Nicaragua
“Es tiempo de cambiar las políticas de drogas”
Con la adhesión y el respaldo
de agencias de Naciones Unidas y de la OEA
se celebró en San José, Costa Rica,
la Quinta Conferencia Latinoamericana y Primera Centroamericana
sobre Políticas de Drogas.
Éste es un muy breve resumen de las ideas
que especialistas del continente compartieron.
Nicaragua, un país con posiciones oficiales de las más conservadoras,
no tuvo ningún representante en el evento.
Especialistas del Continente
América Latina tiene una voz propia y busca protagonizar la transformación de un camino que hasta ahora solo llevó a la guerra, la violencia y la criminalización de los sectores más vulnerables de nuestros pueblos. Con esta idea central del coordinador general del comité organizador de la Conferencia inició el evento, realizado en San José el 3 y 4 de septiembre.
DEBEMOS TRANSFORMAR LA ACTUAL POLÍTICA La Quinta Conferencia Latinoamericana y Primera Centroamericana fue organizada por el consorcio CONFEDROGAS, nacido en 2013 y conformado por seis organizaciones de la sociedad civil del continente, comprometidas todas con lograr un cambio profundo en las políticas de drogas. La organizó también la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), nacida en 2012 y conformada por profesionales, artistas y activistas interesados en la transformación de las políticas de drogas en Costa Rica con un enfoque de derechos humanos y con la misión de reducir la estigmatización y discriminación que sufren las personas usuarias de drogas y la reducción de los riesgos y daños asociados por la oferta y demanda de sustancias ilícitas.
Con la participación de las máximas autoridades del país anfitrión y funcionarios de gobiernos de la región, representantes de las principales agencias de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y destacados especialistas y actores de la sociedad civil, dejaron en claro en dos días de intenso debate que América Latina intenta caminar hacia un cambio de paradigma en políticas de drogas, que respete los derechos humanos, que contemple a los usuarios de drogas como sujetos de derechos y que incorpore un enfoque de salud pública para abordar el consumo de drogas. Se planteó también la necesidad de avanzar en políticas de regulación del mercado de las drogas. Más de 500 asistentes participaron en este encuentro, el más importante de América Latina sobre políticas de drogas.
VEMOS EL RESULTADO: CADA VEZ MÁS VIOLENCIA Las primeras palabras del encuentro estuvieron a cargo de Celso Gamboa, Ministro de Seguridad de Costa Rica, quien abrió la conferencia en nombre del Presidente Luis Guillermo Solís. “Mucho de la lucha contra el narcotráfico nos conduce a la criminalización de la pobreza… Se ha combatido la violencia con violencia y el resultado no ha sido exitoso, sino que ha generado más violencia”, señaló Gamboa, remarcando que se deben enfocar los esfuerzos hacia “quienes manejan los capitales económicos de esas estructuras”. Gamboa informó que la Asamblea Legislativa costarricense “está discutiendo la legalización de la marihuana con fines medicinales, lo que muestra un país abierto a la discusión, permeable a las nuevas ideas”. Y concluyó: “Debemos replantear la estrategia con una visión de salud pública, pero también como una cuestión económica. Basta ya de la punición de este problema. Si no apostamos a la prevención vamos a recoger frutos nefastos”.
A continuación, Giselle Amador Muñoz, directora ejecutiva de la ACEID, pidió un “diálogo urgente que logre modificar las actuales políticas de drogas”. La conferencia -dijo- es “un espacio de análisis y reflexión entre instituciones públicas, privadas, academia, agencias internacionales y sociedad civil”. Se refirió a las actuales políticas de drogas citando la célebre frase de Einstein “Locura es hacer una misma cosa una y otra vez esperando tener diferentes resultados”.
ESTAMOS POR UN CAMBIO DE PARADIGMA Con la idea de lograr “una estrategia integral de desarrollo humano y políticas y programas de desarrollo que abarquen a toda la población” comenzó su participación Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del PNUD en Costa Rica: “Hay que ir más allá para conseguir el reconocimiento de las personas que usan drogas como sujetos de derecho”, aclarando que “más que plantear reformas puntuales, necesitamos un cambio de paradigma”, dijo.
Amado Philip de Andrés, representante regional para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, subrayó: “Es necesario vertebrar verdaderas políticas integradas de drogas”. Pidió tener en cuenta otras experiencias: “Hay que mirar la experiencia en otras latitudes para ver resultados y oportunidades”.
Jorge Luis Prosperi, representante de la OPS/OMS en Costa Rica mostró su preocupación por lo limitado del acceso equitativo a sistemas de salud en América Latina y sostuvo que “las personas que tienen problemas de consumos problemáticos son estigmatizadas y rechazadas, no sólo por la sociedad, también por los sistemas y servicios de salud”.
César Núñez, director del equipo de apoyo regional para América Latina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida trajo a la apertura de la conferencia un mensaje de reflexión de ONUSIDA, que decía: “Las respuestas al VIH deben estar basadas en evidencia científica y en los principios de Derechos Humanos”.
Paul Simons, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, destacó “el rol y la importancia de la sociedad civil en el planeamiento de las políticas de drogas en la región” y calificó como “notable la participación de la sociedad en las redes de prevención y tratamiento de drogas”.
CONSIDERAMOS NEFASTO EL ENFOQUE BÉLICO Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia y Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Costarricense sobre Drogas hizo hincapié en “la importancia de transversalizar los derechos humanos en cualquier acción que se lleve cabo respecto a las políticas de drogas”. “Lo importante -dijo- es comprender que el tema de las drogas se debe humanizar”, señalando que “las organizaciones de la sociedad civil deben ser incorporadas en la dinámica de las políticas de drogas”.
La Ministra de Salud de Costa Rica, María Elena López Núñez, señaló la importancia de la Conferencia como “un insumo para la elaboración de políticas públicas de drogas” y estimó que “el enfoque actual no ha tenido el éxito que se esperaba y, por ende, debemos combinar el uso de nuevas alternativas”.
Graciela Touzé, presidenta de Intercambios Asociación Civil, habló en representación del consorcio organizador CONFEDROGAS. Consideró que las iniciativas legales en varios países latinoamericanos, la experiencia de regulación del mercado de marihuana en Uruguay, Washington y Colorado y proyectos para diversos grados de despenalización en Colombia, Chile, México y Costa Rica “son señales de que nuestras sociedades están reconociendo que el enfoque bélico es un paradigma agotado, cuyas nefastas consecuencias y no pueden tolerarse”. “Estamos convencidos -dijo- de estar viviendo una oportunidad histórica para que nuestra América Latina avance hacia posiciones consensuadas y acciones coordinadas que respondan a las prácticas culturales de nuestros pueblos, a un verdadero respeto de los derechos humanos y a mejores prácticas de salud pública”.
CREEMOS QUE LA RESISTENCIA
ES MIEDO AL CAMBIO El panel “Mercados de drogas regulados” fue moderado por Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD), de México, miembro de CONFEDROGAS. Resumimos lo central de las participaciones en este espacio.
Augusto Vitale, coordinador del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de Uruguay, expuso los pormenores de la decisión del gobierno uruguayo de regular el mercado del cannabis. “La política de regulación del cannabis es una política de cuidado y no de liberalización del mercado -dijo- Las políticas de regulación pueden ser consideradas como dispositivos sociales. Hemos aprendido cómo en los mercados regulados deben intervenir los actores políticos y también la sociedad civil, que comparte la mirada de que el fenómeno es multicausal”.
Pensando en futuras políticas de regulación del mercado de drogas, un interesante desarrollo de conceptos dejó en la mesa la guatemalteca Carmen Rosa de León Escribano, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES). “Estamos intentando presentar modelos que no han sido probados -dijo-. La resistencia es parte del miedo al cambio. No sabemos dónde vamos porque no hay lecciones aprendidas de lo que podemos cambiar. Lo que hay son lecciones aprendidas de lo que no debe hacerse. Es necesario buscar rutas diferentes”.
El sicólogo, periodista y empresario peruano, dedicado a la elaboración y comercialización de alimentos integrales enriquecidos con harinas nativas, Manuel Seminario Bisso, expresó desde la cosmovisión andina su parecer sobre el prohibicionismo que recae sobre la coca: “Cuando hablamos de hoja de coca hablamos de una planta sagrada. Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ella. La coca permite entender qué papel tenemos en la vida, las posibilidades que tenemos de cumplir nuestros sueños. Debemos cambiar la imagen que tiene el mundo de la hoja de coca”.
El estadounidense Norton Arbeláez, fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado se refirió a la experiencia de regulación del mercado de cannabis en Washington y Colorado. “La vida sigue normal -contó-. Todo el miedo de la sociedad a que todo se iba a acabar a raíz de la regulación del cannabis simplemente no sucedió. Podemos adoptar un modelo de regulación que contemple las particularidades de cada país y acabar con este negocio tan lucrativo”.
El Coordinador del Proyecto de Política Internacional de Drogas de la London School of Economics del Reino Unido, John Collins, hizo referencia al actual marco de las convenciones de Naciones Unidas, al que calificó de “insostenible”. Y afirmó: “La idea de un mundo libre de drogas no es posible y ha generado muchas consecuencias terribles. Es importante moverse de las respuestas estandarizadas a un pluralismo en políticas hacia las drogas”.
Catalina Niño Guarnizo, de Colombia, coordinadora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert, ofició de “discutidora” en el panel, destacando que “la regulación permite alejar a los consumidores de los mercados ilegales, que son violentos, precisamente por ser ilegales”.
CONSIDERAMOS NECESARIAS RESPUESTAS
DESDE LA SALUD PÚBLICA En el panel “Consumo de drogas y el enfoque de salud pública en América Latina”, y con la moderación de Coletta Youngers, asesora principal en WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), los especialistas expusieron la creciente preocupación que existe en la región por el consumo de drogas en condiciones de alta vulnerabilidad social, situación a la que se suma un reconocimiento generalizado acerca de la necesidad de generar respuestas desde el enfoque de la salud pública.
Desde Brasil, Myres Maria Cavalcanti, Coordinadora del Área Técnica de Salud Mental, Alcohol y otras Drogas del municipio de São Paulo, compartió la experiencia del programa Brazos Abiertos, basado en estrategias de reducción de daños. Señaló que “tiene como objetivos construir una red de servicios para atención de usuarios desde el enfoque de reducción de daños y poner a disposición servicios de atención integral de salud”.
Catalina Pérez Correa González, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) de México, presentó el informe de este colectivo, titulado “En busca de los derechos: usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”. En él se evalúan las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en ocho países latinoamericanos. Y se concluye que “existe una persistente criminalización hacia las personas usuarias de estas sustancias y tenemos que repensar un cambio hacia un enfoque de salud y reducción de daños que sustituya el actual enfoque punitivo y criminalizador”.
“Una situación dramática”: así definió la situación en América Latina Cipriano Tix Lucas, alcalde de San Andrés Sajcabajá, en Guatemala, integrante de la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social (RAISSS), quien enfatizó que “hay que seguir buscando estrategias comunes y buscar la sostenibilidad de los centros y contrapartes conscientes y mayor presupuesto para los tratamientos, la prevención, la reducción de daños y la inserción social”.
Denise Tomasini Joshi, subdirectora del Programa Internacional para el Desarrollo de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRDP/FOS), puso el foco sobre los centros de tratamientos compulsivos, expresando preocupación por “la gran proliferación de centros privados, que en muchas ocasiones operan con el consentimiento, aprobación, asistencia y/o financiamiento del gobierno. En ellos -dijo- la falta de consentimiento, el hacinamiento y los malos tratos se han hecho moneda corriente”.
En el panel ofició de “discutidor” Manuel Antonio Molina Brenes, presidente de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) de Costa Rica, quien polemizó afirmando que “la perspectiva de salud pública se ha vuelto una palabra hueca y tenemos que darle un sentido, redefinirla, opmitizarla”, afirmando que para lograrlo “deben ser pilares los derechos humanos y la rehumanización”.
NOS PREOCUPAN LAS MUCHAS MUJERES
ENCARCELADAS POR DROGAAmérica Latina es la región más inequitativa del mundo. La desigualdad se expresa en la falta de acceso a bienes y servicios, también en discriminaciones por sexo, edad, etnia y tantas otras condiciones. Militantes, especialistas y representantes de los sectores afectados analizaron, debatieron y aportaron propuestas para pensar en el futuro de aquellos que hoy parecieran no tener futuro en el panel “Drogas e inclusión social”, moderado por Ernesto Cortés Amador, coordinador del Área Incidencia Política en la ACEID.
La mexicana Rosa Julia Leyva, representante de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación de México, abrió el panel con un emotivo relato de su experiencia personal al ser encarcelada por un delito relacionado con el microtráfico de drogas, con el narcomenudeo, y explicó cómo en ese proceso se convirtió en una militante dedicada a dar respuesta a casos similares . Y concluyó: “Debemos darle visibilidad a esta problemática de tantas mujeres que son criminalizadas y encarceladas y que viven en situaciones de alta vulnerabilidad”.
Anamelva Esther Félix Sotelo, coordinadora del proyecto “Promoviendo un espacio de escucha y acogida para mujeres privadas de libertad” del penal de mujeres Anexo- Chorrillos de Perú, integrante de la RAISSS, compartió la experiencia Mujeres del Barrio, una organización que busca el empoderamiento de las mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida, contribuyendo a la reducción de la pobreza en zonas de Lima y de provincias.
“Éste es un proyecto -dijo- que trabaja con mujeres que han nacido y crecido en un contexto de alto riesgo, donde el riesgo es lo de todos los días y termina siendo su “zona de confort”. Todas ellas tienen o han tenido una relación que es directa o indirecta con el alcohol y las drogas”.
QUEREMOS CONVERTIR LOS ESPACIOS
DE ALTO RIESGO EN BARRIOS TERAPÉUTICOS José Luis Zárate Zárraga, responsable del Centro de Escucha Comunitario de la Fundación Munasim Kullakita (Quiérete hermanita) de Bolivia, integrante de la RAISSS, compartió la experiencia de un proyecto desarrollado en El Alto, en una comunidad de alto riesgo, basado en la prevención, la reducción del daño y el tratamiento de cualquier tipo de situación de exclusión y sufrimiento social.
“Este proyecto, que consta de un tratamiento comunitario -explicó-, tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de personas, grupos y comunidades, no tanto el cambio. Trata de dar respuesta al noventa por ciento de personas en exclusión, a ésas que nunca van a decidir ir a un centro de rehabilitación. Queremos conseguir que las mismas comunidades en las que habitualmente viven se conviertan en barrios terapéuticos”.
Nischa Pieris, investigadora y analista en la Comisión Interamericana de Mujeres, se refirió a la invisibilidad de las mujeres encarceladas por delitos de drogas. “Sabemos -dijo- que la mayoría son jóvenes de bajo nivel socioeconómico y de escolarización, que juegan un rol protagónico en el mantenimiento de sus familias, que son jefas de hogar, madres solteras y por su escasa visibilidad se complica el diseño de políticas públicas”. Y concluyó: “Es una paradoja hablar de la inclusión social de personas que en su mayoría siempre han sido excluidas”.
La coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía (CESEC) de la Universidad Cándido Mendes de Brasil, Julita Lemgruber, ofició de “discutidora”, señalando que “en la mayoría de nuestros países la mayor parte de los presos lo están por delitos relacionados con drogas”. Y afirmó: “No sueño que podremos reformar las prisiones, nunca llegaremos a eso”.
NO TODA VIOLENCIA ES PRODUCTO DE DROGAS Varios países de la región están enfrentando niveles extraordinarios de una violencia que suele asociarse al tráfico de drogas. Paradójicamente, uno de los factores que contribuye al incremento de la violencia es la respuesta de mano dura por parte de las autoridades. El rol del Estado, los contextos de pobreza y marginalidad, el rol de las fuerzas de seguridad, la regulación del mercado de drogas, fueron algunos de los elementos puestos en discusión por un panel tan atractivo como heterogéneo. Con esas contradicciones como premisa, se inició el segundo día de la conferencia. El primer panel se llamó “Drogas y violencia” y lo moderó Adriana Beltrán, investigadora en Seguridad Ciudadana en WOLA.
José Miguel Cruz, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, afirmó que no hay una única forma de caracterizar el vínculo entre drogas y violencia: “No toda violencia es producto de drogas”, dijo. Después puso el foco en la situación de Centroamérica, donde las tasas de violencia se han hecho mucho más altas: “El incremento de la violencia tiene que ver con las políticas de mano dura en seguridad y está más asociado a eso que a las drogas”. Y explicó: “Centroamérica es una región de paso, no produce ni consume grandes cantidades de droga y el narcotráfico ni es el principal problema de seguridad ni la principal causa de la violencia”.
Desde su experiencia de trabajo voluntario en el territorio, la líder comunitaria de El Salvador, Martha Guzmán de Castro, contó la cruda realidad de niños inhalantes de pegamento, indigentes y prostitutas y explicó cómo las maras se fueron adueñando del paisaje mientras “aumentaba su poder y peleaban por territorio… Violentan, cortan procesos destruyendo familias y asesinan esperanzas”.
¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA REGULACIÓN? Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, director general de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación de México, hizo referencia al nuevo enfoque en las políticas de drogas. “El nuevo modelo con el que está trabajando México -dijo- es incluir la prevención social y eso plantea un giro de 180 grados”. Remarcó también el papel de la sociedad: “El estado no puede por sí solo, la ciudadanía debe ser incluida”.
Mike Trace, presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC) del Reino Unido, presentó una propuesta para modernizar la aplicación de las leyes sobre drogas y para redefinir las estrategias de reducción de la oferta, teniendo en cuenta que el plan de un mundo libre de drogas, tal como lo planteó “la guerra contra las drogas”, resultó “conceptualmente defectuoso, difícil de llevar adelante y con consecuencias imprevistas”. “Debemos aceptar -dijo- que el mercado ilícito no puede ser erradicado”. Hay que desarrollar nuevos objetivos, recentrar nuestra estrategia y nuestras inversiones y tolerar formas benignas de mercados de drogas”.
Ofició de “discutidor” el especialista en seguridad ciudadana Juan Carlos Garzón, asesor internacional del Ministerio de Justicia de Colombia y de la Comisión para la Reforma de la Política de Drogas en Guatemala, quien consideró que “la política pública no debe evaluarse por sus intenciones sino por sus resultados y las políticas de seguridad actuales no han dado buenos resultados para los ciudadanos”. Planteó también una serie de interrogantes sobre cómo se distribuyen los recursos y cómo regular el mercado de drogas: “¿La regulación puede ser una oportunidad para fortalecer las instituciones o hay que fortalecer las instituciones para poder asumir la regulación? ¿América Latina no está preparada para la regulación, pero sí lo estuvo para asumir la prohibición?”
CÓMO PERDER LA GUERRA CONTA LAS DROGAS
LO CAMBIÓ TODOEn América Latina es común que las políticas de drogas promuevan situaciones de discriminación, rechazo y violencia que conducen a violaciones de derechos. ¿Qué recursos institucionales existen y qué acciones pueden encararse para promover la defensa de los derechos?
Con estas preguntas, los participantes en el panel “Drogas y Derechos Humanos” expusieron diferentes formas de violación a los derechos humanos que hoy se están cometiendo y apartaron detalles de las reformas que se están llevando a cabo en algunos países. Moderó el panel Luiz Paulo Guanabara, director ejecutivo de Psicotropicus–Centro Brasilero de Políticas de Drogas.
El paraguayo Mario López-Garelli, funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un estudio sobre la problemática de las drogas y los derechos humanos en México y Colombia. Explicó: “Este tema ha surgido al considerar, entre otros temas, la situación de las personas privadas de libertad, la aplicación de la justicia penal desde el punto de vista de la afectación de la cultura y los territorios indígenas, así como el observar la aplicación de medidas de seguridad ciudadana”.
La estadounidense Mary Price, asesora jurídica de Families Against Mandatory Minimums (FAMM), partiendo de la idea “Cómo perder la guerra contra las drogas cambió todo” desarrolló algunas propuestas que se están discutiendo para una reforma de la justicia penal en Estados Unidos. Esta abogada considera que “cada dólar que el Departamento de Justicia gasta en prisiones y detención es un dólar que no se gasta en ejecución de leyes destinadas a en enfrentar crímenes violentos, cárteles de la droga, casos de corrupción pública, casos de fraude financiero, casos de tráfico de personas y de explotación infantil”.
La directora de la Defensa Pública de Costa Rica y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), Marta Iris Muñoz Cascante, compartió un extracto del documental “Un sueño llamado libertad”, que narra la situación de las mujeres encarceladas en Costa Rica y dio precisiones acerca de la aprobación de Ley 9161 “Para Introducir Proporcionalidad y Especificidad de Género a la Ley de Psicotrópicos, específicamente en el Delito de Introducción de Drogas en Centros Penales”. Concluyó así: “Creo que esta reforma es una esperanza para América Latina, porque efectivamente logra reformar el artículo de la ley que establecía una pena de 8 a 20 años de prisión”.
DEBEMOS SUPERAR
EL ÉNFASIS EN LA JUSTICIA PENAL En la declaración de la AIDEF se lee: “La actual política de drogas desarrollada en nuestros países enfatiza la respuesta penal, en lugar de una respuesta preventiva orientada en el respeto de los derechos humanos y en el derecho a la salud. Esto nos ha alejado de los objetivos pretendidos en el abordaje integral desde la perspectiva de la salud, la criminalidad y el impacto social, produciendo serias distorsiones en las políticas públicas y el entramado social”.
Jorge Paladines, coordinador misional nacional de la Defensoría Pública del Ecuador y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), dio cuenta de la liberación de los detenidos por la Ley 108 en Ecuador para afirmar: “Esto abre un nuevo camino en los derechos humanos del Ecuador, trata de recuperar el sistema público de salud y mejorar el debido proceso de la gente apresada”, señalando que “la reforma separa ahora el tráfico en cuatro bloques dependiendo de la droga que se trafique y proporcionando la pena a cada caso”.
El “discutidor” fue Rodrigo Uprimny, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DeJuSticia de Colombia, quien evaluó que “ésta es una época que permite tener algún optimismo”, refiriéndose a las reformas que expusieron algunos de los panelistas. Concluyó que “los Estados deben privilegiar sus obligaciones sobre derechos humanos por sobre sus obligaciones en políticas de drogas”.
DEBEMOS DESCRIMINALIZAR
EL CONSUMO DE DROGASLa Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas, convocada para 2016, ofrece la oportunidad de llevar al escenario global el debate instalado en América Latina. ¿Qué oportunidades y obstáculos se avecinan? ¿Es posible fortalecer una posición consensuada entre los países de nuestra región para avanzar hacia propuestas de reforma? Funcionarios y expertos de distintos países se plantearon alternativas de cara al futuro en las políticas de drogas y destacaron la importancia de los aportes de la sociedad civil en el panel “Con vistas a la UNGASS 2016”, que fue moderado por Pien Metaal, coordinadora del proyecto “Reforma a las Leyes de Drogas en América Latina”, del Transnational Institute.
Eugenia Zorbas, punto focal sobre tráfico de drogas y crimen organizado del Departamento de Asuntos Políticos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, abrió el panel destacando que en UNGASS 2016 “hay una oportunidad muy valiosa para el intercambio de ideas”, resaltando que “la ONU enfatiza la importancia de los estándares de derechos humanos para esta tarea”.
El director general adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Gerardo Isaac Morales Tenorio, dejó en claro que su país está abierto a “abrir un debate sustantivo, plural, incluyente y transparente” y está trabajando sobre la “descriminalización del consumo y la búsqueda de alternativas al encarcelamiento”. Destacó, además, que hay que poner el énfasis “en la prevención y reducción de los efectos negativos de manera comprensiva, particularmente en los daños sociales”.
40 AÑOS DE GUERRA CONTRA LAS DROGAS
HAN SIDO UN FRACASO Paul Simons, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), insistió en la necesidad de operativizar un abordaje de salud pública al problema de las drogas. Para lograrlo planteó la importancia de la “participación directa de los ministerios de salud, comisiones nacionales sobre drogas, y de la sociedad civil, en la formulación de políticas públicas de drogas relacionadas con la prevención, tratamiento y rehabilitación”.
Sonia Aiscar representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de Argentina, consideró que “la actual implementación del régimen internacional de drogas no ha logrado soluciones eficaces ni en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas ni en la disminución de los consumos problemáticos, generando en algunos países consecuencias aún más negativas que los daños que se pretenden evitar. Entendemos que la guerra contra las drogas llevada adelante durante mas cuarenta años ha fracasado en sus objetivos”.
La asesora de la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia Sonia Matilde Eljach Polo, llamó a “abrir el nivel político del debate”. “Espero -dijo- que UNGASS 2016 sea recordada como un momento decisivo en el tratamiento del tema drogas”. Sin embargo, no dudó en aclarar que “cambiar el consenso internacional es muy difícil, un solo país puede vetar la posibilidad de un cambio. Es impensable que en una posibilidad de enmienda que abra nuevos enfoques ningún país se oponga”. Pero miró con optimismo que “América Latina está tomando la delantera en una discusión que espero dé buenos frutos”.
Ofició de “discutidor” en este panel José Alberto Briz Gutiérrez, director general de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, quien remarcó que el problema de las drogas “es una discusión que está creciendo entre los Estados y la sociedad civil y también en lazos regionales. Este debate nos lleva a ir encontrando un equilibrio para la labor estatal e institucional y es posible que las instituciones públicas puedan adelantar con reformas administrativas o legislativas, como algunos países han ido haciendo a través de diversas experiencias”.
LO QUE ESTÁ PASANDO
EN CALIFORNIA Y EN “CRACKOLANDIA” Durante la Conferencia, Celeste Orozco, periodista argentina, recibió el primer premio en la cuarta edición del Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Drogas por su artículo “Fórmula magistral: dispensarios y cannabis medicinal en California”, publicado en la revista THC.
El jurado consideró que el texto “muestra una propuesta integral respecto a cuál sería el futuro de una política de drogas. En términos generales, permite abrir el debate acerca de qué es lo que más conviene para alejarnos de un modelo en el que la droga es sinónimo de tanta muerte. Tiene como eje una discusión que actualmente se está dando en muchos puntos del hemisferio. Incluye una buena investigación y una crónica narrada de excelente forma, con un manejo periodístico que da un amplio panorama de lo que ha pasado en California”.
El segundo premio lo obtuvo el colectivo mexicano Dromómanos, con el texto “En las entrañas de cracko-landia”, una crónica sobre las favelas de Río de Janeiro y São Paulo, publicado en la revista “Domingo” del diario “El Universal” de México. Según el jurado, el texto es “un trabajo que representa muy bien las consecuencias de la actual política de drogas. Hay una muy buena labor de investigación, novedosa, hecha muy gráficamente y muy bien resuelta, con un perfil más reporteril, más de calle, de meterse en la realidad para hablar de la tragedia de las víctimas del narcotráfico. Plantea un modelo de periodismo que trata de meterse en las entrañas para denunciar lo grave que significa el comercio, la distribución y el narcotráfico en las comunidades excluidas.
En el marco de la conferencia, y con el objetivo de generar un grupo crítico de periodistas capacitados y comprometidos desde una perspectiva vinculada al respeto de los derechos humanos, las políticas inclusivas, la reforma de las políticas de drogas y la perspectiva de la reducción de daños, que contribuyan a fortalecer los procesos de democracia en América Latina, asistieron periodistas de diarios de todo el continente.
HABLAN USUARIOS Y PRODUCTORES
DE DROGASTambién hubo “eventos satélite” de la Confrencia. Desde el día previo, durante y después del encuentro se fueron sucediendo en distintos puntos de reunión.
Uno de estos eventos fue el Encuentro Continental de Activistas Latinoamericanos de Cannabis. Sebastián Martínez Arias, del Movimiento Cannábico de Costa Rica, dio a conocer una declaración. En ella, este movimiento dice: “Cada vez somos más usuarios y usuarias de cannabis interesados en conocer la experiencia de otros en América Latina, y de continuar actuando según las circunstancias particulares de cada región, como lo venimos haciendo para consolidar un movimiento cannábico latinoamericano con incidencia política en cada país”.
Otra declaración la realizaron los cultivadores de amapola, coca y cannabis, que buscan un reconocimiento internacional. Javier González Skaríc, del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, leyó el documento, en el que dicen: “Animamos a los grupos de activistas en pro de las reformas, a los organismos correspondientes del sistema de Naciones Unidas, a otras instancias internacionales, lo mismo que a los gobiernos de América Latina, a visibilizar los derechos de los pequeños agricultores, industrializadores y consumidores, con vistas a que sean representadas sus demandas en UNGASS 2016”.
Representantes de la sociedad civil de distintos países latinoamericanos se dirigieron a los Estados Miembros de la OEA pidiendo una revisión de la orientación de las políticas de drogas que vienen llevándose adelante en las Américas. Con vistas a la UNGASS de 2016 Keila Ábrego, de la Fundación Nueva Oportunidad de Costa Rica, leyó un documento en el que se lee: “Alentamos a la OEA a convocar un debate amplio y abierto para que todos los sectores de la sociedad tomen conocimiento de los diversos aspectos del fenómeno y contribuyan al fortalecimiento de las estrategias nacionales y regionales, así como a formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas sobre los diferentes aspectos del fenómeno de las drogas, involucrando a todas las organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, organizaciones de base comunitaria, a la academia, a redes, organizaciones y a usuarios y productores de drogas”.
MERECEMOS LOS MISMOS DERECHOS
DE TODOS LOS CIUDADANOSOtro evento satélite fue el de Jóvenes de América Latina. Diferentes sectores de la juventud expresaron “la importancia de incluir una perspectiva juvenil y de las nuevas generaciones en el debate sobre las políticas de drogas, tratando de empoderar a los jóvenes a involucrarse en proyectos e iniciativas que generen conocimiento e información, las que, desde una perspectiva juvenil, les permitan actuar como agentes de cambio y promover el respeto a los derechos humanos”. Brun González, de la organización Espolea de México, leyó el documento-resumen.
La Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas (LANPUD) también sentó su posición. La presentó Laura Flechas, de la Fundación Miguel Ángel Vargas (FUMAV) de Colombia. Contiene una fuerte crítica a la criminalización de la pobreza: “Abogamos por los mismos derechos ya garantizados a las minorías organizadas … Nadie debería dejar de ser ciudadano sólo por el hecho de ser usuario de drogas… Exigimos tratamientos sin penalización ni encarcelamientos forzosos, así como programas de reducción de riesgos y daños”.
EN EL TEMA DE LAS DROGAS
AMÉRICA LATINA YA TIENE VOZ PROPIA Al término de la Conferencia, realizada por primera vez en Centroamérica, Ana Helena Chacón, Segunda Vicepresidenta de Costa Rica, país anfitrión, afirmó: “La cuestión de la legalización de las drogas es un tema de la región, no puede ser un tema de Costa Rica, no podemos convertirnos en un país aislado en medio de una región donde las fronteras prácticamente no existen”.
A Pablo Cymerman, coordinador de relaciones institu¬cionales de Intercambios, asociación civil de Argentina y coordinador del comité organizador de la Conferencia, correspondieron las palabras finales: “En estos dos días de diálogo y debate volvió a quedar claro que América Latina tiene una voz propia y busca protagonizar la transformación de un camino que hasta ahora solo llevó a la guerra, la violencia y la criminalización de los sectores más vulnerables de nuestros pueblos… A lo largo de estos dos intensos días de trabajo ha quedado clara la complejidad que tienen los problemas relacionados con las drogas. También quedaron en evidencia las nefastas consecuencias que generan las políticas hegemónicas adoptadas hasta la fecha… Necesitamos una política que se construya sobre la base de la participación social y que tenga en cuenta las necesidades, expectativas e intereses de los diversos actores sociales. Éstos son los desafíos que nos animan”.
DEL RESUMEN OFICIAL DE LA V CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y I CENTROAMERICANA SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS.
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