el que interactúan la sociedad y el gobierno.
El CONPES se creó como un espacio público de deliberación entre el gobierno y la sociedad, viéndose ambos las caras. Alguien dirá que el CONPES funcionó como una caja de resonancia de las políticas del Ejecutivo y que el Presidente de la República nombraba al secretario o secretaria ejecutiva del CONPES. Es cierto. Ahora, la delegada por el Presidente para coordinar el Consejo de Comunicación y Ciudadanía será eso mismo y mucho más, porque estará a la cabeza de todo el diseño de participación ciudadana en todo el país, porque aunque el Decreto no aclara si ella nombra a los Secretarios departamentales, municipales y regionales de este Consejo, se deduce que así será. El modelo sugiere también que estos Secretarios serán como los Secretarios de Gobierno que tuvo el gobierno de Alemán y que Bolaños suprimió porque eran una figura de control político que, a su vez, rescataba, la de los jefes políticos de la época de Somoza.
El diseño del Consejo que coordinará Murillo es jerárquico y centralizador
Se construye así un diseño jerárquico que coloca en cada espacio territorial del país a un Secretario, delegado por la coordinadora Murillo. Esto implica la re-centralización política -contraria a la descentralización- de las decisiones locales y la conversión de los espacios de participación ciudadana en simples correas de transmisión de las decisiones del gobierno central.
Siento que el atropello más brutal se va a sentir en el ámbito municipal, donde los Secretarios de Comunicación y Ciudadanía podrían entrar en contradicción con los alcaldes y concejales electos por el pueblo. Y en contradicción con otras instancias de participación que han ido surgiendo con el tiempo en el nivel local.
Los Comités de Desarrollo Municipal tienen hoy Comisiones y Mesas de Trabajo para debatir y resolver distintas problemáticas. En una reciente investigación realizada con otro colega antes del cambio de gobierno, encontramos que en casi todos los municipios del país son las Mesas de Trabajo el espacio por excelencia de deliberación entre las autoridades municipales y los ciudadanos. En estas Mesas se cocinan las decisiones concretas, y por eso la gente estaba muy contenta con su funcionamiento. Lo mismo encontró un estudio que encargó la Red en mayo 2006, que constató una valoración muy positiva de estos espacios locales de participación de los ciudadanos para la fiscalización y para el seguimiento de las políticas municipales.
Ahora bien, en un esquema piramidal como el que se está proponiendo, quienes estén en la base de la pirámide estarán subordinados a la autoridad central que ocupará su cúspide. Por eso, estos Secretarios municipales serán un puñal clavado en la autonomía política de los municipios. Subrayo lo de “política”, porque la autonomía municipal no es únicamente financiera, basada en mayor o menor cantidad de recursos financieros, o basada en más o menos transferencias de dinero desde el nivel central, como quieren hacernos creer los neoliberales.
La autonomía municipal es, ante todo, política, porque expresa una relación de poder: la capacidad y la libertad de cada municipio de dictarse sus propias normas para organizarse y para funcionar. Y es justamente esta capacidad de autogobierno la que será suprimida por este nuevo diseño.
¿Alinear planes de desarrollo o garantizar obediencias partidistas?
Y si no, ¿qué papel va a tener el Secretario de Comunicación y Ciudadanía en el municipio, qué es lo que va a hacer? ¿Campañas de ciudadanía? ¿Qué más? ¿Cómo se va a articular en el funcionamiento interno de los otros espacios de participación ciudadana que ya existen en el municipio? Imaginemos que todo lo que se cocine en los municipios -que hoy tienen libertad para definir su agenda, sus reuniones, sus procesos de planificación- sea transmitido a la Coordinadora Murillo en Managua. Alguien dirá que esto garantizará un mejor vínculo de los municipios con el Presidente de la República. Sí, ¿pero para qué? ¿Para alinear planes de desarrollo o para garantizar obediencias partidistas? ¿Y quiénes integrarán esos Consejos municipales? ¿Cumplirán los rasgos más elementales de diversidad, imparcialidad y autonomía? Nada se precisa en el Decreto.
Con todas estas interrogantes pendientes, no extraña que los funcionarios del nuevo gobierno ya hayan hablado de la necesidad de reformar la Ley de Municipios y la Ley de Participación Ciudadana. Porque, de seguir esto adelante, caerán en la ilegalidad o necesitarán otra legalidad que cercene las bases fundamentales de la autonomía municipal y todo el espíritu de la participación ciudadana expresado en la Ley 475.
El Decreto crea un nuevo entramado, totalmente vertebrado de arriba hacia abajo, sin que sepamos aún cuál será el concepto de su funcionamiento de abajo hacia arriba. Este esquema, que sugiere un sistema de control, no calza con la sociedad de nuestro país. No hubiera calzado en la sociedad de los 80, y menos que calce en la de ahora, mucho más compleja, con nuevas e intrincadas redes de asociación.
Iremos de una autoridad que consulta, escucha, discute y desarrolla a un diseño jerarquizado
En los ¿extintos? Consejos de Desarrollo Departamental estaban presentes los alcaldes, los ministerios, la sociedad civil, las unidades técnicas. Esta organización tenía un funcionamiento de coordinación, basado en el concepto de redes. Tenía un diseño reticular: poner en contacto a todos reconociendo el peso y el aporte de cada uno. Estas redes de decisiones no estaban presididas por los delegados de los ministerios. Los presidía un miembro de la sociedad civil o un alcalde miembro de la asociación de alcaldes de ese departamento. El concepto de redes es poderoso en la medida que la autoridad no descansa en una persona sino en varias. En una red las decisiones tienen que ser discutidas y así se va democratizando el aparato de gobierno. Es otra forma de ver la autoridad. No es que la autoridad deje de serlo, sino que ya no asume sola toda la responsabilidad. Consulta, escucha, discute y desarrolla. Más que su don de mando, importa su capacidad de mediar y concertar entre intereses casi siempre contrapuestos.
El diseño actual se anuncia jerárquico, donde ya no se vincularán en plano de igualdad los miembros de estos Consejos. Ahora, con esta figura del Secretario a todos los niveles, el diseño es de subordinación. Se pasa de una autonomía bastante amplia en los distintos niveles a una dependencia de la autoridad central delegada por la Presidencia de la República.
Al nuevo diseño le llaman “democracia directa”
Se supone que los espacios que se van a crear serán mixtos: autoridades y población, porque no hay espacio público de deliberación en el que sólo estén los ciudadanos y no esté presente ningún delegado del gobierno. Por eso causó risa que Daniel Ortega dijera ante el cuerpo diplomático que quienes criticábamos el nuevo diseño de democracia “directa” teníamos miedo a que los ministros se sentaran con la población... Pero, ¡si eso ya estaba empezando a ocurrir en los Consejos Sectoriales!
¿Cuál puede ser el miedo? Y ahora, ¿van los ministros a andar en los municipios y en los departamentos? Por el principio de subsidiaridad, a quien le toca esto es a la autoridad que decide en el territorio, que es el alcalde, electo por la gente. Esta confusión tiene que ver con una idea que hemos repetido mil veces: que hay una enorme diferencia entre la autoridad de un ministro y la de un alcalde, porque el ministro es nombrado y lo puede quitar el Presidente de la República el día que quiera, pero al alcalde y los concejales no, porque fueron electos por el voto popular.
En la Ley de Participación, el objeto de la participación es la formulación de políticas públicas en los territorios y la aprobación y fiscalización de los presupuestos locales. En cambio, el nuevo diseño se hace para ejercer la llamada democracia “directa”. Este concepto de democracia “directa” es un espejismo, porque toda forma de democracia directa pasa a ser indirecta cuando va más allá de la tribu o de la comarca. Desde el mismo momento en que se nombra un delegado, se está hablando de democracia indirecta, porque se transfiere a otra persona un mandato para que represente a un grupo mayor. Es imposible reunir en un estadio a 30 mil personas para discutir el presupuesto de un municipio. Es materialmente imposible, a menos que no vayas a co-decidir con ellos, sino a dejarlos hablar y después a tomar vos las decisiones. Aquel famoso dicho: “Tú participas, él participa, ella participa…y yo decido”.
A partir del formato que anuncian estos Consejos es posible que lo que estén buscando no sea más que asambleas masivas con gente fiel al FSLN. Es probable que quieran gobernar con una democracia “plebiscitaria” de sí o no y a mano alzada. Y tal vez a esas primeras asambleas populares que convoquen llegue masivamente la gente para ver qué pasa, pero que ya a las segundas o a las terceras o a las cuartas asambleas no lleguen tantos, ni lleguen quienes no comulgan con un formato donde no te dan la palabra, o donde no se siente que se aporta algo. Cuando en el mundo se habla en serio de democracia “directa” no se habla de asambleas masivas, sino de plebiscitos y de referéndum.
¿Cuál va a ser el objeto de la participación, según el Decreto 03-2007? Lo único que dice el texto es que será “la planificación y la formación ciudadana”… “volver una realidad la democracia de ciudadanía por medio de la democracia directa”. Habla de “diseñar políticas, planes, programas y acciones para promover una cultura para la realización de los objetivos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional mediante la conservación de los valores y costumbres nacionales y la realización de la creatividad e innovación de los y las nicaragüenses a ser fortalecidos con la democracia directa de la democracia de ciudadanía”. ¿Quién entiende este objetivo? ¿Es que vamos a hacer ciudadanía sólo con planes de formación ciudadana en los valores democráticos? ¿Y dónde quedará la práctica, dónde el contacto con la “materia dura” de la participación, que son los planes, los proyectos, los presupuestos?
La Ley de Participación Ciudadana era un proceso para la ciudadanía y para los alcaldes
No hay que idealizar lo que ya teníamos. Hay que reconocer que la Ley de Participación Ciudadana no ha generado toda la participación que buscaba, entre muchas razones porque es una ley con apenas tres años de aplicación. Es tan sólo una ley, que en algunas partes no ha funcionado, como es el caso de Masaya, y que en otras partes sí ha funcionado, como es el caso de Tola. La Ley ha significado un proceso, tanto para la ciudadanía como para los mismos alcaldes.
Uno de los problemas que ha enfrentado la Ley es que no fue capaz de garantizar la instalación de los cuerpos administrativos imparciales de defensoría de la Participación Ciudadana. El Procurador Especial de Participación, autoridad creada por la Ley, al quedar bajo la jurisdicción de la Procuraduría de los Derechos Humanos, fue neutralizado por el pacto Alemán-Ortega. Y el Consejo Nacional de Concertación y Participación Ciudadana nunca fue instalado por la Presidencia de la República. Ambas circunstancias hicieron que el Sistema Nacional de Concertación y Participación Ciudadana promovido por el gobierno de Bolaños quedara desprovisto de instancias de apelación contra las violaciones a las disposiciones de la Ley 475. El desafío que teníamos, y que tendremos ahora, es descubrir atajos políticos, crear instrumentos políticos, para hacer que la Ley funcione y se cumpla.
El diputado liberal Wilfredo Navarro afirmó que, días después de publicado el Decreto, los diputados “le cortaron los colmillos” en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles colmillos? Después del debate parlamentario, se estableció que los Consejos no pueden sustituir las funciones de los ministerios. Pero no era ésa su intención. Lo que estos Consejos están pretendiendo es otra cosa más grave, es funcionar al margen de las alcaldías, es crear un Estado paralelo y una “sociedad civil” paralela, sin autonomía. Y todo en nombre de la democracia “directa”. Pero, si estos Consejos están promoviendo la democracia “directa”, entonces ¿para qué elegimos alcaldes? Y si es así, ¿para qué tenemos partidos políticos, si los partidos son, por excelencia, los sujetos de la democracia indirecta y representativa, por representar los intereses de los distintos sectores de la población?
El otro “colmillo” que la Asamblea dice haberle cortado al Decreto 03-2007 fue establecer que estas nuevas instancias no pueden ser financiadas con el presupuesto nacional. Pero el problema del Decreto no es financiero, es político: Se monta un Estado paralelo para controlar a la sociedad y se crean nuevos espacios desconociendo todos los anteriores. El Decreto no ha sido derogado y sus “colmillos” están ahí: su estructura, su lógica, su autoridad.
El decreto es una amenaza al proceso de descentralización del Estado
Éste es el escenario. Para nuestra Red -y para otras redes-, que llevamos 17 años trabajando en todo el país en la promoción de la participación ciudadana, esto es un atentado brutal a nuestro quehacer, una negación total a nuestros objetivos de trabajo, una amenaza al proceso de descentralización del Estado.
La ciudadanía es un concepto político, y también jurídico, que se construye en base a derechos, y no sólo a derechos sociales y económicos, también a derechos políticos y civiles. ¿El nuevo gobierno nos va a dar desarrollo y a quitarnos democracia? ¿Le van a dar a la gente más desarrollo para darle menos democracia? Queremos más desarrollo y también más democracia. ¿Pensarán que a los pobres no les importa la democracia, que eso es cosa de los intelectuales de Managua?
Es cierto que hasta ahora el modelo neoliberal ha querido limitarnos la democracia al derecho a votar y al derecho a pegar de vez en cuando un grito, a hacer un reclamo. Es cierto. Y es cierto también que el nuevo gobierno quiere hacer énfasis en los derechos sociales -la salud, la educación-, y esto es muy justo y necesario porque sin salud ni educación no puede haber una verdadera participación política, pero también queremos énfasis en los derechos civiles y políticos. El Premio Nobel Amartya Senn decía que pedirle al pueblo que sacrifique la democracia a cambio del bienestar es una forma de enmascarar regímenes autoritarios. A nadie se le puede pedir que entregue su libertad y su soberanía a cambio de comida. Eso es chantaje.
¿Se instaurará el nuevo sistema por la fuerza o la gente lo rechazará?
¿Qué puede pasar? Que este nuevo sistema se instaure por la fuerza. Y que los nuevos espacios departamentales y municipales sean integrados exclusivamente por gente leal y con instituciones leales. Pueden actuar de hecho, y aunque la Ley de Participación Ciudadana no haya sido derogada, pueden dejarla de lado, ignorarla, mantenerla congelada, no hacerle caso, y así hasta que tengan otra ley y deroguen ésta. No sabemos qué plazos se han puesto para implementar esto. Es posible que amanezcamos cualquier día con todos estos cargos ya nombrados. Es posible que estén esperando a tener más consenso, quizás quieran ir despacio. ¿Cómo saberlo? Hemos vuelto al secretismo como fórmula de gobierno.
También puede ocurrir que la gente rechace esto y se siga reuniendo en los espacios que conoce. Al nuevo gobierno le será más fácil hacer desaparecer los Comités de Desarrollo Departamentales o re-convertirlos, que lograr algo similar en el nivel municipal, porque en este nivel local son más diversificados los espacios de participación y se pueden generar más fricciones. Podría suceder también que una mayoría de gente termine cuadrándose ante la autoridad del gobierno central y la autonomía municipal se pierda totalmente. También puede pasar que este esquema se imponga y haga crisis y no funcione y al dejar de funcionar, sigan funcionando los espacios ya existentes.
Todo puede suceder. Creo que, en cualquier caso, el rumbo va a ser de crisis. El primer sector con el que va a chocar este gobierno va a ser el movimiento de mujeres. En Nicaragua el movimiento de mujeres es el mejor articulado del país, con un discurso y una agenda muy elaborados. Las mujeres van a darnos la pauta, y tendremos que seguirlas y acompañarlas.
La Red por la Democracia y el Desarrollo Local seguirá trabajando
Nuestra Red se llama Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. Porque para nosotros el concepto de democracia es central, y no se agota en el acto de elegir a nuestras autoridades. La democracia es una fórmula para la convivencia. Y sobre todo, es una fórmula para que las autoridades y los ciudadanos se relacionen. No queremos volver al tiempo en que las autoridades ordenaban y los demás obedecíamos.
Esos tiempos se acabaron aquí y en todo el mundo. Suceda lo que suceda, seguiremos trabajando, asesorando, capacitando, juntando fuerzas con la población. Lo que ya vemos claro es que tenemos por delante cinco años de aprendizaje y de tropezones, y de más aprendizaje y de nuevos tropezones.
Ahora se va a poner a prueba de qué está hecha la sociedad civil en este país. Ahora se va a saber quién es autónomo de verdad, quién está fortalecido y empoderado de verdad. Se va a saber si estamos a favor de una democracia de diablos de zacate o si estamos por una democracia de gente con alma, nervio, corazón y sangre.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica