Estremecimientos, temblores, waivers y narcos

En su “Oda a Roosevelt” Rubén Darío escribió: “Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes”. Las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos están en momentos de estremecimientos en el Norte y de hondos temblores en nuestras vértebras.

Equipo Envío

El 11 de mayo, durante un almuerzo que le ofrecía la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense, la recién llegada nueva embajadora de Estados Unidos, Phillys Powers, advirtió: es “muy difícil” que su gobierno conceda a Nicaragua las dos dispensas (waivers) que viene concediéndole desde hace años. No recibirlas podría significar importantes pérdidas para la frágil economía nacional y sería una muy mala señal para el gobierno de Daniel Ortega. Fue un estremecimiento franco e inesperado.

“EL ABUSO IMPERIAL”

El discurso breve, elegantemente diplomático y con observaciones convencionales, lo concluyó así la embajadora Powers “Debo ser honesta con ustedes. La persistente falta de transparencia fiscal, la incapacidad del gobierno de Nicaragua de tomar acciones concretas para resolver las nuevas tomas e invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses y, especialmente, las graves irregularidades del proceso electoral del año pasado y la ausencia de medidas que indiquen que se están mejorando las condiciones para las elecciones de este año, hacen que la decisión para el otorgamiento de las dispensas sea muy difícil”.

La advertencia cayó como balde de agua helada, de ésa que hace temblar. Preocupación e incertidumbre en todos los sectores de la vida nacional. Un mes después del discurso de Powers, ninguna reacción del Presidente Ortega, seguramente muy preocupado y probablemente ocupado en hacer algo para evitar un grave temblor nacional.

Después de dos semanas de silencio oficial, lo rompieron las declaraciones del asesor económico de Ortega, Bayardo Arce: “El waiver es la expresión del abuso imperial de Estados Unidos, que se erige en el juez supremo que anda decidiendo quién en el mundo es transparente, quién lucha adecuadamente contra el narcotráfico o quién respeta las propiedades de la gente…Si no nos lo dan, Nicaragua no podría seguir gastando lo mismo en la lucha contra el narcotráfico para que no les llegue la droga que ellos consumen mientras nuestro pueblo se ve afectado en educación, salud y alimentación”.

La retórica fue relevante siendo Arce eslabón clave en la alianza entre Ortega y el gran capital, el sector que mayor preocupación tiene por la cancelación de los waivers. Su velada amenaza fue una grave imprudencia.

POR LA COOPERACIÓN VENEZOLANA

El waiver de transparencia fiscal se concede anualmente. Se basa en una legislación estadounidense aprobada en 2008, que prohíbe al Departamento de Estado y a la USAID brindar cooperación bilateral a cualquier gobierno que no publique con total transparencia su presupuesto nacional, incluyendo ingresos, egresos, el nivel de endeudamiento público y otros datos, abiertos al escrutinio y a la rendición de cuentas. El gobierno de Ortega ha tenido que responder a presiones del FMI y del BID para hacer públicos algunos datos sobre montos de la cooperación venezolana y sobre algunos programas so¬ciales que se financian con ella, pero esa información la ha dado a cuentagotas.

A pesar de todo, Nicaragua ha recibido el waiver, haciéndose Washington “la vista gorda”, en el entendido de que concederlo contribuye a los intereses nacionales de Estados Unidos. Ahora, ese criterio político, acompañado de un análisis técnico flexible parece haber sido desechado. Hay un nuevo consenso bipartidista: demócratas y republicanos consideran que las elecciones de noviembre de 2011 que condujeron a Ortega a un nuevo período de gobierno estuvieron llenas de “graves irregularidades”, lo que no consideraron en los comicios que Ortega ganó en 2006.

Si el waiver de la transparencia fiscal se suspendiera, la cooperación bilateral de Estados Unidos para 2012-2013, de sólo unos 20 millones de dólares, se cancelaría, pudiendo trasladar Estados Unidos estos recursos a organizaciones de la sociedad civil. El temblor no sería grave, pero el estremecimiento que expresaría el Norte al cancelar ese waiver contribuiría a deteriorar la imagen internacional del gobierno de Ortega. Estados Unidos podría inclinarse por esta sanción. Es la más benigna: enviaría un mensaje negativo a Ortega, pero no afectaría gravemente la economía del país.

POR PROPIEDADES CONFISCADAS

El waiver de la propiedad responde a una ley estadounidense más antigua, que prohíbe al gobierno de Estados Unidos cooperar con cualquier país que haya confiscado propiedades a algún ciudadano o empresa estadounidense sin devolverlas o indemnizarlas. Esta ley obliga al gobierno de Estados Unidos a vetar cualquier préstamo que las instituciones financieras internacionales brinden a ese país. En 1994 esta ley empezó a aplicarse a Nicaragua y año tras año ha sido desde entonces punto central en la agenda de las relaciones bilaterales.

El récord de Ortega es bueno. Durante su primer gobierno se resolvieron más casos que en el gobierno de Bolaños. Entre 2007 y 2011, la Procuraduría General de la República, institución encargada de resolverlos, solucionó 271 casos. Para 2012 la meta era tener resueltos 64. En gaveta hay más de 370 pendientes.

Si el waiver de la propiedad se suspendiera, las consecuencias económicas serían dramáticas para el país. El temblor sería terremoto. Estarían en juego los préstamos del BID para 2012 ($234.5 millones) y hasta para el próximo quinquenio, ya en proceso de negociación ($171.2 millones anuales). Estaría en riesgo el desembolso del Banco Mundial para 2012 ($65 millones) y para 2013 ($45 millones) Y estaría en peligro también el programa para cinco años que el gobierno de Ortega negocia con el FMI.

Desde la suspensión en 2008 de la Cuenta Reto del Milenio y del apoyo presupuestario de la Unión Europea a causa del fraude electoral en las elecciones municipales, y por consecuencia de los recortes o salidas del país de la cooperación de ocho países europeos, Nicaragua ha perdido unos 300 millones de dólares. Desde entonces lo ha compensado con la cooperación venezolana.

Desde 1994 cuatro gobiernos nicaragüenses de distinto signo han recibido ininterrumpidamente el waiver de la propiedad. Para conseguirlo, el Estado de Nicaragua ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones, que representan hoy un 45% de nuestra deuda interna. Ahora el panorama ha cambiado, no tanto porque no se continúen solucionando casos, sino porque el segundo período de Ortega inició con confiscaciones de muy valiosas propiedades de extranjeros -tres han recibido atención detallada de los medios-, y aunque no eran de ciudadanos estadounidenses, el giro drástico en la dinámica de estricto respeto a la propiedad privada dado por Ortega a partir de 2012 es lo que hace tambalear la concesión del waiver.

A ese giro hay que sumar la información brindada en Managua por Gonzalo Gallegos, director para Centroamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, que informó en abril que en los últimos doce meses el gobierno había ejecutado “diez confiscaciones de facto” a ciudadanos de ese país, casos que no son públicos y a los que seguramente se refirió la embajadora Powers cuando habló de “invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses”. ¿Qué pesará más para Washington, los casos resueltos o las nuevas confiscaciones?

LA SECUENCIA INICIÓ EN 2008

La franca advertencia de la embajadora Powers es el último capítulo de una secuencia de “estremecimientos”. Después del documentado fraude en las elecciones municipales de noviembre de 2008, el gobierno de Estados Unidos reaccionó cancelando la Cuenta Reto del Milenio, que había beneficiado a productores y a la infraestructura del Occidente de Nicaragua durante tres años. 67 millones de dólares en varios proyectos pendientes se perdieron por el fraude. Pero Ortega se declaró ajeno al temblor, dijo que la CRM había sido “un engaño” y aseguró que Caracas sustituiría a Washington en esa zona del país, lo que nunca ocurrió.

En octubre de 2009 el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, criticó así la recién publicada resolución de la Corte Suprema de Justicia que le permitió a Ortega ser candidato a la reelección: “Desde nuestro punto de vista, la Corte Suprema actuó de forma indebida y atípicamente precipitada, en secreto, con la participación de jueces de un solo movimiento político, y sin debate público ni discusión”. Horas después, dirigidos por un diputado del FSLN, activistas del partido de gobierno hicieron estallar morteros contra la embajada de Estados Unidos, mancharon sus muros y exigieron declarar “non grato” a Callahan. Desde entonces y hasta hoy la inconstitucional reelección de Ortega ha estado presente en los debates del Congreso de Estados Unidos.

En diciembre, menos de un mes después del fraude electoral de 2011, se celebró en el Congreso de Estados Unidos una audiencia titulada “Nicaragua: democracia secuestrada”, que concluyó con unas resoluciones finales que eran una cadena de “estremecimientos”. El punto 4 planteaba “Instar al Presidente Barack Obama, y a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, a que de forma inmediata adopten medidas significativas para fomentar la restauración del orden constitucional en Nicaragua, haciendo oposición a que instituciones financieras internacionales aprueben créditos para el gobierno de Nicaragua”. Ortega no se dio por aludido, confiando en que cualquier sanción dependería de que los republicanos ganaran o no las elecciones en Estados Unidos.

Pero al mes siguiente Clinton reaccionaba con una declaración en la que su gobierno asumía las severas críticas de los informes de la OEA y de la Unión Europea sobre las elecciones que llevaron a Ortega a un segundo período de gobierno. Clinton anunciaba que, por esas irregularidades, Estados Unidos ejercería un “escrutinio severo” a los fondos de proyectos brindados por el BID y el Banco Mundial a Nicaragua. La presión iba en serio. Esta vez el gobierno de Ortega lo captó, expresándolo en la extremadamente cautelosa respuesta que dio la Cancillería.

Es éste un breve recuento de las escenas más relevantes de la secuencia que precede a la franca advertencia de la embajadora Powers.

CON ACENTO ELECTORAL

En esta secuencia lo predominante ha sido lo electoral: el fraude de 2008, perfeccionado en el de 2011 y más relevante por tratarse de la elección presidencial, y la inconstitucionalidad de la reelección de Ortega. En Washington se considera que en Nicaragua se ha producido “un retroceso” en la democracia.

Por el énfasis en lo electoral, consciente Ortega de que esos estremecimientos podrían terminar causándole graves temblores, y consciente también de las negativas evaluaciones que sobre las elecciones de 2011 hicieron las misiones de observación de la OEA y de la Unión Europea, envió a la Asamblea Nacional en abril una propuesta de reforma a la Ley Electoral pretendiendo con ella alguna benevolencia internacional y legitimidad para los comicios municipales de este próximo noviembre.

Las reformas no fueron apreciadas como significativas en aspectos fundamentales por los organismos de observación electoral nacionales porque apenas cambian nada -se reconocen como aspectos positivos sólo dos: un mecanismo para depurar el viciado padrón electoral y la entrega de credenciales a los fiscales en los municipios y no en Managua- y porque lo que cambian no resulta sustancial para devolverle credibilidad al colapsado sistema electoral.

El Grupo Promotor de las Reformas Electorales y otras organizaciones nacionales han reiterado con insistencia que el problema del sistema no es tanto la Ley, sino quienes la vienen administrando desde 2008 con criterios parciales y poco transparentes siempre para favorecer al FSLN.

Esto quedó nuevamente demostrado cuando, aún antes de aprobadas las reformas, el Consejo Supremo Electoral no admitió ninguna de las inclusiones, aclaraciones y cambios que propuso la Alianza PLI en el calendario electoral. Y cuando, después de aprobadas, el CSE distribuyó entre el FSLN y la Alianza PLI las autoridades departamentales que presidirán las elecciones municipales de noviembre, no respetando la equidad en la proporción poblacional adjudicada a la Alianza PLI, favoreciendo así al FSLN. Aún no está claro si en las actuales condiciones la Alianza PLI participará o no en las elecciones. El FSLN, que se adjudicó fraudulentamente 40 de las 119 alcaldías que hoy gobierna, anuncia que tiene “posibilidades reales” de ganar en 130 de las 153 municipalidades.

“UN PROCESO” RELÁMPAGO

Algunas representaciones diplomáticas de la Unión Europea vieron positivas las reformas electorales y expresaron confianza de que fueran “el inicio de un proceso” para reformas más profundas. Pero el proceso inició con una consulta relámpago que prácticamente no incluyó nada de lo que plantearon los consultados y las reformas fueron aprobadas, tal como se esperaba y con muy ligeros cambios, con los votos de los 63 diputados del FSLN en la Asamblea y con los de 23 de los 26 diputados de la bancada de la Alianza PLI, todos del grupo de Eduardo Montealegre, que declaró que había que ser “inteligentes” para ver las reformas como una “oportunidad para profundizar la democracia”.

La votación casi unánime que tuvieron las reformas de Ortega permitió al gobierno alardear de que tenían el “consenso” de la oposición y le ganó al grupo de Montealegre una oleada de críticas de la oposición no organizada partidariamente.

Con mayor cohesión, los 26 votos de la Alianza PLI rechazaron días después las reformas elaboradas por Ortega a la Ley de Municipios, que cuadriplicarán el total de concejales en las alcaldías del país.

EL ÚNICO EN EL ALBA

Si Ortega decidió hacer algunas reformas a la Ley Electoral (diminutas, cosméticas, insuficientes: así fueron calificadas) para legitimarse internacionalmente, no hubo ninguna reacción que indicara que ha logrado ese objetivo. Sólo un cambio en los magistrados del Poder Electoral podría emitir una señal más persuasiva y convincente. Mientras una mayoría de sectores de la opinión pública reclaman que hay que cambiar a todos los magistrados del CSE, para el grupo de Montealegre bastaría con un primer paso: cambiar a dos o a tres.

Pero Ortega no da señales de cambios ni profundos ni leves en el Poder Electoral. (¿Refleja esa terquedad las pugnas internas que atraviesan el FSLN?) La embajadora Powers expresaba implícitamente que un cambio en el Poder Electoral es lo que espera Washington, cuando aún después de presentadas y prácticamente aprobadas las reformas de Ortega, advirtió que no hay medidas “que indiquen que se están mejorando las condiciones para las elecciones de este año”.

Las buenas relaciones del gobierno de Daniel Ortega con Estados Unidos se han ido empañando cada vez más por cuestiones electorales. Si Estados Unidos tiene reticencias con todos los países del ALBA por varias razones, al único país de este grupo al que le ha señalado “irregularidades electorales” es a Nicaragua, actualmente el único país latinoamericano con récord de elecciones fraudulentas.

TRES TAREAS DE CONTROL

Desde que inició en 2007 su primer período constitucional, Daniel Ortega privilegió el establecer relaciones armónicas con su tres mayores adversarios en los años 80: el gran capital nacional, la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno de Estados Unidos.

A pesar de sus frecuentes discursos contra la política exterior de Estados Unidos, contra su “capitalismo salvaje”, incluso contra el Presidente Obama, Ortega ha basado sus buenas relaciones con el vecino del Norte en una economía fiel a las leyes del libre mercado y en políticas que garanticen la seguridad de Estados Unidos: control de los emigrantes que desde el Sur pretenden llegar al Norte, control del terrorismo internacional y control del narcotráfico.

El control de los emigrantes que buscan “el sueño americano” resulta relativamente sencillo en Nicaragua. En Managua funciona un centro de retención de emigrantes ilegales capturados en su tránsito por Nicaragua camino al Norte. Los hay de de Asia, de África y de América Latina, pero son poco numerosos en relación a lo que sucede en México, por ejemplo. De todas formas, el gobierno cumple esa tarea y esos pocos son capturados, apresados y casi siempre deportados.

El control del terrorismo internacional está vinculado al control de emigrantes y a otros aspectos. Y aunque en esta tarea Ortega se ha visto en problemas por sus relaciones abiertas o descubiertas con la guerrilla colombiana de las FARC, con el apoyo al programa nuclear de Irán o a la Libia de Gadafi, y estas amistades han generado cierta preocupación en el Norte, hasta ahora no han afectado significativamente las relaciones con Estados Unidos.

TAREA ESTRELLA:
CONTRA EL NARCOTRÁFICO

La apuesta más fuerte para mantener buenas relaciones con Estados Unidos la ha dado Ortega en el combate al narcotráfico.

En agosto de 2007, poco después de iniciado el primer gobierno constitucional de Ortega, la ex-diputada Dora María Téllez reflexionaba así en una charla con Envío: “La política de combate al narcotráfico es una novedad. Para apreciar su novedad basta recordar que en estos últimos años fueron jueces y magistrados del FSLN quienes han liberado a muchos narcotraficantes. Y que fueron jueces y magistrados del FSLN quienes se vieron involucrados en la sustracción, desde la Corte Suprema de Justicia, de más de medio millón de dólares procedentes del narcotráfico. Está claro, pues, que la política de contención del narcotráfico es una política del gobierno de Daniel Ortega, pero no era una política de Daniel Ortega antes de llegar al gobierno”.

Las relaciones políticas, comerciales y las delincuenciales siempre dejan huella y consolidan vínculos y experiencia. Durante el gobierno del FSLN en los años 80, varios de sus dirigentes coquetearon y llegaron a compromisos con el entonces poderoso cartel de Medellín y con su cabecilla Pablo Escobar.

El hijo de Escobar ha hablado públicamente de los períodos de su infancia que estuvo viviendo en Nicaragua. Y en una entrevista de 2008 el recientemente fallecido Tomás Borge, Ministro del Interior en los años 80, admitió haber recibido una oferta de Escobar para que Nicaragua fuese “un lugar intermedio para tráfico de drogas” a cambio de 50 millones de dólares.

Aunque Borge dijo no haber aceptado la oferta “por principios”, son varios los informes y libros que han circulado en Estados Unidos dando cuenta de que Borge autorizó esas operaciones y las coordinaba. Y algunos de sus subordinados del Ministerio del Interior fueron fotografiados con las manos en la blanca masa.

Después del fin de la Revolución, en 1992 el gobierno de Nicaragua firmó con Estados Unidos un convenio bilateral de cooperación para interceptar drogas en aguas nicaragüenses. Nicaragua fue el primer país de Centroamérica que aceptó ese convenio y desde entonces las fragatas del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, con un helicóptero de la DEA, patrullan el Caribe, permaneciendo principalmente en aguas nicaragüenses. Ésa es una de las razones por las que en Nicaragua se incauta más cocaína que en otros países de la región.

CADA VEZ MÁS PRESENTE

En diciembre de 2010 el experto en seguridad del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Roberto Orozco, compartió con Envío datos interesantes sobre el incremento de la actividad del narcotráfico internacional en Nicaragua. Si en 2005 se incautaron 7,311 kilos de cocaína, en 2008 fueron ya 15,352 kilos y la tendencia ascendente se ha mantenido.

La versión oficial es que la Policía Nacional es cada vez más eficaz y que Nicaragua es sólo lugar de paso de la droga. Otro dato lo cuestiona: en 2008 fueron capturadas por narcotráfico internacional 1,887 personas, sólo 2.4% extranjeros. En 2009 fueron capturadas 2,179 por narcotráfico internacional, sólo 4% extranjeros.

Orozco explica que el incremento de los decomisos indica que “hace unos tres o cuatro años los países de Centroamérica, también Nicaragua, dejaron de ser solamente ruta de tránsito para convertirse en plazas que ofrecen apoyo decidido a las estructuras internacionales del narcotráfico: información de inteligencia, seguridad, logística, embodegaje de la droga”.

Esto es más que evidente en zonas del Caribe Norte y Sur, en donde el narcotráfico internacional ha creado ya una amplia y conocida base social. Por otra parte, la participación de cada vez más nicaragüenses, tanto en el tráfico internacional como en el nacional, “implica que hay zonas de nuestro país con cada vez mayor presencia del narcotráfico internacional y que cada vez hay más ciudades de Nicaragua con personas dedicadas al mercado interno de drogas”.

“UN NIVEL DE PENETRACIÓN
INSTITUCIONAL PRIMARIO”

Según Orozco, un mercado interno amplio y en ascenso, como el que ya existe en el Caribe, en otros lugares de Nicaragua y en Managua (calculó ganancias semanales de 170 mil dólares sólo por narcomenudeo en la capital), no puede funcionar “sin estructuras internas del crimen organizado en varios municipios del país. Esto demuestra también un cierto nivel de penetración de las instituciones en donde es mayor la presencia del crimen organizado local, donde hay una intensa actividad del narcotráfico y donde se mueve mucho dinero proveniente de la droga”.

Es en esos lugares en donde la Policía Nacional ha tenido que enfrentar en los últimos años casos de corrupción interna, divulgados en los medios de comunicación por informes de la propia Policía, pero interpretados oficialmente como piezas sueltas de un rompecabezas que a la sociedad le cuesta mucho armar porque predomina el discurso oficial: somos el país más seguro de Centroamérica y damos los más duros golpes al narcotráfico internacional. Sin embargo, cada vez resulta más insustancial compararnos con lo que sucede en Honduras, Guatemala o El Salvador. Debemos compararnos con lo que sucedía en Nicaragua hace sólo cinco años.

Orozco señala la penetración del narcotráfico internacional en estructuras policiales -y judiciales- de cuatro departamentos del país: Rivas, Bluefields, Bilwi y Chinandega. Y se pregunta: “¿Son casos aislados, como dice la Policía Nacional? Observamos un patrón que nos indica otra cosa. Nos indica que hay sectores geográficos que tienen ya estructuras del crimen organizado local y que están inmersos en actividades de apoyo al crimen organizado trans¬na¬cional. Lo que estamos viendo es que del expendio y el consumo estamos saltando a un nivel institucional primario. Es algo muy preocupante porque así comenzó la expansión del narcotráfico en México”.

EL ASESINATO
DE FACUNDO CABRAL

Es en este contexto de presiones crecientes de Estados Unidos, de crisis en las relaciones de Ortega con Washington -estremecimientos en cadena y amago de severos temblores-, es en este contexto de silencios oficiales y de amenazas de Arce de reducir esfuerzos en el combate al narcotráfico, en donde hay que situar el último de los escándalos de corrupción al que asistimos en Nicaragua, relacionado con el asesinato de Facundo Cabral.

En julio de 2011 fue tiroteada en ciudad Guatemala la camioneta que llevaba al aeropuerto al cantautor argentino. La conducía el nicaragüense Henry Fariñas, que vivía en Guatemala. Cabral murió y Fariñas quedó gravemente herido. En Nicaragua la noticia impactó únicamente porque Cabral era conocido y querido y apenas hacía horas que había cantado en Managua.

Todo el mundo se preguntaba quién era Fariñas. Las autoridades lo identificaron como un empresario de clubes nocturnos, la cadena Élite. Guatemala apresó pronto a quienes dispararon, concluyó que el blanco del ataque era Fariñas y que los sicarios trabajaban para Alejandro Jiménez, el “Palidejo”, un costarricense de 38 años, capo del narcotráfico regional. Ya recuperado, Fariñas quedó bajo la figura de “testigo protegido” en Guatemala y “habló”. Entre otras cosas, se informó que Jiménez quiso matarlo porque quería apoderarse del club Élite de Managua y también que se trató de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.

El 12 de marzo de 2012 fue capturado en Colombia el Palidejo, cuando viajaba desde Panamá. Costa Rica lo tenía ya circulado por lavado de dinero, pero Guatemala pidió su extradición y allá se le juzga. El Palidejo viajaba con cédula y pasaporte nicaragüenses. El director de la Policía de Colombia declaró que este hombre es un enlace entre un cartel colombiano y el cartel de Sinaloa, uno de los carteles mexicanos que actúa en Centroamérica. El hermetismo mantenido durante tantos meses por todas las autoridades de Nicaragua sobre el caso Cabral, aun cuando Nicaragua estuvo implicada desde el primer día, no dejaba de llamar la atención.

El 29 de marzo Henry Fariñas fue detenido en el aeropuerto de Managua. El 1 de abril la Fiscalía de Nicaragua lo acusó a él, a su hermano y a otros socios vinculados al club Élite por crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas. En cables internacionales Fariñas y su grupo aparecían trabajando para el Palidejo, y específicamente para el cartel de La Familia Michoacana, del que nunca se había escuchado hablar en Nicaragua. La detención de Fariñas coincidió en los mismos días con la “Operación Dominó” contra La Familia, en la que participaron fuerzas policiales de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y en la que fueron capturadas 55 personas e incautados más de 2 mil kilos de cocaína y 20 vehículos.

Hasta ahí, estábamos ante un caso más de dos narcotraficantes detenidos, importantes por su relación con la muerte de Cabral.

“UNA ESTRUCTURA PARALELA”

En las audiencias preliminares Fariñas dio un inesperado relieve al caso cuando declaró que en la Policía Nacional existe una “estructura paralela” que trabaja con el Palidejo y que lo mantenía amenazado de muerte “para que no hablara”. En esos mismos días fueron pasados a retiro varios comisionados mayores, entre ellos el subdirector de la institución, Carlos Palacios, durante años encargado de la dirección anti-drogas de la Policía. La directora de la Policía, Aminta Granera, negó cualquier relación con el caso Fariñas.

En medios escritos, hablados y televisados, y ante el CENIDH, dos de las hermanas de Fariñas amenazaron con destapar una “olla podrida” en la Policía, advirtiendo que varios comisionados mayores eran habituales del club Élite donde se reunían amigablemente con el Palidejo. Dijeron que tenían fotos y videos que lo probaban y que los darían a conocer.

UN NARCOMAGISTRADO

Después de este anuncio, el caso tomó más relieve y un rumbo inesperado. El 27 de mayo, la Policía detuvo al magistrado suplente del Poder Electoral, Julio César Osuna, a su hermano, y a otras diez personas -once más están prófugos-, entre ellas una de las hermanas de Fariñas que hablaron de los videos, acusándolos de trabajar para “Los Charros”, una banda de La Familia ligada a las estructuras del Palidejo.

Con gente del llamado grupo “Fresa” el magistrado Osuna se dedicaba a fabricar y vender cédulas de identidad nicaragüenses a la gente del Palidejo desde las instalaciones y con los equipos del Poder Electoral. La cédula nica sirve para circular libremente por El Salvador, Honduras y Guatemala por el convenio CA-4.

Osuna elaboró la cédula nica que tenía el Palidejo en 2008. La Fiscalía acusa a Osuna de “falsedad ideológica” y a su grupo de crimen organizado y de transporte internacional de droga, ya que entre las varias acciones delictivas que le señala está el traslado mensual a Costa Rica de millones de dólares en un vehículo del Consejo Supremo Electoral. Osuna es hermano de María Haydée Osuna, recién electa presidenta del PLC, y llegó al cargo de magistrado de la mano de Arnoldo Alemán.

¿UN CASO AISLADO?

Si tan sólo unos días después del asesinato de Facundo Cabral la Jefa de la Policía Aminta Granera dijo tener “plenamente identificado” al Palidejo, tenía que saber que vivía en Nicaragua y se movilizaba con falsa ciudadanía nicaragüense. Sabiendo eso, y a pesar de que desde el año 2008 había descubierto la Policía cédulas de identidad nicaragüenses en manos de narcotraficantes colombianos y de otros delincuentes, llamó mucho la atención que la Policía actuara hasta ahora en este caso y que Granera declarara que Osuna era sólo “un caso aislado”.

Los magistrados del Poder Electoral, que en otro país hubieran puesto su renuncia, en Nicaragua declararon no saber nada de lo que hacía Osuna en el mero seno del CSE. “No tenemos que estar metidos en un problema que no es nuestro”, dijo el magistrado Rivas. El Vicepresidente de la República, el ex-general Halleslevens, declaró que se trataba de un “pecado individual porque las instituciones no pecan”.
El magistrado Benavides afirmó que no tenía sentido renunciar, porque el tiempo para abandonar el Poder Electoral “sólo lo sabe Jehová”. El investigador Roberto Orozco fue categórico: “El caso Osuna nos demuestra que la penetración institucional del crimen organizado ya rebasó el nivel primario, ya penetró las instituciones nacionales”.

Mayoritariamente, la opinión pública, desde el gran capital hasta la totalidad de las organizaciones sociales, coincidieron en que el caso Osuna le brinda al Presidente Ortega la oportunidad de limpiar el Poder Electoral, sustituyendo por fin a los magistrados electorales, la mayoría de ellos ya con cargos vencidos, y su presidente Roberto Rivas señalado de graves casos de corrupción con los recursos del CSE, hecho que ninguna institución ha querido investigar.

MÁS PREGUNTAS
QUE RESPUESTAS

Dos cosas quedan claras en el complejo rompecabezas que se ha abierto con este caso. Primera: si Facundo Cabral no hubiera sido la víctima de aquel tiroteo, nada o casi nada sabríamos de hasta dónde nos ha llevado ya el narcotráfico internacional. Segunda: lo poco que hemos ido sabiendo parece más el resultado de decisiones políticas tomadas al más alto nivel que el fruto de una investigación independiente de la Policía.

¿Es Osuna responsable, pero sólo un chivo expiatorio en este delicado momento político? ¿Es chivo expiatorio para que la mancha caiga sobre el PLC? ¿Habrá fabricado el gobierno esta excusa para desviar la atención de la Policía y centrarla en el CSE? ¿Tiene la detención y el juicio contra Osuna alguna relación con mejorar las relaciones con Estados Unidos en el tema que es más sensible para Washington? ¿No conoce suficientemente bien la DEA todo lo que el gobierno no está diciendo en el caso Cabral?

¿Será el caso Osuna la ocasión que el gobierno ha escogido para hacer algunos cambios en el Poder Electoral, dando así una señal a Estados Unidos? ¿Habrá cambios y serán sustanciales? ¿Tendremos un Poder Electoral con autoridades neutrales, imparciales y sin sesgos partidarios?

¿Será esto lo que veremos tras el caso Osuna? La embajadora Powers admitió que “ya estaban negociando”. ¿O creerá Ortega que al final Estados Unidos terminará concediéndole los waivers porque la economía de Nicaragua va muy bien según los criterios del Norte y porque castigar a Nicaragua podría significar desestabilizar más la región, mientras que él le garantiza a Washington una doble estabilidad: lucha en firme contra el narcotráfico -lo prueba Osuna- y a la vez impide que los carteles luchen desde abajo en Nicaragua porque él los controla desde arriba?

Tal vez, sólo tal vez, algunas de estas interrogantes se irán despejando en los próximos meses, meses cruciales para Nicaragua por los nuevos temblores que auguran la situación económica internacional, la grave salud de Chávez y los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

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