México
Elecciones en un país en venta
Las elecciones intermedias mostraron el control del PRI sobre las instituciones
y su protagonismo en la impunidad, la corrupción, la guerra contra los pueblos...
Y en la venta del país.
Estas elecciones eran cruciales para Peña Nieto,
que necesita seguir teniendo un Congreso afín
para aprobar las próximas reformas estructurales,
entre ellas la privatización del agua.
Esto explica la protección que Peña Nieto le garantizó a su aliado, el Partido Verde,
para asegurarse la mayoría en el Legislativo.
José Rubén Alonso González
En las elecciones intermedias de junio, el Presidente Enrique Peña Nieto, le apostó a mantener el control en la Cámara de Diputados a través de su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), contando con la comparsa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Nueva Alianza (PANAL), para continuar con sus reformas estructurales, privatizadoras de los recursos naturales de México. Lo logró, a costa de dejar en el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) la conducción de los procesos electorales locales.
AUTORIDADES A ELEGIR
El proceso electoral 2015 arrancó en octubre de 2014 con la instalación del INE -sucesor del Instituto Federal Electoral (IFE)- con nuevas reglas y la posibilidad de registrar candidatos independientes (no postulados por partidos políticos).
El proceso se realizó en dos pistas concurrentes. Una, la renovación de la Cámara de Diputados, integrada por 300 legisladores de Mayoría Relativa y 200 de Representación Proporcional. Otra, 16 procesos electorales locales, en igual número de entidades para elegir a 9 gobernadores y renovar 887 ayuntamientos (Presidencias Municipales), 20 Juntas Municipales en Campeche y 16 Congresos, con un total de 603 legisladores locales.
Con nuevas facultades centralizadas en el INE, éste designó e integró los órganos locales electorales donde se realizaron comicios. El Senado de la República hizo lo propio con los tribunales electorales locales. Tan sólo para la renovación de la Cámara de Diputados se registraron 8,992 candidatos en ambas fórmulas con sus respectivos suplentes. Participaron en la contienda 22 candidatos independientes a diputados federales en 20 distritos de doce entidades.
El universo de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Listado Nominal para la jornada electoral fue de 83 millones 563,190 personas. Para la conducción de la jornada electoral como funcionarios de casilla se capacitaron y entregaron nombramientos a 1 millón 200 mil ciudadanos y ciudadanas, que atendieron 148,848 casillas instaladas el 7 de junio, día de las elecciones.
Para gastos de campaña, los partidos y candidatos a escala federal recibieron 1,172.8 millones de pesos (74.7 millones de dólares), de financiamiento público. Además, para actividades ordinarias, específicas, franquicias (postales y telegráficas) y promoción de las mujeres, recibieron otros 4,301.2 millones de pesos (274 millones de dólares). En las 16 entidades del país, partidos políticos y candidatos recibieron recursos públicos de las arcas locales, incrementándose el financiamiento total recibido en un 50% más.
REFORMAS DE FONDO
La administración de Enrique Peña Nieto, con quien el PRI recuperó la Presidencia de la República tras doce años en manos del Partido Acción Nacional (PAN), llegó al proceso electoral tras concretar varias reformas estructurales y privatizadoras: energética, educativa, hacendaria, financiera, laboral, penal, en telecomunicaciones, en transparencia y acceso a la información, y una reforma político-electoral.
Estas reformas estructurales fueron el resultado del Pacto por México, firmado con los líderes de las tres fuerzas políticas del país, PRI, PAN y PRD el 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de que Peña Nieto asumió la Presidencia.
NUEVOS ORGANISMOS
En los primeros dos años y medio de la gestión de Peña Nieto, el Congreso de la Unión centró su actividad política en sacar adelante las reformas, creando nuevos organismos o transformando los existentes. Así, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se configuró en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y el Instituto Federal Electoral (IFE) en Instituto Nacional Electoral (INE). Se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE), el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenegas), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente (ANSIPMA).
Característica de los nuevos organismos, en particular de los responsables de los procesos electorales (INE), del acceso a la información (INAI) y del operador del instrumento de la “limpia” del sistema educativo (INEE) es la centralización de las funciones, en detrimento del federalismo, menguando así las facultades de los órganos locales estatales.
EL PETRÓLEO Y EL GAS EN VENTA
El proceso privatizador que facilita el ingreso de capital e inversión extranjera, se dio primero en el sector energético y en el de las telecomunicaciones. La paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) fue reducida a una empresa más, que tendrá que competir con empresas y capital extranjero en la exploración, transformación, distribución y comercialización del petróleo, el gas natural y de sus derivados, tanto en aguas del Golfo de México, como en el noreste del país, para el caso del gas natural, permitiéndose la aplicación del fracking (fracturación hidráulica) para su explotación, a pesar de los señalamientos hechos por organizaciones ambientalistas sobre sus efectos catastróficos.
En la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica se abrieron también las puertas a la participación de capital privado, bajo la premisa de que su costo comercial se reduciría favoreciendo el bolsillo de los mexicanos, lo que la economía familiar no ha percibido.
La venta del petróleo mexicano con base en las reformas estructurales comenzó en agosto de 2014, delimitando y poniendo a licitación a capitales y empresas privadas zonas del territorio nacional en el Golfo de México.
Por lo que toca a las telecomunicaciones, modificaciones constitucionales y una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, benefició a las empresas monopólicas Televisa y TV Azteca, especialmente en materia de telecomunicaciones ante su gran competidor, el Grupo Carso de Carlos Slim.
EL AGUA EN VENTA
Sin ser tema del Pacto por México, en febrero, cuando los partidos y la sociedad estaban centrados en el proceso electoral, cuatro diputados del PRI y del PAN presentaron una iniciativa para crear una nueva Ley General de Aguas, que fue dictaminada y aprobada en comisiones legislativas en un proceso exprés.
El tema del agua lo había trabajado con anterioridad la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y organizaciones ciudadanas se percataron de la iniciativa. Esto permitió que el albazo legislativo se detuviera y la nueva norma privatizadora del agua quedara pendiente para la Legislatura que resultara de las elecciones del 7 de junio.
Entre los puntos centrales de la iniciativa dictaminada está la limitación del derecho humano al agua por “razones de interés social, orden público o seguridad nacional”, estableciendo nuevos criterios para el trasvase de aguas y para la participación de capital privado en la explotación, uso, manejo y comercialización del agua, dejando vulnerables frente el capital privado a las comunidades locales y en particular a las comunidades indígenas.
Ante los señalamientos de organizaciones ambientalistas y ciudadanas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, ahora dirigente nacional del PRI, anunció en marzo que el tema se pospondría “el tiempo que fuera necesario”.
LA REFORMA EDUCATIVA
Paralelamente a estas decisiones, otras acciones de Estado impactaban a la sociedad. En materia educativa, la administración de Peña Nieto inició la desarticulación de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) al detener a su dirigente nacional vitalicia, Elba Esther Gordillo, acusándola de desviar 2,600 millones de pesos (198.7 millones de dólares al tipo de cambio de 2013).
La líder de los maestros, secretaria general del PRI (2002-2005), brindó su apoyo al candidato del PAN, Felipe Calderón en las elecciones de 2006. Al salir de la dirigencia del PRI y con la estructura del SNTE, Gordillo ya tenía creado un partido político, Nueva Alianza, que en las elecciones de 2012 no ofreció su apoyo al PRI y a su candidato Peña Nieto.
Con Gordillo en prisión, el resto de la dirigencia del SNTE “apoyó” la reforma educativa y dirigentes y docentes, en particular los de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incrementaron la confrontación y desestabilización social en esas zonas del país, bajo el pretexto de la necesidad de respaldar e implementar la reforma educativa.
MICHOACÁN EN LA MIRA
Michoacán fue centro de atención nacional e internacional en 2013 y 2014 por actividades del crimen organizado. Integrantes del gobierno estatal, bajo el priísta Fausto Vallejo Figueroa, e incluso uno de sus hijos, Rodrigo Vallejo Mora, fueron evidenciados por sus vínculos con la dirigencia del grupo delictivo Caballeros Templarios. En diversas regiones de Michoacán se formaron grupos de “autodefensas” para identificarlos y repelerlos.
La situación de ingobernabilidad llevó al gobierno federal a intervenir en el estado asumiendo las funciones de seguridad pública y provocando la salida “por cuestiones de salud” del gobernador Vallejo Figueroa.
MILES DE DESAPARECIDOS
La inseguridad creciente que vive México desde la administración de Felipe Calderón (2006-2012), con su declaratoria de guerra contra el narcotráfico, no sólo se ha mantenido con Enrique Peña Nieto desde que asumió la Presidencia de la República, sino que pronto se incrementó. En marzo de 2015 la cifra oficial de desaparecidos o “no localizados”, como los identifica el gobierno federal a través del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ascendía a 25,821 personas, de las cuales 10,836 desaparecieron en los dos años y cuatro meses que llevaba hasta esa fecha la gestión de Peña Nieto. El resto, en los seis años de Calderón. “Una verdadera tragedia nacional”, consideró en abril de 2005 Santiago Corcuera, del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
AYOTZINAPA Y TLATAYA
EN EL ESCENARIO
Menos de un mes antes de arrancar la campaña electoral, en la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, dos camiones con estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, conocida como Normal
de Ayotzinapa, localizada en la comunidad de Tixtla, fueron interceptados por policías municipales a escasos metros de un destacamento militar. En esa acción, 43 estudiantes “desaparecieron”. Tras movilizaciones nacionales e internacionales exigiendo la presentación con vida de los jóvenes, las autoridades federales informaron que habían sido ejecutados y cremados por grupos delictivos de la región vinculados al narcotráfico.
Otro crimen estaba en el escenario. Primero con la versión del Ejército de que habían “repelido la agresión de presuntos delincuentes”, y después, a través de testimonios de sobrevivientes en versiones periodísticas, se conoció que en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, tres meses antes, el 30 de junio de 2014, elementos del Ejército habrían asesinado a 22 personas en una bodega. De ellos, 15 habrían sido ejecutadas.
De acuerdo con el manual de operaciones del Ejército, la orden que recibieron los militares fue “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.
CORRUPCIÓN ABIERTA
Antes de concluir 2014, cuando el gobierno federal licitaba la construcción de una línea de tren rápido que uniría ciudad de México con Querétaro, la periodista Carmen Aristegui y su equipo de reporteros de investigación revelaron que la esposa de Peña Nieto, la actriz de la empresa Televisa, Angélica Rivera, a través del Grupo Higa -el mismo que había ganado la licitación del tren-, se había construido una casa de 7 millones de dólares en la zona exclusiva de Lomas de Chapultepec. Y a través de “The Wall Street Journal”, se supo después que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también se había hecho una casa con el Grupo Higa, por poco más de medio millón de dólares.
Para enfrentar estos escándalos, que indignaron más a la opinión pública, Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade, ex-consejero del desaparecido IFE, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFC) para que delimitara responsabilidades. Ocho meses después, al terminar agosto, el titular de la SFC informó que no sólo no encontró irregularidades, sino que tampoco se registró conflicto de interés alguno en todos los involucrados, incluyendo a su propio jefe, Peña Nieto.
JORNADA ELECTORAL EN PAZ
Es éste el contexto en el que llegamos a las elecciones de junio. En general, la jornada electoral transcurrió en paz, a pesar de una alta expectativa de falta de participación y eventuales brotes de violencia, previstos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En previsión, en esos puntos sobre todo en Guerrero, el Ejército se instaló frente a las Juntas Distritales Electorales.
El punto más crítico se registró en Tixtla, Guerrero, sede de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde se realizaron elecciones municipales y grupos inconformes quemaron más del 20% del material para la instalación de casillas electorales. Pasada la jornada electoral, las autoridades determinaron que se repetiría allí la elección.
PARTIDO VERDE:
CIENTOS DE IRREGULARIDADES
A escala nacional, el PVEM se presentó con más de 300 irregularidades y denuncias sobre violaciones a la ley, entre las que sobresalieron destinar recursos públicos de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados para hacer proselitismo con campañas mediáticas en televisión y salas de cine con más de 300 mil spots incluso desde antes de arrancar la campaña electoral, contratación de anuncios espectaculares y de propaganda fija ilegal en espacios urbanos, empleo ilegal de los datos personales contenidos en el padrón electoral para hacer proselitismo personalizado, entrega de propaganda ilegal como tarjetas de descuento, afiliación sin consentimiento de ciudadanos y ciudadanas, violación de la privacidad con llamadas telefónicas, y desacato reiterado a las determinaciones de los órganos electorales.
En abril, antes de que comenzara la campaña electoral, líderes de opinión emprendieron una campaña a través de la plataforma change.org para solicitar a las autoridades electorales que le quitaran el registro de partido político al PVEM. Entre los firmantes de la petición estaban Alfredo Figueroa, Carlos Brito, Denise Dresser, Eduardo Huchim, Leo Zuckermann, María Santos, Martha Tagle, Miriam Morales, Mónica Tapia, Mony de Swaan, Paulina Arriaga y Sergio Aguayo Quesada.
El PVEM fue reconvenido y multado en diversas ocasiones por el INE. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le reducía las multas impuestas y el partido se mantuvo con sus campañas, incluso durante la jornada electoral, echando mano incluso del apoyo de personajes de la vida pública y de la farándula para promover a través de redes sociales apoyo a su partido y candidatos.
RESULTADOS ELECTORALES
Al término de la jornada electoral, con base en el cómputo distrital, con una participación del 47.72% de las personas inscritas en el listado nominal, el PRI obtuvo el 29.19% de los sufragios, seguido por el PAN con 21.01%. En tercer lugar, el PRD con 10.87%. Después, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que surgió de una división del PRD, con 8.39%. El PVEM obtuvo el 6.91%, el Movimiento Ciudadano (antes Partido Convergencia) un 6.09%, el Partido Nueva Alianza (Panal), que se integra con la estructura del SNTE magisterial quedó con 3.72% de votos. El Partido Encuentro Social (PES), de reciente creación, alcanzó el 3.32%.
Quedaron fuera del espectro al no alcanzar el mínimo requerido del 3% de votos emitidos, el Partido del Trabajo (PT) con 2.84% y el Partido Humanista con 2.14%. Los 22 candidatos independientes que se presentaron sumaron entre todos los distritos donde participaron 225,500 votos, que representan el 0.56% de la participación total. Se registró un 4.76% de votos nulos.
CÁMARA DE DIPUTADOS:
GANÓ EL PRI Y SUS ALIADOS
Con base en estos resultados, por distritos y con la votación válida efectiva por circunscripciones, la Cámara de Diputados quedó integrada así:
- PRI 203 escaños
- PAN 108 escaños
- PRD 56 escaños
- PVEM 57 escaños
- Morena 35 escaños
- MC 26 escaños
- Panal 10 escaños
- PES 8 escaños
El PT, aun perdiendo su registro como partido, obtuvo 6 escaños, y un candidato independiente triunfador, de los 22 que compitieron sin ser postulados por algún partido, Manuel Clouthier Carrillo, ex-panista e hijo de quien fuera candidato del PAN a la Presidencia de la República en 1988. Clouthier ganó un distrito en el estado de Sinaloa.
A pesar de que el PRI perdió 9 escaños, de los 212 diputados que tuvo en la primera legislatura de Peña Nieto, en la que se realizaron las reformas estructurales y privatizadoras, y al no contar con la mayoría simple de 251 votos directos para aprobar solo reformas o crear leyes, su alianza con el PVEM (pasó de 29 a 47 curules) y con los 10 diputados del Panal, le permitirá 260 votos, suficientes para aprobar incluso sin negociación con el PAN, la nueva Ley General de Aguas en lo que resta de la actual administración federal.
RESULTADOS LOCALES
En las elecciones locales para gobernadores el PRI registró un revés, por centrar su atención en ganar y en mantener el control de la Cámara de Diputados federal. El PRI ganó Colima, pequeño estado del occidente de México. En alianza con el PVEM, retuvo Campeche en el sur del Golfo y recuperó Guerrero, en manos del PRD.
El PAN retuvo Baja California Sur y recuperó Querétaro, que estaba en manos del PRI. Michoacán fue recuperado por el PRD, perdiéndolo el PRI. Nuevo León, el estado industrial de México, fue ganado por el ex-priísta postulado como independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “El Bronco”. Salvo Querétaro, el resto de los candidatos ganadores fueron en otro tiempo miembros del PRI.
En total, en los comicios locales participaron como candidatos independientes 103 personas en once estados. 71 compitieron por ayuntamientos o por alguna delegación del Distrito Federal, 29 por alguna diputación local y 3 para gobernador. De todos, uno, Rodríguez Calderón, ganó una gubernatura. Dos ex-panistas ganaron ayuntamientos: José Alberto Méndez Pérez, en el municipio de Comonfort, en el estado de Guanajuato; y Alfonso Martínez en Morelia, capital del convulsionado Michoacán.
EL CASO DE PEDRO KUMAMOTO
Un caso particular de independientes se registró en Jalisco, donde Pedro Kumamoto, 25 años, un egresado universitario, quien con otros había formado un grupo llamado Wikipolítica, se postuló para diputado local en uno
de los distritos más emblemáticos de la zona metropolitana de Guadalajara: el distrito 10 en el municipio de Zapopan, de clase alta, con los mayores índices de participación y proclive históricamente a votar por el PAN.
Sin antecedentes partidistas, Kumamoto y su equipo armaron una estrategia dirigida a jóvenes, visitando casa en un uso efectivo y novedoso de redes sociales. Con 57,215 votos de los 152,467 emitidos (37.53%), Kumamoto se impuso al PRI (24,981 votos) y al PAN (19,573). En su contienda gastó 242 mil 900 pesos (15,475 dólares) de los cuales 18,626 pesos (1,197 dólares) fueron de financiamiento público y el resto de aportes de particulares. El gasto total de su campaña representó el 19% del tope fijado por la autoridad electoral para un candidato a diputado local.
CONCLUSIONES DEL INE
Para dar por concluido el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) calificó la elección federal, fiscalizó los recursos de las campañas federales y locales otorgados a los partidos políticos y atendió las quejas y denuncias presentadas en contra de candidatos y partidos.
El monto total de los recursos invertidos en dos meses de campañas políticas equivalió al 61.3% de lo que el gobierno destina en 2015 a su programa de Apoyo Alimentario a las familias en pobreza extrema.
Entre otras cosas, el INE señaló que los partidos no gastaron un monto superior a los 200 millones de pesos (12.7 millones de dólares). Y determinó que los emplearan para sus actividades ordinarias, en lugar de regresarlos a las arcas públicas. El reclamo ciudadano fue que el dinero no se lo quedaran los partidos, sino que lo devolvieran al erario. Se presentaron diversos amparos ante la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que los recursos fueron entregados para un fin específico y no podrían emplearse para otro fin.
PARTIDO VERDE: UN CASO
DE “GRAVEDAD EXTREMA”
Situación particular mereció el caso del PVEM. El 12 de agosto, ya para dar por concluido el proceso, el INE abordó la solicitud de pérdida de registro de este partido. En el proyecto de dictamen se estableció que antes y durante
el proceso electoral incurrió en 26 faltas tipificadas como graves y por ello acumuló multas por un total de 597.5 millones de pesos (38 millones de dólares).
Sin embargo, con siete votos a favor y cuatro en contra, el PVEM mantuvo su registro. El presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, reconoció en sus argumentos que el PVEM transgredió sistemáticamente
la ley. Sin embargo, señaló que por ello ya había sido sancionado, tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque no aclaró que el Tribunal le había reducido cada multa incluso a menos de la mitad. Córdova invocó también los derechos de militantes y simpatizantes para mantenerle el registro al PVEM, sin tener en cuenta que este partido afilió masivamente y sin consentimiento a ciudadanas y ciudadanos repartiendo tarjetas de descuento y pases para funciones de cine.
Al votar en contra, la consejera Pamela San Martín, alegó: “¿Cómo puede no ser grave la conducta de un partido político que, de forma intencional y sistemática, antes y a lo largo del proceso electoral, hace de la violación al estado de derecho su estrategia electoral? Yo sostengo que es en este elemento precisamente en el que radica la gravedad, la gravedad extrema”.
FUTURAS ELECCIONES
YA EN LA MIRA
El ritual político-electoral indica que a partir de una elección intermedia arrancan los procesos sucesorios de la siguiente elección.
2018 está ya en la mira. Ese año toca la elección de Presidente de la República, la renovación de la totalidad del Congreso de la Unión con sus dos Cámaras, de Senadores y Diputados federales, así como la elección
de 6 gubernaturas, 875 ayuntamientos, 16 Jefaturas de Delegacionales del Distrito Federal, así como 14 Congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal.
Previamente, la maquinaria electoral operará en las entidades de México. En 2016 se elegirán 12 gobernadores, destacando Veracruz, Puebla y Oaxaca; se elegirán 1,015 ayuntamientos y se renovarán 13 congresos locales.
Y en 2017 habrá elecciones para gobernador en dos entidades, Estado de México y Nayarit.
Las tres principales fuerzas políticas ya comenzaron a reacomodar sus dirigencias. El PAN y el PRI apostaron a trasladar a líderes parlamentarios salientes de la Cámara de Diputados a que conduzcan el último tramo de la administración de Enrique Peña Nieto, con vistas a los procesos electorales locales de 2016, 2017 y a las elecciones federales y locales de 2018.
El PRD tiene pendiente un proceso de renovación interna para elegir al sucesor de su actual dirigente, Carlos Navarrete, 57 años, hoy Senador de la República. Se enfrenta a los próximos retos menguado, tras la salida de Andrés Manuel López Obrador, quien conformó el MORENA, y cargando luchas internas entre las llamadas “tribus” o “corrientes”.
HABRÁ MÁS PRIVATIZACIONES
Con dos operadores ex-legislativos al frente del PRI y el PAN -los partidos artífices de las reformas estructurales y privatizadoras impulsadas por Enrique Peña Nieto- dirigiendo a las dos principales fuerzas políticas del país en la Cámara de Diputados y en el Senado, y con la alianza de facto del PVEM y del PANAL con el PRI, en el cierre de la actual administración federal se vislumbra para los próximos años la consolidación del proceso privatizador de la energía, de las telecomunicaciones y del agua. Se espera una vuelta al centralismo.
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA), ZAPOPAN, JALISCO
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica