El Salvador
El Tribunal Supremo Electoral bajo asedio
Después de un siglo, de décadas de fraudes electorales descarados
y de continuos fraudes institucionalizados, desde hace 25 años
El Salvador empezó a contar con un organismo electoral
preparado para resolver la disputa por el poder político.
Sin embargo, hoy el Tribunal Supremo Electoral
vive bajo asedio.
La última herramienta para desnaturalizarlo
ha sido, y está siendo,
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Elaine Freedman
La lucha por mantener o por transformar la estructura social de El Salvador ha tenido distintos momentos y distintas expresiones. Y siempre, con el objetivo fundamental de seguir controlando o de llegar a controlar el poder político para decidir sobre el desarrollo económico, social, cultural e ideológico del país. Las clases populares y la oligarquía salvadoreña se han enfrentado en el ámbito laboral, en las universidades, en las calles y en los medios de comunicación. Durante la década de los años 70 la lucha armada popular fue ganando cancha en la medida en que se incrementaba la represión gubernamental. En los 80 el principal escenario de la lucha fue el militar.
Con el fin de la guerra y los Acuerdos de Paz se dio un giro importante en las formas de llevar a cabo la lucha. Dominadores y dominados hicieron de los procesos electorales el espacio central de la lucha de clases. Desde entonces, los procesos electorales fueron la principal vía de luchar por el poder. Esto requería de una reingeniería del sistema electoral, hasta entonces diseñado sólo para garantizar la continuidad del sistema de dominación.
UNA HISTORIA DE FRAUDES
Desde 1886 hasta 1950 el sistema electoral salvadoreño tuvo dos principales características: las mujeres no tenían derecho a votar y la votación era oral y pública, en lugar de escrita y secreta. Hasta 1927, aunque se presentaran dos o más candidatos a un cargo, los resultados, tanto nacionales como municipales, eran casi unánimes y sólo un candidato recibía prácticamente todos los votos. La victoria en las juntas electorales no dependía de haber persuadido al electorado con ideas o proyectos. Dependía de ocupar los centros de votación. Los electores llegaban, como participantes en un rito formal. Aún y así, la participación era masiva.
Según Erick Ching, en los años 20, llegaban a ese rito unos 300 mil hombres adultos, que “votaban” en mesas atendidas por las juntas electorales de cada alcaldía. Explica Ching: “A nivel local, el poder político lo ejercían hombres, normalmente con fortuna, con la habilidad para formar coaliciones, poner barreras a sus opositores, y llevar electores a los sitios de votación el día de los comicios. Como la votación para las elecciones nacionales se realizaba en las alcaldías, la clave para tener éxito a nivel nacional estaba en controlar a los caudillos políticos que supervisaban el voto en cada municipio. Este control se lograba normalmente por medio de acciones preventivas y monopolizando la violencia a través del control del ejército nacional. En esa época el sistema electoral era a la vez simple (control de los sitios de votación) y complejo. La política giraba alrededor de los muchos estratos de actividad que se basaban en las complejas redes de alianzas entre niveles locales, regionales y nacionales. Pero la característica decisiva de las elecciones era la unanimidad de los resultados. Incluso en las raras ocasiones en las que había competencia genuina al nivel nacional, en cada municipio la votación era unánime a favor de uno o de otro candidato”.
LA REFORMA TRUNCADA DE DON PÍO
El gobierno de Pío Romero Bosque (1927-1931) comenzó a “democratizar” las elecciones. Dentro de una reforma electoral que, a la par de otras medidas modernizantes buscaba frenar la rebelión que se veía venir, el Presidente disolvió la maquinaria política del oficialista Partido Nacional Democrático, abandonó la costumbre de patrocinar candidatos, aumentó la vigilancia electoral y formó “directorios mixtos” en cada centro electoral con representantes de todos los partidos contendientes, para evitarel control unipartidario. El evento electoral de 1931 se considera “la primera elección libre” en El Salvador.
La denuncia, la investigación oficial y la posible anulación de elecciones fraudulentas siempre estuvieron contempladas en la legislación electoral, pero sólo se comenzó a recurrir a estos mecanismos en aquellos años. En las décadas previas a Pío Romero anular votaciones era raro porque las elecciones eran irregulares por definición. Bajo Pío Romero las anulaciones se triplicaron. Entre 1919 y 1923 se anularon menos de diez elecciones por año, pero después de 1927 el promedio subió a poco más de treinta.
Estos cambios propiciaron la victoria electoral en 1931 de Arturo Araujo, el candidato opositor, quien levantó esperanzas de cambio con sus promesas de entregar tierras del Estado al campesinado y apoyar las reivindicaciones de la clase obrera.
En este contexto, el recién nacido Partido Comunista de El Salvador (PCS), decidió participar en las elecciones municipales y legislativas de enero de 1932. Un mes antes, el General Maximiliano Hernández Martínez consumó el golpe de Estado contra el gobierno reformista de Araujo. El evento electoral de 1932 fue un desastre. Las votaciones, sobre todo en el Occidente del país, donde era evidente el triunfo de los candidatos del PCS, fueron interrumpidas por el ejército. El Partido Comunista proclamó su victoria en municipios importantes como Santa Tecla y Sonsonate, pero esos resultados nunca fueron certificados. El diario “La Prensa” reportó que los resultados favorecían la victoria del PCS, pero después de diez días de silencio, El Diario Oficial informó lo contrario. El capítulo siguiente fue la insurrección y la famosa masacre de 1932, con decenas de miles de muertos.
EL FRAUDE INSTITUCIONALIZADO
Desde 1932 hasta la Constitución de 1950, el discurso de elecciones libres y democráticas fue nuevamente enterrado. Ni con el derrocamiento del General Martínez ni en los años sucesivos se habló de esta justa reivindicación, hasta que el gobierno golpista de 1948, llamado Consejo de Gobierno Revolucionario, introdujo una Constitución que asumió avances en democracia política necesarios para desarrollar un capitalismo más moderno. Se permitió a las mujeres votar, se estableció el voto secreto y se creó una nueva autoridad en materia electoral, el Consejo Central de Elecciones (CCE), que sería elegido por la Asamblea Legislativa con la participación de representantes de los tres partidos de mayor votación. El CCE sustituyó a la Junta Departamental, regidora de los procesos electorales previos.
Durante las cuatro décadas siguientes el CCE garantizó nuevos fraudes electorales. Hitos en este camino fueron las elecciones fraudulentas de 1972 y 1977, siendo dos de los ejemplos mejor documentados de fraude electoral en la historia de América Latina. La distribución masiva de documentos de identidad dobles y la interferencia en la secretividad del sufragio fueron claves en esos dos fraudes.
En 1972, pese a un proceso sesgado, manipulado y reprimido, la coalición Unión Nacional Opositora (UNO) ganó la elección, pero el CCE le dio el triunfo al Coronel Arturo Armando Molina, del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por 9,884 votos de diferencia. En 1977 la UNO llevó como candidato a un ex-militar. Muchos pensaban que así se respetaría la voluntad popular manifestada en las urnas, pero como era previsible, el régimen empleó las formas más obscenas de fraude.
El 20 de febrero de 1977 los salvadoreños acudieron de nuevo a votar. Durante la jornada, un 80% de los representantes de la coalición opositora UNO fueron arrestados o expulsados de los recintos electorales. Sólo 920 de las 3,540 urnas electorales fueron escrutadas en presencia de representantes de la UNO. A pesar de esta intimidación, del relleno fraudulento de urnas y del “conteo imaginativo” de los votos, en esas 920 urnas la UNO logró 157,574 votos y el partido gubernamental 120,972.
En aquella ocasión la UNO se había preparado mejor para documentar el fraude. Monitorearon y grabaron comunicaciones del Coronel Benedicto Rodríguez, coordinador del organismo paramilitar ORDEN, en las que usaba el seudónimo de “Ángel 1” para emitir instrucciones directas a alcaldes de las ciudades, comandantes de demarcaciones, guardias nacionales y jefes de patrullas locales, para colaborar con representantes del PCN y del CCE y reprimir a inspectores y a votantes de la UNO.
Aun y con estas pruebas, el General Carlos Humberto Romero, candidato del PCN, fue declarado ganador.Los sectores populares se reunieron en el Parque Libertad para manifestarse contra tan descarado fraude. La protesta duró hasta el 28 de febrero, cuando fue disuelta con una masacre, que dejó decenas de muertos. Así terminó un capítulo más del proceso político nacional, cancelándoseuna opción cívica para lograr justicia y democracia en el país.
EL NACIMIENTO DEL TSE
Con las lecciones acumuladas en más de un siglo de fraudes electorales, el FMLN consideró que sólo podría renunciar la lucha armada y entrar a la lucha electoral si al sistema electoral se le hacían reformas.
Así nació el Tribunal Supremo Electoral, fruto de los Acuerdos de Paz y de las correspondientes reformas hechas a la Constitución en 1991. Entre ellas, la reforma del registro electoral, a fin de que los partidos políticos legalmente inscritos, fueran los vigilantes de su elaboración, organización, publicación y actualización; la elaboración de un nuevo Código Electoral, basado en las recomendaciones de la Comisión para la Consolidación de la Paz (COPAZ); y la creación de una nueva autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las principales diferencias entre el TSE y el anterior CCE fueron tres. Primera, el CCE solo tenía funciones administrativas y el TSE tiene funciones jurisdiccionales y administrativas. Eso significa que el TSE no sólo tiene que organizar y administrar los eventos electorales, también tiene que impartir la justicia electoral de forma permanente. Segunda, el TSE, además de incorporar a seis magistrados propuestos por los tres partidos políticos mayoritarios (tres propietarios y tres suplentes), integra a cuatro magistrados de cámara (dos propietarios y dos suplentes), provenientes de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Tercera, se introdujo el pluralismo ideológico en el TSE, a partir de la incorporación del FMLN. Aunque el CCE contaba con pluralismo político, pues lo integraban tres propietarios y tres suplentes provenientes de tres partidos políticos distintos, no existía ninguna diferencia de fondo entre sus intereses y pensamientos, pues por la naturaleza del sistema partidario que existió hasta los Acuerdos de Paz todos los partidos contendientes coincidían en favorecer el sistema capitalista, patriarcal y neocolonial. A partir de la participación del FMLN en el TSE, llegó el pluralismo ideológico al sistema electoral.
“Las reglas del juego cambian porque entra un nuevo jugador, el FMLN”, explica el Magistrado Julio Olivo, actual Presidente del TSE. Las decisiones en el Tribunal se toman de manera colegiada: cualquier decisión en el ámbito administrativo debe contar con tres votos afirmativos de los cinco magistrados. Los dictámenes jurisdiccionales necesitan cuatro de cinco votos para emitir dictámenes. La lógica política de este sistema es que las decisiones colegiadas entre magistrados propuestos por distintos partidos posibilitan un cierto equilibrio de poder que dificulta, aunque no imposibilita, que la balanza favorezca totalmente a una sola opción política. Y la lógica de integrar a dos magistrados propuestos por la Corte es favorecer una mayor imparcialidad y elevar la capacidad técnica del organismo, ya que esos magistrados son necesariamente magistrados de cámara y, por eso, deben contar con mayores herramientas en el campo jurisdiccional.
Según María Silvia Guillen, defensora de los derechos humanos e integrante de la Asociación de Constitucionalistas, el TSE fue fortaleciéndose en todas sus funciones de manera “muy paulatina”. Y añade: “Aunque el Tribunal se creó con los Acuerdos de Paz, la transición no fue muy automática. El Tribunal siguió actuando como administrador de elecciones por un buen período. No asumió inmediatamente su rol jurisdiccional. Y hay temas de justicia electoral que nunca resolvió completamente, por ejemplo, las campañas adelantadas. Recibió cantidad de denuncias de organizaciones sociales sobre propaganda electoral fuera de época de campaña que no pudo procesar. Entonces, el mismo Tribunal acuñó una norma que no fue escrita: Considerarían propaganda electoral solamente cuando un partido o candidato pidiera explícitamente el voto. En tanto no pide el voto, no es propaganda electoral. Realmente, el Tribunal no tuvo la capacidad de asumir el nuevo rol que le tocaba. Y no lo hizo nunca hasta que llegó Eugenio Chicas a la Presidencia de este órgano en 2009”.
1994: LAS ELECCIONES DEL SIGLO
En este nuevo contexto se realizaron en 1994 las llamadas “elecciones del siglo”, el primer evento electoral donde participaron dos fuerzas políticas que representaban dos intereses, ideologías y sectores sociales totalmente opuestos: ARENA y el FMLN. Era el primer ejercicio electoral que el TSE administraría.
ARENA y el FMLN fueron a una segunda ronda para decidir la Presidencia, que ganó ARENA, pero la Asamblea Legislativa inició su trabajo vestida con nuevos colores, aunque con un predominio importante de los partidos de derecha. El TSE recibió numerosas críticas por su deficiente actuación durante el proceso, tanto en sus funciones administrativas como jurisdiccionales. Fue cuestionado por el proceso de empadronamiento para la carnetización de los votantes y por su timidez en administrar justicia electoral en el control de la propaganda política, durante la campaña y hasta el propio día de las elecciones. La revista “Proceso” de la UCA, habló de “su desempeño deficiente, su falta de independencia y su evidente incapacidad para sancionar a quienes violaron la legalidad electoral”. Y proponía su “urgente reestructuración”.
Pasada la década de los años 90 el Tribunal Supremo Electoral realizó varios avances tecnológicos en la informática para la modernización del sistema. Se sustituyó el Documento Único de Identificación por el carnet electoral, se elaboró un nuevo registro electoral que generó un padrón electoral con fotografías de la población apta para votar, y se hicieron varias modificaciones para facilitar el voto de las personas con discapacidad.
2009: EL AÑO DEL CAMBIO
El Tribunal Supremo Electoral llegó a 2009 con índices de credibilidad aceptables, aunque con cuestionamientos también importantes. Ese año el FMLN ganó las elecciones presidenciales, lo que propició desde entonces un cambio signficativo en varios ámbitos de la vida nacional. Las fuerzas populares ya habían aprendido a jugar en la cancha electoral, diseñada para mantener viva la democracia liberal-burguesa. En esa ocasión, el FMLN ganó la Presidencia del TSE, ya que los integrantes del Tribunal se eligen cada cinco años y el partido que gana más votos en las elecciones presidenciales dirige el TSE.
Inició la época de Eugenio Chicas al frente del TSE. “Se suspendieron por primera vez cuñas y spots publicitarios que difamaban a los otros partidos políticos, lo que nunca se había visto antes”, recuerda María Silvia Guillén. El TSE comenzaba a tomar más en serio su rol jurisdiccional. Se iba rompiendo una dinámica de casi veinte años. También se avanzó en materia administrativa con el Voto Residencial vigente en todo el país y con la introducción del Voto en el Exterior. Esas dos novedades buscaban incrementar la participación electoral de la población apta para votar. El Voto Residencial buscaba también reducir los actos fraudulentos que se daban a nivel local. Y aunque el fraude ya no podía realizarse en el nivel del TSE, tal como había sucedido a lo largo del Siglo 20, aún existían rezagos importantes a nivel municipal y en los diferentes centros electorales del país. Los cambios en la máxima autoridad electoral no fueron bien vistos por la oligarquía, tampoco por su partido político ARENA ni por sus gremios, como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Cámara del Comercio y la Industria.
La inconformidad no se debía a que el FMLN hubiera “asaltado” el control del TSE, lo que no era posible en un país donde casi todos los partidos políticos son de distintos matices de derecha y donde la composición del TSE depende del caudal de votos de cada partido. La derecha tenía poco que temer. Era obvio que dos de los tres magistrados propuestos por los partidos provendrían de listas de derecha. Y la Corte Suprema de Justicia, que siempre ha alojado las corrientes de pensamiento más conservadoras del país, difícilmente haría algo para dañar a la oligarquía en materia electoral. Sin embargo, soltar las riendas de la administración electoral e iniciar un ejercicio honesto de jurisdicción electoral era cortar más de un siglo de control incuestionable de la oligarquía sobre la institucionalidad electoral. Era algo que no podían permitir y que buscarían impedir. Para ello utilizarían su herramienta más poderosa en ese momento: la Sala de lo Constitucional.
FRANCOTIRADOR CONTRA EL TSE
Julio Olivo, actual Presidente del Tribunal Supremo Electoral, explica que la Sala de lo Constitucional ha ido desarmando el sistema electoral pactado en los Acuerdos de Paz, para que el FMLN se incorporara a la vida civil. “Primero emitieron una sentencia modificando en esencia el Artículo 85 de la Constitución, que establecía que la única forma de acceder al poder era a través de los partidos políticos. Esta sentencia, sin parecer un golpe al sistema electoral, fue la puerta de entrada, aunque el experimento no les funcionó, porque el aval jurídico de la participación de candidatos “no partidarios” no generó muchos contendientes y tampoco prosperaron los pocos que aparecieron. Aún así, sirvió para que la población viera como normal la intromisión de la Sala de lo Constitucional en materia que corresponde al Tribunal Supremo Electoral. Después de eso, emitieron una sentencia estableciendo que las listas de candidaturas serían desbloqueadas o semiabiertas. Y en 2015, en medio proceso electoral, dictaron una sentencia para listas completamente abiertas o de voto cruzado: hoy puedes votar por un candidato de ARENA, por otro del FMLN, por otro del centro, por uno diabólico y por otro cristiano: Es una decisión que intenta separar lo electoral de lo ideológico.
Posteriormente, han dictado la igualdad de derecho entre candidatos no partidarios y candidatos partidarios, ignorando que los candidatos partidarios son los representantes de una asociación, y que un individuo y un colectivo no son la misma cosa”. En plena campaña electoral para la presidencia en 2014 declararon inconstitucional que un funcionario público hiciera campaña política en su tiempo no laboral.
El colmo de todo este proceso fue la sentencia de junio de 2014, cuando intentaron, aunque infructuosamente, destituir a Eugenio Chicas como presidente del TSE por ser militante del FMLN. Contra toda lógica jurídica, establecieron primero que su mandato en el TSE era inconstitucional. Y después, cuando vieron que destituirlo faltando sólo meses para que finalizara su período en el cargo, les traería consecuencias políticas, decidieron no aplicar la sentencia. Pero sembraron la contradictoria idea de que los magistrados, aunque fueran propuestos por partidos políticos, no deberían tener vínculos partidarios.
Dos años después, destituyeron a los diputados suplentes elegidos en 2015 para ocupar escaños en la Asamblea Legislativa argumentando que no gozan de “legitimidad democrática” porque sus fotos no aparecían en las papeletas electorales. Iban en planillas partidarias en proporción a los diputados propietarios de cada partido, tal como lo establece la ley electoral. ”A esta altura -afirma Olivo-, el sistema electoral con que el FMLN aceptó incorporarse a la vida civil ya no existe. Ya es otro.”
EL CASO DE ULISES RIVAS
Cuando todo lo que harían contra el TSE parecía consumado, sucedió la acusación de “simpatía ideológica” y separación de su cargo del magistrado Ulises Rivas, uno de las dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia para el el TSE. El 24 de febrero, la Sala de lo Constitucional dictó una medida cautelar que lo separaba mientras dictaminaban, irrevocablemente, en su caso. La Sala de lo Constitucional actúa como un francotirador: se acerca a su blanco sin ser perseguido y dispara certeramente.
Este caso inició por la denuncia que un ciudadano realizó ante la Sala de lo Constitucional contra los diez magistrados, propietarios y suplentes, adjudicándoles vínculos partidarios, una falta que fue establecida en el caso de 2014 contra Eugenio Chicas. Sorprendentemente, la Sala desestimó todos los casos, menos el de Ulises Rivas, contra quien admitieron la demanda. Sólo el Presidente de la Sala y de la Corte, Armando Pineda Navas, se excusó de conocer sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por tener conocimiento previo del caso, puesto que él fungía como técnico jurídico de la Asamblea Legislativa en el período en que fueron elegidos. Con este criterio, todos los magistrados se hubieran excusado en el caso de Rivas porque todos conocieron el caso cuando ellos lo propusieron como magistrado. Pero no fue así. Todo parecía ya una obra del “teatro del absurdo”, pues tras corneado, el TSE fue apaleado por los cuatro magistrados de la Sala.
Recuerda Ulises Rivas: “En abril de 2014 la Corte convocó públicamente a los abogados que quisieran concursar para ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo presenté mi documentación, igual que otros 54 colegas. Fuimos entrevistados por una Comisión, donde estaba el entonces Presidente en funciones de la Corte, Florentín Meléndez. Después me di cuenta que yo iba en la primera terna propuesta unánimemente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Iba en tercer lugar, lo que significaba que fui el tercero mejor evaluado. Esa terna y otra fue presentada a la Asamblea Legislativa y ahí me escogieron para ser magistrado del TSE”. Existen audios de la sesión deliberativa de la Corte Plena donde los magistrados, incluyendo los miembros de la Sala de lo Constitucional, reconocían que el abogado Ulises Rivas no tenía vínculos partidarios.
EL “SUSTENTO” FUE ESA FIESTA
El “sustento” del caso contra Rivas se basa en un hecho que ocurrió el año anterior a su elección como magistrado. “En 2013 -dice- hicimos la anual fiesta navideña de nuestro gremio de abogados. Fue en plena campaña electoral para la Presidencia de la República e invitamos a las fórmulas presidenciales. Tony Saca dijo que no podía asistir porque tenía otros compromisos. El equipo de campaña de Norman Quijano no respondió y el equipo de Óscar Ortiz confirmó que sí vendrían. Ortiz no llegó, llegó Sánchez Cerén, el candidato a la Presidencia del FMLN. Di las palabras la bienvenida en representación de mi gremio y nos adherimos a su oferta electoral porque así hacen las personas, las asociaciones y las empresas en épocas de campaña si están de acuerdo con esa oferta. Fue un acto legítimo de campaña y no significaba que yo era miembro del FMLN”. De hecho, Rivas no se encuentra en ningún registro de ese partido, tal como dictaminó la Corte Plena cuando lo propusieron en su terna.
La medida cautelar contra Rivas se tomó con base en una “presunta relación”, que posteriormente los magistrados de la Sala llamaron “simpatía ideológica”, una categoría sin precedentes en la jerga jurídica. En otros países, Alemania, Finlandia, Portugal, España, Costa Rica, se opera en el entendido de que todos los magistrados tienen una afinidad y/o militancia política e ideológica, siendo éste un derecho político de cada ciudadano, pero a la hora de actuar, deben ser imparciales. “Yo puedo ser imparcial, sin dejar de ejercer mis derechos políticos como ciudadano -dice Rivas, quien se ha defendido interponiendo un recurso contra la Sala en varias instancias, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de sus derechos civiles y políticos-. Si se quiere cuestionar la imparcialidad o la independencia de un funcionario, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Valorar el trabajo que ha hecho para ver si ha sido parcial. Pero eso no lo han hecho”.
POR EL EQUILIBRIO IDEOLÓGICO
La conformación del Tribunal, basándose en ternas de los partidos políticos, así como de la Corte Suprema, busca garantizar un equilibrio ideológico en los magistrados a la hora de tomar decisiones, tanto administrativas como jurisdiccionales. ¿En qué tipo de decisión entran en juego estos equilibrios?Lo explica Rivas: “A la hora de contratar empresas transmisoras de resultados, a la hora de configurar las mesas de votación, a la hora de autorizar un sistema para el conteo de votos, el equilibrio cuenta”.
No son sólo decisiones técnicas las que se toman porque siempre hay una relación entre lo técnico y lo político. Casos como el del encargado del área de informática del Tribunal, quien gana más de 5 mil dólares, más que los magistrados, a pesar de que la Corte de Cuentas ha observado más de una vez que no ha presentado un título académico que le acredite en informática. “Es un caso de cuotas políticas”, señala Rivas. Otros afirman que la relación de este funcionario con el partido ARENA lo mantiene en su cargo, a pesar de las observaciones de la Corte de Cuentas y de los señalamientos de miembros del TSE, como su Presidente, que quieren poner en ese cargo a alguien con formación académica.
POR LA ARITMÉTICA POLÍTICA
Para afectar al equilibrio del TSE, hubiera sido más lógico quitar al Presidente, Julio Olivo, y no a Ulises Rivas, quien no fue una propuesta partidaria del FMLN. Pero en la aritmética política, eso no hubiera alterado nada, porque el suplente de Olivo también fue propuesto por el FMLN y probablemente votaría igual que él en la mayoría de decisiones. Nada cambiaría en el Tribunal.
Distinto es el caso de Sonia Clementina Liévano de Lemus, suplente de Ulises Rivas, ex-gerenta legal y ex-directora de distintos bancos en el país, cuyo bufete se especializa en Derecho Corporativo y Financiero. Y aunque ella acepta tener un pensamiento de derecha, no parece perturbar eso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional cuando exigen no tener “simpatías ideológicas”...
POR LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA
Parece contradictorio que, siendo el TSE la máxima autoridad en materia electoral, haya sido la Sala de lo Constitucional de la Corte la que viene modificando el juego electoral que define la composición del poder político en el país.
Camila Vollenweider y Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, iluminan esta contradicción en un texto titulado “Lawfare: la judicialización de la política en América Latina”. Explican que en 2001 esta estrategia comienza a ser manejada en ámbitos diferentes.Se refieren a un texto del General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles Dunlap: “En él describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar… Se trata del uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y a su entorno (incluidos los familiares cercanos), de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”.
Ulises Rivas considera que su caso cabe dentro de esta categoría. “La judicialización de la política -dice- es un fenómeno que se está extendiendo en América Latina. No se puede permitir, menos en materia electoral. En un sistema democrático de representación, donde el pueblo soberano acude a las urnas y define quienes estarán en los cargos de elección pública en el país, la batalla por el poder político se debe dar en las urnas el día de las elecciones. Ahí se pierde o se gana. No puede ser que, si a uno no le gusta lo que el pueblo decide, intente después ganar la batalla en la Corte”.
Rivas añade: “El activismo judicial tiene varios componentes: desprestigiar a la clase política, crear desconfianza en la población, utilizar los medios de comunicación masivos para inducir a la gente a pensar como ellos, preparar el terreno para que la población y las instituciones acepten las irregularidades que pueden ellos provocar, poner a funcionarios incondicionales al poder económico y aplicar el neoconstitucionalismo, donde el órgano judicial toma las grandes decisiones en el país”.
María Silvia Guillen complementa: “Vía Órgano Judicial se está reformando la Constitución. Según el artículo 248 de la Constitución la única vía para modificarla es con la aprobación de reformas por una Asamblea Legislativa y su ratificación por la siguiente Asamblea. Pero ahora la Sala de lo Constitucional lo hace. Genera competencias a funcionarios que no las tienen y se las quita a otros funcionarios”.
EL TSE BAJO ASEDIO
Siendo las elecciones la forma de acceder al poder político en el país, no debe extrañar que el TSE sea un botín en disputa. Históricamente, la autoridad electoral servía para garantizar el proyecto político de la clase dominante, realizando las más burdas expresiones de fraude electoral conocidas en el continente. Al terminar la guerra, aún cuando el nuevo Tribunal Electoral mantenía un funcionamiento poco transparente y eficaz, contaba con una formalidad avanzada, que representaba un salto de calidad importante para la institucionalidad democrática del país.
Con la victoria electoral del FMLN en 2009 y su participación en mejorar la organicidad del TSE, el Tribunal comenzó a experimentar ataques cada vez más agresivos de la derecha, a través de sus gremios, de sus medios de comunicación y finalmente, de la Sala de lo Constitucional de la Corte que se estaba configurando ya, no tanto como un árbitro imparcial en esta lucha, sino como una pieza fundamental en ella.
A un año de las elecciones municipales y legislativas de 2018, y a dos años de las presidenciales, es cada vez más evidente que el TSE está bajo asedio de las fuerzas que temen que asuma integralmente la misión para la cual fue creado cuando se le logró poner punto final a la guerra.
EDUCADORA POPULAR. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN EL SALVADOR.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica