Policía Comunitaria: un salto estratégico en la Policía Nacional Civil

La PNC, nacida de los Acuerdos de Paz de 1992, ha funcionado durante años con un estilo de liderazgo autoritario y ha recibido una formación militarizada. Ahora, para desarrollar el modelo de Policía Comunitaria, que ha priorizado el gobierno del FMLN, se inicia el camino para cambiar las cosas. en beneficio de las comunidades, del país y de los propios agentes policiales.

Elaine Freedman

El concepto de Policía Comunitaria se presenta como una respuesta policial lógica a los problemas de violencia y delincuencia que abaten muchas comunidades en todo el mundo. Aun así, es una de las versiones policiales más polémicas y parece que una de las más difíciles de implementar y mantener. En El Salvador el modelo comienza a enrumbarse.

El 11 de agosto el Presidente Salvador Sánchez Cerén lanzó la iniciativa de desarrollar la Policía Comunitaria como un eje de actuación operativo de la Policía Nacional Civil. En la primera fase -dijo- unas “26 subdelegaciones implementaron la Policía Comunitaria… Ahora lo haremos en 48 sectores de las subdelegaciones del Centro Histórico de San Salvador”. Para esto se desplegaron 140 agentes comunitarios. ¿Por qué centrarse inicialmente en San Salvador? El comunicado de Casa Presidencial explica que es “uno de los municipios con mayor índice de violencia y progresivamente se implementará en todo el territorio nacional”.

La decisión de Sánchez Cerén no fue algo ni innovador ni sin precedentes, mucho menos el Presidente anunciaba una versión de la “policía soviética”, como insinuó Jorge Daboub, Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) o un instrumento para el “autoritarismo, la radicalización, la represión de adversarios políticos y disidentes y el control total de la ciudadanía”, como lo presentó Carlos Ponce, articulista de “El Diario de Hoy”.

LA POLICÍA ES LA CIUDADANÍA

Las raíces de la Policía Comunitaria están en la reforma policial promovida por Sir Robert Peel cuando fundó la Policía Metropolitana de Londres en 1829. Peel, hijo de oligarcas ingleses y fundador del Partido Conservador inglés, instauró un nuevo concepto de seguridad al promover una reforma policial que buscaba reducir el crimen con índices disparados por el aumento del desempleo y de la pobreza generados por la Revolución Industrial.

El número 7 de sus famosos 9 principios, los que fundamentaron la época “moderna” de la policía dice: “La policía es la ciudadanía y el ciudadano es el policía”. Ésta es la base de todas las policías comunitarias del mundo, desde Japón hasta Brasil. Según este concepto, los policías son miembros de la ciudadanía a los que se les paga para que se dediquen a deberes que incumben a todos y a cada uno de los ciudadanos para garantizar el bienestar y la coexistencia pacífica en la comunidad.

SIGLO 19 Y 20:
BREVE HISTORIA POLICIAL

Desde los tiempos de la Conquista española, siempre existieron distintos tipos de fuerzas policiales en El Salvador.

El punto de partida para la policía moderna fue la fundación de la Guardia Civil en 1867, convertida en Policía Nacional Reformada en 1883, de la que años después surgió la Policía Rural. Su tarea explícita, según el Ministerio de Gobernación, era mantener el orden público, las normas de seguridad y las buenas costumbres. Su tarea implícita era vigilar y actuar para que nada interrumpiera el nuevo modelo económico basado en el latifundio cafetalero. Los nuevos policías eran los encargados de implementar las leyes de extinción de ejidos y tierras comunales (1881-1882) que permitirían la concentración de tierras en manos de la naciente burguesía salvadoreña y la implementación de leyes auxiliares, como la Ley de Vagancia, que garantizaba mano de obra a las haciendas de las familias cafetaleras.

A partir de la Policía Rural, estos cuerpos armados se diversificaron con la creación de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional que, a lo largo del siglo 20 y junto al Ejército, integraron la columna vertebral de las fuerzas represivas.

ACUERDOS DE PAZ: NACE LA PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) nació en el año 1992 como un fruto de los Acuerdos de Paz, con una nueva identidad: sería de carácter civil. “Un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina”, rezaban los Acuerdos. Con estas características se esperaba marcar distancia de los cuerpos de seguridad de los años previos, caracterizados fundamentalmente por sus violaciones a los derechos humanos.

La PNC se conformó inicialmente a partir de un pacto que estableció cuotas de participación: 20% ex-combatientes de la Fuerzas Armadas, 20% ex-combatientes del FMLN y 60% candidatos civiles. La cuota de las Fuerzas Armadas permitió la incorporación a la PNC de miembros de los entonces disueltos Batallones de Reacción Inmediata del Ejército, responsables de los peores crímenes de guerra durante el conflicto armado.

Rolando Elías Julián Belloso, Comisionado y Jefe de la Secretaria de Relaciones con la Comunidad recuerda: “Cuando fundamos la PNC comenzamos de cero. La gente que venía del ejército y de los cuerpos de seguridad no eran policías, eran militares que se habían formado para luchar contra la guerrilla. Los que veníamos de la guerrilla tampoco teníamos experiencia policial y los que venían de la población civil, peor. No teníamos referentes propios”.

LA PNC EVOLUCIONA
HACIA UNA POLICÍA REPRESIVA

En su texto “Cuál democracia”, Francisco Weffort, investigador de FLACSO, explica el trasfondo de la problemática en la naciente PNC: “En períodos de transición suelen coincidir las viejas prácticas culturales al interior de las instituciones con las nuevas que se estimulan, creando en el proceso un híbrido inestable que erosiona los esfuerzos de construcción civil de la misma... Aún con los grados crecientes de profesionalización, la policía se fue convirtiendo en una versión modificada de un cuerpo que adoptó viejas y nuevas formas autoritarias, dejando ese fenómeno un saldo de desprestigio ante la población a la que se debe”.

El 2006, David Morales, entonces analista y defensor de los derechos humanos y actual Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, valoró: “En la PNC se minó la naturaleza civil y democrática al copar desde sus inicios las jefaturas y cargos de responsabilidad con personal proveniente de los anteriores cuerpos de seguridad y del ejército, lo que la hizo funcionar como un apartado militarizado de control social de corte “intervencionista”, segregado de la comunidad y con un profundo menosprecio al rol que desempeñan los mecanismos de control democrático”.

En ese momento, 2006, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bajo la rectoría de Beatrice de Carrillo, concluyó que se había consolidado en la Policía “una práctica sistemática contra los derechos humanos, malos tratos y reclusión de detenidos en condiciones inhumanas, capturas arbitrarias, allanamientos ilícitos, intimidación, abuso por discriminación a grupos específicos, e incluso casos de torturas”.

La formación policial llegó a confundirse con el entrenamiento militar. La División de Investigación Criminal fue conformada casi exclusivamente con ex-miembros de la unidad de investigación criminal de la difunta Policía Nacional, previo cuerpo policial, calificado por la Comisión de la Verdad como “un instrumento de impunidad y manipulación política”.

En el año 2000 hubo un proceso de depuración que “limpió” a 1,500 policías, pero aquella acción no fue propiamente una limpieza de elementos delictivos incrustados dentro de la PNC, sino que fue vista como un “ajuste de cuentas” por rivalidades personales o profesionales y como un mecanismo de depuración política, tal como lo calificó Jeannette Aguilar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA.

LAS POLÍTICAS DE MANO DURA
Y DE SUPER MANO DURA

Durante la última década del Siglo 20 y la primera del Siglo 21, las políticas de seguridad de los distintos gobiernos de ARENA se caracterizaron por ser modelos basados en la represión.

La máxima expresión de estas políticas se materializó en las campañas de Mano Dura y Super Mano Dura de los gobiernos de Francisco Flores y Elías Antonio Saca. En el año 2003, Flores declaró la “Guerra contra
las Maras”, lanzando dos iniciativas complementarias, basadas en el supuesto de que los pandilleros eran la mayor amenaza a la seguridad pública: La Ley Antimaras y el Plan Mano Dura.

El Plan Mano Dura era una estrategia de combate a las pandillas basada en la focalización de acciones policiales y militares en sectores poblacionales con presencia de maras, a fin de detectar y realizar capturas masivas de miembros de esas agrupaciones. La Ley Antimaras criminalizaba el hecho de pertenecer a una pandilla y ciertas expresiones de la cultura pandilleril, como la posesión de tatuajes o ciertas formas de vestir. Puesto que era una Ley temporal, un mes antes de su vencimiento fue declarada inconstitucional. Al año de la puesta en marcha del Plan Mano Dura, la PNC reportó haber capturado a 19,275 personas, de las que el 95% salieron libres por falta de pruebas o por carecer de motivos para ser capturadas.

En agosto de 2004, dos meses después de su toma de posesión, Elías Antonio Saca lanzó su Plan Super Mano Dura. Lo anunció así “¡Se les acabó la fiesta! ¡El plan Super Mano Dura garantiza que los delincuentes y malacates ahora si se queden en la cárcel!” Su Plan daba continuidad al Plan Mano Dura con algunas modificaciones, complementándolo con tímidas acciones de prevención y rehabilitación.

Durante la implementación de estos dos planes, el hacinamiento carcelario aumentó provocando mayores problemas en los centros penales. Según datos de la Dirección General de Centros Penales, la población penitenciaria se incrementó en un 137% en 2000-2007. También aumentó la tasa de homicidios. Según Melisa Salgado, analista de la UCA, los homicidios aumentaron en un 22.8% al año de implementar el Plan Mano Dura y la tasa de homicidios se posicionó en 51.1 por cien mil habitantes. A lo largo de la implementación del Plan Super Mano Dura, la tasa subió al 70.4%.

Situaciones similares a la salvadoreña en Honduras y en Guatemala, donde los planes represivos fueron implementados con los nombres de “Plan Escoba” y “Libertad Azul”, llevaron al director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz, a declarar a inicios de 2014: “Creemos que la mano dura ha fracasado en la región. La mano dura es una tentación porque la gente quiere resultados y los gobiernos se sienten presionados a actuar, pero ha tenido repercusiones negativas en América Latina y un impacto negativo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos”.

ACENTOS COMUNITARIOS
EN MEDIO DE LA REPRESIÓN

A lo largo de todos estos años, la retórica comunitaria nunca estuvo ausente. Era difícil evitarla porque el espíritu de los Acuerdos de Paz y la Ley Orgánica de la PNC que surgió de ellos, enfatizan que la naturaleza de la PNC sería “civil” y “no aislada de la sociedad”.

En 1994 se formó el primer Departamento de Relaciones de la Comunidad dentro de la estructura orgánica de la PNC. Aunque su misión era desarrollar políticas de acercamiento a la comunidad, no pasó de ser una estructura centralizada y periférica al quehacer policial. Por eso tuvo una corta vida: duró poco más de seis meses, dejando constancia de que el trabajo con la comunidad no sería prioridad para el nuevo cuerpo policial.

Un año después, Hugo Barrera, entonces Ministro de Seguridad Pública, generó una línea de trabajo de Juntas de Vecinos. Se iniciaron en el departamento de Ahuachapán contra la voluntad del FMLN y de organizaciones de derechos humanos, que veían en esta iniciativa, orientada a formar una red de informantes, una reedición de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), nefasta organización paramilitar creada en los años 60 por el jefe de la hoy extinta Guardia Nacional, vinculada a algunas de las más graves violaciones de derechos humanos de aquella época.

El Comisionado Belloso, Secretario de Relaciones de la Comunidad, recuerda que esta iniciativa tuvo una motivación y naturaleza claramente política: “Hugo Barrera quería lanzarse como candidato a la Presidencia y a través de las Juntas de Vecinos buscaba construir su respaldo”.

LO COMUNITARIO
NO ERA PRIORITARIO

Ya para iniciar el gobierno de Francisco Flores y bajo los auspicios de Estados Unidos, se conformaron en la PNC las Patrullas de Intervención Policial Comunitarias, conocidas como PIPCOM. Alcanzaron su mayor auge entre 1999 y 2004, bajo el mando del entonces Director de la PNC, Mauricio Sandoval, quien las definió así: “Los agentes
de las PIPCOM tienen cuatro consignas: arrestar a todos los que sorprendan infringiendo la ley, fortalecer el contacto ciudadano, contribuir a resolver los problemas que afectan a la comunidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes disminuyendo los índices delincuenciales”.

Las PIP-COM se implementaron de manera gradual en todo el territorio nacional, pero la experiencia mostró que sólo se llegó a concretizar la primera consigna. Las otras tres quedaron enterradas por la realidad. En 2004, Jeannette Aguilar, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, lo resumió así: “Aunque se crearon las PIPCOM con la idea de que sería una policía cercana a la comunidad, los intentos de crear un vínculo con la misma y de introducir cambios en la administración del recurso humano y material quedaron a discreción de los ejecutores y no existió una institucionalidad que respaldara la implementación. De lo anterior se puede resumir que, a pesar de los beneficios que un plan de trabajo orientado a la comunidad pueda tener, en El Salvador no se logró una exitosa implementación, y éste se redujo a un modelo policial represivo y autoritario”.

Marginadas de estos esfuerzos, la Unidad de Relaciones con la Comunidad creada en 1999 y la Secretaría de Relaciones de la Comunidad, consolidada como una estructura de mayor importancia en 2001, funcionaron más como un área de Relaciones Públicas que como un área de Relaciones con la Comunidad. Lo comunitario no era aún prioridad y no existía ningún modelo que la orientara.

EL AGOTAMIENTO
DE LOS MODELOS REPRESIVOS

El modelo comunitario fue tomando más fuerza en la medida en que el modelo represivo se mostraba cada vez más agotado, tanto en Centroamérica como en El Salvador.

En el Plan Estratégico Institucional de la PNC (2009-2014) se definió la Policía Comunitaria como un “eje transversal de toda la actividad institucional”, pero como suele suceder con los ejes transversales,
“estar en todo” resultó “estar en casi nada”. Quién lo quería lo aplicaba y quién no lo quería aplicar no lo aplicaba.

El Comisionado Belloso explica: “En el año 2012 comenzamos a formar gente con el enfoque comunitario, pero no dábamos el salto a tener trabajo en la calle, eso quedaba en teoría. Empujando, empujando, unas delegaciones comenzaban a retomar el modelo, unas más, otras menos. Caminaba según el interés del jefe y eran esfuerzos tan pequeños en su cobertura geográfica que no impactaban de forma determinante en la realidad. Esto a pesar de que, en los lugares donde se desarrolló, se tenían buenos resultados de participación ciudadana, confianza en la policía y seguridad ciudadana”.

CIUDAD DELGADO:
UNA EXPERIENCIA EJEMPLAR

Una de las experiencias exitosas se desarrolla desde 2009 en la Delegación de Ciudad Delgado, en la zona norte del Área Metropolitana de San Salvador.

El jefe de la delegación policial, Subcomisionado Hugo Salinas, recuerda: “Nosotros comenzamos a desarrollar experiencias de Policía Comunitaria a partir de 2010. Iniciamos porque nuestros esfuerzos de combate a la delincuencia no estaban funcionando. El componente represivo se iba desnaturalizando hasta generar situaciones complicadas de violaciones de derechos humanos y resentimientos. Vi que el Plan de la PNC ya incorporaba la línea comunitaria y había varios documentos teóricos que no pasaban de ahí. Yo opté por probarlo, pero no porque esto parecía importante en nuestra institución, más bien no le daban importancia, sino sencillamente porque yo veía que la situación no mejoraba. Comenzamos a trabajar el componente de organización comunitaria y de prevención en base a las experiencias que habían adquirido algunos compañeros en otros lados”.

Continúa Salinas, “Nuestra primera acción fue realizar un diagnóstico interno de la disposición de los compañeros de la delegación y de su situación laboral. Vimos que bajo algunos mandos de la delegación se estaban dando situaciones que hacen que el personal pasara demasiado estresado y eso no permitía que enfocaran sus esfuerzos hacia algo menos bélico y evitaran el maltrato del mando hacia el subordinado. A raíz de este diagnóstico corregimos algunas cosas. Elaboramos un instructivo que orientaba la forma de corregir a un subordinado, sin levantar la voz ni humillarlo. También identificamos una serie de incentivos que se podían usar para premiar el trabajo de un agente. Ahí incluimos la entrega de felicitaciones por escrito o por diplomas que le podrían servir para el ascenso, así como por permisos para tiempo libre. Y comenzamos a realizar actividades colectivas como convivios a nivel de unidades, celebraciones y fiestas”.

“ASÍ DISFRUTAN
MÁS SU TRABAJO”

Relata el Subcomisionado Salinas: “Posicionamos territorialmente los agentes para que tuvieran más permanencia en una zona determinada. Les orientamos que no sólo fueran a patrullar y volvieran, sino que fueran a hablar con la gente, a conocerla y a iniciar una relación. Antes, su tarea era sólo hacer presencia territorial. Comenzamos a relacionarnos con la Iglesia Católica, con las directivas comunitarias o ADESCOS, y con la Alcaldía, sus promotores y sus funcionarios. De esta forma, en algunas comunidades logramos llevar a cabo proyectos de siembra de árboles frutales, artesanía, pintura y granjas avícolas familiares”.

“Así, el papel de la policía fue de gestora de recursos materiales o financieros en unos casos y de ejecutora en otros. Hace poco se inauguró una Casa Comunal en la zona y la Policía ayudó a construir la casa con la comunidad. Otro compañero sabe pintar, entonces atiende a dos grupos de niños dándoles clases de pintura. Todo depende de la iniciativa y creatividad del agente. Le incentivamos a hacerlo, pero depende de él. Cuando ven esto otros agentes, también se animan a asumir el modelo porque así logran un mejor trabajo y disfrutan más de sus labores”.

“EL FACTOR CONFIANZA
ES BÁSICO”

Y concluye Salinas: “Hemos aprendido que no es fácil trabajar en una comunidad donde hay pandillas arraigadas, pero tampoco es imposible. Una comunidad con una presencia pandilleril muy alta puede tener un 5% de la comunidad relacionada a esas estructuras, pero el resto no está en eso. La primera tarea y lo más difícil es romper el individualismo, porque las pandillas aprovechan la falta de solidaridad en la comunidad para aislar a sus víctimas. Nosotros trabajamos para estrechar las relaciones de ayuda mutua entre la población para que se apoyen frente a una amenaza o ante una emergencia“.

”También es clave establecer un mecanismo de comunicación directa entre el policía y la comunidad. Donde la comunidad le ha entregado un teléfono celular a la patrulla y todas las familias tienen su número, se ha reducido la atención a emergencias a menos de cinco minutos, por lejos que esté una patrulla en el momento de la llamada. Esto permite realizar la acción policial de forma más eficaz. Claro que no todas las comunidades hacen uso de este recurso y en otras muy poco, depende del agente y de su relación con la comunidad, de si la gente le tiene confianza y además si saben que va a actuar y a resolver si le llaman. El factor confianza es básico”.

EL POLICÍA:
UN EJEMPLO A SEGUIR

“Para nosotros es mejor que nuestros hijos vean al policía como el ejemplo a seguir y no que vean al pandillero como el ejemplo a seguir”, dice Rigoberto Artiga, miembro de la Comunidad Santa Gema. “En nuestra comunidad donde hace cinco años se daban uno o dos homicidios a la semana -dice- hemos pasado más de cuatro años sin tener un asesinato”. Todo esto ha reforzado que, tanto el agente que atiende la comunidad como sus pobladores,
crean en el modelo comunitario.

LO COMUNITARIO
YA NO ES OPCIONAL

El Comisionado Belloso celebra la nueva realidad: “A partir del 1 de junio estamos creando un nuevo modelo policial apegado a los Acuerdos de Paz con una política de gobierno. Antes, ni siquiera fue política institucional. Es éste un cambio radical porque define el modelo comunitario como la base fundamental del quehacer policial y se apega más a los Acuerdos de Paz, a las leyes de la República y a la experiencia policial”.

Hugo Salinas agrega: “Con el cambio de administración gubernamental todos los mandos en la PNC comienzan a hablar el mismo idioma porque desarrollar la Policía Comunitaria ya no es una opción, es una orden que viene de la Presidencia. A partir de este año 2014 nos han dicho que tenemos que realizar una vez al año una encuesta con la población para evaluar aspectos como la confianza en los agentes asignados. Los resultados serán un elemento a tomar en cuenta en la evaluación del desempeño del agente, además de evaluar la percepción de seguridad
de la población y contabilizar el número de capturas realizadas. Entonces, los policías que operan territorialmente comenzarán a tomar el modelo más en serio”.

EL DESAFÍO
DE CONSTRUIR CONFIANZA

Todo lo nuevo viene cargado de dificultades y desafíos y el modelo de Policía Comunitaria no será la excepción. El reto más grande que tienen los agentes policiales y la institución en sí es construir confianza.

En 1997, un editorial del boletín informativo “Proceso”, de la UCA, anunciaba: “La acumulación de faltas policiales es tal que no se puede desestimar de antemano que se trate de vicios estructurales… Parecen existir grupos de interés bien articulados cuyas prácticas guardan una gran semejanza con la de los antiguos cuerpos de seguridad. No sólo su actitud hacia la población genera desconfianza, sino que el crimen en sus más diversas manifestaciones -extorsión, asesinato, robo, secuestro, violación- no les es ajeno. La presunción de que estos grupos operan con la mayor impunidad, incluso al margen de las instancias internas de control de la PNC, es más que fundada. Asimismo, es más que evidente la poca disposición mostrada por las autoridades de seguridad para investigarlos y desarticularlos”.

Recuperar la confianza sobre ese telón de fondo no será tarea fácil. Pero si no se dan pasos concretos en algún momento el freno efectivo a la violencia y a la delincuencia serán imposibles.

Actualmente, la razón de mayor peso que hace que las personas no denuncien el crimen y a los criminales es el miedo que tienen a la misma Policía. Creen que la información que le proporcionan a los agentes, le será entregada a los delincuentes. Otra razón de peso es que creen que “no vale la pena porque no se resolverá nada”.

LA CIFRA OSCURA DE LOS DELITOS NO REGISTRADOS

Las cifras oscuras, la cantidad de delitos no registrados en las estadísticas porque no son denunciados, ronda el 65-70%. Es más alta respecto a extorsiones, desapariciones, secuestros y robos y más baja en homicidios o robos de vehículos en los que hay un seguro por medio. Obviamente, es imposible plantear verdaderas soluciones sobre la base de un tercio de información de la realidad.

Reducir esa cifra oscura pasa por construir confianza en la población; confianza en que el policía no sea un delincuente y confianza en que éste hará algo por resolver el problema. “La única forma de superar el desprestigio es con el trabajo -dice Belloso-. Un policía que estigmatiza a la ciudadanía y repite hasta el cansancio que todo es problema de pandillas no va a ganar la confianza de la gente”. También plantea que la única fuerza que puede vigilar y controlar adecuadamente al policía es la población: “Hay que apostar al control ciudadano. La institución no tiene la capacidad de controlar a todos sus elementos regados a lo largo y ancho del país. Este control sólo lo tienen los ciudadanos. Saben qué hacen, qué no hacen, y deben actuar acorde a lo que saben. Estamos todavía lejos de esto, pero las cosas sólo van a cambiar cuando la comunidad comience a demandar, cuando diga, “Quiten a este policía que golpea a los jóvenes o quítenlo porque es corrupto”. Ahora la gente se queda callada por miedo. Y los policías no se relacionan con la comunidad porque el pensamiento militarista y autoritario les hace pensar que no se deben a la gente y que la gente les ha de tener miedo. Pero un policía que actúa bien no debe tener miedo de la gente. La gente no le resta poder a la policía. Al contrario, el respaldo de la comunidad les da poder”.

APRENDER A COMUNICARSE
CON LA GENTE

Para lograr este cambio los policías tienen que aprender a comunicarse con la gente, a llamarles por sus nombres, a preocuparse por sus problemas y a alegrarse por sus logros.

El trabajo del policía comunitario es prácticamente el de un promotor de la organización comunitaria para la resolución de los problemas. Éste es un reto grande porque no todos los policías tienen la disposición de vincularse a la comunidad hasta convertirse en parte de ella. En Ciudad Delgado, donde la experiencia ya lleva casi cinco años y cuenta con un recorrido importante, el 50% de los agentes no se han comprometido aún con el nuevo modelo.

La policía es una expresión de la sociedad con sus virtudes, sus defectos y sus problemas y, aunque la introducción de temáticas relacionadas con el trabajo comunitario en el pensum de la Academia Nacional de Seguridad Pública ayudará a cambiar actitudes y capacidades en la Policía, como dijo el Subinspector Salinas, el factor más importante será el ejemplo.

Cambiar actitudes comienza con el liderazgo. La PNC está permeada de un estilo de liderazgo autoritario y militarizado. El liderazgo que se necesita para desarrollar un modelo de policía comunitaria es diferente. Es un liderazgo que sabe escuchar, no solo dar órdenes y esto tiene que reflejarse tanto a nivel de la dirigencia de la institución como en el nivel de la comunidad.

UNA POLICÍA ARTICULADA
Y COORDINADA

Es bien conocido que la delincuencia tiene múltiples causas y una de ellas es la calidad de vida de la gente. Para reducir la delincuencia hay que mejorar la calidad de vida en las comunidades. Esto depende de muchas instituciones del Estado que tienen el deber de invertir en proyectos de beneficio para la gente. Hay que reparar escuelas y centros de diversión y apoyar a la gente a producir.

Para cambiar las cosas hay que coordinar a nivel local y la Policía Comunitaria debe buscar siempre la articulación, tanto con la alcaldía y las otras instituciones del Estado, como con las organizaciones de la comunidad. Belloso da este ejemplo: “El alcalde se compromete a poner mejor iluminación en zonas oscuras y a recoger la basura, la Unidad de Salud se compromete a un mejor abastecimiento de vacunas, la escuela se compromete a mejorar las instalaciones escolares y la Policía se compromete a participar en actividades comunitarias y a responder a las denuncias puntuales de hechos o personas sospechosas identificadas por la comunidad. Después, la comunidad evaluará a cada quien en base al cumplimiento de sus compromisos. Es sencillo, no debemos de complicarnos”.

TAMBIÉN INFLUYEN
LAS CONDICIONES LABORALES

La desmotivación policial es uno de los peores enemigos de la Policía Comunitaria. Esto tiene que ver con sus condiciones laborales. La inestabilidad laboral es un problema de primera importancia que se requiere superar para consolidar la Policía Comunitaria.

Por un lado, es un requisito para establecer confianza con la comunidad, porque si no permanecen con la gente, jamás lograrán tener confianza en ellos. Además, cuenta Belloso: “El traslado se convirtió en un mecanismo de castigo y de dominación política en la Policía. Y es incorrecto porque les produce desasosiego en sus labores y en su vida cotidiana. Si un policía es delincuente, ladrón o corrupto, hay que meterlo preso, no trasladarlo”.

Otro obstáculo laboral para el desarrollo de la Policía Comunitaria es el acuartelamiento. Aunque se dice que la policía no está acuartelada, el “régimen de disponibilidad policial” es exactamente eso. Durante cuatro o seis días un policía trabaja 14 horas diarias y permanece en una casa alquilada, sucia y con problemas higiénicos. Después va un par de días a su casa. Esto, además de ser un esquema militar que no permite que el policía tenga una vida normal ni lo lleva a integrarse a la comunidad, es un irrespeto a su persona.

Protestando por estas cosas, un policía con 12 años de experiencia en la institución realizó una huelga de hambre en mayo de este año. Aunque su acción fue calificada “en contra de la Constitución” y se inició un proceso interno en su contra, nadie pudo pensar que sus demandas laborales no eran justas.

QUE ESTO FUNCIONE
ES UN RETO INELUDIBLE

Hay mil y una razones para pensar que la Policía Comunitaria difícilmente funcionará en el contexto actual. Siempre hay justificación para afirmar que “el cambio es imposible” y para no intentar algo nuevo, aunque lo viejo ya no funcione.

Si uno examina las experiencias de policías comunitarias en todo el mundo se adentrará en debates y polémicas sobre contradicciones que no existían cuando prevalecían modelos militaristas y autoritarios. En El Salvador habrá ahora debates sobre contradicciones reales que se darán en el desarrollo de la experiencia, mezclados con polémicas electorales para desprestigiar al gobierno del FMLN.

Lo único que está asegurado es que, de no cambiar el modelo policial en nuestro país, las tasas de violencia y delincuencia seguirán en aumento de forma vertiginosa. Por esto, instalar y hacer funcionar la Policía Comunitaria en toda América Latina, y particularmente en El Salvador, es un reto ineludible.

EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR

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