Narconegocios: una “nueva guerra”

Álvaro Colom se ha visto sorprendido por un incremento exponencial en todo el país del narcotráfico. Los narconegocios están provocando una “nueva guerra” con miles de víctimas mortales, y están conduciendo a Guatemala a una peligrosa atrofia institucional. Están reforzando la impunidad, alimentando en el Estado un nido de víboras.

Juan Hernández Pico, SJ

Ante la pregunta sobre el balance del primer año de gobierno de Álvaro Colom no se puede perder de vista, hoy menos que nunca, el contexto de la crisis mundial.

MÁS DEPORTADOS,
MENOS REMESAS

La recesión en Estados Unidos (dos trimestres seguidos con tasa negativa de crecimiento del PIB y un último decrecimiento de aproximadamente -6%) ha tenido graves consecuencias en Guatemala. Mientras atraviesan el territorio mexicano de camino hacia Estados Unidos, los guatemaltecos sufren un acrecentado acoso de parte de las mafias dedicadas a la extorsión y secuestro de migrantes, coaligadas con “coyotes” que los guían en su peregrinaje. En 2008 fueron deportados desde Estados Unidos 28,051 guatemaltecos. En enero-febrero de 2009 fueron deportados sólo por vía aérea 3,345. Si esta tendencia no cambia serán más de 32 mil los deportados en todo 2009. Ha habido, en cambio, una disminución de los deportados por tierra desde México, lo cual podría estar significando que menos guatemaltecos han emprendido el viaje a los Estados Unidos.

Pero lo más duro es que la posibilidad de encontrar trabajo en Estados Unidos ha disminuido notablemente. La prensa internacional ha difundido fotografías de latinos que consiguieron trabajo paleando nieve durante la tormenta de marzo, después de estar sin trabajo durante dos semanas. Y durante la Navidad, parientes de centroamericanos migrantes que fueron a visitarlos vieron aglomeraciones de latinos en esquinas de calles de ciudades norteamericanas esperando inútilmente todo el día sin ser contratados.

Todo esto hizo descender las remesas en 2008. En El Salvador en un 8% y en Guatemala en un 12%. En enero de 2009, por primera vez desde que se empezaron a calcular los montos de las remesas, éstas disminuyeron, en comparación con enero de 2008, no sólo en su ritmo de crecimiento sino en su monto absoluto: de 315 millones de dólares en enero 2008 a 290 millones en enero 2009, un descenso de 7.7%. Aunque no es todavía una crisis aguda, sí es una señal poderosa de lo que puede venir. Hay que tener en cuenta que entre 2003 y 2008 las remesas de los migrantes más que se duplicaron: de 2,106 a 4,315 millones de dólares.

CIERRE DE MAQUILAS,
DEVALUACIÓN DEL QUETZAL

Otra señal importante de la crisis son los despidos en maquilas de ropa. En Guatemala, Honduras y Nicaragua quienes trabajan en la maquila representan el 14.6% de la fuerza de trabajo con empleo: En Guatemala se cerró Koramsa, la maquila más grande de Centroamérica, con 21 mil operarias y operarios. Fue comprada por una empresa tejana, que cubre la producción, desde la siembra del algodón hasta la colocación de las prendas terminadas en los centros comerciales.

El quetzal se ha devaluado: de 7.4 hasta 8 por dólar, el mayor descenso desde 2004. Esto ha sucedido probablemente porque los enormes paquetes de estímulo a la economía estadounidense han hecho volar muchos dólares a su propio nido, como “capitales golondrina” que son. Naturalmente, esto afectará seriamente el costo de las importaciones y reducirá el de las exportaciones. El café y el azúcar ya han experimentado bajas considerables.

A pesar de todo esto, no se ha visto todavía bambolearse a los bancos en Guatemala, aunque la especulación financiera que algunos construyeron en paraísos fiscales ya los hizo caer en años anteriores. La caída más paradigmática fue la del Banco del Café, en 2006, cuyos accionistas mayoritarios eran la familia González.

TODOS LOS MOTORES
ESTÁN AFECTADOS

¿Qué efecto tendrán todos estos factores de crisis en el PIB per cápita? Un analista perspicaz hace estas consideraciones: “Las tasas de crecimiento anual van a caer lo suficiente como para que el PIB per cápita descienda. Si no hay un crecimiento por arriba del 3-4%, que supere la tasa de crecimiento vegetativo de la población, vendrá enseguida el descenso en la capacidad de comprar la canasta básica. 20 maquiladoras están cerrando, se están perdiendo 300 mil empleos agrícolas y existe un fuerte descenso del turismo. Están afectados todos los motores de desarrollo en nuestro país”.

La CEPAL ha presagiado que el PIB consolidado de México-Centroamérica descenderá entre el 0.9 y el 2.2%. El ritmo anual más alto de crecimiento -no sostenido- que ha tenido Guatemala es de 4.5%. De modo que, para que no se cumplan estos presagios, tendría que haber un estímulo extraordinario a la economía que los contrarrestara.

¿DESARROLLO
DE UN MERCADO INTERNO?

El mismo analista piensa que la única medida estructural “contracíclica” -que contrarreste en Guatemala el descenso recesivo de la economía actual globalizada, y por consiguiente le dé al país capacidad de empezar a enderezar las cosas- sería “el desarrollo de un mercado interno, por cuyo avance no se ha tenido mucho interés hasta ahora”, excepto en el rubro de siembra campesina de verduras, frutas y flores para la exportación.

“Varios ejes definirían ese mercado interno: la generación de alimentos a través del pacto con las cooperativas y la generación de infraestructura por tres vías: la que necesitan las operaciones de cohesión social; la de la red de carreteras con itinerarios y redes de conexión, lo cual supone una inversión pública de signo diferente; y el cambio en la matriz energética nacional: generación de energía por ingenios azucareros; hidroeléctricas, termoeléctricas que funcionan con carbón...” Algunos de estos proyectos provocan otros problemas que se deberán considerar, como, por ejemplo, la consulta con las comunidades que sean y se sientan afectadas. “Todo esto podría, si no sustituir, al menos compensar las pérdidas -dice el analista-. Y por fortuna, este gobierno logró que el Congreso legislara un presupuesto que le permita llevar a cabo este giro”.

CON UN RELATIVO EQUILIBRIO

Y añade el analista: “A Colom su primer año de gobierno le ha dado en la segunda mitad del 2008 un balance equilibrado, naturalmente previa la estabilidad macroeconómica. Pero este balance ha sido logrado un poco por chiripa, por la baja de los precios del petróleo y de los alimentos. Una inflación por arriba del 15% sostenida durante tres meses habría conducido a 700 mil personas en descenso hacia la pobreza. Otro chiripazo han sido las medidas de cohesión social, que responden a lo que hay que hacer en términos de crisis, aunque sean básicamente asistenciales”.

Si a través del TLC se siguieran importando granos básicos baratos, por subsidiados, eso podría afectar seriamente a los productores nacionales, aunque sirviera para que los habitantes de los núcleos urbanos comieran menos caro.

¿QUIÉN GOBIERNA?

Se afirma que la democracia social del Gobierno de Colom ha quedado en manos de su esposa, Sandra Torres y de su hermana, Gloria Torres. Sandra Torres actúa como presidenta del gabinete social -llamado de “cohesión social”-, un puesto que normalmente habría correspondido al Vicepresidente de la República, el afamado cardiólogo Rafael Espada, con larga ejecutoria en Estados Unidos. Gloria Torres actúa como enlace para organizar la adjudicación gubernamental de los proyectos. Aun lo extraoficial de este cargo, es obvio su peso y su enorme trascendencia e influencia.

Esta situación hace que se siga hablando de Colom como un Presidente que siempre está en campaña, que habla pero que sigue sin gobernar. Que inspira con su pathos socialdemócrata, no teniendo empacho en afiliar a Guatemala al ALBA o en visitar Cuba y condecorar a Fidel Castro “en ausencia” -no fue recibido por él-, pero que, a la hora de la acción se somete a los proyectos y a los dictados de su esposa y del resto de su familia política. Como todas las caricaturas, ésta tendría, probablemente, cierta parte de verdad y una gran exageración de esa verdad. Sea lo que sea, existe el peligro de que Colom dé igual peso a sus palabras que a los hechos, y pretenda hacer vivir a Guatemala de sus sueños.

EL GRAN FALLO:
LA REFORMA FISCAL

En su primer año, el gobierno de Álvaro Colom no ha sido capaz de conseguir el acuerdo legislativo necesario para la reforma fiscal, sobre todo una reforma seria del impuesto sobre la renta, que consiga, por fin, la elevación de la carga tributaria anual a un 12% del PIB, meta de los Acuerdos de Paz. En Chile es un 18% y en Estados Unidos un 20%. Alcanzar esta meta es lo que lograría un Estado socialmente fuerte y un gobierno con capacidad de actuar como una socialdemocracia o una “democracia social”, modelo con el que ha definido Álvaro Colom sus objetivos. Eso significaría una democracia socialmente eficaz y eficiente, que aborde prioritariamente respuestas estructurales a los derechos económicos de la población.

En un reciente estudio del PNUD sobre la Democracia en América Latina aparece una mayoría de la población (54.7%) que, ante la opción de gobiernos democráticos incapaces de resolver los problemas económicos y ayudar a salir de la pobreza, y gobiernos autoritarios o dictatoriales que resuelvan esas necesidades, prefiere claramente el autoritarismo. La necesidad vuelve a la gente comprensiblemente miope, acortando sus horizontes. La democracia socialmente ineficaz aviva la desconfianza de la gente ante la política. Es algo parecido a lo que pasa con los sistemas revolucionarios que pierden su original búsqueda de la justicia y se corrompen convirtiéndose en despotismos familiares con lemas revolucionarios sin contenido real.La profunda desilusión que despiertan aviva también el cinismo de la gente ante la posibilidad de un cambio.

La reforma fiscal fue aprobada en primera lectura en el Congreso, pero de ahí a que se llegue a la votación final hay todavía un trecho difícil. En Guatemala, tras la aparente incapacidad de llegar a un Pacto Fiscal verdaderamente novedoso, o de atenerse a él -como ya ocurrió en 2004-, está el blindaje de la empresa privada guatemalteca, de su principal órgano representativo, el CACIF, y de otros órganos como la Cámara de Comercio, separada del CACIF por razones de discrepancia respecto de algunas cláusulas del TLC.

LO QUE NO SE HAGA ESTE AÑO...

El segundo año de gobierno de Colom, iniciado en enero 2009, es la última oportunidad que tiene para alcanzar un Pacto Fiscal que ayude a disminuir la enorme brecha de desigualdad en la sociedad guatemalteca. En Guatemala, lo que no se hace en el primer año de gobierno, o como mucho en el segundo, simplemente no se hace. En el tercer año los políticos cambian de rumbo y se orientan hacia las alianzas entre partidos, la designación de candidaturas presidenciales para el próximo período y la recaudación de fondos necesarios para la campaña electoral. El cuarto año está absorbido por la campaña electoral que, aunque oficialmente no comienza hasta mayo o junio, ocupa extraoficialmente durante todo el año los espacios públicos ciudadanos, los mediáticos y, sobre todo, la imaginación de los políticos y del pueblo.

Hay excepciones: la Ley que dio cabida en el país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -una Comisión de la ONU fomentada desde dos años antes por la Fundación Myrna Mack y por el entonces Vicepresidente de la República, Eduardo Stein- fue aprobada por el Congreso en agosto de 2007, mes y medio antes de las elecciones presidenciales. Difícil encontrar otros ejemplos de igual importancia.

Hay algún signo positivo que puede animar a superar obstáculos a esa inclinación de la empresa privada, no sólo a no pagar más impuestos, sino a evadir los actuales. Ese signo es el equiparamiento de los salarios mínimos entre la ciudad y el campo. Puede ser señal de una negociación en camino, con tal de que lo que ha sido aprobado se cumpla realmente.

SIN CONTINUIDAD CREATIVA

La elección de Álvaro Colom tuvo, sin duda, una significación simbólica. Porque no resultó electo su oponente, un militar retirado que había tenido parte activa en el planeamiento y ejecución de las estrategias de represión (“tierra arrasada”) y en el combate del Alto Mando durante el conflicto armado interno, que había sido miembro de la inteligencia militar en ese periodo sangriento, aun cuando también fue miembro activo en los diálogos y negociaciones que llevaron a la elaboración de los Acuerdos de Paz, siguiendo el lema del ya fallecido General Gramajo de que “la política es la continuación de la guerra por otros medios”. También simbólica la elección de Colom porque por primera vez en la moderna historia electoral de Guatemala la clave para su victoria no fue el electorado de la capital, sino el de casi la totalidad del resto del país.

El Presidente Colom podría hacer historia dejando de pagar deudas partidarias al configurar su gabinete y eligiendo a los mejores. Dando, por ejemplo, continuidad en su gobierno a funcionarios como el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Berger, Gert Rosenthal, o a la Ministra de Gobernación, Adela Camacho de Torrebiarte, ambos con gran capacidad. Rosenthal es conocedor experimentado de los organismos de la integración centroamericana y de la ONU, Camacho mostró decisión para depurar la Policía Nacional Civil. Pero esto no lo hizo.

¿SEGURIDAD “CON INTELIGENCIA” O AUMENTO DE INSEGURIDAD?

El Presidente Álvaro Colom no ha podido poner los cimientos de esa “seguridad con inteligencia” que contrapuso en su campaña electoral a la seguridad “de puño duro” propugnada por su contrincante, el General retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota. No mantuvo en el Ministerio de Gobernación a Adela Camacho. Nombró para este ministerio a Vinicio Gómez, Viceministro de Seguridad en el gobierno anterior, que intentó seguir con la depuración de la Policía y mejorar la calidad de la investigación criminal. Gómez falleció el 27 de junio de 2008 en un accidente de avioneta, aparentemente por condiciones atmosféricas. Colom nombró para sucederle a Francisco Jiménez, quien había trabajado ya con la Ministra Camacho como director general de inteligencia civil y había continuado en esa función con el Ministro Gómez. Pero a comienzos de enero de 2009, y coincidiendo con una interpelación de Jiménez en el Congreso, donde fue acosado por las terribles cifras de la criminalidad en 2008, el Presidente Colom nombró como nuevo Ministro de Gobernación a Salvador Gándara y trasladó a Francisco Jiménez a una Secretaría Técnica de Seguridad que presidirá el Consejo de Seguridad que asesora al Presidente.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Gándara arrastra una larga sombra: tiene fama de ser partidario de las asociaciones ilegales de “vigilantes” y de la “limpieza social”. Está afiliado a la “iglesia” de Cash Luna -un pastor que lleva ese insólito nombre-, lo que no necesariamente sería un obstáculo para juzgarlo, pero que sí es significativo.

¿Qué hay detrás del cambio decidido por Colom? Parece ser que lo que hay es que Jiménez no es un hombre de acción, sino un doctor en filosofía, buen intelectual y bastante buen investigador en el campo de la seguridad. Y que Gándara es un hombre de acción más que de pensamiento, un buen ejecutivo.

El año 2008 terminó en Guatemala con una cifra de homicidios y asesinatos superior a los 6 mil, casi mil más que en el año 2007. La Conferencia Episcopal, en su reunión anual más importante (enero 2009) exigió al gobierno acciones eficaces contra la violencia. El Arzobispo de Guatemala, Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, convocó después a una marcha contra la violencia en el Parque de la Constitución, donde se encuentran la Catedral y el Palacio Nacional de la Cultura. La encabezó junto al Procurador de Derechos Humanos, el Rector de la Universidad Nacional de San Carlos y el Presidente de la Alianza Evangélica. La Plaza se llenó totalmente.

En un análisis de noviembre de 2008, titulado “Inestabilidad y pérdida de gobernabilidad en el sector seguridad, en el marco de una ‘guerra nueva’ en Guatemala”, la Fundación Myrna Mack afirmaba que el ya ex-Ministro Jiménez informó oficialmente en noviembre de 2008 en el Foro Guatemala que “en el último quinquenio ha existido un promedio anual de 46 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes”: En la capital. Naturalmente, la continuidad de estos promedios o su acrecentamiento ejercen una presión enorme sobre cualquier gobernante. De ahí sólo hay un paso a la conclusión de que es necesario poner una persona de acción al frente de Gobernación.

Gándara fue ya Viceministro en el Gobierno de Arzú y ha sido después durante dos períodos alcalde de Villanueva, un enorme conglomerado municipal que limita con el sur de la capital. Allí se le ha visto actuar drásticamente, aunque eso no ha disminuido la violencia. Nuestro analista plantea esta pregunta: “Si Gándara es más un hombre de acción que de pensamiento, ¿quién o quiénes piensan lo que Gándara debe ejecutar?”.

EL AVANCE
DEL NARCONEGOCIO

La verdad es que Alvaro Colom se ha visto sorprendido por una elevación exponencial de la presencia del narcotráfico en Guatemala, con su secuela de violenta criminalidad. Esto es obviamente una consecuencia de la campaña militar contra los diversos carteles del narconegocio que lleva a cabo el gobierno del Presidente Calderón en México, apoyada por la DEA desde Estados Unidos.

Acosados a lo largo de la frontera norte y de la costa del Golfo, los narcoempresarios mexicanos están aumentando sus intereses en la frontera sur, en el Occidente y Noroccidente de Guatemala y, a través de la caribeña Bahía de Amatique, en el Norte y en el Oriente. Están literalmente invadiendo el país. A esto se añade la presencia en el Sur de lanchas rápidas y hasta de barcos con droga y gente que va hacia Estados Unidos y es tratada como mercancía humana: chinos, indios, ecuatorianos…

En “Gomorra” (2008), un espeluznante -superfundado documentalmente y literariamente excelente- informe de una investigación de campo sobre la mafia napolitana, conocida popularmente como “la Camorra” e internamente como “el Sistema”, su autor, Roberto Saviano caracteriza al narconegocio como un “imperio económico” moderno, por consiguiente globalizado, que maneja la lógica del capitalismo de forma extremista, sin ningún freno de legalidad, constituyendo un verdadero asalto al mercado y al poder, apoyado en la información de colegas capitalistas mafiosos alrededor del mundo, aun cuando estén también en una feroz competencia con ellos.

Ya el ex-Vicepresidente Eduardo Stein se había atrevido a hablar del Congreso guatemalteco como de una “gusanera”, cuando la Ley sobre la CICIG fue dictaminada negativamente en comisión, situación que provocó su aprobación de urgencia en el pleno en tiempos electorales. Y varias veces había hablado del propósito del crimen organizado de infiltrarse en el Estado guatemalteco a través de la ubicación en puestos de elección popular de candidatos doblegados al narconegocio
y a otros tráficos prohibidos.

DROGA: MERCADO INTERNO

Guatemala no es ya sólo una ubicación ocasional de siembra de marihuana o amapola, ni es ya sólo un corredor de tránsito de droga por litorales y pasos fronterizos terrestres. Es también una plaza de negocio interno para el consumo de la droga entre gente de ingresos altos y para narcomenudeo, especialmente entre la juventud.

Este negocio produce ingresos antes inauditos para quienes se enrolan en él, muchos jóvenes de barrios marginados, mareros o no. Todos los tráficos prohibidos anexos hoy al narcongocio, aunque originalmente independientes -tráfico de armas, contrabando, negocio de adopciones- también resultan muy rentables. Según algunos informes, esto alimenta un mercado de lavado de dinero, tal vez ya no tanto invirtiendo en la construcción en la capital, sino en ganado en departamentos de Occidente, contribuyendo así, paradójicamente, a mantener estables los precios de los animales.

LA “NUEVA GUERRA”
DE LOS NARCONEGOCIOS

La presencia de toda esta red ha provocado terribles hechos de sangrienta violencia colectiva, de alguna manera similares a las masacres de los tiempos del conflicto armado interno, a los que ya nos habíamos desacostumbrado. Así se enumeran en el análisis de la Fundación Myrna Mack:

- “La “narcomatanza” (Zacapa, marzo 2008), donde murieron a balazos y calcinados no pocos miembros del narcotráfico guatemalteco y mexicano.

- El ataque e incineración de un autobús (Zacapa, noviembre 2008), donde perdieron la vida 16 ciudadanos nicaragüenses y un holandés.

- La “narcomasacre” (Santa Ana Huista, Huehuetenango, noviembre 2008), en donde murió un número indeterminado de miembros del narcotráfico de México, Guatemala y varias personas inocentes”.

El informe añade otros hechos concatenados entre sí y con un trasfondo que los vincula a grupos de delincuencia organizada:

-“El asesinato e incineración de los diputados salvadoreños al Parlacen Eduardo D´Aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, y su piloto Gerardo Ramírez (febrero 2007), sin resolverse.

- La ejecución de los agentes de investigación criminal de la PNC, capturados por su responsabilidad en el asesinato de los diputados salvadoreños (febrero 2007). Fueron asesinados en el marco de una acción aún no esclarecida, cuando estaban bajo la custodia del Estado en la cárcel “El Boquerón”.

- El asesinato del comisario Víctor Rivera, jefe de la unidad antisecuestros de la PNC, quien había colaborado estrechamente con el Ministerio Público en el afán de esclarecer estos casos (abril 2008).

- El asesinato del fiscal auxiliar Juan Carlos Martínez (julio 2008). El fiscal estaba involucrado en la investigación
de estos casos.

- El asesinato (octubre 2008) en la prisión Santa Teresa de una mujer recién puesta bajo custodia del Estado, acusada de intentar propiciar la fuga de unos mareros sindicados de haber asesinado a Víctor Rivera.

- El asesinato coordinado de la rectora y de una guardia de la prisión de mujeres Santa Teresa (octubre 2008) unos días después del asesinato de esta mujer.

El asesinato y decapitación de varias personas privadas de libertad durante un motín ocurrido en el centro penitenciario Pavoncito (octubre 2008). Entre las víctimas se cuentan dos pandilleros recién trasladados de El Boquerón a Pavoncito por temor de fuga. Habían sido enjuiciados por su presunta responsabilidad en el asesinato de los agentes policiales del caso de Víctor Rivera y estaban vinculados directa e indirectamente con los asesinatos en Santa Teresa.

Comentan los responsables de este análisis: “En Guatemala estamos nuevamente en ‘guerra’. No se trata de una guerra como las que reconoce el derecho internacional, ni de un enfrentamiento al estilo del que nos afectó durante buena parte del siglo pasado. Se trata de una ‘guerra nueva’ donde imperan los negocios, y su perfil es transnacional y globalizado… Está generando ya daños de gran cantidad y magnitud, que van desde miles de víctimas mortales al año hasta depravación y atrofia institucional, pasando por alteraciones en el tejido social comunitario y en la salud mental de la población”.

ENTRE LA PUBLICIDAD
Y LA CLANDESTINIDAD

Durante el conflicto armado interno, no se informaba de los brutales hechos de violencia cometidos sistemáticamente por el Ejército y las múltiples policías de entonces, y en la capital se vivía tras una cortina de silencio. Hoy, la violencia del narconegocio y del resto del crimen organizado es pública y se informa de ella todos los días. Se habla de los carteles de Alta Verapaz, del Sur, de Zacapa -en el Oriente- y de Izabal en el Norte. Y se especula sobre sus vinculaciones con los carteles mexicanos de Sinaloa, de Tijuana, de Ciudad Juárez y del Golfo.

El capital delincuencial, el enorme capital de los capos y sus “familias” y también el más pequeño capital de las maras goza con la publicidad de sus acciones y se enorgullece de ellas. Quienes pretenden mantenerse entre la clandestinidad y el rumor de la fama son los diputados vinculados con los tráficos prohibidos, como Manuel Castillo, el famoso cacique de Jutiapa, conocido como “Manolillo”, hoy fuera del Congreso y en prisión por sus presuntos vínculos con los cerebros del asesinato de los diputados salvadoreños y de algunos de los policías acusados de haberlos asesinado.

Sobre el crimen de los diputados del Parlacen -cuyos entresijos se pretendieron ocultar en El Salvador por si interferían en la elección presidencial-, una periodista de “El Periódico” de Guatemala presentó dudas de que esté todo resuelto con el involucramiento del ex-diputado salvadoreño Carlos Roberto Silva quien, por venganza contra los diputados de ARENA que lo desaforaron, habría encargado al ex-diputado Manuel Castillo planear la ejecución del crimen.

En un texto del 1 de marzo, esta periodista concluye abriendo una caja de Pandora al asegurar que Luis Mendizábal, antiguo jefe de “La Oficinita” -diseñadora en Guatemala en tiempos del conflicto armado interno de escenarios para cubrir responsabilidades de crímenes- está hoy una vez más en una posición de “eminencia gris” como el más confiable asesor del Presidente Colom. ¿Verdadero, falso?

UN ESTADO INFILTRADO
POR INTERESES CRIMINALES

Es indudable que hay indicios de que en el Estado guatemalteco hay incrustados poderosos intereses que trabajan contra la eficacia del Estado en su lucha contra el gran capital delincuencial nacional globalizado.

Afirma el análisis sobre seguridad de la Fundación Myrna Mack: “Desde 1999 existe en el Congreso de la República una iniciativa de Ley de Control de Armas y Municiones, cuyo proceso de discusión y aprobación ha sido continuamente obstruido. Los diputados han dicho que dueños de empresas que se dedican a la venta de armas y municiones presionan constantemente. Incluso uno de ellos, aprovechando su posición como diputado y presidente de la Comisión de Gobernación, Luis Enrique Mendoza, no dudó en cambiar el proyecto y ajustarlo a los intereses del gremio de armeros y del Ejército. Es insoslayable que el país necesita una ley idónea en la materia, pero para lograrlo será preciso primero combatir la danza de intereses mezquinos y espúreos que hasta ahora han impedido su aprobación”.

POLICÍA NACIONAL CIVIL:
AVANCES ¿Y PLANES?

De la misma manera, está retenido en la Secretaría General de la Presidencia de la República desde hace varios meses un proyecto de Acuerdo Gubernativo para un nuevo reglamento para la Policía Nacional Civil (PNC). ¿A qué intereses responde esta retención? Es evidente que desde que Adela Camacho fue nombrada Ministra de Gobernación (abril 2007) hasta que Francisco Jiménez fue cesado (enero de 2009), se han producido avances en la depuración de la PNC, se ha constituido la Inspectoría General de la PNC, se han preparado planes para aumentar la PNC de 18 a 30 mil efectivos y para crear más y mejores centros académicos para formar a los reclutas y a los oficiales, ha aumentado el número de secuestros “exprés” solucionados y se han iniciado procesos de investigación más profunda de los homicidios, incluidos los feminicidios.

El nombramiento como Jefa de Policía de Marlene Blanco -hermana del Presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, Orlando Blanco- y el nombramiento como Subjefe de Policía del primer Inspector General de la PNC, son buenas señales.

Sin embargo, el Presidente Colom envió al Congreso un presupuesto en que no se aumentó el rubro destinado a seguridad, mientras que sí se aumentó el destinado al Ejército. Esto hace que la Fundación Myrna Mack se pregunte si hay “encaje” entre los avances bien encaminados pero aún coyunturales y un plan mejor cimentado estructuralmente.

¿Querrá la empresa privada cooperar en reforzar la seguridad del país? Pudiera ser. Al fin y al cabo, el sector privado no tiene intereses en las compañías de seguridad privada ni en las empresas de armas, y experimentan la competencia desleal e ilegítima de los capitalistas delincuenciales.

PRESIDENTE COLOM:
“HUBO GENOCIDIO”

El Presidente Colom no ha dejado de tener una actuación importante respecto del Ejército. Por primera vez, desde que lo hizo el Presidente Arzú hace 10 años, asistió mes y medio después de su toma de posesión al acto de celebración del aniversario del Informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, escrito por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Y pidió perdón por los crímenes de los que el Estado fue responsable. En 2009, décimo aniversario, el 25 de febrero, Día Nacional de Dignificación de las Víctimas, también asistió. Y volvió a pedir perdón.

Éstas fueron algunas de las palabras del Presidente: “Si genocidio es la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, en Guatemala hubo genocidio, hubo etnocidio y hubo también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios, indígenas... Ojalá hoy, en este día de conmemoración de las víctimas, iniciemos un esfuerzo de organización del país, para la unidad de Guatemala”.

EL DISCURSO DEL PERDÓN

Comenta AVANCSO (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala): “Muchos guatemaltecos y guatemaltecas ven con optimismo lo enunciado en este discurso, pero ¿cuál es el telón de fondo, qué acciones se realizan por los derechos a la memoria, a la justicia, a los derechos colectivos de los pueblos? ¿Son dos lógicas distintas o acciones aparentemente distintas de una misma lógica de racionalidad dominante?”

Y enumera a continuación no pocas intervenciones represivas de las fuerzas de seguridad (PNC+Ejército) contra colectividades indígenas, una de las cuales se saldó con una víctima mortal y cuatro heridas. Termina así su comentario: “El análisis debe partir de las formas, procedimientos y técnicas que se despliegan para gobernar las conductas, los cuerpos, las ideas y pensamiento de las personas, las organizaciones y la sociedad en su conjunto… La dinámica social de este momento histórico en el país nos sitúa frente a un entramado institucional, político, técnico y económico, en donde los discursos de perdón, desarrollo, ataque a la pobreza, y las acciones que reprimen sistemáticamente las luchas por los derechos humanos, los derechos a la memoria y a la justicia, el derecho a la tierra, los derechos de los pueblos índígenas, son caras de la misma moneda, de la racionalidad instrumental del capital y la dominación”.

ARCHIVOS MILITARES “SECRETOS” Y “PERDIDOS”

El Presidente Colom exigió el 25 de febrero de 2008 al Ejército que le entregue sus archivos secretos, entre ellos los del tiempo del conflicto armado interno y, en concreto, los referentes a las ofensivas estratégicas contra la guerrilla y la población civil en que la guerrilla se apoyaba (Población Civil en Resistencia) o la población que estaba rodeada: los Planes “Victoria 82”, “Sofía 82”, “Ixil 82” y “Firmeza 83”.

El Ministro de la Defensa se amparó en la Corte de Constitucionalidad, alegando que se trataba de “secretos de Estado”, cuya divulgación se prohíbe en la Constitución. La Corte denegó el amparo el 28 de marzo de 2008. El Ministro y el resto del Alto Mando siguieron dando largas. Finalmente, el Presidente Colom envió a retiro a todo el Alto Mando (Ministro, Jefe de Estado Mayor y Subjefe e Inspector General del Ejército) y promocionó para esos cargos a otros militares.

En marzo 2009, el nuevo Ministro, General Abraham Valenzuela, entregó al Presidente únicamente dos de los cuatro planes. No entregó “Ixil 82” y “Sofía 82”, los que -según afirma en “Prensa Libre”- “presuntamente involucran en masacres al General Efraín Ríos Montt” y “se habrían perdido”. Esta pérdida, que el Presidente Colom no aceptó y que ordenó fuera recuperada, tiene gran importancia. El General Ríos Montt es uno de los Jefes de Estado de aquel período y está bajo proceso incoado en Guatemala y en España por crímenes contra la humanidad, entre ellos genocidio.

¿INCLUIR AL EJÉRCITO
EN LA SEGURIDAD?

En su discurso de toma de posesión Colom anunció que se proponía reparar el error de los anteriores tres presidentes al haber disminuido los efectivos del Ejército y haber reducido la presencia de sus bases y cuarteles en muchas partes del territorio nacional. Esto, porque consideraba inevitable seguir contando con el Ejército para acompañar a la PNC en tareas de seguridad. Sin el Ejército -afirmó- sería imposible devolver seguridad a la ciudadanía.

Nuestro perspicaz analista coincide en esto con el Presidente Colom: “Nuestro ‘forúnculo’ es la seguridad ciudadana. El desparrame del narcotráfico hacia Guatemala, el cambio aquí de la economía política del narcotráfico (de hangares o almacenes a promoción del consumo de droga, por vía de pago en especie), implica una pérdida ya real de territorio, imposible de recuperar sin el Ejército, y en un espacio en el que dependemos totalmente de Estados Unidos”.

El Presidente Colom aumentó al Ejército su presupuesto para 2009 y ya se están reabriendo destacamentos del Ejército, por no citar más que uno, en lugares tan simbólicos y donde su desaparición había sido tan celebrada, como en Playa Grande, Ixcán, Quiché, lugar realmente acosado hoy por los narcos.

Esta situación plantea el problema de si es la estrategia militar la que puede resolver el desafío que representa el imperio económico del crimen organizado, una de cuyas ramas es el narconegocio, y otra el negocio del tráfico de armas. Según algunas informaciones, desde 1985 hasta hoy se han invertido más de 900 millones de dólares en la PNC, que sólo empezaron a ser eficazmente útiles en los tres años de la Presidencia de Arzú posteriores a la firma de la paz (1997-2000). Sin embargo, la interrupción de la formación, renovación y depuración de la PNC en tiempos del Presidente Portillo (2000-2004) habría echado por la borda tan importante inversión.

Una campaña militar con un Ejército en el que aún laten los pulsos desgarrados de las 200 mil víctimas del conflicto armado interno y que se obstina en no reconocer su responsabilidad ni quiere pedir perdón por ella ni acepta que al menos algunos de los jefes militares responsables comparezcan ante los tribunales de justicia, no es un instrumento confiable en la lucha contra el crimen organizado y su imperio económico. El ejemplo de México nos enseña a qué extremos de desatino criminal puede conducir una opción militar para acabar con el narconegocio.

SI SE USA AL EJÉRCITO...

Si, a pesar de todo, hay que usar al Ejército para evitar que la emergencia se haga mayor, la Fundación Myrna Mack piensa que hay criterios muy importantes que manejar en un plan de seguridad mixta. Son éstos:

“-La participación del Ejército debe ser concebida como un apoyo a la PNC. De ninguna manera debe pensarse en “la sustitución” de las fuerzas policiales civiles con la doctrina y la práctica militar.

-Una definición clara sobre límites temporales, funcionales y operativos de ese apoyo, así como de alcance de la misión militar en este campo.

-La determinación sobre responsabilidad, misiones, temporalidad y ubicaciones geográficas en que será prestado el apoyo militar.

- La estrategia en torno a la participación militar debe responder a parámetros establecidos por la autoridad civil, de cuyas decisiones se deben derivar también las órdenes sobre misiones, responsabilidad y lugares de acción. No sería aceptable que los propios militares definan qué misiones tendrán, dónde, cómo y por cuanto tiempo. Estas decisiones deben ser tomadas exclusivamente por un mando civil, procedentes de las entidades civiles responsables de la seguridad”.

CRUCIAL: RESGUARDAR
LAS FRONTERAS

Concretando el criterio de “límites temporales, funcionales y operativos”, la participación del Ejército en la seguridad debe cumplir con los límites impuestos por la Constitución y debería preferenciar la custodia y resguardo de las fronteras geográficas del país contra ese enemigo de mil cabezas que es el crimen organizado. Eso requiere la construcción de infraestructura de accesos, caminos y carreteras, que permitan poner un cerco razonable a los innumerables pasos de ríos y de montaña, para hacer difícil la penetración en el país a ese enemigo. Debe incluirse también una flota de lanchas rápidas y otra de helicópteros, que se usen con absoluta especialización y estricta reglamentación para vigilar territorios fronterizos o litorales. Toda esta acción será impracticable si no se hace en alianza eficaz con los custodios fronterizos y los guardacostas y vigilantes de los espacios aéreos de México, Honduras y El Salvador, y también con los de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia.

¿LEGALIZAR LA DROGA?

Sin un plan de desarrollo profundo, que no deje atrás a los departamentos fronterizos y costeros, no se podrá avanzar mucho. La lucha contra la pobreza, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la lucha contra el crimen organizado pueden ser caminos coincidentes.

Los narconegociantes pueden aparecer en muchos de los lugares donde operan, no como los criminales sin escrúpulos que son, no como capitalistas sin ningún freno legal, sino como postmodernos bandidos generosos que crean fuente de vida a no poca gente y que son vistos por la juventud como mitificados héroes populares. Para comprender mejor esta dimensión del desafío es útil el libro de Saviano. Un gobierno con democracia social auténtica es un buen antídoto frente al atrayente resplandor de los narconegocios.

Guatemala debería reflexionar con otros Estados sobre la oportunidad de legalizar la droga o algunas de ellas, estudiar la experiencia de Holanda y pensar con luz larga para no quedar atrapada o empantanada en esta lucha. La experiencia de la potencia más fuerte del Norte, que no ha podido desterrar de su territorio la droga, a pesar de tantos “zares” y de muchas DEA dedicadas a combatirla debería hacer pensar a nuestros gobiernos.

UN NIDO DE VÍBORAS

El problema del crimen organizado y de su imperio económico no es sólo nacional. Es un problema global. Necesita ser combatido globalmente. En Guatemala necesitamos de una alianza de carácter global para luchar contra los hábitos de corrupta impunidad en que está inmersa la justicia y, en especial, los jueces y el Ministerio Público (MP). Eso es lo que quiso hacer el gobierno anterior al pedir, en una de sus decisiones más racionales, la ayuda de la ONU, y al conseguir que el Congreso aprobara en agosto de 2007 la constitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Sin embargo, la CICIG está experimentando un bloqueo formidable en todo el entramado de la Justicia. La CICIG ha realizado investigaciones y, como resultado de ellas, ha pedido, por ejemplo, al MP que destituyera a alguno de sus fiscales. Un caso concreto -no necesariamente el único- fue el del Fiscal encargado de delitos contra la vida, Alvaro Vinicio Matus. El Fiscal General, Amílcar Velásquez -electo en 2008, ya que el anterior fue obligado a renunciar no sin influencias de la CICIG-, intentó colaborar con la CICIG y tuvo que experimentar la rebelión de casi todos sus funcionarios fiscales, mujeres y hombres. La presión lo obligó a investigar a Matus por dos delitos menores de falsificación de documentos, y no por el de obstrucción de la justicia ni por el de conspiración para obstruirla, que la CICIG había descubierto.

Si un Fiscal de delitos contra la vida fuera él mismo alguien que trabaja por obstruir la justicia, el “forúnculo” de la inseguridad en Guatemala no sería ya únicamente eso, sino un frasco de veneno que intoxica a una de las instituciones responsables de hacer avanzar a Guatemala hacia el Estado de Derecho.

Si el Estado guatemalteco no consigue que sus instituciones cruciales colaboren con la CICIG, querría decir que está mucho más infiltrado de lo que se podía pensar, que algunas de sus instituciones son verdaderamente las “gusaneras” de que hablaba el ex-Vicepresidente Stein. Podríamos pensar también en un Estado cuya institucionalidad está más cerca de un “nido de víboras” en acecho a la sociedad que de un conjunto de estructuras manejado por personas en busca del bien común.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

Imprimir texto

Enviar texto