Panamá
El yugo de la deuda externa
La deuda externa sigue siendo la herramienta clave
con la que el Norte impone políticas económicas a nuestros países del Sur.
No nos desarrollamos, pero sí pagamos. En Panamá, el gobierno no lo oculta:
todos los ajustes son para aumentar el ahorro público y así pagar la deuda.
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA)
Por qué pagar la deuda a los extranjeros y no pagar la deuda social (salarios, empleos, pensiones) a los nacionales? Este reclamo al gobierno está detrás de la creciente movilización popular en Panamá.
Una deuda impagableDesde 1980, el servicio de la deuda pública pasó a ser la prioridad de gastos del gobierno de Panamá. Más recientemente, en su versión final, el plan FORD reafirma esta prioridad al enfatizar que "el pago de la deuda externa es la condición necesaria para lograr la estabilidad financiera y crear las condiciones para que Panamá sea reconocida internacionalmente como un país sin riesgos económicos o financieros".
Actualmente, la deuda pública de Panamá asciende a 6 mil 177 millones de dólares. De este total, 4 mil 234 millones corresponden a deuda externa, de la cual el 20% (857,9 millones) corresponde a los acreedores multilaterales (FMI, BIRF, BID, FIDA), mejor conocidos en Panamá como las IFIs, las instituciones financieras internacionales.
El equipo económico del gobierno de Panamá busca en su propaganda que la población sea comprensiva con esta prioridad de la política económica: en el pago de la deuda está en juego la "dignidad" del país.
Entre 1982 y 1984, período en el que Panamá ejecutó el primer programa de ajuste estructural, el gobierno dedicó 1 mil 141 millones de dólares al servicio de la deuda externa. Y entre 1985 y 1987, durante el segundo PAE, fueron dedicados 1 mil 646.9 millones de dólares al mismo fin.
En los años 1986 y 1987, el servicio de la deuda pública llegó a representar más del 50% del gasto público, mientras que los gastos en salud, educación y vivienda apenas representaron el 22%.
En la década 1981?1990, a pesar de dos años de no pago (1988?89), Panamá transfirió al exterior cerca de 3 mil 387.7 millones en pago de la deuda. En 1990, durante la primera
ejecución presupuestaria del gobierno de Endara, se inició la negociación para pagarle a las IFIs los atrasos. En el año 1991 el gobierno desembolsó 314.1 millones y en 1992 casi mil
millones, lo que representa el 35% de todos sus gastos.
Renegociando la deudaPara normalizar sus relaciones con los acreedores internacionales, Panamá tuvo que desembolsar 645.8 millones de dólares para cancelar la morosidad acumulada hasta el 31 de diciembre de 1989 con los organismos multilaterales. También abonó 39.9 millones de dólares de la deuda pendiente con 9 países ricos del Club de París. Pagó también 227 millones por el servicio corriente de 1992. Para recuperar la condición de "país sujeto de crédito", el vicepresidente Guillermo Ford negoció de la siguiente manera:
- Destinó 134 millones de los fondos nacionales que Estados Unidos congeló al régimen de Noriega en 1988.
- Hizo un préstamo puente al Tesoro Federal por 143 millones.
- Utilizó 133 millones de donaciones tramitadas para pagar la deuda: 130 millones de Estados Unidos y 3 millones de Francia.
- Destinó 235.8 millones de los ingresos corrientes del año fiscal 91.
A cambio de este esfuerzo - que suma los 645.8 millones -, Panamá recibió la suma de 277.9 millones de dólares. (Los acreedores multilaterales hicieron desembolsos por $207.7 millones y los acreedores bilaterales y oficiales por $70.2 millones). Por otra parte, el Fondo Monetario internacional aprobó un Acuerdo de Contingencia de 22 meses para Panamá, por un monto de 130 millones 350 mil dólares, que incluye revisiones trimestrales del financiamiento externo. Esta negociación compromete el presente y el futuro de Panamá. Al mismo tiempo que crea las condiciones para que Panamá realice una transferencia neta de sus recursos en concepto de servicio de la deuda externa, mantiene vivo el mecanismo de auto-perpetuación de la deuda y establece condicionalidades a la política económica que laceran el derecho a la autodeterminación del Estado.
Por un lado, se endeuda al país con nuevos créditos, negociados en nuevos términos onerosos para pagar viejos empréstistos. Y por el otro, se establecen unos pesados condicionamientos a la política económica, lo que supone sacrificar años de esfuerzo productivo nacional, empequeñecer y arruinar la capacidad de gestión del empresariado nacional, al tiempo que se subasta la capacidad laboral de los trabajadores panameños.
El peligro mayor está en el horizonte: en el momento de la entrega del Canal de Panamá a la nación panameña, de conformidad con los tratados Torrijos-Carter. No faltarán entonces Veanux Varillas que propongan que se resuelva el problema de la deuda alquilando las bases militares y renegociando los tratados canaleros para brindarle la vía acuática a Estados Unidos a cambio de una irrisoria concesión.
El gabinete económico sostiene que los nuevos créditos servirán para mantener la economía en crecimiento y generar los empleos que necesita el país. Pero si la proporción mayor de estos créditos se destina al refinanciamiento de la deuda, esto no generará un efecto multiplicador en la economía nacional. La escasa proporción que se destina a la inversión no está generando la cantidad de empleos cualitativos que se requieren para dinamizar la economía y la poca inversión pública que se está ejecutando se realiza en un contexto de ajuste estructural que inhibe el efecto multiplicador de la inversión.
Por otra parte, ni las fuentes de crédito externo son inagotables, ni la capacidad de endeudamiento del país es infinita. La recesión internacional y los problemas monetario?financieros afectan la disponibilidad de fondos del sistema financiero mundial y hacen escasos los recursos a los que Panamá podría aspirar en el futuro.
Para incrementar los ingresos de divisas y satisfacer los servicios de la deuda, el Plan Ford se propone aumentar las exportaciones. Para ello se promueven las exportaciones no?tradicionales, proyecto lleno de incertidumbres y de atentados ecológicos, como lo demuestra el "exitoso" caso de Guatemala.
Tambien se incentiva la inversión extranjera en zonas procesadoras para la exportación, la maquila. La generalización de esta política para todos los países centroamericanos nos lleva a una dañina competencia que reduce el valor de las exportaciones no-tradicionales y de las exportaciones por maquila. Además ya está también comprobado que aun cuando aumenten estas exportaciones, ni los problemas de empleo ni los desbalances financieros internacionales quedan resueltos.
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica