El Salvador
Reforma del sistema de pensiones: un revés para el sistema neoliberal
La privatización en 1996 del sistema de pensiones
fue un hecho emblemático en la consolidación del neoliberalismo en el país.
La reforma que propone ahora el gobierno del FMLN
disminuirá las ganancias de las AFP,
uno de los negocios más lucrativos que ha conocido El Salvador.
Y constituirá la segunda gran iniciativa de los gobiernos del FMLN
en contra del modelo neoliberal. Será también una victoria popular.
Elaine Freedman
Si todo estuviese pagado, y el carné de jubilado abriese todas las puertas, llegar a viejo sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, cantó Joan Manuel Serrat.
Propiciar condiciones para que sus adultos mayores tengan condiciones dignas de vida es un deber de toda sociedad. De eso se trata en los sistemas de pensiones. O de eso debe tratarse. Para quienes trabajando dedican su vida a la acumulación de la riqueza ajena en el sector privado, o al servicio de la sociedad en el sector público, las pensiones son un derecho básico. Actualmente, las pensiones en El Salvador sirven más a los dueños de las empresas que se dedican a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que a quienes ahorran dinero en ellas para su vejez.
CÓMO NACIÓ LA LEY SAP
El sistema de pensiones que hoy existe en El Salvador fue inaugurado a finales de 1996 con la aprobación de la Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones, conocida como Ley SAP. Comenzó a funcionar en abril de 1998. Fue una pieza de la segunda ola de privatizaciones en el país. El entonces Presidente Alfredo Cristiani, futuro dueño de la AFP más poderosa, ya había vendido la banca nacional, las exportadoras INCAFE (Instituto Nacional del Café)e INAZUCAR, la importadora PETROCEL, el Hotel Presidente y algunas consultas externas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A su sucesor, Armando Calderón Sol, le tocó vender los ingenios azucareros, la oficina de extensión de placas de vehículos y licencias de conducir perteneciente al Viceministerio de Transporte. Las ventas más grandes de ese período fueron la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la distribución de la energía y el sistema de pensiones.
La Ley SAP fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 1996. Tres días antes, el anteproyecto de ley pasó por la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto y recibió un dictamen favorable con seis firmas a favor. Lo extraño es que dos de aquellas firmas pertenecían a miembros de la Junta Directiva de la Asamblea que no formaban parte de la Comisión y en una sencillamente se lee “Quinteros” y “firma por” el diputado Juan Duch Martínez, de la bancada de ARENA en Santa Ana, cuando el único diputado de apellido “Quinteros” en aquel entonces era el diputado suplente del departamento de La Libertad, José Mauricio Quinteros Cubías. Cubías no tenía nada que hacer en una sesión de esa Comisión. Si las cuestionables firmas no eran suficientes para detener su envío al pleno del Legislativo, vale recordar que, en una comisión conformada por trece diputados, hacían falta siete firmas para aprobar el anteproyecto. Y el dictamen favorable solo llevaba seis, faltaba una. Por éstas y otras irregularidades en el proceso, a mediados de agosto de 1998 se presentaron más de 150 recursos de amparo contra la Ley SAP, pero ninguno se resolvió favorablemente.
ANTECEDENTES
DEL SEGURO SOCIAL
La seguridad social en El Salvador tiene sus orígenes en 1911, cuando se decretó la primera de las leyes que puede considerarse un antecedente. Sucedió durante el breve mando presidencial de Manuel Enrique Araujo, asesinado a machetazos dos años después por apoyar leves reformas a favor de los trabajadores y por oponerse a la invasión de Estados Unidos a Nicaragua en 1912. La Ley Sobre Accidentes de Trabajo fue creada para dar seguridad económica a los trabajadores del sector gubernamental ante percances inesperados durante sus jornadas laborales. Velar por su cumplimiento estaba a cargo de alcaldes y jueces.Básicamente estaba destinada a los trabajadores administrativos.
En 1930, Pío Romero Bosque, cuyo gobierno dio al pueblo un breve respiro después de 14 años de la dinastía Quiñones Meléndez y poco antes de la instalación de la dictadura del General Martínez, creó la Ley de Pensiones y Jubilaciones Civiles. Fue una conquista del creciente movimiento obrero que estaba floreciendo tras la crisis mundial. Garantizaba, con el presupuesto nacional, un salario completo en caso de enfermedad, subsidio adicional para gastos hospitalarios y quirúrgicos, servicios médicos a los profesionales, pensiones de invalidez y muerte, y seguro de vida, aunque sólo para trabajadores de la administración pública y sólo en el área urbana. Su cobertura era marginal: según el Primer Censo de Población (1930), el 62% de la población salvadoreña vivía en zonas rurales y trabajaban en el campo y un 95.4% vivía en la pobreza.
INICIA EL SISTEMA DE PENSIONES
En 1949 se promulgó la primera Ley del Seguro Social y se creó el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). La ley sentó las bases para que en 1954 se iniciaran prestaciones médico hospitalarias y quirúrgicas en los casos de enfermedad común, maternidad y accidentes de trabajo, todo bajo el Régimen del Seguro Social obligatorio, aplicable a todos los trabajadores que dependieran de un patrón y trabajaran en el sector privado. Veinte años después se creó en el ISSS el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte para la cobertura de estas contingencias. Ahí arrancó propiamente lo que se conoce como sistema de pensiones de El Salvador.
El Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) surgió en 1975 como una entidad oficial autónoma que podría consolidar un sistema coherente para trabajadores de la administración pública. Tenía por objeto el manejo e inversión de los recursos económicos destinados al pago de las prestaciones que darían cobertura a la invalidez, vejez y muerte de los empleados civiles del sector público. En 1978 el magisterio de la enseñanza pública fue incorporado al sistema.
El caso de los miembros de la Fuerza Armada fue y es un caso aparte. Se regía por la Ley de Retiro de las Fuerzas Armadas pero, debido a la carga que le representaba al Estado mantener sus prestaciones, contaban únicamente con pensiones por retiro y montepíos. La guerra vino a cambiar eso, pues ni esta Ley ni la Caja Mutual de la Fuerza Armada daban abasto a las necesidades de los militares una vez estallado el conflicto armado. En 1981 nació el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada como una institución autónoma de derecho público de crédito y con recursos propios, con el objeto de brindar previsión y seguridad social a los elementos de la Fuerza Armada, encargada de otorgar pensiones por invalidez, retiro y sobrevivencia, además de un Fondo de Retiro, Seguro de Vida Solidario y Auxilio de Sepelio. Hasta la fecha, los militares son el único sector de la sociedad que tiene su propio sistema de pensiones.
UN SERVICIO PÚBLICO
La Constitución de 1983 terminó de consolidar el sistema. Institucionalizó la Seguridad Social, estableciendo en su artículo 50 que constituye un servicio público de carácter obligatorio, que debe ser prestado por una o varias instituciones coordinadas entre sí, para garantizar una política de protección social. Sin embargo, establecer las pensiones como un servicio público en la Constitución de 1983 iba en contra de las tendencias económicas del continente. Una década atrás se había iniciado el primer ensayo del neoliberalismo en Chile, que pronto llegaría al istmo centroamericano.
RAZONES PARA SANEAR
EL SISTEMA
Había razones de peso para sanear el sistema de pensiones salvadoreño. La burocracia era excesiva, había arbitrariedad en la fijación de montos de las pensiones y la cobertura era escasa, pues sólo el 24% de la población tenía trabajo fijo en el sistema formal. Además, la institución fiscalizadora no fiscalizaba prácticamente a las instituciones del sistema y sus funcionarios tenían manos libres para hacer lo que querían. Esto permitió una corrupción garrafal que chupó las finanzas de las instituciones involucradas.
En julio de 1995 se ordenó la captura de Romeo Majano Araujo, director del ISSS y de otros cuatro directivos de la institución. 14 auditorías de la Corte de Cuentas confirmaron que los implicados cometieron delitos de fraude en la compra de seguros de vida, “pagaron” medicamentos a empresas fantasmas y robaron 21 millones de colones (2 millones 400 mil dólares). Majano Araujo huyó del país y los otros implicados fueron sobreseídos años después en un muy cuestionado juicio.
CUATRO PROPUESTAS
Al finalizar la guerra, la discusión sobre la reforma del Sistema de Pensiones se puso sobre la mesa y aparecieron cuatro propuestas. Ninguna implicaba la privatización.
La primera propuesta vino de un funcionario norteamericano, Robert Meyeres, quien propuso que el ISSS y el INPEP no fueran totalmente reestructurados, sino que se hicieran sólo algunos cambios: el aumento de las edades de retiro, el incremento de las cotizaciones y la eliminación de la contribución estatal.
La segunda propuesta fue presentada por el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISS), quienes plantearon una serie de modificaciones, incluyendo la ampliación de la cobertura de los trabajadores no asegurados, una pensión mensual de aguinaldo para todos los pensionados y una utilización eficaz de las reservas técnicas.
La Dirección General del ISSS propuso la incorporación de un plan quinquenal para poder ampliar la cobertura, la separación de los programas de pensiones y salud y una buena diversificación de las inversiones.
La Dirección General del INPEP sugirió que el Sistema de Pensiones fuera un programa mixto, con programas públicos y privados selectivos, complementarios y substitutivos.
¡HAY QUE PRIVATIZAR!
El preponderante discurso neoliberal de aquellos años repetía que el Estado no es capaz de administrar las pensiones. A pesar de que el sistema contaba con seis cotizantes por cada jubilado y reservas técnicas valoradas en 338 millones de dólares, los titulares de los periódicos repetían que el sistema de pensiones estaba en quiebra.
La Ley SAP argumentaba en su apartado de justificación que el cambio “se debió a que en su momento el sistema de reparto era financieramente inviable, tanto en su estructuración como en su diseño, ya que ni con ajustes administrativos o aumento de tasas de cotizaciones y/o reduciendo los beneficios, se podría sostener, ya que ello lo único que genera son distorsiones en el mercado laboral y no logran evitar el deterioro futuro inherente al sistema”. Con la base en esas mentiras, se logró convencer a la población de que era necesario privatizar las pensiones.
Bajo la Ley SAP, cinco AFP comenzaron a funcionar en El Salvador: CONFÍA, PREVISIÓN, PORVENIR, MÁXIMA Y PROFUTURA. CONFÍA se posicionó rápidamente como la más fuerte. Fue propiedad del ex-presidente Alfredo Cristiani y del Grupo Cuscatlán. PREVISIÓN pertenecía a la familia y al Grupo Simán. PORVENIR fue una mezcla de capital nacional (la familia Zablah Touché y García Prieto) con capital chileno (Provida Internacional). MÁXIMA era un negocio del Grupo Banco, con la familia Belismelis. Y PROFUTURO, fue creada con capital de Jorge Zedán, Armando Bukele y Ricardo Perdomo.
LO QUE ATRAJO HACIA LAS AFP
A MILES Y MILES
En sus primeros 100 días de operaciones, las cinco AFP ya habían formado un fondo de 54.5 millones de colones, sumando los aportes patronales y los de 350 mil afiliados. En un año de funcionamiento, CONFÍA tuvo ganancias de 1 millón 100 mil dólares y desde entonces nunca las redujo.
Lo que enamoró de las AFP a la población fue el régimen de capitalización individual. Les convenció que este sistema sería más seguro para cada quien porque su dinero no se mezclaría con el dinero de los otros cotizantes. Cada quien echaría dinero de su propio bolsillo y nadie se haría responsable de nadie más. Al cumplir la edad de retiro el afiliado recibiría los ahorros que acumuló en su vida en pagos mensuales.
La realidad es que el sistema ha contribuido a aumentar la desigualdad. Con excepciones, ha generado altos niveles de ganancias para las compañías administradoras de fondos de pensiones y se ha perdido la capacidad de redistribución que tienen los sistemas públicos solidarios. Ha exacerbado las desigualdades de género porque las mujeres cotizan menos años y tienen menor remuneración. Pero en una sociedad que predica el individualismo cuándo, cómo y dónde puede, la capitalización individual les sonó como una bella melodía a miles y miles de salvadoreños.
LO QUE CAMBIÓ
CON LA PRIVATIZACIÓN
Además de pasar de un régimen solidario a un régimen individual con la privatización se endurecieron los requisitos para la jubilación. Aunque se mantuvo la edad de retiro, en 55 años para las mujeres y en 60 para los hombres, se elevaron de 15 a 25 los años de trabajo requeridos para jubilarse. Y ya no era necesario sólo cumplir con la edad de retiro o sólo con los años de trabajo para pensionarse, sino que se requerirán ambas cosas. Por eso, solo el 38% de los cotizantes llegaron a jubilarse. El resto no logró cumplir los requisitos.
Pasar del régimen solidario al régimen individual implicó también que las pensiones vitalicias serían cosa del pasado. Y así fue. Porque cada quien contaba únicamente con el dinero de su fondo individual y cuando éste terminaba, ya no recibía nada más.
En el régimen solidario, conocido también como régimen de reparto, todas las cotizaciones entran a un fondo común y el propio sistema va pagando a los nuevos pensionados con los nuevos afiliados al sistema. La privatización también desmejoró el cálculo para las pensiones. Antes se establecía un salario base regulador a partir del promedio de los salarios de los últimos tres años. Con la privatización la pensión se calcula sobre el promedio salarial de los últimos diez años. Generalmente, los salarios crecen según se vayan acumulando años, experiencia y según los incrementos salariales por la inflación. Por eso, le es más favorable al trabajador un cálculo sobre los últimos tres años, pues se estaría calculando sobre la base de un monto mayor.
AFP: GANANCIAS MILLONARIAS
El cambio mayor fue la introducción del mecanismo de generación de ganancias para las AFP, que no ganan en base a intereses, ni de los intereses de los préstamos hechos al gobierno, porque esos intereses son de las pensiones, no de las empresas.
Las AFP ganan a través de las comisiones y eso las convierte en una de las pocas empresas que no tienen riesgos porque, mientras dure el negocio, las entradas son seguras. En sus primeros años, la Ley SAP garantizaba una comisión del 21% a las AFP. Después de una década, el entonces Presidente Mauricio Funes bajó la tasa al 17%. Si una persona está cotizando, el 17% proviene de los aportes del trabajador y del empleador. Las AFP dedican una parte de esa comisión al pago de sus gastos administrativos. El resto se divide así: una parte se usa para asegurar los fondos con una aseguradora privada y otra parte es la ganancia empresarial.
Asegurar los fondos es un deber de las empresas. Y al mismo tiempo es la llave para hacer un negocio redondo. CONFÍA, propiedad de la familia Cristiani y del Grupo Cuscatlán, contrató los servicios de ASESUIZA o SISAVIDA, empresas aseguradoras de la familia Cristiani y del grupo Cuscatlán. Los dueños de PORVENIR, MÁXIMA y PREVISIÓN también tenían sus propias empresas aseguradoras. Así, lo que pagaban como AFP lo ganaban como aseguradora.
En estos años, las AFP han ganado aproximadamente 253 millones de dólares y las Aseguradoras han manejado aproximadamente 500 millones. Las de CONFÍA suman 133 millones y, las de CRECER, 119 millones. Recuperaron el patrimonio inicial 8.8 veces, una tasa de ganancia del 59% anual.
CÓMO FUE LA TRANSICIÓN
El diseño de la transición sesgó el sistema de tal forma que dejó a los pensionados y a las personas mayores cercanas a su jubilación en las instituciones del Estado. Y pasó a los contribuyentes al sistema privado. Los afiliados, hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 años, debían permanecer en el régimen de reparto. Los afiliados, hombres con edades entre 36 y 55 años y mujeres con edades entre 36 y 50 años, tuvieron la opción de trasladarse al sistema de capitalización individual o de quedarse en el régimen de reparto. La mayoría optó por el sistema privado, seducida por promesas de mayor rentabilidad y por la ilusión de recibir pensiones más altas y con mayor seguridad. La competencia entre las AFP incluyó en las ofertas objetos de promoción tan variados como termos, camisetas, tazas de café...
Los menores de 36 años y quienes se incorporaban al mercado laboral debieron entrar al nuevo sistema. A los afiliados que se trasladaban a las AFP se les reconocían las cotizaciones realizadas en el anterior sistema a través de certificados de traspaso (CT).
EL SISTEMA SE VOLVIÓ
INSOSTENIBLE
Como resultado de la transición hoy en día, por cada 10 personas que se jubilan en el sistema público de pensiones hay apenas una persona cotizando. En el sistema privado es lo contrario: por cada persona que se jubila hay 10 personas cotizando. El dinero pasó del sistema público al sistema privado, obligando al Estado a endeudarse para poder seguir pagando pensiones a todas las personas que decidieron jubilarse con el sistema público.
En el año 2000, PREVISIÓN, MÁXIMA y PORVENIR se fusionaron para formar CRECER, una AFP bajo la sombrilla de la división internacional de pensiones del BBVA, una corporación financiera transnacional con base en España, siempre con una participación de las familias Simán y Baldochi Dueñas. La aseguradora recipiente del negocio de CRECER pasó a ser la Centroamericana de la familia Simán. Arrancó con el 52% del mercado de pensiones en El Salvador y con un patrimonio de 1,550 millones de colones ($177 millones). CONFÍA quedó en segundo lugar, con el 45% del mercado y con un patrimonio de 1,350 millones de colones ($154 millones). Es el único duopolio de AFP que existe en América Latina.
Al mismo tiempo que las empresas privadas estaban consolidando su sistema de acumulación, las instituciones públicas entraron en crisis, Para entonces, sólo el 3% de las cotizaciones entraban al INPEP y al ISSS, tenían 24 mil cotizantes y 105 mil jubilados: un cotizante por cada cuatro jubilados. Esto generó una brecha en las finanzas de estas instituciones que el gobierno de Francisco Flores ya no podía resolver. No había dinero para pagar a los pensionados del sistema público. Flores fue el primero en emitir bonos para resolver el problema del pago de los pensionados. ¿Y quiénes eran los compradores de todos esos bonos? Directa o indirectamente, terminaron en manos de las AFP, que no las compraban con su propio dinero, sino con el dinero de los cotizantes.
LA SITUACIÓN EN 2015
Entonces entró en escena el fideicomiso. En 2005 la deuda en bonos ya era de 1,232.2 millones de dólares. Cuando llegó al gobierno Antonio Saca seguía vendiendo bonos. Una parte servía para pagar las pensiones del INPEP y del ISSS y otra pagaba la deuda ya acumulada con las AFP. En este contexto, ARENA y el PCN sumaron sus votos en 2006 en la Asamblea Legislativa para aprobar un fideicomiso de pensiones. El fideicomiso otorgó un carácter obligatorio a los préstamos que las AFP daban al gobierno. El negocio ya no sería voluntario.
A finales de 2015 el gobierno debía un aproximado de 4,200 millones de dólares, cantidad que representa un 30% del déficit fiscal del país. 10 mil personas cotizaban en el ISSS y el INPEP y 670 mil en las AFP. El INPEP y el ISSS estaban pagando pensiones a 98 mil personas, mientras que el sistema privado pagaba las pensiones de 60 mil.
VENTAS Y REVENTAS
A lo largo de los años, las AFP cambiaron de dueño varias veces. El cambio más importante ocurrió en 2007-2008, cuando los bancos también fueron vendidos a transnacionales financieras.
El dueño mayoritario de CRECER es la AFP Cesantía Protección, S.A., con el 99.99% de las acciones. El resto de los dueños son cinco colombianos y cuatro salvadoreños, incluyendo a Mauricio Interiano, actual aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de ARENA.
El accionista mayoritario d CONFÍA es Corporación de Inversiones Atlántida, con el 75% de las acciones. Otras las tienen varias empresas: Bryngold Company, Inmobilaria Loma Linda, Médica Salvadoreña, Kendo Investment, Kaponi Assets, entre otras instituciones y personas naturales, con acciones que van de poco más del 6% a algunas con el 0.05943%.
En noviembre de 2015 la Unidad de Acceso a la Información Pública del Centro Nacional de Registros (CNR) recibió la solicitud de revelar los dueños de las empresas socias de CONFÍA. El dictamen fue positivo, pero posteriormente la Dirección del Registro de Comercio, explicó: “Los actuales socios no se pueden determinar en vista que la ley no faculta ni obliga al registro de comercio a llevar un registro de ellos. El registro de accionistas, por la misma naturaleza de las sociedades, es “anónimo” y ellos lo llevan en sus libros”.
“CORTARLES
LAS ALAS A LAS AFP”
En 2015 el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones tomó relevancia. Y en 2016, el gobierno del FMLN lanzó su propuesta. El objetivo es “promover la equidad, y sostenibilidad financiera al Sistema Previsional en un marco de viabilidad fiscal”.
La esencia de la propuesta es pasar de un sistema privado a un sistema mixto, quitándoles el negocio a las AFP y reincorporando al Estado como un actor principal. “Hay que cortarle las alas a las AFP, para que no sean tan voraces”, explicó Eugenio Chicas, Secretario de Comunicaciones del gobierno. Al aprobarse la reforma se crearán dos fondos: uno bajo el régimen solidario y otro que mantendría la misma lógica del actual modelo.
El primer fondo se conformará con todos los afiliados al SAP y los ingresantes que ganan un salario mensual igual o menor a dos salarios mínimos, actualmente 504 dólares. El fondo funcionará con el régimen solidario y la pensión será vitalicia. Será manejado por un nuevo Instituto Nacional de Pensiones, aunque la propuesta le faculta a subcontratar su administración, detalle que no pasa por alto a quienes buscan medidas de mayor choque contra el neoliberalismo. Se proyecta que un 80% de las cotizaciones se aportarán a este régimen.
El segundo fondo seguirá la lógica actual de la capitalización individual y será administrada directamente por las AFP. Todas las personas que ganan más del valor de dos salarios mínimos ($503) cotizarán a los dos fondos. Por ejemplo, si un trabajador gana 1 mil dólares cotizará al 13% al sistema de reparto por los primeros $504 y 13% al de capitalización por $496. Cuando estas personas se jubilen, tendrán acceso a los dos fondos: el primer fondo de manera vitalicia y el de capitalización individual hasta que se terminen sus ahorros.
¿QUÉ CAMBIARÁ LA REFORMA?
El cambio más importante de la reforma es que hará autosostenible el fondo público. Tendrá suficientes cotizantes para pagar las pensiones a quienes van saliendo de la vida laboral. El famoso fideicomiso dejará de tener razón de ser y quedará como un cuento del pasado.
Los beneficiarios de la muerte del fideicomiso serán dos: la población en general y quienes cotizan. La población, principal tributaria al Presupuesto General de la Nación, se beneficiará porque se bajará paulatinamente la deuda pública en un 30%. Actualmente, el monto sin financiamiento para el pago de pensiones (632 millones de dólares) supera en 5 millones el presupuesto de salud ($627 millones de dólares). La reforma irá liberando, poco a poco, más fondos para invertir en las carteras sociales.
Quienes cotizan se beneficiarán porque actualmente son sus ahorros, y no las ganancias de las AFP, los que aportan al pago de las pensiones del sistema público. En 2015 los intereses del fideicomiso fue tema de debate y materia de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Esto, porque la tasa de intereses que paga el gobierno, bajo un estándar internacional, llamada tasa líbor, adoptada en la legislación del fideicomiso aprobada por ARENA y el PCN en 2006, es muy baja, lo que afecta la rentabilidad de las pensiones. En el sistema actual, los cotizantes no pueden ganar. Las opciones son o afectar la rentabilidad de sus pensiones o afectar el presupuesto de la nación que ellos sostienen con sus impuestos.
Otra ganancia para los trabajadores es que las comisiones se disminuirán, un 2.4% para el fondo de capitalización individual y un 7.6% en el fondo solidario. Esto será posible porque el fondo solidario será asegurado por el Estado y no tendrá que realizar pago a las Aseguradoras Privadas.
“EL ROBO DEL SIGLO”:
UNA CAMPAÑA DE MIEDO
La reacción de la derecha a este proyecto fue inmediata. El 3 de febrero, en la víspera de la presentación de la propuesta del gobierno, los cuatro diarios de mayor circulación coincidieron en idéntico titular de portada: “El robo del siglo”.
En la “noticia” se rememoraban grandes tragedias del pasado y se advertía de que la reforma del sistema de pensiones era un nuevo atentado del gobierno contra el pueblo. Por primera vez en muchos años se dio un caso de “falsas portadas” en los diarios. Falsa portada es la de un diario que trae dos portadas. La primera en este caso era una especie de campo pagado presentado como noticia. Fue una campaña dirigida a crear pánico entre la población, un plan de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Siguieron spots publicitarios, programas de entrevistas donde los analistas de derecha acusaban al gobierno de actuar de mala fe, manifestaciones de sindicatos de derecha denunciando que el Presidente Sánchez Cerén intentaba robar sus pensiones. Se distribuyeron masivamente miles y miles de volantes en el centro de la ciudad contra el proyecto.
Sánchez Cerén llamó a la campaña de la ANEP “malintencionada y de miedo”. En una de sus escasas denuncias en tono mayor, llamó a Jorge Daboub, presidente de la asociación empresarial un “escopetero” y un “terrorista mediático”. El FMLN puso una demanda en la Fiscalía exigiendo se transparente el origen de los fondos para la millonaria campaña “El robo del siglo”. El Diputado Rolando Mata explicó que “esa investigación es fundamental para disipar la inquietud ciudadana sobre que ese financiamiento provenga de las AFP y, por ende, de las cotizaciones de los trabajadores”. Como resultado, la derecha logró sembrar la confusión en el pueblo.
UNA SEGUNDA BATALLA
CONTRA EL NEOLIBERALISMO
Obviamente, el modelo mixto implica una disminución en las ganancias para uno de los negocios más lucrativos que ha conocido El Salvador. Y, constituye la segunda gran iniciativa de los gobiernos del FMLN en contra del modelo neoliberal y de sus privatizaciones.
La primera batalla fue la del CEL-ENEL. En 2002, cuando el gobierno de Francisco Flores realizó un amañado negocio con la italiana ENEL Green Power, que facultó que la transnacional se apropiara de los bienes del Estado para explotar la energía geotérmica, la que por mandato constitucional no se podía entregar por ser patrimonio de los salvadoreños.
En 2008, la empresa italiana ENEL llevó al país a arbitraje internacional porque se le negó la posibilidad de invertir 100 millones de dólares en LaGeo y por superar el 50% de posesión accionaria en la compañía. Tras años de batalla legal, un arbitraje del Tribunal de París falló a favor de ENEL y ordenó a El Salvador permitirle hacer la inversión. Pero el gobierno de Mauricio Funes fue valiente y persistente y no aceptó la privatización total del recurso energético.
Al final, ENEL Green Power vendió sus acciones al gobierno salvadoreño. El gobierno tuvo que invertir 280 millones de dólares en comprar algo que ya era de la nación, lo que hizo agridulce esta victoria. A pesar de todo, el país recuperó la soberanía de un patrimonio importante y con eso rechazó un símbolo del neoliberalismo en El Salvador.
La reforma de las pensiones es relevante porque constituye una segunda gran batalla contra el neoliberalismo.
SERÁ UN VICTORIA POPULAR
La propuesta de reforma tiene sus limitaciones. No toca algunos temas de fondo como la cobertura, puesto que sólo un 25% de la población cuenta con el trabajo fijo que los hace elegibles. Tampoco altera mucho el reducido monto de las pensiones, porque están en relación directa con salarios que son bajos. Harían falta buenos aumentos salariales, incluyendo al salario mínimo, para garantizar pensiones dignas. Tampoco propone la reforma suprimir las nefastas AFP que, aunque en menor medida, seguirán burlándose de la población trabajadora.
En 1996 la privatización del sistema de pensiones fue un hecho emblemático en la consolidación del neoliberalismo en El Salvador y, a pesar de sus limitaciones, la reforma propuesta significará un revés para ese modelo. Será una victoria popular.
Sólo así se puede entender la millonaria campaña de la ANEP, de FUSADES y de ARENA intentando convencer a la población de que lo que es bueno para la oligarquía y las transnacionales es bueno para el pueblo. Sólo así se puede entender la defensa de la reforma que hacen los sindicatos y las asociaciones de pensionados. Aunque saben que no será la solución a todos sus problemas, luchan al lado del gobierno para conseguir el sistema mixto que propone la reforma.
EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.
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