Nicaragua
Un país que se está haciendo
Somos un país que apenas se está haciendo.
Pensarlo y hacerlo requiere de tiempo, de instituciones, de leyes de paciencia y de honestidad.
Equipo Nitlápan-Envío
Los "umbrales del nuevo siglo y del nuevo milenio" aparecen ya, con insistencia retórica, en los discursos de casi todos los hombres públicos. También pasa esto en Nicaragua. Todas las naciones cruzarán ese umbral. Pero bastantes de ellas -una, sin duda, Nicaragua- entrará en el postmoderno siglo XXI sin haber conocido la modernidad iniciada en el siglo XIX. Con un vértigo que la atrae hacia el pasado, el país está mal y va mal.
Ejecutivo vs. Contraloría: dramático episodio"Nicaragua es un país que se está haciendo", dijo el Contralor Agustín Jarquín, al tratar de explicar en pocas pa- labras el marco de fondo con el que trabaja la institución que preside, la Contraloría General de la República. Por sanidad mental, es en ese marco donde tal vez debamos de ubicar éste y tantos otros conflictos que estallan a diario en la realidad nacional si es que no queremos que el pesimismo nos invada. Un país "que se está haciendo" pide paciencia a los que se decidan a "hacerlo".
El conflicto del Poder Ejecutivo con la Contraloría parece no tener fin. En el mes de septiembre alcanzó un nuevo punto álgido. La Contraloría señaló responsabilidad, en el escandaloso y no resuelto aún caso del narcojet, a tres altos funcionarios del gobierno, cercanos al Presidente, que no habían sido aún señalados. El Ejecutivo reaccionó a la defensiva, protegiéndolos. Y pasó a la ofensiva: descubriría "malos manejos" que venía haciendo la Contraloría y daría "pruebas contundentes" de ello. Varios días de especulaciones y presiones de todo tipo dibujaron un escenario en que ya se veía al Contralor acudiendo a los tribunales a responder por una serie de "delitos".
Acudiría si era necesario, dijo Jarquín, anunciando en rueda de prensa que renunciaría de inmediato a su inmunidad. "No tenemos nada que esconder", recalcó. Desarmado por este anuncio, el Procurador General de Justicia -que depende directamente del Presidente y a él sirve- presentó al día siguiente un voluminoso alegato de 500 páginas en el que acusaba a Jarquín. Aunque el Procurador lo acusó nada menos que de "comprar y vender impunidad" -así resumió sus delitos-, dijo que no lo llevaría "a la fuerza trituradora de los tribunales de justicia" como una deferencia con él. El Procurador pidió a la Asamblea Nacional que conociera de estos graves delitos y enjuiciara políticamente al Contralor.
El Contralor no respondió. Reiteró que estaba listo a rendir su informe ante la Asamblea y a darle a los diputados cualquier información que demandaran. Y continuó su trabajo. Dieciséis días después del dramático alegato del Procurador contra Jarquín, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional no había hecho aún nada sobre el caso. Los diputados liberales y sandinistas que integran la Comisión esperaban "la seña" y daban como excusa la falta de quórum. Dieciséis días después, el Presidente Alemán declaró en la TV que, "como político", no se detendría en su lucha contra Jarquín, a quien calificó de "adversario", añadiendo, sin embargo, que si la Asamblea condenaba al Contralor, él, "como una acción humanista" lo indultaría. El 6 de octubre, despejados algunos "obstáculos", la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional inició el estudio e investigación del caso Contraloría.
Todo está por hacerEn la ya larga campaña de la Presidencia de la República contra la Contraloría General de la República, este último episodio, aún sin concluir, resulta antológico para entender lo mucho que falta "por hacer" en este país "que se está haciendo" y cuya reciente y aún frágil institucionalidad democrática se pone a prueba siempre que alguien, en algún lugar, se toma en serio la responsabilidad de consolidar esa institucionalidad.
La historia pasada, aún tan reciente, pesa mucho. Este episodio lo revela por los cuatro costados. Los altos funcionarios no están acostumbrados a responder por sus actos, nadie los ha controlado hasta ahora. La inmunidad ha estado asegurada siempre para quienes tienen dinero y tienen poder. No se acostumbra a resolver conflictos políticos en espacios institucionales y legales sino en los privilegiados espacios que dan dinero y poder. Existe un cúmulo de vacíos legales e institucionales que propician esta salida. El presidencialismo ha acostumbrado a los Presidentes al poder omnímodo, incluido el poder de otorgar la dádiva del indulto. El clientelismo ha acostumbrado a quienes están subordinados a los Presidentes -aunque sean diputados, integrantes nada menos que del primer Poder del Estado- a dependencias y fidelidades totalizantes. De esta historia no se escapa fácilmente.
Fondos extrapresupuestariosLa Contraloría es, desde las reformas constitucionales hechas a finales del gobierno Chamorro, una institución independientes. Desde abril de 1996, cuando Jarquín asumió la dirección de la Contraloría, está empeñada en ordenar al país unificando los sistemas contables de las instituciones públicas, creando regulaciones que aún no existen, llenando con normas claras los vacíos de normas en los que el desorden campea favoreciendo los tráficos de influencias, acorralando la discrecionalidad, propiciando la transparencia con leyes y procedimientos. La empresa es ingente. Y hoy, ya está muy claro que no todos los que dirigen otras instituciones estatales están de acuerdo con que se emprenda esta tarea.
Tras el último episodio del Ejecutivo contra la Contraloría está, entre otros, el tema de los fondos extrapresupuestarios. Desde que, por las reformas constitucionales, se hizo obligatorio que el Legislativo conociera y aprobara el Presupuesto que hasta entonces elaboraba exclusivamente el Ejecutivo se dio un paso de gigante para "hacer el país". Todo cambió. Pero este cambio es muy reciente. El Legislativo ya conoce el Presupuesto y ya lo aprueba, pero la tradición de mover partidas de una institución a otra fuera del presupuesto se ha mantenido y esto aún no ha sido regulado.
La Contraloría quiere ir erradicando todos los fondos extrapresupuestarios del manejo financiero de todas las instituciones públicas. Quiere que todo lo que se gaste y todo lo que se ingrese pase por el presupuesto. Un país que "se está haciendo" requiere de estos controles. Pero esto no se consigue de un momento a otro.
Aprovechando la evidencia -no ocultada por la Contraloría- de fondos extrapresupuestarios recibidos en esa institución, la acusación contra Jarquín parece buscar tres objetivos, del mínimo al máximo. Uno, entorpecer su trabajo. Dos, deslegitimarlo y hacerle perder credibilidad ante la opinión pública. Tres, destituirlo para poner en su lugar a alguien menos interesado en el control y transparencia de las finanzas públicas. "Calumnia, que algo queda": vieja estrategia en la lucha politiquera.
Los fondos recibidos por la Contraloría, calificados por el Procurador como uno de los "delitos" de la institución, estaban debidamente soportados, detallados y auditoriados. Los fondos extrapresupuestarios por los que la Contraloría estaba precisamente investigando a la Presidencia cuando estalló este nuevo episodio de la crisis institucional carecían de soporte o habían sido desviados hacia partidas no informadas.
El gran dilemaEn un país acostumbrado al vacío de normas y a una lógica de poder caudillista, se ha tratado de inducir la lectura de que "hubo irregularidades de parte y parte" -como dijo, desde "la oposición" Daniel Ortega- o de que se trata de la pugna que provoca alguien que busca proyectar imagen presidenciable y "robar cámara" -como dice insistentemente el Presidente Alemán-. Pero este conflicto refleja como ningún otro en estos difíciles momentos por los que atraviesa Nicaragua el mayor dilema que enfrenta esta nación si quiere cruzar el umbral del siglo con posibilidades de desarrollo: o supera con institucionalidad y democracia la pobreza o el autoritarismo antidemocrático la llevará al abismo de la miseria, del atraso y de la descomposición social.
La Contraloría ha dado sobradas muestras de aceptar este desafío para garantizarle al país un mayor desarrollo poniéndole frenos a la corrupción. Tal vez en los últimos meses el Contralor se ha estado "acercando peligrosamente a la "caja negra" de esa corrupción y el Ejecutivo lo ha golpeado para obligarlo a retroceder", como expresó en forma muy sugerente el ex-Vicepresidente de la República Virgilio Godoy. ¿Cuál es esa "caja negra"? En el camino que lleva a ella, y mientras otros se van acercando y retrocediendo, existen tantas otras historias de corrupción que la opinión pública ya no da a basto para conocerlas, comprenderlas y reaccionar.
Conciencia de la corrupciónPrácticamente, todos los medios de comunicación airean, a diario y al unísono, nuevas historias de corrupción en el actual gobierno. El gobierno liberal, que parece no tener en cuenta a la opinión pública para gobernar, responde a esta avalancha de informaciones con dos argumentos. Dicen que no existe ninguna corrupción o que lo que existen son "pequeñas raterías" -según palabras del propio Presidente-. O dicen que no importa mucho lo que hoy se hace porque la corrupción de los gobiernos anteriores fue mucho mayor.
Una encuesta patrocinada por el Comité Nacional de Integridad que dirige el Vicepresidente Enrique Bolaños acaba de demostrar cuán arraigada está entre la población nicaragüense la idea de que los funcionarios públicos son corruptos. El 68% de los encuestados afirmó que los funcionarios del Poder Ejecutivo son corruptos. En la conciencia de la ciudadanía "corrupción" significa que roban, que ven en los bienes de Estado su botín, que en vez de servir a la gente se sirven del Estado.
Cooperación internacional: alerta rojaTambién perciben corrupción los inversores extranjeros y la cooperación internacional. Transparency International acaba de emitir un informe en el que Nicaragua aparece como uno de los países latinoamericanos con más baja calificación, con un puntaje de 3 sobre 10. Aunque esto no es medible con encuestas, también es una realidad en la conciencia que entre los gestores de la cooperación internacional existe acerca de los niveles de corrupción con que el actual gobierno maneja la cosa pública. Y por eso han expresado tan decidido apoyo al trabajo de la Contraloría y a la persona del Contralor. La digna y valiente renuncia de Pablo Ayón a la dirección de la empresa de telecomunicaciones ENITEL, previendo corrupción -tráfico de influencias, falta de transparencia- en la privatización de mayor envergadura que debe realizar el Estado nicaragüense ha puesto en alerta a los organismos multilaterales, interesados en procesos ordenados y diáfanos.
La permanente campaña del Ejecutivo contra la Contraloría los mantiene en alerta permanente. Y la confusa inciativa presidencial del 22 de septiembre, solicitando a la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia, que derogara las leyes que desde hace unos años impiden al Ejecutivo disponer unilateralmente, a discreción y de forma expedita de los bienes del Estado, terminó de encender todas las luces rojas entre la cooperación internacional que conoce muy de cerca cuánto queda "por hacer" en este país.
La lógica caudillistaDe poner frenos a la corrupción depende en gran medida que funcione el plan económico que los organismos multilaterales aplican a Nicaragua. El desarrollo nacional -sea según el modelo neoliberal o según un modelo alternativo- requiere que se le pongan frenos a la corrupción. Frenarla requiere de instituciones democráticas y manejadas con la máxima profesionalidad y honestidad. Instituciones no politizadas partidariamente ni dominadas por estilos autoritarios del pasado.
La gravedad de la situación política en este momento es que, tanto el gobierno liberal como el FSLN, parecen decididos a dominar con una obsoleta lógica caudillista las instituciones nacientes, repartiéndose los cargos en ellas como botín y decidiendo entre dos las reglas de juego que les permitan seguirse repartiendo en el futuro los territorios económicos, políticos y sociales del país. En un país que "se está haciendo" esto podría provocar una suerte de colapso de consecuencias difíciles de definar hoy.
El país está en vísperas del desenlace público del pacto entre el gobierno y el FSLN. Las reformas a la Ley Electoral -orientadas a consagrar el bipartidismo eliminando a cualquier competidor- ya están listas y tanto el Presidente Alemán como Daniel Ortega hablan abiertamente de la reforma de la Constitución y de varios de sus posibles contenidos. Para "cruzar el umbral del nuevo siglo" con una nueva Constitución, la reforma debería aprobarse en lo que resta de 1998 y ratificarse en 1999.
¿Diálogo para qué?En el marco de este crucial momento político, continuó desarrollándose el diálogo entre los partidos convocado por el gobierno en el mes de julio. El 25 de septiembre abandonaron el diálogo cuatro partidos. Dora María Téllez, Presidenta del MRS, que participó en el diálogo, compartió con envío sus valoraciones de este evento. "Cuando el diálogo fue convocado por el gobierno -explica-, las conversaciones entre el Frente y los liberales iban ya bastante avanzadas. El diálogo era necesario para enmascarar el pacto y para eso fue convocado, porque ni los liberales quieren aparecer torciendo el brazo con Daniel Ortega, ni Daniel Ortega quiere aparecer torciendo el brazo con los somocistas. Las sesiones transcurrieron, días tras días, con discusiones absurdas. Hincamos mucho para debatir el tema de la corrupción, pero ni el PLC ni el Frente lo quisieron como tema de debate. Ya al final, agarramos el tema de la seguridad ciudadana para discutir algo. Llegamos a una aproximación de acuerdo decidiendo que había que aumentar la Policía en 500 efectivos y aumentarle el salario a todos los policías para garantizar algo más de seguridad a la gente. Pero, al final, el PLC dejó claro que el gobierno sólo aumentaría gastos "soportados sanamente". Esa misma fue su respuesta a toda propuesta económica o social que surgió en el diálogo. ¿Qué fue lo que vimos? Al gobierno diciendo que la política económica no es materia de acuerdos hasta que no tenga el presupuesto listo y que cuando lo tenga, no puede haber más gastos porque no hay más dinero. Y al Frente diciendo que las reformas a la Ley Electoral y a la Constitución no se discuten en el diálogo. ¿Sobre qué dialogar, entonces? Por eso nos fuimos del diálogo".
¿Y la economía?El pacto no traerá cambios en la política económica del gobierno. Pero sí traerá cambios institucionales y legales que evidentemente tendrán repercusiones en la consolidación del grupo económico que rodea a Alemán y en el grupo del FSLN que rodea a Ortega.
El contexto económico no es bueno. Sin embargo, el Presidente del Banco Central (BCN), Noel Ramírez, al informar en septiembre sobre los principales indicadores económicos con los que se espera cerrar el año 1998, hizo, como siempre, un balance optimista. El gobierno prevé una tasa de inflación de un 10% y un crecimiento de la producción de un 6%, por los incrementos de distintas actividades, especialmente de la minería. La nota más oscura del informe oficial se encuentra en el sector externo, donde se anuncia un descenso de las exportaciones y un crecimiento de las importaciones, con lo que el déficit de la balanza comercial, ya alto, se incrementará aún más. Esto es grave porque la viabilidad de mediano plazo de la economía nicaragüense depende de reducir esta brecha.
Estamos mal, vamos bienLa consigna con la que el modelo económico neoliberal se implantó en Nicaragua fue, al igual que en otros países: "estamos mal, pero vamos bien". En el caso nuestro, lo "mal" que estábamos al final de una guerra de desgaste y entre hermanos y de un modelo económico estatista y basado en el subsidio, era evidente, indiscutible. El modelo de ajuste estructural se presentó a la sociedad como brújula con la que caminar en la dirección correcta. Nadie -o casi nadie- ocultó que el camino estaría sembrado de espinas. Pero iríamos "bien" y pagando el duro precio del ajuste, pronto "estaríamos bien". Así fue la propaganda oficial durante el gobierno Chamorro. Y así continúa hablando el gobierno liberal, especialmente el vocero de su modelo económico, el Presidente del BCN. Ninguna de las promesas se ha cumplido. Y en el difícil camino por el que vamos abundan las señales que nos indican que estamos mal, que vamos mal y que seguimos mal.
El programa de ajuste estructural que tutorean los organismos internacionales en países como Nicaragua tratan de rescatar a economías que son insostenibles por sus desajustes. Al ajustarla, buscan hacerla sostenible. Para lograrlo, atacan esencialmente dos déficits: el interno y el externo. El ajuste interno recorta el gasto público. El ajuste externo promueve el incremento de las exportaciones.
Para hacernos creer que vamos bien, el gobierno pone toda la luz sobre las cifras del ajuste interno. El déficit público, efectivamente, se está controlando. Aunque a un altísimo y obvio precio de empobrecimiento de las mayorías con más desempleo, menos salud y menos educación. Pero el déficit externo no sólo no se está controlando, sino que cada vez es mayor. Crece cada año. El ajuste, tal como se está aplicando, resulta un fracaso: hace cada vez más insostenible a la economía nicaragüense. La evidencia de que en la microeconomía familiar de la mayoría estamos mal y vamos mal no merece análisis. Lo que sí lo merece es la nueva evidencia de que también en las mimadas cifras macroeconómicas, estamos mal y vamos mal. Sobre esta realidad ponen muy poca luz los informes económicos del gobierno liberal.
Ajuste interno bajo controlEl ajuste ha sido exitoso en controlar el déficit público. En 1990 era un 20% del PIB y en 1997 ya es sólo un 5%. Tan drástica reducción del déficit interno se logró por dos caminos. El primero, reducir en el gasto público la compra de bienes y servicios y el rubro de salarios. Es necesario precisar, sin embargo, que, aunque el empleo en el sector público se redujo en 1997 en un 3%, hubo incremento en los sueldos del Estado.
En estos años, el presupuesto para la defensa fue el que más ajuste sufrió, pasando de representar casi el 20% del PIB en 1990 a ser hoy menos del 3%. El gasto en servicios sociales ha venido sufriendo una erosión paulatina desde 1994, cuando representaba un poco más del 12% del PIB, hasta que en 1997 bajó a un 10.8%. Aunque las partidas dedicadas a salud y educación son mayores en el presupuesto de 1998 de lo que fueron en 1997, estos aumentos no compensan el rápido crecimiento poblacional, que es el más elevado de toda América Latina. En esta situación de alta natalidad y bajo gasto público, cada vez el Estado dedica menos a educar y a cuidar la salud de sus ciudadanos. Y sigue dedicando cantidades excesivas al pago de la deuda externa: en 1998, el gobierno pagó 240 millones de dólares en intereses, lo que representa casi el 40% del valor total de las exportaciones nacionales, cantidad que está muy por encima del 20% recomendado por el propio Banco Mundial.
El segundo camino para reducir el déficit público fue el incremento de los ingresos tributarios. El principal cambio se dio en los impuestos al consumo de bienes y servicios, duplicados entre 1990 y 1997. Inicialmente representaban un poco más del 7% del PIB y en 1997 equivalían ya al 14%. El impuesto a la renta es casi un 3% y el impuesto a la propiedad resulta insignificante. Es un índice de quiénes están pagando el ajuste.
Ajuste externo fuera de controlSi en el déficit interno existe control, aunque con consecuencias sociales devastadoras, en el déficit externo se está perdiendo el control y las variables macroeconómicas empiezan a ser preocupantes. Las exportaciones se reducirán en 1998, mientras que las importaciones no dejan de aumentar. El déficit comercial no sólo se mantiene alto sino que crece año con año desde 1995, cuando representaba el 24% del PIB. En 1997 pasó a ser el 36% y según las proyecciones del BCN para 1998 la tendencia será la misma. En este terreno el ajuste no está funcionando.
Hay razones de fondo. Por una parte, una razón financiera: el precio del córdoba no es el real, la moneda nacional sigue sobrevaluada, lo que desestimula las exportaciones y estimula las importaciones. Algunos llegan a calcular que el córdoba está sobrevaluado en un 13-20%. Por otra parte, hay una razón institucional: el sistema financiero nacional privatizado padece de cortoplacismo y no está interesado en dar créditos para invertir en la producción, especialmente si se trata de pequeños y medianos productores. Sus créditos privilegian el consumo, el comercio y los servicios. Cualquiera puede conseguir un crédito de 25 mil dólares para comprarse una más de las lujosas camionetas que saturan las calles de Managua, pero no conseguirá esa cantidad -ni aún menor- para renovar las manzanas de café de su finca. El cortoplacismo del consumo suntuario está sobre toda consideración productiva de mediano o largo plazo.
La prevista reducción de las exportaciones en 1998 obedece en parte al cierre de industrias maquiladoras nacionales -como la de Hermoso y Vigil- que se estaban beneficiando de los Certificados de Beneficio Tributario (CBTs). Al eliminarles este "subsidio" se redujeron sus ganancias y cierran. Esta industria y algunas similares dependían en un alto porcentaje de componentes importados y añadían poco valor agregado en el país. Sin embargo, su cierre pesa en la economía.
¿Remesas o golondrinas?Si el sector público redujo su déficit, el incremento de la brecha del sector externo sólo se puede deber a un déficit privado provocado por incrementos en el consumo y particularmente, en el consumo que de productos de importación de lujo hace un sector de la sociedad. "Para saber algo de lo que está pasando en la economía nacional -comentó a Envío un economista-, hay que detener los análisis y empezar a hablar con los fontaneros y las empleadas domésticas para que nos cuenten. Ellos están siendo testigos de la fiebre de lujo, de ostentación y de despilfarro que existe en las casas de alguna gente y que puede explicarnos algunas claves incomprensibles".
El incremento del consumo privado se origina, en parte, en la disponibilidad de crédito de largo plazo en moneda extranjera. El crédito al consumo tuvo un incremento sorprendente en los últimos años: de representar menos del 1% del PIB en 1995 pasó a ser más del 8% del PIB en 1997. La disponibilidad del crédito para el consumo refleja otra cifra clave: los incrementos descomunales que han tenido los depósitos en moneda extranjera en los últimos años: han pasado de ser un 5% del PIB en 1991 a representar un 35%.
La pregunta es: ¿de dónde surgen tan abundantes depósitos en dólares si la fuente de divisas, que son las exportaciones, no los explica? Aunque ya existe en Nicaragua una relativamente voluminosa entrada de divisas por la vía de las remesas familiares, aun- que aún no tan importante como en El Salvador, no puede pensarse que los dólares de las remesas vayan masivamente a engrosar cuentas de ahorro en el sistema bancario. A Nicaragua, llegan remesas de unos 200 millones de dólares, pero la inmensa mayoría de este dinero, que llega en pequeñas cantidades, se gasta en sobrevivir y no en ahorrar. ¿Serán entonces esos volúmenes de cuentas en dólares fruto de la inversión especulativa? ¿Los capitales golondrina afluyen en tal cantidad al país? ¿Las tasas de interés ofrecidas por el sistema financiero nacional han atraído a tantos de estos volátiles capitales? Aunque parte de estas cuentas puede tener este origen, no pueden ser la única explicación porque hay en Nicaragua otras alternativas de inversión financiera mucho más rentables. En concreto, los CENIS, que ofrecen una tasa de interés atractiva con cero riesgo. Algunos capitales internacionales como Lehman Brothers han aprovechado esta oportunidad y adquirieron CENIS por un valor de 75 millones de dólares, situación que es altamente riesgosa porque la redención de esos bonos puede significarle al país la pérdida de una tercera parte de sus reservas internacionales, lo que añade nueva sombras sobre el frágil sector externo de la economía. El incremento del déficit externo, la redención de los CENIS y cualquier eco -que lo habrá- de la actual crisis financiera mundial podría amenazar la estabilidad del tipo de cambio y no sería extraño que a finales del año tengan que hacerse cambios en la política monetaria y hay que reducir aún mas el gasto público.
¿Deshaciendo el país?Tal vez la pregunta tenga otra respuesta. ¿No será que el descomunal incremento de los depósitos en moneda extranjera proviene del lavado de dinero? Hay cualificados observadores nacionales que calculan que en el dry cleaning nicaragüense podrían estar circulando ya unos 300 millones de dólares o hasta más.
Para un país pequeño y "haciéndose", una cantidad así es de gran magnitud y puede tener consecuencias importantes. Tan importantes como para "deshacer" el país que conocemos y hacer "otro" país. Tal vez en poco tiempo haya respuestas más claras a las muchas interrogantes que esta realidad le plantea al país.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica