México
Una guerra entre la memoria de los indios y el olvido del gobierno
Chiapas vuelve a estar en el centro de la realidad mexicana.
La masacre de Acteal no fue un hecho aislado.
Reveló con sangre lo que está en juego en el sureste mexicano:
el derecho de los pueblos indígenas a gobernarse y a organizarse según sus tradiciones. El derecho a hacer de México un mundo en el que quepan ellos.
Equipo Envío
A raíz del levantamiento del EZLN, el primero de enero de 1994, la sociedad mexicana volvió los ojos al México profundo. La Primera Declaración de la Selva Lacandona sacudió la conciencia de la sociedad civil mexicana e internacional, recordando la marginación y miseria en que han vivido durante siglos los pueblos indígenas en México. En el momento preciso en que el país se disponía a entrar al TLC con Canadá y Estados Unidos, los zapatistas recordaron con firmeza que el proyecto modernizador de Salinas de Gortari los había olvidado. El gobierno minimizó el mensaje y así, el despertar de aquel año nuevo no será ya nunca la fecha histórica del inicio de la prosperidad comercial sino la que marca el comienzo de una pesadilla que, cuatro años después, el Presidente Zedillo no sabe cómo enfrentar ni cómo resolver.
En los últimos tres años, el conflicto en Chiapas ha generado en el país nuevas formas de violencia, que tuvieron una culminación en el genocidio ocurrido en Acteal el 22 de diciembre de 1997. La masacre de Acteal fue "una agresión anunciada" decidida como medida de escarmiento para las bases de apoyo zapatistas y como pretexto para terminar de militarizar la zona. En los días siguientes a la matanza, cinco mil soldados tomaban nuevas posiciones en Chiapas, cerrando el cerco del ejército al EZLN. La masacre de Acteal ha sido también el detonante de un repunte de la solidaridad internacional con la causa de los pueblos indios que viven en Chiapas.
Cronología de un desencuentroHasta llegar a Acteal, y desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, éstos han sido los hitos en la cronología del conflicto:
- 16 febrero 96: Representantes del gobierno y del EZLN firman en San Andrés Larrainzar los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas. El compromiso es llevarlos al Poder Legislativo e incorporarlos a la Constitución.
- Septiembre 96: El EZLN rompe el diálogo que sostiene con el gobierno argumentando que éste no da señales de querer cumplir lo acordado y envía a las mesas de negociación a delegados que no tienen representación ni poder de decisión.
- 19 noviembre 96: Gobierno y EZLN acuerdan que sea la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) quien redacte una iniciativa de reformas constitucionales que recoja todo lo establecido en los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas firmados en febrero. Se establece que ni el gobierno ni el EZLN podrán solicitar cambios a la propuesta que elabore la COCOPA y sólo podrán responder a ella con un sí o un no. En caso de que una de las partes dijera no, la COCOPA llevaría la propuesta al Legislativo para que emitiera un dictamen.
- 30 noviembre 96: La COCOPA entrega el texto que ha elaborado como proyecto de Ley Indígena al gobierno y al EZLN.
- 3 diciembre 96: El EZLN acepta el proyecto porque responde al espíritu de San Andrés, a pesar de encontrar que algunos acuerdos no fueron contemplados.
- 9 diciembre 96: El Presidente Zedillo pide al EZLN quince días para consultar con especialistas sobre el contenido de la propuesta, a la que el gobierno ha hecho más de veinte observaciones. Tres días después, Zedillo da una respuesta negativa al proyecto de ley, argumentando que no se puede crear una soberanía dentro de otra y que ningún grupo puede pretender una autonomía que rompa el pacto federal. La COCOPA, preocupada por los eventos electorales del año 97, no presenta al Legislativo el proyecto de ley, tal como estaba acordado. Desde entonces, la estrategia gubernamental para "resolver" el conflicto en Chiapas se orienta claramente hacia la guerra de baja intensidad.
- 12 septiembre 97: Después de meses de tensiones y declaraciones, llegan a la ciudad de México 1,111 zapatistas que exigen al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
- 16 septiembre 97: Se funda el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Su primer objetivo es luchar porque se cumplan los acuerdos de San Andrés y porque se desmilitarice Chiapas.
- 11 marzo 1998: El PAN presenta en el Senado su propio proyecto de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, sin consensuarlo ni con el gobierno ni con el EZLN.
-15 marzo 1998 : El Presidente Zedillo presenta al Congreso de la República su propio proyecto de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, sin tener en cuenta al EZLN.
¿Otorgar o reconocer?Un análisis comparativo entre el texto enviado por el Presidente Zedillo al Congreso y el texto acordado en San Andrés, muestra que la Iniciativa Presidencial sobre Derechos y Cultura Indígenas se aparta de lo acordado en San Andrés y afecta los compromisos asumidos por el gobierno mexicano como signatario del Convenio 169 de la OIT por varias razones.
* Porque reduce el ejercicio de los derechos de los pueblos indios a las comunidades. Aunque la iniciativa gubernamental reconoce que "los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación", reduce "la expresión concreta de ésta a la autonomía de las comunidades indígenas". Esta reducción viola los acuerdos de San Andrés, que establecen que "la legislación nacional debe reconocer a los pueblos indígenas como los sujetos de los derechos a la libre determinación y autonomía". También viola el Convenio de la OIT, que considera como sujeto de estos derechos a los pueblos indígenas.
* Porque habla de que la Constitución "otorga" derechos a los pueblos indígenas en lugar de reconocerlos, como se acordó en San Andrés. La nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas acordada en San Andrés parte de reconocer la preexistencia de dichos pueblos y de reconocer en la Constitución sus derechos. En cambio, la iniciativa del gobierno se refiere a "otorgar" derechos y no a "reconocerlos", como si se tratara de un acto del Estado que crea esos derechos.
* Porque no reconoce los derechos de jurisdicción de los pueblos indios. A lo más que llega la iniciativa presidencial introduciendo la idea de discrecionalidad es a reconocer que "los procedimientos, juicios y decisiones de estos pueblos serán convalidables", ignorando el texto de la COCOPA, que dice que "serán convalidados". El hacer opcional la convalidación de los procedimientos y juicios propios de los pueblos indios viola el Acuerdo de San Andrés, que explícitamente establece "como garantía al acceso pleno a la justicia, que el derecho positivo mexicano reconozca las autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos y que mediante procedimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado".
* Porque no reconoce el derecho de los pueblos indios a su territorio. El texto presidencial omite la referencia a que el uso y disfrute de los recursos naturales se refiera a sus tierras y territorios, lo que sí está explícito en los acuerdos de San Andrés, que establecen que el gobierno "debe hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden, tales como el derecho al hábitat y el uso y disfrute del territorio conforme al artículo 13.2 del Convenio de la OIT".
* Porque omite el mecanismo establecido por los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT para determinar cómo se define como indígena un municipio, comunidad, organismo auxiliar del ayuntamiento e instancias afines. El texto presidencial sólo habla de municipios mayoritariamente indígenas, pero omite el criterio definitorio incluido en el texto de la COCOPA. Esta omisión viola los acuerdos de San Andrés y el Convenio de la OIT. Ambos establecen que "la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones" contenidas en los acuerdos.
* Porque no reconoce, como lo hacen los acuerdos de San Andrés, a las comunidades indígenas como "entidades de derecho público". Tampoco reconoce el derecho de los pueblos indios a definir "los procedimientos para la elección de sus autoridades" a nivel municipal. En el texto presidencial se establece que "en los municipios con población de mayoría indígena la legislación local será la que establecerá las bases y modalidades para asegurar la participación de las comunidades indígenas en la integración de los ayuntamientos". En cambio, el texto de la COCOPA dice que "en los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes". Esta omisión viola lo acordado en San Andrés, que reconoce el derecho de los pueblos a "designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los órganos de gobierno municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas, de conformidad con las instituciones y tradiciones propias de cada pueblo".
"Una guerra disfrazada"Tras la crisis en torno al texto elaborado por la COCOPA, la estrategia de guerra de baja intensidad no cesó. La masacre de Acteal es una expresión más de esta estrategia, la que más eco ha tenido. Dos meses antes de Acteal, el 18 de octubre de 1997, el obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Raúl Vera, entregó al Ministro de Gobernación, Emilio Chuayffet, una carta en donde le comunicaba que "los grupos paramilitares, en lugar de ofrecer una solución a los pobres de Chiapas, les hacen una guerra disfrazada, en la que ex militares y ex agentes de seguridad pública entrenan civiles y los diputados priístas patrocinan la venta y tráfico de armas para que se lancen contra sus hermanos".
"Si a ti (Emilio Chuayffet) y al señor Presidente dice el obispo les están planteando un cuadro falso de las cosas, por favor escuchen a quienes están trabajando con honestidad por una solución verdadera. Es gravísimo lo que aquí se está haciendo: ejecutar de manera paulatina y con un desgaste criminal a toda una población indígena y a quienes se atrevan a defenderlos, por medio de una guerra civil provocada por las fuerzas de seguridad".
Acabar al EZLN, libanizar Chiapas El 21 de diciembre, en vísperas de la masacre de Acteal, el obispo Samuel Ruiz y el obispo Raúl Vera alertaron al secretario de gobierno de Chiapas de la posibilidad de un ataque en el municipio de Chenalhó. Pero nadie actuó, ni el gobierno federal ni las autoridades estatales. El grupo paramilitar sí lo hizo e indígenas chiapanecos asesinaron a 45 de sus hermanos e hirieron por lo menos a otros 31.
Desde antes de la masacre de Acteal y después de ella, el gobierno mexicano permanece empeñado no en encontrar la paz sino en desarrollar una ofensiva político militar contra el movimiento zapatista. Con ella, busca prescindir del proceso de negociación iniciado hace dos años, marginar política y militarmente al EZLN, frenar la proliferación de los municipios autónomos expresión del espíritu de los acuerdos y crear condiciones para descabezar a los zapatistas o libanizar Chiapas.
Piezas de la ofensiva políticaLa ofensiva política gubernamental consta de varias piezas:
* Impulsar en Chiapas programas sociales que, además de tener un objetivo proselitista electorero, buscan hacer inútil la mesa de negociación de San Andrés y debilitar a la base social del EZLN.
* Proyectar al gobierno federal ante los medios de comunicación como flexible y dialogante. De hecho, sin haber cumplido las condiciones propuestas por la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y de la COCOPA para la reanudación del diálogo, el gobierno ha buscado dar la impresión de que había reducido sus objeciones al proyecto de Ley Indígena propuesto por la COCOPA, para inducir así a que se pensara que a este gesto debía corresponder alguna nueva concesión por parte del EZLN.
* Presentar como intransigencia de los zapatistas lo que en realidad es firmeza en exigir la aceptación del texto elaborado por la COCOPA.
* Tratar de justificar ante la opinión pública la presentación al Legislativo de una iniciativa presidencial de reforma constitucional no consensuada. Así, el Ejecutivo pasó al Legislativo una papa caliente que le estaba quemando las manos.
* Buscar el apoyo del PAN, y si es posible del PRD, para la aprobación por parte del Congreso de esta iniciativa, aceptando que la modifiquen los partidos de oposición, siempre y cuando con las modificaciones no se llegue al texto que fue consensuado con el EZLN.
* Deslegitimar a la CONAI por haber cuestionado la gestión gubernamental.
Ofensiva militar: piezasLa ofensiva militar del gobierno tiene también sus piezas. Son éstas:
* Azuzar cualquier conflicto entre o dentro de las comunidades indígenas, sobre todo en aquellas que forman parte de los municipios que se han proclamado y funcionan como autónomos. Diferenciando entre priístas y opositores, o entre evangélicos y católicos, las autoridades gubernamentales están empeñadas en ahondar las diferencias para romper los vínculos de cohesión entre las comunidades indígenas.
* Promover o tolerar en las comunidades la proliferación de grupos paramilitares. El objetivo es envenenarle el agua al pez más que sacársela.
* Incrementar en Chiapas el número de efectivos militares, su poder de fuego, las incursiones a la zona de control zapatista, los cateos, el cerco militar, etc.
* Expulsar de Chiapas a todos los extranjeros.
Con todo esto se quiere provocar política y militarmente al EZLN, para arrinconarlo y obligarlo a que rompa la tregua militar. Aunque no lo hiciera, esta estrategia va creando condiciones para que el ejército gubernamental pueda llevar a cabo una operación quirúrgica.
Estrategia del EZLN El EZLN está desarrollando una estrategia que busca prolongar lo más posible la paz armada. Las piezas de su estrategia son:
* Resistir civilmente a la ofensiva militar y a los programas sociales impulsados por el gobierno.
* Evadir militarmente los operativos del ejército federal.
* Impulsar la creación de municipios autónomos.
* Negarse a reanudar el diálogo mientras el gobierno no cumpla las condiciones establecidas y haya una correlación de fuerzas favorable que permita lograr una paz negociada digna y duradera.
* Promover el incremento de la presión nacional e internacional sobre el gobierno para obligarlo a aceptar el texto íntegro de la Ley Indígena elaborada por la COCOPA.
La realidad va mostrando que con esta estrategia, el EZLN no ha logrado contener la escalada gubernamental. Más bien, le está dando pretextos para incrementarla o justificarla.
Observadores internacionalesLa masacre de Acteal produjo una conmoción e indignación tales en la opinión pública mundial y en la sociedad civil internacional que sirvió de aliciente para la formación de un espacio plural interesado en recabar información de primera mano sobre las condiciones que hicieron posible esa matanza y sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas. Este es el origen de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, que visitó Chiapas entre el 16 y el 28 de febrero de 1998.
La Comisión estuvo integrada por 210 personas de once países, que representaban a una amplia gama de sectores sociales: ONGs, sindicatos, universidades, partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, periodistas e intelectuales. Con la concepción de que el respeto a los derechos humanos es una conquista de toda la humanidad y que la defensa y la promoción de estos derechos son un derecho y un deber que no pueden limitar las fronteras nacionales, los miembros de esta Comisión llegaron a Chiapas.
Municipios autónomosLa Comisión recabó información, desarrolló entrevistas con todos los sectores involucrados en el conflicto, visitó varias zonas de Chiapas y buscó escuchar todas las voces para elaborar su informe final. Temas como la salud, la educación, la militarización, el papel de la mujer, el respeto a las costumbres indígenas o la situación jurídica fueron investigados de manera específica por los diversos grupos de trabajo que integraron la Comisión.
La Comisión visitó en Los Aguascalientes los cinco espacios de encuentro entre la sociedad civil nacional e internacional construidos en comunidades zapatistas, que representan a los diferentes pueblos y zonas de Chiapas y que fueron creados en 1996, a raíz de la celebración del Primer Encuentro Internacional contra el Neoliberalismo y por la Humanidad. También visitó los nuevos municipios autónomos, que abarcan varias comunidades y que han formado desde hace meses las bases de apoyo zapatistas, configurando su propio gobierno como una concreción de su concepto de autonomía indígena. En estos municipios, los ciudadanos se niegan a pagar impuestos al gobierno estatal chiapaneco, administran la justicia de forma autónoma y tienen sus propias estructuras organizativas, eligiendo democráticamente a sus autoridades en asambleas en las que participan hombres, mujeres, niños y niñas.
En la Zona Norte de Chiapas, la Comision visitó las llamadas "comunidades divididas" formadas por bases de apoyo zapatistas y por priístas. Esta región, de acceso riesgoso, es la de mayor conflicto y violencia dentro de Chiapas. En su informe, la Comisión describe el ambiente general en estas comunidades como "de aislamiento, pánico y terror". También fueron visitadas las comunidades de desplazados formadas por familias obligadas a huir de sus lugares de origen a causa de la estrategia gubernamental de guerra de baja intensidad, caracterizada por la presencia y actuación violenta de grupos paramilitares.
"El gobierno es muy mañoso"En el Municipio Autónomo de San Pedro de Chenalhó, en Polhó, la Comisión encontró a 6 mil 247 desplazados. En Polhó hay 42 comunidades y barrios que se coordinan con los otros once Municipios Autónomos de Los Altos. La Comisión viajó a Polhó el 18 de febrero, donde fue recibida por más de dos mil indígenas. Allí, Domingo Pérez Paciencia, alcalde autónomo de Chenalhó, leyó a la Comisión un texto en el que describía con estas palabras la realidad en que viven: "Los soldados federales están protegiendo a los paramilitares en cada comunidad y están obligando a tomar trago y a sembrar marihuana a todos los priístas paramilitares. En unos de los campamentos están haciendo prostitución de mujeres. En otro campamento ya están poniendo una licorera de cervecería... Los soldados federales están rodeando todos los campamentos. Los mismos gobiernos federales y estatal les mandaron las armas y balas grandes... Hoy no se ven vuelos de avión porque saben bien que ustedes están aquí. El gobierno es muy mañoso para no demostrar ante el mundo lo que está haciendo. Los paramilitares se están organizando para atacar otra vez a los desplazados. Aunque quieren regresar a sus comunidades, no se va a poder porque los agresores están libres... Nuestros testigos son los 45 muertos. Nosotros ya no permitimos salir a testimoniar a muchos compañeros porque no tienen dinero y no sólo eso, es porque no les toman en cuenta los testimonios... El mal gobierno está prohibiendo el paso a los extranjeros porque dice que están asesorando a los indígenas zapatistas. Pero está muy equivocado el mal gobierno, porque nosotros en nuestro comunicado tenemos invitados a los extranjeros como observadores de lo que está pasando en nuestro municipio autónomo de Polhó, Chiapas, para que ellos sean testigos de todas las amenazas y argumentos... Que saquen de inmediato los soldados de cada comunidad y municipio en todo el Estado y así habrá solución".
El Consejo Municipal Autónomo de Chenalhó informó a los observadores que "son muchos los muertos, casas quemadas y miles de desplazados a las montañas y a otras comunidades, desde que los indígenas de la región se pusieron a organizar su Municipio Autónomo, con la idea de fomentar la participación activa de los ciudadanos y luchar por sus justas demandas". Dijeron también que "la autonomía no es para separarse del Estado sino para fomentar la participación como ciudadanos indígenas" y que "la autonomía no es para destruir la nación, sino para juntar a todos los indígenas y no indígenas para que una sola voz salga de la igualdad".
Las Abejas de ActealSaliendo de Polhó, la Comisión se dirigió a la comunidad de desplazados de Acteal, lugar donde ocurrió la masacre en diciembre de 1997. Unas 400 personas se reunieron en ese lugar huyendo del amedrentamiento de los paramilitares. La Comisión fue recibida bajo una improvisada lona de plástico junto a la ermita en la que los indígenas estaban momentos antes de producirse la masacre.
La Comisión pudo apreciar la cohesión comunitaria que existe en el colectivo y la tensión en que vive aún la comunidad, impactada por los sangrientos hechos del 22 de diciembre. Los indígenas permanecen aglutinados en torno al cementerio que para las víctimas están construyendo en el centro mismo de la comunidad. Cuarenta y cinco velas encendidas, el cuadro de la Virgen de Guadalupe y las flores no dejan de recordarlas.
El representante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, comunidad agredida por los paramilitares el 22 de diciembre, contó a la Comisión que el grupo Las Abejas se creó en 1992 y que fue agredido porque las autoridades los obligan a pertenecer al PRI, pero ellos no quieren. Explicaron que el pensamiento de Las Abejas es no utilizar las armas para nada, ni para defenderse, porque buscan la paz y son pacificistas. Están convencidos que por eso los atacaron y que fue un ataque cobarde porque los paramilitares sabían que ellos no responderían. Las Abejas dicen coincidir con los reclamos zapatistas contra la opresión y la pobreza y por el derecho a la tierra y a la dignidad, pero no utilizan las armas para defender sus ideas.
Manifestaron a la Comisión que desde hace más de tres años el ejército y las fuerzas de seguridad se han posesionado de sus tierras, han quemado sus casas y sus cosechas y buscan provocar la descomposición de las comunidades. "Esta situación no se había vivido nunca antes", dijeron. Para ellos, el reclamo más sentido es la retirada del ejército de la zona. Después de la matanza, los militares han llegado a repartirles comida, a sacar muelas, han llevado peluqueros, pero los indígenas expresaron que "no recibirán comida de las mismas manos que mataron a sus niños".
Violencia: siete piezasEn el informe final de la Comisión se lee: "Después de la recopilación de la información, de su sistematización y de su análisis, la Comisión constata que en el Estado mexicano de Chiapas la situación de los derechos humanos está en una situación de gravísimo deterioro. El Estado de Chiapas vive en estos momentos las consecuencias de una situación de profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Desde todos los niveles se percibe cómo las estructuras institucionales son incapaces de asegurar la vigencia del Estado de Derecho, y cómo la sociedad chiapaneca y especialmente las comunidades indígenas sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia y de impunidad."
La Comisión señala los siete factores que contribuyen a generar esta deteriorada situación: la intensa militarización de la zona, la presencia de grupos paramilitares, la generalizada situación de impunidad, los obstáculos para el acceso a la justicia, la situación de miseria estructural que sufren las comunidades, la represión hacia las formas de organización de la sociedad civil y la falta de voluntad política para buscar una solución respetuosa a las demandas indígenas.
¿Dónde está Marcos? En los lugares visitados, los indígenas dijeron a los observadores de la Comisión que los soldados federales y los policías les ofrecen medicamentos y alimentos a cambio de denunciar a supuestos insurgentes zapatistas y que la pregunta que les hacen siempre es: "¿Dónde está Marcos?" Durante su visita a Chiapas, la Comisión quiso entrevistar al Subcomandante Marcos personalmente. Las condiciones de inseguridad que rodean a Marcos no lo permitieron. Le enviaron entonces un cuestionario, que Marcos contestó ampliamente a través de un video.
A la pregunta sobre si el conflicto de Chiapas era un conflicto intercomunitario, interétnico o religioso, Marcos respondió: "Así es como lo quieren presentar y disfrazar, con la pretensión de desplazar un problema que tiene raíces políticas y sociales, relacionadas con la forma en que la nación mexicana se ha relacionado con los pueblos indígenas durante todos estos años y con la rebelión, con el ¡ya basta! de los pueblos indígenas. Sin embargo, el gobierno no asume el costo político y social de reconocerlo, lo que ayudaría, porque una forma de resolver el problema es reconocer que hay una guerra en el sureste mexicano, que es una guerra entre la memoria de los pueblos indios y el olvido del gobierno. El gobierno busca presentar el conflicto como un conflicto entre indígenas y no entre dos ejércitos, evitando colocarse bajo la Convención de Ginebra. Así, el gobierno deja de ser parte del conflicto y aparece como mediador".
Cuál es el concepto de autonomía indígena de los zapatistas, preguntó la Comisión a Marcos, y éste respondió: "Es el de los pueblos indios que hicieron oir su voz en la mesa de San Andrés, y que, a grandes rasgos, reconoce que los indígenas son parte de la nación mexicana pero que son diferentes, que deben ser reconocidos e incorporados en su diferencia y no homogeneizados como pretenden algunos. En este caso, homogeneización es aniquilación. No queremos la independencia ni queremos otro Estado dentro del Estado mexicano, queremos una autonomía incluyente. La creación de municipios autónomos es la forma en que las comunidades indígenas cumplen y aplican los acuerdos de San Andrés. Los acuerdos de San Andrés reconocen la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse según sus usos y costumbres, según sus formas internas, y eso es lo que se está aplicando y eso es lo que da sentido a los municipios autónomos. Aun si el gobierno no cumple los acuerdos, ellos los dan por acordados y los están aplicando".
EZLN: cinco condicionesSobre las cinco condiciones que puso el EZLN para regresar al diálogo con el gobierno, Marcos dijo a la Comisión: "La primera condición es que se cumplan los acuerdos de la mesa 1 sobre los derechos y la cultura indígenas y que, por tanto, se instale la Comisión de Seguimiento y Verificación, que es la que se encarga de ver que se cumplan esos acuerdos. Esta demanda está completamente atorada. No tiene ningún viso de solución. El gobierno sí acepta que firmó esos acuerdos pero no acepta su responsabilidad para cumplirlos. Ha rechazado una y otra vez, con diferentes argumentos y con diferentes pretextos, la iniciativa de la COCOPA, ha hecho todo lo posible por sabotear la Comisión de Seguimiento y Verificación y no hay ninguna esperanza, ningún indicio de que el gobierno vaya a cumplir con esa demanda, que sintetiza las otras cuatro y que sintetiza que lo que está en juego es la vía del diálogo o la vía de la guerra para resolver el conflicto.
La segunda de las condiciones se refiere a una propuesta seria para la mesa 2, sobre democracia y justicia. La mesa 2 no llegó a ningún acuerdo porque en esa mesa el gobierno tenía el propósito de reventar el diálogo. Se necesita de una propuesta seria de esta mesa, pero si ni siquiera hay cumplimiento de los acuerdos ya firmados, no hay ninguna esperanza de que haya más acuerdos en este diálogo.
La tercera de las condiciones se refiere al cese de la persecución y del hostigamiento militar y paramilitar en las comunidades indígenas de Chiapas. Esto no sólo no se ha detenido ni ha ido para atrás, sino que ha ido creciendo. Si alguien pensaba que Acteal es la culminación de un proceso de militarización, paramilitarización y ataque a las comunidades indígenas, ahora, dos meses después, sabemos que no, que el horror puede llegar todavía más allá, que puede haber pesadillas peores que las de Acteal como las que están viviendo cotidianamente las comunidades indígenas del norte de Chiapas, en los Altos, en la Selva, en la Costa, en todas las comunidades indígenas del sureste mexicano. El posicionamiento militar del ejército federal no es para un diálogo sino para un golpe.
La cuarta condición que hemos puesto es la liberación de los presos zapatistas que hay en todo el país. No sólo en las cárceles de Chiapas hay zapatistas prisioneros, también en otras partes de la República. Estamos exigiendo su liberación. Si hablamos de un diálogo para resolver las cosas, ¿cómo vamos a seguir recibiendo el tratamiento de delincuentes? Hay que ser consecuentes, hay que darle a los zapatistas presos el trato de una fuerza con la que se está dialogando y no el de delincuentes.
La quinta condición que hemos puesto se refiere a que se necesita que el gobierno nombre a un comisionado, o a los comisionados que ya estén les dé capacidad de decisión para poder resolver el problema, para adquirir compromisos. Que no sean meros correos, sino que tengan capacidad de decisión. Se necesita que esos comisionados se dirijan con respeto y seriedad en las pláticas."
Marcos concluyó: "Si se cumplen las cinco condiciones regresaríamos al diálogo. Si el gobierno acepta la iniciativa de la COCOPA, si hace una propuesta seria de democracia, si deja de perseguir y hostigar a las comunidades indígenas, si le da capacidad de decisión, seriedad y respeto a su comisionado, si libera a los zapatistas presos, si pasa todo eso, entonces estaríamos dispuestos a regresar a la mesa del diálogo.
Nuevas leyes en un nuevo mundoEl origen del estancamiento en que el gobierno ha caído para encontrar una auténtica solución al conflicto de Chiapas está, fundamentalmente, en el bloqueo que tiene para reconocer a los indígenas como interlocutores válidos en un diálogo. La mentalidad tradicional le lleva a pensar que los indígenas son controlables y manejables y que si ahora son intransigentes es porque están manipulados por intelectuales mexicanos y por extranjeros que tienen otros intereses.
Tratar de entender la problemática de los diferentes grupos indígenas mexicanos es una tarea sumamente compleja. Pero, aún y con todas sus diversidades, existe en todos un denominador común: las formas económicas occidentales han sido siempre avasallantes e injustas con ellos. Desde la expedición de decretos que los han dejado sin tierra y en manos de caciques explotadores, hasta las abusivas formas actuales de comercialización dentro o fuera de la ley , no ha habido nunca justicia para los pueblos originarios de México. De esta historia nace el temor oficial a la autonomía y a las formas de organización indígenas. Con la autonomía, los caciques, los terratenientes y los centros de comercialización tendrían que ajustarse a principios de organización que no les permitirían seguir obteniendo los beneficios que hasta ahora han tenido a costa de atropellar a los indígenas.
El actual orden legal es insuficiente para resolver condiciones de vida y de trabajo que han sido y son distintas a las occidentales. Las leyes no contemplan la especificidad del modo de producción y de comercialización indígenas. Y hoy los indígenas demandan que se les permita crear un nuevo ordenamiento legal para resolver no sólo sus problemas, sino también para insertarse en la economía occidental sin las desventajas en que las leyes actuales los han mantenido. Exigen que se les dé un lugar en el mundo, convencidos de que sólo habrá paz si México se convierte en un mundo en el que quepan todos.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica