¿Hacia dónde vamos?

El Presidente Daniel Ortega afirma que su gobierno está construyendo en Nicaragua un nuevo modelo económico, social y político para independizar al país de “los organismos internacionales” y para instalar una “democracia directa” en la que “el pueblo es Presidente” ¿Hacia esos horizontes -reales, soñados o forzados- vamos?

Equipo Nitlápan-Envío

El gobierno de “unidad y reconciliación” -tal como se ha etiquetado a sí mismo el gobierno Ortega-Murillo- tiene un proyecto político y económico que ha ido perfilando ante la población en sus cinco primeros meses con tantas contradicciones que no le terminamos de ver claramente el rostro. Contribuyen a estos contornos aún difuminados los silencios gubernamentales y las reservas con que el gobierno acompaña nombramientos y destituciones, planes y proyectos. Y las denuncias.

LOS CONSEJOS VAN

Para la celebración del 19 de Julio, veintiocho aniversario de la revolución, el gobierno anuncia la instalación de los Consejos Comunitarios del Poder Ciudadano, en el concepto del Pueblo-Presidente, según se lee en el documento oficial “Esquema Organizativo del Poder Ciudadano”. Funcionarán en barrios y comarcas de todo el país. Tendrán al frente a unas 15 personas responsables de las diferentes áreas. Serán coordinados directamente desde el Ejecutivo. Y en el Ejecutivo, por la esposa del Presidente, Rosario Murillo.

Controversiales cuando se anunciaron, éstos y los otros Consejos provocaron una primera batalla legislativa en relación a sus funciones, al eventual salario de sus miembros y a si serían financiados o no con el presupuesto. Polémicos siguen siendo en vísperas de su instalación, cuando ya es claro lo que más se temía: son los secretarios políticos del FSLN o dirigentes del partido rojinegro quienes los encabezarán -preocupante que en Managua sea su cabeza nada menos que el tan cuestionado por las mismas bases sandinistas diputado Elías Chévez-; son las oficinas del FSLN en donde funcionarán, son las estructuras del FSLN las que los han convocado y las que los están organizando. En algunos lugares -como informa la Enlace Nacional de la Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, en las páginas siguientes-, los dirigentes sandinistas anuncian, al hacer la convocatoria, que los Comités de Desarrollo Municipal van a desaparecer y a ser sustituidos por los Consejos.

A lo largo de estos meses, los organismos cívicos que trabajaron y lucharon por la aprobación en 2003 de la Ley de Participación Ciudadana y que después se comprometieron con la promoción -erizada de obstáculos, pero ya con algunos resultados positivos- de espacios locales y departamentales para desarrollar la participación, han preguntado, reclamado y cuestionado a funcionarios del gobierno del FSLN por el sentido de los Consejos, por el futuro de lo ya construido al amparo de la ley, y hasta por la vigencia de la misma Ley: si será reformada o hasta anulada. Han sugerido que debe enriquecerse lo que ya hay y no organizar estructuras paralelas. En los territorios, la gente que ha aprendido a participar en estos años en los espacios legales ya existentes junto a vecinos de todas las ideologías, también ha preguntado, queriendo saber. La respuesta ha sido el silencio o el mensaje ambiguo, esa palabra que dice sin decir nada.

“SOMOS LA LEY”

Está por verse la eficacia que los Consejos del Poder Ciudadano tendrán, los problemas o las soluciones que aportarán. A pesar de la Ley, el gobierno va adelante con ellos. En un país lleno de abogados y profesionales de la Ley, pero tan poco familiarizado con una cultura de conocimiento de las leyes y de respeto a la legalidad, el gobierno Ortega-Murillo se aprovecha de este histórico vacío cultural para desarrollar un estilo de gobierno en donde se alude retóricamente a la legalidad cuando no queda más remedio, pero donde las leyes se retuercen desde los muchos resortes que les brinda el poder, sin dar más explicaciones. Sabe el gobierno que la mayoría no las va a pedir. Y a quienes las piden -la gente más organizada, más consciente, más informada, más ciudadana- se les descalifica o se argumenta que los gobiernos anteriores hicieron lo mismo o lo hicieron peor.

En la “filosofía” de este proceder está la idea de que hoy es tiempo de “justicia” más que de “democracia”. Rosario Murillo no usa la palabra revolución para describir este tiempo “justiciero”. Emplea evolución y declara cosas como ésta: El gobierno es el gobierno del pueblo y si el pueblo se llena de luz, de amor y de fuerza... ¡no hay nada que detenga este proceso evolucionario! Chévez explica que es la evolución el sentido de los Consejos. Daniel Ortega alaba la democracia directa y Edwin Castro anuncia para muy pronto el parlamentarismo participativo, todos conceptos elásticos que se llenan con cualquier contenido.

En sus cinco primeros meses el gobierno ha irrespetado y violado leyes. ¿Qué “otorga” el silencio con el que responde cuando se le reclama por el respeto al marco legal, cuando se le pregunta, Ley en mano, por los Consejos, previendo -todo lo indica- que no serán estructuras de servicio público, sino una re-edición de estructuras del Estado-Partido? El sonido de esos silencios es una señal, una más, de que se pretende construir un proyecto tan autoritario (“somos la ley”) como paternalista (“sabemos lo que la gente necesita”).

POR FUERA DEL PRESUPUESTO

Mientras los Consejos del Poder Ciudadano anuncian la instalación de mecanismos de participación paralelos a los ya existentes, con la posibilidad real de que los anulen y se impongan, otro “paralelismo” desconocedor también de la Ley (Ley de régimen presupuestario, Ley de deuda pública), el del presupuesto “paralelo” derivado de la generosa ayuda venezolana en combustibles está aún pendiente.

A inicios de mayo, el presidente de la empresa estatal Petronic -quien es también el tesorero del FSLN- Francisco López, declaró que los recursos que dejará al país la ventajosa operación petrolera entre Venezuela y Nicaragua se manejarán al margen del Presupuesto General de la República porque se trata de una transacción comercial “entre privados” (Petronic-PDVSA). Estas declaraciones provocaron alarma porque, si así fuera, el tesorero del partido en el gobierno estaría manejando, sin control público y desde la dirección de una empresa pública, más de 300 millones de dólares anuales, cantidad que es nada menos una cuarta parte del presupuesto nacional. ¿En beneficio de qué o de quiénes? ¿Quién o quiénes pagarían la deuda derivada del crédito petrolero?

La polémica entre legisladores y economistas llenó los medios de comunicación. El MRS dio forma concreta a un freno para la alarma al elaborar una iniciativa de ley que denominó Ley que regula el uso del fondo originado de la adquisición de petróleo y sus derivados con la República Bolivariana de Venezuela, donde se detallan los siete sectores sociales específicos a los que deberían destinarse los fondos del convenio petrolero, reflejándolos siempre en el presupuesto. Pero los diputados del FSLN la rechazaron por “muy mal planteada”. El gobierno continuó manteniendo su posición con un silencio impenetrable sobre el tema o usando un andamiaje de palabras “legales” que buscan encubrir la falta de transparencia.

“A SANGRE Y FUEGO
SIN TRANSPARENCIA”

Ciertamente, las omisiones, reservas y sigilos con los que el gobierno Ortega-Murillo ha manejado el acuerdo petrolero y la misma integración de Nicaragua al ALBA -donde lo único que aporta Nicaragua es retórica y a cambio recibe, además de ayudas y promesas de ayuda, una tribuna para la proyección internacional del desgastado liderazgo de Ortega- ha provocado que la derecha nacional cubra de prejuicios ideologizados la iniciativa venezolana y que, en un escenario de creciente polarización mediática, la sociedad nicaragüense se divida, también ideológicamente: unos alimentando espejismos con la ayuda venezolana y otros rechazando todos los proyectos del ALBA -ciertamente algunos aún confusos- sólo por temor o por desconocimiento.

Dice mucho la falta de transparencia del gobierno, el secretismo y el silencio que rodea todo lo relacionado con los petrodólares del ALBA. Comenta acertadamente el economista de la Coordinadora Civil Adolfo Acevedo: “Es evidente que el gobierno ha decidido, a sangre y fuego, manejar el crédito de Venezuela completamente fuera del Presupuesto, sin ninguna transparencia y sin posibilidad del más mínimo proceso nacional para deliberar sobre su uso. La cooperación de Venezuela, que podría hacer un aporte fundamental a resolver las grandes brechas desfinanciadas del Presupuesto, se canalizará, injustificablemente, fuera del Presupuesto, que quedará siempre desfinanciado. Y por eso, sometido a la condicionalidad del FMI”.

NEGOCIACIONES CON EL FMI

A pesar de la retórica anti-neoliberal de Daniel Ortega, el FMI encuentra en su gobierno facilidades para imponer condiciones. En el mes de mayo llegó al país una misión del Fondo Monetario Internacional para iniciar negociaciones con el gobierno, que deben concluir en la firma de un nuevo acuerdo para los próximos tres años.

En el más completo hermetismo se llevaron a cabo las conversaciones y al término de ellas, sin que apareciera humo blanco, el gobierno anunció que el Presidente del Banco Central, Antenor Rosales, viajaría a Washington para continuar allí las pláticas y alcanzar pronto el acuerdo.

Buscando “responder” a los reclamos por el secretismo de estas negociaciones, el gobierno convocó el 31 de mayo a una reunión a diferentes sectores sociales para, por fin, “romper el silencio” y presentarles el Programa Económico Financiero que el gobierno ha expuesto al FMI. Pero lo que Rosales y otros altos funcionarios del equipo económico de Ortega presentaron ese día era lo mismo que ya habían presentado ante la Asamblea Nacional y ante los 16 directores sandinistas del CONPES nombrados por el Presidente Ortega. Lo mismo que ya estaba elaborado por el gobierno anterior. Con una “actualización” llevada a cabo por el mismo equipo técnico que trabajaba para el Presidente Bolaños.

Economistas independientes insisten en que nada de lo presentado constituye un “programa”, pues no se detallan las políticas (fiscal, presupuestaria, tributaria, inversiones, servicio de la deuda pública, etc.) y sus proyecciones, que son las que constituyen un verdadero “programa” con sus prioridades.

UN PROGRAMA OCULTO

En esa reunión del 31 de mayo, y a la pregunta del economista Acevedo sobre el “sonido de estos silencios”, sobre el por qué de la premura en negociar un acuerdo con el FMI sin haber logrado antes un consenso nacional sobre el qué negociar, Rosales y Bayardo Arce -consejero económico de Ortega- expresaron contradicciones. “No se entiende -comentó después Acevedo- cómo se nos convocó para obtener nuestro respaldo para un programa que el gobierno está determinado a mantener oculto”.

Según Acevedo, las inversiones sociales que Nicaragua necesita con urgencia requieren de tres decisiones políticas: una reestructuración a fondo de la deuda interna, una reforma tributaria centrada en que los que ganan más paguen proporcionalmente más y el que los recursos de la cooperación venezolana se reflejen de manera transparente en el presupuesto nacional.

Pero en el horizonte no aparece ninguna de estas decisiones. “Y como me imaginé -concluye Acevedo- la razón del secreto es que el gobierno respalda la Ley de Responsabilidad Fiscal que aceptó Bolaños. Y que respalda otras cosas que aún no se conocen. Sólo que el FMI no las impondrá. ‘Nosotros hemos decidido implantarlas, nadie nos las va a imponer’, como me dijo un funcionario”.

NUESTROS EMBAJADORES

A cuentagotas, el gobierno ha ido nombrando nuevos embajadores de Nicaragua en el exterior. Algunos nombramientos han sido especialmente cuestionados. El del embajador en Honduras, Álvaro Chamorro Mora, ex-alcalde de Granada, cargo al que llegó en las filas del FSLN, tras un fraude en las elecciones municipales de 2004 y del que salió, destituido por acusaciones de corrupción -hay una investigación en curso- y cubierto por el rechazo mayoritario de la población de esa ciudad.

O el del embajador en Italia, Piero Cohen Montealegre, acaudalado empresario y voraz comprador de tierras de campesinos pobres en el Occidente del país. Por estar señalado como uno de los grandes beneficiados por los ilegales bonos resultantes de las fraudulentas quiebras bancarias, “en la cárcel debería estar ese señor y no en Italia”, dijo a Envío una fuente cercana a la investigación sobre estos bonos. Su hijo, Piero Paolo Cohen Ubilla, fue designado también como embajador: en Gran Bretaña. A las críticas sobre estos nombramientos el gobierno no ha dado más respuesta que el silencio. El Canciller Samuel Santos se ha referido al caso Chamorro Mora afirmando que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El caso en el que el silencio oficial grita más es el de Álvaro Robelo, un oscuro “empresario” nicaragüense que llegó a Nicaragua desde Italia en 1994 para fundar un banco y un partido, Arriba Nicaragua, en el que participar como candidato presidencial en las elecciones de 1996. Inhibido como candidato y disuelto su partido, pasó a ser aliado del FSLN en la hoy desnutrida Convergencia Nacional. Su banco fue intervenido en 1996 por graves irregularidades y desde entonces Robelo reclamó una indemnización. En 2004 la Corte Suprema de Justicia falló a su favor, lo que significa que el Estado tendría que devolverle unos 60 millones de dólares.

Dos hijos de Robelo, Carlos y Mónica, fueron nombrados por el gobierno uno representante permanente alterno, con rango de embajador, ante la ONU y otros organismos internacionales, con sede en Ginebra, Suiza; y otra gobernadora propietaria con rango de embajadora ante el Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

ROBELO CONTRA EL NUNCIO

Álvaro Robelo fue nombrado embajador ante el Vaticano. Pasados cuatro meses, en los que la Santa Sede no le daba el placet, el embajador frustrado lanzó el 8 de mayo gravísimas acusaciones contra el representante del Papa en Nicaragua, Jean Paul Gobel, a quien responsabilizó del rechazo del Vaticano.

Robelo dijo ante las cámaras de todos los canales de TV que el Nuncio era el jefe de una conspiración malvada y delincuencial contra el Estado de Nicaragua y contra el Cardenal Obando. Lo llamó delincuente, afirmó que había tenido reuniones con él, en las que Gobel le había jurado venganza. Y afirmó que en una reunión reciente tuvo miedo de las reacciones del representante del Papa: Se puso tan bravo que saltó como un resorte, pegando chillidos como una loquita.

Robelo afirmó también que el Nuncio ha mantenido un comportamiento de vida personal bastante oscuro. Y declarándose especialista en teología y uno de los únicos cuatro egresados en todo el mundo de la Congregación del Culto Divino, afirmó que el Nuncio no sabe nada de teología ni de nada.

No pueden imaginarse declaraciones más ofensivas contra un diplomático, y también religioso, venidas nada menos que de quien había sido nombrado para representar a Nicaragua en el Estado representado por el ofendido.

GROSERÍAS LEGITIMADAS

Aunque Álvaro Robelo siempre ha sido un hombre extremadamente vulgar contra quienes elige como adversarios, no dejó de causar asombro que se expresara así impunemente en un país tan tradicional en sus respetos religiosos, y que lo hiciera aspirando a ser representante ante al Vaticano de un gobierno que ha hecho una alianza estratégica con la jerarquía católica y como aliado de un gobernante que no deja pasar un discurso sin mencionar a Dios y al Papa Juan Pablo II.

Cuando, naturalmente, los periodistas le pidieron al Canciller Samuel Santos alguna explicación, éste optó por el silencio: “No me voy a referir al tema”. Tampoco ni él ni nadie en el gobierno pidió disculpas públicas al Nuncio, que sólo respondió con evasivas y que 48 horas después de la perorata de Robelo estaba sentado a la par de Ortega en la instalación oficial de la Comisión del Cardenal Obando.

Si el silencio del Nuncio puede interpretarse como una más de las rutinas de la diplomacia, el silencio del gobierno ante las invectivas de Robelo -que amenazó con seguir hablando del Nuncio y afirmó que aspiraba aún al cargo- “otorga” claramente una legitimación a este comportamiento tan poco diplomático.

¿QUÉ DIPLOMACIA?

¿Cuáles son las facciones del equipo de embajadores del nuevo gobierno? En los años 80 la diplomacia sandinista se orientó claramente a representar a un país pequeño que buscaba la solidaridad de gobiernos y pueblos del mundo para un proyecto de soberanía nacional y justicia social. Aquella diplomacia, aunque no era de profesionales de las relaciones internacionales, estuvo a la altura de aquel reto. La diplomacia del gobierno de Bolaños se orientó a “vender” a Nicaragua en el extranjero, atrayendo inversiones. Atrajo algunas y nos vendió -a precio de saldo- a Estados Unidos.

Hoy, la diplomacia sandinista ¿a qué se orienta? ¿A hacer eco al proyecto de Chávez? ¿A apadrinar el proyecto de la pareja presidencial? ¿A atraer selectivamente a determinado tipo de inversionistas?

Es difícil pensar que, con las debilidades y ambigüedades que hasta ahora muestra el servicio exterior de este gobierno, Nicaragua cuente hoy con una política capaz de enfrentar el reto que significa establecer relaciones con un mundo cada vez más complejo y más incierto como el de este siglo XXI. ¿Sabe el Ministerio de Relaciones Exteriores y la pareja presidencial lo que están haciendo?

Esto abre la preocupante posibilidad de que, por ignorancia, incapacidad y arrogancia, el gobierno de Daniel Ortega lleve a Nicaragua a enredarse en una maraña de conflictos internacionales que no nos competen. Irán es el nudo más peligroso en esta maraña. ¿Cuáles son las coincidencias que nos empujan a acercarnos a Irán en el momento en que ese país desafía “nuclearmente” al mundo? ¿Qué posición tiene Nicaragua frente a las crecientes tensiones entre Israel e Irán? ¿Qué posición con relación al no-reconocimiento de Irán del Holocausto judío? ¿Cómo creer que uno de los gobiernos más vacilantes en la historia reciente de nuestro país está capacitado para enfrentar estas preguntas?

ESTALLA EL “TOLAGATE”

De todos los hechos envueltos en silencios oficiales el más significativo este mes fue la denuncia presentada el domingo 27 de mayo en un reportaje especial del programa televisivo Esta Semana, que dirige Carlos Fernando Chamorro.

Se documentaba en él un caso de extorsión dirigido contra inversionistas europeos-norteamericanos en turismo. La extorsión la realizaba el ex-acalde y ex-diputado del FSLN y actual cónsul en Liberia (Costa Rica), Gerardo Miranda, señalado por corrupción durante su gestión municipal y famoso por un acto de transfuguismo político al término de abandonar su curul.

A través de un intermediario, Miranda proponía a los inversionistas que le entregaran 4 millones de dólares al “Jefe” para resolver los problemas de propiedad que tienen las tierras en las que planeaban hacer la inversión turística, en las costas del municipio de Tola, y para poner fin a los problemas judiciales que afectaban al intermediario.

No sólo: Miranda llevó al intermediario -un individuo de oscura trayectoria- a la Secretaría del FSLN, actual despacho del Presidente Ortega, en donde el intermediario conversó sobre este trato millonario con Vicente Chávez, un operador político de la total confianza de Ortega, al que el FSLN promovió como Contralor suplente.

El intermediario denunció en el programa televisivo toda esta trama, que apuntaba a una mafia bien organizada. Y aunque su historial no es nada transparente, las pruebas de la falta de transparencia del trío Miranda-Chávez-El Jefe eran contundentes.

La gran novedad fue la revelación de un caso concreto, y eso es especialmente positivo. Desde hace años es un secreto a voces, que se encuentran en cualquier conversación aún sin buscarlas, que los problemas de propiedad y los problemas judiciales se “arreglan” en Nicaragua de esta forma. El control del Poder Judicial del FSLN-PLC, iniciado con el pacto de ambos partidos en 1998, ha llevado al país a una situación de total inseguridad jurídica, donde el tráfico de influencias y la compra de voluntades, son el tejido “jurídico” de muchos casos “resueltos” en los órganos judiciales.

NADIE SERÁ INTOCABLE

La primera opción del gobierno Ortega-Murillo fue el silencio. El lunes habló el Canciller Samuel Santos para señalar como responsable de la corrupción al intermediario que había hablado en el reportaje. Su mala reputación justificó su argumento. Santos lo descalificó, afirmando que Vicente Chávez era una persona “honorabilísima” y que no había razón para suspender de su cargo de cónsul a Miranda.

Ese mismo día inició en los informativos del Canal 4 -espacios de la propaganda oficial del gobierno- una campaña de desprestigio contra el intermediario que brindó la información en el reportaje, contra su suegro (diputado por ALN y sobrino del ex-Presidente Bolaños) y contra Carlos Fernando Chamorro. Los tres eran señalados una y otra vez -mostrando sus fotografías como en un wanted recurrente- como miembros de una mafia toma tierras. Se los hacía responsables de ocho delitos: injurias y calumnias, falsificación de documentos, asociación para delinquir, robo de tierras...

El FSLN tiene como único medio masivo con audiencia cautiva a la Radio Ya. La campaña contra los medios la habían iniciado Ortega y Murillo desde que llegaron al gobierno. En esta ocasión, la campaña apuntaba contra el periodismo investigativo del país -que ha jugado un papel crucial en la lucha contra la corrupción desde hace años- y, por primera vez, contra un periodista concreto, y no por casualidad contra el periodista más emblemático de Nicaragua: por su probado profesionalismo y por ser hijo del periodista mártir Pedro Joaquín Chamorro. Como diciendo: si a éste lo “tocamos”, que nadie se crea intocable.

La posición valiente y coherente de Carlos Fernando, asegurando que no lo intimidarían y llamando a otros extorsionados a denunciar hechos similares para frenar la impunidad en que actúa esta mafia institucionalizada resultó ejemplar. Sin embargo, ningún otro inversionista -de los varios que aseguraron que también hablarían- lo hizo. La intimidación funciona muy eficazmente en Nicaragua.

LA “REVELACIÓN” DE MIRANDA

Mientras Daniel Ortega -quien despacha en el lugar en donde habrían ocurrido estos hechos- y Rosario Murillo -responsable de Comunicación en el gobierno y éste era un asunto que le atañía- guardaron silencio durante ocho días consecutivos, evadiendo su responsabilidad, a las 48 horas a Miranda no le quedó de otra que hablar. Lo hizo para afirmar que apenas conocía al intermediario, que la voz de la grabación de su conversación extorsionadora no era su voz y que su único “jefe” es Dios. Y lo más importante: buscó cambiar las reglas del “Tolagate” al “revelar” que en las propiedades en disputa había lanchas rápidas y una pista de aterrizaje para el trasiego de drogas.

Cuando cinco días después del escándalo, el Procurador Hernán Estrada -muy cercano a la pareja presidencial- informó a los medios que el gobierno iniciaría una investigación fue éste el tema por el que mostró más preocupación oficial: los vínculos entre los inversionistas turísticos en las costas del Pacífico y el narcotráfico. Se refirió a los espectaculares quiebres de droga que la Policía ha realizado recientemente en esas playas. Y los relacionó: “No es casual”, dijo.

Esa línea de interpretación fue legitimada finalmente por el Presidente Daniel Ortega el domingo 3 de junio al pie del avión que lo llevaría a Venezuela y a los países árabes. No sin cierto cinismo, el Presidente dijo que la investigación debía ir a fondo, que él no metía las manos en el fuego por nadie y -de nuevo lo más preocupante- hizo énfasis en los dos ejes de la campaña intimidatoria del Canal 4 y de la Radio Ya: había una mafia despojando de tierras a los campesinos y había inversionistas vinculados a la narcoactividad y -no Miranda y no Vicente Chávez y no “el Jefe”- eso ero lo que debía ser investigado.

“NI UNA SOLA MANCHA”

En su Estrategia de Comunicación, elaborada al inicio de su gobierno, Rosario Murillo escribía: En términos de imagen debemos posicionarnos, nacional e internacionalmente, como un nuevo sistema ético, transparente y limpio. Un solo caso emblemático provocaría una mancha muy, pero muy difícil de borrar. Y puede relegar a un segundo plano un esfuerzo en materia social... En materia de corrupción, ello (la lupa que estará sobre Nicaragua) nos obliga a ser inflexibles y sumamente cautos, en términos de cortar de raíz y en cuanto asome cualquier brote de corrupción, evitando así tener que dar explicaciones posteriores sobre el conocimiento que se tenía o no del fenómeno.

Cualquier esfuerzo que se haga por fiscalizar y controlar es poco, dado el altísimo costo que significa, en términos de imagen, un posicionamiento como corruptos. Un castigo ejemplar en algún caso que se produzca dará las señales que debemos dar.

ANTE UN CASO EMBLEMÁTICO

En el “Tolagate” convergen problemas de propiedad, problemas judiciales, personajes con altos cargos públicos y para colmo, el lugar de los hechos denunciados es la misma casa presidencial. Además, el caso está vinculado al desarrollo del turismo en las playas del Pacífico Sur, el lugar de mayor atracción de la inversión extranjera en los últimos años y en playas relativamente vírgenes que han llamado mucho la atención de los turistas del Norte. Apenas 15 días antes de la explosiva denuncia, Rosario Murillo había declarado que Nicaragua aspira a un turismo con una perspectiva de desarrollo sostenible, ético, sensible y justo. ¿Cuántas razones más para hacer de este caso un caso emblemático?

Sin embargo, diez días después de la denuncia no había habido ningún castigo ejemplar: Miranda seguía siendo cónsul de Nicaragua y Chávez continuaba “honorabilísimo”. Y el esfuerzo gubernamental por fiscalizar y controlar se había desviado de los señalados a los señaladores. Los enlodados enlodando.

Tal vez el gobierno no puede actuar de otra manera y estos silencios sólo reflejan la descomposición creciente que desde 1990 viene experimentando la dirigencia que controla el partido en el gobierno. Tal vez este hilo desatado ahora conduce a una madeja muy densamente amarrada desde hace mucho ¿Y quién será el desmanejador que se atreva a desmadejarla sin afectarse a sí mismo?

UNA IMAGEN HECHA AÑICOS

¿En qué medida afectará políticamente al gobierno Ortega-Murillo el “Tolagate”? ¿Y a la economía? ¿Se borrará la mancha? Esta denuncia de extorsión, tan concreta y publicitada -punta de un iceberg en cuyo cuerpo han cristalizado otras, tal vez menos recientes y más graves, pero silenciadas o por miedo o por complicidades inconfesables- ha hecho saltar en añicos la imagen de un gobierno preocupado por atraer la inversión extranjera que Daniel Ortega se ha empeñado en proyectar.

De hecho, el gobierno -al margen de la retórica de tribunas que utiliza periódicamente Ortega- ha hecho recientes esfuerzos por mejorar su relación con los inversionistas extranjeros. El conflicto que mantenía con la transnacional canadiense Polaris por la concesión de la explotación de energía geo¬térmica fue resuelto favorablemente.

También se llegó este mes a un acuerdo preliminar con Glencore, la transnacional suiza que tiene la concesión de Petronic, la empresa estatal de distribución de derivados del petróleo. Y Ortega dio marcha atrás en sus amenazas de expropiar a Unión Fenosa, la transnacional española que distribuye la energía eléctrica en todo el país, reconociendo que no era viable y anunciando el deseo de comprarla en el futuro. Además, el Presidente dio la bienvenida a la inversión del grupo guatemalteco Pantaleón para la producción de etanol, modificando así radicalmente su posición original contra este tipo de inversión por considerar que atentaba contra la seguridad alimentaria del país.

DEMASIADO OPTIMISMO

En este contexto de esfuerzos de entendimiento con el capital extranjero, las repercusiones negativas que tendrá esta significativa denuncia de extorsión en el flujo presente y futuro, tanto de inversión extranjera como de ayuda externa, serán difíciles de esquivar. Contrastan con el optimismo de las proyecciones económicas y financieras que el gobierno le presentó al FMI al iniciar las negociaciones con el organismo internacional. Según el gobierno, el crecimiento económico del país y la generación de empleos serán mayores de lo que originalmente se estimó en el marco presupuestario elaborado por el gobierno de Bolaños para 2007-2009.

Las esperanzas oficiales están fundadas en que la ayuda venezolana genere un incremento sustancial de la inversión pública en infraestructura social y productiva y en que los buenos precios que prevalecen actualmente en los mercados internacionales para nuestros principales productos de exportación estimulen el crecimiento exportador.

El gobierno también tiene la esperanza de que se mantengan, tanto los niveles alcanzados en los últimos años de inversión privada extranjera y nacional, como los volúmenes de ayuda externa provenientes de la banca multilateral y de los donantes europeos, norteamericanos y asiáticos. Éste sería el escenario ideal para una victoria sandinista en las elecciones municipales de 2008 y después, para la reelección de Daniel Ortega.

SOMBRAS Y ALGO MÁS

En este escenario las sombras las ponen los descensos significativos en la inversión privada, extranjera y nacional, particularmente en construcción y turismo, que ya se estaban registrando antes del “Tolagate”.

Asimismo, los volúmenes de ayuda externa inicialmente comprometidos durante el gobierno de Bolaños para los próximos años también tienden a bajar porque el gobierno no tiene disponibles nuevos proyectos de inversión. Por ejemplo, muchos de los proyectos del Instituto de Desarrollo Rural y del Ministerio de Recursos Naturales que han sido financiados por la cooperación internacional están en su fase final de ejecución y el gobierno todavía no ha definido ni su política ni sus proyectos de desarrollo rural ni los de gestión de los recursos naturales. Se observan altos niveles de improvisación.

Además, la cooperación de los países que apoyan directamente el presupuesto nacional está condicionada a que el gobierno alcance un acuerdo con el FMI que, en el mejor de los casos, se firmaría hasta en el último trimestre del año.

DEUDA INTERNA:
NO VA LA REESTRUCTURACIÓN

En este escenario, la disminución de los recursos provenientes de la ayuda externa no podrá compensarse con una reducción del pago del servicio de la deuda interna. Además, el gobierno parece haber echado marcha atrás en su compromiso de reestructurarla. De hecho, la mayor parte del pago de esa deuda está prevista a cancelarse durante el gobierno de Ortega.

Esta marcha atrás podría obedecer a las concesiones que el gobierno ha tenido que hacerle al FMI en negociaciones tensas que aún no concluyen. También podría ser una expresión de que se afianza el control que ejerce sobre la política económica del gobierno de Ortega -hasta ahora una política neoliberal con compensación social proveniente de fondos venezolanos- el grupo de empresarios sandinistas que encabeza el asesor económico de Ortega, Bayardo Arce.

La hipótesis Arce tiene sustento, por ejemplo, en la reacción que los 16 dirigentes gremiales sandinistas que Ortega impuso en la dirección del CONPES tuvieron cuando el gobierno les presentó el “programa” económico y financiero que negocia con el FMI, que es el mismo de Bolaños-. Los 16 sandinistas lo avalaron, a pesar de que el hoy máximo director del CONPES, el diputado Gustavo Porras, se ha caracterizado por su estridente retórica anti-FMI y por su continua descalificación de los opositores al gobierno como “oligarcas neoliberales”.

En esta situación, el gobierno Ortega-Murillo no podrá enfrentar su crisis presupuestaria si no realiza una reforma tributaria profunda, de verdad, “vertical” -que paguen más los que ganan más- o si no consigue ayuda externa adicional.

La reforma presupuestaria está muy lejana aún. Hasta ahora sólo se ha conocido la intención del gobierno de aumentar la recaudación de impuestos eliminando una cuota de las numerosas exoneraciones fiscales de las que gozan sectores privilegiados.

Sólo queda el camino de buscar más recursos externos. Y en busca de ellos y tal vez por eso el Presidente Daniel Ortega viajó tan lejos, a Argelia, a Libia y a Irán.

OSCURIDAD, VIEJA AMIGA

Mientras Ortega y Murillo regresan para hablar o para seguir hilvanando silencios podemos entonar la primera estrofa de aquella canción inolvidable, “Los sonidos del silencio”.

No es ajena a la situación política emocional de incierta oscuridad en la que muchos vivimos hoy la “evolución” de Nicaragua: Hola oscuridad, nuestra vieja amiga, venimos a hablar contigo de nuevo: porque una visión preocupante se arrastra suavemente, ha sembrado sus semillas mientras estábamos durmiendo y las ha plantado en nuestros cerebros… Y está ahí, expresada en los sonidos del silencio... En los sonidos de “estos” silencios.

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