Reforma energética: un gran despojo y una traición a la patria

La reforma energética decidida por el PRI y el PAN en México hay que inscribirla y entenderla en el avance imparable del capitalismo privatizador y extractivista. La masiva resistencia de la izquierda mexicana, el PRD y MORENA a la cabeza, luchando ahora porque se haga una consulta popular, no logró detener la aprobación ni la promulgación de la reforma. La tarea que se presenta ahora a la ciudadanía, y a los pueblos que verán afectados sus territorios vitales, será descomunal.

Jorge Alonso

El último día de 2013 apareció en un periódico nacional una esquela firmada, entre otros por la escritora Elena Poniatowska. Promovida por la dramaturga Jesusa Rodríguez. sintetizaba así la reforma energética: “Lamentamos profundamente la muerte de la democracia y la entrega de la soberanía, consumada por un grupo de delincuentes que arribó al poder sin legitimidad alguna, y que intenta perpetuarse a costa de la venta de la riqueza del subsuelo a la oligarquía nacional y a las transnacionales depredadoras. Nos unimos a la pena que embarga a millones de mexicanos en esta hora aciaga de nuestra historia. Seguiremos luchando por rescatar a México y por el derecho que tenemos los mexicanos de labrar nuestro propio destino”.

Ese mismo día el historiador Adolfo Gilly comunicó a los zapatistas, a raíz de que cumplían 20 años en lucha, que los dueños del poder acababan “de completar la destrucción del artículo 27, abriendo de par en par las puertas a la privatización del petróleo y de las riquezas naturales de la nación a la potencia militar vecina, entregando a su maquinaria militar nuestros recursos estratégicos. Así, las petroleras regresarán con sus guardias blancas, sus militares y policías privados, sus territorios, sus espías, sus abogados, sus políticos a sueldo y su arrogancia imperial. Estados Unidos y su máquina militar acaban de ganar en México el equivalente de una guerra de Irak, pero sin guerra y al otro lado de su frontera”.

CONSIGUIERON LO QUE QUERÍAN

En el siglo 19 México perdió la mitad de su territorio después de una guerra. Ahora, la clase política de derecha ha entregado la riqueza petrolera, minera y acuífera de la nación, destruyendo el presente y embargando el futuro de lo que nos había quedado como nación. Se ha evidenciado así que quienes gobiernan son las grandes corporaciones transnacionales y que los gobernantes en turno son sus serviles mandaderos.

En 1938 la situación era otra, Lázaro Cárdenas, un presidente con apoyo popular, nacionalizó el petróleo, usándolo como palanca para el desarrollo nacional. Desgraciadamente, la corrupción del PRI, el partido de Estado, fue dilapidando ese importante recurso y propició una dirigencia sindical antidemocrática y voraz. Fue dejando que la empresa estatal languideciera. Aunque esto tenía remedio con una democratización verdadera y con el saneamiento de la empresa petrolera, el actual gobierno prefirió abrir las puertas de lo que quedó reservado firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En lugar de hacer un balance del desastre que ha implicado el TLC para las mayorías depauperadas, optó por seguir el camino del enriquecimiento desbocado de unos cuantos a costa de la miseria de los más.

Durante muchos años los organismos mundiales que impulsaron la globalización neoliberal y las corporaciones transnacionales presionaron para que la riqueza petrolera mexicana dejara de estar protegida por el Estado. Con los gobiernos federales panistas confiaron en que conseguirían esa apertura, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la oposición al PAN, junto con partidos de izquierda, lo impidieron. Cuando el PRI recuperó en 2013 la Presidencia de la República las presiones se incrementaron y finalmente las corporaciones lograron lo que tanto ambicionaban. El 12 de agosto de 2013 el Presidente Peña Nieto mandó al Senado su iniciativa en materia energética. En ella planteaba eliminar la prohibición de celebrar contratos entre el Estado y particulares en materia petrolera; eliminar la facultad exclusiva de la nación de llevar a cabo la explotación petrolera; suprimir a la nación como el único sujeto que realiza esa explotación; y eliminar la facultad exclusiva de la nación de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para el servicio público. La iniciativa presidencial pretendía desechar el mandato para que la nación aproveche los bienes y recursos naturales requeridos para conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica; y permitía al Estado celebrar contratos con particulares en estas materias. Sacaba de las áreas estratégicas a cargo exclusivo del Estado al petróleo y a los demás hidrocarburos, a la petroquímica básica y a la electricidad. Con esta iniciativa, el Estado renunciaba a la propiedad, al dominio directo y al derecho de explotación exclusiva e integral de los hidrocarburos.

GRAVE RETROCESO HISTÓRICO

Al conocer la iniciativa presidencial el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales alertó que la energía no era un sector económico, sino la base de todo el sistema económico mexicano, de una importancia estratégica determinante en la economía, la política y el ámbito militar de la nación. Recordó que los impuestos petroleros habían contribuido, con una aportación que ha variado entre el 30 y el 50%, al gasto público, que el superávit de las exportaciones petroleras compensaban el déficit comercial del país, y que esas reservas sostenían un 90% de las reservas del Banco de México, con las cuales se formula y sostiene la política monetaria y el tipo de cambio. El Centro exhortó a los legisladores a no aprobar una iniciativa que provocaría graves daños a la economía y a la soberanía nacional. Hizo ver que la iniciativa no tenía un fundamento técnico de la supuesta incapacidad o falta de rentabilidad de la empresa petrolera nacional. Planteó que la iniciativa respondía a los intereses de Estados Unidos y a sus corporaciones financieras energéticas y no al interés de los mexicanos. Señaló que la aprobación de la iniciativa despojaría a México de sus reservas de hidrocarburos y transferiría a propiedad privada y de extranjeros las inversiones realizadas durante años por los mexicanos en la explotación de los hidrocarburos y la electrificación del país. Su aprobación implicaría la dependencia energética de México con las corporaciones y gobiernos extranjeros e impediría la transición soberana hacia las energías renovables. Advirtió que si se aprobaba la iniciativa los inversionistas extranjeros no tendrían la obligación de transferir tecnologías, de tener proveedores nacionales, ni de lograr un determinado porcentaje de contenido nacional. Tampoco pagarían impuestos en México porque los tratados internacionales impiden la doble tributación. Consideró que todo ello llevaría al estancamiento económico, ahondaría aún más la desigualdad en México, crecería la desindustrialización del país e imposibilitaría retener las divisas de las exportaciones energéticas para sustentar las reservas del Banco de México. En contra de lo que prometía el gobierno, el Centro argumentaba que no habría manera de reducir los precios de los combustibles y de las tarifas eléctricas, y que la puesta en práctica de la iniciativa presidencial implicaría un grave retroceso histórico para los mexicanos.

UNA PROPUESTA ELABORADA
EN ESTADOS UNIDOS

La Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Amplio Social denunciaron la propuesta de Peña Nieto y la virulenta campaña que el gobierno y los grandes medios de comunicación estaban haciendo con promesas incumplibles. Criticaron que durante años la renta petrolera se hubiera usado para el gasto operativo del gobierno. Proclamaron su oposición a la privatización de los recursos naturales estratégicos que, por ser bienes públicos, deberían estar al servicio del país y no de unos cuantos. Exigieron que se usaran los recursos naturales para garantizar la seguridad energética del país y se reintegrara la estructura operativa de la empresa petrolera nacional y modificara el opresivo régimen fiscal en que se la mantiene. Hicieron un llamado para combatir el saqueo que funcionarios públicos, contratistas, líderes corruptos y la delincuencia organizada hacen de los recursos energéticos nacionales. Propusieron que el país se reindustrializara, que hubiera un sindicalismo auténtico y que se impulsara la transición energética a partir de un verdadero plan estratégico que promoviera el uso de energías limpias.

A finales de agosto, un centenar de organizaciones sindicales y sociales se reunieron para examinar cómo se debería emprender la defensa del petróleo mexicano, de la energía eléctrica y del agua. Eran los mismos que en marzo, al recordar la nacionalización petrolera, habían lanzado la proclama por el rescate de la nación advirtiendo que México se encontraba en peligro de dejar de ser una nación libre y soberana. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz recomendó a México salvaguardar la propiedad de su petróleo.

No hay que olvidar lo sucedido en 2012, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos discutió un informe sobre el petróleo mexicano. La revisión pública que hizo el historiador Ilán Semo de ese documento llevaba a la conclusión de que la propuesta que Peña Nieto entregó al Senado mexicano en agosto de 2013 fue elaborada en el exterior. Para Estados Unidos, el petróleo que se encuentra en suelo mexicano constituye tema de su seguridad nacional. Semo aceptó que la forma en que había sido administrada PEMEX no había hecho otra cosa sino preservar una burocracia depredadora, pero también llamó la atención de que la privatización de la telefonía y de los bancos que se había desarrollado en México había sido tanto o más depredadora. El problema radicaba en cómo cambiar la relación entre el Estado y PEMEX y no en entregar la soberanía.

“QUE NOS PREGUNTEN A TODOS”

Cuauhtemoc Cárdenas, hijo del General Lázaro Cárdenas, haciendo honor a su padre, quien nacionalizó el petróleo, consideró que la propuesta del Presidente Peña regresaría al país al régimen que existía antes de esa expropiación, pues abriría la posibilidad de que las compañías antes expropiadas volvieran a manejar el petróleo, las reservas y los yacimientos del país. Invocó el artículo 35 constitucional, que plantea la posibilidad de realizar consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. La consulta podría ser convocada por el 2% de la lista nominal de electores. Si esa cifra se lograba, en las siguientes elecciones federales que serán en 2015, se tendría que hacer una consulta ciudadana sobre la reforma energética.

A finales de agosto se realizó una multitudinaria movilización. Fue desde el Ángel de la Independencia a la esquina de 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, porque el Zócalo estaba ocupado por un campamento del magisterio disidente. En la marcha, intelectuales, dirigentes políticos, organizaciones sociales y gremiales llamaron a la unidad para defender el petróleo, la electricidad, la educación, y la soberanía nacionales. Cárdenas inició una campaña de recolección de firmas para lograr la consulta popular con el lema “El petróleo es de todos, que nos pregunten a todos”. Acudió también a los foros de debate en materia petrolera que organizó el Senado y enfatizó que la iniciativa presidencial era privatizadora. Volvió a advertir que México se encontraba ante la gravísima perspectiva de que las compañías expropiadas en 1938 regresaran con otros nombres, volvieran a ser las que decidieran cómo se manejaba la extracción y volvieran a ser las principales beneficiarias de la explotación de los yacimientos de hidrocarburos. Un senador del Partido del Trabajo denunció que el foro había sido una simulación, pues la promesa de escuchar todas las voces había sido una farsa. Un especialista en cuestiones petroleras, Javier Jiménez Espriu, manifestó públicamente que había declinado la invitación a participar en esos foros porque no estaba dispuesto a formar parte de una ópera en cuyo libreto ya estaba definido el desenlace.

SERÁ LA SANGRÍA DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador, quien lleva adelante el esfuerzo para que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se convierta en partido político, organizó el 8 de septiembre una masiva movilización en defensa del petróleo y de la economía popular para impedir reformas constitucionales que entreguen la renta petrolera a empresas extranjeras. A mediados de ese mes hubo asambleas informativas en los municipios. Aunque propuso hacer una marcha nacional desde el Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo 22 no fue posible llegar a esa plaza porque el gobierno había instalado allí un centro de acopio para los damnificados de los huracanes. La marcha culminó en la glorieta a Colón. Cárdenas y López Obrador hicieron allí llamados públicos para organizar una resistencia civil pacífica. López Obrador retó al Presidente a someter a consulta su reforma energética, y enfatizó que si le quitaba a la nación mexicana su petróleo, eso equivalía a que la patria se desangrara. Ante miles de personas criticó la cerrazón gubernamental ante la inconformidad generada por esta reforma. En octubre, la Presidencia rechazó hacer una consulta en torno a la reforma.

RESISTENCIAS Y ANÁLISIS

Una tercera movilización masiva contra la reforma, convocada por MORENA, se realizó el 6 de octubre. En ella, López Obrador conminó al Presidente a confirmar o desmentir si había hecho un acuerdo fuera del país con las petroleras extranjeras. Detrás de la propuesta privatizadora gubernamental había un pacto de traición a México. A lo largo de la avenida Reforma fueron colocados 80 tambos similares a barriles de petróleo para que la gente depositara sus firmas demandando la consulta popular.

La gran empresa privada expresó su apoyo a la reforma. Y continuó la lucha. El escritor John Saxe-Fernández consideró que era una irresponsabilidad histórica desmantelar la nacionalización petrolera. El abogado indígena Francisco López Bárcenas se preguntó si los mexicanos permitirían que se abriera el camino para profundizar el despojo de la nación, señalando que había otras alternativas para corregir las insuficiencias y vicios que prevalecían en la industria petrolera.

A finales de octubre, López Obrador, después de tres masivas reuniones de protesta que no habían podido llegar al Zócalo, pudo por fin congregar a una multitud en esa plaza emblemática. Pidió a los senadores de oposición que conformaran un bloque que detuviera la reforma energética dando tiempo a la realización de una consulta en la que los mexicanos digan si están o no de acuerdo con la privatización del petróleo. Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México hicieron público un documento en el que manifestaron su preocupación por la reforma, que priva a la industria petrolera nacional de su carácter estratégico, ya que el gobierno elimina la exclusividad estatal en la industria.

El análisis revela que la propuesta de reforma carece de una argumentación que se corresponda con la magnitud
de los cambios propuestos. Insistieron en que las modificaciones constitucionales se decidan con conocimiento suficiente de las modalidades concretas que adoptaría la política energética. Alertaron sobre la discrecionalidad que tendrían los permisos y concesiones, lo que abriría las puertas a la opacidad y corrupción. Exhortaron a emprender una reforma energética que garantice una oferta suficiente y diversificada de fuentes sustentables y seguras con la mira en el bienestar del país.

NECESIDADES BÉLICAS DE USA

Cárdenas, López Obrador, el obispo de Saltillo Raúl Vera, el ex-rector Pablo González Casanova, Adolfo Gilly y varias personalidades más enviaron una carta a los legisladores advirtiendo que estaba en riesgo el futuro de las nuevas generaciones, despojadas de sus recursos. Considerando que esto implicaba un delito de traición a la patria, exhortaron a los legisladores a conducirse con sentido patriótico y a no dar la espalda a los intereses de la nación.

Gilly hacía un llamado a todas las personas, sin distinción de creencias, ideologías o posiciones políticas y sociales para conseguir una unidad que evite el despojo de la nación promovido por el gobierno y las corporaciones petroleras, entregando la soberanía mexicana a los intereses y necesidades bélicas estadounidenses. Señaló que la reforma energética pone en riesgo el desarrollo de México como país libre e independiente y constituye un hecho aún más grave que la entrega de Texas en el siglo 19. Recordó Gilly que Estados Unidos es una poderosa nación en guerra permanente, y en un mundo donde sus rivales se están multiplicando, Estados Unidos necesita más que nunca extender su dominación estratégica sobre el territorio de su vecino del sur. La entrega de las llaves de la riqueza petrolera, minera y territorial mexicanas a Estados Unidos se agregaría a la subordinación financiera y mediática ya en marcha completando un proyecto de entrega y sumisión.

PETROLERAS ADVERTIDAS

En otros foros de discusión sobre la reforma energética promovidos por su partido (PRD), Cárdenas enfatizó que la reforma era ilegítima porque en la campaña presidencial el candidato priísta no había planteado cambios constitucionales para abrir la puerta al retorno de las compañías petroleras. Confiando en que una consulta popular echaría abajo las modificaciones que se hicieran a la Constitución en materia energética, exigió al gobierno que exhibiera las propuestas de las leyes secundarias en la materia para así poder ver el alcance de la reforma que planteaba.

Muñoz Ledo señaló que la iniciativa presidencial conduce a México a ser un proveedor permanente de crudo. El sacerdote dominico Miguel Concha recalcó que la iniciativa colocaba a los mexicanos en manos de quienes no tienen interés en beneficiar o proteger la economía del país, lo que implicaba la pérdida del sentido nacional más elemental. López Obrador envió cartas a los responsables de las diez petroleras extranjeras más importantes del mundo advirtiéndole que, en caso de que se aprobara la reforma energética, cualquier trato que hicieran con el gobierno de Peña no tendría legitimidad porque el petróleo no era del gobierno, ni siquiera del Estado, sino del pueblo y la nación. Les recordó que la reforma no contaba con el consenso de los mexicanos.

PACTO DE TRAICIÓN PRI -PAN

El analista Jorge Eduardo Navarrete llamó la atención sobre una noticia aparecida en “The Wall Street Journal”. Decía que el gobierno del PRI y los dirigentes del PAN estaban en negociaciones para ampliar aún más la reforma energética y permitir al Estado compartir la producción petrolera y conceder contratos de licencia para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas. El investigador Arnaldo Córdova precisó que mientras los priístas querían una apertura gradual, los panistas querían una apertura total e inmediata, y estaban ganando en esa discusión, de la que la izquierda había sido excluida.

En los primeros días de noviembre, la Unidad Patriótica por el rescate de la Nación -una confluencia de artistas, sindicatos, políticos, organizaciones civiles y de derechos humanos- realizó otra manifestación en el Ángel de la Independencia en contra de la reforma energética. Delinearon acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica para impedir el avance de la reforma. A mediados de noviembre el partido de Cárdenas (PRD) realizó otra concentración masiva en el Zócalo. Allí, el hijo del General señaló que las promesas gubernamentales no tienen base. Decían que con la reforma habría más empleos porque se producirían tres y medio millones de barriles de petróleo, pero esa cifra se había logrado en 2004 sin que hubiera crecido ni la economía ni el empleo. Advirtió que las empresas privadas agotarían los yacimientos, pues sólo les interesaba extraer la mayor cantidad de petróleo posible sin cuidar las reservas. Informó que del millón 630 mil firmas necesarias para demandar una consulta popular ya se habían reunido 1 millón 200 mil.

El constitucionalista Diego Valadés señaló que la iniciativa presidencial tenía muchos problemas, entre ellos depositar exclusivamente en el Ejecutivo la política y las decisiones en materia energética, lo que daba al Presidente facultades excesivas, sin tomar en consideración ni al Congreso ni a la sociedad. En contra de la propaganda oficial, advirtió que si se aprobara la iniciativa habría más pobres, más déficit en los servicios públicos y más enriquecimiento de particulares a costa de los recursos de la sociedad.

UN CRIMEN DE LESA PATRIA

El 22 de noviembre, el obispo Raúl Vera, Pablo González Casanova, periodistas e intelectuales publicaron una carta abierta al Presidente en el que le decían que veían el riesgo de que México fuera desestabilizado desde fuera para provocar una intervención extranjera. Le conminaban a retirar la inconstitucional iniciativa de reforma energética porque atenta contra decisiones políticas reservadas exclusivamente a la soberanía del pueblo.

A inicios de diciembre, López Obrador encabezó un masivo mitin en el Zócalo, en el que fue leído un escrito de Elena Poniatowska, quien acababa de recibir la noticia de que había sido distinguida con el Premio Cervantes. La escritora afirmaba que la reforma energética es una trampa del “nuevo PRI” y lo único que faltaría después sería la legalización de la corrupción. López Obrador invitó a sus seguidores a cercar los recintos legislativos para tratar de impedir la aprobación de la reforma.

El investigador Adolfo Sánchez Rebolledo denunció que la reforma es una enorme operación para traspasar del Estado a los particulares los beneficios de la renta petrolera. El académico Gilberto López y Rivas reflexionó que la maquinaria legislativa de la oligarquía colaboracionista estaba lista para aprobar las reformas constitucionales exigidas por el capital transnacional para apoderarse de la riqueza energética mexicana, que pertenecía a la nación y al pueblo, lo llamó “crimen de lesa patria”. Legisladores de izquierda enviaron cartas a las compañías transnacionales interesadas en invertir en la explotación petrolera para avisarles que habría una consulta nacional para revocar la privatización del petróleo mexicano.

APRUEBAN Y PROMULGAN
LA REFORMA

Pese a las múltiples protestas, cercos a los espacios legislativos y razonamientos, la alianza entre los senadores del PRI -y sus partidos satélites- con el PAN modificó en la segunda semana de diciembre el régimen constitucional en materia
de hidrocarburos.

La propaganda oficial se centró en dar algunos avances de cambio del artículo 27 de la Constitución, pero terminó modificando también los artículos 25 y 28. Así se permiten contratos de servicio, de utilidad y de producción compartida y concesiones en beneficio de las empresas extranjeras. Con las modificaciones, la refinación del petróleo, la petroquímica básica -y el procesamiento de gas natural- y la generación de electricidad dejaron de ser actividades estratégicas. Se permite el ingreso de empresas privadas a esos negocios, con una extensa gama de contratos y de licencias, equivalentes a concesiones públicas. Se le otorga al Ejecutivo la facultad discrecional de determinar zonas del territorio a explotar por diversas empresas. Las modificaciones aprobadas obligan a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad a competir en condiciones de desventaja con transnacionales.

Un senador panista votó en contra de la iniciativa en nombre de la seguridad energética del país, argumentando que licencia es lo mismo que concesión. Dijo que quienes estaban aprobando la reforma no querían ver el carácter depredador de las empresas transnacionales. Legisladores de izquierda advirtieron que las modificaciones permitían que las empresas mineras extranjeras pudieran también explotar petróleo y gas. A las empresas estatales no se les privatizaba, pero se las convertía en cascarones para que fracasaran.

El articulista John M. Ackerman hizo un llamamiento para poner un alto al saqueo, pues la reforma energética dejaba en claro que la clase política quería lucrarse personalmente regalando el oro negro a las empresas transnacionales, pues a los políticos y funcionarios cómplices les tocaría una buena rebanada en ese dadivoso reparto.

Para que la reforma se consumara, además de su aval en el Senado necesitaba la aprobación de la Cámara de Diputados y de la mayoría de los Congresos de cada entidad federativa. Pese a los cercos, la consumación de produjo sin discusiones, y en algunos casos en escasos minutos. No sólo no hubo discusión. Ni siquiera se dio tiempo para que los legisladores locales leyeran lo que se les mandaba aprobar. Antes de Navidad el Ejecutivo promulgó la reforma.

ESTADOS UNIDOS APLAUDE

La iniciativa privada expreso su alegría por la aprobación de la reforma. El PRI y el PAN la interpretaron como una victoria. La prensa estadounidense destacó que había ido más allá de lo esperado en su apertura al capital extranjero. El gobierno de Estados Unidos y las petroleras aplaudieron. Aunque el gobierno estadounidense hubiera preferido que la reforma dijera expresamente que se darían concesiones, sabía que las licencias serán equivalentes a las concesiones. Ahora esperaba la legislación secundaria. El periódico argentino “El Clarín” destacó la desregulación petrolera mexicana y la apertura a la inversión transnacional de las reservas mexicanas probadas -equivalen a la producción de Kuwait- y de las no comprobadas, sobre todo las de los denominados shale gas/shale oil, que ocupan un segundo lugar mundial después de las de Estados Unidos.

En una marcha contra la privatización del sector energético del país que se realizó en el Ángel de la Independencia, Cárdenas anunció que habría una lucha para anular la reforma entreguista. Cárdenas se reunió con partidos y con 40 organizaciones para explorar acciones encaminadas a revertir la enajenación del subsuelo mexicano. Una acción fundamental acordada fue proseguir recolectando firmas para demandar la consulta popular. Se prevé que para marzo de 2014 se completará el número de firmas y que en las elecciones de 2015 se podrá revertir lo aprobado.MORENA anunció que alistaba una lucha jurídica en contra de la reforma, cuya aprobación había estado plagada de irregularidade y violó los procesos jurídicos y legislativos, especialmente en los congresos locales.

OBAMA FELICITA A PEÑA NIETO

El PRI y el PAN dicen que la reforma no es susceptible de una consulta porque se trata de temas que implican ingresos y gastos del Estado. No obstante, expertos en derecho constitucional han expresado que el artículo 35 de la Constitución permite la consulta popular porque el petróleo y los hidrocarburos constituyen aspectos fundamentales para la economía mexicana. La reforma energética va más allá de cuestiones fiscales y es un tema de seguridad nacional. La Constitución sólo hace restricciones a la ley de ingresos y al presupuesto de egresos, pero no el tema de la renta petrolera. No obstante, hay quienes recuerdan que, por el TLC, si México afecta futuras ganancias tendrá que pagar compensaciones a las compañías extranjeras.

A mediados de enero de 2014 en Puerto Vallarta se celebró la 22 reunión anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico.
Allí, la representación mexicana presentó como uno de sus grandes logros la reforma energética. Obama llamó al Presidente mexicano para felicitarlo por la reforma y el Presidente del Consejo de Ministros de Italia hizo lo mismo en su visita a México.

Las redes sociales circularon las fotos de los legisladores que dieron su voto aprobatorio a la reforma energética, calificándolos de traidores a la patria. MORENA inauguró en la alameda de la ciudad de México “el muro de la ignominia” con las fotos de esos legisladores, e interpuso una denuncia contra el Presidente Peña Nieto por traición a la patria. El gobierno advirtió a los opositores que la tolerancia que les mostraba tenía límites, anunciando que criminalizará aún más la protesta social. La tarea que se presenta ahora a los ciudadanos es descomunal.

HACIA EL ANTI-DESARROLLO

Después de su aprobación, los análisis de las implicaciones de la reforma energética se multiplicaron. Los escritores Arnaldo Córdova y Adolfo Gilly consideran que se ha dado tanto el desmantelamiento de la Constitución como la destrucción de sus artículos básicos, profundizando una subordinación política, financiera, productiva, territorial y militar a Estados Unidos. Recordaron que la Constitución es un pacto fundacional permanente y no puede ser cambiada a favor de unos cuantos. La reforma energética significa la anulación del régimen de propiedad de la nación sobre sus bienes primordiales: su territorio, su subsuelo y los fondos marinos. En lugar del pacto social, lo que ha quedado es una oligarquía convertida en sistema dominante, un gobierno de los ricos para los ricos, con el dominio absoluto del dinero, con sus secuelas de dilapidación y corrupción.

El investigador Julio Boltvinik señaló que la reforma impulsa el antidesarrollo por la entrega al capital internacional del petróleo e, independientemente de su legalidad, es ilegítima, inmoral y antinacional. Es un absurdo que un país pobre regale a los millonarios del mundo los recursos del pueblo. Jorge Eduardo Navarrete reflexionó que la reforma condena a México a la condición de exportador de crudo e importador neto de derivados y reincorpora el territorio y los mares nacionales a los ya extensos cotos de caza de las corporaciones transnacionales, relegando los proyectos de ampliación y diversificación de la industria petrolera y petroquímica nacional e introduciendo a PEMEX en un callejón sin salida, cerrando la opción a un desarrollo industrial autónomo.

El analista Guillermo Almeyda consideró que el gobierno de Peña es neoporfirista: en su alianza con el capital financiero
la oligarquía aplica un plan destructor de la independencia, la soberanía y las conquistas sociales, entregando a México subordinadamente a la política estadounidense.

El filósofo Gabriel Vargas Lozano señaló que de nada habían servido las masivas manifestaciones de rechazo. La oligarquía había defendido su interés en contra de la mayoría. No faltaron señalamientos que resaltaban que el pueblo no veía como aliado a PEMEX, que cobra caros sus productos y no se responsabiliza de los desastres que ocasiona, crisis debida al desvío de sus ganancias a las arcas de los corruptos, que a su amparo han construido enormes fortunas.

Organizaciones ambientalistas advirtieron que con la reforma se pone en riesgo el agua, la salud y el bienestar de los mexicanos por la explotación del gas lutitas, la que se realiza mediante la fractura hidráulica, que necesita mucha agua y que es muy contaminante. Refiriéndose a la francachela del diciembre entreguista, el Subcomandante Marcos señaló que el despojo se cubría con mentiras. Recordó que desde la reforma salinista del artículo 27, dos décadas atrás, el campo mexicano estaba destrozado. Ahora, la nueva modificación constitucional encarecerá la gasolina, la energía eléctrica y la educación. El grupo de Las Abejas denunció desde Chiapas que la reforma destruía todas las conquistas ganadas con la sangre de los campesinos en la Revolución Mexicana. Defensores de sus tierras en varios estados, los pueblos indígenas y campesinos reflexionaron que la reforma energética cerraba los cauces legales para defender sus tierras y sus recursos naturales. Pero anunciaron que seguirían defendiendo lo suyo con lo que fuera.

¿CÓMO ENFRENTAR
EL CAPITALISMO EXTRACTIVISTA?

El científico social Boaventura de Sousa Santos ha escrito que el capitalismo anuda por todo el mundo las crisis ambiental, alimentaria y energética y que, con la especulación financiera, los recursos naturales van siendo privatizados con voracidad depredadora. Llamó la atención sobre la minería, el petróleo y el gas natural, “locomotoras” cada vez más potentes, que aniquilan todo lo que encuentran en su camino o complica sus ganancias. Está convencido de que sólo potentes movimientos sociales podrán enfrentar este capitalismo extractivista.

La movilización partidista de la izquierda mexicana no logró detener la reforma privatizadora y extractivista. Tratará
de revertirla. No obstante, la mayor movilización, la que se opondrá día a día a está codicia, será la resistencia de los pueblos que vean afectados sus territorios vitales.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

Imprimir texto

Enviar texto