¿De quiénes y para quiénes son las tierras costeñas?

Después de siglos de conflictos por las tierras que reclaman las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, la demarcación de estas tierras ya está en marcha. Este proceso, lleno de limitaciones, obstáculos y contradicciones, ¿será también una oportunidad para consolidar la autonomía costeña?

Margarita Antonio

La Costa Atlántica o Costa Caribe de Nicaragua es el asiento histórico de tres pueblos indígenas y de dos grupos afrodescendientes. Todos han convivido durante siglos bajo diferentes formas de organización social y de uso y tenencia de sus tierras. Hoy, el proceso de demarcación de los “territorios” de estos pueblos, la reforma del régimen autonómico costeño -iniciado en los años 80- y las reformas a la Ley Electoral caminan de la mano. ¿A qué ritmo?

UN PROCESO LENTO
Y LLENO DE OBSTÁCULOS

Diversas migraciones provenientes de Europa y el Caribe han influido decisivamente en la configuración étnica y lingüística de la Costa Atlántica. La migración de los nicaragüenses provenientes de otras regiones del país, más intensa en las últimas dos décadas -realidad conocida como “avance de la frontera agrícola”-, es la que representa hoy una amenaza para las aspiraciones de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas.

Los derechos al uso, goce y disfrute de sus recursos, el desarrollo libre de sus formas organizativas y la propiedad comunal, así como otros derechos reconocidos por la Constitución, resultan más y más difíciles de ejercer por la población autóctona, cada vez más minoritaria en esta mitad de Nicaragua. Basta ir a Bluefields o a Bilwi, basta viajar del Pacífico al Atlántico para comprobarlo.

El actual proceso de demarcación, en el cumplimiento de la Ley 445, se ve y se propone como un mecanismo para frenar el avance de la frontera agrícola y para profundizar la autonomía de los pueblos de la Costa. Sin embargo, hay sectores que temen que la manera como se está conduciendo este proceso apunte a fortalecer la hegemonía de un grupo por encima de los demás. Nadie duda de la urgencia de demarcar y titular, pero existen múltiples visiones sobre cómo se está realizando y sobre la gravedad de los problemas que lo atenazan. El proceso avanza con muchas limitaciones y dificultades.

Para muchos, el proceso de demarcación está por fin en marcha por el compromiso del actual gobierno del FSLN con la autonomía costeña. De eso habla el Acuerdo firmado por el FSLN con la organización indígena Yatama en mayo de 2006. Sin embargo, la Costa Caribe no es sólo Yatama y para las fuerzas políticas que dominan Nicaragua y para la mayoría de los nicaragüenses la autonomía costeña sigue siendo un asunto sólo de costeños. Falta aún mucho para entender y asumir el proceso autonómico costeño como uno de los caminos para la plena integración nacional, para la integración Pacífico-Atlántico y Atlántico-Pacífico sin que esa integración represente la anulación o desaparición de ningún pueblo, cultura o lengua.

LOS ANTECEDENTES
DE LOS DERECHOS ACTUALES

La Costa Caribe no siempre fue parte de Nicaragua. En un proceso de ocupación colonial donde campeó el control británico mediante un sistema de protectorado casi oficial, el territorio se conoció como La Mosquitia hasta 1860, cuando Gran Bretaña reconoció la hegemonía del Estado nicaragüense sobre este territorio, mediante el Tratado de Managua. Fue un acuerdo entre la potencia europea y Managua. En él los habitantes y líderes de la Costa, objeto de la negociación, no participaron.

Aun con la disolución de La Mosquitia y la creación de la nueva figura de Reserva Mosquita, los dirigentes costeños avanzaron en la construcción de una identidad propia de la región con atributos de Estado, resistiéndose a las pretensiones nicaragüenses de ejercer control sobre la Reserva, condición que cesó abruptamente con la anexión militar de la Costa en 1894, ordenada durante la revolución liberal del General José Santos Zelaya.

Cuando la actual organización de los Consejos de Ancianos alude a la Primera Autonomía se refiere precisamente a esa época, entre 1860 y 1894, cuando los pueblos de la Costa Caribe y sus diversos habitantes trabajaron juntos por el bien común. Todas las tierras dentro de la Reserva fueron declaradas entonces bajo el dominio del Gobierno de la Reserva Mosquita y sujetas a sus leyes y regulaciones.

Después de la anexión militar -que en los textos escolares se nombró hasta hace poco con el eufemismo de “reincorporación de La Mosquitia”- fueron los tres pueblos indígenas (Miskitus, Sumu/Mayangnas, Ramas) y las dos comunidades afrodecendientes (Creoles y Garífunas) los protagonistas de negociaciones, cabildeos y enfrentamientos con el naciente Estado nicaragüense buscando obtener el reconocimiento de su patrimonio territorial. Las respuestas fueron casi siempre procesos viciados y fraudulentos que buscaron fragmentar la unidad territorial.

A comienzos del siglo XX, mediante el Tratado Harrison-Altamirano -de nuevo entre Gran Bretaña y Nicaragua, sin participación de los costeños-, se otorgaron algunos títulos que sustentan algunos de los reclamos territoriales en el actual proceso de demarcación y titulación. En las siguientes décadas diversas protestas y rebeliones de indígenas -como la del legendario Sam Pitts, que apenas ahora se está investigando- no solamente fueron reprimidas, sino también ocultadas. Nunca fueron reconocidas como capítulos de la historia de la región, para entonces cedida como enclave a inversores estadounidenses, que explotaban intensamente sus abundantes recursos naturales -oro, madera y mariscos-, sin reinvertir ni un centavo de sus ganancias en la Costa.

LOS RECLAMOS TERRITORIALES
MÁS RECIENTES

Los reclamos territoriales más recientes surgieron con la organización de cooperativas agrícolas en el Río Coco. Son los antecedentes de las primeras organizaciones indígenas: la Alianza para el Progreso de los Pueblos Miskitus y Sumu, (ALPROMISU) y en las comunidades Sumu-Mayangna el proyecto Limón, más tarde conocido como la organización SUKAWALA.

Con el triunfo de la revolución sandinista, ALPROMISU, transformada en la organización Miskitu, Sumu, Rama Sandinista Aslatakanka, MISURASATA en la histórica V Asamblea general de noviembre de 1979, lideró la movilización indígena por el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales y sociales. También fue reprimida violentamente y dio paso a un conflicto bélico liderado en el sur por MISURASATA y en el norte por una fracción, que asumió el nombre de MISURA. La reunificación de ambos grupos en 1998 vio nacer a Yatama. Aquella guerra evidenció la necesidad de profundas reformas estructurales en el Estado nicaragüense para hacer realidad el reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

Este reconocimiento se expresó en la Ley de Autonomía aprobada en el año 1987, que comenzó a implementarse en 1990, con la elección de los primeros Consejos y Gobiernos Regionales en las recién conformadas Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur (RAAN y RAAS), en el territorio que fue La Mosquitia, después la Reserva de la Mosquitia, después el Departamento de Zelaya y después las Zonas Especiales 1 y 2 durante la guerra de los 80. El gobierno nacional que reconoció los derechos históricos de los pueblos indígenas ya no ocupaba la Presidencia de la República cuando se instalaron los primeros gobiernos regionales.

La existencia de la Ley de Autonomía posibilitó continuar la gestión autonómica, a pesar del contexto nacional adverso. Cada paso dado desde entonces ha requerido de muchas energías y de capacidad de organización, incidencia y cabildeo del liderazgo costeño ante las instancias nacionales. Así lo registran y documentan los Simposios Internacionales de Autonomía celebrados en los años 1992, 1997 y 2004.

UNA SENTENCIA HISTÓRICA
QUE ENGENDRÓ UNA NUEVA LEY

El 31 de agosto de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una histórica sentencia en el caso de la Comunidad Awas Tingni versus Nicaragua. La Corte dijo admitir el caso en razón de que Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la Comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales, así como por haber otorgado una concesión en las tierras de la Comunidad sin su consentimiento y no haber garantizado un recurso efectivo para responder a las reclamaciones de la Comunidad sobre sus derechos de propiedad.

En la sentencia, la Corte, además de resolver que el Estado de Nicaragua violó los derechos de Awas Tingni, establece que el Estado debe adoptar en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas. También resolvió que el Estado deberá delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Mayangna Awas Tingni.

Es precisamente esta histórica sentencia la que posibilitó que hoy tengamos la Ley 445 Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, aprobada el 13 de diciembre de 2002, durante el gobierno de Enrique Bolaños. A pesar de la sentencia de la Corte, la aprobación de esta Ley también requirió de la organización y unidad de los costeños para formular una propuesta que fuese más cercana a las demandas históricas de los pueblos indígenas, contradiciendo las pretensiones del Ejecutivo de fragmentar el territorio y entregar títulos individuales a cada comunidad indígena. La aprobación de la propuesta costeña en el Parlamento nacional ocurrió en una coyuntura favorable, cuando fue desaforado el ex-Presidente Arnoldo Alemán.

“NUESTRO TERRITORIO ES UNO SOLO”

La nueva Ley daba al traste con la demanda histórica de los ancianos de las comunidades. El procedimiento establecido regula la emisión de parte del Estado de títulos de propiedad comunal sobre la tierras y territorios que han venido ocupando y poseyendo de tiempo atrás. El proceso de legalización es contrario a la noción de territorio y propiedad que demandaron y demandan los ancianos para quienes Wan tasbaya es todo el territorio de La Mosquitia, el patrimonio histórico de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Como dice Otis Lam, Presidente del Consejo de Ancianos, wan almukka wina wan tasbaya ba kumi sa. (Desde nuestros antepasados nuestro territorio es uno solo). Otros sectores que piensan igual que los ancianos han optado por sumarse al proceso de demarcación, “porque de lo contrario ni esto vamos a tener”.

El poco apoyo que propició el gobierno de Enrique Bolaños (2001-2006) a la implementación de la Ley 445 se evidenció en la falta de voluntad de las instituciones del gobierno central, donde siempre prevaleció la mentalidad de “para qué quieren tanta tierra tan poca gente”, como una vez expresó el entonces ministro Eduardo Montealegre, ante la propuesta de acelerar la titulación de los territorios de Bosawás.

Con recursos provenientes de proyectos con financiamiento externo comenzó la organización de la Comisión Nacional de Demarcación Territorial (CONADETI) y las Comisiones Intersectoriales de Demarcación Territorial (CIDT). En mayo de 2005 el entonces Presidente Bolaños organizó el espectáculo de entregar los primeros cinco títulos a territorios de los municipios de Bonanza y Waspam, pertenecientes al área de la Reserva de Biosfera de Bosawás, que habían sido beneficiados del trabajo realizado por organismos como The Nature Consevancy y Alistar.

Entre diversas tensiones y conflictos la CONADETI cayó en un estado de inoperancia durante casi dos años, en los que algunos procesos de autodiagnóstico avanzaron con financiamiento y acompañamiento de otras organizaciones.

DEMARCANDO
POR BLOQUES TERRITORIALES

El Acuerdo de Alianza entre los Partidos YATAMA y FSLN con la Autonomía de 2006 contiene, entre otros aspectos, la implementación de la Ley de Autonomía y reformas al Estatuto y a la Ley Electoral referidas a tres temas: la reanudación del proceso de demarcación y titulación de las tierras comunales indígenas y afrodescendientes, la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana en relación a la demanda presentada por Yatama contra el Estado de Nicaragua por haberle prohibido participar en las elecciones regionales de 2002.

En este contexto, y bajo el actual gobierno nacional del FSLN, se reanudó el funcionamiento de la CONADETI para culminar totalmente el proceso de demarcación y titulación en el año 2010. Así fue anunciado por Carlos Alemán, Presidente del Consejo Regional de la RAAN y actual presidente de la CONADETI.

Durante 2008, en la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS) se entregó el título del Territorio Awaltara Luhpia Nani Tasbaya, en la Desembocadura del Río Grande, y en la zona norte del país se creó lo que se denomina Territorio de Régimen Especial de Desarrollo, integrado por territorios indígenas ya titulados en Jinotega (Miskitu Indian Tasbaika Kum y Mayangna Sauni Bu) y por un territorio en la RAAN (Kipla Sait Tasbaika), ubicados los tres territorios en la cuenca del alto Wangki y Bocay. Este Territorio Especial, creado mediante decreto especial, es atendido por el Ejecutivo y tiene su sede administrativa en la comunidad San Andrés de Bocay. Antes de finalizar el año, la CONADETI espera entregar al menos tres nuevos títulos: a la comunidad de Awas Tingni, y a los territorios Wangki Maya (Río Coco Abajo) y Wangki Li Aubra (Río Coco Arriba, próximo a Waspam).

La decisión de avanzar en la demarcación de bloques territoriales -según han explicado los dirigentes indígenas y ha reafirmado Rufino Lucas, director ejecutivo de la CONADETI- está ligada a la dificultad de trabajar el proceso individual de cada comunidad, por el tiempo que toma cumplir con cada etapa que manda la Ley 445 y el tiempo que se requiere para resolver la infinidad de conflictos que se presentarían entre las distintas comunidades.

CUELLOS DE BOTELLA:
MENTALIDAD AGRARISTA Y CIVILISTA

Para Lucas, la principal tensión del proceso de demarcación y titulación es la falta de financiamiento para la cobertura de cada una de las etapas. Según explica, se ha podido avanzar recientemente con la suma de los recursos propios de la CONADETI provenientes del presupuesto nacional, el aporte del Programa de Ordenamiento de la Propiedad, (PRODEP), el Proyecto Corazón Verde y la Intendencia de la Propiedad. Para el año 2008 sumaron aproximadamente 27 millones de córdobas, conforme el plan operativo elaborado por la misma CONADETI. El problema es que no hay una ejecución centralizada de los recursos y cada componente maneja sus propios fondos de acuerdo a su propia normativa.

Un lastre para el presupuesto de la CONADETI es la excesiva carga de funcionarios que están nombrados y devengan salarios mensuales, pero que no prestan un servicio efectivo a la Comisión.

En esta sumatoria de fondos en ejecución no se incluye el sustantivo aporte que hacen diferentes organismos e instituciones que aportan recursos y acompañan el autodiagnóstico de algunos territorios, que aportan en capacitación y divulgación de la Ley 445 y que facilitan la resolución de conflictos entre territorios. Para la doctora Lottie Cunningham, directora del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEJUDHCAN), el procedimiento de diagnóstico resulta engorroso debido a que el Estado de Nicaragua tiene una mentalidad agrarista y civilista. Porque al incluir en el procedimiento de demarcación la elaboración de un estudio socioeconómico y otro estudio etnográfico, el procedimiento se vuelve mucho más costoso y difícil para las comunidades, no acostumbradas a elaborar un estudio socioeconómico.

Las comunidades están acostumbradas a su memoria colectiva y al uso de su territorio. Lo describen con sus propias palabras y conocimientos y con el etnomapeo describen dónde está su área de recolección de medicina tradicional, sus áreas familiares de siembra, su área de viviendas, dónde están sus sitios sagrados y dónde es el área compartida. Porque todas las comunidades tienen áreas compartidas en sus territorios.

Y son precisamente estas áreas compartidas -se denominan “áreas complementarias”- la causa de los mayores conflictos entre comunidades y territorios, como explica Cunningham: “Hay que decir que todos los territorios sin excepción se han concentrado en las áreas complementarias, que abarcan más allá del área de uso y ocupación actual”. Esto dificulta construir argumentos sólidos en materia de derechos indígenas frente al Estado, cuando se trata de demostrar y evidenciar el estado de uso y tenencia del territorio desde la cosmovisión indígena e implica la necesidad de enfocarse en la lucha por los derechos colectivos y el etnomapeo.

INTERESES DE GRUPOS Y SECTORES
ECONÓMICOS Y POLÍTICOS

En opinión de algunas personas, en la conformación de los bloques territoriales, están prevaleciendo intereses de grupos y sectores que se imponen al resto de las comunidades. Un ejemplo es la unificación del territorio Tawira, ubicado en el Litoral Norte de Puerto Cabezas y que lidera Sandy Bay, que se expandió incluyendo a las comunidades de Bihmuna y Cabo Viejo en la desembocadura del Río Wangki, que tradicionalmente han actuado dentro del conjunto del Río Wangki Abajo.

Miembros de estas comunidades han admitido que, aun cuando han sido parte del sector del Río Wangki, al dedicarse a actividades pesqueras, sus relaciones son más próximas con las comunidades de Sandy Bay, y el mercado donde comercializan su producción está en Puerto Cabezas, mientras que el resto del Wangki, orientado a la producción agropecuaria, tiene otras prioridades. A pesar de estas explicaciones, se percibe un factor de presión cuando algunos comunitarios de Bihmuna afirman que fueron amenazados por los líderes de Sandy Bay de negarles acceso a los bancos de pesca de los Cayos Miskitus si no se adherían al Territorio Tawira.

En la elección de los líderes territoriales se presenta otro conflicto importante causado por la incidencia de organismos externos y de los partidos políticos, que violentan el mecanismo tradicional mediante el cual las comunidades han elegido a sus autoridades en asambleas comunitarias y territoriales.

Con la aprobación de la Ley 445 se establece la participación de los Consejos Regionales en la certificación de las autoridades electas, y este proceso de certificación es utilizado por los partidos políticos para imponer candidatos de su preferencia, los que a su vez han limitado el avance del proceso de demarcación provocando tensiones entre las comunidades y el Consejo Regional. Ejemplos recientes de esta manipulación fueron evidentes en las elecciones del bloque territorial de Llano Sur y la comunidad de Kamla en Puerto Cabezas.

Las pretensiones de comunidades como Kamla, Prata, Tuara y Kum, entre otras, que están insistiendo en lograr su demarcación aisladas de los bloques territoriales, representan una tensión porque violentan la decisión política de privilegiar los bloques territoriales de varias comunidades. Si avanzaran podrían llevar a nuevas comunidades a formular planteamientos similares. La CONADETI se ha declarado incapaz de atender a las comunidades de forma aislada.

¿MORIR POR LA TIERRA?

El anuncio de culminar todo el proceso de demarcación y titulación en el año 2010, se ve como muy positivo, pero implica la aceleración de etapas que podrían requerir más tiempo, especialmente en la resolución de conflictos entre territorios, así como en el saneamiento de los territorios que sufren una intensa invasión y ocupación de colonos mestizos de fuera de la Costa.

La explosión de conflictos intercomunales responde, en la mayoría de los casos, a conflictos latentes que no se resolvieron y que ahora están tomando nuevos bríos. Así lo señala Lottie Cunningham: “Se requiere que los líderes actúen con responsabilidad para disminuir los conflictos dentro de la familia indígena, que traten de dialogar y de negociar una salida”. Ante la falta de negociación y mediación, alguna gente habla de “morir por la tierra”, especialmente por las ansias repentinas de quedarse con todo, desconociendo la convivencia colectiva tradicional de los pueblos indígenas.

REFORMA AUTONÓMICA A LA VISTA:
LA EXPERIENCIA PILOTO DE JINOTEGA

Con anterioridad a la alianza oficial entre Yatama y el FSLN de mayo de 2006, un grupo de notables costeños indígenas y afrodescendientes pertenecientes a ambos partidos viene reuniéndose periódicamente para la discusión y formulación de una propuesta de reforma de la Ley de Autonomía. Aunque todavía no existe un claro consenso, los aspectos generales de la propuesta están orientados a la eliminación de los municipios y a una nueva configuración de los territorios indígenas y afrodescendientes, los distritos multiétnicos (los cascos urbanos) y las comunidades indígenas y afrodescendientes individuales.

La reforma subsanaría el vacío que tiene la actual Ley, que excluye los dos territorios indígenas ubicados en Jinotega y el contiguo en la RAAN, los que, bajo la figura de Régimen Especial de Desarrollo, tienen ahora la facultad de administrarse como gobierno territorial indígena. Se integra este Régimen Especial por la jefatura de cada uno de los tres territorios indígenas, eligiendo en su seno al jefe de gobierno territorial indígena, entidad responsable de asegurar el cumplimiento de los derechos, deberes y acciones que se deriven del régimen especial, conforme lo señala el decreto presidencial.

A su vez, el procedimiento electoral del Jefe Territorial Indígena en Jinotega está más cercano a la elección tradicional de los pueblos indígenas, coincidiendo con la necesaria reforma del proceso electoral en las Regiones Autónomas, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama versus Nicaragua, que ordena al Estado de Nicaragua a reformar la regulación de los requisitos dispuestos en la Ley Electoral, declarados violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a adoptar, en un plazo razonable, las medidas necesarias para que los miembros de las comunidades indígenas y étnicas puedan participar en los procesos electorales en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres.

Esta forma organizativa que comienza a ejercitarse en Jinotega se erige como el pilotaje de la evolución esperada en los demás territorios que se están configurando en la RAAN y la RAAS, en sustitución de la actual división política administrativa de la Regiones Autónomas en municipios. Los alcances de esta nueva autonomía y su verdadera capacidad de libre determinación serán temas pendientes.

LAS MUJERES, LAS GRANDES AUSENTES

En la coordinación y asesoría técnica del proceso de demarcación hay presencia de mujeres. Sin embargo, los espacios comunales y territoriales siguen siendo dominados por los hombres de las comunidades. Los cargos de Síndico -responsables de los asuntos territoriales y de los recursos naturales- siguen estando en su gran mayoría en manos de hombres. Hasta hace unos diez años fue electa una primera mujer como Síndico en Sheran Sandy Bay. Más recientemente se conocen dos nuevos casos en la RAAN.

Hay un esfuerzo consciente desde las organizaciones de derechos humanos como CEJUDHCAN por trabajar con hombres y mujeres, pero no se percibe una clara estrategia en aquellos a quienes compete conducir el proceso y en donde se adoptan las decisiones principales. El ejemplo de las autoridades de los territorios Wangki Li Aubra y Wangki Maya, donde hay una participación más visible de las mujeres, debe ser retomado en los otros territorios y se deben desarrollar estrategias para promover su participación.

A fines de septiembre de 2008 se reunieron en Waspam más de 400 mujeres en el Foro de Mujeres Indígenas del Wangki, Caribe Nicaragua y la Moskitia de Honduras, y al referirse a sus derechos territoriales, demandaron tener acceso a capacitaciones sobre la Ley 445 para conocer como se está desarrollando el proceso de Demarcación y Titulación.

Declararon que “en las autoridades Territoriales debemos de tener la garantía de que se elijan mujeres y estén presentes con participación en las decisiones que se tomen”. Por lo menos dos mujeres por gobierno territorial: es una exigencia concreta de las mujeres.

“NOSOTRAS PODEMOS
TRABAJAR MÁS Y MEJOR”

Un ejemplo de liderazgo territorial de mujeres es el caso de Rosa Wilson, Síndico del Territorio de las Diez Comunidades. Es la primera mujer que asume ese cargo y lo ganó en dos elecciones consecutivas. “La primera vez -dice ella- los hombres no quisieron aceptar que yo había ganado y no me hicieron entrega del cargo. Tuve que ir a nueva elección para que me reconocieran”. Para Rosa Wilson, hace falta explicar a los comunitarios cómo ha sido el proceso histórico del reclamo territorial. La gente sabe que tiene derechos, pero no conocen muy bien en que se sustenta ese derecho. Ella siente que hace falta mucho trabajo: “Explicar mucho y dar más participación a las mujeres, porque nosotras podemos trabajar más y mejor por superar desacuerdos y conflictos”.

Las mujeres indígenas pueden imprimirle un nuevo dinamismo a la demarcación territorial en momentos en que los conflictos intercomunales son crecientes, sigue avanzando la frontera agrícola y aumenta la voracidad sobre los recursos naturales de la región.

LECCIONES PARA LOS DIRIGENTES POLÍTICOS
Y PARA YATAMA

Como suscriptor de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, el Estado nicaragüense debe respetar su alcance y sus contenidos, incorporándolos a la legislación nacional y debe hacer cumplir sus preceptos en todos los procesos que cobijan a los pueblos indígenas.

Se requiere, ante todo, de fortalecer la capacidad de resolver los conflictos actuales y latentes entre territorios y comunidades en las Diez Comunidades, Prinsu, Tasba Pri y el Wangki, aprovechando la disposición y el compromiso reiterado de organismos como el Consejo Ecuménico de Iglesias de la Costa Caribe, de CEJUDHCAN y de las universidades caribeñas, que hasta ahora han jugado un importante rol de acompañamiento en el proceso de demarcación y titulación.

Los dirigentes que han expresado su voluntad política de acelerar y culminar este proceso, en la misma medida en que contribuyen a la unificación de las comunidades en los bloques territoriales, deben dejar de ser obstáculos para los territorios y pueblos que no están bajo su control político. La voluntad de los dirigentes no siempre coincide con las aspiraciones de los habitantes de las comunidades y los territorios. Yatama tiene dos claros ejemplos, tanto en la reacción que produjo la firma de los acuerdos con el FSLN como en su decisión de promover la postergación de las elecciones municipales. La decisión de su alianza con el FSLN dividió a la organización indígena y con el tema electoral violentó la autonomía regional, facilitando que los partidos nacionales manipularan el conflicto.

FALTA DIVULGACIÓN
Y FALTA DEMOCRACIA

El conjunto de acciones en la demarcación y la titulación ha recibido poca divulgación para asegurar su transparencia. La inversión en acciones de divulgación y comunicación es escasa y se requiere que la población tenga mayor acceso a información y que los medios de comunicación local y nacional orienten mejor a la opinión pública. Esto debiera ser una de las prioridades para la Junta Directiva de la CONADETI, sobre todo cuando en todo esto se mueven intereses de otra naturaleza, como las concesiones petroleras recientemente aprobadas en el Territorio Tawira.

En los gobiernos de Chamorro, Alemán y Bolaños hubo poca voluntad política de contribuir a la autonomía costeña. Aunque los planteamientos del actual gobierno de Ortega son otros, coincide con los precedentes gobiernos en la necesidad de crear una estructura intermedia entre las autoridades autonómicas regionales y el Poder Ejecutivo. En el nuevo Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe todos sus integrantes son costeños, pero no han sido electos para dirigir los asuntos de cada región. Para todos los funcionarios de gobierno y para la cooperación externa hay un mensaje claro: quienes tienen la última palabra en los asuntos de la Costa no han sido electos por ningún Consejo Regional Autónomo.

NUESTROS SUEÑOS

La vieja aspiración de una Mosquitia unida en su diversidad, aprovechando sus riquezas para el bienestar de sus hijos e hijas, haciendo uso de su derecho a la autodeterminación como pueblos con cultura, lengua y tradición, es un sueño. La realidad obliga a pensar con los pies en la tierra. Y en este contexto la demarcación territorial se presenta como una oportunidad histórica para el ejercicio de esa libre determinación.

Sin embargo, la demarcación solita no tendrá valor si no se acompaña de reformas profundas al Estatuto de Autonomía y al sistema electoral en su conjunto, lo que por supuesto también implicará reformas constitucionales. Por la composición del Parlamento nacional, los costeños requeriremos de alianzas que permitan una aprobación favorable, que no anule los reconocimientos alcanzados hasta ahora. Se espera que la voluntad política de quienes toman las decisiones hoy no impida que este sueño de la autonomía se vea truncado.

Lograr que los nuevos territorios y sus gobiernos no sólo sean figuras nominales, sino que tengan verdadera capacidad de decisión en el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales, todavía abundantes, es una meta. Que los financiamientos anunciados por la cooperación sean encauzados hacia el desarrollo de capacidades que generen bienestar a los costeños y a todos los nicaragüenses es otra.

LA ALIANZA YATAMA-FSLN:
¿UNA OPORTUNIDAD?

En la Costa urge volver a la consulta como un mecanismo que deje fluir las voces de mujeres, hombres y jóvenes, y la sabiduría de ancianas y ancianos. Lograr que la consulta vuelva a ser mecanismo válido en la comunicación de los dirigentes con las mujeres y los hombres de las comunidades es una tarea pendiente.

Urge renovar la fuerza de la asamblea comunitaria para que el proceso pueda avanzar, Lottie Cunningham insiste en que se debe consultar más a las mujeres y a los hombres de las comunidades, no sólo a sus líderes, muchos de ellos nombrados tradicionalmente de dedo.

Los acuerdos de la Alianza Yatama-FSLN son una oportunidad histórica para construir las bases del desarrollo costeño, que debe pensarse por encima de los intereses de un solo grupo y de una sola etnia.

PERIODISTA COSTEÑA.

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