Costa Caribe: elecciones entre la conspiración y las responsabilidades

El 2 de marzo se celebraron las elecciones regionales en el Caribe Norte y Sur. El FSLN tendrá, por primera vez, mayoría de concejales en ambos Consejos Regionales. He aquí algunos datos, muchas preguntas e importantes reflexiones a la luz, y a las sombras, de esos comicios.

Salvador García Babini

Analizar cuantitativa y cualitativamente resultados electorales en la Costa Caribe resulta siempre un desafío. Por las dinámicas de la elección en sí misma. Por los pocos datos que se producen una vez que finaliza. Y por la tarea que supone entender la complejidad del trasfondo político, social y económico que está en juego antes, durante y después de los comicios. Trataré de interpretar los datos de las elecciones del 2 de marzo, sin perder de vista el contexto de toda la región.

FALTA DE TRANSPARENCIA

En las séptimas elecciones regionales en la Costa Caribe Norte (CCN) y en la Costa Caribe Sur (CCS) del 2 de marzo la población elegía 45 concejales para cada región entre los 11 partidos políticos que se disputaban sus votos. Los resultados oficiales fueron: en la CCN (28 FSLN, 11 YATAMA, 5 PLI, 1 PLC) y en la CCS (30 FSLN, 6 PLC, 4 YATAMA,
3 PLI, 2 PIM).

Hubo falta de transparencia. Esto ya no es sorpresa. El Consejo Supremo Electoral continúa haciendo un trabajo ineficiente al brindar información pública. Después de las elecciones, su página web indicaba el número de concejales que obtuvo cada partido político, pero no informaba de la cantidad de votos por circunscripción y, menos aún, publicaba las actas por cada Junta Receptora de votos, según exige la ley.

Esta falta de transparencia influye en la falta de credibilidad de los procesos electorales y además, imposibilita que los partidos revisen los resultados comparándolos con sus propios datos. Cabe destacar como un golpe a la autonomía de la Costa Caribe el que este año, por primera vez en la historia de las elecciones regionales, los resultados no se dieron desde Bilwi y Bluefields, sino que la información se centralizó en Managua, desde donde el cuestionado presidente del CSE, Roberto Rivas, habló para toda Nicaragua. Kenny Lisby, director de Radio Caribe en Bilwi, me comentó así este cambio: “Se escucharon los informes, pero no hubo espacio para hacer ninguna consulta. Al parecer, la estrategia fue que nadie preguntara nada”.

“GANÓ” EL ABSTENCIONISMO

El abstencionismo obtuvo el primer lugar en los resultados. A partir de la información extraoficial y dispersa que manejaron diferentes medios de comunicación e instituciones se pudieron reconstruir los datos. Así, se sabe que el total de ciudadanos aptos para votar en ambas regiones, tomando en cuenta el padrón activo y pasivo, era de 353 mil 582 personas, y que ejercieron el voto 146 mil 559, sumando votos válidos y votos nulos. Las cifras muestran una participación del 41.4% y un abstencionismo del 58.6%.

Aun tomando en cuenta las denuncias hechas por YATAMA y el PLI, reclamando que una parte de la población -todavía se desconoce la cantidad- no pudo votar porque fue borrada del padrón o porque fue ubicada en una junta receptora lejos de su casa, el nivel de participación electoral de la población costeña sigue siendo bajo. Es ya una tendencia histórica. A excepción de las dos primeras elecciones regionales (1990 y 1994), el abstencionismo obtuvo siempre el primer lugar. Fue del 58 % en 1998, del 62% en 2002, del 55 % en 2006 y del 60% en 2010.

LOS PROBLEMAS MÁS SENTIDOS

¿Cómo interpretar estas cifras? La primera lectura es que buena parte de la población costeña no tiene confianza en la clase política, ni en la capacidad de los gobiernos regionales para solucionar los problemas puntuales de la sociedad. Conoce los casos de corrupción y la falta de transparencia y es común escuchar este razonamiento: ¿Para qué ir a votar si vamos a seguir igual?

Después de varios años de trabajar en la Costa Caribe Norte y de esta última visita, posterior a las elecciones, veo muchos problemas que preocupan a la ciudadanía y que siguen sin resolverse. Entre los más mencionados están la inseguridad territorial que genera el avance de la frontera agrícola ganadera, los altos índices de desempleo, la delincuencia y la precarización de la economía que aprovecha los productos del mar, forestales y mineros, afectando negativamente la posibilidad de que miles de personas obtengan mayores ingresos.

También, la falta de escuelas públicas de nivel secundario, un sistema de salud colapsado en los espacios urbanos y con presencia mínima de personal médico y escasez de medicinas en los espacios rurales, la negligencia de las instituciones responsables ante la deforestación de los bosques por grandes empresas, incluyendo Albaforestal, y una red vial en pésimas condiciones, que dificulta el transporte interno y externo en ambas regiones. Ningún partido político presentó un plan de gobierno que abordara concretamente cómo pensaba enfrentar estos sentidos problemas.

UN RITMO ELECTORAL CONTINUO

Hay otros dos factores que inciden en la decisión de la población para ir o no ir a votar. El primero es que buena parte de la población mestiza, -sobre todo los que tienen poco tiempo de vivir en la región y los que viven en territorios alejados de Bilwi y de Bluefields-, no se sienten representados por el proyecto autonómico ni por sus estructuras políticas. El segundo es que la población rural indígena y afrodescendiente se siente expuesta a un ritmo vertiginoso de seis elecciones. Eligen juez comunal una vez al año, eligen síndico cada dos años, eligen gobierno territorial cada dos años, eligen alcalde cada cuatro años, eligen gobierno regional, ahora cada cinco años, a partir de la reciente reforma a la Constitución y eligen gobierno nacional cada cinco años.

Más allá de lo que representan para la gente simbólica y materialmente cada una de estas instituciones de gobierno, es posible deducir que tan constante ejercicio político, asociado a los pocos beneficios inmediatos que obtienen en esos espacios, ha erosionado el sentido de la participación.

En cualquier caso, para comprender mejor los comportamientos electorales sería importante hacer una lectura de los porcentajes generales, desagregando los números por municipio, por territorio, por circunscripción, por junta receptora, por grupo étnico, por género y por edad. Para lograr esa mejor comprensión sería decisivo que el CSE publicara todas las actas que se firmaron en cada junta. Por ejemplo, según un informe del Centro de Derechos Humanos de la Costa Atlántica (CEDEHCA) sobre estas elecciones, la participación aproximada en Rosita fue del 34 %, mientras que en Siuna fue del 65 %. Analizar el por qué sería interesante, pero se necesitaría más información del Poder Electoral.

EL FSLN CON MAYORÍA
Y SIN ALTERNATIVAS QUE LO CUESTIONEN

Después de las elecciones del 2 de marzo, los medios de comunicación centraron su atención principalmente en tres aspectos. Uno, por primera vez el Frente Sandinista obtenía mayoría de concejales en ambas regiones autónomas. Dos, el fraude técnico que el Frente Sandinista habría realizado para obtener ese resultado. Y tres, la decisión de YATAMA de separarse de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional y romper la alianza que desde 2006 mantenían ambos partidos.

La estructura político-administrativa de la Costa Caribe está compuesta por dos pilares complementarios: el Consejo Regional, donde se legisla, y el Gobierno Regional, donde se ejecutan las leyes y resoluciones y se administran los recursos. En teoría, el hecho de que el Frente Sandinista haya obtenido la mayoría en ambas regiones le da facultad legal para aprobar leyes y resoluciones sin depender del apoyo de los demás partidos políticos, y también de ejecutar cualquier ley.

La preocupación de los otros partidos políticos y de la opinión pública es que el FSLN impulse medidas o apruebe proyectos que perjudiquen a la población, y que las otras fuerzas políticas, teniendo minoría de votos no puedan hacer nada para impedirlo. Este temor habría que relativizarlo, porque da por sentado dos hechos que en la realidad casi nunca se cumplen.

En primer lugar, los partidos políticos no defienden necesariamente posiciones ideológicas distintas en relación a las políticas públicas, luchando por impulsar formas de gestión diferentes. Más allá de sus declaraciones mediáticas, ¿podríamos sostener, por ejemplo, que los partidos tienen posturas diferenciadas en la práctica -no en el discurso-, sobre la explotación de los recursos naturales, el trabajo de los buzos o la contaminación de los ríos por las empresas mineras en Rosita y Bonanza? ¿Alguno de los partidos ha hecho algo por revertir los efectos negativos que tienen estas tragedias ambientales en la salud de la gente?

Sería interesante que los medios de comunicación de alcance nacional nos informaran de los debates que desarrollan los concejales costeños sobre estos temas o sobre la construcción del Canal Interoceánico, que pasaría por el territorio Rama Creole en el sur o sobre las concesiones de exploración petrolera en territorio miskito. ¿Habrá posiciones encontradas entre el Frente Sandinista y los demás partidos?

LA MAYORÍA DEL FRENTE SANDINISTA
Y LA REAL CORRELACIÓN DE FUERZAS

En segundo lugar, las decisiones sobre los proyectos económicos, políticos y sociales de peso que atañen a la Costa Caribe se toman en las sesiones mensuales del Consejo Regional, donde se aprueban las resoluciones. En ese sentido, y tomando en cuenta que el funcionamiento de los Gobiernos Regionales depende de las transferencias de dinero que hace el gobierno central, la autonomía política sigue teniendo grandes debilidades.

Es un problema de correlación de fuerzas. El gobierno central está en manos del FSLN. Por eso, si el FSLN no tuviese la mayoría en el Consejo Regional, tampoco hay garantías de que los demás concejales no vayan a alinearse con ese partido, o con los intereses económicos de los empresarios que presionan para que se apruebe una ley o para que no se cumpla. Ése es realmente el escenario político actual.

En cualquier caso, los demás partidos tienen la obligación, como fuerzas sociales, de denunciar con argumentos lo que consideran que se está haciendo mal, movilizar a la población para incidir en un cambio, y proponer concretamente la forma en que deberían hacerse mejor las cosas.

En otro plano, también es cierto que hacer efectivas de las decisiones políticas no sólo pasa por los decretos que se aprueban, sino por la labor que desempeñan los concejales en alguna de las 15 comisiones de trabajo que tienen los Gobiernos Regionales. Es ése el terreno en donde se cumplen o no los objetivos de gobierno, los proyectos y las leyes. Y es ahí donde la ciudadanía cumple un rol fundamental. Y aunque resulte una obviedad, no debemos olvidar que la dinámica política en la Costa Caribe funciona también en otros espacios, en donde el número de concejales que tiene cada partido no es determinante.

¿HUBO FRAUDE?

¿Podemos afirmar que hubo un fraude electoral? No es una pregunta fácil de responder. En principio, ningún partido político presentó evidencias que lo demostrara y tampoco se impugnaron las mesas de votación. Hasta donde pudimos investigar, sólo YATAMA hizo un reclamo formal al CSE para que les reconocieran dos concejales en lugar de uno, en la circunscripción 7 de la CCN. Para ello, entregaron como evidencia el acta de sumatoria elaborada por el Consejo Electoral Municipal de Puerto Cabezas. No sabemos qué respuesta les dieron.

Al parecer, este año el manejo del padrón electoral, presentó mayores irregularidades que en años anteriores. La población, los medios de comunicación y todos los partidos políticos registraron casos de personas cuyos nombres aparecían en juntas receptoras lejanas a su domicilio, en otros barrios o incluso en otros municipios. O que habían sido borradas del padrón, provocando lo que popularmente se conoce como “ratón loco” (ir el votante de una junta a otra sin encontrar dónde debe de votar).

Dirigentes de YATAMA y del PLI señalaron que el padrón que recibieron unas semanas antes de las elecciones fue diferente al que usaron los fiscales el día de la votación. Constataron que gente que estaba en el primer listado había sido borrada o trasladada en el segundo. Estos dos partidos sostienen que las personas que no pudieron ejercer su derecho eran sus simpatizantes, lo que estaría evidenciando la intencionalidad del FSLN de restarles votos. Aunque en Bilwi también escuché a personas sandinistas que experimentaron estas irregularidades. ¿Cómo cuantificar a cuántas personas les ocurrió esto en razón de su simpatía política? Traducido en resultados, no es lo mismo si YATAMA tuvo 500 votantes menos o 15 mil, que es lo que estima YATAMA, según se lee en el último de sus pronunciamientos oficiales, con fecha 5 de mayo.

YATAMA presentó en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), cuatro carpetas con una lista de 1,400 personas de Waspam y Puerto Cabezas, las que presuntamente iban a votar por ellos y no lograron hacerlo. Pero, incluso si se llegara a probar que efectivamente las personas tenían los documentos correspondientes y no pudieron votar, ¿cómo demostrar la intencionalidad política real de cada una de estas personas?

¿UN FRAUDE CONSPIRATIVO?

Además de las irregularidades en el padrón electoral, se denunció que el Frente Sandinista incrementó su resultado final implementando otras estrategias: facilitar que sus militantes votaran dos o tres veces en una misma junta, incluyendo a personal de la Policía y del Ejército, comprar votos dando dinero a grupos de jóvenes o legalizando tierras a familias de colonos mestizos. Brooklyn Rivera me aseguró que el Frente ofreció la libertad de personas detenidas o buscadas por la justicia, a cambio de que sus familiares votaran por el Frente.

Las lecturas más conspirativas sostienen que el Frente Sandinista analizó el comportamiento histórico de cada circunscripción y de cada junta receptora, y a partir de ese cálculo, diseñó un doble movimiento que apuntaba a una reorganización estratégica de votantes. Así, en las mesas en donde solía perder incorporó a votantes facilitando el doble sufragio de sus militantes y de otras personas que no estaban empadronadas ahí. Y al mismo tiempo, sacó de esas mesas a un número de no sandinistas y las dispersó hacia otras circunscripciones y mesas, en donde el Frente era mayoría, lo que no afectaría los resultados y los cálculos que determinan el número final de concejales. ¿Cómo demostrar esta maniobra?

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS

Aunque no es tarea sencilla juntar todas las pruebas, el discurso no basta para incidir en la realidad. Es fundamental que los partidos políticos documenten las ilegalidades, revisen los padrones utilizados y crucen datos entre las copias de las actas de escrutinio que, se supone, quedaron en su poder. Registrar la magnitud de las irregularidades, evidenciar sus lógicas y explicar sus conexiones internas, permitiría reconstruir la intencionalidad de las acciones y demostrar si estamos ante la confabulación de un fraude electoral o si se trata de errores y delitos aislados dentro de un proceso normal.

Sin un informe riguroso y público, las denuncias siempre perderán fuerza y no prosperarán jurídicamente. Incluso, aun cuando el CSE no esté dispuesto a revisar las situaciones que puedan perjudicar su imagen o la del FSLN, informar a la ciudadanía es una responsabilidad social de los partidos y constituye una herramienta vital para consolidar la gobernabilidad del país.

Un dato general e interesante para el análisis es que si bien el FSLN obtuvo 27,485 votos más que en la elección de 2010 -lo que supone un hito histórico en la Costa Caribe-, YATAMA también recibió 4,338 votos más que en la elección de este año.

LA RUPTURA DE LA ALIANZA YATAMA-FSLN

Las noticias sobre la ruptura de la alianza entre YATAMA y el FSLN se centraron en el escándalo político que supuso la renuncia de los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Eliza¬beth Enríquez a la bancada del Frente y la eventualidad de que fuesen destituidos de sus cargos.

La cuestión de fondo pasa por otro lado. El énfasis debe ponerse en la responsabilidad que ha tenido YATAMA con la población de la Costa Caribe al haber sido parte de un acuerdo político que implicó compromisos sociales, y que no empezó este año ni se limitó a los juegos de poder en la Asamblea Nacional. Por eso, es clave abordar este asunto más allá de la obviedad de que Brooklyn Rivera -escudándose en YATAMA- seguirá haciendo tratos ocultos con el Frente en función de sus intereses personales. Situar discursi¬vamente a este líder, como víctima o como demonio distorsiona la discusión sobre cuál ha sido realmente el desempeño de YATAMA.

Mientras la alianza política firmada en 2006 entre YATAMA y el FSLN nunca contó con la simpatía de la base social de YATAMA, por razones de desconfianza histórica, sus dirigentes vieron el acuerdo desde una postura pragmática. A grosso modo, podemos decir que el Frente intentó mejorar su imagen nacional, especialmente en la Costa Caribe, proyectando una apariencia de reconciliación y consenso. Por su parte, YATAMA vio un camino para acceder a espacios de poder y para legitimarse públicamente como contraparte clave en el desarrollo de una agenda de trabajo en la Costa Caribe. Lo sintetiza Carlos Alemán, reelecto ahora presidente del Consejo Regional de la CCN: “La alianza consistió en un acuerdo de gober-nabi¬lidad y en una agenda de trabajo conjunto”.

A lo largo de estos años, buena parte de la gobernabilidad se basó, por un lado, en la incorporación de militantes de YATAMA a cargos de dirección en diferentes instituciones del Estado, a nivel regional, nacional e internacional -desde las oficinas locales del INSS, la DGI y otras, pasando por el MARENA central, la Asamblea Nacional y hasta el PARLACEN-, y por otro lado, en la garantía de que Brooklyn Rivera, como caudillo de YATAMA, mantuvo a sus bases desmovilizadas en relación a asuntos que pudieran perjudicar los intereses del FSLN. Al menos en el Caribe norte, ambos logros facilitaron una estabilidad política relativa.

LOS 13 PUNTOS
DEL “ACUERDO DE LA ALIANZA”

En cuanto a la agenda de trabajo, ésta se presentó en un documento firmado por ambos partidos y conocido como “el acuerdo de alianza”, donde se comprometían a impulsar 13 puntos importantes, sobre todo para la población no mestiza de la Costa Caribe.
1) Reanudar la puesta en marcha del proceso de demarcar y titular los territorios indígenas y afrodescendientes, 2) Reformar el estatuto de autonomía, 3) Reformar la ley electoral tomando en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en relación a la participación política de la población basada en sus tradiciones y no sólo en partidos políticos, 4) Implementar la sentencia de la Corte, 5) Reestructurar instituciones de gobierno para incluir a personas locales en esos espacios, 6) Contener la frontera agropecuaria, 7) Programar la reconstrucción del Wangkí, después de los daños del conflicto armado en la década de los 80, 8) Impulsar la producción regional, 9) Impulsar proyectos sociales, 10) Mejorar la transferencia e implementación de los presupuestos regionales, 11) Sustentar la gobernabilidad regional en la distribución equitativa de concejales entre los espacios ejecutivos y legislativos, 12) Lograr unidad nacional por la autonomía, y 13) Conformar una comisión de garantes y testigos de buena fe.

No es éste el espacio para hacer un balance de cada uno de estos puntos, pero podemos señalar que algunos, como el 11 se cumplieron, otros como el 1 se cumplieron a medias, otros como el 2 se discutieron y otros como el 3 ni siquiera fueron mencionados. Al entrevistarlo, Brooklyn Rivera se quejó de que los sandinistas no habían cumplido con casi ninguno de estos 13 compromisos. Cabe preguntarse qué acciones políticas concretas hizo YATAMA para alcanzar estas metas. Y ahora que rompió la alianza con el FSLN, ¿mantiene aún su compromiso con lo firmado o la ruptura supone un borrón y cuenta nueva?

YATAMA: GARANTE DE ESTABILIDAD

Más allá de que ahora el FSLN tiene la mayoría en ambos Consejos Regionales, YATAMA aún conserva fuerza social suficiente para desestabilizar la región, sobre todo en el norte. YATAMA no sólo se adjudica la representación de los indígenas en la Costa Caribe -sobre todo de los mískitos-, también mantiene el monopolio ideológico para activar el dispositivo de la violencia entre cientos de hombres que combatieron en la década de los 80 y que mantienen una lealtad histórica. Es con esa herencia que YATAMA negocia como garante de la estabilidad social. ¿Qué consecuencias tendrá la ruptura de la alianza para la gobernabilidad de la Costa Caribe? Es algo que está por verse y que dependerá de cómo se organice el escenario político, de la nueva repartición de cargos y de los acuerdos de la dirigencia de YATAMA con sus bases.

En un principio, YATAMA dijo que desconocía los resultados electorales, pero finalmente terminó por aceptarlos. Igual sucedió con los otros partidos que obtuvieron concejales en la elección. El 4 de mayo, en la toma de posesión de las nuevas autoridades, YATAMA organizó protestas contra las autoridades del CSE que llegaron a la juramentación.

Ciertamente, hay descontento en las bases de YATAMA, que sienten que les robaron las elecciones, que dicen que ganaron 18 concejales y el CSE los despojó de 7. También es cierto que a Brooklyn Rivera ese descontento le sirve para demostrar públicamente la fuerza de su organización política, para advertir sobre su peligrosidad y para manifestar su capacidad de mover masas.

LA SENTENCIA DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Después de un prolongado silencio, YATAMA volvió a denunciar que no se ha cumplido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005, que ordena al Estado de Nicaragua reformar la Ley Electoral para dar espacio a otro tipo de representatividades políticas diferentes a los partidos y más acordes a las tradiciones comunitarias y territoriales del Caribe.

Aunque YATAMA no ha presentado propuestas sobre cómo sería esa reforma, sí ha expresado de manera imprecisa su intención de que se anulen las circunscripciones y que los nuevos Territorios Indígenas, Afrodescendientes y Multiétnicos (23 en total), funcionen como espacios oficiales para elegir a los candidatos que gobernarán la Costa Caribe. Sin embargo, el área de todos estos territorios es menor al área que ocupan juntas las regiones del Caribe Norte y el Caribe Sur, que representan aproximadamente un 30% de la superficie total de Nicaragua.

Surgen así algunas inquietudes, ineludibles en una discusión sobre el tema. ¿Qué pasará con la población que queda fuera de estos territorios? ¿Cuáles serían los requisitos para constituirse como candidato y poder presentarse a las elecciones? ¿Cómo se asignarían los presupuestos para hacer las campañas? ¿Se mantendrían las circunscripciones electorales? ¿Cómo se haría la sumatoria de votos y los cálculos para elegir a los concejales? ¿Se modificaría la ingeniería política que da forma a los Consejos y Gobiernos Regionales?

Y la pregunta fundamental: ¿Habrá voluntad política del FSLN y de los demás partidos para reformar la Ley, con lo que esto implica en términos de incluir otras lógicas culturales, diferentes a las reglas que rigen a los partidos políticos?

PODEMOS DEDUCIR QUE...

Tomando en cuenta que la sentencia de la Corte Interamericana lleva casi diez años desde que se dictó, y que Brooklyn Rivera es el Presidente de la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional, es llamativo que YATAMA aún no tenga una agenda política clara ni una propuesta técnica para hacerla cumplir. Podemos deducir que para este partido llamar ahora la atención sobre el fallo de la Corte funciona, más que como una estrategia para incidir en el CSE, como una plataforma política para tener presencia mediática a nivel nacional y así negociar cuotas de poder en el escenario político postelectoral.

ANTROPÓLOGO.

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