Nicaragua
Blindados contra “riesgos” y “amenazas”
Entramos en 2016, un año previsiblemente difícil.
Será un año electoral
y el grupo de poder Ortega-Murillo
se está blindando
contra “riesgos, amenazas y conflictos”
para garantizarse la reelección
y cinco años más de su modelo político y económico.
Equipo Envío
Por qué si todas las encuestas indican un apoyo mayoritario a Ortega y la oposición ha sido dispersada y debilitada calculadamente desde hace años por el mismo Ortega, el gobernante está alistando todo tipo de blindajes para garantizarse la reelección?
¿Y por qué si el primer paso para la construcción del Canal Interoceá¬ni¬co, el estudio de impacto ambiental y social, ya fue concluido y finalmente publicado, está incompleto y señala “riesgos considerables”, el gobierno lo ha aprobado, afirmando, junto a la empresa china que la megaobra tendrá “un impacto positivo neto”?
Con estas dos preguntas dejamos atrás el año 2015 e iniciamos el camino hacia 2016, un año plagado de incertidumbres.
¿SERÁN REALIDAD O TEATRO?
¿Serán las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias verdaderos comicios libres donde la ciudadanía elija nuevas autoridades o legitime a las que hoy gobiernan? ¿O serán simplemente un escenario donde la población asista a una representación del teatro electoral, en la que se asignen dos cargos principales y noventa auxiliares?
En Nicaragua, después de los continuos fraudes electorales que iniciaron en 2008, y dado el control que Ortega ejerce sobre el Poder Electoral, no se puede responder a esta pregunta, la elemental en cualquier elección de cualquier país. Anudadas a esta pregunta sin respuesta existen al menos otras dos cuestiones. Una, para las agrupaciones políticas realmente opositoras: ¿debemos participar o nuestro deber es no participar dadas las condiciones que existen y no han cambiado? Y otra, para la ciudadanía: ¿vale o no la pena ir a votar?
Las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebran, por ley, cada cinco años el primer domingo del mes de noviembre. En 2016 serán el día 6. Este año, por primera vez, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no hizo pública la convocatoria a los comicios el 6 de noviembre de 2015, rompiendo con una tradición. Nadie en el CSE dio explicación alguna.
El Ejecutivo aumentó en el presupuesto para 2016 la partida que entrega al Poder Electoral. El CSE presupuestó un aumento de más de 400% respecto al año electoral 2011 para viajes al exterior y viáticos, sin indicar a dónde serían los viajes y cuáles sus objetivos. También presupuestó el CSE la emisión de casi un millón de credenciales para casi un millón de fiscales, cantidad que supera en casi diez veces las que entregó en las elecciones de 2011 y que no se corresponde con el número de votantes potenciales, que no pasa de unos 3 millones y medio de personas. Nadie en el CSE dio explicación alguna.
Las elecciones en Nicaragua siguen siendo costosísimas, a pesar de los procesos de modernización para los que el CSE ha recibido partidas millonarias. 9.85 dólares cuesta el voto de cada ciudadano nicaragüense. En Costa Rica cuesta 4.14 dólares.
BASTARÍA LA OBSERVACIÓN
En medio de todas las incertidumbres pre-electorales, la condición de la observación electoral -no sólo la de expertos internacionales, más aún la de los nacionales- se ha ido abriendo paso como el elemento principal que garantizaría que las elecciones del 6 de noviembre de 2016 sean reales y no un teatro donde el CSE reparta cargos.
Se viene escuchando que, de contarse con una observación electoral nacional independiente y con observación internacional suficiente, los partidos dudosos participarían y los votantes indecisos se animarían a salir a votar. Eso removería la incertidumbre y la apatía actuales. Incluso, algunos más optimistas -¿o realistas?- no dudan en afirmar que en esas condiciones Daniel Ortega sería derrotado y podría repetirse una experiencia como la de 1990, cuando la votación fue masiva y la presencia de observadores internacionales independientes motivó la masividad e impidió al FSLN cualquier acción fraudulenta.
EL FANTASMA DE 1990
Tres elementos determinantes faltan en la proyección que hacen los más optimistas. Uno, la guerra que desgastaba el país desde hacía nueve años y la convicción de que con el cambio de gobierno se terminaría el conflicto armado.
Dos, el hecho de que nadie en el FSLN pensara en la posibilidad de la derrota y, por eso, el que a nadie se le ocurriera siquiera verse tentado a “hacer algo” para evitarla. Y tres, la gran confianza y atractivo que inspiró en la mayoría de la población la candidatura presidencial de doña Violeta y la seguridad que le dio al proyecto de cambio que ella proponía la habilidad estratégica que demos¬tró su yerno y jefe de campaña, Antonio Lacayo, fallecido en un accidente aéreo el 17 de noviembre por causas que, dos se¬manas después de ocurrido, no aclara la investigación oficial.
Hoy, aunque el fantasma de 1990 sigue paseándose en la mente de Ortega y en las de sus más cercanos, ya no hay una guerra desgastante como la de los años 80, el FSLN en el gobierno tiene clara conciencia de que puede perder en elecciones libres y por eso se ha especializado desde hace siete años en un amplio menú de maniobras fraudulentas para burlar la derrota. Y hasta hoy no aparece aún ninguna candidatura con el imán que tuvo la de doña Violeta.
¿HABRÁ OBSERVACIÓN ELECTORAL?
¿Permitirá Ortega la observación electoral en las próximas elecciones? ¿Se verá forzado a aceptarla? ¿Quién o qué le forzaría a hacerlo? ¿La presión internacional? ¿Su necesidad de conseguir legitimidad?
En los comicios de 2011, el gobierno negó por tercera vez consecutiva la participación a los organismos nacionales de observación electoral, IPADE y Ética y Transparencia (capítulo nicaragüense de Transparencia Internacional), no invitó ese año al Centro Carter -participante desde 1990 en todos los procesos-, aunque sí permitió la presencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea.
La misión de la UE tuvo a 90 de sus observadores en Nicaragua desde tres semanas antes de la jornada electoral, que ese día pudieron visitar sólo 559 de las 13 mil juntas receptoras de votos del país.
En febrero de 2012 la UE presentó un extenso y detallado listado de recomendaciones al CSE para que superara lo que habían podido observar de un proceso que calificaron, ya en los días siguientes como “carente de neutralidad y transparencia”. Ni una sola de esas recomendaciones se ha cumplido.
Por su parte, Dante Caputo, jefe de la misión de observación de la OEA, convocó a las 2 de la tarde del mismo día de aquellas votaciones a una conferencia de prensa en la que declaró que el partido de gobierno había obstruido su trabajo y eso les impedía hacer una valoración objetiva: “No nos falló el radar, nos lo taparon”, dijo Caputo.
Todo el mundo sabe que a los observadores nacionales independientes es mucho más difícil “taparles” el radar porque conocen de primera mano todos los detalles del proceso previo a las elecciones, conocen el país y a sus actores y tienen capacidad de cubrir todo el territorio. De ahí la importancia mayúscula que tendría el que hubiera observación nacional en los próximos comicios.
¿COMO EN VENEZUELA?
¿Qué pasará este año con la observación electoral? El gobierno de Nicolás Maduro recibió solicitudes y presiones para que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre fueran observadas internacionalmente para así dar credibilidad y legitimidad a los resultados. Y cuando esa posibilidad fue rechazada, el nuevo secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió una carta de 18 páginas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral venezolano, en la que le insistía con firmeza en la necesidad de que se diera esa garantía para asegurar la justicia electoral.
Con las diferencias que existen entre el contexto político de Venezuela y el de Nicaragua, y con el tan diferente peso geopolítico y geoeconómico que tienen ambos países, algunos esperan que una comunicación parecida reciba de parte de la OEA el CSE nicaragüense si rechazara la observación internacional.
HAY PRESIONES
Y TAMBIÉN HAY CONSENSO
El gobierno de Estados Unidos viene insistiendo en la observación electoral, incluida la de los organismos nacionales.
El Subsecretario adjunto para Centro¬américa y el Caribe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francisco Palmieri, visitó Nicaragua del 9 al 11 de noviembre y en varias entrevistas expresó “preocupación” por la democracia en Nicaragua y descartó la validez de la figura de “acompañantes” con la que el gobierno de Ortega ha querido justificar el desplazar a los “observadores”. “Somos muy tradicionales”, dijo Palmieri declarando su preferencia por la figura de la observación sobre la del acompañamiento.
Palmieri defendió la importancia de la observación, tanto internacional como nacional, para garantizar la democracia. Ortega se reunió con él y con la embajadora estadounidense, Laura Farnsworth Dogu, quien desde que llegó al país en septiembre ya había dado varias declaraciones a favor de la democracia y las elecciones transparentes.
Si desde las alturas, ya existen los llamados de atención, desde la ciudadanía también es mayoritaria la opinión a favor de la observación electoral. Las encuestas más recientes lo vienen demostrando. En la última de M&R, de octubre, el 90.2% del total de los encuestados está a favor de que haya observación internacional y el 89.6% observación nacional. Entre quienes simpatizan con el FSLN el 94.1% está a favor de la observación internacional y el 94.4% de la nacional.
LA COMBINACIÓN
QUE MÁS TEME DANIEL ORTEGA
¿Será entonces que Daniel Ortega se verá obligado a aceptar la observación electoral y eso obligaría al CSE a una mayor transparencia en la preparación y realización de los comicios? ¿Será que la observación alentaría una votación masiva?
No lo sabemos. Lo que si vemos es que, en previsión de que algo se le escape de las manos Ortega viene organizando una operación de blindaje previo a los comicios para disuadir, intimidar y reprimir a opositores activos y para garantizarse pasividad e indiferencia entre la población, pues la pasividad se traduciría en abstención, y lo que más parece temer el partido en el gobierno es la combinación de una observación independiente con una votación masiva. Por el fantasma de los 90 que ronda en sus cabezas…
Tal vez por eso el CSE ha reducido los recursos que dedicará a propaganda y publicidad para explicar a la población el proceso e incentivar el voto ciudadano como un derecho cívico. En 2016 esta partida será un 52% menor a la que destinó a esta responsabilidad en 2011.
UN BLINDAJE LEGAL
En este contexto, de temor en un gobierno que no dialoga sino que se impone, llega a su fin el año 2015. Y para superar miedos y ratificar autoritarismo, el poder inicia 2016 blindado legal y judicialmente para enfrentar a los “enemigos internos”.
El 9 de octubre el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley de Seguridad Soberana para sustituir a la Ley de Seguridad Democrática vigente desde fines de 2010. Desde el día en que se conoció no cesaron los alarmados análisis de organismos de derechos humanos y de expertos en temas de seguridad. El 2 de diciembre la Ley de SS fue aprobada en la Asamblea Nacional.
En páginas siguientes de este número publicamos la valoración que hizo el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de la iniciativa de ley desde el primer momento en que se hizo pública.
COSEP RECLAMA “EQUILIBRIO”
Violando los procedimientos de la Asamblea Nacional, la bancada legislativa del FSLN, que teniendo mayoría lo decide todo, aprobando todo lo que el Ejecutivo le ordena sin un mínimo debate que incorpore cambios, realizó durante apenas dos días la “consulta” de la Ley de Seguridad Soberana (Ley de SS) llamando únicamente a emitir su opinión a las instituciones estatales que la ejecutarán: Ejército, Policía, Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, todas bajo total control del Ejecutivo.
Ninguna hizo sugerencia alguna para enriquecer o modificar sus contenidos y todas expresaron su “pleno respaldo” a la iniciativa. Y, como ya se ha hecho habitual, también fueron consultados los empresarios del CO¬SEP quienes, a través de su asesor legal, expresaron preocupaciones muy importantes sobre el equilibrio que la ley debe respetar entre las políticas de defensa y seguridad y los derechos y garantías de los ciudadanos.
UNA LEY CON “BOLSONES
DE DISCRECIONALIDAD”
También preocupaba al COSEP lo que José Pallais -jurista liberal, presidente de la comisión de justicia del Legislativo que redactó y dictaminó en 2010 la Ley de Seguridad Democrática- llamó los “bolsones de discrecionalidad” que la Ley de SS contiene al establecer qué se entenderá por “riesgos”, “amenazas” y “conflictos” contra la “seguridad soberana”.
En el artículo 7 la Ley de SS considera riesgos “las catástrofes o desastres naturales, los efectos del cambio climático, el agotamiento de las fuentes hídricas, la proliferación de grandes enfermedades…” y cierra la lista añadiendo: “Cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como a los intereses supremos de la nación nicaragüense”.
En el artículo 8 la ley menciona un extenso listado de amenazas. Entre otras, las actividades de la narco-actividad, el ingreso de maras, actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales, ataques cibernéticos, sabotaje, rebelión, traición a la patria… para concluir que también se considerará amenaza “cualquier otro acto, actividad o factor que atente contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad”.
Igual de genérica es la definición de “conflicto” que contempla la ley, sean los conflictos de naturaleza social o política.
EL SISTEMA NACIONAL DE SS
APLICARÁ LA LEY DE SS
En esta amplísima ambigüedad la estructura que determinará esos “otros fac¬tores” que constituirán riesgos, ame¬nazas o conflictos, será una nueva instancia, el Sistema Nacional de Seguridad Soberana, que coordinará el Presidente de la República y dirigirᬠla DID (Dirección de Información para la Defensa), la sección de inteligencia del Ejército.
A ese Sistema se incorpora a un buen número de instituciones estatales, incluida -y esto reviste especial gravedad- la Fiscalía, perdiendo así el Ministerio Público, creado para representar a las víctimas, su independencia y autonomía, contradiciendo su ley orgánica y convirtiéndose en un potencial instrumento empleado para la represión política.
En la consulta, el asesor legal del COSEP pidió que se aclararan estos ambiguos conceptos para no dejar “el mínimo margen a la discrecionalidad”, observación muy atinada, teniendo en cuenta que todas las instituciones del gobierno se vienen caracterizando por la aplicación discrecional de las leyes y sus normativas.
Las sugerencias del COSEP fueron desestimadas, aunque con disimulo semántico, confirmando una vez más que el gobierno recibe, a veces acepta, y hasta modifica leyes de contenido económico a sugerencia de sus aliados corporativos del COSEP, pero en temas políticos los convoca y los deja hablar, pero no les hace caso. Por su parte, Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en la Asamblea, minimizó las observaciones del COSEP afirmando que le parecían “verdades de perogrullo”…
UN BLINDAJE LEGAL Y JUDICIAL
El blindaje legal que Ortega se ha confeccionado como armadura para atravesar el año electoral escondido tras su espesor, se refuerza con más “acero”: una iniciativa de reforma al Código Procesal Penal promovida por la Corte Suprema de Justicia, plantea reformar el actual plazo de 48 horas para que cualquier detenido por la Policía sea llevado ante juez competente para celebrar la audiencia preliminar, extendiéndolo hasta 45 ó 60 días, tiempo en que el sospechoso permanecería detenido, lo que viola derechos y garantías establecidos en la Constitución de Nicaragua y en convenios internacionales que nuestro país ha firmado.
YA LO VIENEN HACIENDO
Análisis de juristas y de defensores de derechos humanos argumentan que esta reforma, complemento de la Ley de Seguridad Soberana, busca dar visos de legalidad a lo que el gobierno viene haciendo.
Desde julio de 2014 hemos visto detenciones policiales sin orden judicial, seguidas de confinamientos en la cárcel de auxilio judicial de Managua (El Chipote) por largos períodos, sin informar del paradero del detenido, usando tortura en los interrogatorios y manteniendo incomunicados a los detenidos, sin dar acceso a verlos a los familiares, sin darles asistencia legal y dilatando la comparecencia ante el juez. Este procedimiento ilegal y violatorio de los derechos humanos lo ha aplicado el gobierno contra campesinos que luchan contra el Canal Interoceánico, contra mineros que protestaron hace un tiempo en Santo Domingo y más recientemente contra sindicalistas en Mina El Limón, que protestaban por abusos de la compañía minera B2Gold, lo ha usado contra quienes decidieron hacer responsables de la masacre del 19 de Julio de 2014 y del asesinato de cinco policías en Punta Gorda, hasta contra ex-cañeros víctimas de insuficiencia renal crónica que reclaman una justa indemnización…
Voceros no institucionales del régimen han querido justificar el blindaje legal y esta reforma judicial en el terrorismo globalizado, en la complejidad de los desafíos de seguridad que acechan al mundo de hoy, en las complejas investigaciones que deben hacerse contra miembros del narcotráfico y del crimen organizado, en las investigaciones de mayor calidad que podría hacer la Policía sin estar urgida por el breve plazo constitucional de las 48 horas…
UNA SOCIEDAD
“EN TOTAL INDEFENSIÓN”
En la consulta paralela y no oficial que los diputados del PLI organizaron para dejar constancia, en el dictamen de minoría, de opiniones de expertos en seguridad sobre la Ley de SS, se escucharon opiniones alarmadas. Roberto Cajina, experto en temas militares y de seguridad, quien fuera asesor del General Humberto Ortega, cuando éste dirigía el Ejército Popular Sandinista en los años 80, afirmó que esa ley “deja a la sociedad nicaragüense en un estado de total indefensión”.
Días después, Cajina escribió en “Confidencial”: “De lo que se trata es de erigir en Nicaragua un Estado policíaco de “nuevo tipo”, pero reproduciendo impúdicamente los viejos modelos de Somoza con la Oficina de Seguridad Nacional (OSN) y del mismo Ortega en los años 80 con la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), las dos policías políticas de am¬bos regímenes, una de una dictadura de derecha y la otra de una de izquierda, o supuestamente de izquierda”.
LA LEY DE SS
“SELLA EL ESTADO POLICÍACO”
Otro experto en seguridad, Roberto Orozco, dijo en la consulta no oficial: “El régimen se está preparando para enfrentar con todo el poder una posible crisis generalizada”. En un escrito en “La Prensa”, la poeta Gioconda Belli, se preguntaba: “¿Por qué ahora? ¿Por qué a las puertas de un proceso electoral? Con encuestas que les dan un porcentaje de aprobación tan alto, ¿qué saben ellos que no sabemos nosotros del verdadero estado de opinión dentro del país?”
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) afirmaba que la iniciativa de reforma al Código Penal busca “darle más poder al poder y sella el Estado policíaco. Recetan cárcel para quienes consideran hostiles al régimen, quieren sacar de circulación a quienes protestan, quieren sacarlos domados de la prisión para que no vuelvan a las calles”.
MIÉRCOLES DE PROTESTA
Desde hace 34 semanas, con escasos paréntesis, la oposición viene celebrando en las calles de Managua y en las de otras cabeceras departamentales y en municipios del país los que llama “miércoles de protesta”.
Decenas o centenares de personas, a veces más, a veces menos, entre diputados, activistas políticos y activistas sociales, reclaman “elecciones libres y transparentes”, convencidos de que sólo así habrá condiciones para participar, para votar y para obtener resultados electorales creíbles para todos, lo que no sucede en Nicaragua desde 2008.
Iniciaron con muy poca gente, después fue creciendo la participación, después menguó… El dispositivo de policías antimotines con cascos, escudos y uniformes de protección que rodea todas las semanas en la capital esta protesta resulta totalmente desproporcionado. Y cual bumerán, como son varios los medios que cubren la protesta semanal -no los oficiales-, ha hecho cada vez más visible a toda la población el sentido de la demanda de quienes se congregan para reclamar un elemental derecho constitucional.
INTERVENCIÓN
EN LAS PROTESTAS
Daniel Ortega parece temer estas expresiones de protesta, y no sólo quiere impedir que sean masivas, también le preocupa que sean constantes.
Para el miércoles 8 de julio la oposición había diseñado una manifestación más masiva, trayendo a centenares de personas de fuera de Managua. Conocedor del plan, la intervención de Ortega fue violenta. La Policía bloqueó las carreteras impidiendo el paso a los vehículos que traían gente a la capital y en las calles agentes policiales golpearon con saña a varios participantes, entre ellos a periodistas -a quienes dañaron y robaron su equipo- y a ocho diputados del PLI, que fueron detenidos durante unas horas. La embajada de Estados Unidos expresó “preocupación” por estos hechos en un inusual comunicado.
La siguiente “intervención” ocurrió en el primer miércoles de septiembre, cuando un ex-pandillero disparó co¬ntra los manifestantes ante los agentes policiales, que no hicieron nada ni para impedírselo ni para detenerlo, diciendo que no habían visto nada.
La más reciente de las intervenciones fue el ingreso el miércoles 11 de noviembre a las calles donde se desarrollaba la protesta de unos 70 pandilleros, encapuchados y uniformados con camisetas de movimientos juveniles “de oposición” infiltrados por el partido de gobierno, que tiraron piedras, golpearon, rajaron la cabeza a dos diputados y a un usuario de bus que pasaba por allí y robaron equipos de grabación, cámaras y celulares. La policía se abstuvo de actuar y los vándalos gozaron de total impunidad.
INTIMIDAR, DESALENTAR, CONFUNDIR...
El objetivo de las “intervenciones” que el gobierno organiza es desacreditar a la oposición que se expresa en las calles (son violentos, se pelean entre sí), desalentar la participación por temor a agresiones, desgastar, confundir a la población que observa aún indeciso el camino pre-electoral (quién es quién en ese relajo…)…
Después del vandalismo del 11 de noviembre, el gobierno decidió dar un paso más para intimidar a quienes colocan semanalmente ante la opinión pública el justo reclamo de que las elecciones de 2016 sean transparentes y observadas. Y la decisión fue una que ya se ha hecho habitual: judicializar el conflicto político, sabiendo que fiscales y jueces obedecen sus decisiones y fabrican los casos.
UNA PRIMERA MUESTRA
DE LA LEY DE SS
La decisión ante los sucesos vandálicos del 11 de noviembre fue ordenar a la Policía capturar a un concejal y a un activista del PLI, que el 4 de noviembre se habían defendido a correazos del ataque de un líder del movimiento juvenil que contrató a los vándalos y los encerró en la cárcel de El Chipote acusándolos de “homicidio frustrado”.
A la vez, ordenó a la Fiscalía que pidiera a la Asamblea retirar la inmunidad a dos diputados liberales que participan en las protestas, acusándolos de ese mismo delito, para llevarlos a juicio. Y para aparentar objetividad, entre los capturados ordenó incluir también a los dos líderes juveniles organizadores del vandalismo, quienes son acusados solamente de “robo agravado”.
Este “paquete” judicial aplicado en contexto pre-electoral muestra lo que podría ser la aplicación discrecional de la Ley de SS en el año electoral para responder a conflictos, riesgos y amenazas.
CANAL INTEROCEÁNICO:
OTRO BLINDAJE
En este último tramo del año que termina, el gobierno resolvió aprobar -sin consulta y sin presentar la resolución-el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) hecho por la empresa británica ERM a petición de la empresa china HKND para la construcción del Canal Inter¬oceánico. Y ERM puso a disposición del público en Internet las 14 mil páginas de ese estudio.
La celeridad, la superficialidad con que se hizo el EIAS y la cantidad de riesgos y amenazas que señala -co¬mo recogemos en crónica de páginas siguientes- augura problemas con cualquier financiador serio que quiera invertir en el Canal. Sin embargo, el gobierno dio su aprobación y HKND lo presenta como una “luz verde” para iniciar la construcción de la megaobra.
El falseamiento y el ocultamiento de lo que realmente dice y no dice el EIAS, expresados en el aval oficial que le ha dado el gobierno es otro blindaje que se coloca el proyecto Ortega-Murillo para alcanzar la reelección.
El singular “blindaje canalero” cumpliría la función de poner a soñar a una parte de la población con el pronto cumplimiento de un “sueño histórico”, trasladándole a Ortega el soberano poder de “sacar al país de la pobreza realizando la mayor obra ingeniera de la historia de la humanidad”.
Un blindaje simbólico como éste alimenta la imaginación de esa parte de la población, que fantasea con la idea de que la construcción de algo tan grande en un país tan pequeño no puede traer más que enormes beneficios y logrará transformar mágicamente y para siempre nuestras enormes carencias.
JUSTICIA AMBIENTAL
Y JUSTICIA ELECTORAL
Casi al final del texto, el EIAS se refiere a “un nivel inaceptablemente alto de incertidumbre asociado a algunas conclusiones clave sobre los impactos” si no se hacen más estudios.
Es una conclusión coincidente con el abrumadoramente alto nivel de incertidumbres asociadas al inicio de este año 2016, que viviremos entre riesgos y amenazas, fabricadas desde el poder… o reales. Que transitaremos aspirando a la justicia climática, que el Canal y la ley canalera contradicen. Aspirando también a la justicia electoral que nos garantice elecciones justas, observadas y transparentes.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica