Inseguridad, criminalidad: poderes ocultos y raíces visibles

La sociedad hondureña es hoy una sociedad de miedo, de zozobra, de inseguridad.Tras los homicidios, extorsiones, secuestros, ajusticiamientos y masacres están los poderes ocultos del crimen organizado, vinculados a los poderes públicos. Mientras el gobierno pierde el control, son también visibles las raíces de tanta inseguridad: la miseria de la mayoría, en zozobra por su supervivencia diaria, en angustia por un futuro sin oportunidades.

Ismael Moreno, SJ

Una tarde de una de estas semanas, Suyapa, una empleada de una ONG, se dirigía hacia San Pedro Sula por la carretera principal. Como parte del paisaje, una patrulla de la policía le hizo el alto a su vehículo. Ella se detuvo. Eran dos policías. Uno se le acercó y le pidió la documentación. Ella le entregó su licencia de conducir y el documento de revisión de su vehículo.

Con los documentos en mano, el policía le dijo que esa documentación se correspondía con la de un vehículo que había sido reportado como robado. Suyapa le explicó que su vehículo tenía todo en regla. Entonces, el policía la encañonó con su pistola, la obligó a sentarse junto a él en el asiento trasero, mientras el otro policía tomaba la conducción del carro. Lo llevó por una carretera de tierra hasta dejar a Suyapa abandonada en medio de un campo de caña del Valle de Sula, quedándose ambos con su vehículo.

HOMICIDIOS, SECUESTROS,
EXTORSIONES...

En todo el Valle de Sula experiencias como la de Suyapa son frecuentes. Ésa es la zona del país más golpeada por la delincuencia vinculada con el llamado crimen organizado, la que tiene todos los signos de estar vinculada con estructuras de la Policía y de grupos de poder influyentes en los ámbitos político y económico.

Según informes recogidos por algunos medios de comunicación, entre enero y junio la morgue de Medicina Forense de San Pedro Sula reportó 1 mil 100 personas muertas en el Valle de Sula, el 80% con señales inequívocas de haber sido asesinadas. Ninguno de estos casos fue investigado por una Policía de Investigación atrapada en sus propias deficiencias y en los intereses de los grupos de narcotraficantes y de bandas de robacarros que la han penetrado. En este mismo período se robaron unos 150 vehículos, considerando únicamente los que fueron reportados a las aseguradoras de San Pedro Sula.

Estas informaciones corresponden solamente a una zona de nuestro país. Los reportes de homicidios, masacres, robo de vehículos, secuestros y extorsiones, se suceden con tanta frecuencia por todas partes que la sociedad hondureña se ha transformado en los últimos años en una sociedad basada en el miedo y la zozobra.

EL GOBIERNO:
REHÉN DE PODERES OCULTOS

La inseguridad ciudadana es la herencia más dramática que el gobierno de Mel Zelaya recibió de la anterior administración. Y es el problema peor tratado en el continuado proceso de desaciertos del actual gobierno. El Presidente de la República cerró el mes de junio con el clamor de impotencia de un hombre que ya no sabe qué hacer con un gobierno que se le ha escapado de las manos: “Díganme ustedes, por favor, qué se puede hacer para que funcione la justicia en Honduras”. Lo dijo en San Pedro Sula, en el marco de la feria patronal, rodeado de un grupo de empresarios y de altos funcionarios de su gobierno que ya dejaron de apoyarlo y que estarían negociando en su nombre para fortalecer a quienes tienen control de los corredores subterráneos del crimen organizado.

Las estructuras públicas destinadas a investigar los casos y a aplicar la justicia son frágiles y están contaminadas por los poderes ocultos. Y el gobierno está incapacitado para controlar esos hilos. Todo apunta a que el gobierno está siendo rehén de sectores que han convertido la inseguridad en un negocio rentable y de largo alcance.

DECLARACIONES
Y CONFESIONES EXPLOSIVAS

A comienzos de año, recogimos en las páginas de “Envío” la confesión de un alto funcionario público que admitía que un 30% de los oficiales de la Policía tenía responsabilidades con el crimen organizado, un 30% lo aceptaba y permitía y el restante 40% reconocía no tener capacidad para hacer nada. Creemos que el funcionario se quedó corto. ¿En manos de quién está la Policía de Investigación? Todo parece apuntar a que es el principal bastión del crimen organizado. Quien no pertenece a una banda de robacarros, pertenece al narcotráfico.

El 25 de junio, cuando la sociedad hondureña recordaba los 32 años de la matanza de Los Horcones -cuando en la hacienda de ese nombre, propiedad de Manuel Zelaya, padre del actual Presidente de la República, fueron asesinadas 14 personas, entre ellas dos sacerdotes, cuyos cadáveres fueron depositados y dinamitados en un pozo-, el médico forense Dennis Castro Bobadilla, propuesto por el gobernante hondureño para ocupar la dirección de la Policía de Investigación, declaró que bajo ninguna circunstancia aceptaba el puesto porque en conversaciones con el Ministro de Seguridad, el General retirado Alvaro Romero, éste le había confesado que más del 50% de los policías de ese cuerpo pertenecía a uno de los dos carteles mexicanos, uno dedicado al narcotráfico y otro especializado en robo de vehículos.

Estas explosivas declaraciones se dieron en el marco de una emergencia decretada por el gobierno hondureño tras el linchamiento y posterior quema de tres reos privados de libertad acusados de haber asesinado a dos niños a finales de mayo. La matanza era tan sólo una más de las venganzas que se suceden continuamente en los centros penales sin que la Policía de Investigación investigue nada. En esos mismos días el director de centros penales declaraba que nadie en el Estado podía controlar las acciones sangrientas dentro de los centros penales porque el control de esas instalaciones lo tenía el crimen organizado.

EL ASESINATO
DEL EDECÁN PRESIDENCIAL

En respuesta, el Presidente de la República decretó emergencia en los centros penales, destituyó a su director y al director de la Policía de Investigación. Dos días después de esta decisión, cayó abatido a tiros el capitán del Ejército, Alejandro Humberto Motiño, pariente y edecán del Presidente de la República. Pasaron horas y días y la Policía de Investigación no tenía director ni investigaba el asesinato. Se conoció que los asesinos del edecán habrían salido del país, que estaban siendo protegidos por el crimen organizado o por las maras, o que alguno de los autores materiales también habría sido asesinado.

Y ante todo esto, el país asistió a otra de las manifestaciones de impotencia del Presidente de la República, y del propio Estado hondureño, desarmado ante los poderes ocultos y la inseguridad ciudadana. Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras (COFADEH) recibió una llamada a su celular en la noche del miércoles 27 de junio: era la voz del Presidente Zelaya. Llamaba a la defensora de los derechos humanos para que le brindara información para saber si el cadáver de una persona aparecida en la aldea La Cañada, al sur de la capital, correspondía o no a uno de los asesinos materiales de su edecán. Al día siguiente, el Ministro de Defensa, Arístides Mejía, confirmaba que la coordinadora de COFADEH manejaba más información fidedigna que los propios responsables de investigación del Estado hondureño.

¿POR QUÉ CORRE LA SANGRE?

La sociedad hondureña se encuentra sumida en una colosal incertidumbre. El gobierno de la República se esfuerza en restar importancia a los hechos de violencia que implican a funcionarios públicos creando cortinas de humo con el fin de distraer la atención.

El Presidente de la República, junto con su Consejo de Ministros, se pronunció declarando que el asesinato de su edecán era un crimen político cuyo objetivo era amenazar directamente al Presidente. El Secretario Privado del Presidente, el periodista Raúl Valladares, dijo que se trataba de un crimen político: “Matan y asesinan por la espalda. Es un mensaje claro. Las acciones de este gobierno buscando beneficiar al pueblo y no a sectores poderosos del país han hecho que la sangre corra”.

Pero cuando comenzaron a divulgarse los posibles nexos de este crimen con asuntos personales o, todavía peor, con alguno de los corredores subterráneos del crimen organizado, el Presidente de la República, destapó otra versión: la vinculación del estadounidense asesor publicitario de Pepe Lobo -ex-candidato presidencial por el Partido Nacional y adversario político de Zelaya en las pasadas elecciones- con una campaña de terror, que habría llegado a planear crímenes y a ejecutar masacres con el fin de elevar el perfil de la propuesta electoral de Lobo, que estuvo sustentada en la instalación de la pena de muerte y en la “mano dura” contra los mareros.

Entre estos planes para favorecer a Lobo estaría la masacre de Chamelecón (23 diciembre 2004), cuando unos supuestos mareros habrían asesinado de manera indiscriminada a 28 pasajeros de un bus, que después de un arduo día de trabajo regresaban a sus domicilios en las afueras de San Pedro Sula. En la atmósfera quedó ya entonces la sospecha sobre la eventual vinculación entre la campaña de Lobo, el candidato nacionalista y esta horrorosa masacre. Sin embargo, la investigación se orientó a la captura y posterior condena de dos mareros, aunque resultaba imposible que el montaje y la efectividad de aquella espeluznante acción descansara en dos miserables pandilleros.

Las declaraciones del Presidente de la República sospechando nuevamente de Lobo reabrieron la herida, aunque hacerlo puede haber sido una cortina de humo orientada a desviar la atención del asesinato de su edecán.

SIEMBRA ERRORES
Y COSECHARÁS CRISIS

Las declaraciones del Secretario Privado del Presidente de la República, así como el pronunciamiento de Casa de Gobierno en el sentido de que el asesinato del edecán responde a intereses políticos de grupos de poder que se sienten afectados por las decisiones de la administración pública, se suman a las constantes declaraciones de los personeros del gobierno ante cualquier manifestación de oposición al gobierno.

El gobierno no cae en la cuenta de que su política ha sido errática y que sus desajustes han contribuido a fortalecer a los poderes ocultos, beneficiados ante las incertidumbres que generan las improvisaciones del gobierno, sus ambivalencias y ambigüedades.

Desde su primer mes de gestión, el gobierno sembró vientos y ahora está cosechando las tempestades. En el primer mes de gobierno el propio Ministro de Seguridad afirmó que la inseguridad que transmitían los medios de comunicación y de la que se lamentaba la sociedad era sólo una percepción de la gente que no se correspondía con la realidad. Dieciséis meses después, el país es testigo de más de diez homicidios diarios y de más de diez mil homicidios sin esclarecerse.

INTERPRETACIONES ABSURDAS, CEGUERA GUBERNAMENTAL

Esta realidad es caldo de cultivo para quienes se alimentan de la inseguridad. Es caldo de cultivo para las compañías privadas de seguridad -no pocas de ellas vinculadas con antiguos oficiales del Ejército y con grupos del crimen organizado-. Y es caldo de cultivo para quienes toman sus decisiones a partir del miedo y el terror de la ciudadanía.

La convulsa situación que vive hoy la sociedad hondureña la recibió el gobierno actual de una administración que se escudó en la inseguridad para favorecer negocios de sus propios funcionarios públicos. Pero esa herencia no lo explica todo. Los sistemáticos desaciertos políticos y la acumulación de conflictos sociales han contribuido a agravar la situación: vientos que cosechan tempestades. Y no hay peor error político que querer explicar lo que sucede buscando conjuras.

En el gobierno anterior, el Ministro de Seguridad acusó a los movimientos populares de estar recibiendo recursos del narcotráfico para financiar las protestas. Ahora, el Ministro de Defensa -en su momento identificado como hombre de izquierda- acusa a las organizaciones populares de estar recibiendo financiamiento externo para desestabilizar al gobierno. Y la Presidenta del Partido Liberal acusa a una extraña derecha de estar atizando el descontento para sus propios y oscuros intereses.

El Primero de Mayo, ella, la Presidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal decidió asistir a las marchas populares. Fue recibida con insultos, botellazos y piedras. La interpretación no se hizo esperar: no era una expresión del malestar de los sectores populares con el gobierno, era la derecha infiltrada entre los manifestantes la que había aprovechado la ocasión para expresar su repulsa por las atinadas decisiones del gobierno a favor de los sectores populares.

Y todo esto lo dice la dirigente política con la desfachatez propia de quien se siente la más fiel y estricta representante de una izquierda radical... Cuánto le cuesta a la gente del gobierno mirarse hacia adentro y descubrir en sus propios pasos y entre su propia gente las señales evidentes de la crisis que afecta actualmente a la sociedad hondureña.

PODERES OCULTOS APOYADOS
POR PODERES PÚBLICOS

La violencia y la inseguridad que actualmente gobiernan el ambiente del país, creando sentimientos de zozobra y de espanto entre la ciudadanía son más alarmantes al conocer cómo se vinculan con estructuras del Estado. Varias investigaciones no gubernamentales coinciden en vincular el ajusticiamiento sistemático de jóvenes en distintas ciudades del país a estructuras de la Policía ligadas a sectores de la gran empresa privada. Esas muertes estarían articuladas, además, con los sectores del crimen organizado que controlan los centros penales del país y las decisiones del sistema judicial.

Lo que más desestabiliza al país es comprobar que las decisiones fundamentales residen fuera del Estado y se toman sin contar con el Estado. Es pavorosa la versión del Presidente de la República sobre el crimen de Chamelecón. Pero lo mismo se especula sobre otras masacres ocurridas por decenas en distintos sectores del país, asesinatos realizados con saña, con precisión, dentro y fuera de los penales, que apuntan a ajustes de cuentas entre las bandas del crimen organizado. Existen versiones fundadas que explican que los grupos en torno al crimen organizado cuentan con ejércitos completos y controlan totalmente territorios extensos, en donde actúan con la mayor de las impunidades porque se apoyan en las instituciones públicas: policías, alcaldes, diputados, jueces... Son poderes ocultos que tienen éxito porque se sostienen en los poderes públicos, en estructuras del Estado, particularmente en las estructuras policiales y judiciales. Estamos siendo testigos de la construcción de un país conducido por un Narco-Estado, por un Estado Criminal.

BUSCAR LA JUSTICIA
POR LAS PROPIAS MANOS

El gobierno no parece tener ya capacidad para hacer frente a la inseguridad con alguna eficacia. Ante esta incapacidad, crece la tendencia de la gente a buscar respuestas privadas e individuales para afrontar los peligros y riesgos que a diario se corren. Además de la gravedad que significa el retorno a la ley de la selva, quienes se benefician de esta situación son los grupos privados que cuentan con respaldo oficial para “brindar seguridad”. Esta lógica ha hecho surgir grupos privados que toman la justicia por su mano, lo que explica que en las ciudades más importantes del país aumente a diario el número de personas muertas, particularmente jóvenes, con signos evidentes de un ajusticiamiento organizado.

La tentación de buscar cualquier clase de respuesta a la inseguridad y a la violencia endureciendo las medidas represivas y violentas está a la orden del día. En los últimos meses se han puesto en marcha Comités de Seguridad en diversos municipios del país. Articulan a la policía con la alcaldía, con la Cámara de Comercio, con el Club Rotario, con alguna que otra iglesia evangélica y con dirigentes de los patronatos comunitarios. El objetivo es dar seguridad a la ciudadanía a través de postas policiales, compra de vehículos y celulares que fortalezcan a los policías e identificación en cada comunidad de las personas que puedan poner en peligro a la ciudadanía. Basada en el miedo y la delación, esta organización podría derivar en la militarización y armamentización de la sociedad.

¿QUIÉNES SON “PELIGROSOS”?

Atacar la inseguridad con el armamentismo y la vigilancia policial es frenar las verdaderas respuestas y hacer crecer la espiral de violencia y de miedo. En este marco, ya no sólo los delincuentes y pandilleros serán vistos como un peligro para la sociedad.

Para los Comités de Seguridad la gente peligrosa comienza a ser también cualquiera que protesta por demandas sociales y salariales. Así ocurrió en la ciudad de El Progreso, en donde la industria maquiladora emplea a unas diez mil personas, y en donde el atropello de los derechos de las obreras y obreros es una práctica cotidiana. En junio, una empresa maquiladora -la AFL/Adeso -despidió a todas las obreras y obreros que se reunieron con la intención de organizar un sindicato.

Las protestas de estos obreros provocaron la reacción de varios miembros del Comité de Seguridad, quienes consideraron que los reclamos y acciones de protesta amenazan la tranquilidad y ponen en peligro la inversión extranjera. En un pronunciamiento del 22 de junio, la Cámara de Comercio y la Corporación Municipal afirmaron su “respaldo a la industria de la maquila, amenazada por personas que no reparan en el daño que están causando a la economía y estabilidad de nuestro municipio y nuestro país al participar en acciones que propician el desorden y la anarquía poniendo en peligro la fuente de empleo más importante con que contamos”.

LA INSEGURIDAD
TIENE OTRAS RAÍCES

La inseguridad que produce la violencia y la delincuencia callejera y las actividades del crimen organizado amenazan la existencia del Estado de Derecho. Sin embargo, mientras la inseguridad se reduzca a la criminalidad, las respuestas no pasarán de ser paliativos y al final de cuentas alimentarán la espiral de violencia.

Cuando el Ministro de Defensa, Arístides Mejía, se reunió en meses pasados con sus colegas del hemisferio afirmó que la seguridad debía centrarse en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que provocan las pandillas juveniles. El Ministro no dudó en invocar el apoyo del gobierno de Estados Unidos para garantizar seguridad y estabilidad a las sociedades latinoamericanas. Así, la fórmula para que no haya violencia es más represión, y nada mejor para lograrlo que el endurecimiento militar y policial, en plena alianza con la injerencia militar del gobierno de Estados Unidos.

Nada peor para buscar respuestas auténticas que desvincular la zozobra actual con la precariedad de la vida de la mayoría de la población hondureña. Diversas encuestas de los últimos meses muestran que la principal preocupación de la ciudadanía hondureña es la violencia y el crimen. Pero a renglón seguido la gente señala problemas como el desempleo, la corrupción en el gobierno, el alto costo de la vida, la falta de hospitales y de servicios públicos y el daño al medio ambiente.

No se necesita ser un experto analista para entender que la inseguridad ciudadana no es sólo producto de la violencia y la criminalidad, sino también de la ausencia de políticas públicas acertadas, lo que mantiene a la gente en la incertidumbre de la sobrevivencia diaria y en la angustia por un futuro que se dibuja todavía peor.

¿EL RETORNO
DE LA “SEGURIDAD NACIONAL”?

Un peligro real es que los sectores de poder se afanen en identificar y en meter en un mismo saco la criminalidad y la protesta social. A propósito de las protestas y movilizaciones de los últimos meses -particularmente en demanda de la derogación de leyes como la de minería o la que privatiza el agua potable- el Ministro de Defensa afirmó que están llevando a cabo investigaciones para identificar las fuentes de financiamiento de esas protestas, especialmente las que movilizan a campesinos y a indígenas.

Las afirmaciones del Ministro -quien a inicios de la década de los 80, siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, se mostró inconforme con la política de seguridad nacional del gobierno de Suazo Córdova y del general Álvarez Martínez y que dice ahora que quiere investigar los recursos financieros de las organizaciones populares, como lo hicieron en su momento estos dos personajes, de triste trayectoria en la historia nacional- son sorprendentes. Uno de los peores resultados de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en aquellos años fue la intervención y división de diversas organizaciones populares, el debilitamiento del movimiento sindical, el sometimiento del movimiento estudiantil y la cruel represión contra los campesinos y contra varias organizaciones sociales.

Según los dirigentes que han organizado las movilizaciones de los últimos meses, la gente se moviliza por sus propios medios y no con dinero del extranjero como quiere hacer creer el Ministro de Defensa. Afirman estos dirigentes que si al Ministro le parece una competencia de su Ministerio investigar las fuentes de financiamiento del movimiento popular, debiera sentirse también obligado a investigar las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, especialmente por el peligro que corre la seguridad nacional al quedar atrapada la nación en manos de un puñado de patrocinadores de estos partidos que le pasan la factura al candidato ganador y ejercen su voluntad al margen de las leyes y a espaldas del pueblo.

Existe el peligro de que grupos, tanto del gobierno como de la gran empresa privada, aprovechen el miedo y la zozobra que provoca la delincuencia y la criminalidad para impulsar mecanismos de injerencia del gobierno en las organizaciones sociales y populares parecidos a los de las políticas represivas de la doctrina de seguridad nacional, de tan triste recuerdo.

¿DE DÓNDE VIENE
TANTA INSEGURIDAD?

La protesta social no tiene ninguna relación organizada con la criminalidad. Tiene una relación directa con las comunidades del occidente del país que reclaman se derogue una ley de minería, cuyos principales artículos fueron calificados por los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia como inconstitucionales. Tiene que ver con las demandas de los ambientalistas olanchanos para que se actualice la legislación forestal que proteja los bosques y castigue a sus depredadores, incrustados en los propios organismos del Estado.

Si la gente joven se está yendo masivamente a Estados Unidos, si cerca de millón y medio de compatriotas están afectados por falta de empleo, si el sistema de salud no funciona, si los homicidios crecen y el sistema de investigación y de justicia no actúa, si aumenta la desigualdad en el ingreso, si la gente que sufrió por inundaciones está hoy en mayores riesgos y si los asuntos se resuelven más por la intervención de personas individuales que por el funcionamiento de las instituciones, podemos deducir que algo muy grave y profundo está ocurriendo en el país.

NO BASTAN PARCHES

Nada de esto se arregla con parches, como lo han querido hacer todos los gobiernos que hemos tenido desde hace más de 25 años. Situar al país en el contexto de la profunda injusticia social que padece la mayoría es situarse en el camino para superar este grave error.

Unir los datos, vincular las realidades, abre la capacidad crítica. Y capacidad de crítica le hace falta en altas dosis al gobierno y a los sectores de la gran empresa privada. Si no hay acceso a la tierra, ¿no estará esto vinculado con el aumento desordenado de los barrios marginados en los centros urbanos, o con la migración o con la delincuencia y la violencia juvenil?

RESPONSABLES SOMOS TODOS, PERO NO EN LA MISMA MEDIDA

En el fracaso de Honduras, todos tenemos responsabilidades. Pero no podemos responsabilizar por igual a los campesinos que a quienes les toca definir las políticas agrarias. No tiene igual responsabilidad quien no ha estudiado y no sabe de leyes que los abogados y jueces expertos en torcer las leyes y las sentencias del sistema de justicia. No podrían tener igual responsabilidad en un conflicto laboral las obreras de una maquila a quienes se les han violado sus derechos que los empresarios maquiladores y los funcionarios del Ministerio del Trabajo. No se puede culpar por igual de la inseguridad a un ladronzuelo de la calle que se salta un cerco que a un funcionario que sabe saltarse los procedimientos legales para proteger a los grandes delincuentes que evaden sus impuestos y malversan caudales públicos.

¿SE PUEDE PENSAR JUNTOS?

Unir los datos abre la oportunidad de pensar juntos y con seriedad el grave problema estructural del país. Pero, ¿se puede pensar el país juntos si a menos de año y medio del nuevo gobierno políticos y funcionarios ya andan en campaña electoral?

Para pensar el país hay que prescindir de los partidos tradicionales y de los políticos de oficio. Y hay que confiar en otros sectores, los sectores sociales populares, en donde todavía se puede sembrar y cosechar los compromisos que tanto necesita la sociedad hondureña para formular propuestas que aborden la inseguridad desde sus raíces.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

Imprimir texto

Enviar texto