La migración “ilegal” de centroamericanos, nicaragüenses y chinandeganos

¿Qué logra la maquinaria ilegalizadora de la migración? Las políticas migratorias son un filtro, no un dique. ¿Qué cuela ese filtro? Esta investigación, ayudada de la herramienta de un censo realizado en Chinandega, muestra ciclos marcados por la geopolítica y por otros intereses. Y muestra que para la mayoría de migrantes centroamericanos el acto fundacional en su relación con Estados Unidos es la transgresión de las leyes de ese país.

José Luis Rocha

Los nicaragüenses son la décimo segunda nacionalidad de origen latinoamericano con mayor presencia en los Estados Unidos. Son 395 mil, de acuerdo a los recuentos más recientes del Pew Hispanic Center basados en la American Community Survey de 2011 y dados a conocer en junio de 2013.

LO QUE ENSEÑAN LOS MIGRANTES NICAS

Ocho de cada mil latinos, entre los casi 52 millones que viven en Estados Unidos, nacieron en Nicaragua o pueden rastrear sus orígenes entre ancestros nicaragüenses. Pero como los nicaragüenses en Estados Unidos tienen un peso demográfico muy inferior al de los salvadoreños -que suman casi 2 millones y ocupan el tercer lugar entre los latinos en ese país-, al de los guatemaltecos -con 1 millón 200 mil personas, colocados en sexto lugar- y al de hondureños -en noveno lugar con 702 mil inmigrantes-, la migración nicaragüense hacia Estados Unidos no ha sido tan iluminada por los reflectores académicos. Es un objeto de análisis menos atendido que la migración de otros grupos centroamericanos más masivos.

Esa predilección por los grandes números se ha pagado con un deslizamiento de algunos hallazgos hacia la falacia de la media tabla: dar por un hecho general lo que en realidad es una particularidad de un grupo o tener como particularidades de un grupo los rasgos que éste, según un análisis más cuidadoso, comparte con otros grupos. En este caso, la falacia consiste en que, dado que el centro del análisis de centroamericanos lo constituyen personas que provienen de países donde la migración a los Estados Unidos es aplastantemente mayoritaria, se desconoce el perfil de los centroamericanos que migran hacia otros países, en qué condiciones lo hacen y, por contraste, qué es lo verdaderamente específico de la migración centroamericana hacia Estados Unidos y las condiciones en que se realiza.

Siendo un país con un elevado número de emigrantes y con diversos destinos migratorios de importante peso relativo, Nicaragua ofrece ventajas para rastrear las particularidades de la migración a Estados Unidos. La variedad de destinos de los nicas permite contrastar los datos sobre la migración hacia Estados Unidos con los de la migración a Costa Rica, España y Panamá, que, en ese orden, figuran entre los derroteros más recurridos por los nicaragüenses.

Esta estrategia no escapa a las limitaciones de la media tabla porque en este texto no he aplicado los mismos instrumentos de recolección de datos a los países centroamericanos de mayor migración con rumbo norte, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Sería lamentable ganar la media tabla de la comparación con otros destinos perdiendo la media tabla de los países con mayor migración a Estados Unidos. Pero gracias a la abundante literatura diseminada por agencias estatales y académicas, la información disponible sobre los flujos migratorios de esos países permite aventurar ciertas generalizaciones con base en el caso nicaragüense. Y gracias a un censo migratorio ahora podemos añadir la ventaja de una comparación con otros destinos migratorios para penetrar en algunas especificidades que eslabonan, inducen, condicionan y/o alientan el sueño americano y sus pesadillas.

LA HERRAMIENTA:
POR FIN, UN PRIMER CENSO MIGRATORIO

Este censo migratorio -el primero- será mi principal instrumento en esta indagación. Fue realizado por el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua en la ciudad de Chinandega, por iniciativa y con el decidido apoyo de los Comités de Migrantes y sus Familiares, fundado en 2011 para defender los derechos de los migrantes y canalizar demandas de los migrantes y sus familiares ante las instituciones estatales de los países de origen/retorno, tránsito/filtro y deportación/destino de los migrantes chinandeganos.

Los Comités lanzaron la propuesta de un censo migratorio y proporcionaron valiosa información para lograr una casi exhaustiva cobertura de la ciudad de Chinandega. Algunos de sus miembros participaron en el diseño y validación del censo, pudiendo así enriquecer la pertinencia de las preguntas, y dando inicio a un proceso de apropiación de los resultados de una investigación que aún no concluye.

Con ayuda de un mapa georreferenciado de la ciudad, proporcionado por la oficina del catastro municipal, fue posible planificar una cobertura -barrio por barrio, casa por casa- casi exhaustiva de los hogares con migrantes. Al entrevistar a 2,636 personas, el censo abarcó a 2,591 hogares y contiene información de 4,349 chinandeganos que migraron entre 1955 y 2013: 3,569 migrantes activos y 780 retornados, 2,280 mujeres y 2,069 hombres.

LUGAR DEL CENSO: CHINANDEGA

Según el censo nacional de 2005, el municipio de Chinandega tiene un total de 25,879 hogares: 20,362 en zonas urbanizadas y 5,517 en zonas rurales. Su 78% de citadinos lo convierte en uno de los municipios más urbanos de Nicaragua, muy por encima del 56% de promedio nacional. Esto se debe al peso demográfico de la ciudad de Chinandega, con una población que llega a 120,808 habitantes (94,642 en la ciudad y 26,166 en las comarcas circundantes). Los 49 barrios de la ciudad de Chinandega abarcan 18,276 hogares. De los 3,296 hogares con migrantes internacionales en la que fue llamada “Ciudad de las Naranjas”, detectados por el Censo Nacional de 2005, el censo del SJM abarcó 2,591 hogares: casi el 80% de los hogares con al menos un miembro en el extranjero.

En el Censo Nacional 2005 la boleta emigratoria apenas contenía 13 variables y acopió los datos de 169 mil emigrantes en toda Nicaragua. El Censo del SJM incluyó 106 preguntas y acopia datos de 4,349 migrantes, exclusivamente de la ciudad de Chinandega. En resumen, la principal limitación del censo del SJM es su concentración geográfica. En compensación, gana en profundidad e intensidad: contiene más información sobre cada migrante y presuntamente llegó al 80% de los migrantes en el área donde se aplicó, lo cual supone un gigantesco salto en representatividad estadística.

QUÉ INVESTIGAN
OTRAS INVESTIGACIONES

En lo que toca a la profundidad, el valor agregado del censo del SJM no sólo cristaliza en el volumen de información por persona, sino también -y principalmente- en su sesgo: los temas de que se ocupa.

Los censos y las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) -hoy Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)- se contentaron con preguntar sobre edad, sexo, destino, año de salida, nivel escolar de los migrantes y unas pocas variables más, importantes pero insuficientes para dar una idea de la diversidad de fenómenos que abarcan las migraciones. El Fondo de Población de Naciones Unidas y otras agencias de la gran multilateral sólo han dispuesto de ese limitado material para sus análisis, la mayoría de los cuales en Nicaragua -con notables excepciones- se han enfocado en aspectos demográficos y sociodemográficos de la migración. Por su parte, las encuestas del BID, el Inter-American Dialogue y otras agencias de Naciones Unidas han mostrado una opción preferencial por las remesas: cómo, cuánto, cuándo, a quiénes y en qué se invierten.

Las agencias de Naciones Unidas tienen algunos leitmotivs, no siempre tan bien trovados como repetidos. Con estudios que el investigador de la OIT Piyasiri Wickramasekara moteja de literature surveys and desk research, Naciones Unidas quema incienso para aromatizar las bondades de la migración circular. Pero, a pesar de que sus organismos son los mecenas de los censos y encuestas nacionales, en ellos no hay información sobre los retornados, que son quienes pueden dar cuenta en Nicaragua de las miserias y grandezas del periplo migratorio circular. No hay migrantes más invisibilizados que los migrantes que retornaron. Quizás porque lo hicieron trayendo sus habilidades, pero también cargando en el lomo sus necesidades y reclamos. El censo del SJM dedicó una sección a la migración de retorno para conocer sus dimensiones y sus condiciones.

El principal objetivo del censo del SJM fue penetrar al menos en la epidermis de la irregularidad migratoria, con miras a profundizar en ella ulteriormente por medio de instrumentos cualitativos. Las preguntas estuvieron prioritariamente enfocadas a indagar por las condiciones jurídicas de la migración y los derechos humanos de los migrantes. También abordaron importantes temas que la negligencia y el pánico ante lo políticamente incómodo habían barrido bajo la alfombra, como por ejemplo la información sobre desaparecidos y secuestrados, que son un termómetro de los niveles de riesgo que enfrentan los migrantes indocumentados.

¿POR QUÉ CHINANDEGA?

La representatividad estadística permite rastrear la evolución cronológica de las migraciones y profundizar en las características por destino migratorio. Pero la restricción también tiene un precio. El precio de restringir el censo a una zona sólo puede ser compensado si en algún sentido esa zona es una atalaya privilegiada.

¿Por qué en la ciudad de Chinandega? El mayoritario peso de su población urbana (78%) hace del municipio de Chinandega un sitio idóneo para indagar sobre la emigración a Estados Unidos, pues Nicaragua es un país donde el 75% de todos los emigrantes sale de las ciudades y Estados Unidos un destino donde el 92% de los nicaragüenses proviene de zonas urbanas. Esto marca una diferencia con los países del norte de Centroamérica, donde la migración hacia Estados Unidos es predominante, pero la migración hacia ese destino está más ruralizada. Por ejemplo, en Estados Unidos residía en 2008 el 97% de los migrantes guatemaltecos, 56% de los cuales provenían de áreas rurales en un país, Guatemala, con 57% de población urbana.

Por otro lado, los emigrantes de Chinandega se dirigen a variedad de destinos en proporción suficiente para mantener una representatividad estadística por destino, rasgo que hace de Chinandega uno de los mejores oteaderos de la migración internacional de nicaragüenses. Finalmente, la ciudad de Chinandega es el lugar donde el Servicio Jesuita para Migrantes ha realizado la mayor parte de las entrevistas en investigaciones previas, desde el año 2006. Por tanto, hay un material para interpretar los datos del censo y avanzar hacia un nivel de análisis que supere la mera facticidad de los datos. Queremos no limitarnos a presentar una sucesión yuxtapuesta de cifras y afónicos cruces de variables, sino ofrecer explicaciones basadas en un trabajo de campo etnográfico, que incluyó observación participativa y atención al discurso de migrantes y familiares.

COINCIDENCIAS, DIFERENCIAS, CONTRASTES...

El censo migratorio contiene 106 variables. Me concentraré en algunas características sociodemográficas y, ante todo, en el ámbito del estatus migratorio y sus factores causales y consecuencias, un terreno que bien podemos llamar “las condiciones jurídicas de la migración”, porque es el ámbito jurídico el que ha dado su espaldarazo a la oscilante pero -en los últimos años- irrefrenable tendencia a ilegalizar la inmigración, según exponen con apabullante aparataje histo¬riográfico Daniel Kanstroom en Deportation nation y Nicholas De Genova en Working the boundaries.

La intención de extraer conclusiones sobre la migración centroamericana, por medio de una indagación más pormenorizada en el caso nicaragüense, debe ejecutarse comparando indicadores clave. Los contrastes y coincidencias deben ser explicitados y ponderados.

En cuanto a las divergencias, la primera a destacar es el hecho de que a principios de los años 80 la migración nicaragüense hacia Estados Unidos fue nutrida por los estratos altos y medios. Adquirió grosor en el ocaso de aquella década con miembros de la clase trabajadora, en contraste con la migración de salvadoreños y guatemaltecos, que arrancó con refugiados de escasos recursos.

LA COSECHA DE LA GUERRA FRÍA

Por añadidura, las primeras tres oleadas de inmigrantes nicaragüenses se beneficiaron del lobby que los inmigrantes cubanos anticastristas hicieron entre sus amigos, los políticos republicanos, como expresión de solidaridad con quienes, como opositores del régimen sandinista, sentían afinidad ideológica. Fue éste un impoluto ejemplo de lo que Susan Gzesh, de la Universidad de Chicago, denominó “la intersección de la política exterior y la política de asilo”, que a su vez es una muestra de cómo la realpolitik supedita las diversas ramas de políticas estatales y de cómo -según expone la socióloga holandesa Saskia Sassen- “la migración internacional es función de las dinámicas geopolíticas y económicas”.

Como corolario, tenemos que, aunque la política migratoria raras veces ha sido un componente explícito de la política exterior estadounidense, la ayuda externa y las aventuras militares del imperio han tenido un amplio impacto sobre las migraciones. La política de acoger a los migrantes nicaragüenses fue un complemento interno de la política externa de proporcionar asesoría técnica y apoyo financiero a la Contrarrevolución armada, activamente emprendidas por la administración Reagan en Nicaragua en el marco de los estertores de la Guerra Fría.

Esa tercia de la geopolítica dejó una cosecha de condiciones beneficiosas para los inmigrantes nicaragüenses cuyos efectos todavía podemos rastrear. La importancia de una ola migratoria inicial regularizada como base de futuras migraciones la tenemos en el hecho de que todavía en 2012 el 70% de los nicaragüenses que obtuvieron la residencia permanente lo hicieron apelando a sus vínculos familiares inmediatos con nicaragüenses previamente nacionalizados. Ese peldaño hacia la residencia permanente sólo fue utilizado por el 59% de los hondureños, el 45% de los salvadoreños y el 43% de los guatemaltecos.

La alargada sombra protectora de las migraciones de los nicaragüenses de los años 80 tiene otros impactos visibles. Por ejemplo, en Estados Unidos el 20% de nicaragüenses de 25 años o más tiene un título universitario, en contraste con el 7% de los salvadoreños y guatemaltecos, y el 8% de los hondureños. El 62% de los nicaragüenses de cinco o más años de edad hablan un inglés fluido, situación en que sólo se encuentra el 48%, 47% y 43% de los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

LOS “PRIVILEGIOS” DE LOS NICAS

Y aunque la bonancible situación de los nicaragüenses en estos indicadores se debe en parte a su mayor procedencia urbana y de clase media, es un hecho que los nicaragüenses han solido ser menos afectados por las deportaciones y más beneficiados por la concesión de residencia permanente y de ciudadanía, según muestran con elocuencia las cifras.

Hay dos formas de cuantificar esa condición de privilegio relativo. La primera modalidad consiste en expandir el número de deportados nicaragüenses según el de residentes de cada una de las otras nacionalidades centroamericanas. Aplicando una simple regla de tres, los 1,383 nicaragüenses que fueron deportados en 2013 equivalen a que, en proporción a la cantidad de guatemaltecos que residen en los Estados Unidos, apenas hubieran deportado a 4,201 guatemaltecos. O a 2,457 hondureños. O a unos 7 mil salvadoreños. Estos volúmenes tienen un acusado contraste con los 47,769 guatemaltecos, los 37,049 hondureños y los 21,602 salvadoreños deportados en 2013.

La mayor debilidad explicativa de este indicador es que no se ajusta a las dimensiones del flujo actual, pues el cálculo se basa en un acumulado que no necesariamente coincide con la afluencia actual de migrantes. Tampoco da cuenta de otra política inmigrante que no sea la de las deportaciones, en un entorno jurídico donde la “ilegalización” y su complementario envés antitético -la “regularización”- se juegan también en las concesiones de residencia y ciudadanía, y en los programas de protección temporal y de trabajadores temporales, las cuotas de refugio y asilo, etc.

De la combinación de estas dos limitaciones resulta que este indicador se basa en una cifra (el saldo de los que ahora habitan en Estados Unidos), que es un producto de las políticas y no un reflejo del flujo: si hay sólo 702,000 hondureños en Estados Unidos, eso no significa que el flujo de hondureños haya sido apenas el 35% del flujo de los salvadoreños. Las dimensiones del acumulado son un reflejo de una combinación de factores: el tamaño del flujo, su duración longitudinal y las políticas de acogida y rechazo. Aun tomándolo con estas precauciones, este indicador nos proporciona unos indicios interesantes. Hay una clara desproporción en el rasero con que se mide a los nicaragüenses y al resto de centroamericanos.

ACEPTADOS – RESIDENTES
VS. RECHAZADOS – DEPORTADOS

Una segunda forma de cálculo, que intenta superar estas debilidades, consiste en contrastar las cifras de centroamericanos a quienes se concedió la residencia permanente con el volumen de los deportados. Este cálculo se puede comple¬jizar mediante la inclusión de los números de beneficiarios del estatus de protección temporal, programas de trabajadores temporales, naturalizados, etc. Pero el contraste de las cifras de deportados y beneficiarios de la residencia permanente basta para dar una idea de cómo el filtro de las políticas migratorias está tratando a cada nacionalidad en un momento dado.

Este contraste es preferible porque mide el talante anti-inmigrante de las políticas en dos extremos: el estrechamiento de la aceptación (descenso relativo de residentes) y la expansión del rechazo (aumento de los deportados).Y tiene la ventaja de soslayar el espinoso y difícilmente soluble tema de medir el volumen de los flujos migratorios, asumiendo que el contacto -positivo y negativo- con las autoridades mi¬gratorias es proporcional al volumen de migrantes: cuanto mayor es el flujo, mayor número de migrantes entra en contacto con las autoridades migratorias, tanto para regularizar su estatus como para su deportación.

Hay que reconocer que es imposible medir “en un momento dado”. Las deportaciones se despachan mediante procesos relativamente expeditos. Pueden tomar unos días, algunos meses o incluso más de un año. Éste último fue el caso del 3% de los detenidos por el Immigration and Customs Enforcement (ICE) en 2009.

En promedio, todo el proceso en 2009 demoraba 114 días, incluyendo los días anteriores y posteriores a la orden de deportación. En cambio, la obtención de la residencia permanente es un trámite prolongado que suele durar varios años y varía en dependencia de las virtudes y taras del aplicante: su forma de ingresar, sus vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes, su ubicación laboral, sus intereses como inversionista y su relación con distintas entidades estatales estadounidenses (muy especialmente con el ejército), entre otros antecedentes.

Tomando en cuenta ese margen temporal, mi indicador contrasta el cociente de las residencias otorgadas en 1999 y los deportados de 2002 con el cociente de deportados en 2013 y residencias emitidas en 2010. El resultado está plasmado en la tabla, cuyos casos extremos están representados por hondureños y nicaragüenses.

DOBLES RASEROS A FAVOR DE NICARAGÜENSES

En 1999/2002, 1.2 hondureños obtenían la residencia por cada hondureño que era deportado. En 2010/2013, la situación se revirtió y la aplicación de las políticas migratorias produjo 5.8 hondureños deportados por cada hondureño al que se le concedió la residencia. En sus antípodas están los nicaragüenses, que en el primer período lograban 39 residencias permanentes por cada deportación. En el segundo período no quedaron en “números rojos”, pero descendieron a 2.5 residentes por cada nicaragüense deportado. Son la única nacionalidad para la cual la última columna de la tabla sigue representando el número de residencias concedidas por cada deportación. Para sus vecinos del norte de la región, la columna registra deportaciones por cada residencia.

Aunque ese índice es bastante impreciso y puede aparecer como un reflejo asaz defectuoso de los efectos de las políticas migratorias (entre otras razones porque los procesos de deportación son relativamente expeditos, mientras los trámites de regularización y naturalización demoran varios años), es consistente con las cifras del Pew Hispanic Center basadas en sus tabulaciones de la American Community Survey de 2011: el 53% de los inmigrantes de ori¬gen nicaragüense tienen la ciudadanía estadounidense, una tasa que los coloca muy por encima del 29% de los salvadoreños, 23% de los guatemaltecos y 22% de los hondureños.

En consecuencia, debido a que existe una correlación -muy probablemente no unívoca- entre estatus migratorio e ingresos, tenemos que el ingreso medio anual por hogar entre los nicaragüenses en Estados Unidos es de $46,700. Aunque no supera mucho a los $40,000 de los salvadoreños, deja con un palmo de narices a los $36,400 de los guate¬mal¬tecos y a los $31,000 de los hondureños, y se aproxima mucho a la media nacional de $50,000. La tasa de pobreza entre nicaragüenses es del 18%, ubicada más de 10 puntos porcentuales por debajo del 29% y 33% de guatemaltecos y hondureños. Finalmente, mientras sólo el 31% de los nicaragüenses dicen no tener seguro social, esa carencia se extiende al 46% de hondureños y guatemaltecos.

EL TRIGO ANTICOMUNISTA
Y LA CIZAÑA RECHAZADA

Las raíces de estos dobles raseros hay que desenterrarlas del espinoso terreno de los años 80, un suelo abonado por la geopolítica de la Guerra Fría. En los 80, como ahora los afganos e iraquíes, los nicaragüenses se beneficiaron por su adhesión al credo oficial anticomunista de los republicanos. Los salvadoreños y guatemaltecos empezaron a llegar como refugiados, pero no fueron tan bien acogidos porque la administración Reagan estimaba -con razón- que la mayoría de ellos no participaban de ese credo. Admitir como refugiados a ciudadanos de países cuyos gobiernos recibían ayuda militar y económica estadounidense hubiera sido una tácita admisión de que la administración Reagan establecía alianzas con violadores de los derechos humanos.

La investigadora Susan Bibler Coutin señala: “El Departamento de Estado, cuya intervención en los casos de asilo era requerida, aconsejaba rutinariamente a los directo¬res distritales del Servicio de Inmigración y Naturalización que negaran el asilo a salvadoreños y guatemaltecos. Estas recomendaciones generalmente fueron obedecidas”.

Las migraciones de centroamericanos, como las de otros latinoamericanos, fueron -como bien señaló el periodista Juan González en Harvest of Empire, la cosecha de un imperio con alta intervención en los asuntos económicos, políticos y militares de los países centroamericanos, pero una cosecha en que las políticas migratorias se encargaron de separar el trigo anti-sandinista de la cizaña revolucionaria. Los salvadoreños, huérfanos de padrinos, apenas obtuvieron unas tasas de aprobación de las solicitudes de asilo del 2-3%. Los guatemaltecos se mantuvieron un punto porcentual debajo. En contraste, los nicaragüenses fueron premiados con altas tasas, alcanzando un pico de 84% en 1987.

ESTADOS UNIDOS
TIENE TRES MODELOS MIGRATORIOS

Un vocero del Departamento de Estado dio su espalda¬razo a esa prerrogativa al afirmar: “Los sandinistas han transformado el sistema legal de Nicaragua, las organizaciones de masas y las fuerzas armadas en instrumentos de represión. La Dirección de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior ha institucionalizado el abuso de los derechos humanos con el sistema de la policía nacional y las prisiones de seguridad”. Esas enjundiosas tasas se redujeron a un magro 19% en 1990, tan pronto como los funcionarios del gobierno notaron que los nuevos solicitantes “solamente” estaban escapando de las condiciones económicas o procurando la reunificación familiar. En realidad, la derrota electoral de los sandinistas y el cambio del modelo político-ideológico del gobierno nicaragüense modificaron la actitud.

Las políticas migratorias de Estados Unidos en los 80 siguieron el modelo de selección migratoria aplicado en Massachusetts durante la colonización británica. La experta en migración y profesora de Georgetown, Susan F. Martin, sostiene en A Nation of Immigrants que los Estados Unidos fueron poblados bajo tres diferentes modelos migrato¬rios, que persisten hasta el presente. En la colonia de Virginia la inmigración era equivalente a la llegada de trabajadores, a quienes se reconocía escasos derechos. Massa¬chusetts recibió con los brazos abiertos a quienes compartían la misma visión religiosa que los fundadores, pero excluyó a todos aquellos cuyas creencias desafiaran la ortodoxia prevaleciente. Pennsylvania tuvo en alta estima el pluralismo, rasgo que la conformó como la colonia más diversa en religión, lenguas y cultura. La versión secular del “modelo Massa¬chusetts” fue el reaganiano colador de rebeldes y el acogedor de fugitivos de regímenes tenidos por comunistas.
SE ACABAN LOS PRIVILEGIOS
Y SE AGUDIZA EL EMBUDO
Además del contraste entre nacionalidades, las cifras también expresan un deterioro de la situación de todos los centroamericanos y un acusadísimo descenso del pedestal en el que las políticas migratorias habían colocado a los nicaragüenses. Las deportaciones de nicaragüenses pasaron de 468 en 2002 a 1,383 en 2013. En el mismo período también dieron un salto olímpico de 5,396 a 47,769 las de guatemaltecos, de 4,946 a 37,049 las de hondureños y de 4,066 a 21,602 las de salvadoreños. En total, las deportaciones de estas nacionalidades centroamericanas pasaron de 14,876 a 107,803.

No se trata de que el mayor flujo produzca más deportaciones. Con más migrantes, hubo menos trámites de residencia coronados con éxito, descendiendo de 56,271 a 38,667. Las políticas migratorias agudizaron los rasgos dominantes de cada uno de los extremos de su embudo: se hicieron más anchas para expulsar y más angostas para ingresar. El declive del “modelo Massachusetts” no dejó la vía libre a un modelo más balanceado, con políticas menos acogedoras a los nicaragüenses y menos alérgicas ante salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. Fue sustituido por el “modelo Virginia”, el de trabajadores con muy pocos derechos, aplicado con indiscriminado rigor.

LA LEY NACARA Y LA LEY ABC
Los nicaragüenses dejaron de ser los mimados de las políticas migratorias y están siendo muy castigados. No menos que las otras nacionalidades de la región, pese a lo que a primera vista indican las cifras.
El indicador positivo de 2.5 residentes por cada deportado sólo expresa un movimiento inercial: un alto volumen relativo de migración legal se ha mantenido por impulso de la reunificación familiar sobre la base de un grupo grande de migrantes previamente establecidos con autorización. En el amplio lapso de 2002 a 2012, entre todas las categorías de admisión, la de los familiares de migrantes autorizados representó alrededor del 66% de los admitidos como residentes permanentes para todas las nacionalidades. Esto significa que los migrantes de hoy recogen los frutos que sembraron las migraciones precedentes. Por eso los hondureños aparecen como los más afectados por las deportaciones y con menor acceso a la residencia.

A diferencia de nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, los hondureños no fueron incluidos en la Nicaraguan Adjust-ment and Central American Relief Act de 1997, mejor conocida como ley NACARA. Tampoco fueron incluidos en la ABC, la American Baptist Churches v. Thornburgh, así llamada porque se derivó del caso que en 1990 las Iglesias bautistas ganaron contra el fiscal general de los Estados Unidos y el director del Immigration and Naturalization Service, demandados por violación de leyes nacionales e internacionales al negarles asilo a los salvadoreños y guatemaltecos que llegaron a los Estados Unidos huyendo de la represión política en los 80.

La ABC detuvo ipso facto las deportaciones de esas nacionalidades, beneficiando a quienes no habían sido incluidos en la amnistía conocida como Immi-gration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 y cubriendo a unos 190 mil salvadoreños y a 50 mil guatemaltecos.

HONDUREÑOS:
LOS MÁS PERJUDICADOS

La ABC y la NACARA fueron modalidades de amnistía, beligerantes procesos de regularización que, según cifras oficiales, redujeron el número de indocumen¬tados nicaragüenses de 50 mil a 21 mil entre 1990 y 2000, y el de salvadoreños de 298 mil a 189 mil. Debido a la llegada de nuevos migrantes, en ese tiempo los guatemaltecos indocumentados pasaron de 118 mil a 144 mil. Los hondureños, excluidos de estas iniciativas, vieron incrementarse el número de indo¬cumentados de 42 mil a 138 mil.

Atendiendo a estas cifras podemos lanzar la hipótesis de que las políticas no siguen favoreciendo -ni siquiera en una forma atenuada- a los nicaragüenses, afectando medianamente a salvadoreños y guatemaltecos, y perjudicando más a los hondureños. Tenemos más bien unas deportaciones que son posiblemente proporcionales al flujo y unas posibilidades de regularización que dependen de la situación que los migrantes de cada nacionalidad han acumulado a lo largo del tiempo. Simplemente, ocurrió que Estados Unidos no quiso pagar, en legislación migratoria, los servicios que Honduras prestó como base militar durante la década de los años 80.¬

Siendo base de operaciones y área de refrescamiento de militares estadounidenses y de la Contrarrevolución armada antisandinista, Honduras no figuró como zona de guerra. Ahora, sus migrantes parten de una situación de relativa desventaja como sedimento de la historia geopolítica-migratoria. La menor afectación de algunas nacionalidades se debe a un sedimento favorable: migrantes establecidos sobre los que se monta la reunificación familiar, mayor familiaridad con los procedimientos burocráticos y mayores redes para comunicar ese conocimiento. En mucha menor medida -contra la desproporcionada fe en las políticas públicas-, se debe al lobby que sus gobiernos hacen frente a los políticos estadounidenses.

LA INDOCUMENTACIÓN EN EL TIEMPO:
CONTRAPUNTEO ESTADOS UNIDOS – COSTA RICA

Si las políticas migratorias aplicadas a los centroamericanos convergen en el “modelo Virginia”, el Censo del SJM -lupa para observar desapercibidos detalles- contiene algunos esclarecedores aportes sobre la forma en que la “ilegalización” de las migraciones ha transcurrido a lo largo del tiempo y lo que podemos suponer que ha ocurrido en su aplicación a las diversas nacionalidades de centroamericanos.

En la década de los 80, más de la mitad de los chinan¬deganos (casi 54%) viajaron a los Estados Unidos apertre¬chados con una visa. Ese porcentaje descendió al 48% en los años 90, siguió cayendo hasta 45.7% en el primer lustro del nuevo siglo y llegó a su punto más bajo (37%) en 2005-2009.

El año 2005 fue significativamente el año en que más migrantes centroamericanos, de cualquiera de las nacionalidades, fueron deportados desde Estados Unidos y desde México. Es probable que ese año se produjera una combinación de políticas adversas a la migración: menor tasa de aprobaciones de visado y mayor cacería de indocu¬mentados. Sabemos que las cuotas de visado fueron restringidas, pero no es un dato tan importante en su impacto inmediato sobre la “ilegalidad” porque los migrantes indocumentados no suelen acudir al consulado y aplicar a una visa como primera opción.

Más importante fue el recrudecimiento de la Operación Gatekeeper en combinación con un aumento del número de migrantes. En contraste, la “ilegalidad” de la migración hacia Costa Rica describe un patrón más bien constante y no un incremento. Partiendo de apenas un 51% de nicaragüenses con visa durante los convulsos años de 1980 a 1984, el número de visa-habientes experimentó un sostenido aumento hasta estabilizarse -con muy ligeras alzas y bajas- en un 66% desde 1995 hasta la fecha.

Otro ángulo para percibir esta evolución perversa son los cambios en el estatus migratorio. De los chinandeganos que ingresaron a Estados Unidos en los años 80, entre el 20% y el 25% tienen hoy la ciudadanía. Esa cifra cae a 7% en los 90 y a 2.5% en 2000-2004. La concesión de residencias o residencias en trámite caen, en los mismos períodos, después de alcanzar un pico del 72.8% entre quienes llegaron a Estados Unidos entre 1991-94, período en el que la suma de residencias y ciudadanías arroja un total de casi 80%, sólo superado por esa sumatoria en los años 80.

Los chinandeganos que migraron en los 80 se beneficiaron de la amnistía IRCA de 1986 y otras disposiciones, y los chinandeganos que ingresaron en 1991-1994 estuvieron entre los últimos en beneficiarse de la NACARA, que regulariza a quienes pueden demostrar cinco años de permanencia continua en Estados Unidos contados desde el 1 de diciembre de 1995. Después, el porcentaje de residentes cae hasta llegar al 42.3% en 2005-2009. En ese lapso y el siguiente la suma de residentes más ciudadanos apenas llega al 44.3% y 47.7%, respectivamente. En cambio, el porcentaje de chinandeganos no autorizados va creciendo desde el 6.8% en 1985-1990 hasta el 47% en 2005-2009, con una ligera disminución en el último período, quizás por el peso de personas migrantes amparadas en la reunificación familiar.

CUANDO CHINANDEGA MIGRA
HACIA COSTA RICA

La migración de chinandeganos y chinandeganas hacia Costa Rica presenta una evolución más compleja. Arranca a inicios de los 80 con un alto nivel de migrantes no autorizados, desciende a niveles insignificantes en 1985-1999, luego experimenta ascensos escalonados y termina por alcanzar cerca del 41% en 2010-2012. La clave interpretativa de esta tendencia ascendente reside en el creciente predominio de la migración pendular de nicaragüenses a Costa Rica, disparada a partir de años 90, tras un proceso fallido de inserción económica de los desmovilizados del Ejército Popular Sandinista, de la ex-Resistencia Nicaragüense y de los nicaragüenses refugiados en Costa Rica que habían retornado con la expectativa de un giro político-económico que los favoreciera. La mayoría de los migrantes son jóvenes varones entre los 20 y los 26 años de edad.

Del lado de la demanda, en el sector rural costarricense, donde la necesidad de mano de obra es más imperiosa, esa migración estacional se explica por un descenso del crecimiento de la población rural de Costa Rica (de 2.4% a 1.8% entre 1960-1980 y 1980-2000) y por un decremento de la población económicamente activa rural del 33.5% al 27.4% entre 1980 y 2000.

La OIM y el Ministerio del Trabajo de Costa Rica coinciden en que alrededor de 100 mil nicaragüenses llegan todos los años a Costa Rica para trabajar por temporadas. Para muchos de estos migrantes los trámites de una visa son un proceso muy engorroso. Y sus costos astronómicos, sobre todo para la enorme mayoría que reside lejos de los tres consulados costarricenses, el de Rivas, el de Chinandega y el de Managua. El hecho de que el porcentaje se disparara en 2010-2012 puede indicar en parte el predominio de migrantes temporales que evaden la burocracia migratoria. Pero su mayor propensión a evadirla tiene un incentivo más que probable en la aplicación de la nueva Ley general de migración y extranjería no.8764 de 2010, que elevó los costos de extensión de permisos y las multas (cambiar de estatus migratorio cuesta casi un mes de salario mínimo, 200 dólares), introdujo o reforzó obligaciones onerosas (comunicar por escrito todo cambio de domicilio) y cuyas rémoras legales y omnipresentes requerimientos de autenticar crearon un nicho ecológico muy suculento para tramitadores, tinterillos y abogados, los que, según el jesuita mártir Ignacio Ellacuría, son los zopilotes de la sociedad: cuanto más corrupta, más engordan. De igual forma que en Estados Uni¬dos, las políticas costarricenses de contención de las migra¬cio¬nes no lograron contenerlas, pero sí consiguieron desplazar la línea entre bienvenidos y malvenidos.

En ambos casos tenemos un efecto de las políticas migra¬torias. El abanico de medidas orientadas a producir la ilegalización de los migrantes ha incrementado el número de quienes ingresan a Estados Unidos y a Costa Rica con el estigma de la “ilegalidad”. Pero un aumento de la “ilegalidad” migratoria no guarda siempre proporción con el volumen de expulsados, porque la severidad de la “letra” de las políticas no coincide necesariamente con el rigor de su aplicación. A pesar del mayor ingreso de indocumentados, las deportaciones en Costa Rica en 2008-2012 fueron apenas el 45% del lustro precedente, 2003-2007. De hecho, las cifras de deportados desde Costa Rica en ese lapso apenas representan el 1.57% de las repatriaciones. La mayoría de los indocumentados son regresados, una figura jurídica que no tiene consecuencias ni siquiera administrativas. Los “regre¬sados” suelen intentar y coronar con éxito un reingreso al día siguiente. Otro contraste con las políticas estadounidenses es palpable en las 8,256 residencias que Costa Rica otorgó a migrantes nicaragüenses en ese mismo período, lo que dio un promedio de 21 residencias concedidas por cada deportación.

EL MAYOR FILTRO ESTÁ EN EL NORTE

Estados Unidos aparece así como un filtro cuyas verdaderas dimensiones sólo pueden tenerse en cuenta si a los deportados desde Estados Unidos añadimos los deportados desde México, su alargado filtro vertical, basados en la constatación, por el Centro de Estudios Migratorios del gobierno mexicano, de que los centroamericanos “devueltos” desde México van en tránsito a Estados Unidos y su estancia no supera los 30 días.

El censo del SJM muestra que, entre los retornados de Estados Unidos, los deportados representan el 26.5%. Pero si añadimos los deportados desde México, tenemos que el peso relativo de los deportados llega al 28%. 26 puntos porcentuales más del peso que los deportados tienen entre los retornados de Costa Rica, y 9.5 por encima de los deportados/retornados desde España, cifra más adecuada para efectos comparativos con Estados Unidos, pues el peso de los retornos guarda cierta relación con la distancia de los países de destino. De España sólo ha retornado el 6.4% de quienes allá migraron. Con un 11%, Estados Unidos es el siguiente destino con menor peso en los retornos.

Si añadimos los deportados desde México a los de Estados Unidos, el cuadro con los contrastes de residencias y deportaciones queda ajustado a dimensiones más reales, dimensiones que toman en cuenta la producción del ICE estadounidense y los logros del outsourcing con la migra mexicana.

La situación de todas las nacionalidades es peor, tanto en el punto de partida (1999-2002) como en el más cercano al presente (2010-2013). Guatemala y Honduras ya estaban en “número rojos” desde 1999-2002, con 6.1 y 6.5 deportaciones por cada residencia. En 2010-2013, exceptuando a los nicaragüenses, el resto de nacionalidades están en “números rojos”. Las cifras representan, en el caso extremo de los hondureños, casi 11 deportados por cada residencia concedida. En promedio tenemos 5, y no 3, centroamericanos deportados por cada nuevo residente. Es patente que la indocumentación no tiene en Costa Rica las mismas dimensiones, significado y consecuencias que en Estados Unidos.

CUANDO EL DESTINO ES ESPAÑA

Una inevitable pregunta emerge aquí. Si las políticas migra¬torias no han sido capaces de frenar la migración, sino sólo de “ilegalizarla”, ¿existen factores estructurales que merman la migración e inciden sobre su masiva ilegalidad? Según el censo del SJM, Estados Unidos y España son los destinos de mayor descenso en la migración en el trienio 2010-2012 respecto al quinquenio 2005-2009, registrando decrementos del 43% y 40% en el promedio anual del trienio en relación al del quinquenio que lo antecede. Aun así, con sus 29% y 12% siguen siendo los destinos más concurridos después de Costa Rica, que absorbe al 32% de los migrantes de la ciudad de Chinandega.
Aunque la ciudad de Chinandega alojaba en 2005 apenas al 1.8% de la población nacional, de allí salió el 4.6% del total de inmigrantes de origen nicaragüense que en 2013 residían en España. Con 12% de los migrantes nicaragüenses, España es el tercer destino en importancia numérica en la migración chinandegana y sin duda uno de los más recientes, y acaso efímeros, debido a la crisis económica que ha revertido el estatus migratorio de España, convirtiendo en país emisor a la que fuera en las últimas dos décadas, hasta 2008, una nación receptora.

En el año 2000 migraron a España cinco veces más chinandeganos que en 1999. Ese volumen se mantuvo y se alzó con un pujante 100% de aumento en 2004. El siguiente año creció en 75%. Entre 2006-2007 subió cerca del 30%, y al año siguiente saltó otro 57%. Pero a partir de 2008, con los colmillos de la crisis clavados en la península, el flujo comenzó a decrecer: 57% en 2008, 41% en 2010 y 63% en 2012, con pequeños repuntes en 2009 y 2011, insuficientes para compensar sus decrementos.

¿PESARON LAS CRISIS ECONÓMICAS?

La migración a Estados Unidos empezó a descender en 2009, al año siguiente del inicio de la crisis financiera y la “sequía de empleos”. Pero el descenso ha sido menos drástico, oscilando entre el 26% y el 32% anual.
En febrero de 2011, identificando una tendencia migra¬toria semejante a la del caso español, investigadores del Pew Hispanic Center hablaron de un descenso del número de indocumentados, atribuida a una caída de la migración mexicana. Un año después hablaron de “migración cero” para los mexicanos y de una desaceleración de la migración centroamericana. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación mexicana habló de una estabilización del flujo de centroamericanos y la atribuyó al efecto de las políticas restrictivas.

Las políticas anti-inmigrantes, y muy particularmente la implementación del programa “Comunidades seguras” del Department of Homeland Security, fueron identificadas como elementos causales del descenso. El volumen de las deportaciones había supuestamente alcanzado un pico histórico de 395 mil en 2009. La crisis económica también había emitido supuestamente señales negativas hacia los potenciales newcomers e incentivado el retorno voluntario, según los hallazgos de un taller sobre ciclos económicos, cambio demográfico y migraciones que la Organización Internacional para las Migraciones se apresuró a montar.

En la base de algunos supuestos parecían estar los hallazgos que Saskia Sassen ofrece en su libro Guests and aliens, donde la socióloga holandesa sostiene: “La experiencia de Europa occidental muestra que la mayoría de las migraciones tienen un final. El grueso de las migraciones transfronterizas en Europa tuvo lugar en un lapso de veinte años. Una de las razones de este fenómeno es que las migraciones tienden a estar imbricadas en los ciclos y fases de las áreas de recepción… Hoy, cuando italianos y españoles son libres de moverse en Europa, apenas hay nuevas migraciones. Aquella fase particular de migración laboral, imbricada en la reconstrucción europea de postguerra y luego en la expansión de los años 60, terminó cuando cambiaron esas circunstancias”.

Pero el que las cosas hayan sido muchas veces de cierta manera, no prueba que seguirán siendo así. Ni siquiera que están siendo así. O que lo estén por las mismas razones. Y encima, cabe la posibilidad de que los ciclos se repitan. De hecho, los españoles han emprendido una nueva aventura migratoria hacia la Europa más próspera y hacia América como destinos, reeditando una versión atenuada del flujo que protagonizaron a mediados del siglo 20.

En relación a la migración hacia Estados Unidos, evidencia ulterior mostró que la migración centroamericana a ese país no necesariamente había entrado a un nuevo ciclo, sino quizás a una pequeña onda depresiva dentro de la gran onda migratoria larga y ascendente. En septiembre de 2013 el Pew Hispanic Center dio a conocer un nuevo informe donde anunció un repunte de la migración indocumentada en 2011 y 2012 de grupos no mexicanos, con fuerte presencia de centroamericanos. Esto se debe a que la crisis económica también actuó como estímulo migratorio por sus efectos en los países centroamericanos, que presentan economías dependientes de la estadounidense, muy particularmente en El Salvador, cuya simbiosis con la economía estadounidense está remachada desde 2001 por la dolarización.

TAMBIÉN LA VIOLENCIA

Otro acicate de la migración fueron los crecientes niveles de violencia en Honduras y El Salvador, asociados estadís-ticamente con las intenciones de emigrar.

Una encuesta aplicada por el hondureño Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en diciembre de 2013 reveló que el 36% de los entrevistados desean migrar. En Nicaragua, donde la violencia política atiza las intenciones de migrar, también en 2013 una encuesta de M&R Consultores mostró que al 54.5% de los nicaragüenses les gustaría irse del país, el 39% a Estados Unidos.

Es posible que la migración de retorno de los mexicanos dejara plazas libres para los centroamericanos, sosteniendo un nicho étnico de una demanda que había entrado a una fase recesiva. En cualquier caso, la historia del repunte de la migración centroamericana en Estados Unidos muestra que las condiciones en los países de origen son un elemento más condicio¬nante de las migraciones de lo que Sassen supone en Guests and aliens.

El contraste del descenso de la migración hacia España está relacionado con la ilegalización que en el contexto de la crisis llevaron a cabo las políticas migratorias españolas. La inmigración sí puede crecer en países de destino indus¬trializados con crisis económicas. Pero su margen de crecimiento se sitúa -aún más que en tiempos ordinarios- en el terreno de la migración no autorizada. Donde ese terreno es tan estrecho, como en el caso de la inmigración a España -porque la ilegalidad depende fundamentalmente de violar la caducidad del permiso de estadía- la migración se desacelera. En síntesis, los indocumentados sostienen la migración ahí donde las condiciones geográficas y las vías de comunicación no son un aliado de las políticas anti-inmigrantes.

TAMBIÉN LOS ESTUDIOS

Si no consiguen frenar la migración, ni siquiera en tiempos de crisis, ¿qué logra la maquinaria ilegalizadora? Las políticas son un filtro, no un dique. ¿Qué cuela y qué deja pasar?

El Censo del SJM nos puede ayudar a visualizar algunos de los criterios de ese filtro. Entre los chinandeganos que se han naturalizado como estadounidenses, el 78% tiene estudios universitarios o de secundaria. El 43% son profesionales. Entre los chinandeganos con residencia permanente, el 76% tiene estudios de secundaria o universidad, pero éste último grupo representa el 36%. Entre los indocumentados, en cambio, los migrantes con estudios medios y superiores bajan al 67%, con los profesionales aportando apenas el 20%. Los migrantes con sólo estudios de primaria, de número insignificante en las otras categorías, son el 26%.

Los valores en Costa Rica, para las mismas variables, muestran menos contraste: residentes (37%) e indocu¬men¬tados (31%) con estudios de primaria, residentes (9%) e indocumentados (8%) con estudios universitarios. Solamente los residentes con estudios de secundaria (47%) aventajan con creces a los indocumentados (17%). Otro tanto ocurre en la comparación con otros destinos en ésta y otras variables, como la ocupación en el país de origen y los de destino.

¿CÓMO OPERAN LOS FILTROS?
¿A QUIÉNES CUELAN?

Hay claros indicios de que existe un filtro. Pero desconocemos el grado de automatismo-sistémico o de premeditación y alevosía plasmada en las políticas. ¿El destino impone un requerimiento y sólo suelen ir a Estados Unidos quienes pueden pagar los costosos servicios de los coyotes y, por tanto, quienes han tenido acceso a más educación? ¿O la ilegalidad opera como una “letra escarlata” que limita el acceso a barrios, escuelas, ingresos y ocupaciones mejor remuneradas? Necesitamos más información a ras de suelo para saberlo.

Este recorrido muestra que en los años 80 hubo un filtro con criterio ideológico: puerta abierta a quienes comparten un credo. Los criterios geopolíticos siguen siendo aplicados a naciones en guerra como Iraq y Afganistán, y son ostensibles y ostentados en la vía expedita hacia la residencia para los intérpretes iraquíes o afganos que auxiliaron a funcionarios estadounidenses y para aquellos que fueron empleados por el gobierno estadounidense a partir de 2001 (para los afganos) o de 2003 (para los iraquíes) por al menos un año, según lo establecen The Afghan Allies Protection Act de 2009 y la National Defense Authorization Act, ley federal que estipula el presupuesto del Departamento de Defensa.

Pero ese filtro ha dejado de ser aplicado a los centroamericanos. La “ilegalización” o aceptación de los centroamericanos ha pasado por una re-ideologización de las políticas migratorias: Desde un eje geopolítico, ¿hacia un eje nacionalista-racial? ¿Hacia un eje clasista? ¿Hacia el “modelo Virginia”, donde el mercado impone su demanda de mano de obra o su demanda de “clientes” en los centros privados de retención de migrantes?

ASUMIR Y DESAFIAR LA “ILEGALIDAD”:
UN ACTO FUNDACIONAL

La mayor indocumentación tiene que ver con el desplazamiento de la línea de la legalidad. Eso quedó reflejado en la evolución cronológica. El aspecto sombrío del incremento de la indocumentación es que dispara una oportunidad para que el gran capital disponga de un ejército de reserva que le permite deprimir los salarios. La categoría de illegal alien, como ha apuntado el antropólogo Nicholas De Genova, es enormemente lucrativa y sirve para suministrar mano de obra barata. Esa proposición está tan bien establecida que es irrefutable. Pero, en sí mismo, ese hallazgo crucial resulta insuficiente porque no examina -y por ello naturaliza- el origen de ese estatus jurídico, lo que De Genova denomina la “ilegalización” del migrante.

Esa ilegalización también tiene un revés: aumenta el número de quienes desafían al Estado. El censo revela que los migrantes reaccionan asumiendo la ilegalidad, no evitándola. En ese proceso de ilegalización, los migrantes han asumido la ilegalidad, con sus riesgos y sus desafíos. Las apelaciones de algunos estudiosos a una ciudadanía universal y la batalla semántica que intenta eliminar -o deslegi¬timar mostrando su espurio origen- el estigma de “ilegales” que el Estado estampa sobre los migrantes indocumentados no consiguen borrar el hecho de que el acto fundacional de la relación de la mayoría de los migrantes centroamericanos con Estados Unidos es una transgresión de las leyes que rigen en ese país.

¿Apuestan esos migrantes a un futuro como ciudadanos sobre la base de cómo funciona el Estado de la Unión Americana? ¿Qué saben los migrantes de cómo funciona ese Estado y cuáles son las rendijas por donde pueden colarse al amparo de la heterogenidad estatal, la diversidad de políticas y el trabajo de los activistas?

El censo del SJM acopió información sobre 5 secuestrados y 144 desaparecidos, cifra que representa el 13% de los chinandeganos que migraron a Estados Unidos y México. Cifra gruesa. ¿Qué otras consecuencias riesgosas, que limitan el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos, tiene la indocumentación? Para saberlo tenemos que ir más allá de este censo, con investigación sobre el terreno. Tenemos algunas pistas. Quedan muchas interro¬gantes en el aire. Tocaremos tierra migrante para responderlas.

MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PHILIPPS, MARBURG.

Imprimir texto

Enviar texto