¿Hay democracia participativa en los países del ALBA?

La insatisfacción con democracias sólo electorales y con ciudadanías de baja intensidad heredadas de décadas de neoliberalismo explica el ascenso de gobiernos de izquierda en América Latina. Los gobiernos del ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua) se proclaman de izquierda. En mayor o menor grado, se desarrolla hoy en ellos una confluencia perversa y conflictiva entre estas justificadas expectativas de democracia plena con prácticas heredadas de la izquierda tradicional.

Alberto J. Olvera / Armando Chaguaceda /Israel Ceballos

América Latina es un vasto campo de experimentación en el que conviven diferentes proyectos políticos, que se expresan en diversas formas de articulación entre las sociedades civiles, las sociedades políticas y los Estados nacionales. La ahora ya larga marcha de la democracia electoral en casi toda la región ha permitido que los procesos políticos nacionales se expresen como competencia política entre actores y proyectos, con mayor o menor capacidad de inclusión popular, con mayor o menor capacidad de innovación jurídica, institucional y cultural.

Es imposible reducir a patrones comunes las diversas experiencias nacionales. Cada caso representa una experiencia particular explicable en la combinación específica de procesos históricos de larga duración, adaptaciones más o menos exitosas al ajuste neoliberal de fines de los 80 y mediados de los 90, adopciones/internalizaciones más o menos creativas a los profundos cambios sociales y culturales generados por la globalización en las dos décadas pasadas y formas de institucionalización/resolución de conflictos políticos derivados del colapso de los viejos sistemas de partidos y de los pasados arreglos corporativos, de la emergencia de nuevos actores sociales y, en varios países, de la implosión de gobiernos sacudidos por la combinación de crisis sistémicas y grandes movilizaciones populares.

MAPEANDO EL CAMPO: ¿QUÉ HA PASADO?

Estos profundos cambios han roto varios de los paradigmas dominantes, en tanto implican cambios en la forma en que los ciudadanos entienden y practican los derechos a los que tienen acceso; en las articulaciones entre el Estado y la sociedad; en el diseño de las instituciones estatales y de la representación política; en las relaciones entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global; en la naturaleza y en el propio auto-entendimiento de los actores sociales y políticos, y por tanto, en la cultura política. Estos fenómenos han sido estudiados hasta ahora o bien de forma fragmentada, descomponiendo sus procesos constitutivos en partes (movimientos sociales, procesos electorales, luchas inter e intra-élites, procesos de reforma legal e institucional, etc.), o bien como parte de una narrativa macro-política que subsume las particularidades nacionales en grandes procesos de escala histórica. Es preciso encontrar un balance entre estas tendencias. Se ha acumulado ya un capital de investigación empírica que permite entender el carácter complejo y diverso de las experiencias nacionales. Y se cuenta con un debate interpretativo cuyo mejor aprovechamiento exige basar las posturas en el análisis riguroso de la experiencia.

Dentro de una investigación mayor, que articula nuestras experiencias y los aportes de otros colegas latinoamericanos, orientada al análisis de los procesos de transformación política experimentados en la mayor parte de América Latina en los últimos dos decenios, buscamos saldar cuentas con los conceptos que han orientado su interpretación: sociedad civil, sociedad política, democratización, representación, participación, ciudadanía, espacios públicos, movimientos sociales, luchas emancipadoras, proyectos políticos, Estado nacional, globalización (como proceso constitutivo de realidades regionales). Obviamente, se trata de un proyecto a largo plazo. En lo inmediato se trata de “mapear el campo”, ubicar las tendencias centrales, los procesos relevantes, las estrategias interpretativas más importantes, los conceptos fundamentales que articulan tanto las interpretaciones como la misma acción social.

EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS:
TRES PATRONES

El proyecto parte de una selección que de suyo anticipa los límites de sus objetivos y el objeto de investigación. Se trata de tomar algunos países cuyas trayectorias históricas recientes muestran con mayor nitidez tanto el peso de la historia como la fuerza de la innovación societal y política. Ciertamente, cada país tiene algo que enseñar al resto y en cada país se han suscitado debates trascendentes para el resto de la región. Pero el número de casos es demasiado grande para una obra individual, y el volumen de conocimientos disponible es desigual, por lo que nos ocupamos de ciertos casos específicos.

Agrupamos las experiencias latinoamericanas en tres patrones de desarrollo:

Patrón 1. Continuidades sustantivas de prácticas y proyectos políticos dentro de la democracia electoral y la crisis económica sistémica: casos tipo Argentina y México.

Patrón 2. Estabilidad política, consolidación estatal e innovación democrática acotada en la socialdemocracia latinoamericana: casos tipo Brasil y Chile.

Patrón 3: Emergencia de nuevos actores sociales y políticos en el contexto del colapso del viejo régimen y la construcción de uno nuevo: casos tipo Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Socializamos aquí los resultados preliminares de nuestra investigación sobre el desarrollo político del tercer patrón, su relación/identificación con otros aliados regionales y su nexo conflictivo con las políticas y espacios de participación.

¿QUÉ ES “REVOLUCIÓN”?

El término revolución ha sido aplicado a varios procesos generados en la última década en países con transformaciones democráticas radicales de sesgo antineoliberal, estructurados en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Américas (ALBA).

Importa una distinción conceptual: enmarcadas dentro de teorías más amplias de desarrollo institucional y acción colectiva, las revoluciones distinguen una clara -y escasa- pauta de cambio sociopolítico en forma de “transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase, que culminan en la consolidación de nuevas organizaciones de Estado, cuyo poder puede emplearse no sólo para reforzar las transformaciones socioeconómicas que ya habían ocurrido, sino también para promover nuevos cambios”. (Skocpol). En tanto las revoluciones generan procesos que provocan una “transferencia de poder de manos de quienes lo detentaban antes de que se planteara una situación de soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante, por lo cual cuanto mayor es el cambio que determina una revolución en la coalición gobernante, más profunda es la transformación de otros aspectos de la vida social” (Tilly), resulta acertado hablar únicamente de revoluciones políticas -o reformas radicales- para referirse a estos procesos latinoamericanos.

VENEZUELA, BOLIVIA, ECUADOR:
DENOMINADORES COMUNES

En todos los casos se trata de países que en los años 90 testificaron el colapso de sus sistemas políticos, elitistas y excluyentes. En el caso de Venezuela, se trataba de la exclusión política y simbólica de los pobres urbanos. En Bolivia y Ecuador de la exclusión de los pueblos indígenas y de los pobres urbanos. En los tres casos, Presidentes fuertes y transformadores llegaron al poder por las urnas, al frente de movimientos sociales difusos y de frentes electorales ad hoc, en condiciones precarias y en medio de grandes retos de enemigos internos, por lo que durante los primeros años en el poder tuvieron que sostener una dura batalla para lograr, simultáneamente, la discusión y aprobación de nuevas Constituciones y su propia ratificación/relegitimación en el poder presidencial.

Grandes procesos de inclusión política acompañan estas transformaciones, resistidas firmemente por las clases medias y altas urbanas en Venezuela, por élites regionales en Bolivia, y por élites regionales y algunos sectores del movimiento indígena en Ecuador. El efecto democratizador se ve matizado por la creciente concentración personal del poder en todos los casos y por la transformación, al menos en Venezuela, de la democracia formal en delegación plena del poder al Presidente de la República.

BOLIVIA:
CON UNA TRADICIÓN MOVILIZATIVA

Bolivia tiene la tradición de movilización política popular más notable de América Latina, anclada en un prolongado empate histórico de fuerzas entre el movimiento popular y las élites políticas y económicas. La llegada de Evo Morales a la Presidencia de la República culmina un ciclo de ofensiva popular anti-neoliberal, y al calor de ella se crea una nueva Constitución y se reconocen por primera vez los derechos de los pueblos indígenas. El efecto democrático de la inclusión política y el reconocimiento de estos derechos es enorme.

La tradición participativa popular se canaliza en algunas formas nuevas y se sostiene políticamente activada. Las clases medias urbanas y las élites regionales del Oriente conforman una sociedad civil conservadora también muy activada. El ambiente de confrontación política de los dos frentes sociales hace difícil evaluar la trascendencia de las nuevas formas de participación en el ejercicio del poder.

ECUADOR: CONFRONTACIÓN DE PROYECTOS

En su peculiar deriva, en Ecuador la crisis del viejo orden conduce primero a una especie de golpe de Estado popular y a la formación, por primera vez, de un gobierno popular con participación indígena, que lamentablemente terminó dividido y deslegitimado por el peso de su alianza con el Presidente Lucio Gutiérrez.

El Presidente Rafael Correa es electo como alternativa tanto a la vieja oligarquía como a la nueva dirigencia popular, por lo que llega al poder políticamente aislado. Desde el principio, debe construir un nuevo régimen a través de un proceso Constituyente y de la creación de un frente político propio. La nueva Constitución ecuatoriana es muy avanzada, garantiza el reconocimiento de derechos indígenas y crea muchas formas de participación popular, pero el Presidente está enfrentado con una parte sustantiva del movimiento indígena en la visión del desarrollo y de la representación política. El avance simbólico no se traduce todavía en democratización hacia abajo debido a esta peculiar confrontación de proyectos, mientras una sociedad civil urbana, muy heterogénea, aguarda el desenlace. Se observa una crisis de representación política no resuelta

VENEZUELA: UN MODELO
HIPER-PRESIDENCIALISTA SUI GENERIS

Venezuela es un fenómeno ya de diez años, con un notable peso económico y simbólico en toda América Latina. El proceso bolivariano, que sigue siendo una economía de renta capitalista, desarrolla buena parte de sus procesos participativos fuera de la institucionalidad tradicional, sufre de una persistente fragmentación y fragilidad del discurso ideológico oficialista y de un mayor peso de intereses pragmáticos -solución de problemas de administración, redistribución, seguridad- dentro de las estrategias en curso.

Todo esto lleva a ciertos autores a considerar este proceso, antes que una revolución, un tipo de reformulación del modelo de representación, control social y clientelismo burocrático populista de los primeros 40 años de la democracia venezolana. Sin embargo, el discurso y algunas prácticas -íntimamente relacionadas con las coyunturas y correlaciones de fuerza, y con la influencia decisiva de Fidel Castro a partir de 2002-, unidos a la polarización social y al protagonismo de amplias masas empobrecidas, permiten presentar Venezuela a una versión sui géneris de revolución, si no social, al menos política.

Poco a poco, el gobierno de Chávez ha construido, un régimen hiper-presidencialista, con un partido unificado en el que el frente político original que apoyaba a Chávez ha perdido su pluralidad, y con un gobierno que ha desarrollado, desde arriba, mecanismos de participación popular muy diversos. La representación política se ha vuelto un proceso bifronte. Por un lado, hay un proceso de identificación líder-masas: el Presidente representa a todos los pobres de Venezuela, siendo el partido único un mero instrumento administrativo. Por otro lado, se plantea una especie de auto-representación por la vía de los comités barriales. La participación popular, inducida desde arriba, no emerge de un movimiento social, por lo que su efecto democratizador es dudoso. Pero la inclusión simbólica es relevante. La forma de la expansión de los derechos sociales es clientelar, por lo que su efecto democratizante es neutralizado por su potencial manipulación política. La personalización del poder presidencial plantea retos no menores a la consolidación de los avances democráticos logrados a través de la inclusión.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

Estos tres casos son importantes por representar los avances más sustantivos en la inclusión política en América Latina, y por plantear nuevas soluciones a la falta de representación política popular. Constituyen intentos de erigir sociedades alternativas al modelo demoliberal de economía de mercado, en cuyo devenir se redefinen los alcances de la participación popular y los patrones de relacionamiento entre los actores de la sociedad y las agencias estatales, marcando las pautas del desarrollo institucional y la cultura política. En ellos, y dentro del panorama de las respectivas izquierdas nacionales, coexisten proyectos políticos que abrigan ideas, valores y prácticas alternativas: formatos democráticos, socializantes y pluralistas o autoritarios, centralistas y estatizantes.

Sin embargo, podemos encontrar en las naciones del ALBA varios elementos coincidentes en orientación, aunque no en profundidad. En estos países el oficialismo en el poder controla un aparato estatal -entendido como complejo de relaciones y espacios institucionalizados orientado al mantenimiento y reproducción de la dominación política en un contexto social y territorial específico- cuyo accionar parece devenir cada vez más protagónico y asimétrico respecto a sus respectivas sociedades civiles. Pero, en tanto “la verdadera extensión y autonomía del Estado sólo puede analizarse y explicarse en términos específicos de tipos particulares y sistemas sociopolíticos en circunstancias históricas internacionales” (Skocpol), resulta entendible que la coyuntura venezolana guarde distancia de países como Bolivia -donde el peso de movimientos sociales influye sobre la política gubernamental- y como Ecuador, gobernado por un Presidente imbuido de la racionalidad económica e interesado en un modelo neo-desarrollista viable.

CUBA Y NICARAGUA:
DOS ALIADOS CON OTRAS LÓGICAS

No obstante sus diferencias, los tres procesos han convergido, dentro de la alianza del ALBA, con otras dos trayectorias históricas -y lógicas políticas- diferentes. El grupo de estas tres naciones ha estrechado vínculos con Cuba, un régimen socialista de Estado, típico del siglo XX y con el actual gobierno de Daniel Ortega, cuya retórica anticapitalista, continuismo neoliberal y prácticas autoritarias y patrimonialistas lo hace un híbrido de difícil clasificación.

Reunidos dentro del ALBA, estas cinco naciones han operado de forma conjunta ante varias crisis regionales -Ecuador-Colombia en 2008 y Honduras en 2009-, y han estrechado vínculos de complementariedad económica y mecanismos de consulta política. También parecen estar avanzando hacia cierta convergencia con patrones y modelos políticos típicos de la izquierda tradicional, que les alejan de los actores y contenidos democráticos participativos insertados -en el caso ecuatoriano, el boliviano y el venezolano- en sus plataformas políticas originarias, que tenían un profundo sesgo innovador y antineoliberal, acercándolos al clásico socialismo estatista del pasado siglo, representado por el caso cubano.

CUBA: UN BLOQUEO BUROCRÁTICO
DE LA PARTICIPACIÓN

La atracción de Cuba sobre amplios segmentos del liderazgo y las bases populares venezolanas, bolivianas y ecuatorianas se comprende ya que, pese a su evidente estancamiento y crisis estructural, la experiencia de la Revolución Cubana persiste como paradigma de alto capital simbólico para la izquierda latinoamericana.

Con la prehistórica excepción de las derechas recalcitrantes del continente, es un hecho ampliamente reconocido que en la nación caribeña se produjo hace medio siglo una revolución radical liderada por representantes de la clase media con amplia participación popular, que implicó masiva movilidad social, recambio total del sistema político y un enfrentamiento frontal con el imperialismo que conllevó la temprana ruptura de todos los vínculos diplomáticos y comerciales. La revolución cubana pertenece a la “subclase tradicional de las grandes revoluciones, en las que las divisiones son profundas, los enfrentamientos masivos, las transferencias de poder radicales y las consiguientes transformaciones de la vida social amplias y duraderas” (Tilly).

Sin embargo, ese legado ha sido sometido a una fuerte erosión, que no agota sus causas en las repercusiones de la hostilidad de sucesivas administraciones estadounidenses. El vetusto liderazgo cubano, inmerso en una crisis de sucesión y ante una hegemonía declinante, persiste en mantener un modo de organización de la vida colectiva donde la sociedad se funde con lo estatal y se bloquea burocráticamente el potencial de una reforma socialista.

CUBA: NECESIDAD DE REFORMAS PROFUNDAS

El Estado, interesado en la preservación del monopolio del poder económico, político e ideológico, apuesta a incorporar en sus redes a actores sociales cada vez más diversos, pero aún atomizados, imponiendo formas de coacción/cooptacion que erosionan la emergencia de organizaciones sociales autónomas, reproduciendo la asimetría entre la estatalidad y el espacio asociativo.

Desde un ordenamiento estadocéntrico, vertical y centralista que fusiona Estado, gobierno y partido, se intentan reformas tecnocráticas de la institucionalidad, pero se impide la construcción de un Estado de derecho, se priorizan formas de participación consultivas, espacialmente focalizadas y temáticamente parroquiales, y se fragmentan y capturan -sin feedback- los debates populares convocados. Y en el debate y lenguaje cotidianos de la ciudadanía y los medios masivos, la estatalidad -como interlocutor o enemigo- deviene lugar privilegiado, marcando la pauta de los comportamientos y comunicaciones públicos de una población en buena parte desciudadanizada.

En la Cuba actual presenciamos una institucionalidad sobrecargada y excesivamente centralizada, que debe responder simultáneamente a demandas crecientes de apertura, de competitividad, derivadas de la inserción en un orden global aún neoliberal y a presiones silenciosas -y no tanto- de una población cada vez más culta, diversa y envejecida. El régimen cubano se encuentra en un dilema de gobernabilidad: no puede prolongar el costoso sostenimiento de las prestaciones sociales universales, pero tampoco puede disminuir su extensión o su calidad sin atentar contra dos pilares básicos del consenso popular y del ideario revolucionario: soberanía nacional y justicia social.

Frente a este panorama, todos los diagnósticos y propuestas derivadas de la transitología demoliberal y/o socialista coinciden en la necesidad de acometer pronto reformas profundas, que eleven la viabilidad económica, la inserción social de nuevos actores y que democraticen, juridicidad mediante, las relaciones políticas, disminuyendo la opacidad y la discrecionalidad con que opera el poder estatal.

NICARAGUA:
UN PROCESO MUY DIFERENTE DE LOS OTROS

La difícil coyuntura cubana torna lógica la búsqueda por el liderazgo cubano de nuevos partners económicos (Venezuela, Brasil, China, Irán). Y se comprende -aunque no se comparta- el giro de realpolitik dado por el gobierno de la isla frente a Daniel Ortega -a quien habían mantenido en bajo perfil tras su derrota en 1990-, como premio a las sostenidas diatribas antimperialistas del mandatario nicaragüense en cumbres como la de Trinidad y Tobago y por su cercanía con Venezuela, convertida en sostén financiero común de La Habana y de Managua.

Si Cuba representa la vieja izquierda, depositaria del antimperialismo y estatismo como pilares de su modelo sociopolítico, el caso nicaragüense ofrece enigmas mayores.

Como reconocen diversos observadores nicaragüenses y extranjeros, se trata de un gobierno que se adhiere simultáneamente al ALBA y al CAFTA, acepta subsidios venezolanos y créditos del FMI, proclama el apoyo a una fuerza armada bolivariana continental mientras manda sus soldados a entrenar a la Escuela de las Américas e invita a la DEA a patrullar las costas nacionales. Un gobierno que condena el “capitalismo salvaje” y luego recibe a Carlos Slim, el multimillonario mexicano más beneficiado por las reformas neoliberales en América Latina. Un liderazgo que presenta al ALBA como alternativa de independencia económica de los pueblos de la región, mientras garantiza pingües ganancias a las transnacionales Esso-Exxon y a Unión Fenosa, a costa de los productores y consumidores nacionales.

Un factor diferenciador a destacar respecto de los procesos andinos, de la historia cubana-caribeña y de los propios antecedentes sandinistas, es que el actual gobierno nicaragüense del FSLN no emergió en 2006 como resultado del colapso de un sistema de partidos, de una crisis socioeconómica terminal o de la presión de un movimiento social arrollador.

Tampoco dispone del mayoritario apoyo -o apatía- poblacional que pueden exhibir, en su beneficio, los gobiernos aliados. Recoge, eso sí, los terribles saldos de 16 años de neoliberalismo salvaje, de retrocesos de las conquistas sociales de la revolución de 1979, y se erige sobre un pacto excluyente suscrito por las cúpulas del PLC y del FSLN, largamente denunciado por las disidencias sandinista y liberal y por buena parte de ciudadanía organizada en la sociedad civil. Un gobierno que procura consolidar su poderío articulando el autoritarismo populista orientado a sectores populares y el autoritarismo corporativo de la élite empresarial.

Ambos liderazgos, el cubano y el nicaragüense, provienen de la matriz izquierdista radical del siglo XX, cuya membresía militó en partidos de estirpe leninista o movimientos guerrilleros, que tenían como meta la “toma del poder estatal”.

Desprecio a lo procedimental y a las mediaciones institucionales dentro del proceso político, identificación del sujeto colectivo como “masas” y su encuadre más o menos pasivo en campañas decididas desde la “vanguardia”, son rasgos compartidos por las direcciones políticas de La Habana y de Managua. Este sello parece impregnar, enrareciendo mucho de su autenticidad renovadora, a los proyectos de sus vecinos “socialistas del siglo XXI.”

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
CON AUTORITARISMO “DE IZQUIERDA

El análisis de los procesos políticos obliga a considerar, dentro del contexto general, las opciones, percepciones y acciones de los múltiples sujetos que interactúan, con lógicas diferentes, a veces al interior de un mismo campo político. La historia nos recuerda que detrás de todo cambio institucional destacado existe una batalla de ideas a partir de la cual se reformulan las cuestiones políticas trascendentes.

Desde hace algún tiempo, diversos autores (Dagnino, Olvera, Panfichi) han desarrollado un esfuerzo por analizar la expansión de prácticas e ideas participativas impulsadas por actores ubicados, esencialmente, dentro de la amplia y heterogénea izquierda latinoamericana. Con arraigo en movimientos desmarcados de las políticas estatistas del socialismo real o de la socialdemocracia clásica, estos procesos son agrupados dentro del llamado proyecto democrático-participativo, plataforma analítica que nos recuerda la existencia de formas alternativas de política ciudadana, al tiempo que da cuenta de los procesos combinados de preferencia ciudadana por los regímenes democráticos y su cuestionamiento sobre los desempeños concretos a escala regional.

Ese proyecto democrático-participativo no es un discurso coherente y homogéneo y/o un conjunto de prácticas e instituciones definido, sino una colección de principios, orientaciones, prácticas e instituciones que, a un nivel experimental, ha sido desarrollado por medio de luchas sociales en diferentes países de América Latina. Las expresiones que este proyecto adopta varían de país en país, y como la relación con los entornos sociales y matrices culturales tributa a la heterogeneidad interna del mismo, lo acotan espacial y temporalmente y limitan su impacto cultural. Además, sufren las limitaciones, tanto de las políticas neoliberales vigentes, como de las más recientes posturas neopopulistas de diverso signo ideológico.

La colega brasileña Evelina Dagnino ha aportado la noción de “confluencia perversa” para señalar la confusión generada por el uso -y abuso- de términos -participación, ciudadanía, democracia-, aparentemente compartidos por actores provenientes de proyectos políticos diferentes y a menudo enfrentados. Los contenidos y sentidos disímiles de esos conceptos se expresan en las acciones políticas que los sujetos desarrollan. Así, prácticas de clientelismo, cooptación y control estatal de la ciudadanía pueden desplegarse bajo iniciativas de participación comunitaria, envolviéndolas con el manto sacro del “empoderamiento popular” y la crítica a la “partidocracia tradicional”. Nuestra tesis es que hoy se desarrolla, en el seno de los gobiernos del ALBA, una confluencia perversa y conflictiva entre actores, culturas y prácticas autoritarias heredadas de la izquierda tradicional y correlatos nacidos del fragor de la lucha por la democratización participativa de la vida pública.

CONSEJOS POPULARES:
UNA PARTICIPACIÓN DE BAJA INTENSIDAD

Para explicarlo, puede ser útil asumir una diferenciación filosófico-política entre las nociones de proyecto y poder. El proyecto alude a un horizonte amplio -sociocultural, simbólico, etc.- de cambio emancipador colectivo. El poder encarna el armazón institucional que se crea y refuerza -burocracia mediante- para acometer estable e integralmente los cambios. El poder implica su capacidad de volverse autorreferente y de generar lógicas de dominación particulares -distintas a las del capital-, más o menos desconectadas de los ideales liberadores y de la capacidad de ejercer autónomamente, desde la ciudadanía, contraloría social y participación popular.

En las arenas locales se percibe más nítidamente la interacción -a menudo asimétrica- de los actores que encarnan estos proyectos, revelando la pluralidad de interfaces -proactivas o conflictivas- establecidos entre sujetos societarios y estatales. Debe precisarse hasta qué punto los Consejos han sido expresiones alternativas -ciudadanas-, dadas sus características y la impronta oficial que les ha impulsado, y si constituyen meras formas de restructuración de la matriz estadocéntrica, o una hibridación de ambas tendencias. Pero es un hecho que, tanto las reformas realizadas en Cuba en la década del 90 -con las modificaciones constitucionales y la expansión de los noveles Consejos Populares-, como el discurso participacionista reflejado en la Constitución de 1999 y la creación de los Consejos Comunales en Venezuela, o la conflictiva expansión de los Consejos del Poder Ciudadano en Nicaragua desde 2007, se encarrilaron por un modelo de participación de baja intensidad, fundamentalmente ejecutivo y subordinado a decisiones tomadas en la cúspide del sistema.

CUBA: LEJOS DE UN SOCIALISMO PARTICIPATIVO

En la Cuba posterior a 1959 emerge como visión central un modelo de ciudadano-militante, que identifica orden estatal y nación, tiende a la unanimidad como forma de expresión de criterios y a un tipo de participación movilizativa. Con un referente de servicio público de matriz republicana, esta ciudadanía militante enfatiza positivamente la redistribución popular de la riqueza, el rechazo a la polarización social y a la exclusión de género y raza. Sin embargo, a pesar del despliegue de entusiasmo y creatividad emergente del triunfo revolucionario, la paulatina institucionalización del régimen político -y sus rituales- ha ido cobrando fuerza durante estos 50 años en detrimento de una participación más autónoma.

En Cuba, los Consejos Populares han sido incubadoras de prácticas locales interesantes, acercando la gente a la solución autogestionaria de problemáticas comunitarias y haciendo surgir lideres barriales comprometidos. Sin embargo, tanto estos Consejos como los escasos movimientos barriales, asociados a estructuras como los Talleres de Transformación Integral del Barrio y diversos proyectos comunitarios promovidos por ONG cubanas y extranjeras, han visto limitados sus esfuerzos empoderadores de la ciudadanía por los esquemas estatales partidistas de organización política a todos los niveles.

Como consecuencia, muchos de estos prometedores actores locales no muestran niveles de conexión entre sí, tienden a la informalidad y a la territorialidad, disponen de acceso limitado a los recursos económicos y exhiben dependencia de fuentes internacionales, exógenas. Pese a generar una vocación autogestionaria que apuesta por la transformación integral de sus comunidades a partir de consideraciones socioculturales, apenas consiguen conformar modestas agendas temáticas caracterizadas por la focalización de problemas.

En su desarrollo, las agencias estatales cubanas han desempeñado un papel contradictorio. Por un lado, han propiciado tecnología y recursos materiales en terrenos como la agricultura orgánica urbana y las construcciones alternativas, brindando asesorías especializadas en varios campos, mediante sicólogos, planificadores físicos y comunicadores, y aportando dinero para los salarios del equipo dirigente de estas estructuras locales. Pero, aunque se reconoce implícitamente la existencia de todas estas estructuras, se impide o constriñe su reconocimiento legal, se rechaza la conformación de experiencias de economía popular en sus predios y se intenta absorber los emprendimientos productivos emergentes.

En un entorno donde la clase capitalista y sus organizaciones políticas salieron del juego desde el inicio de la revolución cubana, los disidentes y actores como las asociaciones de derechos humanos y el periodismo independiente encuentran penalizada su labor, por lo que ni siquiera la izquierda crítica ha podido aprovechar plenamente la relativa democraticidad de estas estructuras locales. Como balance general, los Consejos Populares y otros actores locales no han servido para expandir las concepciones reformistas en pro de un socialismo participativo y han sido incapaces de generar un cambio dentro de la cultura política tradicional.

VENEZUELA:
UNA PARTICIPACIÓN CENTRALIZADA

En Venezuela y Nicaragua, en regímenes aún formalmente adscritos a los cánones de la democracia representativa, se establecen nuevas estructuras políticas en el espacio local que niegan o enfrentan experiencias ya existentes -en Nicaragua, los CDM y CDD (Comités de Desarrollo Municipales y Departamentales), que privilegian la representación de actores de base afectos al gobierno y que sirven de plataforma para campañas electorales y ataques a oposición.

En tierras bolivarianas existe una tensión permanente entre la autonomía de un movimiento social preexistente a Chávez -y en buena medida su promotor decisivo en 1998- y las “nuevas” prácticas de cooptación clientelar por parte del Estado bolivariano, herederas de la denunciada tradición de la Cuarta República. Actualmente, las carencias legales -en participación ciudadana y contraloría social- erosionan la capacidad de actores como los Consejos Comunales para ejercer sus funciones ejecutoras y contraloras frente a la administración pública. Por otra parte, resulta visible la intención de querer integrar a estos Consejos a la institucionalidad estatal o convertirlos en “burocracia comunitaria” en un entorno donde la acelerada transferencia de competencias -responsabilidades de gestión de diferentes servicios públicos- evidencia voluntarismo y ausencia de planificación.

De forma similar a lo que sucede en Nicaragua con los CDM, los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) venezolanos, siendo estructuras preexistentes amparadas en el marco constitucional, han visto menguado su escaso poder por los Consejos Comunales, apoyados éstos por sus nexos directos -materiales y simbólicos- con el poder presidencial. Unido a ello, la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública, realizada por procedimiento habilitante, ha otorgado al Presidente Chávez la capacidad de designar autoridades regionales especiales, erosionando las competencias de los gobernadores y alcaldes electos por voto popular.

En ese proceso, actores autónomos del chavismo, como las Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV), las Mesas Técnicas de Agua y los Comités de Tierras Urbanas, han visto disminuida su inserción en los programas y discursos del gobierno, que ha decidido privilegiar sus nexos con los Consejos Comunales y potenciar las inestables estructuras locales del joven partido oficial, el PSUV. Todo ello ratifica la tesis que describe la evolución del modelo participativo chavista de una fase temprana de participación aprovechada (1999-2002), transitando por una participación promovida (2003-2006), hasta llegar al enfoque actual de participación centralizada, impulsado desde 2007.

NICARAGUA:
UNA PARTICIPACIÓN PARTIDARIA

En Nicaragua, la creación y expansión de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) ha generado tensiones en la sociedad civil organizada, al producirse un traslape de estas estructuras con el sistema de participación ciudadana establecido por la Ley 475. La estructura de los CPC combina lógicas de organización comunitaria y de organización para-estatal y para-partidaria, en beneficio del partido de gobierno, el FSLN. Articulados estrechamente al Poder Ejecutivo en sus estructuras, los secretarios políticos del FSLN cumplen el mandato partidario de controlar las decisiones de los CPC, ignorando lo establecido por la legislación municipal y participativa.

En la coyuntura electoral municipal de 2008 los CPC ocuparon calles y plazas para bloquear las protestas de organizaciones civiles y de opositores. Sus miembros se involucraron en una activa campaña pro FSLN, mediante la entrega condicionada de beneficios de los programas Hambre Cero y Usura Cero, realizando propaganda política casa por casa, revelando así su sello de instancias partidistas. Esta actuación augura nuevos escenarios de conflicto en torno a los espacios y políticas participativas en la empobrecida nación centroamericana.

UNA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA Y DE IZQUIERDA
AL PROYECTO POST NEOLIBERAL

Para estudiar un patrón histórico de desarrollo institucional debemos identificar la relación entre los sujetos institucionalizados (líderes, militantes, ciudadanos) y los ambientes institucionales (estatales, partidistas, asociativos). Deben detectarse las tendencias claves desplegadas en momentos históricos (genésicos o refundacionales) de un sistema político, las que tendrán una capacidad de influir de forma prolongada sobre las instituciones, acotando las opciones de oposición y revirtiendo las agendas en curso.

En los últimos tiempos, la insatisfacción con democracias meramente electorales y con ciudadanías de baja intensidad heredadas de las décadas del neoliberalismo, ha impulsado las demandas de participación, de rendición de cuentas y de reformas de la institucionalidad vigente en toda América Latina. En algunos países, la gravedad de la crisis ha derivado en el reemplazo de los actores políticos tradicionales -esencialmente, de la partidocracia- por nuevos liderazgos de outsiders o de líderes provenientes de movimientos sociales.

Sin embargo, una vez en el poder, la combinación de la hostilidad opositora, de las presiones de las bases en pro de cambios radicales y, sin duda, de centenarias tradiciones caudillistas, ha provocado una disminución del componente participativo del ejercicio del poder por los nuevos gobiernos.

No se trata de los “derechos de la derecha”. Se trata de que una creciente penalización del disenso al interior del propio campo oficialista y de los intentos de coartar la autonomía de la sociedad civil frente al gobierno y sus instituciones amenaza con reeditar los peores legados del socialismo estatista de la pasada centuria y de repetir la tradición política autoritaria hispanoamericana. Urge desmontar, en el discurso y en las prácticas ciudadanas, la lógica binaria que nos impulsa a elegir entre lógicas de dominación, que nos obliga a escoger entre derechos políticos o derechos sociales, entre libertades o prestaciones, entre un autoritarismo carismático o una partidocracia neoliberal.

Tampoco se trata de apostar por una imprecisa tercera vía, que no constituye en nuestros países otra cosa que un neoliberalismo social de magros rendimientos en la construcción de ciudadanía. Se precisa defender la izquierda -y el proyecto postneoliberal- como un espacio de construcción democrática, plural y socializadora, con derechos y valores de convivencia. De eso depende la legitimidad y sostenibilidad de una alternativa verdaderamente emancipadora, capaz de frenar la lógica colonizadora estatal y mercantil sobre los espacios de participación ciudadana y poder popular tan duramente peleados.

INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

POLITÓLOGO E HISTORIADOR DE LA UNIVERSIDAD
DE LA HABANA Y MIEMBRO DEL OBSERVATORIO SOCIAL DE AMÉRICA DEL CLACSO (CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES).

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