Claves para iniciar un debate necesario

La medalla concedida por el General Ortega a un militar estadounidense resultó muy polémica y tiene dos caras. Dos caras también tiene el neoliberalismo que hoy toca con insistencia y seducción a las puertas del FSLN.

Equipo Envío

A mediados de enero, el Ejército Popular Sandinista concedió una medalla a un agregado militar de una de las muchas embajadas que hay en Managua. La entrega de la distinción, práctica usual de las Fuerzas Armadas hacia sus enlaces extranjeros cuando éstos terminan su estancia en el país, probablemente no hubiera causado ningún revuelo en otro país.

Pero Nicaragua no es cualquier país, ni la medalla era cualquier reconocimiento, ni el Ejército que condecoraba estaba dentro de los moldes típicos de los ejércitos latinoamericanos, ni el condecorado era un agregado militar de cualquier país. Se trataba de la medalla "Camilo Ortega Saavedra" el Teniente Coronel Quinn, agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, concedida en ceremonia pública por el General Humberto Ortega, Jefe del Ejército Popular Sandinista, miembro inactivo de la Dirección Nacional del FSLN, hermano del Secretario General del FSLN y hermano del mártir cuyo nombre lleva la medalla.

"Un error político"

El hecho desató una encendida polémica entre los sandinistas, y por vez primera desde 1979 ésta incluyó un debate público entre un miembro de la Dirección Nacional -Luis Carrión- y el General Ortega, al que Carrión reprochó su "error político". Para la gran mayoría de los sandinistas, se trató de la profanación de un símbolo concedido hasta entonces a combatientes sandinistas con extraordinarios y reconocidos méritos en la defensa de la patria revolucionaria frente a un ejército creado, organizado, equipado y financiado por el gobierno al que representa el Teniente Coronel Quinn. El "error político" consistía en no haber tenido en cuenta los sentimientos que el uso de semejante símbolo provocaba en la base sandinista.

Fiel a su estilo, el General Ortega no se retractó e hizo pública su posición defendiendo el derecho del Ejército a decidir sobre la condecoración -que dijo ha sido también concedida a otros agregados militares- y justificando los méritos del militar norteamericano por la comunicación mantenida con la jefatura del Ejército Sandinista desde 1989, en momentos de suma tensión política en que este canal sirvió para evitar lo peor. En el debate sobre la medalla no faltó lógica a ninguna de las dos partes enfrentadas. Y aunque muy pocos sandinistas salieron en defensa de la acción de Humberto Ortega -llegando a lo sumo a sugerir que se hubiera utilizado otra condecoración- la realidad fue que en el debate se simbolizó la falta de coherencia en el pensamiento y ubicación global del sandinismo.

La pregunta de fondo

Ambas partes defendieron sus posiciones desde lo que calificaron una perspectiva revolucionaria y defensora de los intereses populares y del sandinismo en general. Pero en esto radica precisamente el problema: el sandinismo no se pone de acuerdo todavía en lo que significa ser revolucionario en la Nicaragua y en el mundo de 1992.

Aunque éste es un problema que afecta a todas las izquierdas, impacta sobre el sandinismo de manera particular al sacar a relucir la dualidad de sus posiciones políticas. Si bien nadie niega que el Ejército es parte del Estado, esto no explica la activa política de defensa de las posiciones del Ejecutivo que ha caracterizado a los mandos militares y que, después de dos años en el gobierno, le ha ganado al General Ortega y a los miembros del Estado Mayor una lealtad recíproca de parte del Ejecutivo, y en particular del Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo, a pesar de las severas y permanentes críticas que esto causa entre los partidos de la UNO y sus representantes en la Asamblea Nacional.

La oposición de la ultraderecha al entendimiento EPS -Ejecutivo fue compartida por el gobierno norteamericano. La influencia del sandinismo en las Fuerzas Armadas en su conjunto era, a juicio de Washington, un elemento desestabilizador de la política de Estados Unidos hacia la región y hacia Nicaragua. Para Washington siempre quedó pendiente resolver este asunto, porque el gobierno pro-norteamericano que ganó las elecciones de febrero/90 no contaba con su propio aparato represivo para defender su proyecto neoliberal. Más grave aún en la percepción norteamericana en era la evidencia de que el EPS continuaba suministrando apoyo bélico al FMLN de El Salvador. Las dos denuncias oficiales hechas por el EPS sobre la "sustracción" de armamento sensible de sus bodegas sólo sirvieron para confirmar esa percepción.

En la perspectiva de los sectores populares del sandinismo, el análisis del caso de la medalla tocaba los mismos puntos. Desde el día del reconocimiento de la pérdida de las elecciones, un punto innegociable del FSLN con el gobierno había sido la preservación constitucional y física de los mandos del Ejército Popular Sandinista, por considerarlo indispensable para resguardar la integridad física y la confianza de los sandinistas frente a las amenazas de sectores contras, re-contras, revanchistas o reclamantes de propiedades intervenidas por la reforma agraria y urbana. Por otra parte, también estaba de fondo el tema de El Salvador. Y no fueron pocos los sectores que dentro del sandinismo y en nombre de la solidaridad revolucionaria aplaudieron las "fugas" de armas en beneficio del FMLN, insistiendo en el perdón de los militares detenidos como responsables.

Tres acontecimientos ocurridos en enero afectaron un balance ya delicado dentro del mismo sandinismo planteando con fuerza una interrogante: ¿Había dejado el Ejército de ser un factor de influencia revolucionaria y anti-imperialista sobre el gobierno para convertirse en un instrumento de influencia gubernamental y norteamericana sobre el sandinismo? El episodio de la medalla hay que entenderlo en ese contexto. De hecho, significó el inicio de un nuevo debate sobre la naturaleza y la estrategia revolucionaria a seguir por el sandinismo.

La llegada de la paz a El Salvador

El fin de la guerra civil en El Salvador con la firma de los acuerdos de Nueva York (31 diciembre 91) y de Chapultepec (16 enero/92) cambió de un tajo la correlación de fuerzas en Nicaragua y probablemente en el resto de las sociedades centroamericanas. Desde hace años, impedir una victoria militar del FMLN y aislar regionalmente el conflicto salvadoreño fueron objetivos fundamentales de la política norteamericana hacia Centroamérica. Y las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua, y concretamente con el FSLN y el EPS, pasaban por el caso de El Salvador, siendo ese conflicto aún pendiente y los objetivos norteamericanos los que impidieron la "normalización" de las relaciones de Estados Unidos con el sandinismo en la oposición. El tema llegó incluso a provocar fricciones en las relaciones entre Washington y el gobierno Chamorro, en tanto éste no se arriesgaba a confrontar al EPS en el tema salvadoreño.

Dos lógicas: la del FSLN y la del Ejército Sandinista

La lógica partidaria y la lógica institucional

Todo esfuerzo del FSLN y del mismo EPS por mejorar la comunicación con la Embajada norteamericana se tropezaba con una desconfianza que ni el Teniente Coronel Quinn pudo evitar. Seguramente, Washington reconocía las importantes y confidenciales gestiones que el FSLN, y Humberto Ortega en particular, hacían a favor de una salida negociada en El Salvador. Y a la vez que condenaban los nexos sandinistas con el FMLN y las facilidades que tenían los revolucionarios salvadoreños en territorio nicaragüense -antes y después del cambio de gobierno-, también estaban conscientes los norteamericanos del aporte sandinista para finalizar el conflicto en el país hermano. Sin duda, también estuvo vinculado al "buen comportamiento" sandinista de cara a El Salvador el cambio que se dio en noviembre en la posición de Washington con respecto al suministro de asistencia militar logística de Taiwán al EPS.

En todo caso, con la firma de los acuerdos de El Salvador debía desaparecer el principal obstáculo que existía para la normalización de las relaciones de Estados Unidos tanto con el FSLN como con el EPS. Pero aun cuando Washington estuviera dispuesto a esa normalización -lo cual nadie garantiza-, los acuerdos de paz- y también la medalla- revelaron que la lógica partidaria del FSLN no es igual a la lógica institucional del Ejército. El problema, la polémica es porque ni para Humberto Ortega, ni tampoco para sus detractores, debía haber diferencia entre las dos. Pero éste es un planteamiento irreal.

Al conceder la medalla, el General Ortega no podía admitir el haber cometido un "error político". Políticamente, consideró que el FSLN y el Ejército debían de aprovechar la nueva coyuntura regional para dar una clara muestra de querer llegar a un entendimiento con los Estados Unidos, que propiciara un incremento del apoyo material norteamericano a Nicaragua -en otros momentos condicionado por la conducta del sandinismo y del EPS- y que fortaleciera así a los sectores que en el gobierno Chamorro defienden que el sandinismo es una fuerza "responsable" que no puede ser ni desconocida ni irrespetada. Desde esta perspectiva, tal como señaló el General Ortega, más grave fue el "error político" cometido por los detractores de la condecoración, y más grave aún cuando éstos eran miembros de la Dirección Nacional, como fue el caso de Luis Carrión.

Fiel a su estilo, lo que había hecho Humberto Ortega era forzar nuevamente la discusión a lo interno del sandinismo sobre qué posición asumir, no sólo frente al gobierno, sino frente a los Estados Unidos. En una palabra, re-definir el programa estratégico del sandinismo. Esta discusión se había venido eludiendo y la posición del General Ortega, apoyada por sus mandos -pero también por diputados y cuadros empresariales del FSLN- era conocida. A diferencia de la Dirección Nacional del FSLN, en la que se proyecta una dispersión, el General no necesita establecer consensos antes de proceder.

La llegada del Canciller James Baker a Nicaragua

Lamentablemente para el General Ortega y para sus defensores, los acuerdos del El Salvador y la medalla se dieron días antes de la llegada a Managua del Secretario de Estado James Baker. Era la primera visita de un Canciller norteamericano desde que George Shultz visitara Managua, también por pocas horas, en julio/84, para acordar el inicio de las primeras y únicas rondas de negociaciones directas con Estados Unidos que logró el gobierno sandinista.

Baker llegó a Nicaragua después de la firma de los acuerdos de El Salvador en México y de una visita a El Salvador, en donde dejó fijada la determinación estadounidense de defender el nuevo marco político negociado y de apoyar a los sectores más pragmáticos y menos sanguinarios de la derecha salvadoreña. Aunque algunos interpretaron que llegaba a decir adiós a Centroamérica, al comenzar esta región una nueva etapa histórica de nula prioridad para Estados Unidos, la realidad era otra. La finalización de la guerra en El Salvador no significa el cese de la injerencia norteamericana ni en Nicaragua ni en El Salvador. Y esto, porque en ambos países, las fuerzas populares, aún desde la oposición cívica, continúan representando un obstáculo para la plena implementación de la política neoliberal y sus nefastos programas de ajuste.

La realidad es que la "misión histórica" norteamericana no termina con la "pacificación" del país en conflicto sino con la consolidación de regímenes neoliberales que garanticen una estabilidad que permita al Departamento de Estado declarar ganadas en Centroamérica las guerras calientes y las frías, las militares y las políticas, y con esto, y sólo entonces, relegar al olvido a su "patio trasero".

Una Policía nacional y "profesional"

El cambio en la situación regional y las señales de pragmatismo dadas por el Ejército y por un sector del sandinismo, no bastaron para hacer desistir a los Estados Unidos de su objetivo de dotar al gobierno Chamorro de un aparato coercitivo propio. En Managua, Baker insistió públicamente en que la seguridad y la estabilidad requeridas por Nicaragua se lograrán con la inversión privada, pero que ésta no se dará mientras no exista una Policía profesional, "independiente y no partidaria". Más claro no podía cantar el gallo. Estados Unidos hacía público lo que había venido reclamando privadamente al gobierno a lo largo de casi dos años, repitiendo o inspirando el discurso de la derecha empresarial y de los partidos de la UNO: que la actual policía es incapaz de resguardar el "orden" alterado por trabajadores, desempleados, pobladores y campesinos, que se niegan a bajar la cabeza ante medidas económicas, iniciativas o amenazas legislativas, o actos de provocación política, como fue el intento de destruir el mausoleo de Carlos Fonseca.

Ya en diciembre, el Departamento de Estado había dirigido una comunicación escrita al gobierno de Nicaragua planteando su inconformidad en ocasión del estallido del 9 de noviembre, cuando la policía adoptó una posición pasiva ante la población enardecida y se dedicó a proteger físicamente a altos funcionarios gubernamentales. Para Estados Unidos, esta actuación era inaceptable políticamente por atentar contra el plan neoliberal de "estabilización" política y económica, diseñado en todos sus detalles por el Departamento de Estado y la AID.

Insolencia de Baker, tensiones a la vista

La insolencia con que Baker venía a Nicaragua a insistir, desde su perspectiva "pragmática", en la re-organización de la policía, causó extrañeza hasta en los círculos políticos y diplomáticos más cercanos al gobierno. Nadie más incómodo que el Ejecutivo y la dirigencia sandinista, que llevaban mucho tiempo negociando y midiendo fuerzas discretamente, sobre la recomposición de la Policía.

El FSLN había presionado para que se respetaran los mandos superiores de la Policía, pero probablemente había cedido ante algunas re-estructuraciones exigidas por el gobierno y por la embajada norteamericana para "modernizar" el cuerpo policial equipándolo con recursos y entrenamiento para la lucha contra el narcotráfico, que esta usando el territorio nicaragüense en forma creciente. A lo largo de 1991 las asesorías de terceros países, particularmente de España, habían disfrazado la presión norteamericana para recomponer el aparato policial, pero ya en 1992 es evidente que el Departamento de Estado y la tenebrosa DEA -que no entiende de susceptibilidades internas- reclaman una participación más abierta, similar a la que practican en los otros países de la región.

Para las fuerzas populares, y en particular para los trabajadores en protesta por la situación económica, debe haber sido difícil desvincular las declaraciones de Baker de la creciente práctica del gobierno de ordenar la intervención violenta de las unidades especiales antimotines de la Policía para detener huelgas y manifestaciones obreras. Trabajadores golpeados por policías son ya una noticia bastante frecuente en los medios de comunicación.

A medida que continúa en marcha el plan de ajuste y el índice de desempleo sobrepasa el 60% de la población económicamente activa, es de esperar el creciente recurso del gobierno a la intervención policial. Esto creará tensiones, no sólo entre el gobierno y el FSLN, sino también entre el FSLN y el EPS. Este insiste en su posición de resguardar el orden, refiriéndose especialmente a su papel en zonas rurales frente a los re-contras, aunque en la práctica es eso lo que la Policía hace en zonas urbanas contra trabajadores huelguistas. Provocará tensiones también entre el FSLN y la Policía, y en el seno mismo del FSLN, en donde la mayoría de sus miembros de base están golpeados económica y a veces también físicamente.

Todo esto sucede bajo la complaciente mirada de Baker, de la embajada norteamericana y de la derecha opositora al gobierno.

Pentágono: "misión técnica"

El día 30 de enero -fecha en que la Policía estrenaba uniformes nuevos-, el Ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, dejaba caer otra bomba contra el Ejército al dar a conocer ante la Asamblea Nacional, y de manera aparentemente inconsulta, que en pocos días llegaría a Nicaragua una misión técnica del ejército norteamericano para trabajar con el EPS en el montaje de un sistema de control de armamentos, dando a entender que también participaría en el desarme de civiles.

A pocas horas de la declaración, el EPS y la Presidencia desmintieron al Ministro, señalando el EPS que se trataba solamente de "un grupo técnico de trabajo" para "sostener reuniones y analizar la posibilidad de cooperación" en el área de control de armamentos y municiones, agregando que la asesoría en materia de "resguardo de armamento y sistemas de seguridad para almacenes" había sido solicitada por el mismo Ejército y gobierno nicaragüense y afirmando que no habría intervención de esta misión de el desarme de civiles.

Control de armas

Pero el daño ya estaba hecho y el espectro de tropas norteamericanas arrebatando armas a la población produjo escalofríos y enojo entre los sandinistas. El Ministro Hurtado había señalado correctamente que el meollo del problema era que no existe un efectivo control de las armas por parte del EPS. Es éste también un antiguo planteamiento de la embajada norteamericana, sólo que al concluir que no existe control sobre las armas que aparecen en manos de civiles, recompas o salvadoreños, deducen los norteamericanos que no existe control del gobierno sobre el Ejército.

Para nadie es un secreto que miles de armas quedaron regadas por todo el país durante los años de guerra, y que otras miles probablemente fueron "embuzonadas" por las diversas fuerzas. La ultrederecha y los Estados Unidos responsabilizaron siempre de esto al EPS, que a su vez ha argumentado siempre la carencia de medios y las deficiencias técnicas para un control efectivo del armamento en su totalidad.

Estados Unidos le estaba tomando ahora la palabra al Ejército Sandinista al enviar una misión que le ayudara a establecer control sobre los inventarios de armas. La pretensión norteamericana no era nueva. Ya se había hecho sentir hace un año en ocasión del trasiego de misiles soviéticos propiedad del EPS para el FMLN y en esa ocasión fueron los soviéticos los encargados de "apoyar" los esfuerzos del EPS por controlar las fugas de su inventario. Evidentemente, no se trataba de un problema administrativo o técnico, sino de una aparente imposición, y muy política, de los objetivos norteamericanos en Nicaragua y en la región, tratando así de neutralizar la capacidad "desestabilizadora" del EPS en momentos en los que ex-soldados nicaragüenses, ex-guerrilleros en El Salvador, o guerrilleros en Guatemala podían solicitar apoyo militar del FSLN y de "su" Ejército. A partir de un control de los inventarios militares del EPS, Estados Unidos controlaba también la posibilidad de que terceros países adquirieran del EPS armamentos de fabricación socialista, que continúan siendo la base del armamento de que dispone el ejército de Nicaragua.

Algunos sospechan que el control sobre el EPS es un acuerdo complementario exigido por los Estados Unidos a cambio de las presiones que Washington dejó sentir sobre el ejército salvadoreño para que se firmaran los acuerdos de paz. También puede ser una deliberada medida norteamericana dentro de una estrategia orientada a dificultar el "rearme" del FMLN en caso de incumplimiento de los acuerdos por el gobierno o el ejército salvadoreño. En todo caso, la posibilidad de que ninguna población civil centroamericana pueda tener acceso a armas vía el EPS o vía los recompas o vía los buzones existentes en Nicaragua, resulta coherente con toda la política exterior norteamericana, orientada a asegurar el monopolio de la fuerza para los gobiernos pro-norteamericanos y para sus políticas neoliberales.

En todo caso, la mayoría de las interpretaciones sobre el acercamiento EPS-EE.UU coinciden en que, en última instancia, el Ejército defiende sus propios intereses. Según un comentarista, "la medalla en el pecho es una solicitud de ayuda para sostener un aparato que se ha quedado sin patrocinador, sin enemigos a quien disparar y sin posibilidades de que sus elementos se incorporen a la vida civil sin problemas, pero que institucionalmente se quiere quedar".

La solidaridad del FSLN con el FMLN

La perspectiva regional, presente en el sandinismo desde su nacimiento, ligó siempre la suerte del movimiento revolucionario en un país centroamericano a la suerte de sus compañeros en lucha en los otros El FSLN nunca olvidó la importante contribución de los revolucionarios salvadoreños en la lucha contra Somoza. Una vez en el poder, el gobierno sandinista decidió cumplir con lo que consideraba su papel histórico al volcar su solidaridad material con los salvadoreños. Y lo hizo en dimensiones que desbordaron incluso las posibilidades reales del FSLN, como lo reconoce la Dirección Nacional en su informe al Congreso del FSLN en julio/91.

El costo pagado por Nicaragua a causa de esta solidaridad a lo largo de los años fue altísimo, aunque esta claro que la administración Reagan no hubiera necesitado mayor evidencia de complicidad sandinista en el trasiego de armas al FMLN para llevar a cabo su guerra sucia contra Nicaragua. La realidad es que la solidaridad sandinista siempre fue constante y mal ocultada, pasando por todo, desde la integración personal de revolucionarios nicaragüenses a las filas del FMLN, hasta el suministro semi-fracasado de misiles por parte del EPS en noviembre 89, en ocasión de la ofensiva general del FMLN contra el gobierno. Esto último llevó al endurecimiento de la posición norteamericana en el delicado momento de la campaña electoral, empañando la imagen del FSLN ante sectores cuyo voto buscaban los sandinistas.

Un nuevo momento en las relaciones FSLN - FMLN

Sin embargo, ya para este período la colaboración material entre el sandinismo y el FMLN se enmarcaba dentro de una aceptación conjunta, aunque derivada de análisis nacionales independientes, en la que ambas fuerzas favorecían la búsqueda de una solución política y negociada con fórmulas de concertación que terminaran con la violencia y la destrucción, pero que a su vez reconocieran la fuerza y representatividad de los sectores populares organizados. Desde antes de las elecciones en Nicaragua, ya privaba en la estrategia sandinista la convicción de que sin paz en El Salvador se hacía más difícil poner fin al conflicto en Nicaragua y así consolidar los espacios políticos ganados.

Después de tantos años, lo que resultaba claro es que la pacificación de El Salvador -con pleno reconocimiento de la lucha popular- era indispensable para lograr el reconocimiento oficial estadounidense de la propia legitimidad del FSLN, y en general de la legitimidad de las izquierdas centroamericanas. Ante esta prolongada realidad, algunos pensaron que había que capitalizar políticamente el nuevo momento internacional y el hecho de que el FSLN no hubiera sido derrotado por la vía militar, para buscar la convivencia con los Estados Unidos. Una convivencia considerada como sinónimo de la aceptación norteamericana del nuevo papel cívico opositor de la izquierda.

"Normalización" de relaciones con Estados Unidos:qué significado tiene esto para el FSLN

La anhelada normalización de relaciones con Estados Unidos, que no pudo lograr el FSLN con su triunfo contra Somoza, ni con su tenaz defensa militar, ni con la perestroika y el colapso del socialismo del Este europeo, ni con el montaje de un proceso electoral abierto, ni con la transferencia pacífica del poder, parecía ahora posible con la pacificación en El Salvador. Esta normalización de relaciones es considerada por muchos sandinistas como indispensable, no sólo por razones geopolíticas, sino incluso electorales, teniendo en cuenta el innegable peso que los Estados Unidos tienen sobre las posiciones y percepciones de un importante sector no revolucionario de la población nicaragüense, a quien el sandinismo continúa proponiéndose llegar.

La visita a Washington de Henry Ruiz, encargado a nivel de Dirección Nacional de las relaciones internacionales del FSLN, y sus comentarios muy optimistas sobre un futuro entendimiento del FSLN con Estados Unidos, vino a agregar más combustible al fuego del debate desatado por la medalla. El FSLN siempre había hablado de buscar una "normalización" de relaciones con los Estados Unidos. Pero, ¿qué significa esto en el contexto de un partido derrotado electoralmente y de un imperio celebrando el triunfo mundial del capitalismo?

¿Hasta dónde debía llegar en ese marco la búsqueda de la normalización de las relaciones con Estados Unidos? De hecho, la misma frase trillada desafiaba una definición concreta. Normalización, ¿significa que el sandinismo deja de ser anti-imperialista? ¿O había que suponer que los Estados Unidos habían dejado de ser imperialistas? ¿Es afirmar que el imperialismo norteamericano ha dejado también de existir a la par que desapareció la Unión Soviética? ¿Contra qué sistema había luchado entonces el sandinismo por 10 años, o el mismo Sandino?.

Y por otra parte, ¿es realmente de interés para Estados Unidos una "normalización" de sus relaciones con el FSLN/EPS mientras continúe la guerra en Guatemala, o mientras el FSLN no reniegue de sus vínculos de solidaridad con Cuba y con otros movimientos revolucionarias o mientras el mismo FSLN continúe siendo el mayor partido de oposición en Nicaragua con posibilidades de regresar al poder? Tal como se lo habían planteado ya los norteamericanos durante la campaña electoral del 89-90, ¿todo indicio de "normalización" por parte de Washington no puede contribuir a incrementar la capacidad del FSLN de influenciar a los nicaragüenses centristas y a otros que consideran que un voto por el FSLN es un voto por el conflicto con Estados Unidos? Desde una perspectiva así, ¿qué interés pudiera tener Estados Unidos en tener o aparentar amistad con una fuerza como el sandinismo, que pretende desarticular o al menos subordinar a su proyecto popular el proyecto neoliberal?

Los laberintos de la medalla

En la actual etapa, el sandinismo sólo podía salir perdiendo de incidentes como el de la medalla. Para los sectores populares significaba una pérdida de confianza en el Ejército, creando con esto más dispersión en momentos en que el FSLN quiere cerrar filas. Por otro lado, condenar la condecoración significaba reafirmar ante muchos la imagen eternamente belicista y anti-norteamericana del FSLN. Y a esos muchos también se propone atraer el FSLN. En las filas del sandinismo también están los que les preocupan cuestiones de imagen y cuestionan la "viabilidad" de antiguas posiciones frente a la nueva realidad y a la eventual lucha electoral.

Por todo esto no fue mera coincidencia que en el marco de las cambiantes circunstancias regionales e internacionales, sectores del sandinismo respondieran a una supuesta crisis de identidad, siguiendo en alguna medida la posición del General Ortega, aunque no presentando una medalla sino un documento formal que daba continuidad al debate interno sobre la identidad y el papel del FSLN.

Un grupo de "centro" en el FSLN

"Desde el Sandinismo, Propuesta para un Proyecto Nacional" fue el título del documento que 18 militantes del FSLN presentaron a la Dirección Nacional, a Antonio Lacayo y a los medios de comunicación social. Los firmantes repetían los argumentos a favor de un proyecto nacional de consenso que, en su opinión, debía de guiar el discurso y la actuación del FSLN, con estricto apego a las leyes. Para la corriente, autocalificada de "centro" por algunos de sus voceros, de "progresista" por otros de sus voceros y de derechista y lacayista por sandinistas de base, es "urgente la necesidad de desarrollar la institucionalidad jurídica y política del país a través del fortalecimiento de un Estado de Derecho, y el ejercicio firme y efectivo de la autoridad para hacerlo cumplir, a fin de poder evitar un mayor deterioro social y los síntomas de anarquía y caos imperante en el país". "Es imprescindible -decían- excluir totalmente el uso de la violencia como método de solución de los conflictos".

Aunque entre los firmantes no aparecen ni veteranos ni nuevos dirigentes del FSLN, está claro que la propuesta, cuya única novedad es la de haber sido presentada por escrito y formalmente -procedimiento no usual en el sandinismo-, representa también el sentir de un pensamiento "renovador" que cuestiona tanto a la actual dirigencia del sandinismo como también los resultados del Congreso de julio/91, en el que predominaron la presencia y representatividad de las organizaciones populares y sindicales. En este sentido, el documento se hace eco de la crítica gubernamental al FSLN por el divorcio entre un discurso de concertación y una práctica sindical de huelgas y protestas a menudo violentas, haciendo caso omiso de esa misma "incoherencia" en el gobierno, que recurre a la fuerza policial e incumple los acuerdos de la Concertación.

Fue dura la reacción de los sindicatos y sectores de base del sandinismo atacando a la nueva "corriente", que identifican como defensora de su propio estatus o de sus intereses económicos. Daniel Ortega les fustigó públicamente, denunciando que "existe gente interesada en socavar la autoridad de la Dirección Nacional del FSLN", acusándolos de oportunismo en referencia a las nuevas condiciones políticas y a los cantos de sirena de los Estados Unidos y del gobierno, causando con esto la "creación de confusión en el sandinismo."

Para la Juventud Sandinista, lo más grave del pronunciamiento de los "centristas" es el hecho de colocarse al margen de los acuerdos y posiciones adoptadas por el Congreso del FSLN. En un comunicado del 19 de febrero, la dirigencia juvenil demandó respeto a las posiciones minoritarias, pero insertas en un proceso interno estructurado de discusiones. "Las corrientes de opinión no sólo existen, sino que son necesarias para el desarrollo interno. Pero consideramos negativo ubicarse desde una posición de desconocimiento o deslegitimación de lo que hasta ahora se ha acordado". Desde esta perspectiva, critican a la Dirección Nacional por no estimular y activar el funcionamiento de la Asamblea Sandinista.

¿Crisis partidaria o crisis ideológica?

Cometieron un error los "centristas" al presentar sus posiciones directamente al gobierno. Pero lo más negativo para ellos fue el que en los mismos días en que publicitaban sus posiciones, ampliamente recogidas por el diario anti-sandinista La Prensa, el gobierno ordenara la detención del 51 trabajadores de la línea aérea nacional Aeronica, que protestaban por la privatización de la compañía en favor del capital extranjero, sin tomar en cuenta efectivamente los derechos al 25% que sobre esta propiedad estatal tienen los trabajadores por los acuerdos de Concertación.

A comienzos de año, la Presidenta Chamorro y el Ministro Lacayo habían anunciado la aplicación de mano dura frente a cualquier disturbio que empañara la imagen del país ante las instituciones financieras internacionales. Con la huelga de Aeronica, se ponía a prueba esta voluntad del gobierno, desatándose lo que el Frente Nacional de Trabajadores denunció como "una persecución policial".

Se trataba también de una prueba de voluntad para el sector sindical y para el FSLN, abriéndose la duda de si la dirigencia sandinista acuerparía la protesta de los trabajadores y las huelgas que se avecinaban, toda vez que el gobierno, urgido por la banca internacional y la AID, insistía en acelerar el cumplimiento del plan de ajustes, anunciando que en 1992 no se admitirían reclamos de aumentos salariales, y acelerando la privatización de nuevas empresas estatales sin tener mayor cuidado de los derechos propietarios y garantías laborales concertados con sus trabajadores. No ocultó el Ejecutivo que la determinación gubernamental de "mantener el orden" se debe al expreso condicionamiento de los acreedores de Nicaragua, que insisten en mayor seguridad y estabilidad para provocar un flujo de inversión privada extranjera que, a dos años de gobierno sigue brillando por su ausencia.

El test de Aeronica

El 15 de febrero, el Frente Nacional de los Trabajadores reaccionando al encarcelamiento de los trabajadores de Aeronica -quienes llegaron al punto de bloquear la pista del aeropuerto con dos aviones- anunció la paralización de todas las negociaciones con el gobierno relativas a la privatización de las diversas empresas, amenazando con paros parciales en los centros de trabajo de todo el país. "El gobierno trata de descabezar el liderazgo de los trabajadores y de amedrentar a la base sindical", dijo un dirigente de la Federación de Trabajadores de Transporte.

Entre tanto, las posiciones de centro de los "renovadores" no lograban captar la imaginación de los sectores populares, que buscan soluciones de manera autónoma. Hay señales concretas de estas búsquedas. A finales de enero fue exitosa una convocatoria nacional para un encuentro de mujeres de diversos estratos sociales, políticos e ideológicos. Las mujeres intercambiaron experiencias sobre la violencia que sacude al país, en la que las principales víctimas son ellas mismas, así como sobre la sexualidad y las relaciones afectivas. Al encuentro asistieron -y fue sorprendente- casi 700 mujeres de todo el país, de las que el 57% eran jefas de familia, un 30% de ellas en el desempleo. Se acordaron acciones movilizativas, posponiendo por el momento la sugerencia de conformar una nueva estructura u
organización.

Señales de neoliberalismo en las filas del sandinismo

A inicios de febrero, todas las organizaciones juveniles del país, incluyendo las religiosas y las afiliadas a la ex-contra, convocaron también a una reunión de sus diversos organismos para discutir un quehacer conjunto. A mediados de febrero, los lisiados de guerra de la contra y del ejército culminaban meses de colaboración convocando a las más altas autoridades del gobierno a una Conferencia en la que se expresaron y se atendieron algunas de las exigencias que habían formulado conjuntamente. Tanto en el caso de las mujeres como en el de los jóvenes, surgieron nuevos niveles de unidad alrededor de problemáticas propias, por encima de las diferencias políticas, lo que son signos de una verdadera concertación a nivel de la sociedad civil. Son diversas las respuestas, fuera y dentro del sandinismo, positivas y negativas, organizadas o no, desde la calle o los escritorios. Todas reaccionan al avance del programa neoliberal.

El componente ideológico del neoliberalismo ha penetrado ya las filas del sandinismo, lo que era de esperar por el carácter pluriclasista de la composición del FSLN y por lo atractivo que resulta la constante invitación norteamericana y neoliberal a tomar posiciones de "centro" en la nueva etapa nacional y mundial, en la que deben quedar atrás las ideologías y las contiendas violentas. El neoliberalismo también ha llamado a las puertas del partido sandinista para que asuma su "nuevo" y subordinado papel en el nuevo "orden" nacional e internacional.

Para los sectores populares y sindicales, el discurso y la realidad neoliberal no tienen ningún atractivo. Mientras un sector del sandinismo parece propenso a otorgarle una medalla al gobierno por lograr la estabilización monetaria, por contener el conflicto militar, y por sanear las cuentas con los banqueros internacionales y con el gobierno norteamericano, la mayoría de los sandinistas sufren la otra cara del neoliberalismo, que es un creciente empobrecimiento y agudas carencias en empleo, salud y educación, a la par que la presencia de asesores estadounidenses en todas las dependencias gubernamentales, incluyendo las militares. Aun cuando el partido sandinista no puede renunciar a su compromiso con la estabilidad de la nación y con el marco político que él mismo ayudó a crear, está obligado -al igual que lo esta la izquierda en El Salvador- a enfrentar creativamente esta etapa de confusión y de lucha, en la que deben definirse los términos de la renovación de la izquierda revolucionaria.

FSLN: es tiempo de definiciones y de redefiniciones

Es tiempo de redefinir qué significa izquierda y revolución en Centroamérica. En realidad, la "crisis" o "confusión" está siendo sentida primordialmente por intelectuales y veteranos políticos del sandinismo, así como por los sectores del gobierno, que miran con suma atención este nuevo globo que se eleva en el centro, a fin de determinar cómo soplan los vientos dentro del sandinismo y qué autoridad es la que mantiene la dirigencia del partido. Tampoco es irrelevante el hecho de que esta nueva corriente sandinista de "centro" coincida con muchos dirigentes sandinistas de base en la crítica a la dirigencia sandinista por no acabar de definirse entre beligerancia y negociación. Por otra parte, crisis ya existía entre los sandinistas de base que, a lo largo de dos décadas carecieron de la experiencia del debate y el cuestionamiento interno, y que ahora pueden escandalizarse ante un espectáculo, que les es desconocido, el de un sandinismo que ventila en público sus diferencias. Pero en definitiva es un sandinismo que da muestras internas y lecciones externas de democracia.

El actual debate resulta imparable. Son ya pocos los que plantean frenar la discusión en nombre de la unidad y por temor a disgregar al partido mayoritario de Nicaragua. Lo que antes se consideraba impensable se torna ahora necesario: el debate se vuelve símbolo y síntoma de la renovación y de la búsqueda de una nueva coherencia interna, en la que la defensa de la unidad del sandinismo no debe contraponerse a la necesaria renovación. Estas deben ser las dos caras de la misma medalla.

El actual reto del sandinismo

El actual reto consiste en asegurar esta necesaria renovación, lo que algunos continúan asociando mecánicamente a cambios en los miembros de la Dirección Nacional y en dirigentes de las estructuras del FSLN. Pero el desafío es más de fondo, pues el cambio en las personas y en las estructuras no asegura el cambio en las concepciones políticas ni la democratización del sandinismo. El FSLN, y cada uno de sus militantes y simpatizantes, están obligados, quizás por vez primera desde la divisiòn del FSLN entre 1976 y 1979, a encarar una debilidad central, la misma que en otros momentos históricos se interpretaba como fuente de fortaleza: la falta de profundidad y definición en el pensamiento político y teórico del FSLN. El Congreso señaló algunos principios, pero como siempre, el resultado de esta reunión -típico en el sandinismo- fue un programa de lucha.

La realidad cambiante ha hecho dar muchos pasos inciertos, tanto al General como a los "centristas", levantando polvaredas pero obligando al sandinismo a avanzar más rápidamente para articular una verdadera visión alternativa de la sociedad nicaragüense y para definir el papel del sandinismo.

De ahí deben nacer las transformaciones que requieren las mayorías populares. No deben continuar siendo ellas las víctimas de antiguos y nuevos órdenes nacionales e internacionales.

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