¿Quiénes están detrás de esta “ingobernabilidad”?

Han pasado más de dos meses del paro de transporte que durante tres días desencadenó un pánico desenfrenado entre la población salvadoreña. Al reflexionar sobre quiénes estuvieron detrás de esos hechos. son más las preguntas que las respuestas.

Amanda Mayen

A inicios de septiembre el país se paralizó durante tres días por un paro de autobuses cuya organización y desarrollo la Mara Salvatrucha y La Pandilla 18 se atribuyeron en un comunicado conjunto en que pedían al Presidente de la República vetar la “Ley de proscripción de maras, pandillas, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal” aprobada unos días antes.

¿SON SÓLO LAS MARAS?

El 80% de las rutas de autobuses del país participaron en el paro y un 30% de los negocios de Soyapango cerraron, algunos porque sus empleados no se presentaron a trabajar y otros por seguridad. Todo esto sucedió mientras elementos del Ejército y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) salían a patrullar las calles. Según información del personal educativo de la zona de San Martín, los padres de familia llegaban a las escuelas a recoger a sus hijos por temor a que sufrieran alguna agresión en las calles. Esos mismos días, los privados de libertad pertenecientes a pandillas en 9 de los 21 centros penales del país se declararon en estado de rebeldía.

Había muchas razones para pensar que las maras sólo eran la cara pública del paro y en la mañana del martes 7
-primer día del paro- parecía claro que estaba en marcha una campaña masiva de desestabilización contra el gobierno. Una ola de rumores sobre actos de violencia, sin prueba alguna, surgía desde medios de comunicación, sitios electrónicos, cadenas de correo... A mediodía, sólo uno de esos actos de violencia estaba confirmado: la quema de un autobús en Ilopango. Y los homicidios -que habían sido en promedio 13 diarios en meses anteriores- descendieron a menos de 5, llegando a ser sólo uno en el primer día del paro. Septiembre concluyó con 7 homicidios diarios, la mitad de los registrados habitualmente.

¿A PESAR DE TANTAS VENTAJAS?

El año 2010 ha estado marcado por reiterados ataques del partido ARENA, de la otrora poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y de la Cámara de Comercio e Industria contra el gobierno de Mauricio Funes. En el centro de sus ataques lo responsabilizan de ingobernabilidad en el país. En eso han insistido incesantemente. Esta campaña arreció al cumplirse el primer aniversario de la toma de posesión de Funes. Su expresión más clara fueron vallas publicitarias en rojo y blanco -colores del FMLN- con la frase “Gobierno del FMLN, incapaz”.

Cuando ARENA, la ANEP y la Cámara de Comercio dicen “ingobernabilidad” estos sectores la entienden como característica de un gobierno que, por no beneficiarlos exclusivamente a ellos, no logra “gobernar” El Salvador.
Esto, a pesar de que el gobierno actual ha dedicado más de un año a garantizar al gran empresariado su seguridad apartándose de la propuesta de revisar el CAFTA, obviando medidas de reforma fiscal que modifiquen la existente estructura regresiva de recaudación, apoyando a las empresas telefónicas transnacionales cuando la Asamblea Legislativa eliminó los cobros indebidos y avalando la futura privatización del Puerto Cutuco, las presas hidroeléctricas, el aeropuerto y redes viales.

En política interna, Mauricio Funes ha dicho que no tocará la Ley de Amnistía; le dio la espalda a la fracción legislativa del FMLN al vetar una reforma que le quitaba a la derecha el control absoluto del Registro Nacional de Personas Naturales, institución encargada de entregar y vigilar los Documentos Únicos de Identidad (DUI), convertida por los gobiernos de ARENA en una máquina para fraudes electorales; y en los ministerios e instituciones autónomas mantiene en puestos de mando a cientos de militantes de ARENA y del PCN. En política internacional, el gobierno de Funes ha sido fiel a los intereses de los Estados Unidos, alejándose de todo lo que huela a Venezuela o al ALBA y liderando la campaña internacional para reconocer al gobierno ilegitimo de Pepe Lobo en Honduras.

Sin embargo, todo esto parece insuficiente para la derecha salvadoreña. Gloria Salguero Gross, fundadora de ARENA, ex-presidenta de la Asamblea Legislativa y ex-Comisionada para la Gobernabilidad (2004-2009), expresó en una entrevista a “La Prensa Gráfica”: “Estamos listos para defender nuestra patria” si el gobierno de El Salvador tomara decisiones como las que llevaron al golpe de Estado en Honduras: aumentar el salario mínimo en un 60%, unirse al ALBA o utilizar mecanismos como la Consulta Nacional para que el pueblo decida sobre asuntos de importancia. Así se expresó también Salguero, en ocasión de una conferencia que el ex-gobernante golpista de Honduras, Roberto Micheletti, brindó a empresarios y políticos de derecha en San Salvador en junio.

¿EN ESTAS TRES OCASIONES?

Las amenazas y rumores de “toques de queda” o “paros de transporte” atribuidos a las pandillas han sido tan constantes como el discurso sobre la ingobernabilidad de la derecha y han tenido altibajos paralelos. El paro de transporte de septiembre fue la tercera vez en los últimos quince meses que la ciudad capital se paralizó por un “toque de queda”, real o ficticio, declarado supuestamente por las maras y pandillas. La primera vez ocurrió apenas una semana después de la toma de posesión de Mauricio Funes. Aunque nunca fue comprobado y fue calificado como “una estrategia política” organizada por vendedores del centro de San Salvador, aquellos incidentes fueron incentivos para crear un clima de terror que dejó prácticamente vacías las calles de la capital.

Cuatro meses después otro supuesto “toque de queda” fue la causa de cierres de escuelas y negocios y de la suspensión del transporte urbano. El paro del 7 de septiembre ha sido hasta ahora el de mayor impacto, dejando un eco político que, casual o premeditadamente, calza bien con los escalonados discursos sobre la “ingobernabilidad”.

¿LOS NARCOBARRILES
LO EXPLICAN?

El paro tuvo una espectacular antesala. Tres días antes, el 3 de septiembre, en una hacienda del departamento de La Paz, la Policía Nacional Civil (PNC) desenterró dos barriles que contenían 10 millones 200 mil dólares. Dos días después de finalizado el paro se encontró un tercer barril en el departamento de La Libertad con 4 millones 200 mil dólares.

Según los medios, las investigaciones indican que el dinero pertenecía a narcotraficantes de una red centroamericana con coautoría entre bandas salvadoreñas y guatemaltecas. El Comisionado Howard Cotto, Subdirector de Investigaciones de la PNC, aclaró que aún había mucha tela que cortar en esta investigación, aún en fase preliminar. Después, no se conoció más información.

Sea lo que sea, es evidente que el hallazgo de los “narcobarriles”, días antes del paro de transporte, representó un duro golpe al crimen organizado y no sería de extrañar que este hallazgo haya provocado una reacción del crimen organizado contra el gobierno de Funes, coincidiendo sus intereses con los intereses de ARENA y con los de la gran empresa salvadoreña y transnacional que apuestan a la ingobernabilidad.

¿LOS NEXOS CON POLICÍAS?

Una ardua labor ha desarrollado la Inspectora General de la PNC, Zaira Navas, para sanear la institución policial de nexos con el crimen organizado. En septiembre y octubre, la Inspectoría -encargada de procesar internamente las faltas disciplinarias y actos ilícitos cometidos por miembros de la institución policial- registra 191 casos abiertos. Incluyen unos 20 casos de ex-miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en la misma semana del paro realizaron una campaña mediática denunciando que estaban siendo perseguidos políticamente por haber pertenecido a esta institución durante el conflicto armado. Las figuras principales de esa campaña parecen ser Douglas García Funes, jefe del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) y el ex-subdirector de la Policía Pedro González. Los dos están acusados de tener vínculos con la red de narcotraficantes que se supone está dirigida por Natividad Luna Pereira. De acuerdo con un informante de la DEA, el comisionado García Funes utilizó su cargo para proveer seguridad a embarques de droga en su paso por El Salvador y se aseguró de que otras delegaciones de la policía no los interfirieran.

Acusaciones como ésta no son nuevas. El ex-director de la PNC Ricardo Meneses (2003-2005) fue obligado
en 2009 a renunciar a su cargo de Ministro Consejero de Seguridad en la embajada salvadoreña en Washington, sospechoso de tener conexiones con Luna Pereira y con un líder de la Pandilla 18.

¿EL PLAN CAMALEÓN?

Igualmente asombrosa fue la investigación de “La Prensa Gráfica” en 2009 revelando información sobre el “Plan Camaleón”, un operativo encubierto dirigido por la División Antinarcóticos (DAN) para investigar los posibles vínculos de algunos puestos policiales con narcotraficantes durante 2007 y 2008. Para realizar el operativo se removió a todos los agentes destacados en el puesto policial de El Tamarindo, en La Unión, sustituyéndolos por agentes de la DAN.

Durante el operativo se recogió mucha información, que ligaba a distintos puestos policiales con el tráfico de drogas. El plan fue suspendido debido a que se filtró la información de que el puesto de El Tamarindo era comandado por la misma DAN. Los hechos desembocaron en dos homicidios que permanecen en la impunidad. El Plan Camaleón estaba a cargo de dos agentes de la DAN: José Contreras Mejía, conocido como “Tanque”, y Darwin Serrano Lemus, conocido como “Makey”. Ambos agentes son señalados por la Fiscalía como cómplices de Los Perrones.

¿TAMBIÉN LEGISLADORES?

En una entrevista del año 2009, el fallecido Leonel Gómez Vides, investigador y especialista en el tema del crimen organizado, informó que Los Perrones estaban manejando en ese entonces más de 100 trailers en la compañía de transporte más grande de Centroamérica. En los furgones llevaban carga desde Panamá hasta la frontera de Guatemala y México. La carga más valiosa iba de un puerto a una bodega y de esa bodega a un puerto.

Sobran entonces las razones que sustentan las investigaciones realizadas por la Inspectoría General para sanear la institución policial. Y ponen en ridículo la supuesta “persecución política” denunciada por García Funes y compañía. Sin embargo, las bancadas legislativas de ARENA, del PCN, de GANA y del PDC se solidarizaron con los investigados, aprobando -cinco días después de la denuncia y uno después de finalizar el paro- la creación de una comisión especial para investigar las actuaciones de la Inspectora General Zaira Navas, quien tiene el apoyo del Director de la PNC, del Ministro de Justicia y Seguridad Pública y del Presidente Funes.

¿LO EXPLICA EL LAVADO
DE DINERO?

Según Gómez Vides, el papel principal del crimen organizado en El Salvador no es la venta de drogas sino el lavado de dinero. Así lo ha explicado: “El negocio mayor, donde está la verdadera ganancia, es el lavado de dinero. Lo hacen más o menos los mismos grupos, sólo que dentro de estos grupos el lavado lo maneja una gente diferente a la clase de gente que le da seguridad a la coca, o que la carga y descarga. El lavado lo tienen que hacer por lo menos banqueros o gente ligada a las finanzas... La carga es de 565 toneladas de coca por año (hoy es más) y eso lo ha dicho la DEA públicamente y está publicado, pero hay otra carga que pasa por Centroamérica, que es la carga del dinero”.

Y añade Gómez Vides: “En Estados Unidos, Canadá, o donde se vende la coca el mercado les genera una cantidad enorme de billetes, porque la cocaína no te la pagan por cheque o tarjeta de crédito, te la pagan con dinero cash. Si pasan 565 toneladas de cocaína hacia arriba, tiene que pasar el equivalente en dinero hacia abajo. Esas cantidades de dinero que genera la venta de esa cantidad enorme de cocaína representa una cantidad enorme de billetes, un volumen grande, que tienen que venir a meter a estos países. Esos billetes tienen que ser depositados en algún banco, en algún movimiento financiero para convertirlo en carta de crédito o en cuenta bancaria para poder invertir. Eso es el lavado. Este negocio es más grande que el de la coca para la gente de esta zona”.

Se considera que El Salvador ofrece mejores condiciones que México para el lavado de dólares, gracias a la dolarización, a nuestra legislación financiera y al hecho de que en México la cadena de mordidas y pagos es tan grande en este negocio que lo que le queda al final al autor de la actividad es menor que lo deseado.

¿LOS ZETAS MEXICANOS?

El hecho de que las bandas salvadoreñas del crimen organizado sean piezas en el rompecabezas del crimen organizado internacional no quita que los “equipos de las Ligas Mayores” no vengan a abrir otras canchas en El Salvador.

Desde finales de 2009 se comenzó a escuchar de la presencia del cártel mexicano de Los Zetas en territorio salvadoreño. Los Zetas son piezas relativamente nuevas en el rompecabezas. Se formaron a partir de un grupo de militares que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFE) y de la Brigada de Fusileros Paraciadistas (BFP) del Ejército mexicano, divisiones militares creadas en 1994 con motivo del levantamiento zapatista de Chiapas. Fueron los únicos grupos de élite entrenados por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por comandos de asesoría militar de la Sayeret Matkal (fuerzas especiales israelíes) y de la GIGN francesa. En consecuencia, recibieron un entrenamiento que incluyó el manejo de armas sofisticadas y la especialización en trabajo de contrainsurgencia. De acuerdo con la Procuraduría General de la República de México, al menos 40 ex-integrantes del GAFE se integraron a las filas del cártel del Golfo en 1999. Los Zetas integran también a un indeterminado número de ex-kaibiles guatemaltecos. A partir de 2008 Los Zetas lograron autonomía del cártel del Golfo, separación que se formalizó en marzo de 2010.

La primera referencia a una relación entre Los Zetas y El Salvador aparece a fines de 2009 en “El Diario de Hoy”.
En esa ocasión el reportero informó sobre la integración de miembros de la Mara Salvatrucha en entrenamientos militares realizados por el grupo mexicano.

Cuatro meses después, el Presidente Mauricio Funes, reconoció: “Los Zetas han incursionado en territorio salvadoreño para hacer una inspección del terreno y luego comenzar a operar y establecer conexiones con salvadoreños”.

¿HASTA DÓNDE
HAN LLEGADO LAS MARAS?

En los años de los planes gubernamentales Mano Dura y Súper Mano Dura (2004-2005), organizaciones de derechos humanos advirtieron que las medidas represivas provocarían una reacción contraproducente, llevando a los jóvenes miembros de pandillas y maras a sofisticarse y a ampararse en estructuras de mayor profesionalización para poder sobrevivir en condiciones de persecución. En ese momento, ni la opinión pública, mucho menos las autoridades, tuvieron apertura para considerar esta advertencia. Hoy ya vemos que las tendencias que estos grupos señalaron fueron las que se desarrollaron.

De acuerdo a un estudio realizado por Jeanette Aguilar y Marlon Carranza (2008), el 14% de los pandilleros y mareros salvadoreños admite tener relaciones con bandas del crimen organizado, aunque la mayor parte de ellos dicen hacerlo a nivel personal y no como una decisión de su clica. Declaran colaborar con esas bandas en dos actividades principales: el sicariato (26.8%) y el tráfico de armas (20.7%). No así en el tráfico regional de drogas, que, según declaraciones de autoridades regionales y estadounidenses, es la principal motivación para las estrategias regionales anti-pandillas que Estados Unidos orienta, conduce y financia.

¿LOS EMPRESARIOS
DEL TRANSPORTE?

Además de ARENA, de la ANEP, del crimen organizado y de las maras y pandillas, hubo otro interesado en el paro de septiembre: los empresarios de autobuses, quienes vienen amenazando con paralizar su sector desde que el FMLN ganó las elecciones. Sus amenazas las basan en dos argumentos, que han reiterado una y otra vez. Por un lado, protestan contra los ataques que las distintas fuerzas “renteras” (maras, pandillas y crimen organizado) hacen a motoristas y cobradores de las unidades de transporte. Por el otro, exigen que se les garanticen y mantengan los subsidios que el gobierno central entrega a este sector.

La primera amenaza la hicieron en abril de 2009, al mes de las elecciones presidenciales. La segunda, a principios de 2010. En mayo de 2010 un paro convocado por la Asociación de Empresarios de Autobuses (AEAS) logró casi un 3% de paralización del sector, cifra irrelevante ante el 80% de efectividad que logró el paro de septiembre, cuando los transportistas lograron “su paro” sin tener que asumir ellos solos los costos políticos de dejar a pie a la mayoría de la población.

Ninguno de los gobiernos anteriores trabajó con seriedad la mejora del caótico servicio de transporte público o por falta de interés o por falta de capacidad. Ante cualquier intento de ordenamiento, los transportistas siempre lograron doblarle el brazo al gobierno con protestas y paros. Durante el gobierno de Funes posiblemente su falta de cohesión se encontró con la firmeza del Viceministerio de Transporte, al que no han logrado doblarle completamente el brazo.

Más allá de las reivindicaciones económicas de este sector, son manifiestas sus alianzas políticas con las fuerzas de la derecha. Catalino Miranda, dirigente del gremio de empresarios de autobuses FECOATRANS, es un líder político ex-arenero y ahora dirigente del nuevo partido en formación de la derecha, el Partido Popular, con Orlando Arévalo, un diputado expulsado del PCN en 2009. Genaro Ramírez -presidente de AEAS- es asesor en la Asamblea Legislativa del diputado pecenista Elizardo Lovo. Algunos de los empresarios de buses, y en particular los líderes de ese sector, forman parte del bloque de derecha que ha insistido sistemáticamente en pregonar la ingobernabilidad del país.

Mauricio Funes le ha reprochado a los gremios de transportistas su actuación durante el paro de septiembre: “Algunos de ellos han querido negociar demandas económicas del sector aprovechándose de la situación y eso tampoco lo vamos a permitir. Algunos de ellos incluso han llegado a decir que les deberíamos de dar un bono, un incentivo o que hoy es el momento de aprobar un incremento a las tarifas”.

Escribe el diputado del FMLN, Damián Alegría, en su blog, “Supimos que el sábado 11 de septiembre los transportistas estuvieron llegando a las oficinas del PCN, antiguo partido de la dictadura, aliado de ARENA, para que les pagaran por los tres días que mantuvieron el paro. Algunas personas intentaron informar de esto a los medios de comunicación de derecha, pero éstos simplemente ignoraron el hecho”.

¿LOS INTERESES
DE ESTADOS UNIDOS?

No se puede ignorar otro hecho político que, como todos los demás, ocurría en los días del paro de septiembre, y cuyo desenlace fue acelerado con el paro: la negociación que hacía el Presidente Funes con Estados Unidos para conseguir apoyo del gobierno estadounidense para el combate de la delincuencia y la criminalidad.

El primer día del paro coincidió con la ausencia del Presidente, quien ese día se encontraba en Los Ángeles, reunido con el alcalde de esa ciudad, Antonio Villarraigosa. Tres días después, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, declaró que más que México -que “ya tiene la capacidad y la está usando” con asistencia estadounidense para combatir a los cárteles- le preocupaban países “pequeños” de Centroamérica y el Caribe “que no tienen esa capacidad”.

Tras una reunión con el Presidente salvadoreño a finales de septiembre, Clinton reafirmó el compromiso de Estados Unidos de ayudar a El Salvador en seguridad y desarrollo económico y giró instrucciones para la creación de un grupo de trabajo sobre esos temas.

Aunque Funes parece satisfecho con este paso, muchos salvadoreños ven con suspicacia esa “colaboración”.
Se remiten a los resultados y balances de la Iniciativa Mérida, en vigencia desde 2008 y cubriendo México, y también Centroamérica, aunque algunos gobiernos centroamericanos se han quejado de que va dirigida casi exclusivamente a México.

Las organizaciones que ven con escepticismo el Plan Mérida argumentan que es un calco del Plan Colombia, adaptado a otras circunstancias geográficas y temporales: es ayuda para la seguridad y muy pequeña ayuda para el desarrollo. El proyecto ha sido criticado no solamente por ser ayuda contrainsurgente solapada con el objetivo principal de complementar los esfuerzos políticos y económicos de Estados Unidos para contrarrestar los avances de proyectos políticos que pregonan la construcción del Socialismo del Siglo 21, sino también porque no ha logrado su objetivo explícito: combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Es evidente que el narcotráfico solo puede ser paralizado congelando su mayor mercado, que está en Estados Unidos. El 80% de las 75 mil armas decomisadas por el gobierno de México en operativos contra el narcotráfico
y el crimen organizado provienen de Estados Unidos.

La investigadora mexicana Teresa Fernández concluye: “La Iniciativa Mérida es parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que más que combatir el narco, pretende ampliar sus dominios militares y su hegemonía en territorio latinoamericano, tras sentirse amenazados frente a la avanzada de las fuerzas progresistas del sur del continente.” El paro de septiembre prácticamente dio luz verde para la ampliación del Plan Mérida en El Salvador.

¿LAS MARAS
SÓLO PUSIERON LA CARA?

Todo este entramado de beneficiarios del paro de septiembre hace muy difícil esclarecer quiénes fueron sus verdaderos autores. Es evidente que los pandilleros estuvieron involucrados. Su comunicado lo prueba. Pero es igualmente evidente que los intereses que las maras representaron son amplios y variados. Como dice un comunicado lanzado por diez organizaciones sociales en ese momento: “Es otro ejemplo de que en este sistema quienes más tienen que perder terminan poniendo la cara para que los más poderosos saquen provecho sin poner en juego su credibilidad política”.

El último día del paro, proclamando que “no nos vamos a dejar intimidar”, el Presidente Mauricio Funes sancionó
la ley de proscripción de pandillas, que según el comunicado de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 había sido la razón que les llevó a lanzar el paro.

La ley es de carácter administrativo y facilita, sobre todo, la investigación y desactivación de nexos financieros
de miembros de pandillas y maras a través de medidas dirigidas, principalmente, a controlar su patrimonio. Regula “la extinción de la titularidad, dominio, posesión o tenencia” de los bienes, efectivo, derechos, ganancias y ventajas que se hayan adquirido como parte de esa actividad delictiva”.

Aunque la ley declara la ilegalidad de las pandillas y maras, mencionando por nombres las cuatro mayores agrupaciones en el país, así como al grupo de exterminio “Sombra Negra”, tiene pocas novedades sobre la legislación ya existente en materia de asociaciones ilícitas y crimen organizado. A diferencia de la legislación antimaras de 2003, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema un año después, la nueva ley no tiene orientaciones que promuevan las redadas y capturas masivas de jóvenes que fueron características entre los años 2003 a 2006.

Los verdaderos efectos de la nueva legislación dependen de una reforma propuesta del artículo 345 del Código Penal, referente a las asociaciones ilícitas, mencionadas en la recién aprobada Ley de Proscripción. Esta modifición traería implicaciones penales más allá de las medidas administrativas. Posiblemente por eso, o por la poca y confusa información que circula sobre la ley incluso entre las mismas autoridades, a más de un mes de su entrada en vigor, la Ley de Proscripción de Pandillas aún no ha sido aplicada. Por ahora ha sido más eficaz en complacer a la opinión pública que en oscribir a estos grupos.

TENEMOS MÁS PREGUNTAS
QUE RESPUESTAS

Más de dos meses después del paro de transporte, que desencadenó un pánico desenfrenado entre la población salvadoreña, aún existen más preguntas que respuestas. El Comisionado Cotto explica que existen varias áreas de investigación: “Quiénes son los posibles organizadores, quiénes determinaron la distribución de los panfletos, quiénes fueron las personas que de voz en voz fueron diciéndole a los comerciantes y transportistas que no circularan, quiénes fueron los responsables de los hechos concretos de violencia que hubo...” Es evidente que son varios los grupos que coinciden en su interés por hacer real la propaganda arenera que pregona que el gobierno del FMLN es incapaz. ¿Hasta qué punto se ponen de acuerdo? ¿Hasta qué punto confían en la colaboración o en la aprobación de otros sectores? ¿O hasta que punto todo lo que sucedió fue pura casualidad? Aún es difícil saberlo.

SOCIÓLOGA. ESPECIALISTA EN VIOLENCIA SOCIAL.

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