Internacional
¿Por qué seguirá ardiendo la Amazonía?
En plena cruzada para aumentar su frontera agrícola y minera,
Brasil ha ardido con más de mil incendios por día.
Al fuerte aumento de la deforestación
en lo que va de su mandato, el Presidente Jair Bolsonaro
respondió echando al director del organismo que alertó de la situación.
Su política ambiental genera resistencias incluso en la bancada ruralista
y dificulta las relaciones diplomáticas brasileñas,
Marcelo Aguilar
El cielo de São Paulo se oscureció de repente, y las 3 de la tarde parecieron las 3 de la madrugada. A miles de kilómetros de la metrópolis paulista, vastas extensiones de la selva amazónica ardían desde hacía más de diez días. Y siguieron ardiendo.
UNA MEZCLA DE IGNORANCIA E INTERESES
La señal de ese 19 de agosto de 2019 fue clara: la destrucción de la Amazonía nos afecta a todos. La cantidad de “queimadas”, las quemas de extensiones de selva para convertirlas en áreas de cultivo o de ganadería, es la mayor registrada por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués). En agosto y hasta el 20 de agosto se constataron 23 mil focos de incendio en la Amazonía, más de mil por día. Desde enero, fueron más de 53 mil. La cantidad de incendios y la llegada de un frente frío y seco sería la causa del desplazamiento de las cenizas hasta São Paulo.
En el norte, en el estado de Pará, fueron estancieros quienes promovieron el “Día del fuego” el sábado 10 de agosto. Uno de los organizadores dijo al diario local Folha do Progresso que la idea era “mostrarle al Presidente Bolsonaro que queremos trabajar y la única forma es desmontando la selva. Y para limpiar nuestras pasturas es necesario el fuego”. Según el INPE, en la región los focos de fuego aumentaron 300% en relación al día anterior.
Jair Bolsonaro ignoró esta iniciativa y levantó la sospecha de que podían ser incendios criminales promovidos por “oenegeros”, en respuesta a los recortes hechos por el gobierno a los fondos de preservación de la Amazonía. Marina Silva, ex-Ministra de Medio Ambiente y candidata a la Presidencia en la última elección por el partido Rede, escribió: “La Amazonía está siendo quemada por una mezcla de ignorancia e intereses truculentos. El gobierno está inaugurando un tiempo de delincuencia libre, en el que se puede agredir a la Naturaleza y a las comunidades sin temor de castigo”. Quizás ahí esté el punto central. Los efectos de estas “queimadas” pueden ser gravísimos y su alcance todavía incierto. Pero más grave aún es el contexto en el que se encuadran.
“LOS SATÉLITES NO MIENTEN”
La reciente divulgación por el INPE de datos sobre la deforestación de la Amazonía puso el tema en el centro de la discusión pública brasileña y generó polémica a nivel internacional.
El INPE ya había señalado un importante aumento del desmonte en junio de 2019, un 88% mayor con relación al mismo mes del año 2018. Los datos fueron recogidos por el sistema satelital Deter, que rastrea el desmonte en tiempo real y genera alertas para colaborar con los organismos de fiscalización.
Las reacciones del gobierno no se hicieron espe¬rar y, en vez de hablar de la fiebre, el presidente destruyó el termómetro. El 19 de julio, Bolsonaro atacó los datos publicados por el INPE y dijo que su presidente, Ricardo Galvão, “podría estar al servicio de alguna ONG”. Galvão respondió al día siguiente afirmando que Bolsonaro no podía actuar “como si estuviera en una conversación de bar” y agregó que lo di¬cho por el Presidente eran “comentarios impropios y sin ningún fundamento, ataques inaceptables no solamente contra mí, sino contra las personas que trabajan por la ciencia en este país”.
Aunque Galvão afirmó que no renunciaría, su situación se volvió insostenible y el 2 de agosto fue destituido. Nuevos datos divulgados el día 6 de agosto mostraron un aumento de la deforestación ocurrida en julio: 278% mayor en relación a la de julio de 2018. En total, el aumento en los últimos doce me¬ses había sido del 40% respecto a los 12 meses previos. Esa tendencia seguramente se confirmará en octubre con los datos que se emiten anualmente.
Carlos Nobre, doctor en Meteorología por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), que trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía y se desempeñó como investigador del INPE durante 35 años, dijo a Brecha de Montevideo que la destitución de Galvão, “un científico renombrado, que es uno de los mejores gestores de instituciones científicas que Brasil ha producido en las últimas décadas, es una pésima señal y transmite una inseguridad muy grande sobre el papel de las instituciones públicas de Ciencia”.
Nobre entiende que el mensaje es “anacrónico” cuando “las instituciones no sirven a la sociedad, sino al gobierno, y si el gobierno está insatisfecho con un dato que las instituciones difunden como parte de su misión, se las obliga a alinearse en una posición política de sólo divulgar lo bueno”.
Sin embargo, advirtió que “los satélites no mienten”. Por eso, Nobre afirmó que la estrategia de atacar al mensajero es de tiro corto: “Existen numerosos sistemas de monitoreo de al¬ta calidad en varias partes del mundo, que miden lo que acontece con la vegetación en todo el planeta, principalmente en las selvas tropicales. No tendría ningún sentido intentar esconder lo que pasa en la Amazonía o enojarse por la divulgación de lo que está ocurriendo. Esa política no lleva a ningún lado”.
“LOS INDIOS AMENAZAN LA PRODUCCIÓN”
La línea del nuevo gobierno de Jair Bolsonaro en política ambiental ya había quedado clarísima en diciembre de 2018 con la elección del Ministro que se encargaría de implementarla.
Ricardo Salles es un cuadro de la derecha reaccionaria, ligado fuertemente a los ruralistas. Actualmente miembro del partido Novo, y fundador del movimiento conservador Endireita Brasil, repartió durante su campaña un panfleto con un paquete de balas en el centro y alrededor quiénes eran sus destinatarios: “Contra la plaga del jabalí”, “Contra la izquierda y el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra)”, “Contra el robo de tractores, ganado e insumos”, “Contra los bandidos en el campo”.
Impulsor de una línea dura en la defensa de la propiedad privada, en una entrevista publicada en su cuenta de Youtube citada por el portal Nexo, manifestó: “Tenemos que garantizar un ambiente seguro, estable y previsible para que la producción rural pueda ir hacia adelante”. Léase: para aumentar su área de expansión, o sea, para aumentar el desmonte, la deforestación.
En esa misma entrevista, Salles se quejaba de “esas invasiones, esas cosas del MST, de los quilombolas y de los indios que amenazan la propiedad productiva. Eso es un gran atraso, y precisamos defender al productor para que trabaje en paz. El productor rural siempre fue cuidadoso, consciente de sus deberes, y ahora es amenazado todos los días a causa de esa falta de seguridad jurídica y del exceso de Estado”. En la disminución del papel del Estado, precisamente, está enfocado el gobierno de Bolsonaro.
Para Telma Monteiro, pedagoga brasileña que se dedica desde hace años a la investigación de las políticas ambientales y los procesos de licitación de grandes obras en la Amazonía, ésa es la cruzada del ministro elegido por Bolsonaro: “Está ahí con un papel muy específico: acabar con las leyes ambientales y desmontar la estructura de gobernanza ambiental que se ha construido en el país a lo largo de los años”.
De acuerdo con Monteiro, estas estructuras no siempre funcionan para el bien del medioambiente, pero al menos permiten que exista un cierto contrapeso de la sociedad civil. Cree que el objetivo del gobierno es abrirle paso a los monocultivos y acabar con ese contrapeso.
De ahí el discurso tan radical contra las ONG: “El agronegocio precisa expandirse, y esa expansión solamente se puede dar en regiones que todavía no fueron deforestadas. Para eso está Salles, para trabajar desde adentro a favor de los ruralistas y contra la preservación ambiental”.
“CAMINAMOS HACIA EL CAOS”
Monteiro afirmó a Brecha que Salles “no está informado, no conoce la Amazonía ni sus problemas, ni a las poblaciones indígenas, no sabe para dónde ni cómo corren los ríos, ni qué es lo que pasa en el suelo de la selva”. Para ella, la situación actual de deforestación puede alcanzar niveles mucho más dramáticos, porque “si se atacan las estructuras que frenan el desmonte, caminamos hacia el caos total”.
Ni siquiera dentro de los sectores ruralistas hay consenso sobre esta cruzada antiambiental. Katia Abreu, una de las más radicales defensoras del agronegocio, Ministra de Agricultura del gobierno de Dilma Rousseff entre enero de 2015 y mayo de 2016, y actualmente líder de la bancada ruralista en el Senado, dijo en una entrevista a O Estado de São Paulo del lunes 13 de agosto: “Los agricultores que están alegres hoy van a llorar mañana”.
Abreu, que fue una de las voces más expresivas del antiambientalismo, cree que Bolsonaro está “transfiriendo toda su visión reaccionaria al agro” y que ese discurso, además de “alimentar el desmonte puede cerrarle mercados a los productos brasileños”. La senadora incluso defendió el trabajo de muchas ONG y lo calificó como “serio”, a contramano del gobierno. El propio Blairo Maggi, ex-Ministro de Agricultura del Presidente Temer y uno de los pesos pesados del agronegocio, manifestó a Valor Económico que el discurso “agresivo” de Bolsonaro genera “confusión” y puede llevar al sector al “punto cero”, poniendo en peligro el acuerdo comercial de Brasil con la Unión Europea.
IMPUNIDAD: MÁS DESMONTE, MÁS VIOLENCIA
A comienzos de mayo, y en un hecho inédito, los ocho ex-Ministros brasileños de Medio Ambiente que están vivos se reunieron y lanzaron una carta denunciando que “la gobernanza socioambiental en Brasil está siendo desmontada, en afrenta a la Constitución”. Afirmaron que “en las últimas tres décadas, la sociedad brasileña fue capaz en sucesivos gobiernos de diseñar un conjunto de leyes e instituciones aptas para enfrentar los desafíos de la agenda ambiental del país”, pero actualmente se asiste a “una serie de acciones sin precedentes, que vacían la capacidad de formulación e implementación de políticas públicas por parte del Ministerio de Medio Ambiente”.
También cuestionaron “el discurso contra los órganos de control ambiental, en especial el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) y el ICMBIO (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad) y los cuestionamientos a los datos de monitoreo del INPE”. Se suman -dijeron- a una crítica situación presupuestal y de personal de estos órganos y todo esto refuerza “la sensación de impunidad, que es la señal para más desmonte y más violencia”.
“ES UNA CAMPAÑA DE LAS ONG”
En su respuesta, Salles recayó en los mismos clichés que acostumbra el Presidente Bolsonaro. Y escribió: “Lo que viene perjudicando la imagen de Brasil es la permanente y bien orquestada campaña de difamación promovida por ONG y supuestos especialistas, hacia dentro y hacia fuera del país, ya sea por prejuicios ideológicos o por una innegable contrariedad con las medidas de moralización contra la farra de los convenios, los eternos estudios, los recursos transferidos, los patrocinios, los viajes, los seminarios y las charlas”.
El ministro Salles, al igual que Bolsonaro, sostiene que existe un componente ideológico que vicia el accionar, tanto de los órganos estatales de control ambiental como del Fondo Amazonía (FA), un mecanismo creado en 2008, durante la presidencia de Lula da Silva, para captar recursos de Estados extranjeros y de empresas con el objetivo de financiar proyectos de “preservación ambiental” y de “desarrollo sustentable en la Amazonía”.
En una conferencia de prensa en São Paulo, en mayo de este año, Salles dijo que habían encontrado “irregularidades en el cien por ciento de los contratos del FA con ONG” y cuestionó los resultados de los proyectos financiados y la gestión de sus recursos (más de 840 millones de dólares). Sin embargo, en una relatoría citada por O Globo del 14 de agosto -en medio de las “queimadas”-, el Tribunal de Cuentas de la Unión -que comenzó una auditoría del Fondo a fines de 2018- elogió la transparencia en la información y la gestión de recursos del FA, contradiciendo al ministro. De todas maneras, el gobierno ya afirmó que quiere utilizar esos recursos para indemnizar a ruralistas afectados por expropiaciones de tierras para unidades de preservación ambiental.
La reacción de las embajadas de Alemania y Noruega, principales financiadoras del Fondo, fueron inmediatas. El 15 de agosto Noruega suspendió el traslado anual de recursos para el FA, equivalente a 33 millones de dólares. Siguió así los pasos de Alemania, que había hecho lo mismo días atrás. El Ministro de Clima y Medio Ambiente noruego, Ola Elvestuen, dijo que los aumentos en los índices de destrucción de la Amazonía demuestran que “el gobierno brasileño no quiere parar el desmonte”.
Guilherme Carvalho, doctor en desarrollo sustentable del trópico húmedo por la Universidad Federal de Pará y coordinador en la Amazonia de la ONG Fase, llamó la atención, en diálogo con Brecha, sobre el papel de los diferentes ni¬veles de gobierno en el debilitamiento de las políticas ambientales: “El gobierno federal es el eje propulsor, pero éste es un proyecto de todo el bloque de poder que está en control del Estado. Los gobiernos estatales y municipales también desarrollan una serie de políticas en la misma línea. Muchos alcaldes usan la revisión de los planos de directrices municipales para poder abrir más áreas para grandes empresas, e intentan que cada vez más las licitaciones sean realizadas por las intendencias y las alcaldías, donde las empresas tienen un poder de lobby todavía mayor que en instancias superiores. Si estos gobiernos pasan a tener la responsabilidad de adjudicar los proyectos en la región, gran parte de la Amazonía va a desaparecer”.
EL RASTRO DEL “CAPITÁN MOTOSIERRA”
En medio de las polémicas medioambientales, Bolsonaro ironizó diciendo que él era el “Capitán Motosierra”. Pero aunque el Presidente se los tome con poca seriedad, los efectos de su política son extremadamente graves.
En 1989, Carlos Nobre hizo la primera investigación y alertó sobre la posibilidad de que la deforestación en la Amazonía podría llevar a una “sabanización” de la región: incluso deteniendo la deforestación, la selva no volvería a ser la que era y el paisaje se convertiría en una sábana biodegradada.
Nobre dice que hoy en día se conoce mucho mejor la relación entre el desmonte, el calentamiento global y el aumento de los incendios forestales, y que al analizar estos factores, la academia llegó a la siguiente conclusión: “Si el desmonte pasa del 25% del área de la selva llegaríamos a un punto de ruptura, en el que la vegetación comenzaría a desaparecer poco a poco durante los próximos 30-40 años, y perderíamos así hasta el 60% de la selva. De hecho, la deforestación en la cuenca amazónica es ya del 15-17% y no estamos lejos de ese riesgo”.
Nobre explicó lo que está en juego y lo que se puede perder: “En primer lugar, si eliminamos la selva, la tempera¬tura aumentará entre 1 y 3 grados no solamente en la Amazonía, también en el centro del país por causa de los vientos. Estás calentando una región que ya de por sí es caliente. Eso tiene enormes perjuicios para la salud humana y para la propia agricultura de esa región, con picos de calor que disminuyen muchísimo su productividad”. Sostuvo también que “el proceso de sabanización deja un enorme lastre de extinción. Estamos hablando de que desaparecerían de la tierra decenas de miles de especies”.
Para el científico, es necesario ir en sentido contrario: “Restaurar selvas en todo el planeta, y sobre todo en los trópicos, es un mecanismo fantástico para retirar gas carbónico de la atmósfera. Necesitamos políticas de restauración forestal y cambiar el paradigma: Es necesario basar la economía en la biodiversidad, en la selva viva. Su potencial económico es muy superior al de la carne o al de la soja”.
BOLSONARO: “EL QUE MANDA SOY YO”
En un texto de 1977 llamado Brasil: tierra de los indios, el reconocido antropólogo brasileño Darcy Ribeiro escribía: “Los efectos del impacto de la civilización sobre las poblaciones indígenas son tan dramáticos y destructivos que, sin duda, las tribus indígenas de Brasil que todavía sobreviven desaparecerán si no son objeto por parte del gobierno federal de una protección específica y más eficaz que la actual. Esto significa que todavía no se interrumpió la guerra secular de diezmado y opresión: continuamos matando a nuestros indios. ¡Precisamos parar!”.
42 años después, la administración liderada por Jair Bolsonaro se empeña en atacar justamente el único punto que para Darcy Ribeiro podría garantizar la supervivencia indígena: que sean protegidos por el gobierno federal. No ha sido así. En el primer día de su mandato, Bolsonaro transfirió la responsabilidad de la demarcación y regulación de las tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) al Ministerio de Agricultura, liderado por Tereza Cristina, ex-líder de la bancada ruralista en el Congreso. El propio Congreso, al analizar a fines de mayo esta decisión presidencial, devolvió la potestad a la FUNAI, pero Bolsonaro insistió y emitió un nuevo decreto para revertir la decisión.
En ese momento, dijo: “El que demarca tierra indígena soy yo. El que manda soy yo”. El primer día de agosto, y por unanimidad, el Supremo Tribunal Federal mantuvo la responsabilidad de la FUNAI, tras una sesión en la que el magistrado Celso de Mello dijo haber visto “resquicios indisfrazables de autoritarismo” en el accionar del Presidente. Diez días después, durante un evento en Pelotas, Río Grande del Sur, Bolsonaro afirmó: “Caca de indio petrificada dificulta la licitación de obras importantes” y dijo que era necesario “integrar a los indios a la sociedad y buscar un proyecto para el Brasil”.
La referencia a las heces viene de una de sus declaraciones previas, cuando había dicho que se podía resolver la cuestión ambiental “haciendo caca día por medio”. En otras ocasiones, el Presidente ya había defendido la integración forzada de los indígenas, que, según dijo en enero de 2019, “viven aislados y son manipulados por ONG”.
Otro de los ataques del gobierno a los pueblos originarios fue la amenaza -en marzo de 2018- del eventual cierre de la Secretaría Especial de Salud Indígena, que depende de recursos del gobierno federal. De concretarse, la atención de los indígenas pasaría a depender de recursos municipales y ellos engrosarían las ya saturadas filas de los hospitales. Después de protestas en varias regiones del país, el gobierno reculó.
UNA NUEVA FASE DEL SAQUEO
DE TIERRAS INDIGENAS
Cleber César Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero, una organización de los obispos católicos que actúa junto con los pueblos indígenas de Brasil desde 1972, dijo a Brecha que hay en marcha un cambio radical, fundamental para entender la gravedad del momento actual: “A través del discurso de Bolsonaro, el gobierno no solamente da indicios de omisión, sino que señala hacia dónde pueden y deben ir los agresores de los pueblos indígenas, y los incentiva. Por eso su discurso es mucho más grave que una simple ‘carta blanca’. No sólo es una especie de autorización: es combustible”.
La omisión del Estado -explica- siempre existió y permanece. Pero ahora “es el propio gobierno el que dirige las amenazas y los procesos de agresión y ataque”. Buzatto observa un “aumento significativo de denuncias y reclamos sobre nuevos procesos de invasión, que indican que está en curso en Brasil una nueva fase de saqueo, de robo de tierra indígena, en la que se atacan incluso tierras ya demarcadas y debidamente regularizadas que ahora pasan a ser lotificadas, comercializadas ilegalmente o víctimas de deforestación con corte raso”. Esto se suma al congelamiento en la demarcación de nuevas tierras indígenas, lo que “aumenta el potencial de conflicto en las regiones y acaba eternizando la situación de vulnerabilidad socioeconómica que sufren estos pueblos”.
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
LUCHARÁN Y RESISTIRÁN
Para Buzatto, en esta nueva fase, “se corren riesgos muy serios de que ocurran genocidios, especialmente en la región amazónica, contra pueblos que desde el punto de vista numérico son menores, o grupos aislados y libres, que viven sin contacto con el resto de la población”.
Pero siempre, y como hace más de 500 años, hay lugar para la esperanza: “Los pueblos originarios han demostrado que no van a alterar su posicionamiento y su disposición para luchar y resistir. No se han amedrentado. Esto alimenta la esperanza de que ese proyecto genocida del gobierno sea vencido por los pueblos como fue vencido el proyecto genocida de la dictadura militar”.
Periodista
texto publicado en “Brecha” con el título
“Selva Arrasada”.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica