Nicaragua
¿Hay más piedras en el río?
Hace más de un año
evocábamos en estas páginas
un adagio de los políticos chinos que aconseja
“atravesar el río tanteando las piedras”
y comentábamos que hasta conseguir su tercera reelección
Daniel Ortega tendría que cruzar el río tanteando no pocas piedras.
¿Son más o menos las piedras quince meses después?
Equipo Envío
Por qué el Poder Electoral ha tardado tanto en recibir la orden de Daniel Ortega de convocar a las elecciones? ¿Querrá el círculo cercano del mandatario que éste prolongue su gobierno cinco años más sin hacer campaña…?
¿Será porque el Presidente tiene dificultades para desarrollar la campaña haciendo presencia en los territorios? ¿Será porque no tiene un proyecto atractivo que ofrecer a sus seguidores? Este mes leíamos en una crónica de “The New York Times” que donde en diciembre de 2014 se “inauguró” la construcción del Canal hoy “pastan las vacas” y nada sugiere que se hará realidad en Nicaragua “la obra ingeniera más grande de la historia de la humanidad”, como anunció la empresa china hace dos años.
¿O la razón del retraso de tantos meses en la convocatoria a las elecciones estará en la indefinición sobre el rumbo a tomar respecto a la fórmula que acompañará a Daniel Ortega para la Vicepresidencia de la República o respecto a quiénes aparecerán en las listas de diputados con las que competirá el FSLN...?
“NICARAGUA VA
POR BUEN CAMINO”
A pesar de todo, y aunque tal vez algunos en su círculo quisieran anular la prueba electoral, Ortega parece decidido a cruzar el río. Entre otras, porque encuesta tras encuesta, aparece con niveles de popularidad que superan siempre el 70%, altísimo parámetro de simpatía que comparte únicamente, encuesta tras encuesta, con la Primera Dama y con la Jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, la funcionaria que ha conservado durante años más popularidad en el país.
Lo anima también a cruzar el río el que, visita tras visita, su gestión no deja de recibir elogios de altos representantes de las instituciones financieras internacionales. El representante para Nicaragua del Fondo Monetario Internacional, Juan Zalduendo, afirmó a finales de marzo que veía en nuestro país una “economía pujante” y una “baja significativa en los niveles de pobreza”. Poco después nos visitó el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, quien dijo que “Nicaragua está bien posicionada”, que “el país va por buen camino” y que, en cuanto a crecimiento económico, “no tengo ninguna duda de que Nicaragua sabrá sacarla del estadio”.
El último en pasar visita fue el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, quien felicitó a Ortega porque su gobierno “tiene la cartera de proyectos mejor ejecutada de América Latina”.
LA POSICIÓN
DE WASHINGTON
¿Pondrá Estados Unidos piedras en el río…? La posición del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Nicaragua en su informe anual sobre derechos humanos, publicado el 13 de abril, no es tan favorable a la gestión presidencial. “Ese informe es más crítico que en anteriores ocasiones, diría que es contundente”, según Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Hay en el texto una muy pormenorizada lista de casos de violaciones de derechos humanos y, por primera vez, se señala de forma directa a la Policía Nacional y al Poder Judicial como responsables de actos de corrupción y de violaciones de derechos humanos.
Los representantes del gobierno de Estados Unidos quieren que haya elecciones y las quieren con la participación de misiones de observación internacional y nacional. La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, ha expresado en distintas ocasiones la conveniencia y la pertinencia de la observación electoral. Para reforzar esa posición, a finales de abril llegó al país, en inusual visita, el subsecretario adjunto de Derechos Humanos del gobierno de Estados Unidos, Michael G. Kozak, que habló con funcionarios del gobierno y de la sociedad civil afirmando que las próximas elecciones nicaragüenses son “tema de preocupación” en Washington. Kozak vinculó la legitimidad de las elecciones al respeto a los derechos humanos.
Lo que suceda o lo que no suceda en las elecciones nicaragüenses del 6 de noviembre marcará la política del nuevo gobierno que tan sólo dos días después, el 8 de noviembre, elijan los votantes estadounidenses.
UNA OPOSICIÓN
A LA MEDIDA
¿Se animará Ortega a permitir la observación electoral? Lo animan las escasas piedras que considera ponen en el río los dirigentes de la oposición, que hasta el momento no presentan a quienes se definen como “independientes” (el 43% de los encuestados según el último sondeo de M&R) liderazgos y mensajes que garanticen que ese sector del electorado acudirá masivamente a las urnas el domingo 6 de noviembre a expresar su rechazo al partido de gobierno.
Desde hace más de una docena de años, desde el pacto con Alemán y más activamente para las elecciones de 2006, Daniel Ortega ha ido construyéndose una oposición “a su medida”. Lo ha hecho provocando en el liberalismo divisiones entre quienes se han dejado dividir y comprando con prebendas a quienes han sacado ventajas de ser comprados. También lo ha hecho “legalmente”. El Poder Electoral, bajo su control, aprueba o cancela las personerías jurídicas de los partidos políticos cuando no convienen, anula candidaturas, modifica normativas y leyes para perjudicar a unos y beneficiar a otros… y al final es el que cuenta los votos y lo hace siempre a favor de Ortega.
Ningún partido ni ningún candidato que aparezca con posibilidades de hacerle competencia podrán evitar la criba legal que activará el Poder Electoral para liquidarlos. Evocando a Darío, “son incontables las muertes y daños” que estas maniobras han producido en el panorama político nacional, lo que ha contribuido a erosionar la credibilidad de la población en la clase política.
“LO PEOR ES NO VOTAR”
Como en las elecciones de 2011, hoy existe una fuerza de oposición agrupada en la Coalición Nacional por la Democracia, encabezada por los liberales del PLI e integrada por un espectro plural de sandinistas, liberales separados en distintas oleadas del PLC, evangélicos, socialcristianos y gente que combatió en la Resistencia.
Desde que el 7 de abril el empresario radial Fabio Gadea renunció a la candidatura presidencial que le ofrecían todos los grupos de la Coalición ésta intenta recuperarse. El NO de Gadea ha desalentado a mucha gente en las zonas rurales, que no saben si ir o no a votar. Ese desaliento anima a Ortega a cruzar el rio. Con una gran abstención podría ganar y mantener la mayoría absoluta de diputados sin tener que recurrir al fraude, incluso cuando sectores de sus simpatizantes, cansados del estricto control de su modelo, también dejaran de votar.
Una gran abstención opositora, motivada por posiciones cuasi testimoniales (no hay por quién votar y no hay por qué votar…) legitimaría el próximo período de Ortega. Cuando Fabio Gadea dijo NO, también dijo a quienes se decepcionaron por su negativa: “Lo peor es no votar. El favor que se le puede hacer al gobierno es la abstención”.
Quienes trabajan por quebrar el desánimo del electorado opositor y promueven la votación masiva ven tres escenarios. O Daniel Ortega pierde la Presidencia. O la gana, pero pierde la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, lo que sería un avance para la oposición. O se vería obligado a hacer otro fraude, lo que lo pondría en aprietos en un escenario internacional más adverso que el de hace cinco años.
EL DESAFÍO
DEL VOTO RURAL
Después de renunciar a la candidatura presidencial, Fabio Gadea comenzó a actuar como “gran componedor” entre el dirigente del PLI y de la Coalición, Eduardo Montealegre, y Edgard Matamoros, dirigente del Movimiento Unidad con Dignidad, integrado por liberales separados del PLI después del fraude en las elecciones municipales de 2012, cuando Matamoros se lanzó como candidato a la alcaldía de Ciudad Darío y fue víctima del fraude organizado en aquellos comicios. Desde esas fechas se creó entre ambos políticos liberales un áspero distanciamiento.
Integrar al MUD a la Coalición parece importante para motivar el voto rural. Desde 2012 el MUD se dedicó a captar bases de tradición liberal en zonas rurales y asegura tener presencia en el 90% de los 154 municipios del país.
También las bases del PLC, un partido con estructuras bien organizadas territorialmente, aseguraría una más amplia unidad opositora, que frenaría la abstención. La renuncia de Noel Vidaurre a la candidatura presidencial de la alianza organizada en torno al PLC, por no aceptar Vidaurre que el dueño del PLC, Arnoldo Alemán, impusiera la candidatura de su esposa a primera diputada, ha sido el más reciente golpe al cada vez más agotado liderazgo de Alemán y al de su partido, lo que mejora la imagen de Vidaurre y favorece a la Coalición.
ENTRA EN ACCIÓN
LA MAQUINARIA
Ante esa eventual situación, Ortega buscará evitar a toda costa que el grueso de los grupos opositores se integre a la Coalición. Por eso, puso inmediatamente en marcha una maquinaria de maniobras simultáneas para impedirlo antes de lanzar la convocatoria a las elecciones.
Por un lado, la Corte Suprema de Justicia está decidiendo este mes “de quién es” el PLI, partido liberal que encabeza la Coalición. Políticos de cuatro facciones, con escasa representación social, reclaman ser sus representantes. El objetivo es desarticular la Coalición, quitándole su representación a Montealegre.
Por si no le conviene, empezó a fabricarse “otra oposición”. Por un lado, el Poder Electoral dio luz verde a un nuevo partido liberal que surgió hace unas semanas con un discurso pro-estabilidad del país y dando apoyo implícito a las políticas de Ortega. Lo dirige el desacreditado miembro del PLC Wilfredo Navarro. El objetivo es ahondar la confusión y fragmentación en las bases liberales.
Por otro lado, operadores del partido de gobierno comenzaron a alentar una nueva “unidad opositora” en torno al PLC, en la que participarían Matamoros del MUD, adversarios de Montealegre, grupos que se desgajarían de la Coalición y “zancudos” de profesión. Entre los políticos convocados a las reuniones “unitarias” está el ex-combatiente de la Resistencia Maximino Rodríguez, que se lanzaría como candidato presidencial confiando en su capacidad de atraer el voto rural en las zonas en las que se desarrolló la guerra. El objetivo de esta estrategia es que el FSLN compita en noviembre con esta oposición “unida”, pierda o no el PLI su estatus legal.
Todas estas maniobras acomodarían mejor las piedras que Ortega debe tantear al cruzar el río.
LUIS CALLEJAS:
“ESTUVE EN LA CONTRA”
En Nicaragua más pesa el candidato presidencial que el partido o la coalición que lo presente.
Después de la renuncia de Gadea, el PLI, cabeza de la Coalición, propone la candidatura presidencial de Luis Callejas, 57 años, médico epidemiólogo de profesión, que nunca dejó el país durante la guerra civil de los años 80 y que trabajó atendiendo heridos en los hospitales de la Resistencia. Hoy es productor de azúcar en Chinandega y diputado con reconocida sensibilidad social y con una palabra que no busca “acomodarse”. Callejas no niega su pertenencia a “la Contra” y es conocido desde esos años en zonas rurales. “No me importa ser o no ser el candidato, lo que me importa es que derrotemos a Ortega”, ha dicho en varias ocasiones.
Quien sea su fórmula en la candidatura a la Vicepresidencia falta por definir. La selección resultará estratégica. Callejas ha dicho que quisiera que fuera una mujer que venga de las organizaciones de la sociedad civil. En la Coalición otros dicen que, mujer u hombre, debe ser una persona joven.
Casi la mitad del electorado nicaragüense es menor de 30 años y no había nacido o era niño durante la guerra que desangró el país. La juventud nicaragüense, tanto la urbana como la rural, quiere verse representada. Lograr una fórmula que sea efectivamente de consenso, que represente la pluralidad que existe ya en Nicaragua y que enarbole una propuesta motivadora es el enorme desafío que enfrenta la oposición.
VENTAJAS DE LA OPOSICIÓN
A pesar de todas sus debilidades, lo que más favorece hoy a la oposición, lo que coloca piedras más grandes en el río que debe atravesar Ortega es el descontento creciente por la carestía de la vida y por el problema estructural de desempleo, al que el gobierno ha “respondido” dejando a miles de nicaragüenses ante dos únicas salidas: migrar o trabajar en la informalidad. Hoy, 8 de cada 10 nicaragüenses subsiste así y las remesas que envían los migrantes representan casi la mitad de las exportaciones de Nicaragua.
También favorecen a la oposición las inocultables desigualdades de ingreso y de oportunidades entre “quienes están con ellos” y los demás. Quienes están más estrechamente “con ellos” son los representantes del gran capital nicaragüense, también responsables del modelo que Ortega le ha impuesto al país. La exclusión que caracteriza ese modelo es cada vez más visible y más sentida.
“DANIEL ORTEGA
NUNCA NOS TUVO EN CUENTA”
Tampoco Ortega ha logrado ganarse al campesinado. A pesar de la evidente mejoría en infraestructura -carreteras y caminos- y de los avances en la electrificación rural, las huellas de la guerra de los años 80 no han desaparecido y el control, la intimidación y la represión del Ejército y la Policía las reviven, alimentando el rechazo de cada vez más poblaciones de las zonas que fueron escenarios bélicos.
En el movimiento campesino contra el Canal Interoceánico y contra la ley canalera surgido en los escenarios bélicos del Centro del país y del Caribe se comprueba no sólo organización y determinación para luchar, también se sienten lo vívidas que están las huellas que dejó la guerra. “Nunca nos quiso Daniel Ortega, nunca nos tuvo en cuenta ni nos volvió a ver, nunca le importamos los campesinos”, dicen quienes se han organizado en el Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía, muchos de los cuales participaron en la guerra civil de los años 80 del lado de la Resistencia y hoy, paradójicamente, evocan a Sandino. “El Canal es una desgracia que Sandino nunca hubiera permitido”, dicen. Y en las 65 marchas que ya han organizado contra la ley canalera llaman a Ortega “vendepatria”, como Sandino llamaba a los malos políticos de su tiempo.
EL RIESGO
DE LOS REARMADOS
El malestar creciente en las zonas campesinas que vivieron la guerra civil coloca grandes piedras en el río que nos lleva a las elecciones. No sólo le complica sus planes a Ortega, es un riesgo para todo el país. Un nuevo fraude o cinco años más de un modelo que siga concentrando tierras y riquezas, compense la desigualdad repartiendo migajas y continúe excluyendo a quienes piensan distinto, podría convertirse en una bomba de tiempo.
Este mes, el asesinato atroz en Ayapal, Jinotega, del campesino Andrés Cerrato, un mes después de que denunciara al diario “La Prensa” la intimidación sufrida por militares que le exigían información sobre los rearmados con motivaciones políticas que se mueven por esas montañas, reavivó la convicción de que militares o paramilitares al servicio del régimen están asesinando a campesinos como un método para aniquilar a los grupos rearmados.
Según Juan Carlos Arce, responsable de la filial del CENIDH en Matagalpa y Jinotega, en los últimos tres años el organismo tiene registrados al menos 31 muertes violentas relacionadas con el fenómeno de los rearmados. El PLI, partido que ha acogido en sus filas a ex-miembros de la Resistencia, afirma que 15 de sus militantes han sido asesinados, quedando los crímenes en total impunidad.
Dos semanas después del asesinato de Cerrato fue torturado y asesinado el campesino Enrique Aguinaga, ex-combatiente de la Resistencia, que en febrero subió a Youtube un video en el que explicaba las motivaciones políticas que él y otros campesinos, integrantes de más de 45 grupos armados, tenían para luchar contra el gobierno. Aguinaga hacía énfasis en la necesidad de elecciones libres.
LA HISTORIA SE REPITE
Arce afirma que en las zonas rurales de Jinotega “hay terror y hay inseguridad porque toda la población está viendo la muerte reiterada de personas en un contexto de violencia extrema, sin que el Estado haga nada, sin que investigue, sin que sancione”.
El CENIDH tiene documentados desde hace años más de 500 casos de ejecuciones extrajudiciales, que en los años 90 quedaron en la impunidad, con las que el Ejército desarrolló una labor de exterminio contra remanentes de la Resistencia en las zonas de guerra. Pareciera que hoy la historia se repite...
El Ejército niega la existencia de grupos rearmados con motivaciones políticas y dice que son delincuentes comunes. Y, además de combatirlos con las armas en una guerra no declarada, emplea estas tácticas.
Después del crimen contra Cerra¬to, el obispo de Jinotega, el franciscano Carlos Herrera, salió en defensa de las víctimas civiles de esta tragedia: “El Ejército -dijo- debe proceder con ética y moral si cree que se trata de grupos que nada más perjudican. Y debe buscar la forma de actuar no molestando a los civiles. Ellos son militares y saben hacerlo”. Y a la vez, salió en defensa de los campesinos que se han armado: “Los militares pueden ir a un diálogo para que esas personas no se sigan agrupando. Si vos matás a un padre de familia, quienes quedan es posible que también se armen. Y así está aumentando la violencia”.
“LOS ASESINADOS
EN LAS MONTAÑAS”
Los casos de Cerrato y Aguinaga ocuparon la atención nacional. Hay muchos más sin que sus muertes aparezcan en los medios y vayan más allá de sus comunidades.
El 3 de mayo, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, presidió una misa en la comunidad El Cacao, Ciudad Darío. “Pienso -dijo- en todos los que son asesinados en las montañas. Particularmente viene a mi pensamiento un caso de la comunidad Wanawás, en Río Blanco, donde un hermano nuestro fue torturado y asesinado. Debemos denunciar estas acciones”.
Y lamentando el asesinato de Aguinaga, dijo: “Es importante desmilitarizar el campo. La gente se siente con terror. Nos preocupa que en la zona norte se estén dando crímenes, además con saña, salvajismo y brutalidad. Muchas poblaciones están en pánico y miedo, mucha gente se siente amenazada, hay terror de hablar y expresar cualquier tipo de planteamiento político que no sea el que favorezca a los poderosos”.
LOS “PAPELES DE ALBANISA”
En el incierto escenario pre-electoral aparecieron los “papeles de Alba¬nisa”, hechos públicos por las mismas fechas que los “papeles de Panamá”, en los que Nicaragua aparece citada unas 10 mil veces, sin que sepamos aún a qué personajes nicaragüenses implican…
A mitad de abril, el equipo periodístico de “Confidencial” informó del contenido de 1 mil 207 documentos filtrados desde las entrañas de Albanisa que les fueron facilitados por fuentes internas del consorcio. “Todavía hay gente decente que trabaja para ellos y que no está de acuerdo con lo que están haciendo”, dijo el periodista Iván Olivares, quien analizó los “papeles”.
En los documentos aparecen unos 62 “planes de negocios”, algunos formulados brevemente en dos-tres páginas, otros más detallados, hasta de ochenta páginas. Son negocios que elaboraron personas cercanas al círculo presidencial para aprovecharse de los millonarios recursos del favorable crédito que le quedaba a Nicaragua por el convenio de cooperación petrolera venezolano.
Según Rodrigo Obregón, ex-vicepresidente de Albanisa, “los autores intelectuales de esto vieron que había una cantidad de recursos que había que aprovechar para no salir nuevamente como salieron muchos el 25 de febrero de 1990 (cuando el FSLN perdió las elecciones) y dijeron: Aquello no nos vuelve a suceder”. Obregón fue despedido de su cargo en 2014 por no aceptar órdenes del presidente de Albanisa, Francisco López, quien es también el tesorero del partido de gobierno.
LOTERÍA DE 3 MIL 500 MILLONES
Según el convenio petrolero suscrito entre Daniel Ortega y Hugo Chávez en 2007, Venezuela supliría a Nicaragua todo el petróleo que necesitaba nuestro país en condiciones muy favorables: el 50% del valor del petróleo lo pagaría Nicaragua en 90 días y el otro 50% lo pagaría en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del 2%, quedándole al país como crédito para obras de desarrollo.
Desde entonces, la empresa estatal nicaragüense Petronic vendía ese petróleo, le pagaba a Venezuela todo y PDVSA, la empresa estatal venezolana, exportadora del petróleo que recibíamos, con la anuencia de Chávez le otorgó a Ortega, no al país, un crédito, equivalente al 50% del valor del petróleo recibido. Esos recursos ingresaban a CARUNA, propiedad del partido de gobierno, que de ser una pequeña cooperativa pasó a administrar sumas millonarias. Así se privatizó el convenido petrolero venezolano.
Entre 2007 e inicios de 2016 el total de los recursos recibidos por esa vía ha sido, según cifras del Banco Central de Nicaragua, de 3 mil 500.8 millones de dólares, una cantidad que, aprovechada de forma estratégica y responsable, con una adecuada rendición de cuentas, hubiera transformado los innumerables rezagos de Nicaragua en salud y educación, en productividad, en generación de empleo… En su lugar, sólo ha servido para sustentar un modelo de gobierno populista y para financiar el partido de gobierno. Ha servido, fundamentalmente, para convertir a la familia presidencial en un poderoso grupo empresarial. Lo que aparece en los “papeles de Albanisa” son sólo “las menudencias”, los negocios que nunca se materializaron o los que fracasaron…
SIEMPRE QUEDABAN DUDAS
Según el convenio con Venezuela, los fondos que le quedaban al país como crédito a pagarse en el largo plazo debían dedicarse el 38% a programas sociales y el 62% a inversiones lucrativas, para con esas ganancias ir cancelando el servicio de la deuda.
En la total falta de transparencia que ha envuelto todo lo referente a la cooperación petrolera venezolana, siempre quedaban dudas sobre quién pagaría finalmente la deuda: si el Estado de Nicaragua, ya que el convenio se suscribió entre dos empresas estatales, o si la pagarían los privados que estaban administrando esos recursos y beneficiándose de ellos.
Hace un año, el ex-Canciller Francisco Aguirre Sacasa reiteraba a Envío que no debían quedar dudas: “La Constitución de Nicaragua estipula categóricamente que sólo la Asamblea Nacional puede aprobar endeudamiento de la República de Nicaragua y nunca se aprobó ese endeudamiento con Venezuela en nuestro Parlamento. ¿Qué va a pasar con esa deuda? Posiblemente, lo que pasó con la deuda que adquirió Nicaragua en los años 80 con Irán, con Rusia, con Libia y con Costa Rica, ¡que no la vamos a pagar! O que una de esas tales Albas que hay por todos lados se hará cargo de ella”.
YA ES OTRO EL ACREEDOR
Este mes nos topamos con una noticia importante y muy diferente… En octubre de 2015 el gobierno de Venezuela -en una aguda crisis de liquidez- pidió al de Nicaragua que los activos y pasivos de los recursos derivados del convenio petrolero fueran transferidos de CARUNA a Albanisa (empresa mixta, 49% propiedad de la estatal nicaragüense Petronic y 51% propiedad de la estatal venezolana PDVSA). Esa transacción, de enorme trascendencia para Nicaragua, aparece en una nota del informe que el FMI elaboró sobre la economía nicaragüense en octubre de 2015. Ni el gobierno ni el FMI la hicieron pública entonces. La “descubrieron” ojos acuciosos que tuvieron que leerla con lupa…
Posteriormente, y según un informe del gobierno de Venezuela que el gobierno de Nicaragua no le comunicó al Fondo, PDVSA, actuando como socia mayoritaria de Albanisa, la vendió la deuda al Banco Central de Venezuela (BCV), que es ahora el acreedor de la deuda nicaragüense.
¿QUIÉN PAGARÁ ESA DEUDA?
¿Qué implicaciones tendrá todo esto, silenciado durante meses por el gobierno? En manos del BCV, ¿pasará la deuda a ser “deuda soberana” y, por tanto, deuda que deberá pagar el Estado de Nicaragua? ¿Condonará Venezuela a Nicaragua parte de esa deuda, como ya ha hecho con las deudas de otros países beneficiados por Petrocaribe?
¿La pagará Albanisa con las ganancias de los rentables negocios que maneja la familia presidencial y su círculo? ¿Están a nombre de Albanisa esos negocios o a nombre de particulares? ¿Por qué el FMI en su informe habla de preocupación por la “deuda cuasifiscal” de Nicaragua, que es como decir casi deuda pública? ¿Será capaz Ortega de convertir esa deuda, que ha beneficiado a unos pocos, en deuda pública que pagaremos todos? De ser así, ¿podrá Nicaragua pagarla?
El 19 de abril, los diputados del PLI-MRS anunciaron que solicitarán a la junta directiva del Parlamento que exija a Daniel Ortega aclarar cuál es el estatus legal de la deuda petrolera con Venezuela.
Días después, el 25 de abril, y al llegar una misión técnica del FMI al país, el presidente del Banco Central de Nicaragua, cuestionado por los periodistas, hizo una primera alusión a este asunto con palabras ambiguas: “Hasta ahora esta deuda no representa, ni esperamos que en el momento inmediato llegue a representar, ninguna afectación al presupuesto ni a la deuda pública en general”.
La misión del FMI se reunió esta vez con las autoridades de Albanisa para analizar la situación, pero después sólo comentó a los medios que el FMI recomendó al gobierno “monitorear” el crecimiento de la deuda, la que dijeron es “privada”…
DICEN LOS OBISPOS:
“PEDIMOS DISCULPAS”
En estas inciertas vísperas electorales, la clase política opositora reclamó, hasta desproporcionadamente, la carta pastoral que habitualmente publican los diez obispos de la Conferencia Episcopal en la Cuaresma.
Este año los obispos tomaron otro camino. Pasada la Cuaresma, el obispo de Granada, Jorge Solórzano, que incluye también los departamentos de Rivas y Boaco, publicó un texto sobre la organización y las tareas de los agentes de pastoral de su diócesis, apoyándose en textos de las últimas dos encíclicas del Papa Francisco.
Y el 12 de abril, todos los obispos, conscientes de los excesivos reclamos que se les habían hecho y de las especulaciones sobre el por qué no hubo carta pastoral, emitieron un breve comunicado, en el que dicen: “Aun existiendo entre nosotros una sincera amistad y una sólida unidad de criterios de fe y de visión pastoral, sobre la realidad nacional se han dado diversos puntos de vista en cuanto a cuáles son los acentos y enfoques más adecuados a adoptar en el momento histórico que vive el país… Lamentamos la ausencia de nuestra voz colegiada, oportuna, para la Cuaresma, tiempo de reflexión, por lo que pedimos disculpas a nuestros fieles católicos, quienes siempre han estado abiertos a la voz de sus pastores”.
Que hayan pedido disculpas es un gesto muy positivo, inspirado seguramente en el nuevo estilo que quiere imprimir a la iglesia el Papa Francisco.
DIJERON LOS OBISPOS:
“NADIE ES ETERNO”
Aun cuando no publicaran los obispos una carta pastoral para las elecciones, mantiene hoy especial vigencia el extenso texto que hace dos años, el 21 de mayo de 2014, los obispos le entregaron personalmente al Presidente Ortega.
En él advertían con alarma sobre el futuro de Nicaragua: “Creemos que la actual estructura institucional y política del país no traerá, ni a mediano ni a largo plazo, ningún beneficio ni para los actuales gobernantes, ni para los miembros del partido gobernante, ni para ningún nicaragüense”. Le hablaron directamente a Ortega: “Señor Presidente, usted tiene la capacidad de no defraudar la esperanza que muchos nicaragüenses depositaron en usted al iniciar su primer período presidencial en el 2007 y heredar a la nación un legado histórico digno de ser recordado por las futuras generaciones. Los años pasan y nadie es eterno…”
Y siempre dirigiéndose al mandatario le proponían dos salidas. Una, elecciones transparentes: “Le pedimos con todo respeto que ofrezca su palabra de honor para garantizar un proceso electoral absolutamente transparente y honesto, en el que brille, sin ningún tipo de duda, la voluntad popular”. Y otra, diálogo: “Le exhortamos respetuosamente, Señor Presidente, a que se abra al diálogo con todos los sectores de la nación, a que acoja otras opiniones, a que dé inicio lo más pronto posible a un camino de diálogos nacionales para salvar el futuro del país”.
EL CUIDADO
DE LA CASA COMÚN
En aquella ocasión los obispos se referían al futuro institucional y político del país, a su futuro democrático. No aparecía todavía el tema ambiental en sus reflexiones sobre el futuro. La carta encíclica “Laudato Si” del obispo de Roma, el Papa Francisco, lanza un llamado urgente a colocar el tema del “cuidado de la casa común”, enfermada por el cambio climático, en el centro de la agenda y de los debates y diálogos de gobernantes y gobernados en todo el mundo. También es urgente ese llamado en Nicaragua.
Las preocupantes evidencias que hemos visto en estos meses -la muerte de ríos y la desaparición de cuerpos de agua, los resultados ambientales y sociales de una imparable deforestación, combinados ambos desastres con casi tres años de sequía y los efectos del cambio climático- hablan del agotamiento de un patrón de desarrollo productivo que es insostenible.
El modelo actual, vigente desde la Colonia y basado en el aprovechamiento irracional de los recursos naturales, está dando alarmantes señales de agotamiento y hace urgente emprender ese “camino de diálogos nacionales”, de debates incluyentes que garanticen el futuro ambiental de nuestro país. El futuro de Nicaragua. El de todos.
Aún hay tiempo para rectificar, para cambiar de rumbo, para la “restitución de sus derechos” a la Naturaleza. Pero no sobra el tiempo, como demuestra en páginas siguientes, tanto el informe del Centro Humboldt, que reproducimos íntegramente, como las reflexiones de la experta en recursos hídricos Ruth Selma Herrera.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica