Universidad Centroamericana - UCA

Número 208 | Julio 1999

Nicaragua

Pacto: frutos amargos y hondas raíces

Las raíces del pacto son económicas. Hay que buscarlas en el tenso reacomodo de grupos económicos que se está produciendo en el país. Los frutos del pacto tienen perpleja e indignada a una sociedad, aún muy dispersa y muy atrapada en ideologías y en mitos del pasado. El desafío es pensar e imaginar el futuro.

Equipo Nitlápan-Envío

19 de julio: se cumplen 20 años del triunfo de una revolución que cambió la historia de los nicaragüenses y de los centroamericanos y que sedujo a muchos durante mucho tiempo en muchos lugares del planeta. ¿Veinte años han sido "nada", como canta el tango saturado de nostalgias? Han sido "mucho". Veinte años conmueven, enorgullecen, pesan, deciden, duelen. Hoy, especialmente duelen. Porque este simbólico aniversario encuentra a una buena parte de los dirigentes del FSLN -vanguardia de aquella revolución- negociando sus intereses como nuevo grupo económico con un gobierno desacreditado y corrupto, heredero directo de los vicios del somocismo derrocado en 1979. Encuentra también a un amplio sector del FSLN, del sandinismo y de la sociedad no sandinista perplejo y en abierta disidencia y rebeldía.

Un esperado "Mitch institucional"

Los frutos visibles del pacto entre el gobierno que preside Alemán y el FSLN que hoy controla Ortega serán cambios fundamentales en la Ley Electoral y en la Constitución Política, que modificarán sensiblemente la estructura y la naturaleza de las instituciones del Estado. "Un Mitch institucional": así ha sido calificada la negociación bipartidista por algunos de los muchos analistas del mismo. Los cambios que se harán -orientados todos a favorecer a las cúpulas de estos dos partidos- se vienen decidiendo desde hace bastante más de un año en un ámbito hermético al que sólo acceden los círculos más cercanos a Ortega y a Alemán. Y, aunque esta metodología negociadora es de todos conocida, y lo esencial del acuerdo entre el PLC y el FSLN ya está pactado, ambos partidos nombraron desde inicios de junio a sus "comisiones negociadoras", que comenzaron a reunirse dos veces por semana para ir anunciando a la opinión pública la lista de acuerdos que van surgiendo de la agenda confeccionada desde mucho antes por los caudillos.

Sólo al final, cuando todo esté "cocinado", los acuerdos desembocarán en la Asamblea Nacional para transformarse en leyes y en reformas de leyes. Los votos -mayoritarios- de los diputados liberales y de los sandinistas garantizan que la aprobación sea prácticamente automática, adornada tal vez con algunos debates, que serán pura formalidad. Cuando la negociación llegue a la Asamblea, la única incógnita interesante tiene que ver con la disciplina o la disidencia del voto de unos cinco-ocho diputados del FSLN, que han expresado consistente y públicamente su rechazo a importantes aspectos de estos acuerdos.

Los argumentos de los pactistas

En el pacto, el FSLN aparece en clara desventaja. Concede mucho más de lo que recibe y decide debilitarse para fortalecer a su adversario, un gobierno en crisis, cada vez más cuestionado nacional e internacionalmente. Este "absurdo político" mantiene a un importante sector de las bases del FSLN y del sandinismo más amplio en un profundo desconcierto e indignación. "Se trata de una capitulación", ha repetido la militante sandinista y activista de los derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, una de las más consistentes opositoras del pacto.

Para negociar con los sandinistas, el gobierno argumenta ante la opinión pública con "el bien de Nicaragua", con la necesidad de librar al país de asonadas, violencias y opciones armadas, con "la gobernabilidad". No puede olvidarse que las vísperas del pacto fueron de "ingobernabilidad pactada", un teatro de violencia callejera fabricado por orteguistas y alemanistas, por más que en algún momento pareció írseles el plan de las manos, con la caótica participación de algunas pandillas capitalinas en el escenario.

En el caso del FSLN, Daniel Ortega y otros dirigentes insisten en dos argumentos. Uno, muy general: negociar es esencial en política y el FSLN tiene una larga historia de negociaciones pragmáticas y exitosas. El otro argumento es inverosímil: hay que negociar hoy porque esto le garantiza mañana al FSLN una victoria electoral.

Cuando los argumentos de las dos partes se adentran en los acuerdos concretos en los que se traduce el pacto, la población nicaragüense asiste a altas cuotas de obscenidad política. Repartirse la composición de las instituciones del Estado entre las cúpulas de ambos partidos -magistraturas en el Poder Electoral y en el Poder Judicial, cargos en empresas e instituciones estatales, etc.-, reparto donde la lealtad partidaria y no la capacidad profesional es la que decide, se interpreta como un "derecho". Son muchos los miembros del FSLN que, aunque críticos airados del pacto, no dejan de alinearse con este "principio" que esgrimen los pactistas del FSLN: "Tenemos derecho a ocupar los espacios institucionales que nos corresponden".

En el caso de los liberales, el impudor es pornográfico: han planteado que al dejar la Presidencia, Alemán ocupe automáticamente una diputación -con su correspondiente inmunidad- para, con su experiencia, "agilizar el trabajo parlamentario" (el Presidente celebró la idea, usando exactamente la palabra "menear"); proponen la neutralización-anulación de la labor del Contralor convirtiendo la actual Contraloría en un tribunal de varios Contralores elegidos entre el FSLN y el PLC para "modernizar y fortalecer la institución"; han insistido en la posposición de las elecciones municipales para "ahorrarle a un país pobre tantos gastos". Todo se afirma sin ningún rubor. Altos dirigentes sandinistas usan esos argumentos, fotocopiándolos.

La izquierda del FSLN

Contrargumentando a ambos grupos pactistas, la Izquierda Democrática del FSLN -sector que reúne ya a un buen puñado de conocidos dirigentes históricos del FSLN y a un amplio grupo de secretarios políticos de las estructuras departamentales y capitalinas del partido- afirma, entre otras cosas: "El PLC necesita negociar con el FSLN para imponer las políticas de hambre ordenadas por los organismos financieros del capitalismo mundial, necesita controlar el movimiento social y neutralizar la opinión política revolucionaria, con lo cual obtendría la gobernabilidad, crucial para imponer en toda su extensión el sistema capitalista. Para el imperialismo y el somocismo, gobernabilidad no es otra cosa que la confiscación de la rebeldía del pueblo frente a la implacable dictadura económica que sufrimos los nicaragüenses."

Y ante el esquematismo electoralista que domina el discurso de los dirigentes pactistas del FSLN, afirman: "Las reformas a la Constitución son una necesidad de los liberales pero no de los sandinistas. Para el FSLN no es una necesidad imperiosa reformar la Constitución para ganar las elecciones. Los sandinistas vamos a ganar las elecciones si sabemos proponer a la sociedad un programa de gobierno capaz de resolver los principales problemas del pueblo, si sabemos seleccionar con sabiduría los candidatos idóneos para los cargos públicos, si sabemos organizarnos para defender el voto."

Una cuestionada Ley Electoral

El pacto se traducirá en una reforma a fondo de la Ley Electoral de diciembre de 1995 -que nació de una reforma a la Ley de 1984, y que ya fue modificada ad hoc en 1997, para las elecciones de 1998 en la Costa Atlántica, por un acuerdo entre el FSLN y el PLC muy cuestionado por otros partidos-. Algunas de las reformas hechas entonces se ratificarán ahora. No debe olvidarse que, a pesar de esa reforma "pactada" -por parte del FSLN, con el mismo argumento de que la ley no le permitía ganar-, el FSLN perdió las elecciones en el Atlántico. Desde hace mucho tiempo está claro que no son problemas legales sino problemas éticos que generan desconfianza y falta de credibilidad los que restan votos al FSLN.

La Ley Electoral que rigió las elecciones generales de 1996 fue elaborada por los diputados de entonces entre grandes tensiones políticas y con bastante celeridad porque se echaba encima el calendario electoral. El resultado fue deficiente, y los expertos señalaron en su día que la Ley contenía unas 60 irregularidades e imprecisiones, 15 de ellas fundamentales, que deberían ser reformadas si se quería un correcto proceso electoral.

La interpretación que las diferentes autoridades electorales
hicieron en 1996 de los vacíos de la Ley dieron lugar al cúmulo de arbitrariedades e "inconsistencias" -fue la palabra usada entonces- que caracterizaron las elecciones que ganó Alemán. Tantas inconsistencias que Daniel Ortega alegó durante meses que el gobierno de Alemán era ilegítimo por ser fruto de un fraude electoral.

En 1996, una de las críticas más consistentes que se hicieron a la Ley Electoral fue la politización partidaria de los órganos electorales, en desmedro de su profesionalismo. El hecho de que la Ley despojara al Consejo Supremo Electoral (CSE) de la potestad de nombrar directamente a los funcionarios electorales -en base a criterios técnicos y profesionales- y se viera obligado a elegirlos de las listas que le presentaran los partidos políticos fue considerado el error más grave de la ley, y un serio generador de problemas en un país marcado por la polarización política.

De hecho, las lealtades partidarias de un grupo de altos y medianos funcionarios electorales causaron enormes trastornos en el proceso de 1996. La más sintética crítica global que se puede hacer a las elecciones de octubre 96 es que el propio ordenamiento jurídico -al partidarizar los órganos electorales y propiciar que carecieran de la garantía de la imparcialidad- conspiró contra su transparencia.

Contra el pluralismo político

Con la negociación, de los 208 artículos que tiene la actual Ley Electoral, se eliminarán 86 y se reformarán 70. Para justificar el pacto, el FSLN ha argumentado reiteradamente que la Ley Electoral debe ser reformada profundamente, porque la actual "no sirve". Para el FSLN tampoco "sirven" los magistrados del CSE y todos deberían renunciar "por patriotismo". Para el PLC ninguno de estos argumentos es importante. Y es lógico, porque fue precisamente esa ley y ese CSE que "no sirven" los que le sirvieron para ganar esas elecciones, y en primera vuelta.

Realmente, la Ley debe ser reformada, pero resulta muy significativo que su problema fundamental no sólo se mantendrá sino que se empeorará con el pacto: el partidismo de los órganos electorales va a ser reformado, pero hacia el bipartidismo. La reforma pactada establece que los miembros de los Consejos Electorales Regionales y de los Consejos Electorales Municipales -se van a crear con la reforma- y los miembros de todas las Juntas Receptoras de Votos seguirán siendo nombrados de las listas de los partidos, pero precisa que en la presidencia de todas estas instancias siempre deben alternarse o un sandinista o un liberal. Sólo ellos.

Ciertamente, el pluralismo político que favorecía la Ley Electoral en muchos de sus enunciados se transformó en las elecciones de 1996 en hiper-pluralismo: 27 partidos compitieron, convirtiendo la contienda en una feria de ofertas superpuestas. Las reformas que surgirán del pacto PLC-FSLN se montan en éste y en otros rasgos negativos -derivados de la aún incipiente cultura democrática del país- para llevar la legislación al otro extremo, al del bipartidismo, buscando entorpecer otras expresiones políticas y abortar las posibilidades de alternativas independientes.

Las reformas eliminan las asociaciones de suscripción
popular en la elección de alcaldes (vs el municipalismo, la descentralización y el surgimiento de nuevos líderes locales), dificultan al máximo la conformación de alianzas electorales (vs pluralismo), refuerzan la disposición de que los candidatos sean sólo quienes estén afiliados a partidos y que sólo puedan ser elegidos de listas cerradas o "planchas" (vs la profundización de la democracia representativa anulando la opción de elegir candidatos uninominales que no vayan en listas de partidos).

Un clima excluyente y peligroso

Cuando en el mundo entero las sociedades buscan vías alternativas de participación efectiva, al margen de los partidos políticos -cuestionados abrumadoramente en todas partes-, la legislación nicaragüense representa un retroceso, al torpedear el pluralismo político "sin restricciones" que propone la Constitución garantizándolo sólo a través de los partidos, y poniendo a los partidos pequeños todo tipo de condicionamientos, para eliminarlos.

En el caso de Nicaragua, esta propuesta obsoleta produce mayor perplejidad, si se tiene en cuenta que superar el cerrado esquema bipartidista de las "paralelas históricas" (conservadores-liberales) y poner fin a la prolongada era de los pactos entre ellas fue parte del clima asfixiante en que se gestó el sandinismo, y que fue una bandera del FSLN en el poder la promoción de un pluralismo político, con todos los riesgos y desafíos que esto representaba en un país que no lo conocía.

En su documento crítico al pacto, titulado "El pacto es el principio del fin del FSLN", la corriente llamada Iniciativa Sandinista del FSLN valora así este componente del pacto: "Pactar es establecer la alternabilidad en el poder de las cúpulas del FSLN y del PLC, con exclusión de todas las otras fuerzas vivas de la nación y de las fuerzas organizadas de la sociedad civil. Es negar a las minorías el derecho a expresarse, y sobre todo el derecho a existir, es crear un caldo de cultivo para que, a la vuelta de diez o veinte años, tengamos nueva violencia política e insurrecciones."

Pactan intolerancia y atraso

A las varias reformas electorales que atentan contra el pluralismo se suman otras: reformas de carácter técnico sobre el modo de contar residuos y establecer cocientes, el voto de los nicaragüenses en el exterior, la obligación -bajo sanción- de ejercer el derecho al voto, nuevas regulaciones para el uso de los medios y para el financiamiento estatal de los partidos -privilegiando a "los dos grandes" y permitiendo que fuentes extranjeras financien campañas-, etc.

En su conjunto, las reformas electorales están teñidas de una intolerancia excluyente, al querer alinear a los nicaragüenses en sólo dos carriles. Es evidente que se trata de extender en el tiempo el polarizado escenario de las elecciones del 96, donde más del 80% de los votos se repartió entre el PLC (por su antisandinismo) y el FSLN (por lealtad y fijación ideológica con el mito de la revolución y sus líderes). Se trata de congelar en el tiempo esta realidad -que debe ser superada-, de abortar a esa "tercera fuerza" que podría gestarse en la matriz de la actual decepción generalizada ante el desempeño del PLC y del FSLN. Se trata, por todo esto, de una propuesta decepcionante desde el punto de vista de la necesaria educación para la democracia que el país requiere para su desarrollo.

Resulta también evidente que otros acuerdos ya visibles del pacto -aumentar de 12 a 16 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (9 PLC, 7 FSLN), aumentar de 5 a 7 los magistrados del Consejo Supremo Electoral (4 PLC, 3 FSLN)- están orientados a garantizar cuotas de poder -cargos con jugosos salarios, figuración y oportunidades de negocios- a funcionarios de las cúpulas de los dos partidos que dominan los dos carriles, ganen o pierdan elecciones. Tan es así que una pregunta de fondo es: con esta negociación, ¿el FSLN se prepara para ganar las elecciones o para todo lo contrario, para perderlas de nuevo?

PLC y FSLN: reformas esenciales

Las reformas constitucionales son pieza central en el pacto PLC-FSLN. Muchas de ellas están relacionadas directamente con el proceso electoral. La mayoría de las reformas planteadas son de interés prioritario para el PLC, incluido el cambiar sustancialmente el Preámbulo de la actual Constitución, teñido de simbología sandinista y de alusiones revolucionarias. Muchas de las reformas de las que se habla están destinadas únicamente a engrosar la burocracia estatal con nuevos magistrados, senadores, nuevos "conjueces" -que serían suplentes de los magistrados de la Corte-, etc.

Para el PLC, la más esencial de las reformas constitucionales es la supresión de la inhibición que no permite competir por la Presidencia de la República a quienes hayan renunciado a la nacionalidad nicaragüense y tengan otra. Varios de los altos dirigentes liberales ungibles por el Presidente Alemán como candidatos del PLC en el 2001 son "extranjeros" de este tipo. El FSLN le concedió al PLC suprimir esta inhibición y, a partir de ahora, cualquier nicaragüense podrá tener, si quiere, doble nacionalidad, sin ninguna restricción de sus derechos políticos.

Para el FSLN, la reforma constitucional más esencial es la supresión de las dos vueltas electorales, ya que, en el análisis en el que cree el grupo de Ortega -o en el que quiere que crean sus seguidores-, esto le aseguraría el triunfo en las próximas elecciones con un menor porcentaje que, según sus cálculos, siempre sería superior al que obtenga el candidato del liberalismo.
El PLC no quiere conceder al FSLN esta reforma, no tanto porque comparta ese análisis, sino porque el aferramiento de Ortega a este cálculo -o a esta imagen- le permite presionarlo más eficazmente y arrancarle otras concesiones. La acusación por abuso sexual que pende sobre Daniel Ortega actúa de la misma forma, tanto en manos de Alemán como en las manos de quienes forman el sector más claramente pactista del FSLN. Resulta una oculta herramienta de continua presión sobre el débil y debilitado Daniel Ortega, de la que muy pocos quieren hablar.

Prueba de incapacidades

Al insistir en la reforma constitucional de las dos vueltas, con este análisis detrás, el FSLN está reconociendo que es incapaz de aumentar su caudal electoral más allá de un 30% más o menos cautivo, y está confesando su falta de disposición a concertar una amplia alianza para propiciar una alternativa nacional.
La realidad muestra que el caudal electoral del FSLN ha ido en descenso progresivo y el justificado antisandinismo social -no necesariamente proveniente de "la derecha"-, que mira con abierto rechazo o con suspicacia al FSLN no parece superable en las actuales circunstancias mientras los sectores críticos que aún militan en las filas del FSLN no se abran más creativamente a las nuevas realidades. También el llamado centro-derecha debería tener igual actitud de apertura, y renunciar al antisandinismo oportunista. Nicaragua necesita del sandinismo para superar esta crisis.

En el otro lado, Alemán está reconociendo con el pacto su incapacidad para gobernar y su necesidad de aliados, aunque estén tan desacreditados. Reconoce también en esta hora que el antisandinismo irracional que le aglutinó votos y le llevó al poder, es inviable, aunque sólo sea porque el sector orteguista del FSLN tiene capacidad de desestabilizarlo intermitentemente con actos de violencia calculados, manipulando protestas populares auténticas o creándolas artificialmente.

Machista y contrarrevolucionario

Para justificar el paquete de reformas constitucionales, el PLC y el FSLN no tienen otro argumento que no sea el derecho de hacer y deshacer que se arrogan por haber resultado partidos "mayoritarios" en las elecciones de 1996. Los dirigentes pactistas de ambos grupos manejan sin pudor el esquematismo "votos en las urnas igual a cheque en blanco", obviando cualquier esfuerzo de concertación, cualquier consulta, o el uso sensato de "radares" sensibles para interpretar democráticamente a la opinión pública que se expresa en encuestas, medios de comunicación u otras instancias sociales.

Así, el pacto tiene, junto al sesgo del autoritarismo intolerante, el de la arrogancia prepotente. Un sesgo claramente machista. Atenta contra los ingentes esfuerzos que en Nicaragua se han comenzado a hacer para construir una sociedad más reconciliada, más incluyente, más negociadora, capaz de vivir en una democracia representativa y participativa.
Si a esto se añade que entre los motivos visibles del pacto no se menciona un solo rasgo para una propuesta verdaderamente estratégica y nacional, ni existe un solo acuerdo que tenga algo que ver con los gravísimos problemas sociales o económicos que azotan a la mayoría de los nicaragüenses -cientos de miles de ellos aún devastados por el Mitch-, y si uno se coloca en la orilla sandinista, esta negociación puede calificarse también de contrarrevolucionaria. No busca transformar positivamente la realidad del país, sino consolidar los aspectos más negativos que hoy padece.

No a un referéndum

Un grupo de juristas planteó que, al ser tan sustanciales los cambios que los liberales pretenden hacer a la Constitución con la complicidad de los sandinistas, debía convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta fue desestimada. No es ése el proyecto de los dos partidos. Quieren algo más rápido y ágil dentro de un bipartidismo cerrado.
Por su parte, varios grupos sociales y políticos -también a lo interno del FSLN- plantearon que las reformas constitucionales que se están negociando fueran sometidas al mecanismo constitucional de la consulta ciudadana, a un referéndum. Tanto Alemán como Ortega expresaron que esto no era necesario. Arguyeron que esta consulta sería muy costosa para el país. En el grupo de Alemán, se argumentó que "el pueblo ya nos dio luz verde cuando votó por nosotros". Por su parte, Daniel Ortega ha afirmado en varias ocasiones que "el 99.9% de los sandinistas" respalda lo que se está negociando, haciendo caso omiso de claras rebeldías, rechazos y confusiones que se vienen expresando de forma creciente en las instancias institucionales del partido y en las bases, organizadas o dispersas, del FSLN.

Un pacto sin pueblo

Los contenidos concretos del pacto FSLN-PLC, que empezaron a ser conocidos muy poco a poco por la opinión pública desde agosto 98, a través de los medios, se han ido precisando y detallando con los meses. Hoy ya están bastante claros.
Algunas encuestas de opinión han intentado sondear el sentir de la población sobre los acuerdos concretos del pacto. La encuesta pionera la hizo IDESO-envío en septiembre 98 (envío 198) entre la población de Managua. Según aquel sondeo, el 73% de la población de la capital estaba en desacuerdo con que los nicaragüenses que renunciaron a su ciudadanía pudieran ser candidatos a la Presidencia; el 79% se oponía a que los cargos en el Estado se asignaran por méritos partidarios; y el 63% rechazaba el organizar bipartidistamente el sistema político del país. Fueron éstas las tres preguntas -entre trece- que atinaron exactamente en contenidos del pacto que hoy son ya prácticamente acuerdos entre el PLC-FSLN. En aquel primer momento de los rumores y las especulaciones, cuando tanto Alemán como Ortega negaban todo lo que los medios avizoraban sobre el pacto, envío concluía que se trataba de "un pacto sin pueblo".

Sigue siendo así. El "pueblo" sandinista que respalda el pacto es el más fanatizado con los dirigentes históricos -especialmente con Daniel Ortega- y con la idea que le venden esos dirigentes al anunciarle que con el pacto el FSLN ganará las próximas elecciones y todo cambiará. Entienden que tras lo que ocurre está la promesa de un automático y mágico ¡pare de sufrir!, como en la masiva campaña evangelística radial que los bombardea a diario.

Aunque el actual FSLN no representa ya a los pobres ni podría representar a la nación, un sector de población muy empobrecida, especialmente rural, recuerda con orgullo y nostalgia la dignificación que experimentó en los años de la revolución, y lo sigue "creyendo" así.

El pueblo liberal que respalda el pacto es el que "cree" ciegamente en Alemán. Es el del yo tengo fe que todo cambiará... Se trata de gente menos pensante o menos beligerante que los sandinistas de base, o de gente que sobrevive en empleos estatales. La idea que han comprado para aceptar lo que ocurre es que, por fin, Alemán convenció a Ortega para que renunciara a levantar barricadas o a quemar llantas en las calles. Aunque desde hace mucho tiempo la rebeldía social no depende de la organización del FSLN ni el FSLN tiene capacidad de promover o de controlar verdaderas protestas sociales, el PLC necesita que la gente lo siga creyendo así.

El test de la Contraloría

Piedra de toque para analizar las ambigüedades y cinismos que rodean los acuerdos PLC-FSLN es la reforma que afectará a la Contraloría General de la República. La propuesta pública del PLC es modificar la estructura de la CGR estableciéndole una dirección colegiada, donde los cinco nuevos Contralores serían elegidos de entre las filas de los leales al FSLN y al PLC. Sin pagar el enorme costo político de enjuiciar y destituir al Contralor Agustín Jarquín -como era el deseo expresado visceralmente por el Presidente-, el pacto permitiría a Alemán desembarazarse de Jarquín por una vía igualmente expedita pero más sutil. A los dirigentes del FSLN les conviene también deshacerse de él. Es imposible para la cúpula del FSLN asumir la lucha contra la corrupción, por lo mucho que en ella ha participado y porque hoy está decidida a continuar participando en ella.

A pesar de que varios dirigentes del FSLN insistieron en estos meses en que la cabeza del Contralor no sería nunca objeto de negociación con el PLC, desde junio se incrementaron las voces que expresan otros criterios, favorables a la fórmula de la Contraloría colegiada -similar a un Tribunal de Cuentas-, dedicada a neutralizar y callar a Jarquín. Con argumentos como éste -"los sandinistas no pueden permitir que la bandera contra la corrupción se la lleve Jarquín", o con otro más extremo -"Jarquín es nuestro enemigo, no vamos a apoyarlo"- el FSLN ha encontrado en la Contraloría colegiada la "solución final" a sus dilemas frente al Contralor.

La renuncia de Jarquín

En una inteligente jugada, Agustín Jarquín -que ostenta legalmente el cargo de Contralor hasta abril del 2002- anunció que "de darse la transformación estructural de la Contraloría, si hay cambios de fondo que desnaturalizan su concepción" -eso haría la colegiación, que politizaría el resultado de las investigaciones técnicas de la Contraloría-, él renunciaría a su cargo y se dedicaría a la actividad política. Más exactamente, afirmó que se dedicará a propiciar y a integrar a un proyecto político "de carácter nacional y ecuménico, que tiene que ser amplio y que actualmente no existe". En esta alternativa política, Jarquín veía reunidas a todas las personas honestas que trabajaron con el somocismo, con el sandinismo y con el liberalismo.

Teniendo en cuenta el respaldo internacional que obtuvo Jarquín en Estocolmo, su anunciada renuncia representa una muy destacada crítica al pacto libero-sandinista y una notable presión sobre los pactistas. Una pregunta de fondo es: ¿dónde prefieren los negociadores FSLN-PLC a Jarquín: en una Contraloría tal como es la actual, llena de limitaciones, como se muestra a diario, o en esa arena, donde puede ser un contrincante peligroso?

Las raíces: de eso no se habla

Los amargos frutos del pacto no surgen de la nada, de un "mal momento" político, de una desviación ideológica de una u otra de las partes, de una claudicación coyuntural, de la obnubilación que provoca la atmósfera neoliberal, ni mucho menos de una voluntad de reconstruir el país. Un análisis benevolente que explicara el pacto por una pragmática voluntad de convergencia nacional para poner fin a la polarización, para atraer inversiones y para lograr la gobernabilidad y la estabilidad necesarias, es un análisis errado. Igualmente lo es el análisis que ubica el pacto como una etapa necesaria en el largo camino de la "transición democrática" de Nicaragua. Más ingenuo sería el análisis ideologizado que interpretara el pacto como un desliz coyuntural y reversible del FSLN o de sus máximos dirigentes o como una calculada trampa que el PLC coloca a sus debilitados adversarios rojinegros. Todos estos análisis van y vienen en el confuso escenario de estos meses.

Ni la dirigencia del FSLN ni la del PLC andan confundidos ni la presión anti-pacto de las antisandinistas bases liberales o de las antialemanistas bases sandinistas lograrán revertir este "error". El pacto del FSLN con el PLC es la última etapa, el colofón, la conclusión lógica, la meta prevista de un largo camino, iniciado por el FSLN hace una década.

Las raíces del pacto son económicas. Las raíces hay que buscarlas en el tenso reacomodo de grupos económicos que se está produciendo, de forma acelerada, por todo el país, y que, en un país agropecuario como Nicaragua, tiene en el proceso de acumulación de tierras su expresión más visible.

Las raíces del pacto se hunden muy profundamente en el confuso territorio de los problemas de propiedad, y si el pacto se invoca, especialmente por parte del FSLN, como una vía para dar "estabilidad" a la propiedad, lo que se trata de "estabilizar" es la propiedad de sus nuevos dirigentes-empresarios-terratenientes, voraces concentradores de tierras desde hace años.

No puede olvidarse que el primer atisbo concreto del pacto de hoy se dio ayer en muchos de los contenidos de la Ley de la Propiedad aprobada bipartidistamente -y con los mismos métodos secretistas- por el PLC y el FSLN a fines de 1997. Esa ley no se ha cumplido aún, no ha terminado de aplicarse, y se fraguó en un momento diferente al actual. Ahora, el pacto la completará de varias maneras. Los dirigentes del FSLN más favorables a la negociación con el PLC han hablado de "un pacto secreto" entre funcionarios del gobierno Chamorro y funcionarios del actual gobierno, "para taparse uno al otro". Ahora, el FSLN pareciera estar entrando oficialmente a ese juego donde la única regla es que "entre fantasmas no se pisan las sábanas"...

Latifundio: RIP por la revolución

Veinte años después del derrocamiento del somocismo, resulta doloroso constatar que el latifundio vuelve a imperar en el campo nicaragüense, que la tierra se ha vuelto a reconcentrar en manos de unos pocos y -más doloroso- rendirse a la evidencia de que entre esos terratenientes no existen diferencias entre los ex-funcionarios de la reforma agraria sandinista, los ex-funcionarios chamorristas y los funcionarios del actual gobierno liberal. Junto a ellos, compiten por el pastel los ex-dueños de tierras y oficiales y ex-oficiales del Ejército. De la mano de cada uno de estos grupos, sus respectivos socios extranjeros y "globalizados". Todos compran y todos necesitan que con el pacto se "estabilice" la situación jurídica de las propiedades aún no compradas.

De las 3 mil 800 cooperativas que existían al final del gobierno sandinista hoy no existen más que 400. Las empresas "de los trabajadores", surgidas de la concertación entre el gobierno Chamorro y el FSLN -saqueadas y "piñateadas" por los funcionarios sandinistas salientes, ahogadas por falta de créditos durante el chamorrismo, endeudadas hasta la asfixia hoy- esperan ahora su titulación, como fruto de "la letra menuda" del pacto. Esperan ese título para vender sus acciones a los muchos postores que acechan a su alrededor.
A través de consorcios financieros y grandes comercializadoras de origen oscuro se comprarán esas tierras, como se han ido comprando otras, como se está comprando y vendiendo todo el país. La única diferencia visible es que el grupo que está hoy en el poder dice que compra, y los otros grupos no hablan de eso.

Así, en un clima enrarecido, donde campea la nueva cultura del miedo y la tradicional cultura de la impunidad, se ha revertido ya prácticamente uno de los más importantes logros de la revolución: la democratización en la tenencia de la tierra.

El pacto de la corrupción

Estas son las raíces del pacto, que crece sobre el terreno de la corrupción, característica de la cultura política de quienes llegan al poder y no logran moderar su ambición y hacen botín de los bienes públicos. El pacto viene a establecer "nuevas reglas" en el tradicional juego de impunidades-inmunidades.

El grupo Acción Ciudadana, en el que participa la nueva Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción surgida tras el Mitch, el Movimiento Renovador Sandinista y más de 50 organizaciones sociales y gremiales -en su mayoría de ese amplio sandinismo que está fuera del FSLN- ha querido hacer especial énfasis en vincular la corrupción al pacto y en vincular la lucha contra la corrupción a la próxima campaña electoral: "No somos un movimiento electoral, pero aspiramos a que la lucha contra la corrupción sea parte integral de los debates electorales y a que el pueblo nicaragüense, a la hora de elegir a sus autoridades, seleccione a quienes garanticen una verdadera lucha contra la corrupción y la pobreza." Según Acción Ciudadana, el pacto "impone la dictadura de dos caudillos, consolida la corrupción, profundiza los niveles de pobreza, institucionaliza la impunidad y confisca la soberanía del pueblo", y por eso, "la lucha contra el pacto y contra la corrupción es una sola cosa".

En la misma línea de denuncia de la corrupción que busca tapar el pacto, el Foro Nacional Sandinista, corriente disidente del FSLN señala: "La obcecación de las partes por tan aberrante negocio político, negador de los derechos y necesidades más urgentes de la población empobrecida, significa que, en el fondo, las negociaciones se están dando para proteger intereses económicos de capitales emergentes de minorías de ambas partes."

Por su parte, la Coordinadora Civil expresa: "Nos parece preocupante e incoherente que posterior a Estocolmo, el FSLN y el PLC se han enfrascado en una negocación excluyente y desvinculada de las prioridades nacionales, que no sólo cierra espacios potenciales de participación política e institucional, sino que además deja por fuera las demandas e intereses de amplios sectores comprometidos con el presente y el futuro de nuestro país".

Una nueva revolución

Sólo con una sociedad muy consciente y organizada, informada y alentada por medios de comunicación responsables, con una sociedad capaz de exigir, de proponer, de participar y de debatir, que tenga al frente a dirigentes políticos que hagan de la honestidad personal, de la responsabilidad pública y de la sensibilidad social el centro de su programa, logrará Nicaragua salir adelante. ¿Habrá salida?

Sólo visionarios con vocación de nación pueden ir conformando una alternativa de este tipo, que nunca podrá lograrse de la noche a la mañana. Es de noche. ¿Habrá mañana? ¿Habrá tiempo? Conformar esa alternativa, en las difíciles circunstancias actuales de Nicaragua y del mundo sería una nueva revolución.

Hechos:

· ORTEGA-ALEMAN:

En los primeros días de junio, inmediatamente después del regreso del Presidente de la República de la reunión de Estocolmo, comenzaron las declaraciones de Arnoldo Alemán y de Daniel Ortega sobre sus negociaciones bilaterales, que hasta ese momento negaban, minimizaban o encubrían con discursos ambiguos. En sus primeras declaraciones explícitas, en una cadena de más de dos horas, entre la danielista Radio YA y el Canal de TV estatal, Ortega afirmó, entre otras cosas: "Yo no me adelantaría a llamar a esto un pacto, porque pactar es cuando se tienen acercamientos con una dictadura para obtener provechos personales, como ocurría en el pasado... El Presidente Alemán es un Presidente democrático, que fue electo cívicamente y su gobierno es de corte civil. Alemán no es Somoza." Esa misma mañana, Alemán comentó satisfecho: "Ese hombre (Ortega) ha evolucionado enormemente, es un hombre sensato."

· DERECHOS HUMANOS:

El 17 de junio, y tras dos años de dilaciones e iniciativas, fueron elegidos por la Asamblea Nacional para ocupar el cargo de Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos Benjamín Pérez y Julián Corrales. La resistencia, por intereses políticos, a elegir estos cargos públicos venía provocando malestar y presiones de la comunidad nacional e internacional, que llegaron a un clímax durante la reunión de Estocolmo en mayo. Aunque la ley creadora de la Procuraduría de Derechos Humanos plantea que los electos deben tener reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos, ni el diputado liberal y abogado Benjamín Pérez ni el ex-viceministro sandinista, educador y experto en procesos electorales Julián Corrales, tienen experiencia en este terreno. Su elección fue la primera expresión institucional del pacto PLC-FSLN. Las irregularidades cometidas en la elección fueron muy criticadas por diversos sectores de la opinión pública. La Procuraduría de Derechos Humanos debe comenzar a funcionar en octubre con un primer presupuesto de 5 millones de dólares.

· REDUCCION EJERCITO:

A finales de junio se anunció que el Ejército de Nicaragua no reclutará más soldados a partir del año 2000 y congelará las plazas de los que abandonen sus filas, con el objetivo de reducir sus efectivos. Con esto, se calcula que en el 2000 el Ejército tendrá 1, 500 soldados menos. Actualmente, tiene 14 mil efectivos. A este acuerdo llegaron, en negociaciones directas, el Presidente Alemán y el Jefe del Ejército Joaquín Cuadra. También se anunció que la Fuerza Naval desaparecerá prácticamente y que el gobierno de Nicaragua pedirá a fuerzas estadounidenses del Comando Sur que asuman las tareas que le correspondían, decisión que atenta claramente contra la soberanía nacional. Según el Ministro de Defensa, Pedro Joaquín Chamorro, los efectivos del Ejército constituyen el 17.5% de los trabajadores del Estado, pero el presupuesto del Ejército representa sólo el 4.4% del gasto público. "Estas cifras evidencian claramente -dijo Chamorro- que los soldados son los empleados públicos peor pagados del Estado."

· TIERRAS PRESIDENCIALES:

En junio se conoció que a finales de diciembre la familia del Presidente Alemán adquirió en Tola (Rivas) una nueva propiedad de 125 manzanas, comprando la tierra a una cooperativa endeudada con la banca estatal. La sociedad anónima GENINSA -consorcio de la familia Alemán- pagó 800 córdobas (unos 70 dólares) por manzana. En esta zona de Rivas, ubicada en las cercanías de la ruta por donde pasará el Canal Seco, la familia Alemán posee ya 1,791 manzanas, que se revalorizarán con la construcción del megaproyecto. El proceso sumario a Arnoldo Alemán, por no rendir cuentas de su continuo incremento patrimonial a la Contraloría General de la República, sigue pendiente, pero la CGR no ha fijado fecha.

· ABUSO SEXUAL E INCESTO

Promovido por la Red de Mujeres contra la Violencia y la Coordinadora de ONGs que trabajan con la Niñez y la Adolescencia, se celebró en Managua el 23 y el 24 de junio un foro nacional sobre el abuso sexual y el incesto, expresión de la violencia intrafamiliar que tiene en Nicaragua características de epidemia. El foro fue precedido de seis foros regionales en todo el país, y demostró la necesidad que existe de información sicológica, jurídica, científica y técnica para enfrentar con eficacia -con la prevención- el delito de incesto y, especialmente, para acompañar a las sobrevivientes del mismo. En el foro participó la máxima experta latinoamericana en el tema, la costarricense Gioconda Batres, con 20 años de experiencia en el tratamiento de sobrevivientes y ofensores, quien hizo, al igual que Vilma Núñez de Escorcia, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y otras participantes, referencias explícitas al emblemático caso de Zoilamérica Narváez, que en junio de 1998 acusó a Daniel Ortega, su padrastro, por el delito de incesto, denuncia que permanece pendiente y a la que no han dejado de aludir los análisis que se vienen haciendo sobre las razones que puede tener el FSLN para pactar con el PLC, una negociación que también es calificada como un "pacto de inmunidad-impunidad".

· COSTA RICA-NICARAGUA:

En la madrugada del 30 de junio, fuerzas armadas combinadas costarricenses desalojaron violentamente de sus viviendas -las que les fueron destruidas-a 150 familias nicaragüenses (1,500 personas, muchos niños), que ocupaban unos terrenos en un miserable asentamiento al sur de San José. Los terrenos habían sido comprados por los nicas a un costarricense, que los estafó, y el conflicto de propiedad justificó, según la versión oficial, el desalojo. El 2 de julio, 33 de estos nicaragüenses, tras un trato degradante, fueron injustamente deportados. La mayoría de ellos llevaban años en el país y estaban en proceso de obtener su residencia, acogiéndose a la amnistía migratoria que propició la tragedia del "Mitch". Con el desalojo y la ola de deportaciones que se anunció tras este incidente, el gobierno costarricense busca presionar al gobierno de Nicaragua -al que ha menospreciado públicamente- para obtener ventajas en sus pretensiones sobre el fronterizo río San Juan, de soberanía nicaragüense. El incidente reabrió una nueva crisis diplomática entre ambos países. Costa Rica anunció que someterá al arbitraje internacional el tema del río San Juan. Y Nicaragua advirtió que denunciará a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos de los nicas en Costa Rica, especialmente los de estos últimos deportados. Se calcula que medio millón de nicaragüenses trabajan legal o ilegalmente, de forma permanente o temporal, en Costa Rica. Al no presionar con su desempleo en Nicaragua, y al enviar dinero a sus familias, son ellos, "pobres entre los pobres" quienes mejor explican la "estabilidad" del inequitativo proyecto económico del actual gobierno.

· VIACRUCIS VS MISERIA:

Entre el 2 y el 4 de julio, 1 mil 500 pobladores de Jalapa y de pueblos cercanos, junto a algunos sectores solidarios con su causa, hicieron una caminata de 76 kilómetros hasta la ciudad de Ocotal para llamar la atención de la opinión pública sobre la miseria en que sobrevive este poblado norteño, de 50 mil habitantes -el 60% campesinos-, en otros tiempos de economía floreciente. En el viacrucis, los jalapeños, aglutinados en el recién constituido Movimiento de Unidad contra la Miseria en Jalapa -que reúnen a muy diversos sectores sociales- cargaron por turnos una cruz de tres metros. Entre las soluciones que proponen a la crisis local la prioritaria es el financimiento para la producción rural.

· ANUNCIO ECONOMICO:

Con solemnidad, el Presidente de la República anunció que a partir del 11 de julio -aniversario histórico de los liberales- el ritmo del deslizamiento del cambio córdoba-dólar, se reduciría del 12% al 9% anual. Al hacer el anuncio y explicarlo, el Presidente confundió dos conceptos económicos -inflación, devaluación- y, con mayor confusión aún, resaltó que con esta reducción del deslizamiento, se incrementaría el salario real de los nicaragüenses... nada menos que en un 25%.

· ESCANDALO FINANCIERO

A mediados de junio, la Superintendencia de Bancos (SIB) acusó de fraude y estafa en operaciones por ocho millones de dólares al BANCOSUR, uno de los trece bancos del sistema financiero nacional, de directivos guatemaltecos. El Banco fue intervenido por la SIB. Desde hace un tiempo, el Banco desviaba de forma dolosa fondos a negocios personales de dos de sus directivos en Guatemala. Después de estar unos días prófugos de la justicia, los directivos del BANCOSUR se entregaron a la Policía. La evolución judicial del caso fue mostrando un oscuro y complejo entramado de intereses, que podrían quedar sin despejarse, dado el clima de impunidad que prevalece en el país.

· PLAGA DE RATAS:

Como consecuencia de las lluvias provocadas con el paso del huracán "Mitch" por Nicaragua en octubre 98, varias regiones rurales de Nicaragua, comenzando por Río San Juan, y siguiendo por Waslala, zonas de Granada y Matagalpa y diversos puntos de la zona central, se han visto azotadas por una devastadora plaga de ratas de gran tamaño que devoran vorazmente los cultivos y avanzan sobre los poblados. En el caso de Río San Juan, sólo en un punto fueron eliminadas en un solo día 75 mil de estos roedores.

· MARCHA ANTI-PACTO:

Unas tres mil personas marcharon por las calles de Managua en la tarde del 8 de julio en repudio al pacto FSLN-PLC. La marcha fue organizada por el Movimiento Patria -que agrupa a seis partidos de centro-derecha- y por Acción Ciudadana, coalición de más de 50 organizaciones sociales y gremiales, en la que participa el Movimiento Renovador Sandinista. El 6 de julio, el MRS, con varias corrientes y ex-militantes disidentes del FSLN constituyeron el Comité de Unidad Sandinista contra el Pacto.

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