Militares en el banquillo y reformas constitucionales

El mundo, América Latina, Centroamérica, están viviendo una gran transformación. Sin terminar de enfrentar la impunidad de los violadores de los derechos humanos de miles de personas, ejemplarizados en sólo algunos militares, hoy en el banquillo, nos toca enfrentar la impunidad de los violadores de los derechos económicos y sociales de gran parte de nuestras poblaciones. Habrá que hacer convergentes nuestras luchas de ayer con las de hoy.

Juan Hernández Pico, SJ

En este año 2012 han comparecido ante la justicia en Guatemala tres generales en retiro: Efraín Ríos Montt, Héctor Mario López Fuentes y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Ríos Montt, 86 años, ex-Jefe de Estado (golpista) de 1982 a 1983, fue ligado a proceso en febrero de 2012. El 30 de agosto la Sala IV de Apelaciones denegó el recurso planteado por su defensa porque los crímenes que se le imputaban caían bajo la amnistía decretada por la Ley de Reconciliación de 1996, pero esta ley no es de “punto final” y exceptúa de la amnistía la tortura, la desaparición forzosa, el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. Héctor Mario López Fuentes, 81 años, fue Jefe de Estado Mayor de la Defensa de 1983 a 1985. José Mauricio Rodríguez Sánchez fue jefe del G-2 (Inteligencia) del Ejército entre 1983 y 1985.

POR CRÍMENES Y MASACRES

Ríos Montt está acusado de ser el actor intelectual de la masacre de la aldea Dos Erres en el Departamento del Petén, así como de numerosas masacres en el Triángulo Ixil -municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul en El Quiché-, considerados actos de genocidio. López Fuentes y Rodríguez Sánchez están acusados de organizar esas mismas masacres en el Triángulo Ixil, dentro de los planes militares Victoria 82 y Firmeza 83.

En 1995, un año antes de la firma de los Acuerdos de Paz, una patrulla del Ejército ingresó a la comunidad de retornados Aurora 8 de Octubre en el municipio de Chisec, Alta Verapaz y después de intercambios tensos con ellos, disparó contra varios grupos, matando a 11 personas, incluyendo niños, e hiriendo a otras 28. El juicio contra los miembros de la patrulla no prosperó y en su estadio de apelación las penas decretadas fueron anuladas, alegando que los crímenes habían sido “comunes” y caían bajo la amnistía de la Ley de Reconciliación Nacional.

En Guatemala sólo ha sido condenado en 1993 el sargento mayor del Ejército, Noel de Jesús Beteta Alvarez, a 30 años, por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack el 11 de septiembre de 1990. Diez años más tarde, en 2003, el coronel Juan Valencia Osorio, ex-jefe de inteligencia en el Estado Mayor Presidencial fue condenado también a 30 años como autor intelectual del asesinato de Myrna Mack. Pero cuando la Policía Nacional Civil fue a capturarlo a su domicilio
no lo encontraron. Hoy sigue prófugo de la justicia. En el mismo juicio de casación de la Corte Suprema de Justicia, último e inapelable peldaño del sistema judicial guatemalteco, fueron absueltos por este crimen el general Edgar Godoy Gaitán, jefe del Estado Mayor Presidencial, y el teniente coronel Juan Guillermo Oliva Carranza, segundo al mando de Valencia Osorio.

En 1999 fueron condenados a 20 años de prisión el coronel Byron Lima Estrada y el capitán Byron Lima Oliva, su hijo, por complicidad en el asesinato del obispo Juan José Gerardi el 26 de abril de 1998. El coronel Lima Estrada acaba de salir en libertad por reducción de la pena por buena conducta. Al salir declaró a la prensa que se iría de Guatemala porque su vida está en peligro. El tribunal que condenó a los Lima dejó abierto proceso contra otros oficiales del Estado Mayor Presidencial, pero nunca se continuó ese proceso.

En agosto de 2011 fueron condenados a más de 6 mil años de prisión tres oficiales del Ejército de Guatemala como autores materiales de la masacre de la aldea Dos Erres.

TRES RAZONES
DE ESTOS JUICIOS

Excepto en el caso Mack, nunca antes se había llegado a enjuiciar a generales del Ejército. ¿Qué es lo que lo ha hecho posible ahora? La respuesta es al menos triple. Primero, el esfuerzo de las organizaciones de víctimas, que se han mostrado decididas durante años a pedir responsabilidades penales contra estos militares, a quienes hacen responsables de haber quitado la vida injustamente a miles de ciudadanos. Segundo, la necesidad del Estado de dar muestras de que la justicia es posible en Guatemala, a pesar del estatus privilegiado de los militares y del golpe que su condena supondría para el Ejército. Tercero, el valor y la honestidad de algunos jueces, tanto mujeres como hombres, al frente de los juzgados de alto riesgo.

A pesar de esto, es destacable que no se haya tocado aún al general retirado Benedicto Lucas García, primer presunto autor y planeador de la estrategia de masacres y tierra arrasada que comenzó en el país en 1981, incluido en una acusación presentada por la Fundación Rigoberta Menchú ante la Audiencia Nacional de España. Benedicto Lucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia del general Fernando Romeo Lucas García, ya fallecido, estudió en la escuela de oficiales militares de Saint Cyr y participó en la guerra contra los argelinos independentistas en el Norte de Africa, según sus propias declaraciones. Tocar a Benedicto Lucas sería tocar al máximo icono del Ejército, a quien, en la memoria de los militares guatemaltecos, se debe la victoria militar sobre la URNG.

SÓLO CHIVOS EXPIATORIOS

¿Puede decirse que juzgando a Ríos Montt a López Fuentes y a Rodríguez Sánchez, se estaría dando una lección importante al Ejército? No exactamente. Estos ancianos militares pueden ser chivos expiatorios, sobre todo ahora, cuando el político de los tres, Efraín Ríos Montt, ha visto ya casi disuelto su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), no tiene más que un único diputado en el Congreso, y su estrella política nunca alcanzó su ambición mayor: la Presidencia de Guatemala por elección democrática incuestionable e incuestionada. Tampoco su hija, Zury Ríos Sosa, ha logrado constituirse en heredera creíble de su padre.

Lo que sí puede decirse es el ascenso meteórico experimentado por el Ejército desde la presidencia de Alvaro Colom (2008-2012), situación reforzada durante los ocho primeros meses de la actual presidencia de Otto Pérez Molina. En el nuevo presupuesto de 2013 se asigna a la defensa un 23% más que el año anterior. Y ya desde el gobierno de Colom, cuatro nuevos destacamentos del Ejército han sido ubicados en antiguas posiciones geográficas (Playa Grande, Ixcán) y en nuevas posiciones (San Juan Sacatepéquez, en este caso para defender la nueva fábrica de cemento de los Novella). Toda la retórica del presidente Otto Pérez Molina sobre la seguridad tiene nombres de raigambre militar: habla de “fuerzas de tarea”.

35 REFORMAS CONSTITUCIONALES

Edgar Balsells y Edgar Pape han publicado en el cuaderno número 45 de Diálogo (FLACSO), inserto en “El Periódico” del 2 de septiembre, un estudio sobre el proyecto de reformas constitucionales que acaba de entregar al Congreso el presidente Pérez Molina.

Los cuatro capítulos sobre los que versan los 35 artículos constitucionales a reformar son: “Fortalecimiento del Sistema de Justicia y Seguridad”, “Transparencia y Rendición de Cuentas”, “Mejoras Políticas”, y “Reforzamiento
de la Fiscalidad y del Financiamiento”.

Los analistas señalan que en el cuarto capítulo el título es engañoso: los cambios constitucionales no “refuerzan”, porque no tocan el problema crucial: fortalecer al Estado con una fuente tributaria de ingresos que le dé capacidad para convertirse en un Estado socialmente eficaz para mejorar la vida de las mayorías excluidas. Ni siquiera las reformas propuestas retoman la meta del 12% del PIB para la recaudación tributaria, consensuada en los Acuerdos de Paz y todavía no alcanzada. Reconocen Balsells y Pape la importancia de aumentar el presupuesto del sistema judicial (del 2% al 4% del monto total) y del Ministerio Público (del 1% al 2% del monto total).

Estos dos analistas terminan así su estudio: “Acudimos a reflexiones sociológicas y de economía política que apuntan al hecho de que quien quiere variar los efectos, tiene que modificar las causas… Por ello, no podemos aceptar el encanto de una reforma llamada a cumplir el lobby de élites políticas y corporativas, sino en preparar condiciones para que un nuevo texto constitucional, democrático e incluyente, asuma la necesidad de legitimar la voluntad social de cambios económicos, que necesariamente pasan por un ‘fortalecimiento fiscal’ basado en la justicia y la equidad social”.

OTROS ASPECTOS CUESTIONABLES

Es además profundamente cuestionable que se traten en el mismo capítulo los temas de justicia y seguridad, sobre todo cuando la seguridad es un tema que pertenece al Poder Ejecutivo y la justicia al Poder Judicial. Es encomiable que se proponga una reforma constitucional que establezca que el ministro de la Defensa Nacional pueda ser un civil y no exclusivamente un militar. En cambio, cuando se ratifica que “el Ejército podrá apoyar a las fuerzas de seguridad civil en la seguridad interior”, y se consignan las formas de esa ayuda, se echa de menos que se diga que, cuando se incorpora a tareas de seguridad interna, el Ejército debe acomodarse, al realizar sus funciones, a la doctrina de la Policía Nacional Civil.

Y cuando se habla de la Policía Nacional Civil no se mencione que debe funcionar de acuerdo a una doctrina propia, que no tiene nada que ver con la que rige el funcionamiento del Ejército. Ésta fue una insistencia persistente de la ex-comisionada para la reforma de la PNC en tiempos de la presidencia de Colom, Helen Mack. Es lamentable que no se subraye en las reformas que, haya o no un ministro civil de la Defensa Nacional, el Ejército debe estar sometido en todo a la autoridad civil de la República, incluso si el Presidente es un general en retiro, como sucede ahora.

MINERÍA: REFORMAS

Una de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Otto Pérez Molina se refiere al tema de la minería, de enorme actualidad en América Latina y en muchas otras regiones del mundo.

La reforma dice: “El Estado podrá ser el titular de hasta el cuarenta por ciento de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales”. Hasta ahora el Estado debía recibir el 1% de los beneficios de toda explotación minera.

La Universidad Rafael Landívar, que fue consultada por el Presidente, al igual que otras universidades del país, observó que habría que proponer la reforma de la siguiente manera: “El Estado deberá ser el titular de un mínimo del cuarenta por ciento de la propiedad o participación patrimonial de toda empresa que explote recursos naturales no renovables”. Detrás del texto minimalista de la reforma propuesta por el Presidente, se encuentra probablemente la dura reacción de la empresa privada representada por el CACIF.

EN LA MIRA
DE LA CODICIA TRANSNACIONAL

Los agudos conflictos suscitados ya en Guatemala por la explotación de la mina de oro de San Miguel Ixtahuacán (San Marcos) y por las concesiones mineras en San José el Golfo, muy cerca de la Capital, así como los que se prevén al multiplicarse en el país este tipo de concesiones, plantean un panorama nuevo. Como el resto de Centroamérica, Guatemala no fue durante la Colonia española tierra de minas, tierra de oro y plata. Aquí, el “oro” fue la tierra. Pero hoy las exploraciones de las grandes compañías mineras de Canadá y Estados Unidos, y en general de la industria extractiva de recursos naturales no renovables, está descubriendo minas en Guatemala y en Centroamérica. Las minas, el agua para proyectos hidroeléctricos y hasta el agua potable, se están convirtiendo en nuevos productos codiciados por las grandes transnacionales.

También codician los aceites. Lo que ha ocurrido en el norte de Honduras en el Valle del Aguán está hoy ocurriendo en Alta Verapaz, en Guatemala: grandes extensiones de tierra están siendo compradas a precios bajos a millares de familias de campesinos indígenas para dedicarlas a la producción de palma africana para obtener los aceites que de esta planta se cosechan. La gran Franja Transversal del Norte está siendo pavimentada después de décadas de abandono desde que se trazó y está siendo ya bordeada por los ranchitos de multitudes de familias expulsadas de la tierra en que malviven.

No tardará en ampliarse la explotación petrolera, hoy confinada mayoritariamente a pequeños espacios del sur del Petén. Su incremento amenazará gravemente las reservas de la biosfera, de gran importancia para Guatemala y el mundo. Estos problemas y conflictos se hacen más complejos aún porque las tierras de minerales se entrecruzan con los territorios en los que habitan la poblaciones indígenas, provocando reclamos y recursos basados en la violación al Convenio 169 de la OIT.

El recuerdo de lo ocurrido con la importante hidroeléctrica del río Chixoy estimula las luchas contra los grandes
y pequeños proyectos hidroeléctricos esparcidos por Huehuetenango y El Quiché. El escándalo de la hidroeléctrica del Chixoy, que ilumina a grandes ciudades lejanas mientras las aldeas que la rodean permanecen sin luz desde hace 30 años, provoca que muchas poblaciones indígenas luchen contra los proyectos hidroeléctricos, incluso sin plantearse un balance racional de las ventajas y desventajas.

UNA LUCHA DIFÍCIL

La lucha competitiva por el agua y la madera, hoy una lucha global, está también afectando a Centroamérica. Desde que la mayoría de los Estados centroamericanos ratificaron el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, los proyectos hidroeléctricos, sobre todo los de gran envergadura -también los mineros-, se enfrentan con municipios y con territorios indígenas. Exigen ser consultados antes de que se diseñen y construyan. Varios de los países centroamericanos, especialmente El Salvador, están acercándose a una situación de estrés hídrico. Este gran problema del futuro cercano se agrava por la privatización de manantiales para la venta de agua embotellada y, sobre todo, por la deforestación que, con la excepción de Costa Rica, no se contrapone a proyectos eficaces de reforestación.

LAS NUEVAS IMPUNIDADES

La impunidad a la que estábamos acostumbrados hace años era la impunidad de los violadores de los derechos individuales de las personas. Una impunidad dramática cuyos efectos espantosos se contabilizaban en muchos millares de personas. Hemos de seguir luchando para combatir esa impunidad hasta que sea una pesadilla del pasado.

La impunidad con la que hoy nos enfrentamos es la impunidad de los violadores estructurales de los derechos sociales y políticos de ingentes multitudes, y de los derechos culturales que dependen de una situación de sanidad sociopolítica. Es la impunidad de los violadores de los derechos económicos de millones de gente sin empleo.

Es necesario reaccionar con fuerza, y mientras seguimos luchando contra la impunidad de los violadores de los derechos humanos personales, emprender una lucha convergente contra la impunidad de los que violan en forma sistemática los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de grandes franjas de la humanidad. Es importante abrir un diálogo para debatir estas proyecciones y para encontrar caminos que, sorteando los tremendos obstáculos actuales, nos lleven a profundizar la democracia.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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