Nicaragua

“Cambiar Nicaragua pasa por tomar conciencia de la emergencia ambiental y por renunciar a la lógica extractivista del modelo productivo”

Selmira Flores, cientista social e investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan, de la Universidad Centroamericana, participando actualmente en una investigación internacional sobre la gobernanza para la resiliencia ante el cambio climático en Nicaragua, Nepal y Kenia, analizó algunos aspectos de la realidad ambiental del país, en una charla con Envío que transcribimos.

Selmira Flores

¿Tendrá la pandemia en Nicaragua efectos medioambientales, positivos o negativos? Antes de responder a esta pregunta de mucha actualidad, hay que partirde que el descuido ambiental que existe en Nicaragua es un problema histórico del que son responsables todos los gobiernos, el sector empresarial en su conjunto y también la población. Es un problema que tiene su raíz en el modelo económico dominante, basado en una lógica productiva de acumulación, que acumula explotando irracionalmente los abundantes recursos naturales del país y que provoca desigualdad. Hemos andado mucho tiempo con ese modelo extractivista y excluyente y con él nos hemos mal acostumbrado a concebir el desarrollo. La consecuencia es una crisis ambiental, que ya podemos considerar hoy como una emergencia ambiental. No creo que la pandemia, por sí misma, modifique esto.

Lo que sí es cierto es que la emergencia ambiental, en la que nos encontramos desde hace tanto, nos ha colocado en mayores riesgos ante la pandemia. La deforestación, que avanza en todo el país, provoca sequía, la sequía provoca desnutrición crónica y la desnutrición crónica causa problemas de salud que deprimen el sistema inmunológico y dejan a la gente menos preparada para resistir el Covid-19. La deforestación reduce también el agua necesaria para la higiene que nos defiende del virus y de tantas otras enfermedades. La emergencia ambiental provoca crisis que se refuerzan mutuamente.

Además de la crisis de la pandemia, que es la más reciente, vivimos con mayor intensidad desde 2018 en una crisis política, social y económica muy grave. Todas se combinan para agudizar la crisis ambiental. El retorno de migrantes, la dificultad que encontrarán para volver a emigrar y el desempleo creciente en nuestro país y en los países donde encontraron trabajo, son factores que presionarán para que mucha población se mueva en busca de nuevas tierras donde producir comida, obtener ingresos y así recuperarse económicamente. Éste ha sido un fenómeno histórico entre la población rural, que ha migrado constantemente dentro de nuestro país por falta de oportunidades y por la escasa inversión pública destinada a mejorar la vida del campesinado y de otros sectores que viven en zonas rurales.

Veo a las mujeres rurales y a las comunidades indígenas como dos grupos de población que serán los más afectados. ¿Por qué las mujeres rurales? Es una realidad que hemos observado en toda América Latina: cuando los hombres emigran en buscade oportunidades las mujeres comienzan a tener protagonismo en la dinámica económica de la familia. Quedan al frente de las propiedades, se ocupan del ciclo productivo, aseguran la cosecha, mientras los hombres les envían remesas para hacer inversiones productivas y cubrir gastos del hogar. Pero cuando ellos regresan reclaman su lugar y las mujeres son desplazadas del manejo de la parcela y de la actividad productiva.

En Nicaragua vimos ese proceso durante la Revolución: cuando los hombres estaban en la guerra las mujeres se pusieron al frente de la actividad productiva y cuando cesó la guerra los hombres volvieron a ocuparse protagónicamente de esas actividades. También podría ocurrir que, como la pandemia afecta más a los hombres que a las mujeres, en el campo morirán más hombres, muchas mujeres quedarán viudas y probablemente otros hombres de la familia -hijos, hermanos, padre, suegro- podrían desplazarlas de sus tierras.

Por todo esto, podemos esperar que la crisis económica, que dura ya tres años, y ahora la crisis sanitaria, provocarán cambios en la tenencia de la tierra. En Nitlapan venimos analizando con un grupo de organizaciones que son parte de la Estrategia Nacional de Involucramiento para el acceso democrático a la tierra, lo que está ocurriendo en el país con la tierra.

Hacemos un monitoreo de las compras y ventas de tierras en varios lugares del país, analizando las razones por las que la gente compra y vende hoy sus tierras. Y hemos constatado que los pequeños productores las venden o para pagar deudas o para cubrir gastos de salud, cuando tienen que atender una enfermedad crónica o una cirugía. Las familias rurales invierten mucho en salud porque el sistema público no les resuelve todo. Y todos sabemos que hay que esperar hasta tres o cuatro meses para que te programen exámenes y muchas veces te dan sólo las recetas, pero hay que comprar las medicinas.

Otros grupos que serán afectados también por los movimientos en busca de tierras son las comunidades indígenas. Más gente se moverá pensando que aún hay tierra “disponible”, pero las que hay son tierras de reservas de la biosfera y tierras que pertenecen ancestralmente a pueblos indígenas y afrodescendientes, que por ley son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Sin embargo, la invasión de colonos mestizos sobre estas tierras comunales se ha venido acelerando año con año provocando asesinatos, incendios de casas y parcelas, una destrucción que deja a las familias indígenas sin nada y las obliga a desplazarse a otras tierras.

La invasión de tierras en zonas protegidas y en territorios indígenas ha ampliado la frontera agrícola de forma impresionante. Los mapas que ha publicado el MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales) muestran cómo se ha ido perdiendo la cobertura forestal en esas zonas. Y lo mismo por todo el país. Sin duda, la deforestación es el principal problema ambiental de Nicaragua. La cobertura forestal se ha reducido del 76% en 1969 al 25% en 2020.

Es en ese contexto que es pertinente revisar la “estrategia nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación forestal” que en julio de 2019 el gobierno de Nicaragua presentó al Fondo de Carbono del Banco Mundial, una iniciativa de la que son miembros Canadá, Reino Unido, Australia, Noruega, Francia y Alemania. Según información oficial, Nicaragua fue seleccionada para recibir financiamiento de ese Fondo. Y el gobierno de Nicaragua seleccionó 23 territorios indígenas del Caribe Norte y Sur, en donde están dos reservas de la biosfera, indio-Maíz y Bosawás, como áreas donde ejecutará el programa de “captura de carbono”.

¿Frenará o revertirá el daño ambiental esa estrategia? Creo que no logrará esos objetivos. Lo que percibo es que el gobierno recibirá abundantes recursos “por servicios ambientales”, en este caso por evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, no encuentro que la estrategia responda a la emergencia ambiental que enfrentamos. Y como siempre sucede con iniciativas como ésta, la emergencia se agudizará mientras se nos venderá la idea de que se está haciendo algo por resolverla.

Aunque la deforestación es un problema en todo el territorio nacional, esta estrategia se ha focalizado en las dos reservas y no en otras zonas, también muy deforestadas, por ejemplo en la zona de pinares de Nueva Segovia, al norte de Nicaragua, donde la deforestación ha provocado una seria escasez de agua. De pequeña, el Pueblo Nuevo, río de la comunidad en la que nací, era caudaloso. Hoy es ya un cauce seco y este año el pozo de mi casa, que nunca se había secado, se secó. Lo atribuimos a la deforestación y también al tabaco. El ritmo al que creció la industria tabacalera, que tanta agua consume, mantiene tiene seco el río de mi infancia.

Por eso, al hablar del modelo productivo que ha causado la emergencia ambiental, hay que mencionar también el predominio en nuestro país de grandes extensiones dedicadas a monocultivo. Desde hace años hay en el país monocultivo de maní y de palma africana. Nuevos son los de naranja y piña y el de café robusta, que se está extendiendo por Nueva Guinea, avanzando hacia las tierras del Caribe.

Hemos andado mucha historia en Nicaragua presentando el monocultivo para productos de agroexportación como la gran solución para generar empleo. Eso es falso. Lo comprobamos, por ejemplo, con la caña de azúcar. En la medida en que el cultivo de las grandes extensiones de caña se ha mecanizado, ha ido expulsando trabajadores. Son muchos los nicaragüenses que emigran en busca de trabajo a otros países saliendo de las zonas donde se siembra caña. Con frecuencia nos felicitamos cuando el capital extranjero invierte en monocultivo. Es una idea arraigada también en la población, que cree que la solución de nuestros problemas viene de los grandes proyectos, cuando la realidad nos dice que quienes sostienen a este país son los pequeños y los medianos productores, la microempresa y la pequeña empresa.

Volvamos al nuevo gran proyecto de “capturar carbono”. Hay que decir que proyectos de este tipo se incorporaron al acuerdo climático de París de diciembre de 2015, aunque los movimientos sociales y las organizaciones ambientales de todo el mundo consideran los “mercados de carbono” como una falsa solución para detener el calentamiento global, pues las capturas de carbono que se logran con estas iniciativas son sólo temporales y lo que se consigue termina incorporándose al ciclo habitual del carbono, según explicó en Envío hace unos años el director del Centro Humboldt, Víctor Campos.

La idea de estas iniciativas es que, mientras más bosque se conserva capturará más carbono y producirá mayor cantidad de oxígeno y así el país estará haciendo una contribución a mejorar el clima de todo el planeta. En consecuencia, de la cantidad de carbono capturado, se deducirá la cantidad de recursos que ganará el país por su aporte a detener el cambio climático. En el caso de Nicaragua el cronograma de reportes para pagos por reducción de emisiones tendrá lugar en tres momentos: a finales de 2020, a finales de 2022 y a finales de 2024.

Al asumir esta iniciativa como gran solución a la deforestación, el gobierno parece estar más interesado en los recursos que recibirá que en solucionar los problemas de fondo que existen en las dos reservas por conflictos de tierras, por el cambio acelerado del uso de suelos que se está experimentando en esas zonas, y por la destrucción de tan valiosos ecosistemas originales, problemas todos que surgen de acciones que se contraponen al objetivo de conservar los bosques, ya que todas estas acciones generan carbono.

Fue desde hace unos años que el gobierno comenzó, a través del MARENA y de la Secretaría de Recursos Naturales de la Costa Caribe, el diseño de la estrategia que presentó en 2019 al Fondo de Carbono, haciendo ese proceso, según informa, “en diálogo con las comunidades”.Sin embargo, las comunidades indígenas de la zona afirman que no han participado en nada y que el gobierno sólo ha hablado con algunos líderes de los Gobiernos Territoriales, que las mismas comunidades identifican como portavoces del gobierno. Así que lo que ha habido es un “diálogo entre ellos mismos”.

Contradictorio es también que, mientras avanzaba el diseño de la estrategia, en este año 2020, y tan sólo entre el día 1 de abril y el 26 de abril hubo veinte incendios diarios en promedio en la reserva Indio-Maíz, una de las dos reservas en las que se va a “capturar carbono”… Un investigador que trabajó con mapas satelitales para mostrar el gran incendio que hubo allí en 2018 -tragedia que fue detonante de las protestas estudiantiles-, identificó también los puntos de calor que ha habido ahora, en 2020. Impresiona ver esos mapas. ¿No resulta escandaloso pasar cinco años preparando condiciones -los documentos de la estrategia- y pensando en cómo preservar las dos reservas para capturar carbono en ellas y en 26 días ver desatarse 463 incendios en una de las dos reservas?

Las reservas de la biosfera son zonas muy valiosas, deben ser protegidas, evitando que en ellas se desarrollen actividades humanas. Y como el fuego no surge de la nada, los incendios de abril de 2020 son la más clara evidencia de que hay acción humana en la reserva y que la que hay es una acción depredadora. ¿Y qué hace el gobierno? Quién sabe. ¿Y qué hace el MARENA? Quién sabe. Se escucha decir que en Indio-Maíz hay oro y que está entrando gente para sacarlo y que ya hay allí molinos artesanales funcionando. Se dice que también hay ganadería y, por lo tanto, se deforesta y se quema para establecer tierras para pastos y cultivos.

La emergencia ambiental en Nicaragua también la provoca la minería. El gobierno ha priorizado el extractivismo minero, especialmente el de oro. Según datos del Centro Humboldt, 26 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional están ya concesionados a actividades mineras.

En Rancho Grande, Matagalpa, la comunidad organizada logró en 2015 la suspensión de la concesión minera a la canadiense B2 Gold. La organización ambiental Guardianes de Yaoska trabajó con mucho empeño para lograrlo, y otras organizaciones del resto del país respaldaron sus esfuerzos. Y hoy lo que estamos viendo es que de esa zona ya está saliendo broza de oro. No sale de las áreas que la empresa compró, sino de fincas privadas que están en el área de exploración de la compañía o del área que entraría en proceso de explotación. Sale de fincas que ya no producen café porque les resulta más favorable dedicarse a extraer oro. Y como son fincas privadas pueden hacer lo que quieran. Así, la minería está abriéndose de nuevo ruta en Rancho Grande, y hasta allí llegan desde otros lados, los güiriseros, mineros artesanales que en esas fincas trabajan para quienes ahora abandonan el café por el oro que envían a la empresa minera.

Todos estos procesos destructivos ocurren mientras el gobierno busca recursos proponiendo proteger casi la mitad de país capturando carbono… ¿Cómo se explica esta gran contradicción?

Unos dirán que es un descuido, otros dirán que es falta de voluntad política. A mí me parece una estrategia de fortalecimiento del poder autoritario, del poder patriarcal, y del poder perpetuador del modelo capitalista que ensancha las desigualdades. En el marco del proyecto de investigación en el que estoy participando con otras dos colegas, en el que estudiamos Nicaragua, Nepal y Kenia, comparamos lo que está ocurriendo en los tres países relacionando el ejercicio de la gobernanza forestal y la resiliencia frente al cambio climático desde la justicia ambiental y de género.

Veamos otro aspecto, también contradictorio entre lo que se dice y se proclama y lo que se hace. Revisando los documentos elaborados por el gobierno de Nicaragua para enfrentar el cambio climático observo también la tendencia a afianzar el poder vertical y centralizado. Me llama la atención que las políticas públicas sobre cambio climático orientan la gobernanza climática a “las familias”, sin mencionar siquiera a los pequeños productores, a los productores en general, a los gremios o a las cooperativas. Tampoco se tienen en cuenta los movimientos ambientalistas, que han trabajado tantas buenas propuestas para enfrentar el cambio climático.

Se percibe aquí una disputa de poder, con decisiones unilaterales sobre las políticas públicas. Incluso con este gobierno, y hasta 2015 más o menos, diferentes organizaciones podían participar en las comisiones ambientales municipales y hablar con las entidades del Estado. Ya no. El diálogo ha ido desapareciendo y donde aún hay algo de diálogo, de él no se deriva ninguna rectificación. Hoy se le habla al Estado desde las redes sociales. Lo veo positivo porque es un espacio para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando, para que reclame y hasta para que se organice. Es como un reacomodo de las formas de resistencia al autoritarismo.

Desde la óptica gubernamental, el enfrentamiento al cambio climático se ha enfocado en establecer marcos regulatorios. Es muy frecuente eso en nuestro país: resolver los problemas con nuevas leyes, con regulaciones, con decretos. Con documentos. Y con eso convencer de que se está haciendo mucho en los temas ambientales. Pero no convencen ni al país ni a las organizaciones que están trabajando para mejorar el ambiente. A quien quieren convencer, y a veces convencen, es al cuerpo diplomático que está en el país y a la comunidad internacional.

Los temas ambientales son hoy temas de amplia discusión entre todos los sectores y en todos los países del planeta. Al revisar las noticias que aparecen en la página oficial del gobierno, “el 19 digital”, sólo encontré eventos con diplomáticos o participación de funcionarios públicos en conferencias dirigidas a personal extranjero. No hay una sola reseña, una sola foto, de un evento en el que funcionarios del gobierno estén compartiendo con productores agremiados, con la gente con la que hay que trabajar para enfrentar en la concreta el cambio climático. Seguramente, porque no existen eventos en que los interlocutores del gobierno sean esos actores.

La tendencia del gobierno a legitimar la actual gobernanza ambiental no con la ciudadanía, sino con la comunidad internacional, inició antes de los acontecimientos de abril de 2018 y desde entonces se ha profundizado. No se cuenta con la gente que puede debatir y proponer. ¿Y cómo se va a gobernar con perspectiva ambiental si no dialogas con la gente?

Hoy, por ejemplo, estaba conversando con un amigo mayangna de la comunidad que fue atacada por los colonos a comienzos de este año. Me decía que hay una enorme preocupación en las comunidades mayangnasque habitan en la reserva de Bosawás porquesiguen llegando colonos a invadir sus tierras. Y cuando llegan deforestan, convierten en pastizales el bosque, transforman el paisaje… Me comentaba que 80 mayangnas de su territorio se han organizado voluntariamente como guardabosques para hacer patrullaje y cuidar su territorio. Les preocupa lo que ya está pasando hoy con sus tierras y lo que va a pasar en el futuro. Temen que si ellos no las cuidan, sus hijos y sus nietos no van a tener tierra donde trabajar ni siquiera donde vivir.

¿Cómo no contar con esta gente, que pasa entre siete y doce días sin estar con su familia y sin trabajar en su parcela para ir a hacer rondas cuidando el territorio, un territorio seleccionado para obtener recursos conservando el bosque para garantizar la “captura de carbono”? Pues no cuentan con ellos. Ninguna entidad del gobierno los respalda o los acompaña. Me decía mi amigo mayangna que se sienten solos.

Regreso al tema del cambio climático. Revisando el decreto número 7 del año 2019, que es el de “lineamientos de políticas para hacer frente al cambio climático”, veo que aparece sólo 4 veces la palabra “productores” y 21 veces la palabra “familias”. Ni siquiera se mencionan a las 198 mil 693 mujeres que el MEFCCA (Ministerio de Economía de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa) dice haber apoyado con diferentes programas.


Con la exclusión deliberada de quienes protagonizan la producción en el país, el gobierno traza “lineamientos” para revertir los efectos del cambio climático. Sin embargo, lo que propone son sólo medidas paliativas y no orientadas a transformar la visión extractivista, y sobre todo las prácticas que derivan en un uso irracional de los bienes de la naturaleza, causantes de la escasez y la contaminación de las aguas y del gravísimo problema de la deforestación de los bosques.

Vuelvo a la revisión de documentos de la estrategia presentada al Fondo de Carbono. En el plan de distribución de los beneficios que se consigan capturando carbono, el MARENA establece que el 50% de los recursos que se obtengan deberán ser invertidos en actividades que contribuyan a reducir la deforestación y la degradación de los bosques y el otro 50% en mejorar las condiciones de las comunidades y de las familias. El documento habla también de dedicar beneficios a fortalecer “las estructuras de participación comunitaria”.

¿Cuáles estructuras? ¿La de los 80 mayangnas que, como guardabosques voluntarios, contribuyen a evitar la deforestación y la degradación de los bosques? Hasta el momento, esa estructura de participación comunitaria no tiene ningún vínculo con los guardabosques del MARENA, que son unos 10 en Bonanza y que están más orientados a revisar los documentos de los que camiones que extraen madera. ¿Llegarán los beneficios de este proyecto a los guardabosques mayangnas que voluntariamente se empapan mientras llueve o sudan mientras caminan cuidando su territorio?

El documento plantea que el otro 50% de los recursos obtenidos por captura de carbono podrán ser usados en la mejora de las condiciones de las comunidades y las familias, dotándolas de estufas mejoradas, de pilas para el almacenamiento de agua y de biodigestores. Me pregunto por qué recomiendan pilas para almacenar agua cuando la lógica indígena es que el agua no debe ser almacenada y debe fluir libre por los ríos. Me pregunto por qué biodigestores si la mayoría de las familias indígenas ni tienen tantos cerdos ni tanto ganado.

¿Por qué priorizar soluciones individuales y no colectivas? Mi lectura es que lo que está detrás de esto es la visión que predomina en el resto del país, donde la tierra es propiedad privada, mientras que en el Caribe el sistema de tenencia de la tierra es comunitario y todo tiene una lógica donde predomina la colectividad. Allí, las mayores extensiones de tierra son comunitarias, no privadas. Pienso que si se preguntara a la gente de las comunidades cómo se deberían invertir los recursos tendrían otras propuestas y no estufas que ahorren leña, por muy buenas que sean, sobre todo para las mujeres, que son las que cocinan e inhalan humo.

¿Por qué no aparecen en el documento otras propuestas colectivas? Seguramente porque quienes han diseñado esta estrategia no conocen la cosmovisión de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Hemos andado mucha historia con este choque de visiones. Los conflictos en la Costa Caribe no son sólo por el manejo de los recursos. Son conflictos culturales entre dos cosmovisiones, por cómo nos vemos los unos a los otros. Y como los caribeños de los pueblos originarios son menos en términos poblacionales, pensamos que no piensan, que son más atrasados, que son haraganes, que les gusta vivir sin trabajar. Los conflictos entre estas dos Nicaraguas persistirán si en las políticas públicas no se respeta la cosmovisión de estos pueblos ancestrales, para los que no cuentan tanto los documentos y los escritos, sino la tradición oral y las normas acordadas en la comunidad.

Gravísimo resulta el hecho de que el gobierno, a espaldas de las comunidades, exigiera a los dos Gobiernos Territoriales del Caribe, que son sus aliados, firmar un documento legal donde le ceden al Estado los derechos sobre los beneficios que se obtendrán por la captura de carbono.

La realidad es retadora. Enfrentar el cambio climático, preservar los bosques de la reserva de Bosawás y de la reserva Indio-Maíz, detener la deforestación y tantas otras tareas ambientales no se resuelve con planes unilaterales formulados por un solo actor de mando vertical. No se resuelve conleyes y más leyes. Es impresionante la cantidad de legislación ambiental que tiene Nicaragua, pero ¿para qué ha servido? Lo que necesitamos es una estrategia de consenso que incluya a múltiples actores para transformar el modelo de producción histórico que ha prevalecido en el país. Se necesita un consenso en que esos múltiples actores renuncien al modelo extractivistay a la acumulación desmedida y se comprometan a modificar esto sustancialmente.

Esta tarea es de tanta importancia que requiere de más actores, no de menos. Sin embargo, la óptica del gobierno es que es mejor hablar con menos que hablar con más. Es un error porque la gobernanza ambiental implica siempre un diálogo y una puesta en común con muchos actores porque el ambiente nos implica a todos, porque todos necesitamos del agua y del aire, todos necesitamos comer, beber y respirar. Hoy necesitamos pensar nuevas formas de relacionarnos. Necesitamos relaciones más horizontales, de reconocimiento, de respeto y de colaboración. Necesitamos un diálogo abierto y no un simulacro de diálogo, donde se escucha para después imponer la voluntad de un único actor.

Desde hace mucho, el sector empresarial agroexportador está en deuda con Nicaragua. Sus actividades han causado un importante impacto ambiental. El crecimiento económico del país se ha hecho a costa de la destrucción de los recursos naturales. Hemos crecido, y no siempre, pero el crecimiento económico no garantiza mejor bienestar para quienes viven en la pobreza, pobres extremos o simplemente pobres.

A pesar de todo, percibo que hoy empieza a haber cierta preocupación por el tema ambiental. En el sector ganadero al menos. Nitlapan ha participado en un grupo en el que está CONAGAN (Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua) y otras organizaciones no gubernamentales, en el que se discute cómo avanzar hacia una ganadería con cero deforestación. Al menos, conseguir eso a partir de ahora. Otro desafío será cómo recuperar los bosques que ya se destruyeron, convertidos en pastos para la ganadería extensiva.

Cómo enfrentar la trashumancia del ganado, que en Nicaragua es muy frecuente -el ganado se va moviendo de una finca a otra cuando se van agotando los pastos- no se cuestiona aún, a pesar de ser una práctica muy negativa para el ambiente. Aunque no hay datos para medir la destrucción que provoca, sería importante saber cuántas de las fincas que se censan son de un mismo dueño. Con los estudios que hemos hecho en Nitlapan sabemos que hay finqueros que tienen seis, siete, ocho fincas dedicadas principalmente al ganado y que practican la trashumancia, en vez de hacer producir una o dos fincas todo el año con comida para el ganado y con otros productos.

Otro desafío lo tenemos en la educación. Hay que cuestionar “modelos de éxito” muy arraigados. Uno habla con campesinos y su deseo es “ser ganadero”. ¿Por qué? Porque el ganadero es el que más pronto acumula. Muy rápidamente tiene varias fincas, dos o tres carros y dos o tres familias… A nivel educativo y a nivel social necesitamos deconstruir el imaginario de lo que es ser un buen productor, un buen empresario.

Hay mucho por debatir en Nicaragua y cuando al debate incorporamos los impactos ambientales y los efectos sociales del modelo productivo que mantenemos estamos ante la posibilidad de un auténtico cambio.

En el modelo productivo con el que hemos andado mucha historia la acumulación se ha logrado a costa de generar inequidad, pagando salarios muy bajos -Nicaragua tiene los salarios más bajos de Centroamérica-, y la pobreza no se resuelve pagando salarios bajos, sino pagando buenos salarios y distribuyendo mejor la riqueza.

El sector empresarial, sobre todo el agroexportador, debe reconocer la lógica extractivista que ha dominado sus agronegocios y debe comprometerse a cambiarla. Esta lógica no sólo atenta contra los pequeños, atenta también contra ellos mismos. Ya hay preocupaciones en algunos de los ingenios por el problema del agua y están interesados en hacer estudios. Durante años, sin pagarla, han derrochado muchísima agua en el cultivo de la caña de azúcar. Hoy vemos los efectos que eso tiene en la vida de la gente en la comunidad rodeada por extensiones de caña o de maní. Los pozos se les secan a las familias. Las mujeres que quieren incorporar sistemas de micro-riego para producir en sus pequeñas parcelas tienen problemas.

Sí, hay algo más de preocupación en el sector empresarial, pero si quieren asegurar las mismas ganancias y mantener los mismos métodos con los que han trabajado siempre, entonces no avanzaremos. Hay que cambiar el modelo. Hay que reconocer cuál ha sido la lógica y sobre todo, hay que comprometerse a cambiarla.

Las empresas que han apostado por extensas áreas de monocultivo no son ambientalmente sostenibles, tampoco son socialmente viables. Es una idea equivocada que lo grande es mejor que lo pequeño. También es equivocada la idea de que lo pequeño no tiene potencial.

Hay en Nicaragua proyectos ambientales de la sociedad civil organizada con mucho potencial de cambio. Lo que pasa es que el cambio lo logran a una escala micro. Esas ONG, que ahora son menos por la retirada de los fondos de la cooperación, han dejado muy interesantes experiencias en fincas agroecológicas, fincas agrosilvopastoriles, fincas agroforestales, donde hay muy buenas prácticas, no se usan agroquímicos, la producción es orgánica, se emplean semillas criollas… Hay muchas experiencias, pero ni siquiera entre ellas se conocen. Necesitan conocerse y reconocerse, necesitan multiplicarse para demostrar el potencial que tienen.

El reto mayor que tenemos hoy como país es aprender de prácticas micro que se están haciendo en los márgenes y que pueden y deben ser multiplicadas. Son prácticas con el enorme potencial de demostrarnos que el país se puede desarrollar desde los territorios, no con el Estado a la cabeza, sino con el Estado al lado para colaborar y apoyar, y con un sector agroexportador comprometido con los cambios, no sólo en la manera en que producen sino en la reducción de las desigualdades. “Si aquí tenemos todo para vivir y para comer -me decía un campesino-, ¿por qué cambiar el paisaje?”

Destruir el paisaje verde no sólo afecta a los seres humanos, también a millones de microrganismos. Pensar en un modo de vida más modesto para todos y todas, en armonía con la Naturaleza, es el gran desafío que tenemos en Nicaragua para lograr un verdadero cambio.

Creo que, a pesar de todos los desastres, todavía estamos a tiempo de lograr ese cambio. Recientemente, en América Latina se ha presentado una iniciativa en la que Nitlapan también participa. Busca cómo rehacer la vida en zonas áridas que dejaron de ser productivas y provocan migración. Regenerar vida en esas zonas se logra con sistemas diversificados de producción. En Nicaragua ya hay importantes experiencias. Por ejemplo, en Malpaisillo, en León, donde la asociación Xochitl Acatl ha trabajado desde hace más de diez años con mujeres en pequeñas áreas áridas logrando producir comida todo el año, para la familia y para la venta local. También aseguran comida para los animales. Recientemente, los maridos de esas mujeres han dejado de migrar para ocuparse de la actividad productiva porque ya tienen trabajo en su tierra.

Son procesos que toman tiempo, pero que tienen un gran potencial y efectos multiplicadores. En otras comunidades de Chinandega, procesos similares son afectados por los métodos que emplean los monocultivos. La Coordinadora de Mujeres Rurales está ensayando también procesos de diversificados de producción agroecológica de pequeña escala con mujeres, pero sus cultivos se ven afectados por la fumigación aérea de agroquímicos sobre los extensos campos de caña de azúcar.

El primer paso que debe dar Nicaragua es cambiar la lógica extractivista y el modelo de que lo grande es mejor que lo pequeño. Debemos llevar estos temas a todos los espacios, a los del gobierno actual -que no va a durar toda la vida-, a los de la oposición, al sector empresarial, a las escuelas.

Son cambios difíciles. Y el cambio no vendrá de un solo grupo. No vendrá del gobierno solo, ni sólo de las ONG y de las organizaciones sociales, ni sólo de la empresa privada. Vendrá de la conjunción de esfuerzos que hagamos todos.

Si pensamos el cambio sólo en términos institucionales, si sólo nos enfocamos en recuperar el Estado de Derecho y en hacer reformas legales, que son muy importantes, y dejamos sin tocar el modelo productivo, el sistema económico, altamente depredador y excluyente, si olvidamos que los temas ambientales también pertenecen al ámbito de la política y son los que más nos unen, corremos el riesgo de no cambiar nada.

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