Nicaragua
El país está en “modo apuesta”
A finales de diciembre de 2017
Washington dijo de las elecciones municipales de noviembre
que habían estado “manchadas” por irregularidades y violencia.
Después sancionó con la Ley Global Magnitsky
nada menos que al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas.
Y después, senadores republicanos y demócratas
introdujeron la Nica Act al Senado para su definitiva aprobación.
Todo sucedió en apenas 72 horas, en tres días seguidos,
Desde entonces, ya más clara cuál es la apuesta de Washington,
gobierno y empresarios, aliados en el modelo corporativo,
se mantienen en “modo apuesta”.
Equipo Envío
Las relaciones del gobierno de Daniel Ortega con el gobierno de Estados Unidos no habían alcanzado en once años niveles de tanta tensión. Y la alianza Ortega-COSEP no había estado nunca tan en vilo como ahora. Y como ni el gobierno ni la alianza están apuntalados ya por la generosa cooperación venezolana, todo se torna más complejo. A punto de terminar 2017, un balde de agua fría cayó sobre quienes desde el poder gubernamental y empresarial se pasaron todo el año insistiendo en que la crisis con Washington era “administrable”. Ya no lo dicen, sólo lo desean. Y más que en modo acción se mantienen en modo apuesta.
PDVSA: WARNING
El gobierno de Nicaragua está cada vez más aislado. La profundización de la crisis política y económica venezolana sigue repercutiendo directamente en nuestro país. Ya no recibe Nicaragua de Caracas petróleo ni en las mismas cantidades ni a precios concesionales. Y las sanciones estadounidenses contra la estatal petrolera PDVSA por fraude y lavado de dinero han afectado todos los negocios de Albanisa (ALBA de Nicaragua S.A).
En septiembre de 2017 el gobierno de Estados Unidos advirtió a los bancos nicaragüenses que si tenían relaciones financieras con Albanisa podrían ser también sancionados. Desde entonces, todo el dinero de los negocios del consorcio Albanisa que estaba depositado en tres bancos del país pasó a las arcas del Banco Corporativo (BANCORP), también propiedad de Albanisa hasta la advertencia de Estados Unidos, cuando el gobierno cambió aceleradamente la composición de su consejo directivo para desvincularlo del consorcio. Según datos oficiales, en el año 2017 los depósitos en este banco se incrementaron en un 236.5% y en diciembre de 2017 ingresaron a sus arcas casi medio millón de dólares diarios, incluidos los días de fiesta.
GOOD BYE, VENEZUELA
Además de los problemas financieros derivados del temor a las sanciones, también se han visto afectadas las exportaciones que grandes y medianos empresarios nicaragüenses hacían a Venezuela (carne, lácteos, café, tabaco…) Desde 2007, cuando iniciaron mayores relaciones comerciales con Caracas, y porque Nicaragua iba a pagar parte del petróleo con productos, el gobierno determinó que todo lo que se exportara a Caracas se hiciera a través de la empresa Albalinisa (ALBA Alimentos), uno de los muchos negocios que coordina Albanisa, cuyo vicepresidente es Francisco López, también tesorero del partido de gobierno.
De convertirse Venezuela en el segundo mercado para las exportaciones nicaragüenses (en 2012 fue el año récord con 437 millones de dólares exportados), desde octubre de 2017 las exportaciones disminuyeron y hoy están en cero. Ningún empresario nica quiere correr el riesgo de aparecer vinculado a la sancionada PDVSA.
Casi roto el cordón umbilical con Venezuela, una de las apuestas del gobierno de Nicaragua parece ser Rusia. Este mes el embajador nicaragüense en Rusia propuso al gobierno de Putin instalar en Nicaragua sucursales de bancos rusos que permitan al país “huir del dólar y de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT en inglés)” para así eludir las sanciones que afectarían a la banca nacional, toda con corresponsalía con bancos estadounidenses. Extender la circulación de rublos y de productos rusos en Nicaragua y en Centroamérica es uno de los señuelos con que Nicaragua presentó la propuesta en un evento económico en Moscú.
¿Revela la propuesta el grado de desconcierto que hay en el gobierno ante el asedio de Washington? Para un sector empresarial, como el que representa el ex-presidente del Banco Central y ex-Ministro de Hacienda, Mario Arana, no se trata de “huir del dólar”, sino de mejorar la institucionalidad democrática del país.
LA APUESTA DE WASHINGTON
Washington tiene desde hace ya un tiempo al gobierno de Nicaragua en la mira por su obvio déficit democrático (fraudes electorales y total control de Ortega de las instituciones, incluidas las militares). En la mira está también el país por las estrechas relaciones de Ortega con la Rusia de Putin.
En 2017 ya se vieron las primeras señales de “hostilidad”. En mayo, Trump propuso reducir en un 98% el programa de ayuda a Nicaragua, que pasaría de 10 millones de dólares a 200 mil. En noviembre, Trump canceló el TPS (Estatus de Protección Temporal) para unos 5 mil nicaragüenses que salieron del país y se acogieron a ese beneficio migratorio después del devastador huracán Mitch.
Para sancionar la falta de democracia y las relaciones con Rusia la apuesta de Washington es erosionar a Ortega y, como vía para lograrlo, fracturar su alianza con la élite empresarial del país, su principal soporte al faltar Venezuela. Trabajan en eso tanto el Ejecutivo como el Congreso, en consenso republicanos y demócratas de la Cámara y del Senado.
Esa apuesta se combina, aunque no lo parezca, con la del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien apuesta a que Ortega termine aceptando una transformación profunda del sistema electoral nicaragüense. La reforma electoral es el pivote central por el que iniciaría cualquier cambio que se logre o se fuerce en Nicaragua, sea quien sea quien lo logre.
Washington y la OEA apuntan a cambiar sustancialmente el deteriorado sistema electoral para que cambie el modelo político en el país. Según la OEA, en 2021, cuando se realizarán nuevas elecciones presidenciales. Aunque los objetivos coinciden, Washington parece tener más firmeza y más prisa, mientras Almagro se muestra complaciente y mantiene el plazo de los tres años.
LA APUESTA DE ALMAGRO
El 20 de diciembre Wilfredo Penco, quien presidió la misión de observadores de la OEA en las elecciones municipales del 5 de noviembre, presentó en Washington, ante el Consejo Permanente de la OEA, el informe final sobre los comicios.
Aunque la misión de la OEA recibió más de 200 denuncias, aunque recibió pruebas del fraude en varios municipios, aunque hubo violencia antes, durante y después de las votaciones en distintos puntos del país con un saldo de siete muertos sin que ningún responsable haya sido sancionado, aunque la abstención en los municipios más poblados del país fue evidente, aunque hubo municipios opositores militarizados antes, durante y después de las votaciones, y aunque el aparato electoral bajo control de Ortega explica muchos de los resultados favorables al FSLN, el informe leído en Washington no se refirió a esos problemas o los minimizó, concluyendo que en los comicios “no se alteró la voluntad popular”.
El informe preliminar que había emitido la OEA en Managua 48 horas después de las votaciones, y el informe final, hecho público mes y medio después, en el que a pesar de todos los vacíos no dejó de señalar Penco la necesidad de una “reforma integral” del sistema electoral nicaragüense, ratificaron que en la crisis nacional Almagro y la OEA apuestan a un plazo más largo que el que tiene Washington en sus planes.
Apuesta también Almagro a evitar en el camino hacia el objetivo de la “reforma integral” del sistema electoral, cualquier roce con Ortega. Antes de la lectura del informe final, reconoció implícitamente que consultó previamente con el gobierno de Ortega sus contenidos. Y una vez presentado el informe, escribió en su cuenta de Twitter que con ese informe se había cerrado de forma “positiva” la “primera etapa” de sus acuerdos con el gobierno de Nicaragua.
También anunció que al frente de la siguiente etapa de los acuerdos, de la que debe surgir un sistema electoral transformado, estará también el uruguayo Wilfredo Penco, muy cuestionado en Nicaragua por haber avalado las elecciones fraudulentas de 2008, 2011 y 2016 como integrante del grupo de “expertos electorales” que Ortega invitó para que bendijeran esos comicios. Almagro ha defendido a Penco diciendo incluso que “ponía las manos en el fuego” por él.
“FUE UN PROCESO VICIADO”
En Nicaragua, críticos de la posición de Almagro señalaron que, con ese informe Ortega seguía ganando tiempo y la OEA seguía perdiendo credibilidad. Otros se centraron en el contraste entre la firme actitud de Almagro ante el fraude electoral en Honduras reclamando nuevas elecciones y su tolerancia en el caso de Nicaragua.
Se oyeron también otras voces, que se cuidaron de criticar a Almagro y a la OEA, confiando en que su apuesta de más largo plazo logre una reforma “comprehensiva” del sistema electoral.
El consorcio Panorama Electoral, en el que participa Ética y Transparencia, concluyó su informe final afirmando que las votaciones del 5 de noviembre fueron “el quinto proceso consecutivo con tintes de fraude y farsa”. Unos días después, Gerardo Baltodano, presidente de FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), hablando a nombre de la institución empresarial, dijo: “El proceso de estas elecciones estuvo viciado. Las medidas positivas imple¬mentadas unos días antes de la votación no pudieron reparar el daño ya hecho”.
Ese daño no es otro que la falta de independencia y de profesionalismo con el que durante una década ha funcionado el sistema electoral de Nicaragua hasta convertirse en una institución corrupta e ineficiente.
DICIEMBRE 2017: INICIA EL ASEDIO
Una voz crítica, aún no altisonante, tomó distancia el 20 de diciembre del informe de la OEA en Washington. Kevin Sullivan, representante interino de Estados Unidos en el Consejo Permanente, señaló que las irregularidades cometidas en el proceso y la violencia política que lo acompañó habían “manchado” las elecciones nicaragüenses del 5 de noviembre. También criticó que, en respuesta a los hechos de violencia, las autoridades habían actuado solamente contra “los seguidores de los partidos de oposición”. Ante las críticas, el Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, presente en la sesión, guardó silencio.
Al día siguiente, el Departamento de Estado de Estados Unidos pasó de la crítica mesurada a la contundencia: el Presidente Trump emitió un decreto ejecutivo incluyendo al magistrado presidente del Poder Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, en la lista de personas sancionadas por la Ley Global Magnitsky, legislación con la que Washington sanciona desde 2016 a personas de cualquier país del mundo a las que ha investigado y considera responsables de graves actos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos.
Nunca un nicaragüense había aparecido en la lista de la Ley Magnitsky, en la que estaban, hasta entrar Rivas, 40 funcionarios rusos -fue sólo a funcionarios rusos a los que Estados Unidos aplicaba la ley hasta 2016- y 12 funcionarios venezolanos. Mes y medio después de conocer la medida, el gobierno de Nicaragua guardaba silencio.
¿HAY PRISA EN WASHINGTON?
De listas de funcionarios nicaragüenses sancionables por Estados Unidos se venía hablando desde hacía varios meses porque la Ley Nica (Nica Act) establece que, al aprobarla definitivamente el Congreso y ser ratificada por el Presidente, el Departamento de Estado tiene 60 días para publicar una lista de nicaragüenses a quienes ha comprobado corrupción, lavado de dinero y violación de derechos humanos.
Pero parece que en Washington hay prisa para resolver la crisis de Nicaragua. El 1 de diciembre de 2017 diez congresistas, seis representantes y cuatro senadores, demócratas y republicanos, habían enviado una carta al Presidente Trump solicitándole que se investigara a Roberto Rivas y a Francisco López, vicepresidente de Albanisa, presidente también de Petronic, la empresa estatal de petróleos de Nicaragua, y recién nombrado en 2017 también presidente de la nueva empresa estatal de minas, Eniminas.
La Casa Blanca acogió la petición e incluyó a Rivas en las sanciones de la Ley Magnitsky. No esperó la aprobación por el Congreso de la Nica Act y usó otra legislación, que permite un proceso más expedito. Las sanciones y sus consecuencias, sea por una ley o por la otra, son similares. El sancionado pasa inmediatamente a la “lista negra” de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
EL PRIMERO DE LA LISTA
A Roberto Rivas, uno de los funcionarios públicos más conocidos y menos respetados en el país, no sólo por estar al frente de un sistema electoral responsable de una cadena de fraudes, sino aún más por su ostentosa vida privada, que nunca ha tenido pudor en ocultar y que se conoce es producto de una cadena de escándalos de corrupción nunca investigados, se le prohíbe, por la sanción, el acceso al sistema financiero estadounidense, y por consiguiente, a todos los bancos que tienen corresponsalía con la banca de Estados Unidos, todos los establecidos en Nicaragua y prácticamente los de medio mundo. Se le congelan también todos sus bienes en territorio de Estados Unidos, a donde no podrá ingresar.
Las sanciones alcanzan también a sus familiares más cercanos y testaferros. Rivas es hijo de la asistente del cardenal Miguel Obando, ha sido públicamente protegido por el alto jerarca católico y es hermano del embajador de Nicaragua en Costa Rica, país en donde tiene, entre otros bienes, cuentas bancarias y tres mansiones lujosas. En enero, la Fiscalía costarricense, informada por el gobierno de Estados Unidos de la sanción a Rivas, abrió de oficio una causa penal contra él por presunción de haber cometido el delito de “legitimación de capitales” -equivalente a “lavado de dinero”- en territorio de aquel país.
Las sanciones convierten al millonario y hasta ahora todopoderoso Rivas, en un paria financiero a nivel internacional, sin relaciones bancarias, sin tarjetas de crédito, sin acceso a seguros, con dificultad para atravesar fronteras... Una severa humillación. Y por el cargo de magistrado electoral que ha tenido durante 22 años consecutivos, 17 de ellos al frente del Poder Electoral, uno de los cuatro poderes del Estado, su sanción representa también un duro golpe moral para el gobierno de Ortega. Y un aviso.
“FUE UN ARREBATO IMPERIAL”
Después de ser sancionado, Rivas, 63 años, desapareció del escenario público y no hizo presencia en ninguna de las tomas de posesión de los nuevos alcaldes electos en noviembre.
El Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo no dijeron ni una palabra sobre él y sobre lo ocurrido, durante las primeras cinco semanas de conocida la sanción, señal para unos de cautela y para otros de la dificultad en encontrar la mejor salida sin provocar una crisis mayor que la que ya la sanción a Rivas ha provocado en el círculo del poder.
La primera reacción de Ortega se conoció el 27 de enero, cuando decidió cesar en sus funciones de embajador en Costa Rica a Harold Rivas, hermano del sancionado y a su esposa, quien ostentaba el cargo de cónsul en ese país. Harold Rivas tenía ese cargo desde que Daniel Ortega llegó al gobierno en 2007.
Ni funcionarios ni diputados del partido de gobierno quisieron hablar de nada relacionado con este caso. El único en hablar fue el comandante Bayardo Arce, hoy asesor para asuntos económicos del Presidente Ortega. Arce calificó la sanción de “arrebato imperial” y cuestionó a los periodistas que le preguntaban sobre los actos de corrupción de Rivas.
A pesar de que le correspondería a las instituciones nicaragüenses iniciar alguna investigación, ninguna ni siquiera externó opinión. Únicamente Luis Ángel Monte¬negro, ante la insistencia de un periodista, dijo que la Contraloría que él preside no investigaría porque no le corresponde a él “andar especulando” sobre la inexplicable fortuna de Rivas.
Las redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Managua publicaron una nota en la que decían que Washington había sancionado a Rivas considerando que “era responsable o cómplice de ordenar, controlar o dirigir actos de corrupción significativos”.
Del lado empresarial, el presidente del COSEP sugirió una única vez y escuetamente que Rivas debería renunciar. Algunos empresarios apoyaron su sugerencia. Pero en general la élite empresarial ha tratado de hacer creer que la sanción a Rivas no afectará la economía nicaragüense o no lo hará de manera significativa, considerándola tan sólo un “ruido político” y subestimándola por tratarse de una sanción a una persona y no al país.
LA NICA ACT ENTRA AL SENADO
Los “tres días que conmovieron a Nicaragua” en diciembre no concluyeron con la sanción a Rivas, aun cuando el día 21 fue la jornada del sismo mayor. El día 22 la Nica Act, en una nueva versión, fue introducida al Senado de Estados Unidos para su debate y aprobación. Ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes en octubre de 2017.
Lo novedoso es el respaldo bipartidista con el que entró a la Cámara alta. “El bipartidismo es algo inusual en la era Trump y demuestra la fuerza con la que cuenta ahora la Nica Act”, dice el ex-embajador en Estados Unidos Francisco Aguirre Sacasa.
Entre los tres senadores demócratas que la respaldan destaca el prestigioso y progresista Patrick Leahy, el de más alto rango en el Comité de Justicia y en el de Relaciones Exteriores del Senado. Leahy fue un activo defensor de la Revolución nicaragüense cuando era asediada y atacada en los años 80 por el Presidente Reagan y ha sido también activo en la defensa de otras causas justas en el continente y en el mundo.
“LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD TIENEN UN PRECIO”
Significativas fueron también las palabras de Leahy al presentar la Nica Act al Senado, al señalar que la intención de esta ley es “enviar un mensaje al gobierno nicaragüense y a la comunidad empresarial nicaragüense. El mensaje es que la corrupción y la impunidad tienen un precio”. Por primera vez se incluía al gremio empresarial, y no sólo a los funcionarios públicos, entre los sancionables por la Nica Act.
También es novedad que el proyecto de ley que llega al Senado establece que, una vez aprobado, el Departamento de Estado debe elaborar un informe sobre “el nivel de cooperación que existe entre el gobierno de Nicaragua, sus fuerzas armadas y de seguridad con los gobiernos de Rusia y Venezuela”. Esto no aparecía en la versión de la ley que aprobó la Cámara de Representantes en octubre de 2017.
Ante esta cascada de señales de Washington la reacción del gobierno no ha sido otra que el silencio. ¿Desconcierto? Tal vez porque lleva muchos años Ortega sin cercanas y confiables voces de funcionarios que, buenos conocedores de la política estadounidense, le aconsejen adecuadamente. ¿Cautela a dar un paso en falso ante Washington, ante las bases de su partido, ante su círculo interno…?
Tal vez, sin el apoyo y el asesoramiento de un experto confiable valore hoy Ortega que hizo un mal cálculo cuando, al concluir las votaciones de noviembre y prometer que reformaría el sistema electoral, no tomó como una primera medida, aunque fuera sólo cosmética, el apartar a Roberto Rivas de la dirección del Poder Electoral. ¿Esa operación de maquillaje tal vez hubiera al menos retrasado la aplicación de la Magnitsky...?
NERVIOSOS Y PREOCUPADOS
Tampoco la comunidad empresarial aliada de Ortega parece saber cómo responder a lo ocurrido. Más claros que nunca los empresarios de que Washington parece decidido a acorralar a Ortega, temen que en la lista de sancionables aparezcan más nombres. Si eso sucediera y si sucediera en poco tiempo, el escenario sería cada vez más inestable y la afectación a la economía sería cada vez mayor.
Los grandes empresarios aliados del gobierno continúan cabildeando en Washington presentando a los congresistas una “narrativa” positiva: Nicaragua mantiene un modelo de estrecha alianza entre gobierno y empresa privada y eso lo ha hecho un país estable, con una economía en crecimiento. Desestabilizar el país sólo perjudicaría los logros económicos y promovería más emigración.
Aunque cabildean y aparentan tranquilidad, los empresarios están nerviosos. FUNIDES lo demuestra con las encuestas que sistemáticamente realiza entre ellos. La valoración que hacen los grandes empresarios aliados de Ortega del “clima político para la inversión” ha venido disminuyendo en los dos últimos años mostrando en la última encuesta una caída en picado.
Su apuesta es que Washington tardará en incluir a alguno de ellos en alguna lista. Sienten que Washington quiere de ellos que tomen distancia de Ortega y de los sancionables de su grupo. Pero no les resulta fácil tomar esa distancia. Hay muchos intereses en juego, hay temor, llevan demasiado tiempo gozando de privilegios fiscales, aduaneros y de otro tipo, han sido tenidos en cuenta en la aprobación del 38% de las leyes que se han aprobado en el país en estos últimos diez años… y no ven en el corto plazo una alternativa clara si decidieran tomar la distancia que les piden desde el Norte.
LA APUESTA EMPRESARIAL
Sintiéndose más a salvo de las listas de los sancionables que los funcionarios públicos, la apuesta empresarial en el corto plazo es convertirse en los interlocutores políticos que escuche Washington... y en los que escuche Ortega hasta arrancarle algunas concesiones.
Todos ellos saben que a largo plazo les conviene un modelo económico con una competencia menos desleal, como la que durante estos años les ha impuesto el grupo en el poder en sectores claves de la economía como el de la energía, y como pretende imponerles en el de las telecomunicaciones.
También sabe la élite empresarial que le conviene un modelo político con más competencia, con posibilidades reales de que acceda al gobierno otro grupo que no sea el de Ortega. Para ellos el embrión de ese otro grupo es el nuevo partido Ciudadanos por la Libertad, que participó en las elecciones municipales, aunque con muy limitados resultados, entre otras razones por las maniobras fraudulentas del sistema electoral.
TOMAR DISTANCIA: EL DESAFÍO EMPRESARIAL
La élite empresarial aspira a ser interlocutor clave en la discusión sobre la reforma del sistema electoral, primer paso por donde debe empezar cualquier cambio positivo en la situación nacional.
Lograr ese protagonismo, tanto en Washington como en Managua, es la apuesta. Varios empresarios han declarado que, además de invertir en firmas de cabildeo en Washington para evitar la Nica Act, confían en tener éxito en esa tarea. Sin embargo, por el curso de los acontecimientos para lograr que los escuchen allá deben demostrar primero que los escuchan aquí.
Cómo conseguir unidad y éxito con esa apuesta no resulta sencillo. Las elecciones, el 30 de enero, de la directiva de AMCHAM (Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense) lo demostraron. Por un lado estaba la plancha de los grupos empresariales nacionales agremiados en el COSEP, más cercanos a Ortega, y por el otro la de quienes representan a las empresas estadounidenses en Nicaragua.
El triunfo de éstos, dando la dirección de la Cámara a Nelly Rivas, representante de la poderosa firma Cargill, una de las empresas con mayor inversión en Nicaragua, augura un nuevo equilibrio de fuerzas en AMCHAM, basado en la realidad: los inversionistas de Estados Unidos en Nicaragua pueden tener posiciones más libres que los nacionales ante la crisis nacional y pueden tomar más distancia del gobierno de Ortega.
LA APUESTA DE ORTEGA
El “modo apuesta” en que está funcionando el Presidente Ortega es riesgoso. Es probable que esté ya tanteando alguna salida que complazca a Washington y frene el asedio. Pero, ¿cuál...? Evitar de raíz la crisis sería aceptar una verdadera reforma del sistema electoral que condujera a unas elecciones competitivas y transparentes, en las que podría ganar…o perder. Unos comicios así darían un giro de 180 grados a la crisis nacional. ¿Es posible que Ortega se arriesgue a esa eventualidad?
Mientras se aclara si cede o concede, hasta saber qué cede o qué no cede, cuándo lo hace y cómo lo presenta para convencer, tanto a Washington como a los suyos, Ortega parece también restar importancia a lo que sucede.
Tal vez apuesta a la insignificancia de Nicaragua y considera que las sanciones políticas y económicas de Estados Unidos van a tener poco efecto en el clima de inversiones. Confía en que las ventajas de invertir en Nicaragua, por el bajo costo de la mano de obra y de la tierra, así como por la mayor seguridad ciudadana comparada con la inseguridad y violencia que hay en el resto de Centroamérica, compensan todavía con creces el aumento del riesgo político en el que hoy está. Y por eso, estaría dispuesto a seguirlo corriendo.
UN DIFÍCIL 2018
Aunque la apuesta de Ortega estuviera basada en un análisis correcto, y más allá de las medidas y sanciones implementadas hasta ahora, lo cierto es que con lo que ya ha ocurrido Nicaragua no podrá evitar una disminución del crecimiento económico por los efectos negativos del cese de los flujos de la cooperación venezolana y la reducción del gasto del gobierno.
El Banco Central de Nicaragua ya incorpora en sus proyecciones un crecimiento económico más bajo que el de 2017. También lo ha hecho así el Fondo Monetario. Eso significa que en este 2018 veremos aumentar el desempleo y reducirse los ingresos del extenso sector informal, en el que sobreviven 8 de cada 10 nicaragüenses. Aunque el deterioro de la economía aumentará el descontento popular, el cálculo del gobierno es que podrá mediatizarlo con sus programas sociales.
SI SE ESTRECHA EL CERCO...
Si Washington decide nuevas medidas, bien sea la aprobación definitiva de la Nica Act o la aplicación de la Magnitsky Act a más funcionarios públicos, para así estrechar el cerco al grupo de Ortega, eso podría provocar una caída significativa de la inversión privada nacional y extranjera, y la repatriación y fuga de capitales hacia el exterior. También se reduciría el flujo de capital de las instituciones multilaterales.
El crecimiento económico se estancaría y el gobierno se vería obligado a emprender un drástico ajuste fiscal que tendría un alto costo social. El descontento popular sería entonces más difícilmente mediatizado por los programas del gobierno y el control social que hoy vemos pasaría a ser una represión abierta, no sólo en zonas rurales, como ya viene ocurriendo, sino también en zonas urbanas. En este escenario, quizás la “revolución” tendría que “radicalizarse” para mantenerse en el poder, lo que sería la peor pesadilla para el sector empresarial.
EL PRIMER PASO: LA REFORMA ELECTORAL
Todos los apostadores del país, Washington, Ortega y sus aliados, saben que el primer paso para resolver la crisis nicaragüense es una reforma del sistema electoral. Qué nivel de profundidad tenga esa reforma divide a los apostadores.
Tres días después de las votaciones de noviembre, Ortega, sabedor de la necesidad de dar ese primer paso, se apresuró a declarar: “Cuando ya nos aproximemos a una próxima elección, las próximas serán las de las autoridades regionales en el Caribe Norte y en el Caribe Sur (noviembre 2018), tendremos un sistema electoral mejorado, más perfeccionado, más fuerte y seguro… Vamos a ir mejorando, a ir perfeccionando el sistema de acuerdo a nuestras posibilidades”, refiriéndose así a la necesidad de recursos económicos para dar los pasos para esa mejoría. Pero, las decisiones de Washington después de escuchar estas palabras, indican que en el Norte apuestan a otros “recursos”.
Daniel Ortega apuesta por una reforma cosmética. Washington y los empresarios quieren algo más. La apuesta de la verdadera oposición de Nicaragua es una reforma profunda: elecciones competitivas y transparentes que permitan saber cuál es la voluntad popular.
ESTAMOS SÓLO EN EL COMIENZO
Todo es incierto. Habrá más certezas en el “largo” plazo de 2021, que es el plazo que se fijó la OEA. ¿O las habrá ya en el corto plazo de este año 2018? ¿O en el cortísimo de los próximos meses? Cómo evolucione la crisis venezolana puede acelerar cualquier plazo.
Ninguna síntesis mejor del incierto momento que vive el país que la expresada por el ex-embajador de Nicaragua en España, Bosco Matamoros, después de los acontecimientos de las vísperas navideñas: “Estamos en el comienzo de un proceso, en el que el horizonte es indefinido y también lo es la duración. ¿A quiénes va a alcanzar este proceso? ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos”.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica