La inseguridad: en la realidad, en los medios y en los imaginarios

¿Hay más inseguridad hoy en Costa Rica, hay más violencia? ¿Cuáles son los delitos que se han incrementado y por qué? El problema es complejo, pero se intenta enfrentarlo con soluciones simples y analizarlo desde prejuicios. Dejemos hablar a la realidad, sentemos en el “banquillo” a los medios Y reflexionemos cómo se ha ido construyendo la ideología que fomenta el miedo y genera inseguridad.

Carlos Sandoval García

En Costa Rica, como desdichadamente en muchos otros países, el tema de la inseguridad se ha convertido en materia prima para prejuicios y juicios apresurados. A menudo, fenómenos disímiles entre sí se consideran dentro de una misma canasta. Así, criminalidad convencional, crimen organizado, narcotráfico o grupos alzados en armas se asumen como un todo indiferenciado.

Frente a un conjunto tan heterogéneo de realidades se erigen llamados a restaurar la paz, a menudo echando mano, no tanto de la fuerza de la razón, cuanto que de la razón de la fuerza. La salida autoritaria emerge ante un diagnóstico en el que la lectura resultante es una imagen de caos. No abundan explicaciones al por qué de estos fenómenos. Predomina la formulación de respuestas, por lo común punitivas y escasea la reflexión sobre los factores que podrían estar propiciándolas. Lamentablemente, no faltan quienes se identifican con esta opción. No es fácil aceptar que los problemas complejos no se pueden resolver con salidas fáciles.

Hay al menos tres planos en los que la inseguridad aparece como tema de discusión. Un primer plano apunta a los rasgos del fenómeno de la violencia y la inseguridad. Un segundo plano se expresa en el discurso de los medios de comunicación acerca de la inseguridad. Un tercer plano se refiere a algunas de las formas en que la inseguridad no es sólo una experiencia o un discurso, sino que se convierte también en una ideología, en una forma de pensar la sociedad.

¿CUÁN CONFIABLES SON LAS CIFRAS?

Una primera acotación: diversos estudios subrayan que no siempre las fuentes son consistentes. Los datos del Ministerio de Gobernación no siempre recogen y procesan las boletas que levanta la Policía de Proximidad, que es la unidad policial destacada en los barrios y a la cual acude la población cuando requiere la actuación policial. Así se pierde un tipo de registro muy valioso. Tampoco el Ministerio de Gobernación tiene series de datos que permitan aproximarse al fenómeno a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, no siempre las estadísticas del Ministerio de Gobernación coinciden con las del Poder Judicial y con las del Ministerio de Justicia, encargado de la población penitenciaria. Estas diferencias no sólo se traducen en que las diferentes instancias registran el fenómeno en diferentes momentos. También hay inconsistencia en cómo registrar ciertos eventos. El Informe de Desarrollo Humano 2005, publicado por el PNUD, subraya incluso que las estadísticas de homicidio doloso provistas por diferentes dependencias no siempre se corresponden.

Una primera necesidad es contar con registros y bases de datos confiables. A ello hay que agregar un subregistro de eventos no reportados a las autoridades judiciales o bien no registrados por instancias de las autoridades del Ministerio de Gobernación. Por último -y no menos importante- están aquellas formas de criminalidad para las cuales no hay figuras penales tipificadas o, que existiendo, pocas veces son tema de análisis. Baste citar los llamados delitos de “cuello blanco”, a menudo no considerados como expresiones de la violencia o la inseguridad. La espectacularidad de estos delitos ha aumentado en Costa Rica.

MÁS SUICIDIOS
Y MÁS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Todos estos vacíos demandan cautela en el modo en que el tema de la inseguridad es registrado y posteriormente convertido en tema de discusión pública. Partiendo de estas precauciones, conviene caracterizar, aunque muy brevemente, algunos de los indicadores. Las tasas de delitos contra la vida por cada mil habitantes han crecido en los últimos 15 años, aunque las cifras no son estrictamente comparables pues ha habido cambios en la legislación penal. En todo caso, las tasas no muestran aumentos dramáticos. Por ejemplo: si se comparan las cifras de homicidios dolosos -en los que hay intencionalidad- con las tasas de suicidios en los mismos años, nos sorprenderá que las cifras no varían sustancialmente. En los años 2004, 2005 y 2006, según las cifras provistas por la Oficina de Planificación del Poder Judicial, las tasas de homicidios dolosos y suicidios muestran cifras muy similares. Incluso en 2006, la tasa de suicidios superó a la de homicidios dolosos. Sin embargo, la alarma social y el pánico moral no se activan cuando se trata de suicidios. No es tan fácil convertir el suicidio en “suceso”. Igualmente, buena parte de los homicidios culposos cobran sus víctimas en accidentes de tránsito, a menudo no asumidos como expresión del clima de violencia.

¿Y LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR?

Puede resultar sorprendente, pero en Costa Rica la violencia intrafamiliar es el principal motivo por el cual es llamada la Policía de Proximidad. Pese al imaginario que dice que la violencia y la inseguridad están en las calles, son las casas, el hogar, el sitio más asociado al conflicto. Sin embargo, las salidas punitivas no consideran esta dimensión. Como ante el suicidio, la violencia intrafamiliar escapa de la clasificación fácil y estigmatizante.

Las cifras que reportan aumentos más significativos son las referidas a delitos contra la propiedad y los sancionados por la ley de sicotrópicos. Las tasas de robos por mil habitantes muestran un incremento sobre todo a partir de 1998, pasando de 66.3 a 86.3 por mil habitantes entre 1998 y 2003. Para no sacar conclusiones apresuradas, hay que tener en cuenta que este incremento no sólo se debe a un aumento de este tipo de delitos, sino también a cambios en la legislación penal.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
LA SEDUCCIÓN DEL “SUCESO”

Ignorar que ciertos tipos de delitos han aumentado es tan riesgoso como asumir que los discursos sobre el delito no han variado en los últimos años. En la última década, sobre todo en la prensa y en la televisión, ha aumentado la proporción de noticias referidas a “sucesos”, la forma cultural empleada por el periodismo para referirse a la delincuencia, siempre y cuando no sea de “cuello blanco”. Puede decirse incluso que los “sucesos” se han nacionalizado: han remplazado lo que en otra época se consideraba eran las noticias “nacionales”.

Primero el Diario “Extra”, luego “Al Día” y finalmente “La Teja” -estos dos últimos parte del Grupo Nación- conforman una trilogía de diarios en la que sucesos, farándula y fútbol constituyen los principales contenidos de las informaciones. A ello se suma el giro que experimentó hace ya una década “Telenoticias”, el noticiero con mayor audiencia en Costa Rica, al incluir en su programación un primer segmento, que en ocasiones se extiende por más de un tercio de sus ediciones, dedicado a sucesos.

El grupo Repretel -de capital mexicano y poseedor de varias frecuencias de televisión- compitió con el mismo argumento y ahora lo usual es que los presentadores de noticias tengan una pantalla con el texto que van leyendo y también un monitor en el que siguen el noticiero que en el otro canal se ofrece a la misma hora. Como en la prensa, la trilogía sucesos, farándula y fútbol se repiten una y otra vez. La política es noticia cuando se produce un escándalo y, por lo tanto, cuando puede ser tratada como “suceso”.

La disputa por la audiencia, y con ella por la publicidad, nos ha conducido a un panorama de medios en que los accidentes de tránsito y los delitos contra la vida y la propiedad son los principales temas. A contrapelo de la promesa de la economía neoclásica, la competencia de la prensa y la televisión han nivelado hacia abajo.

LOS “SUCESOS” EN COMUNIDADES EMPOBRECIDAS

A menudo los medios están presentes en las comunidades empobrecidas cuando allí ha ocurrido un delito, pero nunca lo positivo que allí sucede es considerado noticia. Monitoreando los sistemas de comunicación de la Cruz Roja y de otras instituciones, algunos medios llegan incluso primero que las autoridades cuando hay un evento delictivo en las comunidades empobrecidas.

Lo usual es que los medios entrevisten a las personas en el contexto de los hechos delictivos y sus respuestas son empleadas para validar los prejuicios que ya iban a contener las informaciones. El encuadre de la pregunta condiciona a menudo la respuesta. La pobreza se extranjeriza y criminaliza un día sí y otro también.

Se ha intentado que los mismos noticieros que criminalizan a la gente de las comunidades empobrecidas den cuenta, por ejemplo, de la graduación de estudiantes de la escuela de la comunidad. Para la mayoría de estos estudiantes será, seguramente, su primera y su última graduación. Para sus padres, y sobre todo para sus madres, la graduación es un acontecimiento de enorme alegría. Significa ver a sus hijos e hijas finalizando la experiencia escolar, a pesar de miles de dificultades. Con camisas gastadas por muchas lavadas y planchadas una y otra vez, suben al escenario a recoger sus diplomas. Sin embargo, los medios no llegan. Proveen un inventario selectivo del acontecer que procuran legitimar como “la realidad” y una premisa de este inventario es que prácticamente sólo lo negativo es noticia.

Como toda regla, este principio necrófilo tiene excepciones: basta una pequeña acción de un personaje público legítimo y legitimado para que se convierta en noticia. Cuando un político u otro personaje con poder reparte juguetes en esas mismas comunidades cuya graduación nunca fue noticia, entonces los medios sí asisten. La noticia son los figurones, no las comunidades.

AUMENTA MÁS EL MIEDO
QUE LOS DELITOS

Esta tendencia tiene ya al menos una década y sus implicaciones socioculturales se expresan en los modos en que el discurso de la televisión permea los modos en que las personas perciben su entorno. A partir de datos producidos por una encuesta nacional, el Informe de Desarrollo Humano 2005 concluye que quienes ven más información sobre delitos en la televisión perciben como más inseguro el país. E inversamente: quienes ven menos información sobre delitos en televisión perciben el país como más seguro.

Este hallazgo no ha sido motivo de discusión con quienes programan las agendas, especialmente las de
los noticieros de televisión. Lamentablemente, los medios exigen rendición de cuentas a los funcionarios, pero ellos no rinden cuentas a la ciudadanía, poco habituada a exigírselas. Los medios se asumen representantes no electos de la ciudadanía.

Podríamos decir que, si bien la inseguridad no es simplemente discurso, también es discurso. Suponer que la realidad y su expresión en forma de discursos son dos mundos aparte trae consigo dificultades para comprender el problema e impide responder por qué en Costa Rica la experiencia de victimización y la percepción de inseguridad, presentan asimetrías considerables.

El Informe de Desarrollo Humano 2005 muestra, por ejemplo, que la probabilidad de ser víctima de violencia patrimonial es de un caso entre cuatro, mientras que la probabilidad percibida es de una entre dos. La percepción duplica a la victimización. En el caso de la victimización física, la razón es de una entre treinta y una. Sin embargo, la percepción de victimización es de una entre tres. De nuevo, la percepción es mucho más elevada que la victimización.

En otras palabras, independientemente del aumento de la delincuencia, ha aumentado también la sensación de miedo. Un factor no anula al otro y mal haríamos si suponemos que las explicaciones simplistas nos permiten comprender mejor lo que no es sencillo. Lo grave es que una retórica fácil, a veces politiquera y de mal periodismo, intentan reducirlo todo a ley y orden.

INSEGURIDAD COMO IDEOLOGÍA

La tercera dimensión de la inseguridad no alude a cifras o a discursos sino a su dimensión más ideológica, es decir, a que ciertos indicadores de aumento de la delincuencia y los discursos que le acompañan procuran legitimarse como modos de pensar la sociedad.

Como parte del giro neoconservador que ya se prolonga por 30 años, se ha dicho que la permisividad propiciada por el Estado del Bienestar en Estados Unidos y en los países europeos dio lugar a abusos de los sectores beneficiados con ayudas estatales: población negra y latina, mucha de ella inmigrante reciente, habitantes de áreas de grandes ciudades caracterizadas como lugares “peligrosos” y “violentos”, por lo común habitados por “extranjeros” y “criminales”, términos empleados casi como sinónimos por los medios de comunicación.

El discurso neoconservador legitimó la tesis de que los beneficios sociales universales daban lugar a abusos y a conformismo, y demandaban cada vez mayores impuestos. Esto reforzaba la tesis neoliberal de que la iniciativa individual es la clave de la prosperidad. “Yo no creo en la sociedad. No hay tal cosa, sólo hay individuos y sus familias”, dijo hace ya 30 años Margaret Thatcher.

LA COHESIÓN Y LA EXCLUSIÓN

La crítica al Estado del Bienestar estuvo acompañada de la consideración de que la alternativa consistía en más iniciativa individual y más control social sobre los sectores sociales considerados amenazantes, peligrosos o contaminantes. Se requería “ley y orden” frente a una “cultura permisiva” que, no sólo garantizó beneficios sociales, sino también derechos a grupos con opciones sexuales diferentes o políticas de acción afirmativa que intentaban disminuir la poca presencia de estudiantes afroamericanos o latinos en las universidades.

El análisis crítico del neoconservadurismo ha sugerido que la amenaza del miedo, la pérdida y la erosión de lo considerado como tradicional, propio o nacional, se proyecta y se articula sobre todo en torno a estos grupos, a menudo sintetizado en “el problema de la inmigración” espacialmente asociado con la ciudad y particularmente con los barrios empobrecidos.

Los sectores sociales más empobrecidos de las ciudades, a menudo inmigrantes y/o personas negras o latinas, se convirtieron así en tema y en actores frente a los cuales las capas medias y altas pueden representarse como “el núcleo de la nación”. La cohesión se construye a través de la exclusión, como subraya Steven Macek en su libro “Pesadillas urbanas”.

El neoconservadurismo se ha convertido en el referente ideológico de buena parte de los “sucesos”, al tiempo que éstos constituyen la forma discursiva a través de la cual el neoconservadurismo procura legitimar sus tesis principales. El proceso de legitimación del discurso neoconservador a través de los “sucesos” echa mano de algunos recursos claves, entre los cuales hay que subrayar los modos a través de los cuales se despolitiza la política, la vida pública y las instituciones, convirtiéndolo todo en decisiones personales o en eventos azarosos.

¿SIRVEN LAS SALIDAS PUNITIVAS?

El crimen organizado, a menudo vinculado con el narcotráfico, ha sido señalado como un detonante de muertes violentas. Sin embargo, poca es la discusión acerca de qué factores propician el consumo de drogas ilícitas en países como Estados Unidos. De manera semejante, no es una pregunta frecuente por qué los robos han aumentado tanto. A menudo, esta pregunta es reemplazada por iniciativas que intentan resolver sus manifestaciones por la vía punitiva.

Tres ejemplos pueden ser útiles. Uno es la iniciativa “Recobremos la paz”, una campaña que retoma el discurso autoritario tan frecuente en otros países de Centroamérica cuando se trata de criminalizar a los jóvenes. Uno de sus animadores en Costa Rica es Juan Diego Castro, también uno de los impulsores de la criminalización de grupos de adolescentes que solían asaltar a transeúntes en la vía pública, comúnmente llamados “chapulines”, y de la creación de la Ley penal juvenil. Convertido en especialista por los medios de comunicación, pasó de ser líder de un partido político de izquierda hace justamente treinta años a convertirse en un animador de la ideología de la ley y el orden.

“Recobremos la paz” contó inicialmente con el apoyo de agencias de publicidad y medios de comunicación. Sin embargo, el mismo gobierno se percató del giro autoritario y del riesgo político que implicaba darle protagonismo y persuadió a los sectores empresariales que la apoyaban a retirarle su respaldo. Por lo pronto, se trata de un acto fallido, pero el llamado a la “tolerancia cero” está latente y no se puede descartar la emergencia de un líder carismático y de mano dura.

LA LEGISLACIÓN QUE FALTA

Otra iniciativa que intenta dar respuesta al aumento de la violencia es el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa titulado “Ley de fortalecimiento integral de la inseguridad ciudadana”. Una de las principales conclusiones de una primera lectura del proyecto es que el diagnóstico que lo acompaña no se expresa en los capítulos de la ley. El proyecto reconoce que la inequidad, la deserción escolar y la segregación urbana son factores que inciden en el aumento de la criminalidad. Sin embargo, ninguno de estos factores se aborda en términos de legislación.

¿Por qué no se legisla sobre estos aspectos? Porque no se pueden abordar desde una perspectiva exclusivamente penal. Para disminuir la desigualdad se requiere aprobar, por ejemplo, la reforma fiscal y con ella disminuir algo la deserción escolar y la segregación urbana. Pero la reforma fiscal ha sido una de las grandes ausentes en los dos primeros años de este gobierno. En cambio, el último capítulo del proyecto de ley legisla sobre la población migrante, pese a que se sabe que no hay ninguna relación estadísticamente significativa entre la presencia de población migrante y el aumento de la delincuencia.

Otro proyecto legislativo también en curso es la “Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo”. Si bien buena parte del documento se refiere a la necesidad de impedir la ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa, se enfatiza la relación entre estos capitales y el terrorismo, como si éstos no tuviesen ya una presencia en otras actividades económicas. En este contexto, el narcotráfico se vuelve instrumental para criminalizar la política, como si el únivo vínculo de la narcoactividad fuese con la política.

LA EROSIÓN
DE LA TRADICIÓN LIBERAL

Especialistas en Derecho han llamado la atención sobre las implicaciones de éstos y otros proyectos en curso en la corriente legislativa. Constantino Urcuyo advierte que el riesgo es que el socavamiento del Estado de derecho no provenga de una dictadura, y sí de un estado policial. El proyecto “Ley integral de la seguridad ciudadana” incorpora, por ejemplo “testigos sin rostro” y con ellos, la posibilidad de que quienes incriminan no sean reconocibles.

Javier Llobet, coordinador de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, ha llamado la atención de que los testigos sin rostro formarían parte de un dilema mayor, que consistiría en sacrificar la libertad a fin de asegurar la seguridad. La experiencia -recuerda Llobet- es que se suele terminar perdiendo ambas.A propósito de una reforma en curso legislativo a la “Ley de armas”, un grupo de juristas señala que recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación 4-3, anuló una ley que prohibía la tenencia y la portación de armas. Esta decisión podría tener alguna repercusión en Costa Rica. Surge entonces la paradoja, definitoria de la época, entre considerar la tenencia de armas como un derecho y el derecho a la vida y a la salud, a menudo puestos en riesgo justamente por la tenencia de armas.

La criminalización de la protesta política es, sin duda una, de las consecuencias más preocupantes del proyecto de “Ley de fortalecimiento de la legislación contra el terrorismo”. Manifestarse frente a una embajada podría ser tipificado como una acción terrorista. Se correría el riesgo de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial cuenten con una excesiva discrecionalidad para determinar qué formas de protesta política y social serán consideradas terrorismo. La información que presumiblemente fue obtenida de las computadoras incautadas a las FARC ha abonado, sin duda, esta tendencia a la criminalización de la política.

PROMESAS
(IN)ALCANZABLES DE ÉXITO

Si hubiera un interés genuino por explorar los factores que han propiciado el aumento de ciertos delitos, sin duda habría que preguntarse por qué quienes atentan contra la propiedad muestran el crecimiento más significativo. Un posible factor que estaría propiciando el aumento de este tipo de delitos guardaría relación con la brecha que se ha constituido entre las promesas de éxito, a menudo materializadas en viviendas ostentosas, automóviles de lujo y celulares de última generación -para citar tres objetos simbólicos- y las posibilidades efectivas de alcanzarlos.

El sistema social establece indicadores de éxito y establece los medios legítimos para alcanzarlos, pero no resuelve de qué modo se enfrenta la frustración y el fracaso. La población está expuesta a las promesas, pero éstas no son alcanzables. La desigualdad no sólo se refiere a la diferencia de ingresos entre los sectores mejor o peor situados de una sociedad. Tiene que ver también con las consecuencias socioculturales y subjetivas que se siguen de esta brecha. Requerimos, pues, ir más allá del coeficiente de Gini, el indicador más empleado para aproximarse a la desigualdad.

Hay que agregar que la frustración se vive más intensamente entre los varones, quienes ven en el consumo otra de sus muchas pruebas de masculinidad. No es de extrañar que la mayoría de los perpetradores de robos, homicidios y suicidios sean varones. A masculinidades hegemónicas en crisis se suma una sociedad más competitiva, en la cual todos estamos expuestos, pero no todos están autorizados a alcanzar el éxito.

ANTICIPANDO
LA CAMPAÑA ELECTORAL

No es difícil imaginar que la inseguridad será un tema predominante en la ya incipiente campaña electoral rumbo a las elecciones de 2010. Tanto en la versión más radical de “Recuperemos la paz”, como en la del proyecto “Ley de fortalecimiento integral de la inseguridad ciudadana”, se parte de la premisa de que la inseguridad no es sólo un problema sino un modo de pensar la sociedad.

Se requiere mucha cautela para evitar que el debate político se concentre en qué sectores o potenciales candidatos y candidatas se disputen las medidas más duras para enfrentar la inseguridad. No es difícil imaginar que frente a la imagen de que vivimos en un caos, tome fuerza la tesis de que necesitamos de una figura autoritaria, a menudo externa a los partidos políticos, quien cual figura patriarcal restablecería la paz. Ésta habría sido la apuesta de “Recuperemos la paz”.

En la arena de enfrente, el proyecto de “Ley de fortalecimiento integral de la seguridad” muestra cuán poco se puede lograr por la vía de los procedimientos penales. Y así, tanto la salida autoritaria como la actual alternativa del gobierno, no parecen responder al panorama actual.

Se menciona con insistencia que la actual Vicepresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien también ejerce como Ministra de Justicia, sería la candidata apoyada por el presidente Óscar Arias para presentarse por el partido Liberación Nacional en las elecciones de 2010. Chinchilla se ha desempeñado como consultora en el tema de inseguridad y sin duda sería uno de los temas en que mostraría liderazgo.

PARA UNA CULTURA
DEMOCRÁTICA

Para la oposición, el reto es cómo asumir el tema de la inseguridad de modo que ésta no se convierta en una ideología desde la cual pensar y formular políticas públicas. Tanto para el partido Acción Ciudadana, más hacia el centro del espectro político, como para el Frente Amplio, ubicado a la izquierda, el reto es desde dónde y cómo asumir el tema de la inseguridad. Sin ignorar que hay un aumento en ciertas formas de violencia, de ello no se sigue que la salida punitiva sea la alternativa.

Cómo asumir el tema de la inseguridad y la violencia más allá de perspectivas punitivas no es sólo un asunto electoral. En él se juega una dimensión vital de cualquier cultura política que aspire a ser democrática.

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. COLABORADOR DE ENVÍO.

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