Arizona: vanguardia mundial de la xenofobia

La SB 1070 firmada en abril en el Estado de Arizona, bautizado como Nazizona por la población latina, no es una fatalidad repentina y tiene mucho apoyo en Estados Unidos. Ya había antecedentes desde hace diez años. En Arizona se están cosechando las tempestades legales que contra los inmigrantes han ido sembrando vientos xenófobos desde la colonización blanca hasta las recientes cacerías del sheriff de Maricopa. el sanguinario, pero popular, Joe Arpaio.

José Luis Rocha

Erase una vez un país superlativo y pluscuamperfecto. No sólo su territorio era ancho y emperifollado. Todo en él debía ser supersized y desmesurado. Desde las hamburguesas hasta las prisiones. También la paranoia y las persecuciones. Este país era una unidad de estados, los Estados Unidos, un país aterrado por 12 millones de habitantes indocumentados, aunque impasible ante los 4 millones de niños estadounidenses fruto de matrimonios mixtos, donde al menos uno de los padres era uno de esos habitantes, un inmigrante en riesgo de ser deportado en cualquier momento…

“¡HAY QUE SACARLOS DE AQUÍ!”

En 1990 los indocumentados eran en Estados Unidos apenas 3.5 millones. En menos de 20 años llegaron a ser 12 millones. Demasiados. Como si todos los habitantes de Honduras y Nicaragua se metieran a la brava por la frontera. Por eso aquel país tenía que estar muy custodiado. Cercos, sensores y vigilantes fueron las medicinas que los sabios doctores de la ley recetaron para la peste de indocumentados en expansión. Y fue así como el patrullaje fronterizo dejó de costar 326.2 millones de dólares, como en 1992, hasta alcanzar los 2.7 mil millones en 2009. Una minucia para un país tan poblado y opulento, un gasto menor de 10 dólares por habitante, con la ventaja de que el sistema estaba diseñado con tan primoroso arte y derroche de mañas que también los indocumentados mismos, quisiéranlo o no, contribuían a financiar a sus represores. Sólo en la frontera sur se mantenían, alertas y temibles, 17,415 patrulleros, pues no bastaban los 3,555 que la patrullaron en 1992.

Algunos habitantes de ese país, aterrados y poseídos de santa ira, consideraron hace poco más de un lustro que ese patrullaje era insuficiente y empezaron a reclutar voluntarios entre sus filas para formar cuerpos paramilitares de vigilancia en la franja fronteriza. Así nacieron los Minuteman, Ranch Rescue, American Patrol, Barnett Brothers y otros. Mientras los hombres del país salen a cazar migrantes, sus esposas venden galletas y limonada para financiar tan abominable género de fox hunting. La leyenda dice que a principios de los años 90, un señor llamado Jim Gilchrist -veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, condecorado con la medalla Corazón Púrpura por heridas sufridas durante su servicio en una unidad de infantería en Vietnam en 1968-69- pidió una pensión federal para su anciana madre. “Me dijeron que no se la podían dar porque los 200 millones de dólares que les habían asignado para ese propósito ya se habían gastado en los muchos ilegales que llegaban para pedir ayuda. ¿Qué pasa en este país? ¿No es América para los americanos? -se preguntó Gilchrist-. Lamentablemente vi que no lo era y decidí que hay que sacar de aquí a cualquiera que no sea de los nuestros, legal o no”.

Jim Gilchrist fundó en octubre de 2004 el Minuteman Project. En abril de 2005 colocó 531 voluntarios en la frontera. Sus esfuerzos de vigilancia cosecharon los elogios del forzudo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien declaró a la emisora derechista KFI-AM: “Hicieron un trabajo magnífico. Redujeron enormemente el cruce de inmigrantes ilegales. Esto demuestra que esforzarse y trabajar duro da resultados. Es posible hacerlo”. Pero ni los patrulleros ni los paramilitares lograron frenar el ingreso de nuevas olas de indocumentados, que movidos por la imperiosa necesidad de evadirlos, tuvieron que enfrentar otros riesgos letales, al intentar colarse por los inclementes valles desérticos. El número de muertos en el desierto aumentó de 23 en 1994 hasta 827 en 2007 y 725 en 2008.

UN MURO CON VIGILANTES EN LA WEB

También se construyeron en el país muchos tramos de muros. Cubren más de 500 kilómetros de la línea fronteriza. A esta barrera se añaden sensores y patrullas que arrastran continuamente llantas sobre la tierra para borrar las pisadas antiguas y localizar más fácilmente las huellas frescas que los inmigrantes van dejando a su paso clandestino. Se tendieron 1 mil 120 kilómetros de malla electrificada y se triplicó el número de camas en los centros de detención.

Los Minutemen Civil Defense Corps tienen un sitio web (www.borderfenceproject.com), donde buscan contribuciones para la construcción de un muro que pretende cubrir todita la frontera sur: All it takes is a $10 donation from each of 5 millions people, and we can completely fence-off the southern border! Donate here! Con 5 millones de patriotas que aporten la bicoca de 10 dólares, completarán el muro por un costo 180 veces más barato de lo que le costaría al gobierno federal. El trabajo de voluntarios y materiales de bajo costo harán el milagro.

Los ilegales -anuncian en su página web- llegan a 30 millones, generan una deuda pública de más de 384 mil millones de dólares al año, cometen el 29% de los delitos, ocasionan inflación demográfica, sobrecargan los sistemas de salud y de educación y asesinan a más de 9 mil estadounidenses cada año, recompensando a sus inocentes anfitriones con un anual 9/11. No hay que andarse por las ramas cuando de frenarlos se trata. El muro de malla que proponen estará ampliamente dotado de sensores de movimiento, sensores electrónicos y cámaras de televisión con micrófono que enviarán imágenes y sonido a monitores televisivos y a un sitio web donde los Cyber Minutemen podrán ejercer celosa vigilancia desde cualquier rincón del planeta, en sus viviendas climatizadas, cómodamente repantigados frente a la pantalla de su Dell. Así, niñas y ancianos podrán sumarse a este ejército de vigilantes.

Los seguidores de este proyecto abonan el blog con comentarios en los que proponen, contra la balkanización de los Estados Unidos, un abanico de estrategias que van desde erizar de minas y trampas para osos el desierto y las propiedades de los rancheros patriotas, hasta ejecuciones, campos de concentración, multas de 100 mil dólares por cada empleado indocumentado y el boicot violento a restaurantes propiedad de inmigrantes. Pues bien, todos estos ardides, actitudes y propuestas se quedaron cortos para Arizona.

SB 1070: LICENCIA PARA ARRESTAR

Arizona ha sido escenario de algunas de las propuestas legislativas anti-inmigrantes más inicuas. También es el territorio del más temible caza-inmigrantes, el sheriff Joe Arpaio. Y ahora, Arizona es el Estado que aplicará una ley que se ubicó en la vanguardia mundial de la xenofobia: la Ley del Senado 1070, también conocida como Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act (Ley de apoyo a la implementación de nuestra ley y a los barrios seguros), un paquete legislativo que busca desanimar y detener el ingreso, la presencia y las actividades económicas de personas ilegalmente presentes en Estados Unidos.

La ley establece que los oficiales comisionados para implementar la legislación migratoria pueden -sin necesidad de una orden de arresto- detener a cualquier persona si los oficiales tienen una causa para creer que ha cometido cualquier falta pública que la haga removible de Estados Unidos. Los oficiales del Estado de Arizona y de sus condados, ciudades y pueblos, no tendrán ninguna restricción para enviar, recibir o mantener información sobre el estatus migratorio de las personas, para determinar su elegibilidad a beneficios, servicios y licencias públicas, verificación de su residencia, procesamientos civiles o criminales, confirmación de su identidad y, si son extranjeras, aseguramiento de que se encuentran registradas de acuerdo a la legislación federal. Si no lo están y están en terrenos privados o públicos del Estado de Arizona, esas personas serán consideradas culpables de ingreso ilegal y deben ser procesadas.

Hasta aquí sólo una complicidad con la legislación federal migratoria más severa. Pero los senadores de Arizona quisieron ir más allá, afectando la vida cotidiana de los migrantes, declarando como acto ilegal cualquier aplicación para trabajar, solicitud de trabajo en un lugar público o realización de trabajo como empleado o contratista independiente por personas “ilegalmente presentes en los Estados Unidos.” Para los propósitos de la ley, “solicitud” de trabajo significa cualquier comunicación verbal o no verbal -por medio de gestos o asintiendo con la cabeza- que indique “a una persona razonable” que esa persona desea ser contratada.

ES LA COSECHA LEGAL
DE VIENTOS XENÓFOBOS

La Ley 1070 penaliza con no menos de mil dólares a quienes transporten indocumentados y a quienes los animen o induzcan a venir o a residir en Arizona, incluyendo, por supuesto, a familiares. Cuando la violación implique a diez o más indocumentados, la multa ascenderá a no menos de mil dólares por cada indocumentado. También se penaliza a los empleadores con 3-5 años de período probatorio, dependiendo de si es presumible que eran o no conscientes de estar contratando indocumentados.

Durante los períodos probatorios los empleadores están obligados a someter ante el fiscal del condado informes cuatrimestrales en los que deben dar cuenta de cada nuevo empleado que contraten. El fiscal debe certificar que el empleador tiene una empresa “limpia” de ilegales. En caso contrario, el tribunal ordenará la suspensión de todas las licencias de operación concedidas a la empresa.

Para suspender las licencias, el tribunal tendrá en consideración el número de empleados indocumentados, cualquier antecedente de mala conducta del empleador, el grado del daño resultante de la violación, los esfuerzos con buena fe realizados por el empleador para cumplir con los requerimientos, lo prolongado de la violación, el rol de los empleados de alto rango en la violación y cualquier otro factor que la corte declare pertinente. Se considera que el empleador obró de buena fe si verificó la autorización laboral de sus empleados mediante el programa de verificación electrónica impuesto por la Legal Arizona Workers Act vigente desde el 31 de diciembre de 2007. Esta ley, procedente de la oficina del senador Russell Pearce (pieza clave en el impulso de la Ley 1070), obliga a que los empleadores verifiquen la elegibilidad -el estatus migratorio, principalmente- de sus potenciales empleados por Internet y mantengan un récord de la verificación por el tiempo que dure el empleo o al menos por tres años. Los empleadores deseosos de recibir incentivos económicos de entidades gubernamentales deben registrarse y participar en el programa de verificación electrónica. La ley establece que cada tres meses el fiscal general debe requerir al Department of Homeland Security una lista de los empleadores de Arizona registrados en el programa y darla a conocer en la página web de la fiscalía.

Aquí no se detiene la ley. Buscando a un tiempo más autoridad y más flexibilidad, establece que el fiscal general prescribirá un formulario para quienes quieran realizar demandas contra los empleadores que contraten indocumentados. Pero de inmediato señala que el demandante no deberá anotar su número de seguro social en el formulario a fin de que éste sea autenticado por un notario. Si la denuncia no es sometida en el formulario prescrito, el fiscal general o del condado también pueden investigar si el empleador efectivamente contrata indocumentados. No importa si las denuncias son anónimas y sin el formulario prescrito.

La ley fue firmada por la gobernadora de Arizona el 23 de abril de 2010. Sus múltiples antecedentes datan de por lo menos hace una década. Arizona está cosechando las tempestades legislativas anti-inmigrantes de vientos xenófobos que ha ido sembrando, desde su colonización anglosajona, hasta las recientes cacerías del sheriff Arpaio.

EL EXPLOSIVO CÓCTEL ARIZONA:
LATINIDAD Y BLANCURA

¿Por qué en Arizona? ¿Qué tiene Arizona de particular para ser pionera con una ley que refuerza y sobrepasa las disposiciones federales más represivas de la migración indocumentada? Hay políticos adversos a la migración en todos los Estados de Estados Unidos. ¿Por qué en Arizona se atrevieron a ser más restrictivos y triunfaron?

De acuerdo a las estimaciones de la oficina del Censo estadounidense, en 2008 un total de más de 45 millones de latinos vivían en Estados Unidos. Representaban el 15% de la población total. Entre los Estados donde los migrantes tienen un peso relativo superior al promedio nacional destaca Arizona con un 29.6% de latinos. Es superado por el 36% de California y de Texas, y por el casi 45% de Nuevo Mexico. La historia reciente de estos tres Estados está saturada de dimes y diretes sobre la migración. No olvidemos la iniciativa 187 de 1994 -conocida como iniciativa SOS: Save Our State, propuesta por los republicanos y diseñada para excluir de los servicios públicos a todos los indocumentados. Los vapores rutilantes que levantó el debate de esta ley pasaron una gruesa factura a los republicanos: desde 1994 hasta Schwarzenegger los republicanos no habían ganado el gobierno ni obtenido mayoría en el Senado californiano. La ley no fue finalmente aprobada, pero la reacción federal no se hizo esperar: reforzamiento del control fronterizo y 17 kilómetros de muro en Tijuana-San Diego.

Recordemos también la lucha por la educación bilingüe en California, tan marcada por la fatal cadencia de un paso adelante y dos pasos atrás. Y no dejemos de lado las propuestas de cerrar la frontera, lanzadas a los medios de comunicación con machacona insistencia por Schwarzenegger, elegido gobernador de California en 2003 con el 48% de los votos y reelegido en 2006 con el 56%.

Finalmente, en otra dimensión de la realidad, no es casual que Nuevo México y Nevada (25% de latinos) sean los hogares de Roswell y el área 51, dos hitos en las leyendas de OVNI, esas naves pilotadas por aliens que amenazan con invadirnos. El imaginario sobre los extraterrestres está cosido a los auges de las migraciones y a la paranoia que despiertan.

TAMBIÉN EN ARIZONA
HAY PIEL NEGRA/CORAZÓN BLANCO

Pero todos estos Estados distan de los excesos a los que incluso antes de esta ley había llegado Arizona. No sólo amerita atención su alto grado de latinidad y el reconocido hecho de que el desierto de Sonora-Arizona es la principal área de ingreso indocumentado hacia Estados Unidos. Arizona cumple con otro rasgo: una gran población que se considera de raza blanca pura, sin mezcla, un bolsón de privilegiados en el que se siente incluido el 78% de sus habitantes. Hay estados con mucha más blancura, como Montana, North Dakota, Wyoming, Idaho y Utah, donde el 90-92% se consideran blancos puros. Pero esos Estados están muy al norte y son poco apetecidos como enclaves de residencia por los latinos, que apenas representan entre el 11.5% (Utah) y el 1.77% (North Dakota) de su población.

Arizona tiene una combinación explosiva: alto porcentaje de latinos y alto porcentaje de blancos “sin mancha”. Los Estados con una dotación de latinos por encima del promedio nacional (15%) suelen tener porcentajes de blancura inferiores a ese promedio (74.35%) : California (61%), New York (67%) y Texas (71%). Florida y Nevada son excepciones a esta regla, pero están lejos de tener tanta blancura y tanta latinidad como Arizona, donde un 78% de blancos y un 29.6% de latinos son una mezcla inflamable.

Esta mezcla incluye, sin duda, un conjunto de población en la que se cruzan latinidad y blancura: latinos que se autoperciben como blancos puros, y que a diario buscan sobrevivir con esa percepción y con la convicción de las ventajas de la supremacía blanca. Son los “piel negra, corazón blanco” de los que habló Frantz Fanon.

¿TODOS ESTOS LIBROS IRÁN A LA HOGUERA?

En un Estado donde la supremacía caucásica parece sentirse amenazada, no sorprende que a la Ley 1070 la hayan precedido y sucedido otras dinámicas legislativas y policiales que comulgan con su espíritu y su letra anti-inmigrante.

No sólo se trata de la ley impulsada por el senador Russell Pearce para asegurar la verificación electrónica previa a las contrataciones laborales. Tom Horne, superintendente de las escuelas públicas en Arizona -por muchos años esforzado paladín de la Ley 1070- venía denunciando que el programa de estudios mexicano-estadounidenses del distrito de escuelas de Tucson difunde la insidiosa especie de que los latinos están siendo oprimidos por la gente blanca. La onda expansiva de la ley 1070 no echó en saco roto sus clamores: tres semanas después de firmar la Ley 1070, Jan Brewer, gobernadora del Estado de Arizona -rebautizada Nazizona por los latinos-, aprobó una ley que prohíbe clases que aboguen por la solidaridad étnica, que sean diseñadas primordialmente para estudiantes de una raza particular o que promuevan el resentimiento hacia cierto grupo étnico.

La condena busca decapitar el programa del distrito unificado de escuelas de Tucson que incluye el estudio de la historia y la literatura de grupos africanos, mexicanos y nativos en los Estados Unidos y también información sobre la influencia de cada grupo étnico. Por ejemplo, en el programa de estudios mexicano-estadounidense el módulo de historia explora el rol de los latinos en la guerra de Vietnam y la literatura enfatiza autores latinoamericanos.

La nueva ley hará que leer a García Márquez vuelva a ser delito. Más digno paciente de la inquisición será el subversivo Mariano Azuela con Los de abajo. ¿Volverán al olvido The narrative of Frederick Douglass y The life of Olaudah Equiano? ¿Demasiado provocativo The autobiography of an ex-colored man de James Weldon Johnson? ¿Cultiva la solidaridad étnica The autobiography of a brown buffalo de Oscar Zeta Acosta? ¿Son un mal ejemplo e incentivan el odio racial los Incidents in the life of a slave girl de Harriet Jacobs y Up from salvery de Brooker T. Washington?

Todos son libros que aún pueden adquirirse en casi cualquier librería. ¿Por cuánto tiempo? ¿A la hoguera de Arizona irá también The souls of black folk de W. E. B. Du Bois? Du Bois fue el primer afroamericano graduado en Harvard. En 1963 el gobierno estadounidense -siempre visionario- le negó el pasaporte para impedir que viajara a Ghana invitado por Kwame Nkrumah para dirigir la enciclopedia africana. ¿Tony Morrison seguirá dando clases en Princeton mientras sus novelas no podrán entrar a las secundarias de Arizona? ¿Quedará proscrita la versión de las guerras -colonizadoras, civiles, mundiales, en Vietnam, en Corea- del genialmente polémico Howard Zinn?

UN DERECHO QUE SERÁ CENSURADO

Tom Horne, quien no oculta sus aspiraciones al puesto de fiscal general, sostiene que el programa de especialización cultural promueve el chauvinismo étnico y el resentimiento racial hacia los blancos al tiempo que segrega a los estudiantes por raza. Horne ha llegado al extremo de impedir que los estudiantes sepan que la famosa activista por los derechos humanos de los latinos, Dolores Huerta, dijo en 2006 que “los republicanos odian a los latinos.”

La nueva medida no prohíbe directamente los cursos, pero sí las expresiones que promuevan solidaridad étnica y resentimiento. En caso de que no se arranque de cuajo la continuidad del programa, los cursos deberán ser sometidos a una censura que violenta sin rodeos ni paliativos el derecho a elegir la tradición cultural en la que un individuo desea ser instruido y el derecho de los grupos étnicos y las minorías a cultivar su cultura. El bien colectivo de la diversidad cultural se nutre de estos derechos.

Alrededor de 1 mil 500 estudiantes de seis escuelas secundarias están matriculados en el programa. Pero la influencia curricular del programa llega a niveles medios y elementales de enseñanza. En un distrito como Tucson, con un 56% de población latina, la influencia se podría extender a los cerca de 31 mil estudiantes latinos y a muchos de origen africano. Sean Arce, director del programa de estudios mexicano-estadounidenses, aseguró que los estudiantes tienen mejores rendimientos en la escuela si ven en el curriculum a personas que tienen el mismo aspecto que ellos. “Este programa es altamente atractivo y es desafortunado que la legislatura del Estado llegue tan lejos en su censura”, señaló Arce.

Seis expertos de Naciones Unidas declararon que todas las personas tienen el derecho de aprender sobre su propia herencia cultural y lingüística. Desde la otra esquina del cuadrilátero, el vocero de Brewer dijo que “la gobernadora cree que los estudiantes de las escuelas públicas deben ser instruidos para tratar y valorar a los demás como individuos y no a recibir enseñanza para odiar a otras razas o clases”.

EL CONTRA-ATAQUE DE LOS LATINOS

Estamos a años luz de la época en que los inmigrantes agachaban la cerviz y acataban la ley sin chistar. Los latinos y sus defensores no se quedaron de brazos cruzados y bocas selladas. En Internet circularon raudas arengas para renovar el boicot contra Kimberly Clark por sus vínculos con el senador republicano James Sensenbrenner, autor de la infame propuesta de ley HR-4437. Hubo madrugadoras muestras de solidaridad de muchos famosos. Declaraciones contundentes de cantantes: Shakira, Ricky Martin, Gloria Estefan, Marco Antonio Muñiz, Danny Rivera, Paulina Rubio... Ácidos comentarios de actores: Eva Longoria, Gael García Bernal y George López. Protestas de intelectuales como Carlos Fuentes y de deportistas como el venezolano Ozzie Guillén. Incluso el cineasta Robert Rodríguez improvisó un trailer alusivo.

Sin poner en entredicho las convicciones políticas de éstos y otros artistas, no hay que despreciar el estímulo que para ellos supone mantener las simpatías de millones de latinos consumidores de los bienes culturales con cuya producción y venta labraron fama y fortuna. En este terreno no habrá marcha atrás. Otras voces se levantarán. Por devoción a los latinos o a Don Dinero, el poderoso caballero que da calidad al noble y al pordiosero, y hace propio al forastero.

HABLAN LAS UNIVERSIDADES: “ES ERRÓNEA”

En el ámbito académico, y desde las mismas entrañas de Arizona, destaca el comunicado de los profesores, administradores y resto de empleados de las tres universidades estatales de Arizona.

Su texto, que traducimos y resumimos libremente, contiene no sólo una valiente denuncia, sino también una nítida puntualización de las consecuencias que se derivan de la aplicación de la ley: “Declaramos nuestra fuerte oposición a la ley 1070. Cuestionamos la constitucionalidad de dicha ley y, sobre bases humanitarias, categóricamente nos oponemos a su espíritu y tono, así como a las consecuencias legales y financieras resultantes de su implementación. Cuando justificó su apoyo a esta ley, la gobernadora Brewer afirmó que el Estado de Arizona heredó el problema de la inmigración ilegal sin ninguna culpa de su parte. Nosotros objetamos esta visión. Por muchos años la economía de Arizona ha descansado sobre mano de obra estacional y no estacional barata y explotable, que ha generado ingente lucro a las empresas e individuos que dependen de los trabajadores indocumentados. La población hispano/latina de Arizona no es culpable de esta situación. La ley 1070, sin embargo, al requerir a los latinos y a otros arizonianos de color que porten documentos para demostrar su estatus migratorio, castigará injustamente a la gente de color creando ciudadanos de segunda clase. Los latinos, y de esta forma todos los habitantes de Arizona, sufrirán el estigma y la injusticia de una clasificación racial. Objetamos, además, la manera en que la ley 1070 criminaliza a los inmigrantes indocumentados sólo por solicitar trabajo, trabajar o simplemente estar en el Estado de Arizona. Aun cuando reconocemos que hay un elemento delictivo en el ingreso ilegal a Arizona, también reconocemos que muchos de los esforzados hombres, mujeres y niños que cruzan la frontera se sienten obligados a buscar supervivencia y dignidad para ellos mismos y sus familias”.

“Los trabajadores migrantes arriesgan su vida al cruzar los desiertos de Arizona, y, en contraste con los argumentos comúnmente escuchados, hacen significativas contribuciones a la economía del Estado. Reenmarcando las palabras de la gobernadora, afirmamos que estos inmigrantes, que por razones más allá de su control son incapaces de sostenerse a sí mismos y a sus familiares en México y Centroamérica, están completamente libres de culpa por la situación que han heredado”.

“Declaramos que la ley 1070 es errónea porque es erróneo criminalizar a personas que son víctimas de una economía no equitativa e insostenible. Las organizaciones académicas y profesionales que planificamos ser anfitriones de conferencias, reuniones y convenciones, boicotearemos al Estado y trasladaremos la sede de estos eventos a otro sitio. Por esto, la ley 1070 dará por resultado pérdidas financieras para el Estado. Hacemos un llamado a nuestro Estado para que, sin considerar el lado de la frontera donde nacieron, tenga compasión de seres humanos que se encuentran en situaciones de hambre, pobreza y privación.”

“Finalmente, hacemos un llamado a una reforma inmigratoria comprehensiva a nivel nacional, que sea justa para todos, que marque un camino hacia la legalización de los inmigrantes que están contribuyendo al progreso de la sociedad y economía de los Estados Unidos, que incentive la inmigración legal en los años venideros, que permita la reunificación familiar de los inmigrantes y que proteja a los migrantes de las condiciones que han dejado tantas muertes en el desierto del sur de los Estados Unidos”.

HABLA EL ALCALDE DE PHOENIX:
“ANTE EL RIDÍCULO INTERNACIONAL”

El boicot a Arizona como sede de eventos ya empezó. Y con él un conteo regresivo para los negocios y las arcas del Estado. Un representante de la asociación de hoteles y hospedajes de Arizona dijo a los medios que sólo en los primeros días de mayo 19 grupos habían cancelado sus eventos y reservaciones. Phil Gordon, desde 2004 alcalde de Phoenix -la capital y ciudad más grande de Arizona- dijo a la CNN que los boicots contra Arizona, en apenas los primeros diez días de mayo, habían costado al Estado más de 150 millones de dólares. Este tipo de presión también continuará estrangulando donde más duele. Los consejos de las ciudades de Boston, Oakland, Boulder, Los Angeles y San Francisco aprobaron resoluciones condenatorias de la Ley 1070 y urgieron a que los hombres de negocios de sus ciudades evitaran viajar a Arizona.

La voz del alcalde Phil Gordon es la que más sonora¬mente se ha opuesto a la ley desde el multicolor bando del sector público. En un artículo publicado en el The Washington Post apenas un día después de que Brewer firmara la ley, Gordon culpa al senador Pearce y al sheriff Arpaio de que Arizona aparezca ante el mundo con una vergonzosa ley que clasifica a las personas por su color de piel y las arresta basándose en estereotipos e información insuficiente.

“Pearce y Arpaio -dos hombres que son para la aplicación de las leyes en Arizona lo que George Wallace fue para el gobierno de Alabama- se ocupan menos de capturar traficantes de personas y drogas que de la captura de grandes titulares. Y en un Estado cuya legislación es cada vez más de extrema derecha, incongruente con una población cada vez más moderada políticamente, el Estado se vuelve también incongruente con las reglas básicas de civismo... ”

“Nosotros en Arizona respetamos la Constitución, así como respetamos el esfuerzo y sacrificios de muchos inmigrantes que han contribuido a hacer de nuestro Estado un lugar diverso y hospitalario. Ese respeto ha generado una serie de protestas masivas y apasionadas, y continuará cosechando oposición desde el centro, la izquierda y la derecha moderada...”

“La Arizona que conozco es el lugar de nacimiento de César Chávez, tiene libertad de pensamiento y es un estado hospitalario capaz de balancear grandes bellezas naturales y culturas de todos los tipos. Este lugar del que hemos escuchado últimamente, la Arizona que se arriesga a los boicots económicos y al ridículo internacional en aras de una ley horrible y discriminatoria, no la reconozco. Pero reconozco a los responsables de este humillante episodio. Son unos amargados, cortos y llenos de odio, y de ninguna manera hablan por Arizona”.

Gordon convocó a una reunión del consejo de la ciudad para negarle al Estado de Arizona la colaboración de la policía local sobre la base de la inconstitucionalidad de la nueva ley. En el condado de Pima, el sheriff Clarence Dupnik anunció que prohibiría a sus oficiales la implementación de la Ley 1070 arguyendo que conduce hacia la clasificación racial.

HABLA OBAMA: “ES UNA AMENAZA”

A nivel nacional el presidente Barack Obama criticó la ley caracterizándola como “una amenaza que subestima las nociones básicas de rectitud que celebramos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades, tan crucial para mantenernos seguros.” Obama comisionó a un grupo de abogados del Departamento de Justicia un examen de la ley para determinar su constitucionalidad. El fiscal general Eric Holder dijo que su administración interpondría su propia impugnación.

A la protesta de los académicos y del alcalde se sumó un inusitado boicot al censo nacional. Los indocumentados tienen buenas razones para seguir en las sombras donde los sitúa el sistema de castas de la legislación migratoria estadounidense, procurando no lanzar carbón al horno xenófobo con unas cifras que evidencien su caudalosa presencia. Pero en esta ocasión, como reacción a la ley de Arizona, existe una voluntad concertada de boicotear el censo para hacerle perder sillas a las élites políticas xenófobas. Cinco Estados -New York, California, Texas, Arizona y Florida- podrían perder sillas en el Congreso debido a una caída estrepitosa de su participación en el censo estadounidense.

Dado que los latinos representan el 50% del incremento poblacional registrado desde el año 2000 en esos cinco estados, su ausencia censal sería catastrófica para la repre¬sentatividad y credibilidad del censo y para los políticos de esos Estados. Los mayores perdedores potenciales son California y New York, que cederían a otros Estados una o dos sillas en la Cámara de Representantes. Texas podría terminar con tres curules, en lugar de los cuatro que tiene. Este boicot apunta al corazón del sistema. ¿Parte de un embrión de conciencia de que los sin-papeles son el extremo opuesto de las élites y de que las fronteras son actualmente el mecanismo más efectivo y recurrido para mantener las desigualdades en el sistema mundial?

HABLAN LAS IGLESIAS

También el sector eclesial ha emitido fuertes pronunciamientos sobre la nueva legislación. El obispo de Salt Lake City, Utah, y presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, propone una amnistía general para sacar a todos los indocumentados de las sombras: “Tales reformas sacarían a las personas indocumentadas de la ecuación de la represión, lo cual facilitaría proteger nuestras comunidades y la frontera. También restauraría el estado de derecho de un modo que afirmara tanto nuestros intereses de seguridad nacional como el compromiso a largo plazo de nuestra nación con los derechos humanos fundamentales, amenazados por leyes como la SB 1070”. Su declaración busca una solución de compromiso que complazca a los dos polos de la controversia medular: el conflicto entre soberanía nacional -con su corolario de control fronterizo, seguridad nacional, etc.- y la universalidad de los derechos humanos.

En Nogales, el sacerdote jesuita Donald Bahlinger, quien labora en la iniciativa fronteriza Kino Border con un pie en México y otro en Estados Unidos, denunció que todos los días se incrementa el número de deportables en el centro de detención de migrantes de Nogales y que la nueva ley de Arizona alentará una clasificación racial y hará que las comunidades sean más inseguras porque la gente será cada día más renuente a reportar la actividad delictiva ante una policía local que no será percibida como amiga, pues se dedicará a detener inmigrantes.

El Provincial de California de la Compañía de Jesús en Estados Unidos, en comunión con la Conferencia Católica de Obispos, declaró la solidaridad de los jesuitas con los inmigrantes y su oposición a la ley 1070 cuya aplicación “dividiría innecesariamente a pacíficas comunidades sobre la base de diferencias raciales y sospechas culturales”.

La Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos presentó una primera demanda ante un tribunal federal de Phoenix para tratar de detener la aplicación de la ley. La demanda sostiene que la legislación federal tiene precedencia para la regulación estatal de las fronteras nacionales y que la ley de Arizona viola el derecho a un proceso debido, permitiendo que los sospechosos de ser indocu¬mentados sean detenidos antes de ser condenados.

TAMBIÉN HABLA HASTA LA ONU

Otro sector de la sociedad civil, la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y el Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) también planean demandas y reclaman el apoyo del fiscal general Eric Holder. Estos grupos presentaron la documentación requerida para proponer un plebiscito que podría congelar la ley si consiguen reunir más de 76 mil firmas antes de que la ley entre en vigencia en agosto de 2010. En ese caso, la aplicación de la ley quedaría postergada hasta una segunda votación, que por razones del calendario electoral podría tener lugar hasta 2012. Estas iniciativas en la arena jurídica fueron respaldadas por miles en las calles de Los Angeles, Dallas, Chicago y New York.

La ley arrancó comentarios incluso a los habitualmente parcos y asépticos funcionarios de Naciones Unidas, que eluden afirmaciones conflictivas y usan mira telescópica para columbrar los dolores del mundo desde sus palacetes de Ginebra y New York y desde otras sucursales diseminadas por todo el globo. En un comunicado de prensa, los expertos en migración de Naciones Unidas señalaron el “trato potencialmente discriminatorio” de una ley que “autoriza la acción policial sobre las personas basada en la percepción de su origen étnico”. Los expertos dictaminaron que “los Estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin discriminación” y que “los estándares internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicha detención esté sujeta a la revisión judicial”. Aun cuando no cuestionan las prerrogativas de los Estados para el control migratorio y la protección de sus fronteras, insisten en que “estas acciones deben adoptarse de acuerdo con los principios fundamentales de no discriminación y trato humano digno”.

Un repudio franco y directo de la ley es lo menos que Naciones Unidas le adeuda a los migrantes. Aunque la palabra “repudiar” no figura en su gélido vocabulario oficial, puntualizar que las detenciones deben ser medidas excepcionales y deben ser justificadas y sometidas a revisión judicial, fue una declaración que no deja lugar a dudas sobre la posición de Naciones Unidas.

LO NUEVO: CONTRADICCIONES
ENTRE DIVERSOS NIVELES DEL GOBIERNO

El vértice de confluencia entre las declaraciones de críticos y proponentes es que están ante la ley estatal más ruda con los inmigrantes. Unos lo lamentan, otros se ufanan sin asomo de pudor. Analizados desde una perspectiva histórica, estos juegos de fuerzas, aunque esperanzadores, no siempre han desembocado en beneficio de los inmigrantes.

Las sucesivas legislaciones migratorias estadounidenses -las que alojan elementos benévolos- lanzan una de cal y otra de arena, una posición que mantienen los conservadores moderados y los demócratas de centro: amnistía con mayores controles. Los políticos locales más fieramente opuestos a la Ley 1070 continuarán trabajando con Washington en asegurar el control en la frontera de Arizona, donde -glorioso logro- en 2009 fue capturado medio millón de indocumentados. Proclamando el objetivo plausible de frenar a los criminales que quieren ingresar a los Estados Unidos, conseguirán que el embudo de entrada sea más estrecho y plagado de peligros. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol.

La originalidad de este episodio consiste en la insoluble tirantez de las relaciones entre diversos niveles del gobierno. La heterogeneidad del aparato estatal está deslizándose a un extremo que puede ser interpretado como sintomático de la debilidad del Estado-nación como unidad política capaz de administrar, gobernar y legislar los movimientos migratorios de forma ordenada, autónoma, soberana y autosuficiente.

Un sheriff, un alcalde, un responsable de un programa educativo público y un fiscal general le presentan un rostro encendido a otro sheriff, una gobernadora, un superintendente de escuelas públicas y una mayoría republicana del senado de Arizona -recordemos que la Ley 1070 recibió los votos de todos los senadores republicanos con una excepción y de ningún demócrata-. Lo que podríamos llamar un poder intermedio -el poder del Senado y el gobierno de Arizona- aparece cuestionado por un poder transnacional (Naciones Unidas), impugnado por un poder federal (la fiscalía general) y no acatado por los poderes locales (el alcalde de Phoenix y el sheriff de Pima). Los poderes supranacionales y locales parecen confabulados para limitar los esfuerzos xenófobos que sólo ganan terreno en un ámbito intermedio. ¿Será este un capítulo más de la desnacionalización del poder?

UN RECHAZO EN CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
CON MÍNIMAS COINCIDENCIAS

La fortaleza de la oposición a la ley es su pluralismo. Académicos, funcionarios estatales, políticos, activistas por los derechos humanos, notorios representantes de instituciones religiosas y migrantes arriman el hombro para derribar una legislación que a todos se les atraganta. La debilidad de este grupo multicolor es que a cada segmento que lo compone la ley se les atraganta por distintas razones. Si dibujáramos un diagrama con los argumentos de oposición a la ley por segmentos, la graficación más representativa sería la de una serie de círculos concéntricos, cada uno portador de una serie de argumentos, así como de los argumentos de los círculos más pequeños.

En el primer círculo se ubica el nivel federal, impugnando la ley por su inconstitucionalidad y por fomentar la clasificación racial. Los conservadores moderados y los demócratas de centro llegan hasta aquí y no avanzan más. El siguiente nivel es el de los políticos locales, como el alcalde de Phoenix, que añade su preocupación por la reputación de Arizona y los efectos de un boicot económico, pero que no se opone al control migratorio. En ese nivel caben también las impugnaciones a la laxitud de la “sospecha razonable” y la preocupación por la seguridad comunitaria, a la que una mala relación entre el cuerpo policial y los migrantes dejaría en situación precaria. El sector más abierto de los demócratas firma estas declaraciones y no va más allá.

Los académicos repiten todas estas razones. Su declaración es bastante ecléctica, quizás porque el conjunto de sus redactores fue muy heterogéneo, o porque así es el público al que interpelan y una declaración no es un análisis sociológico, sino un instrumento político. Los académicos y demás trabajadores universitarios añaden un énfasis en el aporte económico y cultural de los migrantes y en su inocencia respecto de la secuencia de acontecimientos históricos que los pusieron en la tesitura de migrar a Estados Unidos. El valor agregado de sus declaraciones consiste en apelar a la globalización económica y cultural.

Los eclesiásticos pican de aquí y allá en todos los círculos anteriores y agregan el humanitarismo. Es decir, apelan a la universalidad de los derechos humanos y a la caridad cristiana. Los académicos enfatizan la reciprocidad, la dinámica de prestaciones y contraprestaciones de un intercambio que será justo y balanceado cuando ambas partes aporten por igual y reconozcan sus aportes. Un pivote esencial de su valiente mensaje es reconocer que los migrantes han contribuido a la economía de Arizona y hay que tratarlos en consecuencia. Los hombres y mujeres de la iglesia de base hablan de humanitarismo. No anhelan ni piden una contraprestación. La caridad es gratuita. Finalmente, las organizaciones de migrantes dan un paso más allá apelando a la justicia que se debe a los desposeídos.

El problema de esta configuración en círculos concéntricos y niveles es que resulta evidente que el núcleo de coincidencias es mínimo. Un ligero cambio de escenario y de puntos en discusión basta para que este bloque polimorfo se disuelva. A medida que los acontecimientos desplacen la discusión hacia otros temas -el muro fronterizo, la concesión de visas, la legitimidad y peligrosidad de los controles, la clasificación no racial pero sí migratoria-, los círculos -empezando por los más pequeños y aumentando gradualmente de tamaño- se irán desgajando y no quedará un grano de la aparentemente monolítica oposición a la Ley 1070. El cuadro de la página siguiente es simple, pero muestra resumidamente algunas de las posiciones de grupos clave para el presente y el futuro de la legislación migratoria estadounidense. Los puntos en común y los de disenso muestran las posibilidades y los límites de alcanzar una reforma migratoria comprehensiva, así como la cal y la arena que ésta tendría en caso de llegar a consumarse.

NI MINORITARIA, NI REPENTINA

Una muestra de lo discutibles que pueden ser algunas de las afirmaciones más aparentemente “pro-inmigrantes” la tenemos en el artículo del alcalde Gordon. Su valiente ataque frontal a colegas del sector público iba condimentado con una justificación de las actitudes xenófobas: la ley surge en el contexto de unas tibias intervenciones federales en el control fronterizo. Ergo: con mayores controles, la Ley 1070 seguiría en una gaveta.

El alcalde de Phoenix intenta presentar la ley como una fatalidad repentina, obra de un minoritario grupo de xenófobos cabezas calientes, que en modo alguno representan la posición de los hospitalarios habitantes de Arizona. Sus asertos son encomiables y esperanzadores, pero carecen de base. Los políticos republicanos que votaron por esa ley fueron sentados en sus senatoriales sillas por miles de votos de arizonianos. Algunos de ellos llevan promoviendo leyes de ese tenor desde hace muchos años y han sido reelegidos una y otra vez precisamente por sus atractivas propuestas programáticas. Los votantes no fueron objeto de una emboscada. La Ley 1070 fue muy discutida. No es el subproducto de un arrebato de rabia. Estuvo tan bien calculada que fue sucedida por la legislación sobre la educación étnica. ¿Otro arrebato?

HERENCIA DEL SHERIFF ARPAIO

¿Arizona no es así? El precedente más significativo de la Ley 1070 lo encarna Joe Arpaio, sheriff del condado de Maricopa, el más populoso del Estado de Arizona. Arpaio ha cosechado fama nacional e internacional como el más temible caza-inmigrantes del Oeste y de todo el país. Con aire de quien tiene licencia para matar, no le faltan el sombrero alado, la mirada oblicua y el caminar arqueado de John Wayne. ¿Es un fenómeno excepcional? ¿No representa más que su propia posición? ¿Es un funcionario muy antipático para el pueblo de Arizona? No creo que nadie medianamente informado pueda dar un sí a cualquiera de estas preguntas.

Arpaio fue elegido sheriff de Maricopa en 1992 y desde entonces ha sido reelegido hasta la fecha. Tener casi 18 años en su cargo no es producto de la impopularidad. En noviembre de 2008 Arpaio fue elegido para su quinto período como sheriff con el 55% de los votos.

Arpaio debería ser impopular. Tiene pendencias con fiscales y otros funcionarios. Ha sido acusado por Amnistía Internacional y la ACLU por violaciones reiteradas a los derechos humanos de los migrantes. Algunos detenidos han fallecido en sus celdas en circunstancias no esclarecidas. Ningún otro sheriff en Estados Unidos ha conseguido tantas denuncias como Arpaio. Pero no carece de virtudes y gracias que lo adornan y labran su buen nombre entre los votantes de Maricopa: construye prisiones baratas -fácilmente desmontables o expandibles, a tenor de la demanda- con tiendas de campaña, gasta la módica suma de 30 centavos de dólar por cada tiempo de comida para los presos, viste a los prisioneros con ropas rosadas para demoler su machismo y los obliga a que -encadenados y bien custodiados- limpien las calles y parques.

Con sus “pandillas encadenadas” y sus cárceles de bajo presupuesto, Arpaio ahorra mucho dinero a los contribuyentes y atrae fondos federales. Arpaio construyó una Tent city -ciudad tienda, el complejo penal de tiendas de campaña más grande del mundo- y el 4 de febrero de 2009 hizo marchar por la calles de Phoenix -encadenados y esposados- a 220 indocumentados a los que trasladó desde la cárcel Durango hasta la nueva ciudadela penal, donde estarían más seguros, rodeados de un cerco eléctrico. Los inquilinos son ma¬yori¬tariamente los indocumentados.

Es lícito llenar prisiones de inmigrantes desde que en 2006 las prisiones del Immigration and Customs Enforcement (ICE) empezaron a llenarse fundamentalmente de indocumentados sin ningún otro delito que el ingreso ilegal. El ICE hace caso omiso de sus propios estatutos, que establecen una cuota de 75% de prisioneros delincuentes. Como premio por sus hazañas contra los fieros indocumentados y sus no menos sonoros golpes mediáticos, en febrero de 2009 el Estado le devolvió a Arpaio 1.6 millones de dólares que en 2008 le fueron cortados de su presupuesto anual. Serán abono de las redadas en barrios de latinos, el patrullaje fronterizo y la Tent city.

REDADAS APLAUDIDAS
POR LA BLANCURA AMEDRENTADA

¿Por qué Maricopa dio y sigue dando alas y placa al más célebre caza-inmigrantes? Con el 61% de la población de Arizona, es el condado más poblado de ese Estado y lleva al extremo el cóctel de latinidad y blancura con un 30.3% de latinos y un 80.45% de población blanca. La mayoritaria blancura del condado de Maricopa siente pánico ante la creciente minoría latina. En Arizona el tren de la xenofobia parte de Maricopa y llega a Maricopa. El resultado es que Maricopa recibirá una implementación ejemplar de la Ley 1070.

Con la ley recién salida del horno senatorial, el sheriff Arpaio lanzó una redada el 29 de abril. Arpaio aseguró que se concentraría en zonas de alta criminalidad, en busca de contrabandistas de inmigrantes. Todos sus detractores y defensores saben lo que eso significa: barrios de latinos. Fue la décimoquinta redada que Arpaio realizaba desde principios de 2008. Antes estaba amparado en la Ley 1372 Human Trafficking Violation, también conocida como “Ley anticoyote”, vigente desde agosto de 2005. Ahora también lo respalda la Ley 1070. La Ley anticoyote permite que las autoridades locales presenten cargos en contra de los traficantes de indocumentados, condenables a una multa de 250 mil dólares y a guardar prisión por entre seis meses y dos años y medio. La Ley 1070 dio un salto cualitativo: les permite detener a indocumentados buscando trabajo y a quienes los contratan, transportan u hospedan.

Arizona no deja de ser la tierra natal de César Chávez. Pero en los tiempos que corren destaca más como escenario de las redadas de Arpaio, la Tent city y la Ley 1070. Se levantan voces de protesta. Pero Pearce, Arpio y Brewer están bien atrincherados y reciben el apoyo de quienes tienen voz y voto. Los indocumentados, los trabajadores temporales e incluso los residentes permanentes no votan. Vota la blancura amedrentada. Una blancura que se tornó palidez.

HAY PELIGROS PARA LOS CENTROAMERICANOS

Los centroamericanos no serán masivamente afectados por la Ley 1070. En Arizona viven, según el censo de Estados Unidos 38,109 centroamericanos. Los desglosan así: 14,221 guatemaltecos, 11,074 salvadoreños, 4,627 hondureños, 2,858 panameños, 2,107 costarricenses, 1,987 nicaragüenses “y otros” . Pero hay allí 1 millón 681,834 mexicanos. Los centroamericanos están más presentes en otras latitudes de Estados Unidos. Los nicaragüenses en Florida (129,424). Los salvadoreños en California (553,549). De los 915,743 guatemaltecos que hay en Estados Unidos, más de un tercio (317,766) vive en California. Un cóctel molotov legislativo como el de Arizona sería devastador para los centroamericanos si se aplicara en Florida o California.

No obstante, hay dos peligros. Uno inmediato y otro que amenaza en lontananza. Inmediato: la progresiva persecución en Maricopa será una tragedia para muchas familias de centroamericanos. Los datos de la oficina del Censo estadounidense dicen que en Maricopa viven 29,648 centroamericanos, el 78% de todos los que hay en el Estado de Arizona. Amenaza lejana pero posible: la Ley 1070 puede tener un efecto demostración nefasto. Otros Estados podrían imitarla.

Hay nubarrones en el cielo migratorio. El 5 de mayo, un miembro de la Cámara de Representantes de Pennsylvania, Daryl Metcalfe, introdujo la iniciativa de ley 2479, Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, amasada con la misma harina y puesta en el mismo molde que la Ley 1070. Edward Rendell, actual gobernador de Pennsylvania, dijo que la vetaría en caso de ser aprobada. Políticos de Ohio, Texas, Missouri y Utah han anunciado planes de diseñar piezas legislativas similares. Louisiana la tiene ya diseñada. Candidatos a gobernadores de Iowa y Colorado andan pescando votos con promesas de apoyar leyes que penalicen a los indocumentados. Arizona hizo escuela.

¿DE PIEL BLANCA O MENOS PELUDOS?

El efecto dominó de la Ley 1070 se empieza a sentir. Quizás no llegue muy lejos en este capítulo de la historia. Pero sus raíces -el culto a la blancura como eje identitario y marca de superioridad- penetran muy adentro, enmarañando a buenas y malas conciencias, a republicanos y demócratas, a extremistas y moderados.

Los políticos continuarán explotando la cantera de la blancura aterrada en busca de votos hasta que no se la relativice y reduzca al ridículo, como hizo Arnold J. Toynbee en su Estudio de la Historia: “La característica física realzada más frecuentemente por los defensores occidentales de las teorías raciales es el color... Es curioso observar que mientras los propagandistas raciales de nuestra propia civilización insisten sobre las pieles claras como señal de superioridad intelectual, exaltando a los europeos sobre otras razas y a los nórdicos sobre otros europeos, los japoneses emplean una ‘prueba’ física diferente. Ocurre que los cuerpos de los japoneses están notablemente desprovistos de vello y que tienen como vecinos en su isla septentrional a una comunidad primitiva de tipo muy diferente, un tipo físico no desemejante de aquel del europeo medio, llamado el ‘aino peludo’. De un modo muy natural, pues, los japoneses asocian su falta de vello con la superioridad espiritual, y aunque su pretensión puede tener tan poco fundamento como nuestro alegato de la superioridad de las pieles claras, es superficialmente más plausible, pues el hombre desprovisto de vello, en cuanto carente de pelo, está ciertamente algo más alejado de su primo el mono”.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA
PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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