Nicaragua

“Las microfinancieras somos políticamente muy atractivas”

Patricia Padilla, Secretaria Ejecutiva de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) y directora de ADIM, que facilita microcréditos a mujeres, compartió con Envío datos y valoraciones sobre la situación actual de este sector, en una charla que transcribimos.

Patricia Padilla

Las microfinanzas surgieron en Nicaragua y en América Latina, como una de las respuestas a las medidas de ajuste estructural, que tuvieron como uno de sus resultados inmediatos el incremento del desempleo. En Nicaragua, el ajuste estructural fue ampliando más y más el sector informal de la economía a partir de 1990, hasta llegar a ser, desde el año 2002, según datos del FIDEG, el 75% de la población económicamente activa. Una cifra enorme. En este 75% hay gente en microempresas, en muy diferentes rubros de la economía. Lo que tiene en común toda esta gente es que son cuentapropistas, trabajan por cuenta propia y se generan sus ingresos. En ese sector informal un 60% son mujeres. Y entre esas mujeres, casi el 80% manejan negocios de subsistencia. Es un dato revelador: en la base de quienes se benefician de los microcréditos hay muchas mujeres muy pobres. En la base económica está la gente que vive en la subsistencia, encima está la microempresa, más arriba la pequeña empresa -mayor que la micro-, encima la mediana empresa y en la cúspide, algunas empresas grandes, las sociedades anónimas y las compañías.

Hasta 1990, los pequeños y medianos tenían en Nicaragua dos fuentes formales de financiamiento: el Banco Nacional de Desarrollo y el Banco de Crédito Popular. La tercera fuente era la del crédito de usura, que tiene aún mucha presencia y que siempre es más activo en la base, en los niveles de subsistencia. El Banco de Crédito Popular no llegaba a los negocios de subsistencia, atendía de la micro y pequeña para arriba y especialmente a los comerciantes. El Banco Nacional de Desarrollo proveía el crédito agropecuario. Al desaparecer ambos bancos estatales, precisamente en el momento en que se incrementó sustantivamente el desempleo y creció el sector informal, se provocó un desabastecimiento financiero. En ese momento entraron las microfinancieras y desde entonces juegan un papel importante.

La mayoría de las microfinancieras tienen un enfoque social: apuestan al desarrollo y a aliviar la pobreza y habemos algunas que buscamos también el empoderamiento de las mujeres. También hay algunas que se han desarrollado y hoy tienen paradigmas estrictamente financieros.

El Grameen Bank, un banco social de microcréditos, fundado en Bangla Desh en 1976 marcó la pauta. Muhammad Yunus, doctor en economía, comenzó a entregar microcréditos tras la hambruna de 1974 y viendo el éxito y los resultados decidió fundar ese banco. En 2006 recibió el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para crear desarrollo económico y social desde abajo”.

Actualmente el Grameen Bank atiende a 5 millones de clientes, la mayoría mujeres, tiene más de 2 mil sucursales y unos 20 mil empleados. Dar crédito a mujeres musulmanas para que trabajaran fue su gran innovación. Una verdadera revolución.El Grameen se ha caracterizado por ser una oferta financiera que está constantemente adecuándose a la dinámica económica de sus clientes. Su experiencia ha demostrado algo que también se demuestra en Nicaragua: que las mujeres somos mejores pagadoras que los hombres. También está demostrado que la gente más pobre es la mejor pagadora.

En América Latina las microfinanzas alcanzaron pronto un buen desarrollo en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina y Brasil hay muy pocas. En Centroamérica, Nicaragua es el país con más desarrollo, seguido por El Salvador y Honduras, después Guatemala y Costa Rica. Se cumple que los países con más desarrollo económico, donde es más reducido el sector informal de la economía, tienen menos microfinanzas.

ASOMIF es un gremio en el que actualmente participan como afiliadas 19 instituciones de microfinanzas con diferentes misiones, perfiles, escalas y orientaciones. No somos las únicas microfinancieras. Hay otras que son sociedades anónimas: Pro Credit, Findesa y Fama, que están reguladas por la Ley General de Bancos y otras Entidades Financieras. En ASOMIF la mayoría somos fundaciones, ONG y asociaciones sin fines de lucro, excepto la 20 de Abril, que es una cooperativa de ahorro y crédito, que está bajo la Ley de Cooperativas. También existen en el país sociedades anónimas pequeñas, mercantiles, que no están reguladas porque no tienen suficiente patrimonio. Tanto a éstas como a las ONG nos incluyeron hace varios años en la Ley de Préstamos entre Particulares, una ley orientada tradicionalmente a regular la actividad de los prestamistasen los mercados.

En Nicaragua, las microfinancieras trabajan con unos 450 mil clientes y manejan una cartera de unos 400 millones de dólares. Las microfinancieras agremiadas en ASOMIF trabajan con unos 340 mil clientes, un 62% de ellos mujeres, y con una cartera de 215 millones de dólares, en la que las mujeres participan en un 40%. Estas proporciones de la participación de mujeres es la que mantienen hoy todas las microfinancieras en el país: siempre participan más mujeres, pero siempre con préstamos más pequeños, señales que indican la baja capacidad de pago de las mujeres y su situación de pobreza.

Las microfinancieras hemos tenido un impacto económico y financiero positivo en las unidades familiares que financiamos, hemos generado empleo. También ha habido impactos negativos en algunos casos, provocados principalmente cuando la evaluación que se hace antes de entregar el crédito es deficiente. Siempre tenemos que evaluar muy bien la capacidad de pago de las personas, porque si no, las podemos perjudicar endeudándolas. Es muy importante que la evaluación sea lo más objetiva y consistente posible, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social.

Generalmente, trabajamos con créditos de libre disponibilidad. Las personas deciden en qué segmento de la economía participan, en qué negocio van a invertir el dinero que les prestamos. Respetamos la autonomía personal: cada quién sabe qué es lo que sabe hacer y qué es lo que puede hacer. Financiamos lo que la gente nos pide que le financiemos. En ASOMIF hay microfinancieras con diferentes orientaciones. En ADIM, por ejemplo, damos préstamos pequeños a mujeres muy pobres que no tienen garantías y usamos con ellas metodologías de crédito grupal, donde no se piden prendas materiales, sino la fianza moral. Hay otras microfinancieras orientadas a financiar con créditos individuales, en los que se piden prendas y fianzas materiales para respaldar los créditos.

En las microfinanzas consideramos que la fianza moral es la reina de las garantías. Es algo que ya está estudiado y probado: lo principal es la voluntad de pago que tienen las personas, cómo administran el dinero y cómo se organizan para pagar. Más importante que la prenda que dan en garantía es la cultura de pago de las personas.

Fomentar la cultura de pago ha sido precisamente una de las principales banderas de las microfinanzas en Nicaragua. Porque en nuestra historia hemos visto a diferentes gobiernos con diferentes discursos ideológicos, pero todos haciendo asistencialismo. Esto ha generado muchos problemas. A inicios de los años 90, cuando empezamos a trabajar, veíamos cómo al acercarnos a cualquier comunidad la expectativa de la gente era ver qué nueva mesada les venían a ofrecer… Fue una lucha hacerles ver que el dinero prestado hay que pagarlo y que si no lo pagaban, los obligaríamos a pagarlo, porque si no lo hacían dejarían sin crédito a otra gente y cometerían una injusticia. Fuimos construyendo así la cultura de pagar y en eso hemos avanzado mucho actualmente. Sin embargo, se trata de una cultura muy vulnerable, porque cuando a algunos les dicen que no tienen que pagar vuelven muy pronto para atrás. Hoy, la gente paga porque sabe que somos útiles, porque ve que puede trabajar con el dinero que le damos. La crisis reciente nos demostró, entre otras cosas, mucha consistencia en la calidad de pago de la gente que atendemos.

La crisis se originó a fines de julio en Jalapa entre un grupo de personas que se llamó Movimiento de Productores y Comerciantes de Las Segovias. Posiblemente, expresaban un fenómeno que veníamos observando desde hacía unos tres-cuatro años, cuando entraron al mercado microfinancieras muy grandes.

Desde inicios de los años 90 las microfinancieras han ido creciendo en capital y patrimonio y actualmente hay ya bastantes inversionistas extranjeros ofreciendo fondos. Además, la gente tiene también otras muchas ofertas de crédito: las tarjetas de crédito, las casas de empeño, las casas comerciales… Hay, por ejemplo, una casa comercial que vende a crédito electrodomésticos, máquinas de coser, televisores, con una cartera de crédito de 50 millones de dólares, una cantidad considerable.

Todos estos actores económicos, que brindan crédito, han estado actuando estos últimos años en el sector urbano y en los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa. De manera bastante agresiva lo han hecho las tarjetas de crédito. En esta situación, parece que en los últimos años muchas personas han estado paliando la crisis económica tomando créditos de varios lugares sin medir suficientemente sus capacidades de pago y se han sobre-endeudado. Se ha hecho frecuente el caso de personas que buscan crédito en una microfinanciera y cuando quedan en mora van a otra y a otra…Salen de una deuda con una endeudándose con otras dos. Tuvimos, por ejemplo, el caso de una señora que hacía barriletes y le iba muy bien, pero al final quedó debiéndole a las 19 microfinancieras de ASOMIF. Se había endeudado con todas. Con esa soberana sobre-endeudada desapareció del mapa, no sabemos si se fue del país o está escondida en algún lado.

Ese fenómeno de sobre-endeudamiento se venía generalizando. Y aunque una microfinanciera evalúe que una persona tiene capacidad de pago, puede desconocer si tiene otros acreedores y por eso, hacer una evaluación inadecuada. En esa situación, Pro Credit, que es regulada y que tiene los beneficios bancarios que otorga la Ley General de Bancos, arrestó a seis personas morosas en Jalapa. Otras financieras reguladas también lo hicieron y así fueron ejecutando prendas por la vía de la cobranza judicial: quitando casas y terrenos.Con las financieras reguladas por la Ley de Bancos el juez tiene que dictar sentencia ejecutoria en 72 horas. Y si no ejecutan, la Superintendencia de Bancos las multa. Si las reguladas tienen cartera en mora -atraso en los pagos- tienen que comenzar a hacer provisiones y a los siete días tiene que ir un gestor de cobro donde el moroso y después tiene que ir con el juez a ejecutar. Eso es lo que manda la ley.

Lo que hace una microfinanciera repercute en todas. Por una nos juzgan a todas. Por ley bancaria, los jueces ejecutaron propiedades en Jalapa. Entre nuestras microfinancieras, las agremiadas en ASOMIF, ésa no es la actuación. Nosotros no hacemos cobranza administrativa a través de un proceso judicial. Hacemos presión. Porque es una responsabilidad social recuperar el dinero para poder prestar a otros. Lo que hacemos es llegar a la casa a cobrar, y si no encontramos a la persona morosa en el día le caemos en la noche o en domingo hasta ver cuándo nos paga y bajamos su mora. Si le quitamos una prenda, es persuasivamente, negociando con la persona, viendo si tiene voluntad de pagar. Si le quitamos, por ejemplo, a una persona morosa su “espejo de patas de león” -un objeto típico entre las garantías que la gente nos da- se lo retenemos hasta que nos pague. Si la persona nos autoriza, lo vendemos y lo que nos den lo aplicamos a reducir la mora.

Los 215 millones de dólares con los que trabajamos se los debemos a inversionistas de Europa y de Estados Unidos, que son privados y que son de todo tamaño: desde grandes inversionistas que están en el mercado de capital hasta organismos que trabajan con el dinero de pequeños ahorrantes, de gente común, como el WCCN de los Amigos de Wisconsin, que prestan sus pequeños ahorros a los pobres de Nicaragua.

Las acciones judiciales contra los morosos crearon, naturalmente, un ambiente tenso en Jalapa y entre la gente afectada. Entonces, tres deudores, seriamente presionados por varias microfinancieras -uno hasta con 600 mil dólares de deuda- lideraron a los afectados y a sus familiares e hicieron retenes y tranques en las carreteras durante once días. Hubo una primera negociación con un representante del INIFOM, Edward Centeno, que se comprometió a que el gobierno llamaría a las microfinancieras a negociar con los deudores. Pero el gobierno nunca lo hizo. Los morosos no cedieron y arreció la presión de los deudores: nuevos tranques en la carretera, cierre de la frontera…Hasta llegar a un momento de negociación en el que participaron cuatro diputados sandinistas de la zona. Los encabezaba César Castellanos. Con su mediación y la de ASOMIF suscribimos un acuerdo de reestructuración de deudas para quienes habían caído en mora hasta el 30 de abril. El acuerdo -ampliación de plazos, períodos de gracia y una negociación específica de cada microfinanciera según cada caso- fue suscrito entre los morosos y ASOMIF y la única financiera regulada que participó en esta negociación fue FAMA.

El 5 de julio se firmó este acuerdo. Y el 11 de julio, el Presidente de la República, en un acto público en Jalapa, se dirigió a los morosos en estos términos: “Han hecho bien en protestar en contra de los usureros, pero en vez de estar protestando en las carreteras, protesten frente a las oficinas de los usureros y plántense frente a sus oficinas. Párense firmes, ¡nosotros los apoyaremos!” Según nos informó Castellanos, el Presidente estaba desinformado cuando dijo eso, pero sus palabras fueron suficientes para que los del movimiento de morosos, en vez de llevar los listados de los clientes en problemas para hacer cumplir los acuerdos, lo que hicieron fue incrementar el hostigamiento en Jalapa y después en Ocotal, hasta llegar a actos de violencia, secuestro durante horas del personal de dos microfinancieras, conato de incendio de una, actos criminales que llevaron a la intervención en Ocotal de la policía antimotines con saldo de heridos de parte y parte. Como consecuencia, cerraron todas las microfinancieras en Jalapa y en Ocotal, cuando el epicentro se desplazó allí.

Las consecuencias para la economía de la zona fueron desastrosas. Recibimos un comunicado de la asociación de ganaderos y cafetaleros de Jalapa, en el que se quejaban de las acciones de este movimiento y lamentaban el cierre de las microfinancieras: tenían problemas de circulante para pagar sus nóminas, no podían guardar su dinero y ahorrar -porque las reguladas captan ahorros y son la única expresión bancaria que hay en la zona-, no circulaban las remesas de los migrantes, y no había abastecimiento en el comercio, en las farmacias. En todo este ambiente de tensión, nos sorprendió positivamente el apoyo popular que mucha gente nos expresó respaldando la labor de las microfinancieras.

Ya desde mayo, antes de estos disturbios, las microfinancieras de Las Segovias habían decidido no dar nuevos financiamientos y sólo estaban trabajando con gente que ya había recibido créditos, que cancelaban y se los volvían a dar. La situación de sobre-endeudamiento y las incertidumbres políticas han aumentado los riesgos del crédito. De parte del gobierno nos han dicho que la Ley de Microfinanzas está en agenda del Legislativo para ser discutida, pero nos preocupa que en el interín de esta crisis entró en vigencia el 9 de julio el nuevo Código Penal. Y en ese Código reformado el delito de usura aparece con seis o siete tipificaciones, estableciendo penas de cárcel para diferentes cargos de los que empleamos en las microfinancieras: directores, gerentes generales, notarios, auditores, contadores, promotores… Se consigna allí como usura todo interés que supere la tasa que calcula mensualmente el Banco Central. Pero esa tasa cambia: hoy dice 21.87% anual, pero ha calculado el 4%, el 7%, el 12%, el 16%, tasas que no cubren siquiera nuestros costos de operación.

¿Somos usureras las microfinancieras, prestamos a usura? Hay que entender que un banco comercial logra colocar fácilmente 100 mil dólares de crédito en un solo cliente, pero en una microfinanciera como ADIM, donde trabajamos con créditos promedio de 140 dólares, colocar 100 mil dólares es trabajar con mil clientes. Esto multiplica enormemente los costos de operación. Mientras el crédito es más pequeño tiene más alta rotación y plazos más cortos. Esto significa estar renovando el plazo y eso multiplica la gestión de evaluación, la gestión de caja, las operaciones contables, el gasto en papelería... Y todo eso cuesta: salarios, viáticos, energía eléctrica, equipos, software…

Una microfinanciera tiene obligación social de tener superávit o de tener utilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una lucrativa y una no lucrativa? Que el superávit -así se le llama técnicamente al margen que nos queda en el caso de las ONG- lo metemos enterito al patrimonio para ampliar la cartera y seguir prestando a más gente. Ése es el sentido democrático y no lucrativo de las ONG microfinancieras. En cambio, las utilidades de una sociedad mercantil que hace la misma operación de microcrédito se distribuyen entre particulares -los accionistas, los socios- y queda a criterio de cada quien qué hacer con su dinero: si lo vuelve a invertir en la microfinanciera e incrementa sus acciones o si lo dedica a otra cosa.

¿Qué es usura? ¿Cuál es la tasa de un usurero? Habitualmente, suelen cobrar el 20% de interés diario en los mercados. O más. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los referentes de las tasas de interés, cuáles son los factores que entran en juego para determinar una tasa de interés? En primer lugar hay que considerar lo que se llama la tasa pasiva, la tasa de interés que pagamos a nuestros financiadores. El promedio de tasa pasiva anual en ASOMIF se ha incrementado actualmente: subió de 8.5% a 11.5% anual a causa del factor riesgo-país, que ha venido aumentando con el actual gobierno y aún más, tras el conflicto con las microfinancieras. Esa tasa pasiva puede subir también por otras razones. Pero la tasa pasiva no es el factor de mayor peso para determinar la tasa de interés que cobramos. El de mayor peso son los costos de operación: promotores con motos que se desplazan por todo el país, combustible, viáticos, salarios con prestaciones sociales, cajeras, celadores, edificios con equipos, energía eléctrica, teléfono, computadoras… El FDL, la microfinanciera mayor de ASOMIF, tiene 515 empleados en su personal. ADIM, que es muchísimo más pequeña, tiene 50. Estos costos operativos y de administración son bastante grandes. Y hoy están incrementados por la inflación.

El otro costo grande que influye en las tasas de interés es el riesgo, dependiendo del manejo de la cartera y del índice de mora de cada institución. No podemos pasar de una mora del 5%, y no porque tengamos regulaciones con la Superintendencia de Bancos, sino porque entonces los inversionistas no nos prestan. Lo primero que un inversionista califica es la sanidad de la cartera, qué indice de mora tiene, cuál es la cartera afectada, cuál es el riesgo que presenta… Otro factor que entra en juego para fijar la tasa de interés es la ganancia: cuánto vamos a ganar en cada operación. No podemos trabajar al costo. Necesitamos tener algún beneficio que fortalezca el patrimonio, porque es con más patrimonio que podremos seguir prestando y consiguiendo más dinero para prestar.

Muchas microfinancieras trabajan con gente muy pobre, con montos bajos -que encarecen los costos de operación- y asumen ese riesgo. Por ejemplo, Pro Mujer y FINCA, que prestan montos bajos y están en Las Segovias, sólo tenían a nueve personas en las listas de morosos en rebeldía. Mujeres ninguna. Sus clientes pagan, cumplen. Es gente que vive en una dinámica económica de altísima rotación. Negocitos de un tamaño que tienen una rotación diaria de inventario, donde la gente está ocupada todos los días y si se mete a hacer plantones en un movimiento de no pago pierde mucho dinero.

Cuando nos dicen “usureros”, ¿en relación a qué nos lo dicen? Yo puedo mostrar contablemente por qué cobramos las tasas de interés que cobramos. En ASOMIF las tasas dependen del rubro, del tamaño del monto y de qué nivel de operatividad tiene el producto que estamos dando. Un crédito agropecuario tiene un costo operativo alto y un repago lento. ¿Cómo se le pueden bajar las tasas al crédito agropecuario? Con el crédito comercial, haciendo subsidios cruzados. Eso es lo que hace el FDL. Y lo puede hacer por el volumen de su cartera y por la escala de sus operaciones.

La cartera de ASOMIF, la de las 19 instituciones agremiadas, anda por 215 millones de dólares. De esa cantidad, 100 millones son para crédito al sector agropecuario. La banca formal no coloca nunca esa cantidad en el sector agropecuario. El FDL tiene aproximadamente 50 millones de dólares de cartera y 75 mil clientes, el 62% mujeres. El 60% de su cartera es para crédito agropecuario. Los clientes agropecuarios con los que el FDL trabaja reciben en promedio préstamos de 1,100 dólares. Son gente que tiene tierras y animales como garantía de ese crédito.

Pero, por el desarrollo que ya ha tenido el FDL, puede prestarle también a clientes que no tienen con qué soportar su crédito, campesinos de subsistencia, que son básicamente mujeres. De los 75 mil clientes del FDL, 30 mil son campesinos y campesinas de subsistencia. Por misión, el FDL atiende a estas personas bajo lo que llaman “cartera de desarrollo”: préstamos al 18% para que la mujer pueda comprar un cerdo, una vaca, para que siembre, para que ponga un negocito, para que haga su horno para rosquillas… Esa capacidad la tiene el FDL desde el año 2002. Hace 10 años no podía hacer eso. Por la escala que ha alcanzado, por la experiencia que ha adquirido puede ofrecer esas tasas de interés más bajas a ese segmento del campesinado. Otras instituciones no pueden hacerlo así.

Quien presta al 20% diario es realmente un usurero. ¿Cuáles son los costos operativos de un usurero? Son muy bajos. El cliente llega donde el usurero por recomendación. La “evaluación” es la recomendación de otro. Y los métodos de presión para la cobranza no son costosos, son expeditivos: el cliente de un usurero sabe que si no paga corre un riesgo muy serio. Lo que obtiene el usurero es pura ganancia. Ahí si podemos hablar de lucro. También en los bancos hay lucro: tienen más costos que un usurero, pero tienen menos costos que nuestras microfinancieras.

Las microfinancieras no somos una alternativa a la banca, sino a la usura. Las personas a las que atendemos son, en general, gente que ha estado cayendo en manos de usureros toda su vida. Y hoy ven la diferencia. No están contabilizados los usureros que actúan aún en Nicaragua. Se observa que la oferta microfinanciera los ha reducido. Se lo hemos dicho al gobierno: la usura no se combate con leyes, se combate con oferta. Es una ley del mercado. Podemos tener un saco de leyes y la usura no va a desaparecer. Desaparecerá cuando haya una oferta de crédito suficiente y adecuada, que ponga a competir a la gente por las tasas de interés, como sucede con la competencia de cualquier producto en el mercado.

En el gremio somos muy heterogéneos, pero tenemos un código de ética y nos relacionamos de acuerdo a ciertos principios: respeto a la autonomía de las instituciones, respeto a la orientación de cada uno, compromiso con aliviar la pobreza, con el fomento empresarial, con el fomento a la producción agropecuaria y a las zonas rurales. Algunas microfinancieras tenemos un marcado acento de género y existimos por eso y para eso. Hay otras que están incorporando la perspectiva de género. Tenemos en común trabajos de incidencia en leyes, en políticas públicas. La crisis provocada por el movimiento de morosos en Jalapa y en Ocotal -ha habido expresiones menores en otros puntos- la hemos percibido como una señal de alarma. Esa etapa ya pasó y es ahora cuando empieza la verdadera negociación: la negociación de las tasas y cómo se van a articular las microfinanzas con el gobierno. Cuando inició este gobierno, le hicimos una propuesta de cómo articularnos con sus instituciones para canalizar fondos, pero aquella propuesta quedó a un lado. Ahora el gobierno vuelve a hablar de “articulación”. Pero, ¿en qué condiciones? En aquel momento estábamos hablando de condiciones de mercado, pero después de todo lo que hemos escuchado en el discurso oficial, nos quedan muchas incertiumbres y nos hacemos muchas preguntas.

El gobierno tiene problemas: no tiene red de distribución de fondos, no tiene sucursales, no tiene tendido. Nosotros tenemos red, sucursales y tendido. El gobierno también tiene pocos fondos. El Banco de Fomento -que el gobierno no pone aún a funcionar- dispone solamente de 35 millones de córdobas, una cantidad muy pequeña. Es la que coloca una microfinanciera grande en un solo mes, es lo que coloca el FDL en un trimestre. Un asesor del gobierno ha dicho que el BCIE le ha aprobado 60 millones de dólares para producción alimentaria, pero no tienen cómo canalizar esa suma, y quieren articularse con nosotros. El 25 de julio, el Presidente lanzó otro discurso: volvió a calificar de usura nuestro trabajo y anunció que serán los Gabinetes del Poder Ciudadano los que decidirán el destino de los fondos que el gobierno canalizará a través de microfinancieras especializadas. Y ahí está el nudo: ¿en qué condiciones los canalizaríamos? Sin tener marco regulatorio y con el amenazante nuevo Código Penal, ¿cómo trabajaríamos? Lo que nos preocupa ahora es que no tenemos ley y que la legalidad que existe no calza con el trabajo que hacemos las microfinancieras sin fines de lucro. La ley de microfinanzas en Honduras es una ley que fomenta a las microfinancieras para que sigan jugando su papel. En El Salvador igual. Aquí no. Aquí estamos en el limbo.

Nosotros creemos que lo preferible, lo deseable es que las tasas de interés se establezcan por el libre mercado y que se bajen por libre competencia. Y de hecho, eso es lo que ha sucedido: las tasas de las microfinancieras han venido bajando en la medida en que ha habido más oferta de capital. Ahora lo que hay es un gran ruido retórico, un gran discurso, pero no porque las tasas hayan subido.

En las tasas tenemos que ponernos de acuerdo. Unas microfinancieras tienen músculo para bajarlas más y otras tenemos menos músculo y trabajamos en el segmento más costoso y de mayor riesgo, el de la gente más pobre. Desafortunadamente, en microfinanzas, entre más pobre es la gente con la que trabajas resulta más costoso trabajar. Por un préstamo de sólo 100 dólares, tienes que invertir mucho dinero hasta ponerlo en las manos de esa persona pobre. Es una ironía, pero es una realidad financiera, una realidad de mercado. Las microfinancieras más pequeñas tenemos menos músculo y crecemos menos, precisamente porque trabajamos con montos pequeños y así las carteras crecen menos y no todos los inversionistas extranjeros confían en las pequeñas y mientras más pequeñas nos atribuyen mayor riesgo y nos ponen intereses más altos. Es un gran reto crecer, pero a veces resulta un círculo vicioso.

Nosotros consideramos que no es realista lo que ha dicho el Presidente de la República: que la tasa de interés no debe pasar del 8%. El gobierno dice que está canalizando fondos a 8% y a 5% a través de Alba-CARUNA, pero hemos sabido que en el papel es donde es a 8%, pero “por debajo” hay un cobro de comisión que dispara la tasa. Además, la otorgación de esos créditos está relacionada con afiliaciones políticas. Y si por algo nos hemos caracterizado las microfinancieras ha sido por no hacer distinciones políticas ni de raza ni de religión. Una tasa del 8% anual no la puede dar ninguna financiera, por grande que sea. Cuando se dio el problema de Jalapa, las mujeres que el FDL atiende en una sucursal del Mercado Oriental lo primero que nos dijeron fue: “Cuidadito van a cerrar ustedes, cuidadito nos dejan de atender, porque nos va a tocar ir a caer con los usureros”. Ahí dentro del Mercado, mujeres que trabajan vendiéndole café a la gente que trabaja en las zonas francas, si les cerramos el crédito una sola semana, las quebramos.

Merecería un premio de periodismo de investigación quien descubriera lo que realmente canaliza en créditos Alba-CARUNA, a partir de los fondos de la cooperación venezolana. Nadie sabe, nadie supo y creo que nadie sabrá. El gerente general de Alba-CARUNA sí ha expresado claramente que ellos no están fomentando la cultura del no pago y que tampoco están perdonando deudas. El Presidente de la República ha dicho, después de los sucesos de Ocotal, que él no llama a que no se pague sino a reestructuraciones. Pero una reestructuración de deudas a 20 años -como en algún momento mencionaron algunos de los líderes del movimiento de Las Segovias- es imposible para cualquier institución. En el caso de las microfinancieras, lo más que nos permiten los financiadores para pagarles son tres años. Veinte años es un imposible.

En este escenario, ¿qué significa el programa del gobierno Usura Cero, qué impacto tiene? Creemos que es más un discurso que una respuesta en el mercado financiero. Usura Cero tiene un fondo muy pequeño, de aproximadamente 1 millón de dólares, y limitado a algunos puntos de Managua y a Masaya, Rivas y Matagalpa. Lo manejan desde el IMPYME con promotores y comités de crédito -que evalúan la capacidad de pago del grupo de clientes y las tasas y los plazos-, integrados por miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que actúan con sesgos políticos. Están funcionando, pero por diferentes fuentes del mismo gobierno hemos sabido que tienen problemas serios de recuperación. Un funcionario habla de un 80% de mora. Un 5% de mora en una cartera de créditos es ya un escándalo. Un 80% de mora sería una cartera técnicamente muerta, desaparecida. El aporte de las microfinancieras es crucial en la economía de Nicaragua.

Si las instituciones de microfinanzas -y así nos lo planteamos cuando se crispó la situación en Jalapa y en Ocotal- no diéramos un solo crédito, no habría producción de postrera, para la que tenemos destinados, entre todas las microfinancieras, unos 100 millones de dólares. Así de sencillo. En este momento, si un país como Nicaragua, teniendo tanta capacidad de producción de alimentos, no aprovecha los buenos precios internacionales, se está suicidando. En el contexto actual deberíamos estar discutiendo las instituciones de microfinanzas, la banca formal y el gobierno, cómo hacer para que la gente produzca más, cómo hacer para conseguirle a la gente los insumos más baratos… Ahora, la producción de una manzana de maíz, sólo por el costo de los insumos, sin meter la mano de obra, anda por los 109 dólares. ¿Qué hace un campesino de subsistencia con esos precios? ¿Qué producción sacará? En estos momentos deberíamos estar todos discutiendo estas cosas y no buscándonos pleitos internacionales. Es lamentable que esa discusión no se esté dando.

Si desapareciera el microcrédito de Nicaragua se paralizaría el sector informal de la economía y los pequeños y medianos productores agropecuarios dejarían de producir. Los grandes productores seguirían tranquilos, porque ellos son bancables. El sistema financiero formal trabaja con el sector agropecuario grande y sabemos que hay once fondos del gobierno que los canalizan el Banpro y el Bancentro. Pero ésas son “ligas mayores”. Las microfinancieras están siendo el paliativo del resto de la gente para enfrentar una aguda crisis económica, que el gobierno debería estar enfrentando.

Cuando se ataca a las microfinancieras, los primeros afectados son los más pequeños. Cuando apareció la Ley de Préstamos entre Particulares, que puso techo a las tasas, FAMA -que en ese tiempo era ONG- lo primero que cortó fue el crédito agropecuario. Y muchas microfinancieras redujeron el crédito agropecuario, que es un crédito caro. Y las microfinancieras que estaban trabajando con grupos de subsistencia -en su mayoría, grupos de mujeres- se fueron a trabajar con pequeñas y con medianas empresarias.

Los morosos del movimiento de Las Segovias son menos de mil clientes. Y son 340 mil los clientes de las 19 microfinancieras de ASOMIF. Esos menos de mil morosos están debiéndole a las microfinancieras reguladas y a las no reguladas. Fundenuse, la microfinanciera a la que le quemaron su edificio en Ocotal, tiene 17 mil clientes y sus morosos eran sólo 67. Es sólo el 0.03% de la clientela de Las Segovias la que ha puesto en jaque a miles de personas en la zona.

¿Qué pretende el gobierno atacando ahora a las microfinancieras, calificándonos de usureras, alentando a los morosos? Aunque este movimiento de morosos no fue planificado por el gobierno, sino que fue expresión de una coyuntura del mercado, y también expresó el poder de manipulación de tres grandes deudores -al frente del movimiento de morosos están un ex-alcalde del FSLN de Jalapa, retirado del cargo por problemas de corrupción y con un juicio pendiente, y un empresario de Ocotal, que era del FSLN y ahora es candidato a alcalde de ALN, que debe más de 600 mil dólares-, el gobierno ha visto una oportunidad de actuar en esta crisis. Con el gran discurso de la tasa de interés.

¿Por qué hostigan a las microfinancieras? Porque tenemos poder. Tenemos poder de compromiso, poder técnico, poder económico y poder financiero. Tenemos poder porque sabemos trabajar, porque los inversionistas confían en nosotros, porque hemos aprendido con la gente y en el camino y hemos llegado a un nivel de especialización que no es fruto de universidades, sino del trabajo diario, con investigadores, con nuevos productos financieros, con adecuación de políticas, con técnicos y contadores que han ido adaptando metodologías, con financieros que saben trabajar con criterios flexibles… Así hemos construido una tecnología, una metodología y hemos acumulado una gran experiencia. No tenemos tanto dinero como conocimiento. Y ése es nuestro mayor patrimonio. Todo esto es muy sexy para este gobierno, muy atractivo. Tenemos un tendido de sucursales, y no es un tendido de casas vacías. Son casas con equipos, con tecnología y con personal técnico y con un buen nivel de compromiso social. Pero no tenemos un marco regulatorio y lo que hasta hoy nos sirve de marco regulatorio es amenazante. Es con este poder y este vacío con los que llegaríamos a negociar con este gobierno.

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