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| Universidad Centroamericana - UCA |
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Número 367 | Octubre 2012 |
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Nicaragua
Noticias del mes
GRAVE PELIGRO AMBIENTALEn septiembre, el Centro Humboldt presentó un estudio alertando sobre el peligro ambiental que supone tanto la construcción como la futura operación de la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, el megaproyecto del ALBA en Nicaragua, que comprende una planta de refinación de petróleo, un oleoducto transocéanico y un complejo petroquímico. Este proyecto fue prometido desde 2007 por el Presidente Chávez, y aún está en sus fases iniciales. Afirma el estudio que esa refinería “es la obra ingeniera de mayor afectación ambiental potencial jamás construida en el país y fue insuficientemente consultada con sectores interesados y población circundante”. Considera que
“el megaproyecto implica la ocurrencia de riesgos ambientales inevitables a los ecosistemas marino-costeros y terrestres del Pacífico central de Nicaragua, por su fragilidad y por los altos riesgos en la zona asociados a amenazas naturales (terremotos, tsunamis, inundaciones, etc.)”. Señala que “la zona de emplazamiento de este complejo industrial se encuentra muy próxima a un área altamente sísmica, con presencia de al menos 7 epicentros en los últimos 10 años”. También advierte del riesgo de derrames por los grandes volúmenes de hidrocarburos que serían procesados (140 mil barriles diarios). Y considera que el megaproyecto aumentará la dependencia de hidrocarburos del país, lo que resulta contradictorio con la voluntad expresada por el gobierno de cambiar la matriz energética del país.
SATÉLITE NICARAGÜENSELaureano Ortega Murillo, representante de Pro Nicaragua -agencia estatal para atraer inversiones-, anunció que en tres años Nicaragua lanzará al espacio un satélite para telecomunicaciones, el Nicasat, parecido al enviado por Venezuela el 28 de septiembre desde territorio chino y similar al Simón Bolívar, lanzado en 2008. El satélite nica costará $300-350 millones y será construido por la empresa Gran Muralla China, que los ha construido para Venezuela y Bolivia. Otra empresa china se ha constituido en Hong Kong para invertir en otro megaproyecto de Ortega, el Gran Canal Interoceánico, cuyo costo se calcula en $30 mil millones. El economista Adolfo Acevedo comentó que, además de que la compra del satélite, elevará la deuda pública, la realidad es que “vamos a tener satélite y no tenemos aún capacidad para darle mantenimiento a los caminos, seguimos teniendo serios problemas con la infraestructura escolar, con la infraestructura de viviendas y para llevar agua potable y saneamiento a todas las comunidades del país”. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, celebró el anuncio del satélite porque con él Nicaragua mejorará su competitividad. Sobre la deuda que adquirirá el país, dijo: “Es el costo que conlleva el desarrollo”.
NARCOTRÁFICO – JUICIO (1)Entre el 22 de agosto y el 27 de septiembre se celebró en Managua el juicio oral y público -”el juicio del año” -contra 5 mujeres y 19 hombres acusados de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, que trabajaban en Nicaragua para la red narco dirigida por “El Palidejo”, preso en Guatemala, y al que se le acusa de autor intelectual del tiroteo en que murió accidentalmente el cantautor argentino Facundo Cabral. 22 de ellos fueron sentenciados a distintas penas por uno o varios de esos tres delitos. Los casos más relevantes eran el de Henry Fariñas, empresario de clubes nocturnos, contra quienes iban dirigidos los disparos que mataron a Cabral, y el de Julio César Osuna, magistrado del Poder Electoral, que le confeccionó una cédula de identidad nicaragüense al Palidejo, de nacionalidad costarricense. En el juicio participaron 58 testigos, la mayoría miembros de la Policía Nacional que actuaron encapuchados y que parecían repetir -incluso leer- libretos previamente preparados para que calzaran con la versión de la Fiscalía. En el juicio no hubo pruebas periciales, sólo pruebas testificales.
NARCOTRÁFICO – JUICIO (2)En su alegato final, Henry Fariñas repitió lo que dijo desde que fue apresado inesperadamente en Managua en marzo: que desde hace muchos años mantienes relaciones de amistad con la jefatura de la Policía Nacional -obvió nombres-. A partir de esos vínculos se preguntó cómo era posible que tuvieran relaciones con él si él era un delincuente. Añadió otro dato relevante: que una de las fincas que le imputan como ilegales se la donó Daniel Ortega a su padre. La investigación de la Policía y de la Fiscalía se detuvo en Fariñas y no avanzó más allá. Según la investigación policial, Fariñas creó 15 empresas “de maletín” para lavar dinero. En la elaboración de 7 de las 15 escrituras de esas empresas aparece como gestor José María Enríquez Moncada, abogado vinculado a los negocios de la familia Ortega-Murillo, y también socio de la Distribuidora Nacional de Petróleo, dirigida por una de las nueras del Presidente Ortega, empresa que distribuye el petróleo venezolano en la red de gasolineras del país.
NARCOTRÁFICO – TELEVISA (1)El 26 de agosto, iniciado el juicio contra la célula narco Fariñas-Osuna, la Policía Nacional (PN) presentó a 18 mexicanos que fueron capturados cuando circulaban por Nicaragua en 6 camionetas Van con el logo del emporio mexicano Televisa, equipadas con costosa tecnología de comunicación ($750 mil es el costo de cada una). En las camionetas les fueron decomisados $9.2 millones de dólares. Por informaciones de Costa Rica se supo que esta caravana con estos periodistas de Televisa había atravesado el istmo, pasando fronteras desde México a Costa Rica, al menos 16 veces de ida y 16 de vuelta durante los últimos dos años. Se conoció también que su paso por Nicaragua era conocido por funcionarios policiales, de aduanas, de migración y de turismo y que los mexicanos almorzaban y departían con algunos oficiales de la PN. La PN anunció que serían investigados. Una semana después, la Comisionada Mayor de la PN, Aminta Granera, declaró que la investigación no había encontrado nada y que almuerzos y contactos eran propios de “operativos de inteligencia”. Televisa tardó 17 días en reaccionar a lo sucedido en Nicaragua. Negó toda vinculación con el grupo y con los vehículos, pero periodistas mexicanos independientes -Carmen Aristegui, revista “Proceso”- demostraron pronto que las seis Van eran del consorcio televisivo. La PGR de México respalda a Televisa, empresa vinculada a Enrique Peña Nieto.
NARCOTRÁFICO – TELEVISA (2)El 7 de septiembre, en el discurso con que celebró el 33 aniversario de fundación de la Policía Nacional (PN), el Presidente Daniel Ortega tomó una singular distancia del gravísimo caso Televisa, minimizándolo al llamarlo “la telenovela Televisa”. Ese día anunció que de los $9.2 millones incautados en esa caravana de vehículos destinaría $7 millones a mejorar varios de los penales del sistema penitenciario nacional, en pésimas condiciones, y $2.2 millones a comprar nuevos vehículos-patrulla para varias unidades policiales. La decisión del Presidente, cuando aún los mexicanos detenidos no habían ido siquiera a la audiencia inicial, expresada en un simple discurso, sin siquiera un decreto, desconoce las leyes. La Directora de la PN la calificó de “muy sabia” y dijo aplaudirla. El gobierno de Ortega no ha tenido voluntad política para crear la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados o Abandonados, que la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado, ordenó desde hace dos años. Se calcula que en los diez últimos años esos bienes ascienden a 500 millones de dólares.
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIEROEl Presidente Ortega nombró el 21 de septiembre al mayor general del Ejército de Nicaragua Denis Membreño como director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Comisionado Mayor de la Policía Nacional Aldo Martín Sáenz Ulloa como subdirector. La UAF es una institución recién creada en Nicaragua y su tarea es perseguir el lavado de dinero procedente del crimen organizado. En Nicaragua es presidida por el Presidente de la República, lo que no ocurre en ninguna institución similar del continente, en donde la dirección es técnica, no política. El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, expresó que la designación de los dos militares “da una señal de tranquilidad porque los escogidos representan a dos instituciones apartidarias”. Otros sectores percibieron una señal de intranquilidad, temiendo que la “militarización” de la UAF facilite el que sea usada a discreción por Ortega como un instrumento de persecución política. Actualmente, unos 50 ex-miembros de alto rango en retiro, del Ejército y de la Policía, ocupan cargos importantes en el gobierno y en los negocios del ALBA en Nicaragua.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica